Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03928-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03928-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03928-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
14 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Catorce (14) de Julio de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2026-03928-001
Accionante : Instituto Financiero de Casanare - IFC
Accionados : Tribunal Administrativo de Casanare y Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Yopal
Vinculados : Gladys Piedad Moreno Cañizales y Juzgado Segundo Civil
Municipal de Yopal
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial – título ejecutivo derivado
de pagaré suscrito por entidad pública
Decisión : Sentencia de primera instancia
Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela
incoada por el Instituto Financiero de Casanare – IFC, a través de su representante
legal, contra el Tribunal Administrativo de Casanare y el Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Yopal, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico.
1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por el actor frente a la vulneración alegada. Luego, se revisará lo relativo a la
procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se resolverá lo pertinente en torno
a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
1.2 La demanda de tutela
2. El Instituto Financiero de Casanare – IFC, a través de su representante legal,
interpuso la presente acción de tutela con el fin de obtener la protección de los
1 Expediente digital disponible en Samai.
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derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, presuntamente vulnerados por el Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare y, dentro del proceso
ejecutivo con radicado núm. 850013333-005-2025-00113-00.
3. Por consiguiente, solicitó:
«[…] SEGUNDO: En consecuencia, declarar sin valor ni efecto el auto de fecha 13 de Mayo
de 2025 emitido por el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL,
así como la decisión que desato la apelación, proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE CASANARE en fecha 22 de enero de 2026, dentro del medio de control 850013333-
005-2025 00113-00, por encontrarse tales decisiones afectadas por indebida valoración
probatoria al restarle merito ejecutivo al pagare 4114729 y exceso ritual manifiesto al exigir
adosar al expediente un contrato de mutuo con la ritualidad de constar por escrito, ajena a
este tipo de contratos de régimen civil, y tener por no aportado el original del pagare, pese
a que obra en el expediente físico que reposa en el Juzgado Segundo Civil Municipal; así
como por defecto sustancial dado el sacrificio del derecho sustancial y el desconocimiento
de precedente judicial vertical y por esa vía cercenar injustamente los derechos
fundamentales al Debido Proceso y al Acceso a la Administración de Justicia del INSTITUTO
FINANCIERO DE CASANARE - IFC.
TERCERO: Que se ordene a los accionados JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE YOPAL y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE, que en lo de su
competencia, en el impostergable término de 48 horas, contadas a partir de la notificación
del fallo de tutela, rehacer las actuaciones procesales censuradas, para que en su lugar el
JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL, libre mandamiento de
pago y/o ordene seguir adelante en la ejecución, y mantenga las medidas cautelares a favor
del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE y en contra del demandado GLADYS
PIEDAD MONTERO CAÑIZALES, dentro del proceso ejecutivo 850013333-005-2025-
00113-00, adelante el proceso hasta su finalización, y se abstenga de exigir requisitos
innecesarios en este tipo de procesos.
CUARTO. Que se ordene que el presente fallo tenga efecto Inter comunis o se extienda,
respecto de los procesos ejecutivos que cursen en los Juzgados Administrativos de Yopal,
en los que sea demandante el INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE, y en los que se
desconozca el pagare como título ejecutivo autónomo, existan similares supuestos fácticos
y jurídicos o que se presente análogas circunstancias, así como ordenar al JUZGADO
QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL y al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CASANARE, que en lo de sucesivo se abstengan de incurrir en las
conductas que dieron origen a la presente acción..».
1.3 Hechos2.
4. El Instituto Financiero de Casanare – IFC explicó que, es una empresa comercial
y de gestión económica del Departamento de Casanare3, cuyo régimen de actos y
2 Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 00002.
3 Creada mediante el Decreto 107 de 1992 y modificada por el Decreto 073 de 2002
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contratos se rige por los artículos 85 y 93 de la Ley 489 de 1998 y el artículo 14 de
la Ley 1150 de 2007.
