RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-02969-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02969-01

Fecha
24 de agosto de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02969-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1°) Confírmase la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-02969-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

24 de agosto de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiséis (2026).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2026-02969-01
Demandante: JULIETA ARENAS ARENAS
Demandado: SUBSECCIÓN B DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL
CONSEJO DE ESTADO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
PROCESO EJECUTIVO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA
QUE DECLARÓ IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA
POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL.

Síntesis del caso: la parte demandante consideró vulnerados sus derechos fundamentales con
ocasión de la sentencia que declaró probada la excepción de pago total y terminó el proceso
ejecutivo promovido para obtener el cumplimiento de una sentencia de reintegro. La Sala
confirmará la sentencia que declaró improcedente la acción de tutela porque los reparos
reproducen el debate jurídico, probatorio y económico planteado ante el juez natural y no
acreditan un problema constitucional autónomo.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia
del 22 de mayo de 2026, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, mediante la cual se dispuso:

“PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta
por Julieta Arenas Arenas contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, por no superar el requisito de relevancia constitucional, conforme
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. (...)1”.

I. ANTECEDENTES
1. La demanda

La señora Julieta Arenas Arenas presentó acción de tutela contra la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado con el fin de que se protegieran sus derechos
fundamentales del debido proceso, acceso a la administración de justicia, reparación

1
Archivo disponible en medio magnético en el índice 00019 del aplicativo SAMAI.

2
Expediente:11001-03-15-000-2026-02969-01
Demandante: Julieta Arenas Arenas
Acción de tutela – Impugnación fallo

integral2 e igualdad, previstos en los artículos 29, 229 y 13 de la Constitución Política, así
como los principios de la primacía de la realidad, favorabilidad laboral e in dubio pro
operario y se accediera a las siguientes súplicas:

“1. TUTÉLENSE los derechos fundamentales al debido proceso, acceso
efectivo a la administración de justicia, reparación integral, primacía de la
realidad, favorabilidad laboral e in dubio pro operario e igualdad de la señora
JULIETA ARENAS ARENAS.

2. DÉJESE SIN EFECTOS la sentencia del 3 de septiembre de 2025, proferida
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en cuanto: (i)
declaró probada la excepción de pago total; (ii) revocó la orden de seguir
adelante con la ejecución; y (iii) confirmó la improcedencia de la indemnización
compensatoria.

3. ORDÉNESE a la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado
que, en el término improrrogable que el juez de tutela señale, profiera nueva
sentencia en la que: (a) determine la eficacia extintiva de la renuncia
condicionada del 26 de abril de 2011 aplicando los arts. 1536–1542 y 1626–
1627 C.C., sin incurrir en razonamiento circular; (b) someta cualquier liquidación
del crédito al principio de contradicción de las partes, con traslado conforme al
art. 446 CGP; (c) incluya en la liquidación el Capital DOS —salarios,
prestaciones y cesantías desde el 1.° de mayo de 2011 hasta el reintegro
efectivo—; (d) aplique el principio de favorabilidad laboral e in dubio pro operario
analizando expresamente su procedencia ante la duda interpretativa
demostrada; (e) resuelva la procedencia de la indemnización compensatoria
con fundamento en los arts. 428 y 437 CGP conforme al mandamiento ejecutivo
de 2017; y (f) si se aparta de precedentes, lo haga con carga argumentativa
suficiente o disponga remisión a Sala Plena para unificación.”. 3

2. Hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción de tutela, la parte demandante señaló, en síntesis,
lo siguiente:

1) Mediante sentencia del 13 de junio de 2008, el Tribunal Administrativo de Santander
declaró la nulidad del Decreto 0401 del 30 de diciembre de 1999 por el cual se suprimió
el cargo de auxiliar mecanógrafa II, código 565, que desempeñaba en la Contraloría
Departamental de Santander.

2) A título restablecimiento del derecho, ordenó su reintegro, sin solución de continuidad
y con conservación de sus derechos de carrera y el pago indexado de los salarios,

2
Sobre la reparación integral como derecho fundamental ver la sentencia C-753 de 2013 de la Corte
Constitucional, entre otras.
3
Índice 00002 del aplicativo SAMAI, primera instancia.

3
Expediente:11001-03-15-000-2026-02969-01
Demandante: Julieta Arenas Arenas
Acción de tutela – Impugnación fallo

prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir, desde el 30 de
diciembre de 1999, fecha de su desvinculación, hasta que el reintegro se hiciera efectivo.

3) Los días 11 de marzo, 28 de julio y 28 de octubre de 2009 solicitó el cumplimiento de
la sentencia; entretanto, mediante Resolución no. 00612 del 28 de agosto de 2009, el
contralor general de Santander declaró imposible el reintegro por inexistencia de
vacantes definitivas o temporales, equivalentes en funciones y remuneración al cargo que
desempeñaba.

4) Frente a esa decisión, la parte actora promovió una acción de tutela contra el
departamento de Santander y la Contraloría General de Santander, decidida 4 por el
Juzgado Quinto Civil del Circuito Judicial de Bucaramanga, en el sentido de ordenar el
reintegro.

5) Según lo afirmado por la parte actora, la orden constitucional tampoco condujo a su
reincorporación efectiva y las actuaciones adelantadas para obtener su cumplimiento no
produjeron resultado, en tanto el trámite incidental de desacato “quedó impune”.

6) Ante la persistencia del incumplimiento, mediante escrito del 26 de abril de 2011, la
señora Arenas Arenas manifestó que renunciaría al reintegro y al 20% de los intereses
moratorios causados, siempre y cuando la administración efectuara el pago de lo
adeudado antes del 20 de mayo de 2011, plazo que luego extendió hasta el 31 del mismo
mes.

