Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02974-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02974-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02974-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
19 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Diecinueve (19) de Agosto de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2026-02974-011
Demandante : Instituto Financiero de Casanare
Demandado : Tribunal Administrativo de Casanare y Juzgado Primero
: Administrativo del Circuito de Yopal
Vinculados Diego Felipe Gutiérrez Tovar y Liliana Astrid Tovar
Granados
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial; proceso ejecutivo
derivado de pagaré; título ejecutivo complejo
Decisión : Sentencia de segunda instancia
Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por el Instituto Financiero de
Casanare contra la sentencia de Veintiocho (28) de Mayo de Dos Mil Veintiséis
(2026), proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, que declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico.
1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por la parte actora frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se
revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se resolverá
lo pertinente en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
1.2 La demanda de tutela.
2. El Instituto Financiero de Casanare, por conducto de su representante legal,
Óscar Javier Araque Garzón, interpuso acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Casanare y el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
1
Expediente digital disponible en Samai.
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02974-01
Accionante: Instituto Financiero de Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare
Yopal, con el propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia, presuntamente
vulnerados dentro del proceso ejecutivo identificado con el radicado núm. 85001-
33-33-001-2024-00264-00. Solicitó, además, vincular, por tener interés en las
resultas de la acción, a Diego Felipe Gutiérrez Tovar y Liliana Astrid Tovar
Granados.
3. Por consiguiente, solicitó:
«[…] SEGUNDO: En consecuencia, declarar sin valor ni efecto el auto de fecha 20 de marzo
de 2025 emitido por el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL,
así como la decisión que desato la apelación, proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE CASANARE en fecha 16 de octubre de 2025, dentro del medio de control 85001-33-33-
001 2024-00264-00, por encontrarse tales decisiones afectadas por indebida valoración
probatoria al restarle merito ejecutivo al pagare 8001734 y exceso ritual manifiesto al exigir
adosar al expediente un contrato de mutuo con la ritualidad de constar por escrito, ajena a
este tipo de contratos de régimen civil, y tener por no aportado el original del pagaré, pese a
que a la luz del artículo 6 de la ley 2213 de 2022 “Las demandas se presentarán en forma de
mensaje de datos, lo mismo que todos sus anexos,”; así como por defecto sustancial dado el
sacrificio del derecho sustancial y el desconocimiento de precedente judicial vertical y por esa
vía cercenar injustamente los derechos fundamentales al Debido Proceso y al Acceso a la
Administración de Justicia del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE - IFC.
TERCERO: Que se ordene a los accionados JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE YOPAL y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE, que en lo de su
competencia, en el impostergable término de 48 horas, contadas a partir de la notificación del
fallo de tutela, rehacer las actuaciones procesales censuradas, para que en su lugar el
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL, libre mandamiento de
pago a favor del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE en contra de los demandados
DIEGO FELIPE GUTIÉRREZ TOVAR Y LILIANA ASTRID TOVAR GRANADOS, dentro del
proceso ejecutivo 85001-33-33-001-2024-00264-00, adelante el proceso hasta su
finalización, y se abstenga de exigir requisitos innecesarios en este tipo de procesos.
CUARTO. Que se ordene que el presente fallo tenga efecto Inter comunis o se extienda,
respecto de los procesos ejecutivos que cursen en los Juzgados Administrativos de Yopal, en
los que sea demandante el INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE, y en los que se
desconozca el pagaré como título ejecutivo autónomo, existan similares supuestos fácticos y
jurídicos o que se presente análogas circunstancias, así como ordenar al JUZGADO
PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL y al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CASANARE, que en lo de sucesivo se abstengan de incurrir en las
conductas que dieron origen a la presente acción.».
1.3 Hechos2.
4. El Instituto Financiero de Casanare – IFC explicó que, es una empresa comercial
y de gestión económica del departamento de Casanare3, cuyo régimen de actos y
2
Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 00002.
3
Creada mediante el Decreto 107 de 1992 y modificada por el Decreto 073 de 2002
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02974-01
Accionante: Instituto Financiero de Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare
contratos se rige por los artículos 85 y 93 de la Ley 489 de 1998 y el artículo 14 de
la Ley 1150 de 2007.
5. Refirió que, tiene por objeto el fomento del desarrollo económico y social del
Departamento de Casanare a través de la prestación de servicios financieros,
empresariales y de gestión de proyectos. En tal medida, dentro de su giro ordinario
de negocios y conforme a las reglas del derecho privado, otorga créditos de
fomento y educativo a personas de escasos recursos.
