República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00021-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
9 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., nueve (9) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00021-00 (34)
Accionante: Instituto Financiero de Casanare (IFC)
Accionados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: proceso ejecutivo. Subtema
2: contrato de mutuo. Subtema 3: defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento
del precedente.
Sentencia de primera instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por el Instituto Financiero de Casanare (IFC)
contra el Tribunal Administrativo de Casanare.
1. Síntesis del caso
El Instituto Financiero de Casanare presentó escrito de tutela con la pretensión de
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con ocasión de las
providencias del 6 de marzo de 2025 y el 19 de junio de 2025, proferidas por el
Juzgado Quinto Administrativo de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare,
respectivamente, en el proceso ejecutivo con radicado núm. 85001-33-33-005-
2025-00054-00/01.
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela y los demás elementos aportados por las partes en
el trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:
2. El Instituto Financiero de Casanare (IFC), según el Decreto 107 de 1992,
modificado por el Decreto 073 de 2002, es una empresa comercial y de gestión
1
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00021-00 (34)
Accionante: Instituto Financiero de Casanare (IFC)
Accionados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
económica del departamento de Casanare, con personería jurídica, autonomía
administrativa y presupuestal, cuyo régimen de sus actos y contratos se rige por lo
dispuesto en los artículos 85 y 93 de la Ley 498 de 1998, el artículo 14 de la Ley
1150 de 2007, modificado y el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011.
3. La referida institución tiene por objeto el fomento del desarrollo económico y
social del departamento de Casanare, entre otros, a través de la prestación de
servicios financieros, empresariales y de gestión de proyectos. Así pues, dentro del
giro ordinario de sus negocios y, conforme a las reglas de derecho privado, en
desarrollo de su actividad comercial otorga crédito de fomento y educativo a
personas de escasos recursos, los cuales se respaldan con pagares y cartas de
instrucciones.
4. El IFC presentó demanda ejecutiva contra el señor Maximino González
Maldonado, con el objeto de obtener el pago de la obligación crediticia contenida en
el pagaré núm. 4118897 del 19 de diciembre de 2017. Adicionalmente, solicitó como
medidas cautelares de embargo la retención de los saldos de dinero de las cuentas
corrientes o de ahorro del demandado.
5. El Juzgado Tercero Civil Municipal de Yopal, mediante auto del 31 de marzo de
2022, libró mandamiento de pago «por la vía ejecutiva singular de mínima cuantía»
a favor del IFC. Posteriormente, el mencionado despacho judicial, a través de
providencia del 14 de noviembre de 2024 declaró la falta de jurisdicción «con la
expresa salvedad de que lo actuado conservará su validez» y, ordenó remitir el
asunto a los juzgados administrativos de Yopal.
6. El Juzgado Quinto Administrativo de Yopal, mediante auto del 6 de marzo de
2025, se abstuvo de continuar con la ejecución y ordenó levantar las medidas
cautelares dispuestas en autos del 31 de marzo de 2022 y 12 de enero de 2023,
dictados por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Yopal, al considerar que el título
derivado del crédito otorgado al deudor era de carácter complejo y que no se aportó
el contrato de mutuo, motivo por el cual no era posible determinar que la obligación
contenida en el título valor fuera clara, expresa y actualmente exigible.
7. El IFC presentó recurso de apelación contra la anterior decisión y, el Tribunal
Administrativo del Casanare, a través de providencia del 19 de junio de 2025,
confirmó en todas sus partes la decisión de primera instancia.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
8. La parte actora solicitó en el escrito de tutela1 lo siguiente:
PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales al Debido Proceso y al Acceso a la
Administración de Justicia del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE, que se
desconocieron por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Yopal en auto
1
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-00021-00, índice 2, certificado núm. 1D451671136AB91A FCBD8108AA173ED0
8DF0689A453BAF9B CBEF895F3D65E23A.
2
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Accionante: Instituto Financiero de Casanare (IFC)
Accionados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
emitido en fecha 6 de marzo de 2025 y confirmado el 19 de junio de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Casanare dentro del proceso 85001-33-33-005-2025-00054-00.
SEGUNDO: En consecuencia, declarar sin valor ni efecto el auto de fecha 6 de marzo
de 2024 emitido por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Yopal, así como
la decisión que desato la apelación, proferida por el Tribunal Administrativo de
Casanare en fecha 19 de junio de 2025, dentro del medio de control 85001-33-33-005-
2025-00054-00; por encontrarse tales decisiones afectadas por indebida valoración
probatoria al restarle merito ejecutivo al pagare 4118897 y exceso ritual manifiesto al
exigir adosar al expediente un contrato de mutuo con la ritualidad de constar por escrito,
ajena a este tipo de contratos de régimen civil, y tener por no aportado el original del
pagare, pese a que a la luz del artículo 6 de la ley 2213 de 2022 «las demandas se
presentarán en forma de mensajes de datos, lo mismo que sus anexos»; así como por
defecto sustancial dado el sacrificio del derecho sustancial y el desconocimiento de
precedente judicial vertical y por esa vía cercenar injustamente los derechos
fundamentales al Debido Proceso y al Acceso a la Administración de Justicia del
INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE - IFC.
TERCERO: Que se ordene a los accionados Juzgado Quinto Administrativo del Circuito
de Yopal y Tribunal Administrativo de Casanare, que en lo de su competencia, en el
impostergable término de 48 horas, contadas a partir de la notificación del fallo de
tutela, rehacer las actuaciones procesales censuradas, para que en su lugar el Juzgado
Quinto Administrativo del Circuito de Yopal, libre mandamiento de pago y/o ordene
seguir adelante en la ejecución, decrete medidas cautelares a favor del INSTITUTO
FINANCIERO DE CASANARE y en contra de la demandada YULI MARCELA ARAQUE
MESA, dentro del proceso ejecutivo 85001-33-33-005-2025-00054-00 y se abstenga
de exigir requisitos innecesarios en este tipo de procesos.
CUARTO. Que se ordene que el presente fallo tenga efecto Inter comunis o se
extienda, respecto de los procesos ejecutivos que cursen en los Juzgados
Administrativos de Yopal, en los que sea demandante el Instituto Financiero de
Casanare, y en los que se desconozca el pagare como título ejecutivo autónomo,
existan similares supuestos fácticos y jurídicos o que se presente análogas
circunstancias, así como ordenar al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de
Yopal y al Tribunal Administrativo de Casanare, que en lo de sucesivo se abstengan
de incurrir en las conductas que dieron origen a la presente acción.
QUINTO. Que por parte del Juez Constitucional se realice verificación del cumplimiento
del fallo de tutela proferido2.
9. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora manifestó que las
providencias objeto de tutela incurrieron en violación directa de la Constitución
porque dejaron de aplicar los artículos 2, 29 y 229 superiores, al abstenerse de librar
mandamiento de pago y tramitar el proceso ejecutivo promovido por el Instituto
Financiero de Casanare.
10. Agregó que las decisiones cuestionadas desconocen los principios
constitucionales de seguridad jurídica y confianza legitima, pues el accionante
durante más de dos décadas ha procedido con buena fe a otorgar créditos sin
2
Se transcribe incluso con errores
3
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suscribir contrato escrito de mutuo, por estar acogido a las reglas del derecho
privado que rigen la materia.
11. Por otra parte, consideró que se configuró un defecto fáctico, ya que los autos
acusados efectuaron una valoración defectuosa del material probatorio aportado al
proceso ejecutivo, pues no tuvieron en cuenta que el pagaré núm. 4118897 y la
carta de instrucciones, contienen una obligación clara, expresa y exigible. De
manera que constituyen un título ejecutivo autónomo.