7) Con fundamento en esa manifestación, la Contraloría General de Santander expidió la
Resolución no. 000305 del 27 de abril de 2011, mediante la cual se abstuvo de efectuar
el reintegro, ordenó liquidar la condena y comunicar la decisión al departamento para que
adelantara las actuaciones presupuestales y financieras necesarias.

8) Mediante Resolución no. 007967 del 27 de mayo de 2011, el departamento de
Santander reconoció en favor de la señora Arenas Arenas la suma de $244.362.790 por
concepto de salarios, prestaciones sociales e intereses correspondientes al periodo

4
A partir de las piezas del expediente no fue posible determinar la fecha en que se profirió la sentencia de
tutela a que hizo referencia la parte demandante ni las razones de la decisión adoptada dentro de ese
trámite y del posterior trámite incidental de desacato.

4
Expediente:11001-03-15-000-2026-02969-01
Demandante: Julieta Arenas Arenas
Acción de tutela – Impugnación fallo

comprendido entre el 4 de enero de 2000 y el 30 de abril de 2011, desembolsada el 31
de mayo siguiente.

9) Las partes discreparon sobre los efectos de ese pago, en tanto las autoridades
sostuvieron que, por haberse pagado dentro del plazo, se hizo efectiva la renuncia y se
extinguió la obligación de reintegro; la parte demandante afirmó, en cambio, que su
ofrecimiento estaba condicionado al pago íntegro y oportuno de la condena y que la suma
recibida constituía solamente un abono, porque la liquidación no comprendió la
indexación, las cesantías retroactivas, los intereses moratorios y los salarios y
prestaciones que, a su juicio, continuaron causándose después del 30 de abril de 2011.

10) La actora interpuso el recurso de reposición y, subsidiariamente, de apelación contra
la Resolución no. 007967 de 2011, el primero fue decidido desfavorablemente mediante
la Resolución no. 014295 del 6 de septiembre de 2011 y el segundo a través de
Resolución no. 020876 del 22 de octubre de 2015.

11) A su vez, el 23 de septiembre de 2013 la señora Arenas Arenas promovió proceso
ejecutivo contra el departamento de Santander y la Contraloría General de Santander 5;
y, mediante auto del 22 de enero de 2015, el Tribunal Administrativo de Santander libró
mandamiento de pago por el saldo de capital, los intereses, el denominado “Capital DOS”
y las cesantías retroactivas; sin embargo lo negó respecto del reintegro y la
indemnización compensatoria con fundamento en que la primera era una obligación de
hacer que no podía ejecutarse ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo y que
la segunda no había sido debatida en el proceso ordinario ni aparecía expresamente
reconocida en la sentencia que constituía el título ejecutivo.

12) La ejecutante apeló esa decisión y mediante auto del 2 de junio de 2016, la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado concluyó que la jurisdicción
sí era competente para ejecutar la obligación de reintegro y ordenó al tribunal
pronunciarse sobre ella; no obstante, confirmó la negativa relativa a la indemnización
compensatoria porque la sentencia del 13 de junio de 2008 no ordenó expresamente
indemnizar a la actora si el reintegro no se efectuaba.

5
En el proceso ejecutivo solicitó el pago de $55.325.367 como saldo insoluto; los intereses moratorios
causados desde el 1 de junio de 2011; los salarios, factores salariales, prestaciones y demás emolumentos
causados después del 31 de mayo de 2011 y hasta el reintegro o pago total a los cuales denominó
“Capital DOS”; las cesantías liquidadas con el régimen retroactivo; los intereses correspondientes; el
reintegro al cargo o a otro igual o de superior categoría y de manera subsidiaria, una indemnización
compensatoria en el evento en que la obligación de hacer no pudiera cumplirse.

5
Expediente:11001-03-15-000-2026-02969-01
Demandante: Julieta Arenas Arenas
Acción de tutela – Impugnación fallo

13) Contra esa decisión la parte actora promovió una segunda acción de tutela decidida
mediante sentencia del 20 de febrero de 2017 por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, autoridad que amparó su derecho fundamental del debido proceso y dejó sin
efectos los autos que negaron el mandamiento de pago, únicamente en lo concerniente
a la indemnización derivada del eventual incumplimiento de reintegro6.

14) En cumplimiento de esa decisión, el Tribunal Administrativo de Santander profirió auto
el 22 de marzo de 2017 mediante el cual libró mandamiento de pago por la obligación de
reintegrar a la parte actora al cargo con conservación de sus derechos de carrera;
subsidiariamente, para el caso de que el reintegro no se cumpliera, libró mandamiento
de pago por la indemnización compensatoria, estimada en $145.386.289 con fundamento
en los artículos 495 y 504 del Código de Procedimiento Civil.

15) En esa misma providencia se precisó que los componentes dinerarios reconocidos
en el auto del 22 de enero de 2015 se encontraban ejecutoriados.

16) Surtido el trámite correspondiente, mediante sentencia del 30 de abril de 2019, el
tribunal declaró probada la excepción de remisión o condonación respecto del reintegro
y de la indemnización compensatoria, así como parcialmente probada la excepción de
pago7.

