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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01285-00

Fecha
17 de abril de 2026
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01285-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional, de conformidad con las razones ut supra. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. 13 Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009. 14 Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018. 12 Radicación: 11001-03-15-000-2026-01285-00 Accionante: Instituto Financiero Empresarial de Yopal –IFEY– Accionados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01285-00

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

17 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01285-00
Accionante: Instituto Financiero Empresarial de Yopal –IFEY–
Accionados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela – relevancia constitucional. Sentido del fallo de
tutela: Se declara improcedente.

La Sala decide la acción de tutela1 presentada por el Instituto Financiero
Empresarial de Yopal –IFEY– en contra del Juzgado 5º Administrativo de Yopal y
del Tribunal Administrativo de Casanare.

I. ANTECEDENTES

1.- La solicitud de tutela

El 18 de febrero de 20262, el instituto tutelante interpuso esta acción constitucional
en procura de la protección de sus derechos al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, así como del principio de seguridad jurídica, los cuales
considera vulnerados con las providencias proferidas el 15 de mayo de 2025 y el 29
de enero de 2026, mediante las cuales los despachos accionados se abstuvieron
de seguir adelante con la ejecución pedida en el proceso No.
85001333300520250019100/01.

2.- Hechos

2.1.- El Instituto Financiero de Casanare –IFC– promovió demanda ejecutiva
singular en contra de Ubaldina Silva de García y Nelson Ramírez Sánchez, con el
propósito de obtener el pago de $1.959.361, representados en el pagaré No.
4120476 del 20 de septiembre de 2019, junto con sus respectivos intereses
corrientes y moratorios. El escrito inicial se acompañó del título valor, la carta de

1 Obra escrito de tutela en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado
251CDAEA9D2F020F B7057BC3A069EB0D DDC628DF86E86E13 1AA7CF621D8D8D85
2 Obra acta en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 3, con certificado F7A69AE34E6E1E0D

1D0F5F88B3B5C2C4 900D5E501C2B3853 E601905CA92E636F.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01285-00
Accionante: Instituto Financiero Empresarial de Yopal –IFEY–
Accionados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

instrucciones, el certificado para cobro ejecutivo, el plan de pagos y el estado de
cuenta del crédito3.

2.2.- El asunto fue asignado originalmente al Juzgado 2º Civil Municipal de Yopal,
autoridad que libró mandamiento de pago, decretó medidas cautelares y ordenó
seguir adelante con la ejecución; no obstante, con posterioridad, dicha autoridad
declaró la falta de competencia, la nulidad de lo actuado desde la orden de continuar
con la ejecución y dispuso la remisión del expediente a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. El proceso fue repartido al Juzgado 5º Administrativo de
Yopal y se registró bajo el No. 85001333300520250019100. El 12 de marzo de
2025, el despacho avocó el conocimiento del asunto4.

2.3.- El a quo ordinario, en auto del 15 de mayo de 20255, se abstuvo de seguir
adelante con la ejecución y determinó que no es viable acceder a la pretensión
derivada del pagaré No. 4120476, por cuanto el IFC es una empresa industrial y
comercial del Estado cuyos créditos adquieren la naturaleza de contratos estatales
en virtud del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. En esa medida, la obligación debe
constar por escrito y conformar una unidad jurídica denominada título ejecutivo
complejo, por lo que la sola presentación del pagaré y la carta de instrucciones
resulta insuficiente. Asimismo, advirtió que los documentos fueron allegados en
copia simple, lo que desconoció el requisito de aportar el título en original o copia
auténtica. En apoyo de su decisión, citó precedentes del Tribunal Administrativo de
Casanare y del Consejo de Estado, que reiteran que en la jurisdicción administrativa
el contrato es un presupuesto sine qua non para integrar el título ejecutivo. También
dispuso la notificación del Instituto Financiero Empresarial de Yopal –IFEY–, en
atención a la cesión de crédito que figura en el expediente.