6. En ese orden, le otorgó a los señores Diego Felipe Gutiérrez Tovar y Liliana
Astrid Tovar Granados un crédito respaldado con el pagaré núm. 8001734 del
Veinticinco (25) de Julio de Dos Mil Dieciocho (2018), por valor de $ 7.279.662, y
con la respectiva carta de instrucciones.
7. Ante la mora en el pago de la obligación, el actor presentó demanda ejecutiva
singular de mínima cuantía, la cual, correspondió por reparto al Juzgado Tercero
Civil Municipal de Yopal.
8. En el marco del proceso coercitivo, mediante auto del Ocho (8) de Septiembre
de Dos Mil Veintidós (2022), el referido Juzgado libró mandamiento de pago a
favor del Instituto Financiero de Casanare, y decretó medidas cautelares.
9. Sin embargo, en auto del Treinta (30) de Octubre de Dos Mil Veinticuatro (2024),
dicho juzgado declaró la falta de jurisdicción y ordenó remitir el proceso a los
juzgados administrativos, por lo que, el asunto le correspondió al Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Yopal, con el radicado 850013333-001-2024-00264-
00.
10. El referido Juzgado, en auto del Veinte (20) de Marzo de Dos Mil Veinticinco
(2025), se abstuvo de continuar con la ejecución solicitada por el Instituto
Financiero de Casanare, al considerar que, la parte ejecutante no acreditó la
existencia de un título ejecutivo complejo, comoquiera que, únicamente allegó el
pagaré, la carta de instrucciones y el estado de cuenta del crédito, sin aportar el
contrato de mutuo.
11. Contra dicha decisión, el accionante interpuso recurso de reposición y, en
subsidio, de apelación. Mediante auto del Dos (02) de Mayo de Dos Mil Veinticinco
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Accionante: Instituto Financiero de Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare
(2025), el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Yopal mantuvo incólume
la decisión y concedió el recurso de apelación.
12. El Tribunal Administrativo de Casanare, en providencia del Dieciséis (16) de
Octubre de Dos Mil Veinticinco (2025), desató la alzada en el sentido de confirmar
la decisión de primera instancia. Para tal efecto, consideró que, (i) la acreencia
contenida en el pagaré ejecutado atañe a la obligación en virtud de un contrato
de mutuo; (ii) el IFC se rige por el Estatuto General de Contratación, por lo que,
los contratos deben constar por escrito, y (iii) no se aportó copia original del título
valor.
13. La parte accionante expuso que, las decisiones adoptadas por el Juzgado
Primero Administrativo del Circuito de Yopal y el Tribunal Administrativo de
Casanare incurrieron en defecto por indebida valoración probatoria, exceso ritual
manifiesto y violación directa de la Constitución Política, al exigir la acreditación
de un título ejecutivo complejo que, en su criterio, no resulta necesario tratándose
de un pagaré derivado de un contrato de mutuo regido por el derecho privado.
14. Adicionalmente, aseveró que, desde el Treinta (30) de Enero de Dos Mil
Veinticinco (2025), el Tribunal accionado ha emitido 257 providencias que niegan
el mandamiento de pago, en similares términos a los expuestos anteriormente.
1.4 Contestaciones de la acción.
15. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Yopal sostuvo que la
providencia cuestionada estuvo debidamente motivada, tanto fáctica, normativa y
jurisprudencialmente.
16. Indicó que, el Auto A-2014 de 2024 de la Corte Constitucional se limitó a definir
la jurisdicción competente, sin pronunciarse sobre la idoneidad del título ejecutivo,
y solicitó negar el amparo.
17. La negativa de librar mandamiento de pago obedeció a la indebida conformación
del título ejecutivo, de conformidad con el numeral 3 del artículo 297 de la Ley 1437
de 2011, sin que ello configure una indebida valoración, ni un exceso ritual
manifiesto.
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Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare
18. El Tribunal Administrativo de Casanare manifestó que la acción no satisface
el requisito de relevancia constitucional, en la medida en que, la parte accionante
reiteró los mismos argumentos expuestos en los recursos ordinarios, relacionados
con la suficiencia del pagaré y la inexigibilidad del contrato de mutuo escrito, por lo
que solicitó declarar la improcedencia de la tutela.