12. Asimismo, indicó que las autoridades judiciales omitieron examinar el contenido
del Decreto 107 de 1992, modificado por el Decreto 073 de 2002, en los que consta
la naturaleza jurídica de la entidad demandada y el régimen de derecho privado que
rige su actividad comercial.
13. Añadió que los jueces accionados le impusieron la carga probatoria
desproporcionada de configurar un título ejecutivo complejo, consistente en aportar
el contrato de mutuo junto con el pagare y la carta de instrucciones, sin tener en
cuenta que el ejercicio de esta actividad comercial, con base en la normativa que
rige el derecho privado no exige contrato escrito. De modo, que la negativa de librar
mandamiento de pago es arbitraria e injusta.
14. De otro lado, afirmó que las providencias objeto de tutela incurrieron en un
defecto sustantivo porque no realizaron una interpretación integral del ordenamiento
jurídico que regula el régimen contractual de las empresas industriales y
comerciales del estado, toda vez que no dieron aplicación a los contenidos de las
siguientes normas: el artículo 297 numeral 3, y el artículo 99, numeral 5 del CPACA;
los artículos 85 y 93 de la Ley 498 de 1998; el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007;
el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011; los artículos 2221 y 2222 del Código Civil, y
los artículos 621 y 709 del Código de Comercio.
15. Explicó que la Corte Constitucional en los autos A-2014 de 2024 y A-1455 de
2025, al dirimir un conflicto de competencias entre dos juzgados de las
jurisdicciones ordinaria y contencioso-administrativa para conocer un proceso
ejecutivo promovido por el, hoy tutelante, en su parte considerativa determinó que
el IFC se rige por el derecho privado en el desarrollo de sus actividades comerciales
y en su contratación. Así pues, al autorizar los créditos no debía mediar un contrato
escrito dado que, conforme con los artículos 2221 y 2222 del Código Civil, bastaba
la entrega de la cosa dada en préstamo para el perfeccionamiento del negocio
jurídico.
16. Adicionalmente, precisó que la obligación perseguida en el proceso ejecutivo
estaba contenida en un pagaré, el cual constituye título ejecutivo conforme al
numeral 3 del artículo 297 del CPACA.
17.Destacó que uno de los magistrados del Tribunal, en su salvamento de voto,
realizó un análisis detallado sobre las características del título y la ejecutividad
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Accionados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
autónoma del pagaré dentro de la jurisdicción contencioso-administrativa con los
cuales consideró procedente tramitar el proceso ejecutivo promovido por el IFC.
18. Finalmente, afirmó que las autoridades incurrieron en defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto, al exigir documentos adicionales al pagaré y omitir la
prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades procesales.
2.3. Trámite procesal
19. El despacho ponente, mediante auto del 15 de enero de 20263, admitió la
demanda, ordenó la notificación a las autoridades accionadas, es decir, al Tribunal
Administrativo del Casanare y al Juzgado Quinto Administrativo de Yopal, puso en
conocimiento el escrito de tutela al señor Maximino González Maldonado, en su
condición de tercero con interés, y negó la medida cautelar solicitada por la parte
actora.
2.4. Intervenciones
20. El Juzgado Quinto Administrativo de Yopal4 remitió, a esta corporación, el
expediente del proceso ejecutivo, sin pronunciarse sobre los hechos y pretensiones
del escrito de tutela.
21. El Tribunal Administrativo de Casanare5 rindió informe en el que afirmó que la
providencia objeto de tutela se ajustó a lo previsto por las normas y jurisprudencia
aplicables, pues el título que el IFC solicitó ejecutar era de carácter complejo, toda
vez que la acreencia plasmada en el pagaré núm. 4118897, suscrito con la parte
ejecutada, deviene de la celebración de un contrato de mutuo, cuyo acuerdo de
voluntades que no fue aportado por la entidad accionante y sin el cual no era posible
determinar con certeza las obligaciones allí contenidas. Sumado a que la parte
ejecutante tampoco aportó el título valor en original, sino una copia digitalizada.
22.
Además, consideró que la solicitud de amparo no reúne los presupuestos de
procedencia contra providencia judicial.
23. El señor Maximino González Maldonado guardó silencio.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
24. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por el Instituto Financiero de Casanare en
3
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-00021-00 índice 5, certificado 13AD0D3449C71CE3 3FD74AE9AC0F74F6
348DF4F8F36BE9E1 BFAE87F9B6AC2C26.
4
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-00021-00 índice 9, certificado 5964AAAB4968F43 AC6A77A9CE3224CB
F5873C42731028A0 B77924F1E4D92627.
5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-00021-00 Incide 11, certificado 68740922FD96A354 CD225BBF837B981E
6DF3339DA4D3BAC6 7A20F650B887E501.
5
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Accionante: Instituto Financiero de Casanare (IFC)
Accionados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
contra del Juzgado Quinto Administrativo de Yopal y el Tribunal Administrativo de
Casanare.
3.2. Legitimación en la causa
25. La legitimación en la causa por activa del Instituto Financiero de Casanare está
acreditada porque fue el accionante en el proceso ejecutivo en el que fueron
expedidas las providencias que, a su juicio, desconocieron sus derechos
fundamentales.
26. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado Quinto
Administrativo de Yopal y del Tribunal Administrativo de Casanare, debido a que
fueron las autoridades que profirieron la providencia, objeto de tutela.
3.3. Cuestión preliminar
3.3.1. La providencia objeto de estudio
27. La Sala considera pertinente aclarar que, si bien el escrito de tutela se dirige a
cuestionar las providencias proferidas por el Juzgado Quinto Administrativo de
Yopal y el Tribunal Administrativo del Casanare, dentro del proceso ejecutivo, lo
cierto es que los argumentos que sustentan las pretensiones de la parte actora
guardan unidad de materia y se dirigen en similares términos frente a las dos
decisiones cuestionadas.
28. En consecuencia, el estudio del presente asunto se centrará en la providencia
de segunda instancia expedida el 19 de junio de 2025 por el Tribunal Administrativo
de Casanare, toda vez que esta decisión fue la que puso fin a la actuación judicial
promovida por el Instituto Financiero de Casanare en contra del señor Maximino
González Maldonado.
3.3.2. Determinación del defecto objeto de análisis
29.
Por otra parte, se observa que, el accionante, en el escrito de amparo, pretende
atribuirle a la providencia cuestionada los siguientes defectos: i) sustantivo, ii)
fáctico, iii) violación directa de la Constitución y ii) defecto procedimental.
30. Sin embargo, al revisar los argumentos descritos en la solicitud de tutela, se
advierte que la inconformidad del accionante se concreta en la interpretación
normativa que realizó la autoridad judicial para definir el régimen contractual de la
entidad accionante y el procedimiento que debía acogerse para tramitar el proceso
ejecutivo. Por esta razón, la Sala analizará el asunto bajo una posible configuración
de los defectos sustantivo y procedimental.
6
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Accionante: Instituto Financiero de Casanare (IFC)
Accionados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
3.3.3. Particularidad respecto de otro caso similar
31. Adicionalmente, la Sala considera pertinente precisar que, si bien, en un asunto
de similares condiciones fácticas y jurídicas se resolvió negar el amparo de tutela
invocado por el IFC6, lo cierto, es que en esta oportunidad la Subsección observa
que existe un mayor carga argumentativa y probatoria dirigida a demostrar las
posibles irregularidades en las que incurrió la autoridad judicial accionada, lo cual
exige efectuar un análisis integral de los preceptos normativos y los criterios
jurisprudenciales planteados en el escrito de tutela.
3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
32. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado7 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional8.
33.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
34.
Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales9 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
35. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
6
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de septiembre de 2025, radicado 11001-03-15-000-
2025-05003-00.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
8
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
9
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
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orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución10.