2.4.- Inconforme, el extremo activo propuso recursos de reposición y, en subsidio,
apelación. Mediante providencia del 11 de diciembre siguiente, el juzgado mantuvo
en firme la determinación cuestionada y concedió la alzada. El 29 de enero de 2026,
el Tribunal Administrativo de Casanare confirmó el auto referido6. Para ello, adujo
que, conforme a los artículos 104 y 297 del CPACA, la jurisdicción de lo contencioso

3 A folios 59-60 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado
18B8341AB5D75C0E
456F42CD21665B94 D73BD35FF24CE735 CCB2638E4421E415.
4 Ibidem.
5 Obra auto a folios 59-65 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado

18B8341AB5D75C0E 456F42CD21665B94 D73BD35FF24CE735 CCB2638E4421E415.
6 Obra auto a folios 72-85 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado

18B8341AB5D75C0E 456F42CD21665B94 D73BD35FF24CE735 CCB2638E4421E415.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01285-00
Accionante: Instituto Financiero Empresarial de Yopal –IFEY–
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Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

administrativo es la competente para conocer de los procesos ejecutivos originados
en contratos celebrados por entidades públicas, cuyos títulos deben ser claros,
expresos y exigibles de acuerdo con el artículo 422 del CGP. Señaló que, dado que
el IFC es una empresa industrial y comercial del Estado sometida al Estatuto de
Contratación Pública, sus negocios jurídicos deben constar por escrito por
disposición de la Ley 80 de 1993. En consecuencia, el título ejecutivo adquiere una
naturaleza compleja, lo que exige que el pagaré se aporte junto con el respectivo
contrato para verificar la existencia de la obligación, los términos pactados, la
identidad de las partes y la oponibilidad de excepciones. Determinó que, a diferencia
de la jurisdicción ordinaria, en la que el documento puede bastar por sí solo, en la
administrativa el contrato es un presupuesto sine qua non para demostrar la causa
de la obligación y el origen público de los recursos, carga que no fue satisfecha por
la parte ejecutante al omitir el documento contractual.

3.- Fundamentos de la acción de tutela

La parte accionante sostiene que las decisiones del Juzgado 5º Administrativo de
Yopal y del Tribunal Administrativo de Casanare incurren en múltiples yerros que
vulneran sus derechos fundamentales. En primer lugar, alega la configuración de
un defecto fáctico por indebida valoración probatoria, pues desconocieron que el
pagaré y la carta de instrucciones son títulos valores autónomos que constituyen,
por sí mismos, un título ejecutivo suficiente. Argumenta que el Instituto Financiero
de Casanare –IFC– y el Instituto Financiero Empresarial de Yopal –IFEY– son
empresas industriales y comerciales del Estado cuyo régimen de actos y contratos
de gestión económica se rige por el derecho privado, conforme a los artículos 85 y
93 de la Ley 489 de 1998, por lo que el contrato de mutuo subyacente es consensual
y se perfecciona con la entrega del dinero, sin que la ley exija la solemnidad de un
documento escrito para su ejecución.

En segundo lugar, el convocante aduce un defecto sustantivo derivado de una
interpretación restrictiva e irrazonable del artículo 297 del CPACA, al omitir que esta
norma permite ejecutar “cualquier acto proferido con ocasión de la actividad
contractual” y al ignorar que el título ejecutivo puede ser singular cuando lo
constituye un título valor. Señala que exigir un contrato estatal reglado por la Ley 80
de 1993 es un error, pues la actividad de colocación de créditos de fomento es del
giro ordinario y de naturaleza civil. En tercer lugar, denuncia un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, al imponer la carga imposible de aportar

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01285-00
Accionante: Instituto Financiero Empresarial de Yopal –IFEY–
Accionados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

un contrato escrito inexistente, lo que antepone las formas al derecho sustancial y
a la verdad jurídica. Finalmente, afirma que existe una violación directa de la
Constitución y un desconocimiento del precedente, especialmente del auto 2014/24
de la Corte Constitucional, el cual reconoció la autonomía del pagaré en estos
casos; asimismo, cuestiona que se pretenda retrotraer un proceso que ya contaba
con mandamiento de pago y actuaciones en firme desde la jurisdicción ordinaria, lo
que afecta la seguridad jurídica y el patrimonio público de la entidad.

4.- Pretensiones de la acción

En el escrito introductorio se solicitó: (i) amparar los derechos fundamentales cuya
trasgresión se alega; y (ii) dejar sin efectos el auto del 15 de mayo de 2025, proferido
por el Juzgado 5º Administrativo de Yopal, y la providencia del 29 de enero de 2026,
emitida por el Tribunal Administrativo de Casanare dentro del proceso ejecutivo con
radicado 85001333300520250019100.