19. Los vinculados Diego Felipe Gutiérrez Tovar y Liliana Astrid Tovar Granados
guardaron silencio.
1.5 Providencia impugnada4
20. Mediante sentencia de Veintiocho (28) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026), el
Consejo de Estado, Sección Primera, declaró improcedente la acción de tutela al
considerar que no se cumplió el requisito general de relevancia constitucional.
Señaló que los reproches formulados por la parte accionante se circunscriben a
cuestionar la interpretación de las autoridades judiciales sobre la conformación del
título ejecutivo y la suficiencia del pagaré, controversia que, a su juicio, tiene un
alcance eminentemente legal y patrimonial, sin que se acredite una afectación real,
directa y desproporcionada de derechos fundamentales que amerite la intervención
del juez constitucional.
1.6 La impugnación5
21. Inconforme con la anterior decisión, el Instituto Financiero de Casanare, dentro
del término legal, la impugnó. Insistió en que, el asunto sí reviste relevancia
constitucional, en la medida en que, las decisiones censuradas incurren en defectos
fáctico, sustantivo, procedimental por exceso ritual manifiesto y desconocimiento
de la Constitución Política y de lo dicho por la Corte Constitucional en los autos A-
2014 de 2024 y A-1455 de 2025.
22. Reiteró que el mutuo es un contrato de naturaleza consensual que, conforme a
los artículos 2221 y 2222 del Código Civil, se perfecciona con la entrega del bien y
no requiere constar por escrito, y que la exigencia de un contrato de mutuo escrito,
así como la exhibición física del título valor, desconoce el régimen de derecho
privado aplicable a la entidad.
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Índice 00019 de Samai.
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Índice 00022 de Samai.
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Accionante: Instituto Financiero de Casanare
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23. Adicionalmente, señaló que, en asuntos de similares contornos, distintas
secciones del Consejo de Estado han amparado los derechos fundamentales del
Instituto Financiero de Casanare, por lo que solicitó revocar la sentencia impugnada
y, en su lugar, conceder el amparo deprecado.
III. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
24. En virtud de los artículos 326 del Decreto ley 2591 de 19917 y 258 del Acuerdo
80 del 12 de marzo de 20199 expedido por la sala plena del Consejo de Estado,
esta Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.
2.2 La acción
25. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política
y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
2.3. Cuestión preliminar - La providencia objeto de estudio
26. La Sala considera pertinente aclarar que, si bien el escrito de tutela se dirige a
cuestionar tanto la providencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo de
Yopal que se abstuvo de continuar con el ejecutivo, como la del Tribunal
Administrativo de Casanare que confirmó dicha determinación, el estudio se
enfocará únicamente en esta última.
6
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente».
7
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
8
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
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Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».
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27. Lo anterior, en atención a la naturaleza residual y subsidiaria de la acción de
tutela, aunado al carácter excepcional y restrictivo de la procedencia de este
mecanismo para cuestionar providencias judiciales. En tal medida, le corresponde
a este Cuerpo Colegiado establecer si el auto que desató la alzada incurrió en
alguna de las causales específicas decantadas por la jurisprudencia constitucional,
pues, de lo contrario, se convertiría en una instancia adicional.
28. En consecuencia, el estudio del presente asunto se centrará en la providencia
de segunda instancia expedida el Dieciséis (16) de Octubre de Dos Mil Veinticinco
(2025) por el Tribunal Administrativo de Casanare, toda vez que, esta decisión fue
la que puso fin a la actuación judicial promovida por el Instituto Financiero de
Casanare.
2.4 Problema jurídico
29. Se contrae a determinar si la inconformidad constitucional planteada por el
Instituto Financiero de Casanare contra la providencia de segunda instancia
expedida el Dieciséis (16) de Octubre de Dos Mil Veinticinco (2025) por el Tribunal
Administrativo de Casanare, supera los requisitos generales de procedencia, que
permita su estudio de fondo.
30. En dado caso, se debe establecer si la citada providencia incurrió en los defectos
sustantivo y procedimental, lo cual haya lesionado el derecho fundamental al debido
proceso del accionante.
2.5 La acción de tutela contra providencias judiciales
31. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional10 y de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado11, es posible acudir
a la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando
estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este
contexto, se han estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, generales y específicos, los cuales, deben
satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede
10 Sentencia C-590 de 2005.
11 Sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth
García González.
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someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si
con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.
32. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
33. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo a adoptar una decisión que afecta derechos
fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede
cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en
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eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se
trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.
2.6. Análisis de procedencia.
34. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, en la medida en que recae, a juicio del
accionante, en una indebida aplicación normativa respecto al estudio de la
naturaleza jurídica del IFC, lo cual, de comprobarse, conllevaría la vulneración de
sus derechos fundamentales al debido proceso, y al acceso a la administración de
justicia y tutela judicial efectiva; (ii) contra la decisión objeto de censura no procede
recurso alguno; (iii) se establecieron los hechos que originaron el supuesto
quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se
satisface, teniendo en cuenta que entre la providencia atacada y la presentación de
la acción de tutela, no transcurrió más de seis meses; y (v) el fallo acusado no es
de tutela.
35. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo
del asunto bajo las causales específicas denominadas defecto sustantivo y defecto
procedimental, comoquiera que, se advierte que los reproches y la génesis de la
vulneración invocada radican, a su juicio, en una presunta indebida aplicación
normativa relacionada con su naturaleza jurídica, lo que, implicó un obstáculo para
el acceso a la administración de justicia.
2.7 Del defecto sustantivo
36. El artículo 230 de la Constitución Política prevé que los jueces se encuentran
sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato, las autoridades
judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las normas que regulan
la materia, como expresión del principio de legalidad.
37. La jurisprudencia constitucional12 ha estimado que la providencia judicial
proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado
defecto sustantivo, que se configura cuando la controversia es decidida con
12 Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
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fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue
derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con
el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente
se omite aplicarla. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo:
Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o yerro en
una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación de las
disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el defecto dé lugar
a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de alta
trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o lesione la efectividad de
los derechos constitucionales13.
2.8 Defecto procedimental
38. Este defecto encuentra su razón de ser en los artículos 29 y 228 de la
Constitución que consagran las garantías constitucionales del debido proceso, el
acceso a la administración de justicia y el principio de prevalencia del derecho
sustancial sobre el procesal14.
39. En términos generales, este defecto puede presentarse en dos modalidades: (i)
absoluto, cuando el funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento
legalmente establecido, y (ii) por exceso ritual manifiesto, que ocurre cuando «[…]
hay una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor
en la aplicación de las normas procesales» 15, es decir, se privilegian aspectos formales
sobre el derecho sustancial, lo que afecta la garantía de acceso a la administración
de justicia16.
3. Caso concreto
40. En el presente asunto, la Sala observa que, la inconformidad del accionante se
concreta en la presunta vulneración de sus derechos fundamentales con ocasión
de la providencia del Dieciséis (16) de Octubre de Dos Mil Veinticinco (2025)
proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, por medio de la cual, confirmó
la decisión de abstenerse de continuar con la ejecución, ya que, considera que, se
apartó de la normatividad aplicable, al exigir la integración del título ejecutivo
complejo con el contrato de mutuo lo que desconoce la exigibilidad ejecutiva del
13 Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
14
Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
15
Corte Constitucional, sentencia T-620 de 2013, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio.
16
Sentencia T-386 de 2010, M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
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pagaré báculo de la ejecución; además, por exigir la presentación del cartular en
original.
3.1 De la decisión atacada
41. De la revisión efectuada a la providencia cuestionada, se observa que, el
Tribunal accionado confirmó la providencia que puso fin al proceso ejecutivo por no
haberse acreditado la conformación del título complejo con el contrato de mutuo
celebrado, para lo cual, consideró lo siguiente:
[…] De conformidad con lo anterior se establece con claridad que:
a. La acreencia plasmada en el pagaré No. 8001734 cuya ejecución solicita la entidad pública
recurrente, corresponde a la obligación adquirida por los ejecutados de devolver el dinero
recibido tras la concesión de un crédito, descripción que corresponde a la tipología contractual
de mutuo o préstamo de consumo, plasmada en el artículo 2221 del Código Civil, así: “El
mutuo o préstamo de consumo es un contrato en que una de las partes entrega a la otra cierta
cantidad de cosas fungibles con cargo de restituir otras tantas del mismo género y calidad”.
b. El INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE se rige por las normas que regulan el
funcionamiento de las empresas industriales y comerciales del estado por lo que, de
conformidad con lo normado por el artículo 93 de la Ley 489 de 1998 “(…) Los contratos que
celebren para el cumplimiento de su objeto se sujetaran a las disposiciones del Estatuto
General de Contratación de las entidades estatales” uno de los cuales es la solemnidad que
se traduce en que deben constar por escrito el artículo 39 de la Ley 80 de 1993.
c. La parte ejecutante no cumplió con la exhibición del título valor en los términos del artículo
624 del Código de Comercio, pues no aportó copia original del título valor, sino que se limitó
a enseñar una digitalización del mismo, lo cual impide su cobro.