3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
36. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional11 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.
37. Así pues, la Corte Constitucional12 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:
i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal
y/o económico»13 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad
para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental»14;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga
únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute
la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la
controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta
incidencia para los particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima
que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial
incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.
38. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la
decisión cuestionada se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico
que, a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.
39. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del proceso ejecutivo en el que se profirió la decisión objeto de tutela.
40. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que el
auto proferido el 19 de junio de 2025 por el Tribunal Administrativo de Casanare fue
10
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
11
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
12
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
13
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
14
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
8
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00021-00 (34)
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notificado el 20 de junio siguiente15, y la demanda de tutela se presentó el 13 de
enero de 202616, esto es, dentro del plazo de seis meses previsto por la
jurisprudencia constitucional17 y del Consejo de Estado18 como razonable.
41. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del
proceso objeto de estudio, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido
en contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.
42. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso ejecutivo.
43. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con los defectos sustantivo y procedimental
y, en ese orden, continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la
parte actora.
3.5. Problema jurídico
44. Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Casanare
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia del señor Instituto Financiero de Casanare.
45. En particular, deberá establecer si incurrió en los defectos sustantivo, y
procedimental al proferir el auto del 19 de junio de 2025, que confirmó la providencia
del 6 de marzo de 2025, expedida por el Juzgado Quinto Administrativo de Yopal,
que se abstuvo de librar mandamiento de pago a favor del tutelante en el proceso
ejecutivo promovido en contra del señor Maximino González Maldonado.
46. Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos invocados; y
ii) el caso concreto.
3.5.1. El defecto sustantivo
47. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado19.
48.De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que
la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
15
Samai, exp. 85001-33-33-005-2025-00054-01, índice 9.
16
Samai, exp. 11001-15-000-2026-00021-00 índice 1.
17
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
18
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
19
Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.
9
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00021-00 (34)
Accionante: Instituto Financiero de Casanare (IFC)
Accionados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son
autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal,
la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo
dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.
49. La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:
[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios
judiciales en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e
interpretación de las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio
de autonomía e independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra
sujeta a los valores, principios y derechos previstos en la Constitución. Por
ello, “pese a la autonomía de los jueces para elegir las normas jurídicas
pertinentes al caso concreto, para determinar su forma de aplicación y para
establecer la manera de interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, en esta
labor no le es dable apartarse de las disposiciones de la Constitución o la ley,
ya que la justicia se administra con sujeción a los contenidos, postulados y
principios constitucionales que son de forzosa aplicación […]20.
50. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de
los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso
sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse
dentro del parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes
establecidos en la Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación
de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.
51. Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar
eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los
derechos humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad
contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la
garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior).21
3.5.2. El defecto procedimental
52. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 29 y 228 de la Constitución Política,
los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y el principio
de prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal constituyen prerrogativas
de connotación ius fundamental para el adecuado funcionamiento de la actividad
judicial.
53. En este sentido, las circunstancias que puedan perturbar el correcto desarrollo
de los procesos judiciales y que terminan afectando los derechos fundamentales de
20
Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.
21
Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
10
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las partes, constituyen una causal específica de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, que la jurisprudencia constitucional denominó defecto procedimental.
54. Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido en forma reiterada, que el
defecto procedimental puede ocurrir bajo dos modalidades: «(i) el absoluto, que se
presenta cuando la autoridad judicial desconoce o se aparta del procedimiento
legalmente establecido, y (ii) el exceso ritual manifiesto, el cual tiene lugar cuando
el goce efectivo de los derechos de los individuos se obstaculiza por un extremo
rigor en la aplicación de las normas procesales» 22.
55. Frente al defecto procedimental absoluto, la Corte ha dicho que se puede
configurar porque el funcionario judicial: «(i) sigue un trámite totalmente ajeno al
asunto sometido a su competencia; (ii) pretermite etapas sustanciales del
procedimiento establecido o (iii) no realiza el debate probatorio»23.
56. Así, le compete a quien acude en ejercicio de la acción de tutela demostrar que
el juez, ante quien tramitó el proceso ordinario de su interés, actuó completamente
por fuera del procedimiento establecido en la ley, y que ello, generó una vulneración
grave a su derecho al debido proceso, pues le impidió el ejercicio adecuado y
oportuno a la defensa y a la contradicción.
57. En este contexto, la Corte ha considerado que la procedibilidad de la acción de
tutela en los asuntos en los que se discute la existencia de un defecto procedimental
exige verificar que la solicitud de amparo cumple con los siguientes
presupuestos:«(i) que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna
otra vía, de acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela, salvo que se
advierta la ocurrencia de un perjuicio irremediable; (ii) que el defecto procesal sea
manifiesto y tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulnerador
de los derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido alegada en el
proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las
especificidades del caso concreto; (iv) que la situación irregular no sea atribuible al
afectado; y (v) como consecuencia de lo anterior, se presente una vulneración a los
derechos fundamentales»24.
3.6. Caso concreto
58. En el asunto bajo estudio, el Instituto Financiero de Cansare (IFC) presentó
acción de tutela, con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En consecuencia, pidió
que se deje sin efecto el auto del 19 de junio de 2025, proferido por el Tribunal
Administrativo de Casanare y, se ordene a la autoridad accionada expedir una
nueva providencia en la que se libre mandamiento de pago a su favor y en contra
del señor Maximino González Maldonado.
59. Lo anterior, con el propósito de hacer efectivo el pago de la obligación crediticia
22
Corte Constitucional, Sentencias T-388 de 2015, T-025 de 2018, T-367 de 2018 y T-008 de 2019.
23
Corte Constitucional, Sentencia T-166 de 2022.
24
Corte Constitucional, Sentencia SU-418 de 2019.
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contenida en el pagaré núm. 4118897 del 19 de diciembre de 2017 y, se decreten
las medidas cautelares de embargo y retención de los saldos de dinero de las
cuentas corrientes o de ahorro cuyo titular es el ejecutado.
60. Para la parte actora la decisión judicial cuestionada incurrió en un defecto
sustantivo, pues no interpretó de manera integral el marco legal aplicable al régimen
contractual de las empresas industriales y comerciales del Estado, toda vez que
omitió dar a aplicación al artículo 297 numeral 3; y el artículo 99, numeral 5 del
CPACA; los artículos 85 y 93 de la Ley 498 de 1998; el artículo 14 de la Ley 1150
de 2007; el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011; los artículos 2221 y 2222 del Código
Civil, y los artículos 621 y 709 del Código de Comercio.
61. Además, expuso que la Corte Constitucional, en autos recientes (2014 de 2024
y A-1455 de 2025), estableció que el IFC opera bajo reglas de derecho privado y
que para la perfección de los contratos de préstamo basta la entrega del bien, según
el Código Civil y el Código de Comercio, sin requerir contrato escrito. Así pues, la
obligación en cuestión estaba respaldada por un pagaré y una carta de
instrucciones, los cuales constituyen un título ejecutivo autónomo reconocido por el
CPACA.
62. Adicionalmente, alegó que se configuró un defecto procedimental, pues la
autoridad accionada no solo exigió documentos adicionales al pagaré, sino que
además requirió el original del referido documento, por lo que, a su juicio, se
desconoció que el derecho sustancial prevalece sobre las formalidades procesales.
3.6.1. Fundamentos de la sentencia objeto de tutela
63. Así pues, revisados los documentos aportados al trámite de tutela, la Sala
observa que el Tribunal Administrativo de Casanare confirmó el auto del 6 de marzo
de 2025, proferido por el Juzgado Quinto Administrativo de Yopal, mediante el cual
se abstuvo de librar mandamiento de pago a favor del Instituto Financiero de
Casanare (IFC), para hacer efectiva la obligación contenida en el pagaré núm.