5.- Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la
oposición

5.1.- Mediante auto del 20 de febrero del 2026, el despacho ponente admitió la
acción de tutela y vinculó al Instituto Financiero de Casanare, a Ubaldina Silva de
García y a Nelson Ramírez Sánchez. Además, requirió al IFEY para que explicara
cuál es su relación con el trámite No. 85001333300520250019100/01, en tanto la
ejecutante es el Instituto Financiero de Casanare.

5.2.- El Tribunal Administrativo de Casanare solicitó desestimar el amparo bajo el
argumento de que la providencia del 29 de enero de 2026 se fundamentó en un
análisis riguroso del material probatorio y de la normativa vigente. Reiteró que,
debido a la naturaleza jurídica del Instituto Financiero de Casanare, sus contratos
están sujetos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, lo
que implica que el negocio jurídico de mutuo subyacente al pagaré debe constar por
escrito, conforme a los artículos 39 y 75 de la Ley 80 de 1993. Por lo anterior,
sostuvo que se requiere la prueba de existencia de dicho contrato estatal.
Adicionalmente, planteó una excepción de falta de legitimación en la causa por
activa, al observar que la tutela fue promovida por el IFEY, entidad que no figura
como ejecutante en el proceso cuestionado. Finalmente, invocó decisiones del
Consejo de Estado del 27 de noviembre de 2025 y del 28 de enero de 2026, las

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cuales declararon improcedentes acciones de tutela en casos con idénticos
contornos fácticos y jurídicos, al considerar que la controversia carece de relevancia
constitucional, pretende reabrir un debate legal agotado frente al juez natural y
busca exclusivamente un beneficio económico, lo que convertiría a la tutela en una
tercera instancia.

5.3.- El IFEY explicó su legitimación en la causa dentro del proceso ejecutivo.
Señaló que, originalmente, el IFC inició el cobro de la obligación ante la jurisdicción
ordinaria bajo el radicado 85001400300220210047100; no obstante, mediante el
documento de cesión No. 99 de 2022, el IFC transfirió los derechos de crédito a
favor del IFEY. Esta cesión fue reconocida formalmente por el Juzgado 2º Civil
Municipal de Yopal, en providencia de agosto de 2024, autoridad que, tras realizar
el control de legalidad, tuvo al IFEY como nuevo demandante y reconoció
personería a su actual representante judicial. Finalmente, aclaró que la omisión de
este detalle en el escrito de tutela obedeció a un error involuntario de redacción.

5.4.- El Juzgado 5º Administrativo de Yopal solicitó declarar la improcedencia de la
acción de tutela o, en su defecto, negar el amparo solicitado. Precisó que asumió la
competencia del proceso ejecutivo tras la remisión efectuada por la jurisdicción
ordinaria, la cual declaró la nulidad de lo actuado, incluida la orden de seguir
adelante con la ejecución; por tal razón, desestimó el argumento de la accionante
sobre la existencia de cosa juzgada. Adujo que la providencia del 15 de mayo de
2025 contó con la debida motivación y fue objeto de recursos. Enfatizó en que la
tutela no es una tercera instancia ni un mecanismo para reabrir debates jurídicos
definidos por el juez natural. Advirtió que el IFC ha interpuesto múltiples tutelas con
argumentos idénticos, lo que contribuye a la congestión judicial. Acotó que el
proceso ejecutivo no es el único medio para el recaudo de los dineros y que no se
puede atribuir responsabilidad a la jurisdicción por la falta de diligencia de la entidad
en la recuperación de su cartera.

II. CONSIDERACIONES

1.- Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela incoada por el Instituto
Financiero Empresarial de Yopal –IFEY– en contra del Juzgado 5º Administrativo
de Yopal y del Tribunal Administrativo de Casanare, de conformidad con lo

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establecido en los artículos 86 de la Constitución, 37 del Decreto 2591 de 1991 y 13
del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.- Problema jurídico

En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos denunciados por la parte actora.

Esta Sala limitará su análisis a la providencia dictada por el Tribunal Administrativo
de Casanare, en la medida en que fue esta la que puso fin al trámite ejecutivo y la
que resolvió las quejas formuladas por el IFC en contra de la decisión de no seguir
adelante con la ejecución emitida por el juzgado de primera instancia.

3. Cuestión previa

El Tribunal Administrativo de Casanare, al dar respuesta a la presente acción,
planteó la falta de legitimación en la causa por activa, tras considerar que el Instituto
Financiero Empresarial de Yopal –IFEY– no corresponde a la entidad que figura
como ejecutante en el proceso ordinario, calidad que atribuye exclusivamente al
Instituto Financiero de Casanare –IFC–.