17) La ejecutante, la Contraloría y el departamento apelaron8, en particular, la aquí
demandante alegó que la condición a la cual sometió su renuncia no se cumplió
íntegramente; que el pago recibido fue parcial; que continuaban causándose el “Capital
DOS”, los intereses y las cesantías; que la supuesta imposibilidad de reintegro no

6
En el proceso identificado con radicación no. 11001-03-15-000-2016-03152-00 la Sección Cuarta de esta
Corporación consideró que las autoridades judiciales incurrieron en un defecto sustantivo por cuanto
inaplicaron de manera injustificada los artículos 495 y 504 del Código de Procedimiento Civil, que permitían
reclamar subsidiariamente perjuicios compensatorios ante el incumplimiento de una obligación de hacer,
razón por la cual ordenó proferir una nueva decisión sobre ese extremo.
7
La autoridad judicial evidenció que la renuncia al reintegro produjo efectos, por cuanto la ejecutante amplió
el plazo de pago hasta el 31 de mayo de 2011 y el desembolso se realizó ese mismo día; por ello estimó
extinguida dicha obligación de reintegro y, como consecuencia, improcedente la indemnización subsidiaria;
no obstante, encontró diferencias en la indexación y en la liquidación de las cesantías retroactivas, razón
por la cual ordenó seguir adelante con la ejecución respecto de tales conceptos.
8
La Contraloría pidió declarar la novación y el pago total, defendió la corrección de las cesantías
reconocidas y sostuvo que no existía saldo pendiente.

El departamento insistió en su falta de legitimación y en que, a partir de 2012, la Contraloría debía asumir
sus acreencias judiciales

6
Expediente:11001-03-15-000-2026-02969-01
Demandante: Julieta Arenas Arenas
Acción de tutela – Impugnación fallo

correspondía a la realidad y que debía respetarse lo decidido en el fallo de tutela del 20
de febrero de 2017 sobre la indemnización compensatoria.

18) Durante el trámite procesal de segunda instancia, la ejecutante solicitó que la Sala
Plena de la Sección Segunda asumiera el conocimiento del asunto para unificar su
jurisprudencia sobre la configuración de la excepción de pago cuando el desembolso se
produce después de presentada la demanda ejecutiva, misma que fue negada mediante
auto del 3 de abril de 2025 porque no se encontró una contradicción jurisprudencial que
justificara la unificación.

20) Mediante sentencia del 3 de septiembre de 2025, la Subsección B de la Sección
Segunda modificó el fallo del tribunal para declarar probada la excepción de pago total y
la terminación del proceso ejecutivo; revocó las órdenes de seguir adelante con la
ejecución y de practicar la liquidación del crédito y, en lo demás, confirmó la declaración
de remisión o condonación de la obligación de reintegro y de la pretensión subsidiaria de
indemnización compensatoria.

21) La autoridad judicial demandada concluyó que no se configuró una novación sino la
remisión del reintegro y del 20% de los intereses moratorios; consideró eficaz la renuncia
porque el desembolso se efectuó dentro del plazo prorrogado; descartó el denominado
“Capital DOS” porque los emolumentos posteriores al 30 de abril de 2011 dependían de
un reintegro al cual la ejecutante había renunciado y negó la indemnización
compensatoria porque no encontró un incumplimiento atribuible a la administración, sino
la renuncia voluntaria de la acreedora a la obligación de hacer.

22) Finalmente, verificó la indexación, los salarios, prestaciones, cesantías e intereses y
estableció que la obligación ascendía a $232.888.153, suma inferior al pago efectuado,
registrado en la Resolución no. 007967 y en el comprobante de egreso.

3. Los fundamentos de la vulneración

La parte demandante sostuvo que la autoridad judicial demandada vulneró sus derechos
fundamentales con ocasión de la sentencia del 3 de septiembre de 2025, por cuanto, a
su juicio, incurrió en defectos sustantivo, fáctico y procedimental absoluto, desconoció el
precedente y violó directamente la Constitución.

7
Expediente:11001-03-15-000-2026-02969-01
Demandante: Julieta Arenas Arenas
Acción de tutela – Impugnación fallo

En relación con el defecto sustantivo, señaló que la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado no aplicó los artículos 1536 a 1542 y 1626 a 1627 del Código Civil
para determinar los efectos de la renuncia condicionada y del pago y tampoco las normas
que regulan la indemnización compensatoria en la ejecución de obligaciones de hacer.

Frente al defecto fáctico alegó que la sentencia incurrió en un razonamiento circular y
para ello afirmó que la renuncia únicamente podía producir efectos si la administración
pagaba la totalidad de lo adeudado, por ello, antes de validar la renuncia, debía
establecerse si el desembolso comprendía el denominado “Capital DOS” correspondiente
a los salarios y prestaciones causados después del 30 de abril de 2011.

Sin embargo, la providencia siguió el orden contrario: primero consideró eficaz la renuncia
y, con fundamento en ella, excluyó el “Capital DOS”; después, como ese concepto ya
había sido descartado, concluyó que el pago fue íntegro y que la renuncia produjo
efectos.

En cuanto al desconocimiento del precedente, manifestó que la sentencia cuestionada
se apartó, sin justificación, del fallo de tutela proferido por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado el 20 de febrero 2017, oportunidad en la cual se consideró que la negativa de
librar mandamiento por la indemnización compensatoria desconocía las normas
aplicables a la ejecución de obligaciones de hacer y se ordenó emitir un nuevo
pronunciamiento.

Respecto del defecto procedimental absoluto, indicó que la autoridad judicial demandada
elaboró de oficio una extensa liquidación del crédito y la utilizó para declarar probada la
excepción de pago total, sin someterla a contradicción de las partes en los términos del
artículo 446 del Código General del Proceso.