4118897 del 19 de diciembre de 2017, en contra de Maximino González
Maldonado.
64. Al respecto, la autoridad accionada desarrolló el siguiente análisis.
Pues bien, de las pruebas allegadas al proceso se determina que, el INSTITUTO
FINANCIERO DE CASANARE y el señor MAXIMINO GONZÁLEZ MALDONADO,
suscribieron el pagaré No. 4118897 por la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS
($10.000.000) -. ítem 01 c. principal archivo J05 índice 03 SAMAI.
De conformidad con lo anterior se establece con claridad que:
a. La acreencia plasmada en el pagaré No. 4118897 cuya ejecución solicita la
entidad pública recurrente, atañe a la obligación adquirida por la ejecutada de
devolver el dinero recibido tras la concesión de un crédito, descripción que
corresponde a la tipología contractual de mutuo o préstamo de consumo,
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plasmada en el artículo 2221 del Código Civil, así: “El mutuo o préstamo de
consumo es un contrato en que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad
de cosas fungibles con cargo de restituir otras tantas del mismo género y
calidad”.
b. El INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE se rige por las normas que
regulan el funcionamiento de las empresas industriales y comerciales del estado
por lo que, de conformidad con lo normado por el artículo 93 de la Ley 489 de
1998 “(…) Los contratos que celebren para el cumplimiento de su objeto se
sujetaran a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de las
entidades estatales” uno de los cuales es la solemnidad que se traduce en que
deben constar por escrito el artículo 3925 de la Ley 80 de 1993.
c. La parte ejecutante no cumplió con la exhibición del título valor en los términos
del artículo 62426 del Código de Comercio, pues no aportó copia original del título
valor, sino que se limitó a enseñar una digitalización del mismo, lo cual impide
su cobro.
De esta manera fuerza concluir que, el título que el IFC solicita ejecutar es complejo
pues la acreencia que se encuentra plasmada en el pagaré que suscribió con la parte
ejecutada deviene de la celebración de un contrato de mutuo, acuerdo de voluntades
que no fue aportado por la parte ejecutante, sin el cual no es posible determinar con
certeza las obligaciones allí contenidas a lo que debe sumarse que, la parte ejecutante
debió aportar el título valor referido en original y no a una copia digitalizada del mismo,
pues la exhibición de estos documentos es requisito para su cobro de forma que,
deberá confirmarse la decisión de no seguir adelante la ejecución adoptada por la Juez
de primera instancia mediante proveído del 6 de marzo de 2025, por las razones
señaladas en la parte motiva de esta providencia.
65. De acuerdo con lo anterior, se observa que el Tribunal Administrativo de
Casanare, al revisar los documentos aportados al expediente, evidenció que el
pagaré núm. 4118897 cuya ejecución solicitó la entidad pública, correspondía a la
obligación que adquirió el señor Maximino González Maldonado de devolver el
dinero recibido tras la concesión de un crédito. Tal descripción corresponde a la
tipología contractual de mutuo o préstamo de consumo, contenida en el artículo
2221 del Código Civil.
66. Asimismo, la autoridad juridicial accionada advirtió que para definir el régimen
contractual del IFC era necesario acudir al inciso inicial del artículo 93 de la Ley 489
de 1998, el cual establece que: «los contratos que celebren para el cumplimiento
de su objeto se sujetaran a las disposiciones del Estatuto General de Contratación
de las entidades estatales». De este modo, afirmó que en atención al artículo 39 de
la Ley 80 de 1993 los actos contractuales deben constar por escrito.
25
ARTÍCULO 39.- De la Forma del Contrato Estatal. Los contratos que celebren las entidades estatales constarán por
escrito y no requerirán ser elevados a escritura pública, con excepción de aquellos que impliquen mutación del dominio o
imposición de gravámenes y servidumbres sobre bienes inmuebles, y en general aquellos que conforme a las normas legales
vigentes deban cumplir con dicha formalidad. Las entidades estatales establecerán las medidas que demande la preservación,
inmutabilidad y seguridad de los originales de los contratos estatales. (…).
26
ARTÍCULO 624. <DERECHO SOBRE TÍTULO-VALOR>. El ejercicio del derecho consignado en un título-valor requiere la
exhibición del mismo. Si el título es pagado, deberá ser entregado a quien lo pague, salvo que el pago sea parcial o sólo de
los derechos accesorios. En estos supuestos, el tenedor anotará el pago parcial en el título y extenderá por separado el recibo
correspondiente. En caso de pago parcial el título conservará su eficacia por la parte no pagada.
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67.
Adicionalmente, indicó que la parte demandante no cumplió con el presupuesto
del artículo 624 del Código de Comercio, en la medida en que no aportó «copia
original del título valor, sino que se limitó a enseñar una digitalización del mismo».
68. Con fundamento en lo anterior, el Tribunal Administrativo de Casanare concluyó
que no se cumplieron los requisitos necesarios para hacer efectiva la obligación
que la demandante pretendía ejecutar, toda vez que no aportó los documentos que
integran el título valor complejo ni allegó el pagaré en original, por lo que en, su
criterio, no era posible librar mandamiento de pago a su favor.
3.6.2. Las consideraciones de la Sala respecto al defecto sustantivo alegado
por el actor
69. Pues bien, para determinar si el Tribunal Administrativo de Casanare incurrió el
defecto expuesto por el accionante en el escrito de tutela, la Sala debe precisar que
al expediente del proceso ejecutivo se acreditó que el Instituto Financiero de
Casanare (IFC) es una empresa comercial y de gestión económica del orden
departamental, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuesta,
según lo previsto en el Decreto 107 de 1992, modificado por el Decreto 073 de
2002.
70. Acorde con lo mencionado, la Junta Directiva del Instituto Financiero de
Casanare, mediante Acuerdo núm. 009 del 16 de agosto de 2022, modificó los
estatutos del Instituto Financiero de Cansare y, en su artículo segundo estableció
la naturaleza jurídica de la entidad en los siguientes términos:
ARTICULO 2.- NATURALEZA: El Instituto Financiero de Casanare - IFC es una
Empresa de Gestión Económica de carácter departamental, sometida al Régimen
Jurídico de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, contemplado en la
Ley 489 de 1998, dotada con personería jurídica, autonomía administrativa y
patrimonio propio y vinculada a la Secretarla de Desarrollo Económico, Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente.
71. Más adelante, el capítulo VI del referido acuerdo desarrolló el régimen de los
actos, contratos y personal. De esta manera, en lo que concierne a la contratación
del IFC, expuso lo que sigue:
ARTICULO 32.- RÉGIMEN DE CONTRATACION: El Instituto Financiero de
Casanare tendrá como régimen de contratación el derecho privado, los
presentes estatutos, el manual de contratación y los reglamentos internes de la
Entidad; lo anterior por encontrarse en competencia con el sector privado y el
artículo 14 de la Ley 1150 de 2007.
72.
De acuerdo con lo anterior, se observa que la Junta Directiva del Instituto
Financiero del Casanare determinó que en materia contractual la entidad estará
sometida a la normativa del derecho privado, debido a que su actividad comercial
se encontraba en competencia con entidades pertenecientes al sector privado, de
14
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conformidad con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007.
73. Lo expuesto es una situación que guarda relación con lo previsto en el artículo
93 de la Ley 489 de 1998, el cual establece el régimen de actos y contratos de las
empresas industriales y comerciales del Estado, así: «Los actos que expidan las
empresas industriales y comerciales del Estado para el desarrollo de su actividad
propia, industrial o comercial o de gestión económica se sujetaran a las
disposiciones del derecho privado. Los contratos que celebren para el cumplimiento
de su objeto se sujetaran a las disposiciones del Estatuto General de Contratación
de las entidades estatales».