De esta manera fuerza concluir que, el titulo que el IFC solicita ejecutar es complejo pues la
acreencia que se encuentra plasmada en el pagaré que suscribió con la parte ejecutada
deviene de la celebración de un contrato de mutuo, acuerdo de voluntades que no fue
aportado por la parte ejecutante, sin el cual no es posible determinar con certeza las
obligaciones allí contenidas a lo que debe sumarse que, la parte ejecutante debió aportar el
título valor referido en original y no a una copia digitalizada del mismo, pues la exhibición de
estos documentos es requisito para su cobro de forma que, deberá confirmarse la decisión
de no librar mandamiento de pago adoptada por el Juez de primera instancia mediante
proveído del 20 de marzo de 2025, por las razones señaladas en la parte motiva de esta
providencia. […]
42. De lo transcrito se observa que, el Tribunal accionado confirmó la decisión de
primer grado ya que: (i) el ejecutante es una empresa sometida al régimen jurídico
de las empresas industriales y comerciales del Estado, según Ley 489 de 1998; por
lo que (ii) los contratos celebrados en el giro de sus negocios se sujetan al Estatuto
General de la Contratación; y (iii) en consecuencia, los contratos deben constar por
escrito, en virtud del artículo 39 de la Ley 80 de 1993.
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43. Adicionalmente, señaló que, para el cobro coercitivo de la obligación, era
menester conformar el título ejecutivo complejo con el contrato celebrado, además
de aportar el documento original y no una copia.
44. Así las cosas, en procura de resolver el problema jurídico planteado, se
realizarán las siguientes precisiones.
3.2. De la naturaleza jurídica de la entidad accionante
45. El Instituto Financiero de Casanare, es una entidad descentralizada del nivel
departamental, creada mediante el Decreto 107 de 1992 y reorganizada a través
del Decreto 0073 de 2002, la cual está sometida al régimen jurídico de las empresas
industriales y comerciales del Estado, según la Ley 489 de 1998.
46. Mediante Acuerdo 009 de 16 de agosto de 2022, la Junta Directiva del instituto
en mención reformó sus estatutos, en cuya parte motiva expuso:
De acuerdo a lo anterior, la Ley 2056 de 2020, abre un espacio importante al Instituto
Financiero de Casanare para estructurar y viabilizar proyectos financiados con asignaciones
directas y regionales, circunstancia que le genera al IFC una oportunidad de nuevos negocios
como gestora de proyectos en el ámbito territorial; que por su naturaleza jurídica le permite
actuar en competencia con el sector privado, ampliando su campo de acción que
contribuya al mejoramiento de la calidad de vida, desarrollo social y económico de los
habitantes del Departamento de Casanare.
47. Ahora, de su clausulado, se resaltan los siguientes artículos, relacionados con
su naturaleza y el régimen de contratación.
ARTICULO 2.- NATURALEZA: El Instituto Financiero de Casanare - IFC es una Empresa de
Gestión Económica de carácter departamental, sometida al Régimen Jurídico de las
Empresas Industriales y Comerciales del Estado, contemplado en la Ley 489 de 1998, dotada
con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio y vinculada a la
Secretaría de Desarrollo Económico, Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.
[…]
48. Bajo tales derroteros, el Instituto Financiero de Casanare determinó que, en el
ámbito contractual, está sometido a la normativa del derecho privado, en atención
a que su actividad comercial compite con entidades del sector privado.
49. Sobre el régimen de contratación del Instituto, el artículo 32 del Acuerdo núm.
009 del 16 de agosto de 2022, señala:
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Accionante: Instituto Financiero de Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare
ARTICULO 32.- RÉGIMEN DE CONTRATACION: El Instituto Financiero de Casanare tendrá
como régimen de contratación el derecho privado, los presentes estatutos, el manual de
contratación y los reglamentos internos de la Entidad; lo anterior por encontrarse en
competencia con el sector privado y el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007.