5. Refirió que, el accionante tiene por objeto el fomento del desarrollo económico
y social del Departamento de Casanare a través de la prestación de servicios
financieros, empresariales y de gestión de proyectos. En tal medida, dentro de su
giro ordinario de negocios y conforme a las reglas del derecho privado, otorga
créditos de fomento y educativo a personas de escasos recursos.
6. En ese orden, le otorgó a la señora Gladys Piedad Moreno Cañizales un crédito
respaldado con el pagaré núm. 4114729 del Veintidós (22) de Octubre de Dos Mil
Trece (2013), por valor de $ 10.000.000, y con la respectiva carta de
instrucciones.
7. Ante la mora en el pago de la obligación, el actor presentó demanda ejecutiva
singular de mínima cuantía, la cual, correspondió por reparto al Juzgado Segundo
Civil Municipal de Yopal.
8. En el marco del proceso coercitivo, mediante auto del Once (11) de Agosto de
Dos Mil Dieciséis (2016), el referido Juzgado libró mandamiento de pago por la
suma de $ 4.967.031 a favor del Instituto Financiero de Casanare, y decretó
medidas cautelares. Posteriormente, en providencia del Dieciséis (16) de Febrero
de Dos Mil Diecisiete (2017) ordenó seguir adelante la ejecución.
9. Sin embargo, en auto del Dieciocho (18) de Noviembre de Dos Mil Veinticuatro
(2024), dicho juzgado declaró la falta de jurisdicción y ordenó remitir el proceso a
los juzgados administrativos, por lo que, el asunto le correspondió al Juzgado
Quinto Administrativo del Circuito de Yopal, con el radicado 850013333-005-2025-
00113-00.
10. Este Despacho, en auto del Trece (13) de Mayo de Dos Mil Veinticinco (2025),
se abstuvo de continuar con la ejecución solicitada por el Instituto Financiero de
Casanare y ordenó el levantamiento de las medidas cautelares, al considerar que,
la parte ejecutante no acreditó la existencia de un título ejecutivo complejo,
comoquiera que, únicamente allegó el pagaré, la carta de instrucciones y el
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estado de cuenta del crédito, sin aportar el contrato de mutuo.
11. Contra dicha decisión, el accionante interpuso recurso de reposición y, en
subsidio, de apelación. Mediante auto del Once (11) de Diciembre de Dos Mil
Veinticinco (2025), el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Yopal
mantuvo incólume la decisión y concedió el recurso de apelación.
12. El Tribunal Administrativo de Casanare, en providencia del Veintidós (22) de
Enero de Dos Mil Veintiséis (2026), desató la alzada en el sentido de confirmar la
decisión de primera instancia. Para tal efecto, consideró que, en atención a la
naturaleza jurídica del Instituto Financiero de Casanare como empresa industrial
y comercial del Estado, el negocio jurídico subyacente al pagaré corresponde a
un contrato estatal, respecto del cual, se requería acreditar su existencia por
escrito, en los términos del artículo 75 de la Ley 80 de 1993.
13. Refirió que, la anterior decisión no fue unánime, pues, cuenta con un
salvamento de voto que, a su juicio, hace un análisis profundo, ponderado y
sistemático de la cuestión jurídica planteada, en el cual, se consideró que, el
pagaré es ejecutable en la jurisdicción administrativa sin que sea exigible el
contrato de mutuo.
14. La parte accionante expuso que, las decisiones adoptadas por el Juzgado
Quinto Administrativo del Circuito de Yopal y el Tribunal Administrativo de
Casanare incurrieron en defecto por indebida valoración probatoria, exceso ritual
manifiesto y violación directa de la Constitución, al exigir la acreditación de un
título ejecutivo complejo que, en su criterio, no resulta necesario tratándose de un
pagaré derivado de un contrato de mutuo regido por el derecho privado.
15. Adicionalmente, aseveró que, desde el Treinta (30) de Enero de Dos Mil
Veinticinco (2025), el Tribunal accionado ha emitido 257 providencias que niegan
el mandamiento de pago, en similares términos a los expuestos anteriormente.