74. Posteriormente, el artículo 14 de la Ley 1150 del 200727, con el fin de aclarar la
situación planteada en la norma anterior, dispuso que las empresas industriales y
comerciales del Estado estarían sometidas al Estatuto General de Contratación de
la Administración Pública (Ley 80 de 1993), con excepción de aquellas que
desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado o público,
nacional o internacional o en mercados regulados o en mercados monopolísticos,
que se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus
actividades económicas y comerciales.
75. Esta norma fue reproducida por el artículo 93 de la Ley 1474 del 201128, salvo
para aquellas empresas que desarrollan su actividad en mercados monopolísticos,
a las que, nuevamente, se le hizo aplicable el Estatuto de Contratación.
76. Aunado a lo anterior, cabe mencionar que el artículo 15 de la Ley 1150 de 2007
modificó el parágrafo 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en el sentido de indicar
que el régimen contractual de las entidades que prestan sus servicios en el sector
financiero no estará sujetas a las disposiciones del Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública y se regirán por las disposiciones legales
y reglamentarias aplicables a dichas actividades, en los siguientes términos:
ARTÍCULO 15. DEL RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS
ESTATALES. El parágrafo 1o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, quedará así:
27
ARTÍCULO 14. DEL RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO,
LAS SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA, SUS FILIALES Y EMPRESAS CON PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DEL
ESTADO. <Artículo modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> Las Empresas
Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades de Economía Mixta en las que el Estado tenga participación superior
al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades entre Entidades Públicas con participación mayoritaria del Estado
superior al cincuenta por ciento (50%), estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública,
con excepción de aquellas que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o público, nacional
o internacional o en mercados regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables
a sus actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13 de la presente ley. Se exceptúan los
contratos de ciencia y tecnología, que se regirán por la Ley 29 de 1990 y las disposiciones normativas existentes.
28
ARTÍCULO 93. DEL RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO,
LAS SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA, SUS FILIALES Y EMPRESAS CON PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DEL
ESTADO. Modifíquese el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, el cual quedará así:
Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades de Economía Mixta en las que el Estado tenga
participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades entre Entidades Públicas con participación
mayoritaria del Estado superior al cincuenta por ciento (50%), estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública, con excepción de aquellas que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector
privado y/o público, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales
y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13 de la
presente ley. Se exceptúan los contratos de ciencia y tecnología, que se regirán por la Ley 29 de 1990 y las disposiciones
normativas existentes.
15
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“Artículo 32.
(...)
“Parágrafo 1o. Los Contratos que celebren los Establecimientos de Crédito, las
compañías de seguros y las demás entidades financieras de carácter estatal, no
estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública y se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables a dichas actividades.
En todo caso, su actividad contractual se someterá a lo dispuesto en el artículo 13 de
la presente ley”.
77. En este punto, conviene precisar que el motivo que tuvo el legislador para
establecer dicha excepción en la Ley 1150 de 2007, se fundamentó en lo siguiente:
Los artículos 12 y 13 del proyecto de ley señalan los principios y límites a que debe
someterse la actividad contractual de entidades estatales que por la naturaleza de la
función o de los servicios que prestan, requieren de procedimientos contractuales que
les permitan competir en igualdad de condiciones con los particulares. En ese sentido
el proyecto permite que quienes como entidades públicas tienen objetos de naturaleza
comercial, industrial o financiera, rijan su actividad por las normas de la misma en aras
de su competitividad, pero que ello no sirva de excusa a la aplicación de los fines de
la función pública, ni mucho menos a la universalidad del sistema de inhabilidades e
incompatibilidades para contratar con el Estado.29
78. Por lo hasta aquí consignado, es posible advertir que la determinación de
someter parcialmente a las empresas industriales y comerciales del Estado al
régimen de derecho privado, se ha justificado por «la necesidad de que en su
actividad industrial y comercial, tradicionalmente ajena al Estado y propia de los
particulares, ellas actúen en términos equivalentes a éstos cuando realicen
actividades similares, sin tener prerrogativas exorbitantes que atenten contra el
derecho a la igualdad ni estar sujetas a procedimientos administrativos que
entraben sus actuaciones y las pongan en situación de desventaja frente a sus
competidores […]. Por ello, la regla general es que en sus actos y contratos rijan
las normas de derecho privado, salvo en cuanto a sus relaciones con la
administración [otras Entidades Estatales – convenios o contratos
interadministrativos] y en aquellos casos en los que por expresa disposición legal
ejerzan alguna función administrativa, puesto que allí sí deberá dar aplicación a las
reglas de derecho público pertinentes [...]»30.
79. Lo anterior tiene fundamento en el principio de igualdad, ya que, si el Estado
desarrolla actividades similares a los particulares, debe actuar con la misma
eficacia y eficiencia que los sujetos de derecho privado. Al respecto, la
29
Gaceta del Congreso núm. 458 de 2005. Exposición de motivos de la Ley 1150 de 2007. Proyecto de Ley 20 de 2005
Senado, «[p]or medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993, y se dictan
otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos».
30
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de agosto de 2004, expediente núm. 12.342, actor: Sociedad Tronix
Ltda., reiterada en sentencia de 6 de febrero de 2006, expediente núm. 13.414. De igual manera, se puede ver: Consejo de
Estado, Saala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 15 de mayo de 2018, radicado núm. 11001-03-06-000-2017-00058-
00(2335).
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jurisprudencia de la sección tercera de esta corporación, al analizar los alcances
del artículo 93 de la Ley 489 de 1998, dijo lo siguiente:
La razón de ser de la aplicación del régimen de derecho privado a estas entidades
radica en la necesidad de que en su actividad industrial y comercial, tradicionalmente
ajena al Estado y propia de los particulares, ellas actúen en términos equivalentes a
éstos cuando realicen actividades similares, sin tener prerrogativas exorbitantes que
atenten contra el derecho a la igualdad ni estar sujetas a procedimientos
administrativos que entraben sus actuaciones y las pongan en situación de
desventaja frente a sus competidores.
Se trata pues, de que sus actividades de explotación industrial o comercial se
desarrollen con las mismas oportunidades y las mismas ventajas o desventajas que
las adelantadas por aquellos, sin que influya para nada su investidura de entidad
estatal; que puedan actuar como particulares, frente a las exigencias de la economía
y del mercado31.
80. En la misma línea, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado se pronunció sobre el régimen aplicable a los actos y contratos de las
empresas industriales y comerciales del Estado y reiteró lo dicho en la sentencia
del 19 de marzo de 202132 (expediente 51363), sobre la aplicación del régimen de
derecho privado a las referidas entidades estatales, en los siguientes términos:
[l]a Sala destacó que sus inicios las EICE fueron concebidas para desarrollar
actividades de naturaleza industrial o comercial en igualdad de condiciones con los
particulares, por lo cual, cuando están en desarrollo de tales actividades, no están
prevalidas de prerrogativas exorbitantes y, correlativamente, tampoco están sometidas
a procedimientos administrativos que vuelvan engorrosas sus actuaciones y que las
pongan en situación de desventaja frente a sus competidores33; de ahí que el legislador
haya dispuesto que, por regla general, el régimen legal de sus actos y contratos es el
de derecho privado, de manera que “ninguna prerrogativa les permite a estas entidades
superponerse a sus competidores, pues en el juego económico al que incursionan, el
Estado es un partícipe más, independientemente de que a su gestión le sean aplicables
los principios de la función administrativa y de responsabilidad fiscal”.