Al respecto, la Sala observa que, si bien el IFC fue quien otorgó originalmente el
crédito y promovió la demanda ejecutiva, en el expediente obra constancia de una
cesión de crédito a favor del IFEY. Sobre este punto, es preciso señalar que el
Juzgado 2º Civil Municipal de Yopal, mediante auto del 5 de agosto de 2024,
reconoció formalmente dicha cesión y tuvo al IFEY como nuevo extremo actor del
recaudo.

Posteriormente, el 31 de enero de 2025, el referido despacho judicial declaró la
nulidad de lo actuado y dejó sin efectos las providencias dictadas a partir del auto
que ordenó seguir adelante con la ejecución, el cual data del 2 de septiembre de
2024. Bajo esa premisa, se advierte que la providencia de agosto de 2024, que
autorizó la cesión y reconoció la titularidad de IFEY, es anterior a la etapa afectada
por la nulidad, por lo que dicha determinación judicial quedó incólume, se encuentra
ejecutoriada y sobre ella operó el fenómeno de la cosa juzgada. En consecuencia,

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el IFEY ostenta la titularidad de los derechos objeto de litigio y, por ende, está
legitimado para reclamar el amparo de sus garantías constitucionales.

Aunado a lo anterior, en atención al carácter informal y expedito que rige la acción
de tutela, este despacho dispuso la vinculación y notificación del IFC al presente
trámite. Dicha vinculación garantizó que todos los sujetos involucrados en la relación
sustancial y procesal tuvieran la oportunidad de ejercer la defensa de sus intereses,
plantear las discusiones jurídicas pertinentes e incluso coadyuvar las pretensiones
de la demanda en sus propios términos. Así las cosas, al margen de la discusión
sobre el estatus de la parte actora en el proceso ejecutivo, la participación efectiva
de ambas entidades en esta sede constitucional sanea cualquier cuestionamiento
sobre la legitimación.

4.- La acción de tutela en contra de providencias judiciales

La Corte Constitucional en sentencia C-590 del 2005 reconoció que la acción de
tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos
requisitos de procedibilidad7 y de procedencia8 con el fin de determinar si se
vulneraron o no los derechos de orden superior.

5.- El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso
concreto

5.1.- Sobre el requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional ha
señalado que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones”9.

En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario

7 De acuerdo con la sentencia C-590 del 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del
juez de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la
decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma
razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados
al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
8 Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental;

defecto fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto
por desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
9 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.

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examinar dos elementos, a saber10: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa,
justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que
la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo
especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.

Por su parte, la Corte Constitucional en la SU-215 de 202211, frente al requisito de
relevancia constitucional, señaló que es menester verificar:

“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política
o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales”.

5.2.- En el caso concreto, el instituto convocante cuestiona, en esencia, que el
tribunal (i) incurrió en defecto fáctico al desconocer la autonomía, literalidad e
independencia del pagaré y la carta de instrucciones; (ii) aplicó indebidamente el
régimen de la Ley 80 de 1993 a un contrato de mutuo que, por su naturaleza, se
rige por el derecho privado y se perfecciona con la entrega del dinero; (iii) configuró
un defecto sustantivo al realizar una interpretación restrictiva del artículo 297 del
CPACA y omitió que el título ejecutivo puede ser singular; (iv) configuró un exceso
ritual manifiesto al imponer la carga imposible de aportar un contrato estatal escrito
para un negocio jurídico consensual; (v) desconoció el precedente vertical fijado por
la Corte Constitucional en el auto 2014/24, que reconoce la suficiencia del pagaré
en estos eventos; y (vi) vulneró la seguridad jurídica al invalidar actuaciones que ya
se encontraban en firme ante la jurisdicción ordinaria, en detrimento del patrimonio
público.

5.3.- Ab initio, para la Sala se torna evidente que los cargos referidos no satisfacen
el requisito de relevancia constitucional, por cuanto, además de no estar
debidamente justificados, se advierten como un medio dirigido a revivir el análisis
jurídico efectuado por el juez natural, como si este mecanismo fuera una instancia
adicional al proceso ordinario, según se explicará.