II. TRÁMITE PROCESAL
16. Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto de
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Veintisiete (27) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026), admitió la presente acción de
tutela. En dicha decisión se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Casanare
y al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Yopal, para que informaran sobre
el conocimiento que tuvieran de los hechos y remitieran la documentación
pertinente, y se dispuso vincular a la señora Gladys Piedad Moreno Cañizales y al
Juzgado Segundo Civil Municipal de Yopal, en los términos del artículo 13 del
Decreto 2591 de 1991.
2.1 Contestaciones de la acción
17. 2.1.1 El Tribunal Administrativo de Casanare 4 se opuso a la prosperidad del
amparo. Señaló que, la providencia del Veintidós (22) de enero de Dos Mil
Veintiséis (2026) se sustentó en el análisis del material probatorio allegado y en la
normatividad aplicable, en atención a que, por su naturaleza de empresa industrial
y comercial del Estado, los contratos que celebra el Instituto Financiero de
Casanare deben constar por escrito, conforme al artículo 39 de la Ley 80 de 1993,
por lo que se requería la prueba de la existencia del contrato de mutuo en los
términos del artículo 75 ibidem.
18. Además, citó decisiones del Consejo de Estado5 para argumentar que, la
controversia planteada corresponde a un debate de índole probatoria y de
interpretación normativa, ajeno al ámbito constitucional, que no puede reabrirse por
vía de tutela sin desconocer los principios de autonomía judicial y cosa juzgada.
19. 2.1.2. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Yopal remitió el
enlace de acceso al expediente digital del proceso ejecutivo con radicado
850013333-005-2025-00113-00, sin allegar pronunciamiento adicional sobre los
hechos que motivan la acción.
20. La señora Gladys Piedad Moreno Cañizales y el Juzgado Segundo Civil
Municipal de Yopal no allegaron pronunciamiento sobre los hechos objeto de la
acción de tutela.
4 Índice 00016, Samai
5 Sentencia del Veintisiete (27) de Noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025) (rad. 11001-03-15-000-2025-
06405-00); sentencia de Veintiocho (28) de Enero de Dos Mil Veintiséis (2026) (rad. 11001-03-15-000-2025-
05581-01); y la sentencia del Diecisiete (17) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026) (rad. 11001-03-15-000-2026-
01285-00
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III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia
21. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en
virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de
2017 y 333 de 2021.
3.2. Cuestión preliminar - La providencia objeto de estudio
22. La Sala considera pertinente aclarar que, si bien el escrito de tutela se dirige a
cuestionar tanto la providencia proferida por el Juzgado Quinto Administrativo de
Yopal que se abstuvo de continuar con el ejecutivo, así como, la del Tribunal
Administrativo del Casanare que confirmó dicha determinación, el estudio se
enfocará únicamente en esta última.
23. Lo anterior, en atención a la naturaleza residual y subsidiaria de la acción de
tutela, aunado al carácter excepcional y restrictivo de la procedencia de este
mecanismo para cuestionar providencias judiciales. En tal medida, le corresponde
a este Cuerpo Colegiado establecer si el auto que desató la alzada incurrió en una
de las causales específicas decantadas por la jurisprudencia constitucional, pues,
de lo contrario, se convertiría en una instancia adicional.
24. En consecuencia, el estudio del presente asunto se centrará en la providencia
de segunda instancia expedida el Veintidós (22) de Enero de esta anualidad por el
Tribunal Administrativo de Casanare, toda vez que, esta decisión fue la que puso
fin a la actuación judicial promovida por el Instituto Financiero de Casanare.
3.3. Problema jurídico
25. Se contrae a determinar si el auto del Veintidós (22) de Enero de Dos Mil
Veintiséis (2026), proferido por el Tribunal Administrativo de Casanare incurrió en
defecto sustantivo de suerte que, haya vulnerado el debido proceso del accionante.
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3.4 La acción de tutela contra providencias judiciales
26. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional6 y de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado7, es posible acudir
a la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando
estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este
contexto, se han estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, generales y específicos, los cuales, deben
satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede
someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si
con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.
27. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
28. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
6 Sentencia C-590 de 2005.
7 Sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth
García González.