La Sala precisó que, si bien, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del
artículo 2 de la Ley 80 de 1993, las EICE están sometidas a las normas que gobiernan
el denominado contrato estatal, esa misma ley, atendiendo al objeto y naturaleza
jurídica de su actividad, estableció en su artículo 14 un trato diferencial respecto de
ellas, al señalar que “en los contratos que tengan por objeto actividades comerciales o
industriales de las entidades estatales (…) se prescindirá de la utilización de las
cláusulas o estipulaciones excepcionales”, sin que esto desdiga de su condición de
contrato estatal, pues esta categoría no se define por el régimen legal aplicable, sino
por la naturaleza del sujeto que lo suscribe.
Subrayó que en la Ley 489 de 1998 el legislador reiteró que las EICE son organismos
que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial conforme a las reglas
31
Ibidem.
32
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 19 de marzo de 2021, expediente núm. 51363
33
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 19 de agosto de 2004, expediente núm. 12.342., reiterada en sentencia
de 6 de febrero de 2006, expediente núm. 13414 M.P. Ramiro Saavedra Becerra.
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del derecho privado, salvo las excepciones que consagre la ley, e incluyó en tal régimen
la actividad de gestión económica de esas empresas; con base en lo cual se concluyó
que las actividades que desarrollan están sujetas a la ley (derecho civil y comercial), a
la norma que las creó o autorizó y a sus estatutos internos, sin perjuicio de que, además
de las actividades o actos allí previstos, están facultadas para “desarrollar y ejecutar
todos aquellos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto asignado” 34, por lo
que, en esa misma línea, dicha normativa en su artículo 93 dispuso que “[l]os actos que
expidan las empresas industriales y comerciales del Estado para el desarrollo de su
actividad propia, industrial o comercial o de gestión económica se sujetarán a las
disposiciones del Derecho Privado.”
La Sala hizo énfasis en la coherencia que existe entre las referidas normas de la Ley
489 de 1998 y las que fueron introducidas posteriormente al ordenamiento jurídico a
través de la Ley 1150 de 2007 en relación con ese tipo de entidades públicas,
específicamente, en cuanto en su artículo 1435 dispuso que las EICE no se encuentran
sometidas en su actividad contractual al Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública cuando quiera que “desarrollen actividades comerciales en
competencia con el sector privado y/o público, nacional o internacional o en mercados
regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables a sus actividades económicas y comerciales”, aunque, según lo dispuesto
en el artículo 13 ibidem, sí lo están a los “principios generales de la actividad contractual
para entidades no sometidas al estatuto general de contratación de la administración
pública”. Al respecto, señaló:
“57. Se observa, entonces, que la regla contenida en la Ley 1150 de
2007 de manera alguna excluye el principio fijado por la Ley 489 de
1998, en tanto esta última determina que los actos y contratos de las
EICE relacionados con su actividad propia de gestión económica y/o
industrial se sujetan a las reglas del derecho privado, mientras que la
primera es complementaria de ésta, al establecer que también se
sujetará a dichas reglas cualquier actividad comercial desarrollada en
competencia con los particulares o en mercados regulados.
“58. Lo anterior se explica desde una perspectiva teleológica, en la
medida en que las EICE son la expresión directa de una especial forma
de gestión de los asuntos a cargo del Estado en donde son requeridos
mecanismos e instrumentos jurídicos idóneos y habilitantes para la
adecuada realización de actividades de naturaleza industrial, comercial
y de gestión económica, dentro de los cuales se encuentra la sujeción
de sus actos y contratos a las normas mercantiles y civiles que les
permitan competir en las mismas condiciones que los particulares, sin
las estructuras rígidas asociadas a un régimen legal específico, como
corresponde a las reglas contractuales de las entidades públicas sujetas
al estatuto general de contratación del estado”.
34
“ARTICULO 86. AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. La autonomía administrativa y financiera de las
empresas industriales y comerciales del Estado se ejercerá conforme a los actos que las rigen; en el cumplimiento de sus
actividades, se ceñirán a la ley o norma que las creó o autorizó y a sus estatutos internos; no podrán destinar cualquier parte
de sus bienes o recursos para fines diferentes de los contemplados en la ley o en sus estatutos internos; además de las
actividades o actos allí previstos, podrán desarrollar y ejecutar todos aquellos que sean necesarios para el cumplimiento del
objeto asignado”.
35
Modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011.
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Accionados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Después de dejar sentado que, por regla general, el régimen de los actos y contratos
de las EICE se rigen por el derecho privado, la Sala advirtió que, excepcionalmente, se
gobiernan por el derecho público cuando se encuentran cumpliendo verdaderas
funciones administrativas, bien sea porque tales actos y contratos surjan en virtud de
sus relaciones con los demás entes públicos en cumplimiento del principio de
coordinación36 o cuando lo haga por expresa disposición legal.
81. Con base en lo anterior, es posible advertir que las empresas industriales y
comerciales del Estado, que estén en competencia con los particulares o actúen en
mercado regulados están exentas de contratar bajo el Estatuto de Contratación de
la Administración Pública, pues está se rige por las reglas del derecho privado, es
decir, la ley civil y la ley mercantil. Distinto es que, en aras de garantizar el interés
general o público, tales entidades estén obligadas a observar los principios de la
función administrativa (igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad), lo cual no significa que deban someterse a sus
procedimientos o modalidades de selección, siempre que garanticen la objetividad.
82. Conforme el anterior contexto normativo y jurisprudencial, en el asunto bajo
estudio, es dable colegir que el Instituto Financiero de Casanare (IFC), es una
empresa de gestión económica del orden departamental37 sometida al régimen
jurídico de las empresas industriales y comerciales del Estado, que por su
naturaleza jurídica, el objeto social que desarrolla y, el régimen contractual definido
en los artículos 5 y 32 de sus estatutos (Acuerdo 009 de 16 de agosto de 2022), se
encuentra en competencia con empresas del sector privado, que se dedican a esa
misma actividad en el «mercado».
83. Así las cosas, es claro que, en materia contractual, el accionante se rige por las
normas del derecho privado propias de su actividad comercial y por las
disposiciones del derecho público relacionadas con los principios de la función
administrativa previstos en el artículo 209 de la Constitución Política y la gestión
fiscal de que trata el artículo 267 ibídem.
84. Por lo expuesto, llama la atención de la Sala que el Tribunal Administrativo de
Casanare, al proferir el auto del 19 de junio de 2025, se haya limitado a examinar
el inciso inicial del artículo 93 de la Ley 489 de 1998 para concluir que el Instituto
Financiero de Casanare (IFC), por ser una institución de naturaleza publica, su
régimen contractual se sujetaba al Estatuto de Contratación de la Administración
Pública y, en consecuencia, estaba obligada a aportar el contrato de mutuo en el
cual se sustentaba la obligación crediticia que pretendía ejecutar.
85. Lo dicho, da cuenta de que la autoridad judicial accionada no solo pasó por alto
el contenido de los estatutos internos del IFC, sino que además omitió verificar el
marco normativo que regula la actividad contractual de las empresas industriales y
comerciales del Estado. Esto, no le permitió advertir que, el demandante, debido a
36
De acuerdo con el artículo 288 de la Constitución, las competencias deberán ejercerse conforme a los principios de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad, en los términos que establezca la ley.
37
Ley 489 de 1998 – […] ARTÍCULO 85.- Empresas industriales y comerciales del Estado. Las empresas industriales y
comerciales del Estado son organismos creados por la ley o autorizados por ésta, que desarrollan actividades de naturaleza
industrial o comercial y de gestión económica conforme a las reglas del Derecho Privado […]».
19
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su actividad comercial, se regía por las normas de derecho privado, para actuar en
competencia con las demás empresas del sector con las que pugna en el ejercicio
de objeto social.
