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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02980-00

Fecha
22 de mayo de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02980-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Fiduprevisora, de conformidad con la parte motiva. SEGUNDO. DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por Blanca Inés Lesmes Gómez y otros contra el Tribunal Administrativo de Santander, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO. En caso de que esta providencia no sea impugnada, REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02980-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

22 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02980-00
Demandante: Blanca Inés Lesmes Gómez y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander

Temas: Impugnación. Tutela contra providencia judicial. Reparación
directa. Falla médica.
Decisión: Declara improcedente por inmediatez.

La Sala decide la acción de tutela presentada por Blanca Ines Lesmes y otros contra
el Tribunal Administrativo de Santander.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 17 de abril de 2026, Blanca Inés Lesmes Gómez, Álvaro Lesmes Gómez,
José Antonino Lesmes Gómez, Héctor Cayetano Lesmes Gómez, Martha Lesmes
Gómez, Nubia Lesmes Gómez, Orlando Lesmes Gómez, Gladys Lesmes Gómez,
Francy Andrea Manrique Lesmes, German Eduardo Manrique Lesmes, Jhoana
Mercela Manrique Lesmes, Cristian Javier Manrique Lesmes, Juan Carlos Uribe
Lesmes, Edgar Eduardo Uribe Lesmes, Janson Ardila Lesmes, Wilhelm Alexeiev
Ardila Lesmes, José Daniel Lesmes Orejarena, Claudia Patricia Mogollon Lesmes,
Gonzalo Mogollon Lesmes, Andrés Mogollon Lesmes, Robinson Mogollon Lesmes,
Amanda Mogollon Lesmes, Sandra Milena Lesmes Bejarano, y Yenny Esperanza
Lesmes Bejarano, a través de apoderado judicial, presentaron una acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Santander, por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso y administración de justicia, con ocasión
de la Sentencia de 30 de enero de 2025 proferida en el proceso de reparación
directa No. 68001-33-33-005-2015-00290-00/011.

2. A título de amparo constitucional, solicitó que se revocara la mencionada
providencia y, en su lugar, se profiriera decisión de reemplazo en la que se tasen
los perjuicios morales teniendo en cuenta la Sentencia de Unificación del 28 de
agosto de 2014 del Consejo de Estado.

3. Como fundamentos fácticos del escrito de tutela y anexos, se observa que
Hilda Gómez de Lesmes se encontraba afiliada a CAPRECOM, fue hospitalizada
en el mes de febrero de 2012. Después de varios días, fue diagnosticada con
insuficiencia cardiaca congestiva.

1 Notificada a través de mensaje de datos enviado el 10 de febrero de 2025.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02980-01
Demandante: Blanca Inés Lesmes Gómez y otros

4. El 10 de octubre de 2013, mientras se encontraba hospitalizada le fue
prescrita la implantación de un marcapasos. La solicitud del procedimiento fue
radicada el 11 de octubre de 2013 ante CAPRECOM. Ante la demora injustificada,
el día 31 de octubre de 2013 se instauró una acción de tutela en contra de la entidad,
la cual fue conocida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bucaramanga 2.
La señora Gómez de Lesmes falleció el 7 de noviembre de 2013, sin que se le
hubiera practicado el procedimiento requerido.

5. Por estos hechos, el 3 de septiembre de 2015, Blanca Inés Lesmes y otros3
presentaron demanda de reparación directa contra CAPRECOM4, con ocasión del
fallecimiento de Hilda Gómez de Lesmes5.

6. Mediante Sentencia del 18 de diciembre de 2018, el Juzgado 5
Administrativo de Bucaramanga negó las pretensiones de la demanda, al considerar
que en la prestación del servicio médico no se configuró una falla imputable a la
entidad demandada. Asimismo, concluyó que no se acreditó el nexo causal entre la
actuación de CAPRECOM y el fallecimiento de la señora Gómez de Lesmes.

7. Contra esta decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación,
en el que sostuvo que se configuró una falla del servicio y una pérdida de
oportunidad derivadas de la no implantación del marcapasos, al considerar que se
cumplían los presupuestos para declarar esta última.