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en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo a adoptar una decisión que afecta derechos
fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede
cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en
eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se
trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.
29. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que, (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, en la medida en que recae, a juicio del actor,
en una indebida aplicación normativa frente a la imputación del pago en un proceso
ejecutivo, al haberse tenido en cuenta el valor retenido en la fuente a pesar que el
deudor no es contribuyente de renta, lo cual, de comprobarse, conllevaría a la
vulneración de su derecho fundamental al debido proceso; (ii) contra la decisión
objeto de censura no procede recurso alguno; (iii) se establecieron los hechos que
originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el
requisito de inmediatez se satisface, teniendo en cuenta que entre la providencia
censurada y la presentación de la tutela no ha transcurrido más de seis (6) meses;
y (v) el fallo acusado no es de tutela.
30. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo
del asunto bajo causal específica de defecto sustantivo, de la acción de tutela
contra providencia judicial8.
8 Si bien el accionante invocó también los defectos fáctico y procedimental, lo cierto es que, sus argumentos
se concretan en la misma inconformidad, la indebida aplicación normativa que le rige, dada su naturaleza de
Empresa Industrial y Social del Estado regido por derecho privado, de modo que, solo se estudiará el defecto
sustantivo.
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3.4.1. Defecto sustantivo
31. Sea lo primero precisar que el artículo 230 de la Constitución Política prevé que
los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato,
las autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las
normas que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.
32. La jurisprudencia constitucional9 ha estimado que la providencia judicial
proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado
defecto sustantivo, que se configura cuando la controversia es decidida con
fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue
derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con
el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente
se omite aplicarla. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo:
Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o yerro en
una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación de las
disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el defecto dé lugar
a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de alta
trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o lesione la efectividad de
los derechos constitucionales10.
3.5 Caso concreto
33. En el presente asunto, la Sala observa que, la inconformidad del accionante se
concreta en la presunta vulneración de sus derechos fundamentales con ocasión
de la providencia de Veintidós (22) de Enero de Dos Mil Veintiséis (2026) proferida
por el Tribunal Administrativo de Casanare, por medio de la cual, confirmó la
decisión de abstenerse de continuar con la ejecución, ya que, considera que, se
apartó de la normatividad aplicable, al exigir la integración del título ejecutivo
complejo con el contrato de mutuo lo que desconoce la exigibilidad ejecutiva del
pagaré báculo de la ejecución.
3.5.1 De la decisión atacada
9 Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
10 Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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34. De la revisión efectuada a la providencia cuestionada, se observa que, el Tribunal
accionado confirmó la providencia que puso fin al proceso ejecutivo por no haberse
acreditado la conformación del título complejo con el contrato de mutuo celebrado,
para lo cual, consideró lo siguiente:
[…] De conformidad con lo señalado en el numeral 3° del artículo 297 del CPACA prestarán
mérito ejecutivo los contratos, los documentos en que consten sus garantías y si de ellos se
desprende una obligación clara, expresa y exigible, conforme lo dispone el artículo 422 del
CGP, que permita librar mandamiento de pago con fundamento en los mismos. Así las cosas,
en el proceso ejecutivo originado en un contrato celebrado por entidad estatal, se debe
verificar si los documentos aportados configuran título ejecutivo y en caso afirmativo, si este
resulta simple o complejo.
En este asunto el Instituto Financiero de Casanare pretende ejecutar el pagaré No. 4114729
del 22 de octubre de 2013 suscritos por ejecutado (SIC) a favor del Instituto, los cuales
considera ser constitutivos del contrato de mutuo celebrado con Gladys Piedad Moreno
Cañizales.
Se precisa que, siendo el contrato de mutuo un acuerdo de voluntades en el que deben quedar
plasmadas las obligaciones tanto del mutuante como del mutuario y que teniendo la
contratante la calidad de entidad pública, por disposición del artículo 75 de la Ley 80 de 1993,
para librar el mandamiento de pago, se requiere el título ejecutivo esté integrado no solo por
el pagaré sino por el contrato de mutuo en el que el Instituto Financiero de Casanare debe
expresar su consentimiento en los términos del contrato.