86. Sobre el particular, es pertinente mencionar que, según lo dispuesto en los
artículos 222138 y 222239 del Código Civil basta con la entrega de la cosa dada en
préstamo para que se perfeccione el contrato de mutuo. Es decir, que en atención
a las normas del estatuto civil no es necesario que el acuerdo entre las partes
conste por escrito, para que se configure el negocio jurídico.
87. Bajo esta óptica, es claro que la autoridad judicial, omitió efectuar un estudio
integral de la normativa que regula el régimen contractual al que estaba sometido
el IFC, dada su condición empresa de gestión económica de carácter
departamental, y de los preceptos que regulan el contrato de mutuo, pues definió
la procedencia de la demanda ejecutiva promovida por el accionante, a partir de
una interpretación parcializada y restrictiva del artículo 93 de la Ley 489 de 1998.
88. De esta manera, se observa que el Tribunal accionado omitió realizar un
análisis sistemático de los artículos 85, 93 de la Ley 489 de 1998, en concordancia
con los artículos 14 de la Ley 1150 de 2007 y 93 de la Ley 1474 de 2011 y los
artículos 2221 y 2222 del Código Civil, con los cuales hubiese podido advertir que
se regía por las normas del derecho privado en material contractual para atender la
dinámica fluida de su actividad comercial y competir en similares condiciones con
las empresas del sector. De modo, que no le era exigible la obligación de aportar
en medio escrito el contrato de mutuo que sustentaba el negocio jurídico en el que
se expidió el pagaré núm. 4118897.
89.En efecto, una interpretación armónica de la normativa que regula la materia
permitía inferir que la ausencia del contrato escrito de mutuo no puede constituirse
en un elemento que limite el ejercicio del derecho de acción para reclamar el
cumplimiento de una obligación crediticia insoluta por la vía ejecutiva.
90.
En este punto, conviene mencionar que el defecto sustantivo se configura «[…]
(vi) cuando la decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma,
omitiendo el análisis de otras disposiciones aplicables al caso»40.
91. Así las cosas, se advierte que la autoridad accionada incurrió en un defecto
sustantivo y, en consecuencia, vulneró los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia del tutelante, en la medida en
que no realizó una adecuada interpretación integral de las normas que regulan el
régimen contractual de la entidad demandante.
38
ARTÍCULO 2221. <DEFINICIÓN DE MUTUO PRESTAMO DE CONSUMO>. El mutuo o préstamo de consumo es un
contrato en que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo de restituir otras tantas del
mismo género y calidad.
39
ARTÍCULO 2222. <PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO MUTUO>. No se perfecciona el contrato de mutuo sino por
la tradición, y la tradición transfiere el dominio.
40
Corte Constitucional, sentencia T-790 de 2010, criterio reiterado en sentencias T-510 de 2011, T-807 de 2004 y SU-063 de
2023.
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3.6.3. Las consideraciones de la Sala respecto al defecto procedimental
alegado por el actor
92. El accionante en el escrito de tutela manifestó que la providencia cuestionada
incurrió en un defecto procedimental, al exigir la presentación original del pagaré,
lo cual desconoció que el derecho sustancial prevalece sobre las formalidades
procesales.
93. Al respecto, se debe indicar que de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 3
del artículo 84 del Código General del Proceso, es un deber de la parte demandante
acompañar la demanda con «las pruebas extraprocesales y los documentos que se
pretenden hacer valer y se encuentren en poder del demandante», respecto de los
cuales se soportan sus pretensiones.
94. Así pues, en el caso de los procesos ejecutivos, se debe adjuntar el título que
pretende hacer valer y sobre el cual se soporta la obligación que se ejecuta. Dicha
regla tiene relación con la exigencia prevista en el artículo 624 del Código de
Comercio41, que establece la necesidad de exhibir el título valor cuando se busca
exigir el derecho en el incorporado.
95. En este punto, conviene aclarar que la labor de aportar los documentos que
deben acompañar la demanda antes de la emergencia sanitaria del 2020 (Covid-
19), sin reparo alguno se cumplía de manera física, adjuntándolos al escrito
introductorio del proceso y, de esa manera, se materializaba la exigencia prevista
por el legislador; sin embargo, dicha práctica se modificó con la expedición del
Decreto 806 de 2020, normativa que impulsó el uso de las tecnologías de la
información y comunicaciones.
96. El propósito del legislador con la adopción de la modalidad virtual en el servicio
público de administración de justicia no fue otra que facilitar y flexibilizar la atención
del usuario, así como propender por la celeridad de las actuaciones judiciales, sin
sacrificar los principios rectores que operan en nuestro ordenamiento jurídico.
97.
Si bien, es un deber del ejecutante exhibir el título valor que pretende hacer
valer ante la autoridad judicial, tal y como lo establece el artículo 624 del Código de
Comercio, no se puede desconocer que esta labor deberá sujetarse a las
previsiones establecidas en el Decreto 806 de 2020, hoy acogido por la Ley 2213
de 2022, el cual en su artículo 6 modificó la forma en como el escrito de demanda
y sus anexos deben ser presentados al juez, así:
ARTÍCULO 6°. DEMANDA. La demanda indicará el canal digital donde deben ser
notificadas las partes, sus representantes y apoderados, los testigos, peritos y
cualquier tercero que deba ser citado al proceso, so pena de su inadmisión. No
obstante, en caso que el demandante desconozca el canal digital donde deben ser
41
ARTÍCULO 624. <DERECHO SOBRE TÍTULO-VALOR>. El ejercicio del derecho consignado en un título-valor requiere la
exhibición del mismo. Si el título es pagado, deberá ser entregado a quien lo pague, salvo que el pago sea parcial o sólo de
los derechos accesorios. En estos supuestos, el tenedor anotará el pago parcial en el título y extenderá por separado el recibo
correspondiente. En caso de pago parcial el título conservará su eficacia por la parte no pagada.
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notificados los peritos, testigos o cualquier tercero que deba ser citado al proceso,
podrá indicarlo así en la demanda sin que ello implique su inadmisión.
Asimismo, contendrá los anexos en medio electrónico, los cuales corresponderán a los
enunciados y enumerados en la demanda.
Las demandas se presentarán en forma de mensaje de datos, lo mismo que todos sus
anexos, a las direcciones de correo electrónico que el Consejo Superior de la
Judicatura disponga para efectos del reparto, cuando haya Iugar a este.
De las demandas y sus anexos no será necesario acompañar copias físicas, ni
electrónicas para el archivo del juzgado, ni para el traslado.
[…].
98. De acuerdo con lo anterior, es evidente que el legislador (i) eliminó
expresamente la exigencia de aportar de manera física el escrito de la demanda y
sus anexos y, (ii) ninguna excepción a dicha regla hizo dirigida a indicar, por lo
menos, que en los procesos ejecutivos debía allegarse en físico el original del título
ejecutivo siendo aquel requisito indispensable para la admisión de la demanda; por
lo tanto, no existe razón jurídica o sustento normativo que permita advertir que
aquella carga se constituyera como causal de inadmisión o rechazo de la demanda
en caso que el ejecutante se rehusara aportarlo de forma física.
99. Sobre el particular, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,
en la sentencia STC 23922022, de fecha 2 de marzo de 202242, explicó lo siguiente:
En efecto, para cumplir con el deber de aportación de los anexos, dispuesto en el
Código General del Proceso (art. 84), el canon 6° del Decreto Legislativo 806 de 2020
dispuso que los mismos debían ser presentados «en forma de mensaje de datos» junto
con la demanda y que de ellos «no será necesario acompañar copias físicas, ni
electrónicas», de lo que emerge con facilidad que, al menos en la etapa inicial del
ejecutivo, la exhibición física del título valor comporta una ritualidad excesiva que
contraría el precepto legal en comento.