8. Mediante Sentencia del 30 de enero de 2025, el Tribunal Administrativo de
Santander revocó la decisión de primera instancia y declaró administrativamente
responsable a CAPRECOM por la pérdida de oportunidad de sobrevida padecida
por Hilda Gómez de Lesmes. Asimismo, consideró acreditada una falla del servicio,
derivada de la negativa injustificada de autorizar y practicar la implantación de un
marcapasos bicameral.

9. Los accionantes interpusieron recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia, el cual fue rechazado por el Consejo de Estado mediante auto el 28
de noviembre de 2025, Rad. No 11001-03-26-000-2025-00056-00, por no cumplir
con el requisito de cuantía6.

10. Como fundamento de la vulneración, sostuvo que la Sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Santander incurrió en defecto procedimental
absoluto, al no aplicar para la tasación de la indemnización por daño moral en los

2 Como medida provisional se ordenó a CAPRECOM realizar el procedimiento quirúrgico denominado
«INSERCIÓN (sic) DE MARCAPASOS BICAMERAL, ARTERIOGRAFIA (sic) CORONARIA CON CATERISMO
IZQUIERDO: ANGIOPLASTIA PERCUTANEA E INSERCION (sic) O IMPLANTE DE PROTESIS (sic)
INTERCORONARIA»
3 Älvaro Lesmes Gómez, José Antonino Lesmes Gómez, Héctor Cayetano Lesmes Gómez, Martha Lesmes

Gómez, Nubia Lesmes Gómez, Orlando Lesmes Gómez, Gladys Lesmes Gómez, Francy Andrea Manrique
Lesmes, German Eduardo Manrique Lesmes, Jhoana Mercela Manrique Lesmes, Cristian Javier Manrique
Lesmes, Juan Carlos Uribe Lesmes, Edgar Eduardo Uribe Lesmes, Janson Ardila Lesmes, Wilhelm Alexeiev
Ardila Lesmes, José Daniel Lesmes Orejarena, Claudia Patricia Mogollon Lesmes, Gonzalo Mogollon Lesmes,
Andrés Mogollon Lesmes, Robinson Mogollon Lesmes, Amanda Mogollon Lesmes, Sandra Milena Lesmes
Bejarano, y Yenny Esperanza Lesmes Bejarano
4 Fueron llamados en garantías el Hospital Universitario de Santander, el Instituto del Corazón de Bucaramanga

S.A, la Previsora S.A Compañía de Seguros y Liberty Seguros.
5 Correspondiéndole por reparto al Juzgado 5 Administrativo de Bucaramanga bajo radicado No 680013333005-

2015-00290-01.
6 En la Sentencia se condenó a CAPRECOM al pago de perjuicios morales, fijados en 4 SMLMV para cada hijo

y 2 SMLMV para cada nieto de la víctima, en total 68 SMLMV

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02980-01
Demandante: Blanca Inés Lesmes Gómez y otros

niveles I y II de parentesco, la Sentencia de Unificación del 28 de agosto de
2014 expedida por el Consejo de Estado. Asimismo, indicó que existió violación
directa de los artículos 29, 90 y 228 de la Constitución, en atención a que la víctima
era una persona de la tercera edad, sujeto de especial protección constitucional.

Intervenciones7

11. El Tribunal Administrativo de Santander8 sostuvo que la sentencia de
segunda instancia fue notificada el 10 de febrero de 2025, por lo que excedió el
término razonable de 6 meses para la interposición de la acción de tutela contra
providencia judicial. Asimismo, indicó que el accionante no demostró encontrarse
en una situación de debilidad manifiesta que justificara su presentación
extemporánea, razón por la cual debe declararse la improcedencia de la acción por
incumplimiento del requisito de inmediatez.