No obstante, se aporta el título valor, esto es, pagaré suscrito por el deudor a favor del IFC
para garantizar todas las obligaciones crediticias contraídas por el ejecutado, pero dicho
documento no corresponde al contrato de muto (SIC) y del clausulado de este no se
desprende su existencia, ni los términos y condiciones en las que se obligan cada una de las
partes, razón por la cual para la conformación del título ejecutivo se requiere el contrato de
mutuo.
Es del caso reiterar la naturaleza jurídica de la parte ejecutante, señalando que, el Instituto
Financiero de Casanare es una empresa de Gestión Económica de carácter departamental,
sometida al régimen jurídico de las empresas industriales y comerciales del Estado,
contemplado en la Ley 489 de 1998; por ende, los contratos que celebre para el desarrollo de
su objeto se sujetan a las disposiciones del Estatuto General de la Contratación de las
entidades estatales, tal como lo preceptúa el artículo 93 ibidem, es decir, que los contratos
deben constar por escrito en aplicación a dispuesto en el artículo 39 de la Ley 80 de 1993,
justamente porque el negocio jurídico subyacente al título ejecutivo que pretende ejecutarse
es un contrato estatal se requiere prueba de su
existencia, pues estamos en el escenario de un proceso ejecutivo en sede de la jurisdicción
contencioso administrativa.
Por lo anterior, tratándose de entidades estatales le corresponde al Juez administrativo
examinar el cumplimiento de los presupuestos que presten mérito ejecutivo, es decir que el
título sea claro, expreso y exigible y aquí, se reitera, la fuente de la obligación se deriva de un
contrato de mutuo que no fue aportado; claro, las entidades estatales pueden ejecutar las
obligaciones contractuales a su favor, pero el título ejecutivo debe reunir los presupuestos
para ello.
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En el presente caso si bien el pagaré respalda las obligaciones derivadas de un contrato
celebrado por una entidad con carácter de estatal, se debe verificar la existencia de este
último con el propósito de comprobar que las partes del pagaré sean las mismas del contrato
de mutuo y que las excepciones sean oponibles en el proceso ejecutivo.
Lo anterior porque, aplicando el criterio orgánico corresponde a la jurisdicción contenciosa
conocer de procesos ejecutivos derivados de aquellos contratos en los que sea parte una
entidad pública y que por definición constituyen contratos estatales. Por ello, se requiere
demostrar la causa subyacente del origen público de los recursos y tal como se indicó no se
allega el contrato fuente de la obligación, así las cosas, no se configura el título ejecutivo
complejo que determine el origen público de los recursos que pretende ejecutar.
En ese orden de ideas, para el presente trámite ejecutivo vía jurisdicción contenciosa
administrativa, el contrato es un presupuesto sine qua non, que no fue aportado. Tal como lo
explica el Consejo de Estado en la citada sentencia de octubre de 2020, para conformación
del título ejecutivo complejo se requiere aportar todos los documentos que lo integran, entre
ellos el respectivo contrato con el que se acredite las condiciones allí pactadas para recibir
los pagos. Corolario de ello, como en el sub examine no se cuenta con el contrato de mutuo
no resulta posible determinar la constitución de aquel […]
35. De lo transcrito se observa que, el Tribunal accionado confirmó la decisión de
primer grado ya que, (i) el ejecutante es una empresa de carácter departamental
sometida al régimen jurídico de las empresas industriales y comerciales del Estado,
según Ley 489 de 1998; por lo que, (ii) los contratos celebrados en el giro de sus
negocios se sujetan al Estatuto General de la Contratación; y (iii) en consecuencia,
los contratos deben constar por escrito, en virtud del artículo 39 de la Ley 80 de
1993.
36. Adicionalmente, señaló que, para el cobro coercitivo de la obligación, era
menester conformar el título ejecutivo complejo con el contrato celebrado, para
demostrar la causa subyacente del origen público de los recursos.
37. Así las cosas, en procura de resolver el problema jurídico planteado, se
realizarán las siguientes precisiones.