50. En concordancia con lo anterior, los artículos 14 y 15 de la Ley 1150 de 2007,
disponen:
ARTÍCULO 14. DEL RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y
COMERCIALES DEL ESTADO, LAS SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA, SUS FILIALES
Y EMPRESAS CON PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DEL ESTADO. Las Empresas
Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades de Economía Mixta en las que el
Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades
entre Entidades Públicas con participación mayoritaria del Estado superior al cincuenta por
ciento (50%), estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública, con excepción de aquellas que desarrollen actividades comerciales en
competencia con el sector privado y/o público, nacional o internacional o en mercados
regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables a sus actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 13 de la presente ley. Se exceptúan los contratos de ciencia y tecnología, que se
regirán por la Ley 29 de 1990 y las disposiciones normativas existentes.
ARTÍCULO 15. DEL RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS
ESTATALES. El parágrafo 1o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, quedará así:
"ARTÍCULO 32.
(...)
"PARÁGRAFO 1. Los Contratos que celebren los Establecimientos de Crédito, las
compañías de seguros y las demás entidades financieras de carácter estatal, no
estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública y se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables a dichas actividades.
En todo caso, su actividad contractual se someterá a lo dispuesto en el artículo 13 de la
presente ley".
51. Conforme la normatividad en cita, esta Sala de Decisión advierte que, la tesis
adoptada por el Tribunal Administrativo de Casanare en la providencia cuestionada
es errada. En efecto, al señalar que el régimen de contratación del Instituto
Financiero de Casanare se rige por la Ley 80 de 1993, desconoce abiertamente
que, por tratarse de una Empresa de Gestión Económica de carácter
departamental, sometida al régimen jurídico de las empresas industriales y
comerciales del Estado contemplado en la Ley 489 de 1998, su régimen de
contratación es el derecho privado, puesto que, así lo disponen sus estatutos y
demás normas concordantes.
52. Al respecto, se evoca que, dicha aplicación normativa tiene su justificación en la
necesidad que la actividad industrial y comercial ejercida por el Estado se realice
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Accionante: Instituto Financiero de Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare
en términos equivalentes a los particulares cuando sean similares, sin prerrogativas
exorbitantes que lesionen el derecho a la igualdad de sus competidores ni estar
sujeto a procedimientos administrativos que entorpezcan la labor17.
53. Así pues, esta Subsección, en anterior oportunidad dijo:
Con base en lo anterior, es posible advertir que las empresas industriales y comerciales del
Estado, que estén en competencia con los particulares o actúen en mercado regulados están
exentas de contratar bajo el Estatuto de Contratación de la Administración Pública, pues está
se rige por las reglas del derecho privado, es decir, la ley civil y la ley mercantil. Distinto es
que, en aras de garantizar el interés general o público, tales entidades estén obligadas a
observar los principios de la función administrativa (igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad), lo cual no significa que deban someterse a sus
procedimientos o modalidades de selección, siempre que garanticen la objetividad 18.
3.3. Análisis de la configuración del defecto sustantivo
54. En la providencia objeto de queja constitucional, el Tribunal Administrativo de
Casanare fundó su decisión en la aplicación de la regla contenida en el inciso inicial
del artículo 93 de la Ley 489 de 1998, y concluyó que, al accionante lo regía el
Estatuto de Contratación de la Administración Pública y, en consecuencia, debía
aportar documento escrito contentivo del contrato de mutuo cuya obligación
pretendía ejecutar.
55. Así las cosas, y conforme lo expuesto en parágrafos anteriores, se observa que,
el Tribunal accionado realizó una selección normativa inaplicable y limitada al caso
que estudió, en la medida que, no consultaba los supuestos que contenía la norma.
De tal manera que, al realizar dicho análisis, y omitir estudiar el marco normativo al
que se aludió en líneas anteriores, la autoridad judicial aplicó consecuencias
jurídicas erradas.
56. Es decir, limitar su análisis al inciso primero del artículo 93 de la Ley 489 de 1998,
implica un claro desconocimiento de los estatutos de la entidad y demás normas a
que se ha hecho referencia, las cuales, dan cuenta que, el Instituto Financiero de
Casanare se rige por el derecho privado en materia de contratación, normas que
debieron ser objeto de estudio por el operador de justicia.
17 Cfr: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de agosto de 2004, expediente núm. 12.342,
Sentencia de 6 de febrero de 2006, expediente núm. 13.414. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio
Civil, concepto del 15 de mayo de 2018, radicado núm. 11001-03-06-000-2017-00058 00(2335).