Finalmente, alegó la violación directa de la Constitución porque no se aplicaron los
principios de primacía de la realidad, favorabilidad laboral e in dubio pro operario, pese a
la duda interpretativa sobre los efectos extintivos de la renuncia condicionada y la
integridad del pago efectuado.

4. Actuación de primer grado

Mediante auto del 21 de abril de 2026, la Subsección C de la Sección Tercera de esta
Corporación admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la Subsección B de la Sección

8
Expediente:11001-03-15-000-2026-02969-01
Demandante: Julieta Arenas Arenas
Acción de tutela – Impugnación fallo

Segunda del Consejo de Estado, vinculó al departamento de Santander, a la Contraloría
General de Santander y al Tribunal Administrativo de Santander, negó el dictamen pericial
solicitado por la parte actora9.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 22 de mayo de 2026, la Subsección C de la Sección Tercera del
declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional.

El a quo consideró que la sentencia cuestionada examinó de manera razonable la eficacia
de la renuncia, la integridad del pago, los conceptos reclamados y la procedencia de la
indemnización compensatoria; en consecuencia, concluyó que los cargos por defecto
sustantivo y defecto fáctico reflejaban una simple inconformidad de la parte actora con la
valoración jurídica y probatoria efectuada por el juez natural.

En cuanto a la supuesta falsedad de la imposibilidad de reintegro, señaló que ese
argumento había sido debatido en la apelación del proceso ejecutivo y resuelto en la
sentencia cuestionada, en la cual se destacó que la Resolución no. 000612 no fue
impugnada y conservaba su presunción de legalidad.

Respecto del fallo de tutela del 20 de febrero 2017, proferido por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, precisó que fue cumplida mediante la expedición del nuevo
mandamiento de pago y agregó que dicha decisión no definió la procedencia definitiva
de la indemnización compensatoria ni impedía que las autoridades ejecutadas formularan
excepciones contra la orden que libró mandamiento de pago.

Frente a la liquidación realizada en el trámite procesal de segunda instancia, sostuvo que
el artículo 446 del Código General del Proceso no impedía al juez efectuar las
operaciones aritméticas necesarias para determinar si la obligación había sido pagada y
afirmó que no se advertía una discrepancia interpretativa que exigiera aplicar el principio
de favorabilidad.

9
Índice 00004 del aplicativo SAMAI.

9
Expediente:11001-03-15-000-2026-02969-01
Demandante: Julieta Arenas Arenas
Acción de tutela – Impugnación fallo

En consecuencia, estimó que la acción de tutela pretendía reabrir los asuntos jurídicos y
probatorios resueltos en el proceso ejecutivo y utilizar el mecanismo constitucional como
una instancia adicional.

6. Impugnación

La parte demandante presentó impugnación contra la sentencia de primera instancia y le
fue concedida mediante auto del 9 de julio de 202610.

El fallo incurrió en un error metodológico en tanto examinó materialmente la configuración
de los defectos invocados para concluir que la controversia carecía de relevancia
constitucional, requisito que, a su juicio, únicamente permite establecer si el asunto
compromete derechos fundamentales y si los cargos fueron formulados con suficiente
claridad, pero no determinar anticipadamente si están demostrados.

En relación con la renuncia condicionada, alegó que el a quo reprodujo el razonamiento
circular atribuido a la sentencia cuestionada en tanto justificó la inaplicación de las normas
sobre obligaciones condicionales con fundamento en que el pago fue total, aunque ese
fue precisamente el asunto que debía esclarecerse a partir de tales disposiciones.

Frente al artículo 446 del Código General del Proceso, aclaró que su reproche no
consistía en negar la facultad del juez para efectuar operaciones aritméticas, sino en
cuestionar que la accionada hubiera elaborado de oficio una liquidación y la utilizara como
único fundamento para declarar probada la excepción de pago total, sin permitir su
contradicción por las partes.

Respecto del fallo de tutela de 2017, afirmó que la primera instancia confundió el
cumplimiento formal de la orden de expedir un nuevo mandamiento de pago con la
observancia de la razón constitucional de esa decisión, según la cual resultaba
defectuoso negar la indemnización compensatoria ante la falta de reintegro.

Aunque el nuevo mandamiento de pago fue efectivamente proferido, la sentencia
cuestionada no podía apartarse de ese precedente fijado dentro del mismo proceso sin
ofrecer una motivación suficiente.

10
Índice 00026 del aplicativo SAMAI.

10
Expediente:11001-03-15-000-2026-02969-01
Demandante: Julieta Arenas Arenas
Acción de tutela – Impugnación fallo

Finalmente, afirmó que el a quo aplicó un criterio equivocado para examinar el principio
de favorabilidad, por cuanto la existencia de una duda interpretativa objetiva podía
acreditarse mediante decisiones judiciales externas a la providencia cuestionada.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado, la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los
procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos precluidos o
acciones caducadas. De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta
acción cuando exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
fundamentales del demandante.

2. Caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado con el fin de que se protejan los derechos
fundamentales invocados, presuntamente vulnerados con ocasión de la sentencia del 3
de septiembre de 2025 que declaró probada la excepción de pago total, terminó el
proceso ejecutivo y confirmó lo relativo a la remisión o condonación del reintegro y de la
indemnización compensatoria.

11
Expediente:11001-03-15-000-2026-02969-01
Demandante: Julieta Arenas Arenas
Acción de tutela – Impugnación fallo

En la sentencia de primera instancia, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala confirmará la sentencia
de primera instancia, por las razones que pasan a exponerse:

2.1 La relevancia constitucional en la acción de tutela contra providencias
judiciales

Cuando una acción de tutela se promueve en contra de una providencia judicial su
procedencia está sometida a una serie de requisitos generales, sin los cuales el juez
constitucional no puede entrar a realizar un análisis de fondo.