Y es que, en verdad, como la ley exige al ejecutante que presente sus anexos mediante
mensaje de datos, no le queda opción distinta que i). digitalizar su título para
acompañarlo al libelo a fin de demostrar la existencia de la prestación que pretende
efectivizar y, ii). conservar la tenencia del documento físico conforme se lo impone el
numeral 12 del artículo 78 del estatuto adjetivo según el cual es deber de las partes y
sus apoderados «[a]doptar las medidas para conservar en su poder las pruebas y la
información contenida en mensajes de datos que tenga relación con el proceso y
exhibirla cuando sea exigida por el juez (…)» para efectos de la posible contradicción
pedida por el deudor.
[…]
42
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 2 de marzo de 2022, radicado STC2392-2022 (68001-22-
13-000-2021-00682-01).
22
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En definitiva, quien pretenda la ejecución de un documento físico que preste mérito
ejecutivo deberá digitalizarlo y adjuntarlo a su demanda. También deberá manifestar
que conservará su tenencia y que lo custodiará hasta el momento en que se realice el
respectivo pago, momento en el que lo entregará a quien honre la prestación. Lo
anterior, sin perjuicio de que deba exhibirlo presencialmente -con el fin de garantizar el
trámite de las eventuales defensas expuestas- a quien corresponda, por orden del juez,
a petición del ejecutado, y dentro del término y forma que la autoridad judicial estime
necesario. Lo anterior, como se dijo, bajo pena de que se frustre la aspiración judicial
de pago ante la falta de tenencia del instrumento originario del crédito.
100. Así las cosas, comoquiera que el ordenamiento jurídico procesal, actualmente,
no exige que se aporte de manera física el original del título ejecutivo o título valor
que se hace valer como sustento de la ejecución, resulta claro que la exigencia de
este requisito resulta desproporcionado, dadas las condiciones actuales en las que
se desarrolla la actividad de las personas con la administración de justicia
101. En este punto, es oportuno manifestar que el principio constitucional de
prevalencia de lo sustancial sobre lo formal, desarrollado en los artículos 11 y 12
del Código General del Proceso, establece de manera general las siguientes reglas
interpretativas de las normas procesales:
Artículo 11. Interpretación de las normas procesales. Al interpretar la ley procesal,el
juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de
los derechos reconocidos por la ley sustancial. Las dudas que surjan en la
interpretación de las normas del presente código deberán aclararse mediante la
aplicación de los principios constitucionales y generales del derecho procesal
garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de
las partes y los demás derechos constitucionales fundamentales. El juez se abstendrá
de exigir y de cumplir formalidades innecesarias. [Negrilla fuera del texto]
Artículo 12. Vacíos y deficiencias del código. Cualquier vacío en las disposiciones
del presente código se llenará con las normas que regulen casos análogos. A falta de
estas, el juez determinará la forma de realizar los actos procesales con observancia de
los principios constitucionales y los generales del derecho procesal, procurando hacer
efectivo el derecho sustancial.
102.
El contenido de las citadas normas permite advertir que, con base en el principio
de supremacía de la Constitución (artículo 4), las normas procesales con las que
se rigen las actuaciones judiciales deben interpretarse en consonancia con los
principios constitucionales, entre estos, el principio de prevalencia del derecho
sustancial. Esto es así, por cuanto la finalidad de la ley procesal, en concordancia
con el derecho de acceso a la administración de justicia, no es otra que la garantía
de una verdadera tutela judicial efectiva.
103.
Al respecto, la jurisprudencia constitucional se ha pronunciado sobre el principio
de prevalencia del derecho sustancial, como garantía del derecho al debido
proceso, en los siguientes términos:
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00021-00 (34)
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[…] por disposición del artículo 228 Superior [sic], las formas no deben convertirse en
un obstáculo para la efectividad del derecho sustancial, sino que deben propender por
su realización. Es decir, que las normas procesales son un medio para lograr la
efectividad de los derechos subjetivos y no fines en sí mismas. Ahora bien, con
fundamento en elderecho de acceso a la administración de justicia y en el principio de
la prevalencia del derecho sustancial, esta corporación ha sostenido que en una
providencia judicial puede configurarse un defecto procedimental por “exceso ritual
manifiesto” cuando hay una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente
en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las normas procesales43.
104. Ahora, si bien las normas procesales han sido instituidas para garantizar el
derecho al debido proceso, no pueden convertirse en un límite infranqueable para
la consecución del derecho subjetivo en discusión. Por expresa disposición
constitucional y legal, el principio de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal es
una norma rectora, y de obligatoria observancia para las autoridades judiciales. De
manera que, cuando un juez adopta una decisión que desconoce el citado principio
vulnera el derecho fundamental al debido proceso de la parte.
105. En este orden de ideas, se observa que la decisión del Tribunal Administrativo
de Casanare al exigir requisitos sin tener en cuenta que la norma procesal actual
flexibiliza la forma de aportar el titulo valor al proceso ejecutivo, incurrió en un
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto que lesionó las garantías
fundamentales del accionante.
106. Este defecto encuentra fundamento en los artículos 29 y 228 de la Constitución,
en cuyo contenido no solo se establece la garantía del derecho al debido proceso
y de acceso efectivo a la administración de justicia, sino que además prevé el
principio de prevalencia del derecho sustancial en las actuaciones judiciales. Dicha
consideración jurídica ha permitido concluir que las normas procesales son «un
medio para la realización efectiva de los derechos de los ciudadanos»44 y no pueden
constituirse en una barrera de acceso a la garantía de aplicación y protección del
derecho sustancial.
107.
Así las cosas, se concluye que la providencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Casanare vulneró los derechos fundamentales invocados por el
accionante, en cuanto desconoció la garantía de acceso a la administración de
justicia y el debido proceso.
4. Conclusión
108. La Subsección amparará los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia del Instituto Financiero de Casanare (IFC); y dejará sin
efectos el auto del 19 de junio de 2025, proferido por el Tribunal Administrativo del
Casanare.
109. En consecuencia, se ordenará a la autoridad judicial accionada que en un
43
Corte Constitucional, sentencia T-154 de 2018.
44
Ibidem.
24
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00021-00 (34)
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término de 20 días contados a partir de la notificación de esta decisión emita una
nueva providencia, en la que resuelva el recurso de apelación interpuesto contra el
auto de primera instancia dentro del expediente con radicado núm. 85001-33-33-
005-2025-00054-00/01, de acuerdo con las consideraciones expuestas en esta
providencia.
110. Adicionalmente, se exhortará al Tribunal Administrativo del Casanare para
que, en lo sucesivo, al decidir asuntos similares tenga en cuenta las consideraciones
normativas y jurisprudenciales expuestas en esta providencia.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla
Primero: Conceder el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y
al acceso a la administración de justicia del Instituto Financiero de Casanare (IFC),
por los motivos expuestos en esta decisión.
Segundo: Dejar sin efectos el auto del 19 de junio de 2025, proferido por el
Tribunal Administrativo de Casanare, dentro del expediente con radicado núm.
85001-33-33-005-2025-00054-01, en atención a las razones expresadas en esta
decisión.
Tercero: Ordenar al Tribunal Administrativo de Casanare que, en el término de
veinte (20) días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia,
profiera una nueva decisión en la que atienda lo indicado en la parte considerativa
de esta providencia.
Cuarto: Exhortar al Tribunal Administrativo del Casanare para que, en lo sucesivo,
al decidir asuntos similares tenga en cuenta las consideraciones normativas y
jurisprudenciales expuestas en esta providencia.
Quinto: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Sexto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si
no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
25
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00021-00 (34)
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
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