3.5.2. De la naturaleza jurídica de la entidad accionante
38. El Instituto Financiero de Casanare, es una entidad descentralizada del nivel
departamental, creada mediante el Decreto 107 de 1992 y reorganizada a través
del Decreto 0073 de 2002, la cual está sometida al régimen jurídico de las empresas
industriales y comerciales del Estado, según la Ley 489 de 1998.
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39. Mediante Acuerdo 009 de 16 de agosto de 2022, la Junta Directiva del instituto
en mención reformó sus estatutos, en cuya parte motiva expuso:
De acuerdo a lo anterior, la Ley 2056 de 2020, abre un espacio importante al Instituto
Financiero de Casanare para estructurar y viabilizar proyectos financiados con asignaciones
directas y regionales, circunstancia que le genera al IFC una oportunidad de nuevos negocios
como gestora de proyectos en el ámbito territorial; que por su naturaleza jurídica le permite
actuar en competencia con el sector privado, ampliando su campo de acción que
contribuya al mejoramiento de la calidad de vida, desarrollo social y económico de los
habitantes del Departamento de Casanare.
40. Ahora, de su clausulado, se resaltan los siguientes artículos, relacionados con
su naturaleza y el régimen de contratación.
ARTICULO 2.- NATURALEZA: El Instituto Financiero de Casanare - IFC es una Empresa de
Gestión Económica de carácter departamental, sometida al Régimen Jurídico de las
Empresas Industriales y Comerciales del Estado, contemplado en la Ley 489 de 1998, dotada
con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio y vinculada a la
Secretaría de Desarrollo Económico, Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.
[…]
ARTICULO 32.- RÉGIMEN DE CONTRATACION: El Instituto Financiero de Casanare tendrá
como régimen de contratación el derecho privado, los presentes estatutos, el manual de
contratación y los reglamentos internos de la Entidad; lo anterior por encontrarse en
competencia con el sector privado y el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007.
41. Bajo tales derroteros, el Instituto Financiero de Casanare determinó que, en el
ámbito contractual, está sometido a la normativa del derecho privado, en atención
a que su actividad comercial compite con entidades del sector privado.
42. Sobre el régimen de contratación del Instituto, el artículo 32 del Acuerdo núm.
009 del 16 de agosto de 2022, señala:
ARTICULO 32.- RÉGIMEN DE CONTRATACION: El Instituto Financiero de Casanare tendrá
como régimen de contratación el derecho privado, los presentes estatutos, el manual de
contratación y los reglamentos internos de la Entidad; lo anterior por encontrarse en
competencia con el sector privado y el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007.
43. En concordancia con lo anterior, los artículos 14 y 15 de la Ley 1150 de 2007,
disponen:
ARTÍCULO 14. DEL RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y
COMERCIALES DEL ESTADO, LAS SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA, SUS FILIALES
Y EMPRESAS CON PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DEL ESTADO. Las Empresas
Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades de Economía Mixta en las que el
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Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades
entre Entidades Públicas con participación mayoritaria del Estado superior al cincuenta por
ciento (50%), estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública, con excepción de aquellas que desarrollen actividades comerciales en
competencia con el sector privado y/o público, nacional o internacional o en mercados
regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables a sus actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 13 de la presente ley. Se exceptúan los contratos de ciencia y tecnología, que se
regirán por la Ley 29 de 1990 y las disposiciones normativas existentes.
ARTÍCULO 15. DEL RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS
ESTATALES. El parágrafo 1o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, quedará así:
"ARTÍCULO 32.
(...)
"PARÁGRAFO 1. Los Contratos que celebren los Establecimientos de Crédito, las
compañías de seguros y las demás entidades financieras de carácter estatal, no
estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública y se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables a dichas actividades.
En todo caso, su actividad contractual se someterá a lo dispuesto en el artículo 13 de la
presente ley".