En efecto, tales presupuestos generales se instituyeron con la finalidad de que no todos
los asuntos puedan ser decididos en sede de tutela, so pena de vaciar la competencia de
los jueces ordinarios y desconocer principios de raigambre constitucional como la
seguridad jurídica y la autonomía e independencia judicial.

Con ese norte, la jurisprudencia, específicamente en la sentencia C-590 de 2005 de la
Corte Constitucional, que constituye el fallo hito en la materia, estableció un modelo de
requisitos generales de procedencia y defectos o causales específicas, orientados a
preservar el carácter extraordinario de este mecanismo residual, dentro de los cuales la
imperiosa necesidad de constatar que el debate que se propone reviste una genuina,
verdadera y marcada relevancia constitucional ocupa un lugar central.

En la sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló que
el cumplimiento de este requisito está orientado a la consecución de tres finalidades
concatenadas: i) preservar la competencia e independencia de los jueces ordinarios,
impidiendo que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; ii)
restringir el amparo a cuestiones que comprometen la vigencia efectiva de derechos
fundamentales, evitando que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que les
corresponde resolver a otras jurisdicciones; e iii) impedir que este mecanismo se
convierta en una instancia o recurso adicional frente a decisiones judiciales ejecutoriadas.

12
Expediente:11001-03-15-000-2026-02969-01
Demandante: Julieta Arenas Arenas
Acción de tutela – Impugnación fallo

En similares términos, en jurisprudencia de unificación reciente 11, la Corte ha reiterado
que la acción de tutela contra providencias judiciales no puede desnaturalizarse en un
medio para revisar la “correcta” aplicación del ordenamiento, sustituir el criterio del juez
natural o reabrir debates probatorios ya concluidos, e insistió en que el juez constitucional
sólo puede intervenir cuando la controversia planteada trasciende el ámbito de la
legalidad y se proyecta como un problema genuinamente constitucional que afecte
derechos fundamentales de las partes involucradas.

De acuerdo con esta línea, en primer lugar, la Sala Plena de la Corte Constitucional
enfatizó que el asunto sometido a acción de tutela debe involucrar un problema de índole
constitucional claro y marcado, relacionado con el contenido, alcance o goce de un
derecho fundamental, sin que pueda reducirse a la simple inconformidad frente a la
interpretación de normas legales o a divergencias sobre la valoración probatoria, de
manera que las controversias que “se limitan a la mera determinación de aspectos legales
de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma
procesal12”, carecen, en principio, de relevancia constitucional, salvo que se acredite de
manera específica una afectación grave y desproporcionada de derechos fundamentales.

En efecto, en la referida sentencia SU-103 de 2022, que ratificó el criterio que ya se había
planteado en la sentencia SU-128 de 2021, la Corte indicó que no cumplen este
presupuesto aquellos casos en los que “la controversia no versa sobre un asunto
constitucional, sino uno meramente legal y/o económico” o cuando la parte actora “busca
una instancia adicional para reabrir debates meramente legales ya concluidos con la
intención de revivir los términos procesales”.

En segundo lugar, la propia Corte estableció que la relevancia constitucional entraña una
exigente carga argumentativa para la parte actora ya que no es suficiente con invocar,
en abstracto, la vulneración de derechos fundamentales, por cuanto le asiste la carga de
explicar, de forma concreta y razonada, por qué la decisión cuestionada comporta una
restricción constitucionalmente inaceptable, postulado que fue reiterado por el Consejo
de Estado en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 en la que se dispuso
que “no basta con (…) aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir
este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales 13”, enfatizando

11
Corte Constitucional, sentencia SU-103 de 2022.
12
Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.
13
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez,
sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, radicación no. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

13
Expediente:11001-03-15-000-2026-02969-01
Demandante: Julieta Arenas Arenas
Acción de tutela – Impugnación fallo

en que corresponde al demandante justificar por qué su pretensión tiene tal entidad, so
pena de rechazo o improcedencia.

En ese entendido, la jurisprudencia constitucional ha construido un entendimiento más
exigente sobre la carga argumentativa asociada con dicho requisito. Así, las
mencionadas sentencias SU-215 de 2022 y la SU-103 de 2022 de la Corte Constitucional
fueron específicas en destacar que la relevancia constitucional no se presume por la sola
invocación de vocabulario constitucional, ni por la sola mención de un derecho
fundamental, en tanto corresponde a la parte actora exponer un problema jurídico de
naturaleza constitucional e identificar con claridad los defectos que se pretenden atribuir
a la providencia objeto de censura, con una explicación clara sobre por qué estos
desbordan el margen de interpretación y conducen a la vulneración concreta de un
derecho fundamental, de ahí que se ha reiterado que la acreditación del requisito “más
allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con
derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una
restricción desproporcionada” de tales derechos:

“Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el
asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales14”.

En tercer lugar, la relevancia constitucional está destinada a impedir que la acción de
tutela se utilice como tercera instancia o mecanismo para reiterar desacuerdos o simples
desavenencias con el criterio del juez natural, punto sobre el cual, tanto la Corte
Constitucional como el Consejo de Estado han sido enfáticos en que la acción de tutela
no puede erigirse en un escenario para revisar, en abstracto, la corrección jurídica de la
decisión, sustituir la apreciación probatoria del fallador ordinario ni reabrir litigios
legalmente concluidos.