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de 9 de febrero de 2026, (exp. 11001-03-
15-000-2026-00021-00) M.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
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57. En ese orden de ideas, al clasificar de manera errada la naturaleza jurídica de la
entidad, conllevó a que, exigiera como obligatorio que el contrato de mutuo constara
por escrito y fuera aportado al plenario, situación que, desconoce el régimen
contractual de los privados. En efecto, véase que el Código Civil establece:
ARTICULO 2221. DEFINICIÓN DE MUTUO PRÉSTAMO DE CONSUMO. El mutuo o
préstamo de consumo es un contrato en que una de las partes entrega a la otra cierta
cantidad de cosas fungibles con cargo de restituir otras tantas del mismo género y calidad.
ARTICULO 2222. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO MUTUO. No se perfecciona
el contrato de mutuo sino por la tradición, y la tradición transfiere el dominio.
58. Ello conduce a concluir que, el instituto no debía aportar el contrato de mutuo a
fin de hacer exigible la obligación contenida en el pagaré, si se tiene en cuenta que,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2221 y 2222 del Código Civil, este
contrato se perfecciona con la entrega de la cosa dada en préstamo.
59. Sin perjuicio de lo anterior, es necesario recordar que, el numeral 3° del artículo
297 de la Ley 1437 de 2011 dispone:
[…] Sin perjuicio de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los organismos y
entidades públicas, prestarán mérito ejecutivo los contratos, los documentos en que consten
sus garantías, junto con el acto administrativo a través del cual se declare su incumplimiento,
el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad
contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las
partes intervinientes en tales actuaciones.
60. En ese orden, el Legislador realizó un listado enunciativo de los documentos que
pueden prestar mérito ejecutivo, entre los cuales, indicó que, cualquier acto
proferido con ocasión de la actividad contractual. No obstante, dado que, el Tribunal
accionado erró en la aplicación del régimen de la entidad ejecutante, omitió analizar
si el pagaré suscrito en ejercicio del giro ordinario de los negocios del Instituto
Financiero de Casanare, conforme sus estatutos, era suficiente para el cobro
coercitivo de la obligación allí contenida, a voces del artículo 619 del Código de
Comercio.
61. Por tanto, es claro el defecto sustantivo en el que incurrió el Tribunal
Administrativo de Casanare, al analizar de manera parcializada las normas que
determinan la actividad comercial de la entidad demandante, pues, si hubiera
efectuado una lectura sistemática y armónica de las mismas, la conclusión sería
que, el Instituto Financiero de Casanare se gobierna por el derecho privado en
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materia contractual y, por tanto, no era exigible aportar el contrato de mutuo para
ejecutar la obligación insoluta contenida en el pagaré.
3.4. Análisis de la configuración del defecto procedimental.
62. De otra parte, el otro motivo por el cual el Tribunal accionado confirmó la negativa
de continuar con el trámite ejecutivo se concretó en que, el ejecutante no cumplió
con la exhibición del título valor en los términos del artículo 624 del Código de
Comercio ya que, solo aportó la digitalización del pagaré.
63. Nótese que, el accionado asimiló la carga de «exhibir el título» para el cobro
contenida en el canon 624 del Código de Comercio, a un deber de aportación física
y en original para librar mandamiento ejecutivo; lo cual, desconoce el diseño
procesal vigente para el trámite de los asuntos sometidos a la jurisdicción.
64. En efecto, deben tenerse en cuenta los cambios normativos con ocasión de la
implementación de la virtualidad en los procesos judiciales, así pues, el artículo 6°
de la Ley 2213 de 202219, dispuso que, las demandas y sus anexos serían
presentadas a través de mensajes de datos, sin que sea necesario allegar copias
físicas.
65. Al respecto, se trae a colación lo dicho por la Corte Suprema de Justicia en
Sentencia STC-2392 de 2022, M.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque, a saber:
«[…] como la ley exige al ejecutante que presente sus anexos mediante mensaje de datos,
no le queda opción distinta que i). digitalizar su título para acompañarlo al libelo a fin de
demostrar la existencia de la prestación que pretende efectivizar y, ii). conservar la tenencia
del documento físico conforme se lo impone el numeral 12 del artículo 78 del estatuto adjetivo
según el cual es deber de las partes y sus apoderados «[a]doptar las medidas para conservar
en su poder las pruebas y la información contenida en mensajes de datos que tenga relación
con el proceso y exhibirla cuando sea exigida por el juez (…)» para efectos de la posible
contradicción pedida por el deudor».