44. Conforme la normatividad en cita, esta Sala de Decisión advierte que, la tesis
adoptada por el Tribunal Administrativo del Casanare en la providencia cuestionada
es errada. En efecto, al señalar que el régimen de contratación del Instituto
Financiero de Casanare se rige por la Ley 80 de 1993, desconoce abiertamente
que, por tratarse de una Empresa de Gestión Económica de carácter
departamental, sometida al régimen jurídico de las empresas industriales y
comerciales del Estado contemplado en la Ley 489 de 1998, su régimen de
contratación es el derecho privado, puesto que, así lo disponen sus estatutos y
demás normas concordantes.
45. Al respecto, se evoca que, dicha aplicación normativa tiene su justificación en la
necesidad que la actividad industrial y comercial ejercida por el Estado se realice
en términos equivalentes a los particulares cuando sean similares, sin prerrogativas
exorbitantes que lesionen el derecho a la igualdad de sus competidores ni estar
sujeto a procedimientos administrativos que entorpezcan la labor11.
46. Así pues, esta Subsección, en anterior oportunidad dijo:
11 Cfr: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de agosto de 2004, expediente núm. 12.342,
Sentencia de 6 de febrero de 2006, expediente núm. 13.414. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio
Civil, concepto del 15 de mayo de 2018, radicado núm. 11001-03-06-000-2017-00058 00(2335).
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Con base en lo anterior, es posible advertir que las empresas industriales y comerciales del
Estado, que estén en competencia con los particulares o actúen en mercado regulados están
exentas de contratar bajo el Estatuto de Contratación de la Administración Pública, pues está
se rige por las reglas del derecho privado, es decir, la ley civil y la ley mercantil. Distinto es
que, en aras de garantizar el interés general o público, tales entidades estén obligadas a
observar los principios de la función administrativa (igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad), lo cual no significa que deban someterse a sus
procedimientos o modalidades de selección, siempre que garanticen la objetividad 12.
3.5.4. Análisis de la configuración del defecto sustantivo
47. En la providencia objeto de queja constitucional, el Tribunal Administrativo del
Casanare fundó su decisión en la aplicación de la regla contenida en el inciso inicial
del artículo 93 de la Ley 489 de 1998, y concluyó que, al accionante lo regía el
Estatuto de Contratación de la Administración Pública y, en consecuencia, debía
aportar documento escrito contentivo del contrato de mutuo cuya obligación
pretendía ejecutar.
48. Así las cosas, y conforme lo expuesto en parágrafos anteriores, se observa que,
el Tribunal accionado realizó una selección normativa inaplicable y limitada al caso
que estudió, en la medida que, no consultaba los supuestos que contenía la norma.
De tal manera que, al realizar dicho análisis limitado, y omitir estudiar el marco
normativo al que se aludió en líneas anteriores, la autoridad judicial aplicó
consecuencias jurídicas erradas.
49. Es decir, limitar su análisis al inciso primero del artículo 93 de la Ley 489 de 1998,
implica un claro desconocimiento de los estatutos de la entidad y demás normas a
que se ha hecho referencia, las cuales, dan cuenta que, el Instituto Financiero de
Casanare se rige por el derecho privado en materia de contratación, normas que
debieron ser objeto de estudio por el operador de justicia.
50. En ese orden de ideas, al clasificar de manera errada la naturaleza jurídica de la
entidad, conllevó a que, exigiera como obligatorio que el contrato de mutuo constara
por escrito y fuera aportado al plenario, situación que, desconoce el régimen
contractual de los privados. En efecto, véase que el Código Civil establece:
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de 9 de febrero de 2026, (exp. 11001-03-
15-000-2026-00021-00) M.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
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ARTICULO 2221. DEFINICIÓN DE MUTUO PRÉSTAMO DE CONSUMO. El mutuo o
préstamo de consumo es un contrato en que una de las partes entrega a la otra cierta
cantidad de cosas fungibles con cargo de restituir otras tantas del mismo género y calidad.
ARTICULO 2222. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO MUTUO. No se perfecciona
el contrato de mutuo sino por la tradición, y la tradición transfiere el dominio.