Al respecto, la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia T-022 de 2019, determinó
que la acción de tutela constituye un juicio de validez y no de corrección de las decisiones
de los jueces, motivo por el cual en aquellos casos en los que resulta diáfano que la

14
Idem.

14
Expediente:11001-03-15-000-2026-02969-01
Demandante: Julieta Arenas Arenas
Acción de tutela – Impugnación fallo

intención de las partes es instrumentalizar este mecanismo con el único fin de cuestionar
la interpretación, el criterio o la posición del juez natural, simplemente por encontrarse en
desacuerdo con la decisión desfavorable a sus intereses, dicho mecanismo carece de
una verdadera trascendencia desde la óptica constitucional.

El Consejo de Estado ha destacado que, si de la acción se desprende que el objetivo del
actor es convertir la tutela en una instancia adicional a las del proceso ordinario con miras
a evidenciar las inconformidades con la providencia objeto de censura, específicamente,
con su interpretación normativa o sus conclusiones probatorias, la consecuencia lógica
es que el amparo así deprecado se torna a todas luces improcedente pues en esa
hipótesis se está ante un debate infraconstitucional que no compromete directamente
mandatos superiores y cuya resolución compete únicamente a los jueces ordinarios,
quienes fueron investidos por el legislador de precisas facultades para ello.

El juez de tutela no es ni puede actuar como superior funcional de los jueces ordinarios,
de modo que su análisis debe contraerse a aquellos debates que comporten una genuina
y marcada importancia desde el punto de vista de los derechos fundamentales, en orden
a evitar inmiscuirse en discusiones que no son de su resorte, so pena de vaciar de
contenido las competencias asignadas a cada jurisdicción. El rol del juez de tutela no
puede ni debe confundirse con el de una instancia revisora de las providencias proferidas
por los jueces naturales en ejercicio de esa función, y cualquier intento dirigido a
reemplazar o arrogarse competencias de juez ordinario, desde luego, debe ser contenido.

En suma, a partir de lo dispuesto, entre otras, en las sentencias SU-573 de 2019, SU-128
de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022, es necesario verificar que la acción de tutela
reúna los siguientes parámetros: i) el debate planteado en la acción de tutela debe
trascender la mera legalidad y tener la virtualidad de incidir en la interpretación, aplicación
o eficacia de la Constitución o de un derecho fundamental; ii) la controversia no puede
limitarse a un asunto estrictamente patrimonial o privado carente de proyección
constitucional; iii) el escrito de acción de tutela debe mostrar una afectación grave,
concreta y desproporcionada de derechos fundamentales atribuible a una decisión
judicial arbitraria o irrazonable, y iv) no es constitucionalmente relevante una pretensión
dirigida a replantear discusiones que ya fueron propuestas, analizadas y resueltas en el
proceso ordinario, mediante los recursos propios de la jurisdicción competente.

Tales criterios, además, son aún más rigurosos cuando se pretenda emplear la acción
para cuestionar una decisión de una Alta Corte, pues, de conformidad con lo establecido

15
Expediente:11001-03-15-000-2026-02969-01
Demandante: Julieta Arenas Arenas
Acción de tutela – Impugnación fallo

por la propia Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019, esta hipótesis
comporta un escrutinio aún más estricto, en el que se “exige valorar, prima facie, si la
decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad
judicial, violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita de
acción tanto de los jueces constitucionales, como de las demás jurisdicciones’ en estricto
respeto a la independencia de los jueces ordinarios 15” (negrillas adicionales).

En conclusión, la relevancia constitucional opera como un filtro material y obligatorio que
condiciona el estudio de fondo de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
en tanto exige que la parte actora demuestre, con una argumentación clara y específica,
que la providencia cuestionada desborda el margen de interpretación razonable y
comporta una afectación grave e injustificada de derechos fundamentales.

En esa medida, el análisis de este presupuesto de procedibilidad de la acción obliga al
juez de tutela a declarar improcedente el amparo cuando se advierta que se pretende
emplearlo para expresar desacuerdos con la decisión, replantear discusiones probatorias
o jurídicas ya zanjadas, o perseguir fines meramente económicos o privados; únicamente
cuando se supera este umbral es legítimo avanzar al examen de los defectos alegados
en el caso concreto.

2.2. El análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto

1) La parte demandante sostuvo que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado incurrió en defectos sustantivo, fáctico y procedimental absoluto,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución con ocasión de la
sentencia aquí enjuiciada.

2) El a quo declaró improcedente la acción de tutela porque estimó que esos reproches
reproducían la discusión jurídica, probatoria y económica resuelta por el juez natural de
la causa.

3) La parte actora controvirtió la conclusión de la primera instancia y señaló que el fallo
impugnado confundió el examen preliminar de relevancia constitucional con el estudio
material de los defectos invocados.

15
Criterio que, a su vez fue ratificado en la sentencia SU-215 de 16 de junio de 2022, MP Natalia Ángel
Cabo.

16
Expediente:11001-03-15-000-2026-02969-01
Demandante: Julieta Arenas Arenas
Acción de tutela – Impugnación fallo

4) La Sala no comparte los reparos de la impugnación en tanto el requisito de relevancia
constitucional exige comparar el planteamiento de la acción de tutela con la controversia
ordinaria y verificar si aquel formula un problema autónomo de derechos fundamentales
o si únicamente busca reabrir el debate ya concluido, de ahí que identificar los
argumentos propuestos ante el juez natural y constatar que recibieron respuesta no
equivale, por sí solo, a resolver de fondo las causales específicas.