10 Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.
11 Sentencia del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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5.4.- Al verificar los argumentos contenidos en la providencia del 29 de enero de
2026, se dilucida el siguiente análisis textual:

“En este asunto, el Instituto Financiero de Casanare, señala que la obligación a cargo de
Ubaldina Silva De García y Nelson Ramírez Sánchez es clara expresa y exigible, constituida
en el pagaré No.4120476 del 20 de septiembre de 2019. Argumenta el apelante que no se
requiere aportar el contrato de mutuo y que se está confundiendo con los requisitos de un
contrato estatal reglado por la Ley 80 de 1993, por tanto, el IFC considera que hay lugar a
ordenar seguir adelante con la ejecución.

Para resolver la apelación incoada, la Sala mayoritaria trae a colación el numeral 6° del
artículo 104 del CPACA, en cuanto establece que la jurisdicción de lo contencioso
administrativa está instituida para conocer de los procesos ejecutivos derivados de las
condenas impuestas y las conciliaciones aprobadas por esta jurisdicción, de laudos arbitrales
en que hubiere sido parte una entidad pública y los originados en los contratos celebrados
por esas entidades.

De conformidad con lo señalado en el numeral 3° del artículo 297 del CPACA prestarán mérito
ejecutivo los contratos, los documentos en que consten sus garantías y si de ellos se
desprende una obligación clara, expresa y exigible, conforme lo dispone el artículo 422 del
CGP, que permita librar mandamiento de pago con fundamento en los mismos. Así las cosas,
en el proceso ejecutivo originado en un contrato celebrado por entidad estatal, se debe
verificar si los documentos aportados configuran título ejecutivo y en caso afirmativo, si este
resulta simple o complejo.

En este asunto el Instituto Financiero de Casanare pretende ejecutar el pagaré No.4120476
del 20 de septiembre de 2019, suscritos por ejecutado a favor del Instituto, los cuales
considera ser constitutivos del contrato de mutuo celebrado con Ubaldina Silva De García y
Nelson Ramírez Sánchez.

Se precisa que, siendo el contrato de mutuo un acuerdo de voluntades en el que deben quedar
plasmadas las obligaciones tanto del mutuante como del mutuario y que teniendo la
contratante la calidad de entidad pública, por disposición del artículo 75 de la Ley 80 de 1993,
para librar el mandamiento de pago, se requiere el título ejecutivo esté integrado no solo por
el pagaré sino por el contrato de mutuo en el que el Instituto Financiero de Casanare debe
expresar su consentimiento en los términos del contrato.

No obstante, se aporta el título valor, esto es, pagaré suscrito por el deudor a favor del IFC
para garantizar todas las obligaciones crediticias contraídas por el ejecutado, pero dicho
documento no corresponde al contrato de muto y del clausulado de este no se desprende su
existencia, ni los términos y condiciones en las que se obligan cada una de las partes, razón
por la cual para la conformación del título ejecutivo se requiere el contrato de mutuo.

Es del caso reiterar la naturaleza jurídica de la parte ejecutante, señalando que, el Instituto
Financiero de Casanare es una empresa de Gestión Económica de carácter departamental,
sometida al régimen jurídico de las empresas industriales y comerciales del Estado,
contemplado en la Ley 489 de 1998; por ende, los contratos que celebre para el desarrollo de
su objeto se sujetan a las disposiciones del Estatuto General de la Contratación de las
entidades estatales, tal como lo preceptúa el artículo 93 ibidem, es decir, que los contratos
deben constar por escrito en aplicación a dispuesto en el artículo 39 de la Ley 80 de 1993,
justamente porque el negocio jurídico subyacente al título ejecutivo que pretende ejecutarse
es un contrato estatal se requiere prueba de su existencia, pues estamos en el escenario de
un proceso ejecutivo en sede de la jurisdicción contencioso administrativa.

Por lo anterior, tratándose de entidades estatales le corresponde al Juez administrativo
examinar el cumplimiento de los presupuestos que presten mérito ejecutivo, es decir que el
título sea claro, expreso y exigible y aquí, se reitera, la fuente de la obligación se deriva de un
contrato de mutuo que no fue aportado; claro, las entidades estatales pueden ejecutar las
obligaciones contractuales a su favor, pero el título ejecutivo debe reunir los presupuestos
para ello. En el presente caso si bien el pagaré respalda las obligaciones derivadas de un
contrato celebrado por una entidad con carácter de estatal, se debe verificar la existencia de
este último con el propósito de comprobar que las partes del pagaré sean las mismas del
contrato de mutuo y que las excepciones sean oponibles en el proceso ejecutivo.