51. Ello conduce a concluir que, el instituto no debía aportar el contrato de mutuo a
fin de hacer exigible la obligación contenida en el pagaré, si se tiene en cuenta que,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2221 y 2222 del Código Civil, este
contrato se perfecciona con la entrega de la cosa dada en préstamo.
52. Sin perjuicio de lo anterior, es necesario recordar que, el numeral 3° del artículo
297 de la Ley 1437 de 2011 dispone:
[…] Sin perjuicio de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los organismos y
entidades públicas, prestarán mérito ejecutivo los contratos, los documentos en que consten
sus garantías, junto con el acto administrativo a través del cual se declare su incumplimiento,
el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad
contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las
partes intervinientes en tales actuaciones.
53. En ese orden, el Legislador realizó un listado enunciativo de los documentos que
pueden prestar mérito ejecutivo, entre los cuales, indicó que, cualquier acto
proferido con ocasión de la actividad contractual. No obstante, dado que, el Tribunal
accionado erró en la aplicación del régimen de la entidad ejecutante, omitió analizar
si el pagaré suscrito en ejercicio del giro ordinario de los negocios del Instituto
Financiero de Casanare, conforme sus estatutos, era suficiente para el cobro
coercitivo de la obligación allí contenida, a voces del artículo 619 del Código de
Comercio.
54. Por tanto, es claro el defecto sustantivo en el que incurrió el Tribunal
Administrativo de Casanare, al analizar de manera parcializada las normas que
determinan la actividad comercial de la entidad demandante, pues, si hubiera
efectuado una lectura sistemática y armónica de las mismas, la conclusión sería
que, el Instituto Financiero de Casanare se gobierna por el derecho privado en
materia contractual y, por tanto, no era exigible aportar el contrato de mutuo para
ejecutar la obligación insoluta contenida en el pagaré.
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55. Por lo expuesto, la Sala concederá el amparo de los derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia del accionante. Por lo
tanto, dejará sin efectos la sentencia proferida el Veintidós (22) de Enero de Dos
Mil Veintiséis (2026). En consecuencia, se ordenará al Tribunal Administrativo de
Casanare proferir una decisión de reemplazo, en la que resuelva la cuestión
planteada en el recurso de apelación, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta decisión.
3.6 Consideración final
56. El accionante puso en conocimiento que, se han presentado múltiples asuntos
de similares contornos a los acá denunciados, en los cuales las autoridades
judiciales han decidido en términos iguales. Por tal motivo, solicitó que, el presente
fallo tenga efecto inter comunis.
57. De entrada, la Sala de Decisión advierte que, aunque no tiene competencia para
proferir una decisión en dichos términos, sí estima necesario exhortar al Tribunal
accionado para que, garantice el derecho al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de los usuarios de la justicia y, en el evento dado, tenga
en consideración lo expuesto en la presente providencia en futuros casos de
similares contornos y se abstenga de efectuar consideraciones contrarias al
ordenamiento jurídico aplicable.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia del Instituto Financiero de Casanare, por las razones
consignadas en la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTOS la providencia proferida el Veintidós (22) de
Enero de Dos Mil Veintiséis (2026) por el Tribunal Administrativo de Casanare,
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dentro del proceso ejecutivo con radicado 850013333-005-2025 00113-00,
promovido por el accionante contra la señora Gladys Piedad Moreno Cañizales.
TERCERO. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Casanare que, dentro de los
veinte (20) días siguientes a la notificación de esta sentencia, dicte un auto de
reemplazo en el aludido asunto ejecutivo que en derecho corresponda.
CUARTO. ADVERTIR a la autoridad indicada en el ordinal anterior, que el
incumplimiento de lo dispuesto en esta sentencia dará lugar a las sanciones
establecidas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.
QUINTO. EXHORTAR al Tribunal accionado para que, garantice el derecho al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia de los usuarios de la
justicia y, en el evento dado, tenga en consideración lo expuesto en la presente
providencia en futuros casos de similares contornos y se abstenga de efectuar
consideraciones contrarias al ordenamiento jurídico aplicable.
SEXTO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito, en
la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
SÉPTIMO. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,
ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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