5) En este caso es claro que existe una coincidencia sustancial entre los
cuestionamientos formulados en la acción de tutela y los argumentos que la ejecutante
presentó en el recurso de apelación contra la sentencia del 30 de abril de 2019.

6) En efecto, en aquella oportunidad, la aquí demandante sostuvo, como lo hizo en el
presente trámite de acción de tutela que la renuncia estaba condicionada al pago íntegro
y oportuno de la obligación; que el desembolso efectuado el 31 de mayo de 2011 fue
parcial; que no existió una imposibilidad real de reintegro; que debían incluirse el
denominado “Capital DOS” y la indemnización compensatoria; que debía respetarse la
decisión del fallo de tutela de 2017, y que resultaban aplicables los principios de
reparación integral, favorabilidad laboral e in dubio pro operario:

“El suscrito apoderado de la ejecutante amplía los argumentos impugnaticios
respecto a la sentencia empezando por solicitar inexorable aplicación del
Principio de Favorabilidad (que comprende no solo la Favorabilidad
propiamente sino In Dubio Pro Operario y Condición Más Beneficiosa, etc.)
propio de temas laborales como el que nos ocupa, por mandato del Art. 53 C.P.
de modo que entre distintas normas y entre distintas interpretaciones (y
precedentes y antecedentes y jurisprudencia) por Imperativo Constitucional
debe preferirse el que beneficia a la parte trabajadora que en este caso es la
ejecutante.

No hubo pago que extinguiera las obligaciones sino apenas abono; no hubo
imposibilidad de reintegro y el acto que pretendió crear ese distractor fue
contrario a derecho y a la realidad, pero determinante para que la Sra. Arenas
fuera convencida por la Contraloría de que para obtener al menos un abono
renunciara al reintegro y a al menos parte de los intereses de modo que tal
‘renuncia’ en realidad no fue voluntaria sino inducida por la deudora como lo
hizo [en] otros casos que muestran un patrón contrario a derecho.

Con todo, la ‘renuncia’ no fue pura y simple sino sujeta a modalidad y dentro del
plazo no se cumplió la condición de la que pendía la eficacia puesto que el 31
de mayo del 2011 no se completó el pago de lo adeudado, es decir se hizo
apenas un abono, como se evidencia en la propia sentencia que apelamos, lo
cual no es igual que un pago extintivo de las obligaciones en tanto éste debe
ser completo (...)

Así las cosas: probada la condición y el incumplimiento a la misma no puede
considerarse truncada ni tampoco limitada la ejecución de la sentencia
conforme al mandamiento ejecutivo ni tenerse por extintivo el mero abono

17
Expediente:11001-03-15-000-2026-02969-01
Demandante: Julieta Arenas Arenas
Acción de tutela – Impugnación fallo

siendo que está vigente el derecho de naturaleza laboral de la parte ejecutante
y el medio de control cuyo ejercicio es un Derecho Fundamental. (...)

Si bien mediante auto de junio 2 de 2016 al resolver apelacion contra
denegacion parcial de mandamiento en este proceso, la Subs. B de laSección
2ª del H. C.E. consideró que la indemnización compensatoria no encuentra
sustento en el título ejecutivo porque la sentencia no la dispuso, tal decisión fue
infirmada por Defecto Sustantivo según el propio C.E. en la Tutela N.º
11001031500020160315200 para el caso que nos ocupa y estableció la regla
específica para el mismo. (...)

El monto concreto de la “indemnizacion de perjuicios compensatorios” en este
caso file establecido por la ejecutante con base en ingresos acreditados y
aplicando la formula aceptada por la jurisprudencia para pago anticipado del
lucro cesante futuro hasta formalizar el periodo indemnizable (según ecuación)
y a través del medio que para ello previo el legislador, es decir mediante la
prueba formal de Juramento Estimatorio conforme al Art. 206 C.G.P. (“Dicho
juramento hará prueba de su monto”) de cuya presencia y uso en el proceso no
podría hacerse caso omiso como tampoco podría inobservarse el Principio de
Indemnización Integral formalizado en el Art. 16 de L.446/98, el Principio In
Dubio Pro Operario, el de Favorabilidad propiamente o el de Condición Mas
Beneficiosa, todos ellos distintos pero desarrollados a partir del imperativo de
Favorabilidad del Art. 53 C.P.; ni pasar por alto la disposición legal expresa y
puntualmente aplicable compuesta por al menos estos Artículos específicos:
428 inc. 2° y 437.2 C.G.P. (antes el 495 inc. 2° y el 504.2 del C.P.C.) que
ordenan: en caso de no cumplir oportunamente el demandado la respectiva
obligación (de reintegro en este caso), pague la cantidad estimada por el
demandante como perjuicios, “especificándolos bajo juramento si no figura en
el titulo ejecutivo, en una cantidad como principal y otra como tasa de interés
mensual para que se siga la ejecución por suma liquida de dinero.”.

7) La sentencia cuestionada examinó los asuntos que ahora sustentan los cargos de la
acción de tutela y, por ejemplo, para establecer los efectos de la renuncia señaló que la
parte actora manifestó que renunciaba al reintegro y al 20% de los intereses moratorios
si el pago se efectuaba antes del 20 de mayo de 2011; que posteriormente prorrogó ese
plazo hasta el 31 de mayo siguiente, y que en esa fecha la entidad desembolsó la suma
reconocida en la Resolución no. 007967 de 2011 y a partir de tales elementos concluyó
que “la actora renunció libre y voluntariamente a la obligación de reintegro” a partir de lo
cual declaró probada la excepción de remisión o condonación.