66. Además, se recuerda que, el artículo 11 del Código General del Proceso
establece que «[a]l interpretar la ley procesal el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los
procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial […] El juez se
abstendrá de exigir y de cumplir formalidades innecesarias […]».
19 Por la cual se estableció la vigencia permanente del Decreto 806 de 2020.
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67. Bajo tales derroteros, en la actual modalidad de prestación de los servicios de
justicia, el Legislador estableció que, las demandas y sus anexos debían
presentarse a través de mensaje de datos, sin hacer ninguna salvedad respecto a
las copias físicas de los títulos valores en el marco de los juicios ejecutivos. De
suerte que, exigir su presentación como requisito para librar mandamiento de pago
significa imponer una barrera que la norma no contempla, lo que, a la postre, impide
el acceso a la administración de justicia.
68. Así las cosas, al apartarse del trámite previsto por el legislador, así como imponer
exigencia no contempladas en la ley, la providencia cuestionada también incurrió
en un defecto procedimental, lo que, vulneró el debido proceso del accionante.
3.5 Conclusión
69. Por lo expuesto, la Sala colige que, el Tribunal accionado incurrió en los defectos
sustantivo y procedimental y, en consecuencia, vulneró el debido proceso del
accionante. En tal medida, se concederá el amparo de los derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia del accionante. Por lo
tanto, se dejará sin efectos la providencia del Dieciséis (16) de Octubre de Dos Mil
Veinticinco (2025); y, en su lugar, se ordenará al Tribunal Administrativo de
Casanare proferir una decisión de reemplazo, en la que resuelva la cuestión
planteada en el recurso de apelación, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta decisión.
4. Consideración final
70. El accionante puso en conocimiento que, se han presentado múltiples asuntos
de similares contornos a los acá denunciados, en los cuales las autoridades
judiciales han decidido en términos iguales. Por tal motivo, solicitó que, el presente
fallo tenga efecto inter comunis.
71. De entrada, la Sala de Decisión advierte que, aunque no tiene competencia para
proferir una decisión en dichos términos, sí estima pertinente exhortar al Tribunal
accionado para que, garantice el derecho al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de los usuarios de la justicia y, en el evento dado, tenga
en consideración lo expuesto en la presente providencia en futuros casos de
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Accionante: Instituto Financiero de Casanare
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similares contornos y se abstenga de efectuar consideraciones contrarias al
ordenamiento jurídico aplicable.
IV. DECISIÓN
72. Por las razones expuestas, la Sala considera que, la inconformidad
constitucional respecto de la providencia de Dieciséis (16) de Octubre de Dos Mil
Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, supera los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisión judicial;
por tal motivo, se revocará la sentencia impugnada, que declaró improcedente la
acción de tutela de la referencia.
73. Así mismo, se encontró acreditado que la referida providencia incurrió en los
defectos sustantivo, al no haber aplicado en debida forma las normas pertinentes
para determinar la naturaleza jurídica del IFC; y, procedimental, al exigir la
presentación en original y físico del título valor base de la ejecución para librar
mandamiento de pago, cuando la ley no lo exige como tal.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. REVOCAR la sentencia de Veintiocho (28) de Mayo de Dos Mil
Veintiséis (2026), proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, que declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia. En su lugar, AMPARAR los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia del Instituto Financiero de Casanare, por las razones consignadas en la
parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTOS la providencia proferida el Dieciséis (16) de
Octubre de Dos Mil Veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo de Casanare,
dentro del proceso ejecutivo con radicado 850013333-001-2024-00264-00,
promovido por el accionante contra los señores Diego Felipe Gutiérrez Tovar y
Liliana Astrid Tovar Granados.
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Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare
TERCERO. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Casanare que, dentro de los
veinte (20) días siguientes a la notificación de esta sentencia, dicte un auto de
reemplazo en el aludido asunto ejecutivo que en derecho corresponda.
CUARTO. EXHORTAR al Tribunal accionado para que, garantice el derecho al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia de los usuarios de la
justicia y, en el evento dado, tenga en consideración lo expuesto en la presente
providencia en futuros casos de similares contornos y se abstenga de efectuar
consideraciones contrarias al ordenamiento jurídico aplicable.
QUINTO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito, en
la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
SEXTO. ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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