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Accionados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Lo anterior porque, aplicando el criterio orgánico corresponde a la jurisdicción contenciosa
conocer de procesos ejecutivos derivados de aquellos contratos en los que sea parte una
entidad pública y que por definición constituyen contratos estatales. Por ello, se requiere
demostrar la causa subyacente del origen público de los recursos y tal como se indicó no se
allega el contrato fuente de la obligación, así las cosas, no se configura el título ejecutivo
complejo que determine el origen público de los recursos que pretende ejecutar.

En ese orden de ideas, para el presente trámite ejecutivo vía jurisdicción contenciosa
administrativa, el contrato es un presupuesto sine qua non, que no fue aportado. Tal como lo
explica el Consejo de Estado en la citada sentencia 5 de octubre de 2020, para conformación
del título ejecutivo complejo se requiere aportar todos los documentos que lo integran, entre
ellos el respectivo contrato con el que se acredite las condiciones allí pactadas para recibir
los pagos. Corolario de ello, como en el sub examine no se cuenta con el contrato de mutuo
no resulta posible determinar la constitución de aquel.

En este punto se advierte que, si bien en la jurisdicción ordinaria el interesado puede acudir
al proceso ejecutivo para obtener el pago de una obligación contenida en un pagaré, esto no
ocurre en la jurisdicción contenciosa administrativa, pues se reitera, conoce de los procesos
ejecutivos derivados de contratos en los que sea parte una entidad pública, los cuales por
regla general corresponden a un título ejecutivo complejo, presupuesto que no se cumple en
el sub examine y por ende los cargos de apelación carecen de vocación de prosperidad”12.

5.5.- En atención a lo anterior, se observa que el cuerpo colegiado analizó la
naturaleza jurídica de la parte ejecutante y determinó que, al ser una empresa
industrial y comercial del Estado, sus contratos deben constar por escrito, según los
artículos 39 de la Ley 80 de 1993 y 93 de la Ley 489 de 1998. La autoridad judicial
sostuvo que, en la jurisdicción contencioso administrativa, el contrato de mutuo es
un presupuesto sine qua non para integrar un título ejecutivo complejo, pues el
pagaré por sí solo no permite verificar las condiciones obligacionales ni la identidad
de las partes del negocio jurídico estatal subyacente. Finalmente, consideró que la
ausencia del documento contractual impedía demostrar el origen público de los
recursos y la configuración de una obligación clara, expresa y exigible, lo cual
diferencia este trámite del proceso ejecutivo ordinario.

5.6.- Resulta claro, entonces, que la parte accionante pretende utilizar este
mecanismo constitucional como una instancia adicional, pues, como se vio, la
autoridad judicial criticada estudió minuciosamente los elementos de convicción que
obraban en el expediente, así como las normas y la jurisprudencia vigentes y
aplicables, y determinó que el título ejecutivo carecía de los requisitos legales para
librar mandamiento de pago y seguir adelante con la ejecución. Por ende, resulta
diáfano que las quejas elevadas por el convocante se limitan a criticar lo resuelto en
el proceso No. 85001333300520250019100/01, con el fin de que se desconozca la
tesis del Tribunal Administrativo de Casanare.

12 A folios 82-85 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 18B8341AB5D75C0E

456F42CD21665B94 D73BD35FF24CE735 CCB2638E4421E415.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01285-00
Accionante: Instituto Financiero Empresarial de Yopal –IFEY–
Accionados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

En este orden de ideas y en atención a la autonomía judicial y al carácter
excepcionalísimo que reviste la tutela, se debe acotar que no basta con manifestar
inconformidades respecto a las decisiones judiciales objeto de censura o alegar la
configuración de los requisitos especiales de procedencia, ya que, de esa forma, la
discusión queda restringida a asuntos de mera legalidad que no trascienden al plano
constitucional.

5.7.- Al respecto, se insiste en que la procedencia de la acción de tutela en contra
de decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer
la autonomía e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica, en razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un
“juicio de corrección” de la decisión cuestionada13, lo que se opone a que se use
indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole
probatoria o de interpretación del derecho que se resolvieron en el curso del proceso
ejecutivo14.

6.- En consecuencia, se observa que ninguno de los cargos formulados satisface el
requisito general de relevancia constitucional, razón por la cual el depreco resulta
improcedente en su totalidad y así se declarará.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional, de conformidad
con las razones ut supra.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

13 Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.
14 Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018.

12

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01285-00
Accionante: Instituto Financiero Empresarial de Yopal –IFEY–
Accionados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Consejero de Estado

ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado

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