8) En cuanto al defecto sustantivo, la parte demandante pretende que el juez de tutela
aplique los artículos 1536 a 1542 y 1626 a 1627 del Código Civil para atribuir a la
condición y al pago un alcance diferente del acogido por el juez natural, sin embargo, la
ausencia de una referencia expresa a esas disposiciones no convierte la discrepancia en
un problema constitucional autónomo por cuanto la sentencia sí examinó la condición, su
prórroga, la fecha del desembolso y la integridad de la obligación y adoptó una conclusión
sobre la eficacia de la renuncia.

18
Expediente:11001-03-15-000-2026-02969-01
Demandante: Julieta Arenas Arenas
Acción de tutela – Impugnación fallo

9) Por tanto el cargo está dirigido a que se reinterpreten las manifestaciones de voluntad
de la señora Julieta Arenas y se determine nuevamente si el pago satisfizo la condición
pactada, cuestiones de naturaleza legal que fueron objeto del proceso ejecutivo y cuya
discusión y análisis solo corresponde al juez natural del asunto.

10) Por otro lado, la providencia también se pronunció sobre las normas que regulan la
indemnización compensatoria en la ejecución de obligaciones de hacer, en particular
transcribió los artículos 428 y 437 del Código General del Proceso y consideró que no
procedía aplicar la consecuencia prevista en esas disposiciones porque, en su criterio,
“no se trató del incumplimiento o renuencia de la entidad demandada, sino de la renuncia
voluntaria y expresa” de la demandante.

11) En consecuencia, ese componente del defecto sustantivo tampoco plantea un asunto
constitucional distinto, sino que busca que el juez de tutela determine nuevamente si la
terminación de la obligación de reintegro obedeció a la renuncia de la acreedora o al
incumplimiento de la administración.

12) Frente al defecto fáctico, la parte actora calificó como circular la relación que la
autoridad judicial demandada estableció entre la eficacia de la renuncia, la exclusión del
“Capital DOS” y la integridad del pago; no obstante, ese cuestionamiento no identifica
una prueba omitida, supuesta o manifiestamente tergiversada, sino que controvierte el
orden y el contenido de las inferencias jurídicas efectuadas en la sentencia.

13) La autoridad judicial demandada consideró primero extinguida la obligación de
reintegro y, por esa razón, concluyó que “no procede la liquidación de los salarios y
prestaciones causados después del pago hasta el reintegro”; posteriormente, verificó los
restantes componentes de la deuda y determinó que la suma desembolsada satisfizo la
obligación dineraria.

14) En relación con el desconocimiento del precedente, la parte actora ya había sostenido
en el recurso de apelación que el fallo de tutela del 20 de febrero de 2017, proferido por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado, estableció una regla específica sobre la
procedencia de la indemnización compensatoria; sin embargo, la sentencia cuestionada
hizo referencia a esa decisión, precisó que dejó sin efectos las providencias anteriores
“únicamente en lo que corresponde a la decisión de mandamiento ejecutivo de la
indemnización sustitutiva por el eventual no reintegro” y constató que, en cumplimiento

19
Expediente:11001-03-15-000-2026-02969-01
Demandante: Julieta Arenas Arenas
Acción de tutela – Impugnación fallo

de la orden, se libró un nuevo mandamiento por el reintegro y, subsidiariamente, por la
indemnización.

15) Así, el alcance de aquella providencia fue alegado ante el juez natural y considerado
en la sentencia cuestionada, de manera que ese reproche busca que el juez de tutela
adopte otra interpretación sobre sus efectos dentro del proceso ejecutivo, con lo cual
reproduce una discusión ya planteada ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.

16) Respecto del defecto procedimental absoluto, según el cual la liquidación elaborada
por la autoridad judicial demandada debía ser sometida a consideración de las partes del
proceso ejecutivo, la señora Julieta Arenas no identificó algún componente concreto de
la operación que no hubiera podido controvertir durante el proceso, una prueba
incorporada sin su conocimiento o un argumento defensivo que se le hubiera impedido
formular.

17) En esas condiciones, el cargo expresa una controversia sobre el trámite que debía
seguir el juez para verificar la excepción de pago, sin explicar una afectación concreta del
derecho de defensa que trascienda la presunta inobservancia de una norma procesal.

18) En síntesis, los cargos de la parte actora sobre la configuración de los defectos
sustantivo y fáctico y la violación directa de la Constitución reprodujeron la controversia
sobre los efectos de la renuncia condicionada, la inclusión del “Capital DOS” en la
liquidación del crédito, la integridad del pago y la procedencia de la indemnización
compensatoria.

19) Por su parte, el cargo por desconocimiento del precedente pretende reabrir la
discusión sobre el alcance del fallo de tutela proferido por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado el 20 de febrero de 2017, mientras que el defecto procedimental plantea una
discrepancia abstracta acerca del trámite aplicable a la verificación judicial del crédito, sin
demostrar su incidencia concreta en el derecho de defensa.

20) Por consiguiente, los cuestionamientos están encaminados a que el juez de tutela
reinterprete la renuncia condicionada, modifique los conceptos y el periodo de la
liquidación y determine nuevamente el procedimiento aplicable a la verificación del pago,
ejercicio que convertiría el mecanismo constitucional en una instancia adicional frente a

20
Expediente:11001-03-15-000-2026-02969-01
Demandante: Julieta Arenas Arenas
Acción de tutela – Impugnación fallo

una decisión adoptada por el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

1°) Confírmase la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de
tutela, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier medio expedito y eficaz.

3º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.