12. En todo caso, tampoco se acredita el requisito de relevancia constitucional
para la procedencia de la acción de tutela, dado que el accionante no cumplió con
la carga argumentativa mínima que justifique la intervención del juez constitucional.
Agregó que el tribunal reconoció los perjuicios por concepto de pérdida de
oportunidad y negó los demás, por lo que no resultaba aplicable la sentencia de
unificación invocada.

13. El Instituto del Corazón de Bucaramanga indicó que la argumentación
presentada en relación con al defecto procedimental absoluto no se ajusta a los
parámetros fijados por la Corte Constitucional para su configuración. Asimismo,
señaló que no se evidencia la alegada vulneración directa de la Constitución. En
consecuencia, concluyó que el tribunal no incurrió en defecto alguno y solicitó negar
las pretensiones de la acción de tutela.

14. La Fiduprevisora9 señaló que no se encuentra legitimada en la causa por
pasiva dentro de la presente acción de tutela, en la medida en que no ha desplegado
actuación alguna que pueda considerarse vulneradora de los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante. Sostuvo que no le corresponde
pronunciarse de fondo sobre las pretensiones formuladas y solicitó que se declare
la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto del PAR CAPRECOM
LIQUIDADO.

15. El Hospital Universitario de Santander solicitó su desvinculación del trámite
por falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que no ha vulnerado
derechos fundamentales de la parte accionante. Explicó que dentro del proceso
ordinario fue excluida de responsabilidad y que la decisión proferida por el tribunal
se encuentra debidamente motivada, es congruente con lo probado en el proceso y
respeta la autonomía judicial.

16. La Previsora S.A Compañía de Seguros y Liberty Seguros no se
pronunciaron a pesar de haber sido debidamente notificados.

7 Mediante Auto de 22 de abril de 2026, el despacho ponente admitió la acción de tutela contra el Tribunal

Administrativo de Santander y vinculó a la Caja de Previsión Social de Comunicaciones, al Hospital Universitario
de Santander, al Instituto del Corazón de Bucaramanga S.A, a la Previsora S.A Compañía de Seguros y Liberty
Seguros.
8 Envió el link del expediente
9 Como vocera y administradora del patrimonio autónomo de remanentes – PAR CAPRECOM liquidado

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02980-01
Demandante: Blanca Inés Lesmes Gómez y otros

II. CONSIDERACIONES

Competencia

17. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.

Cuestión Previa

18. La Sala no accederá a la solicitud de desvinculación presentada por la
Fiduprevisora10 debido a que CAPRECOM actúo como demandada en el proceso
ordinario y en consecuencia, tiene interés en las decisiones que se adopten en el
presente trámite de tutela.

Problema jurídico

19. Corresponde a la Sala establecer si la presente acción de tutela cumplió
con los requisitos generales de procedibilidad para controvertir la Sentencia de 30
de enero de 2025, Rad. 68001-33-33-005-2015-00290-00/01 del Tribunal
Administrativo de Santander, entre ellos el de inmediatez. En caso afirmativo, se
analizará si dicha providencia judicial vulneró los derechos fundamentales al debido
proceso y administración de justicia de los accionantes, al no haber aplicado la
Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2014 del Consejo de Estado.

Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

20. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela de la referencia,
por no satisfacer el requisito de inmediatez, como pasa a explicarse:

21. Tras revisar los documentos del expediente digital, se concluye que la
sentencia de segunda instancia fue notificada a las partes, mediante mensajes de
datos enviados el 10 de febrero de 2025. Por su parte, según el aplicativo del
Sistema de Gestión Judicial Electrónico del Consejo de Estado – SAMAI, la acción
de tutela fue radicada el 17 de abril de 2026, lo que representa un lapso superior a
un (1) año entre ambos eventos.

22. Si bien la acción de tutela no está sujeta a un término de caducidad estricto,
la jurisprudencia constitucional ha reiterado que, dada su naturaleza preferente y
sumaria, debe presentarse dentro de un plazo razonable y proporcional contado
desde el hecho que origina la supuesta amenaza o vulneración de los derechos
fundamentales. Este criterio tiene como finalidad: (i) proteger los derechos de
terceros, (ii) evitar que el amparo genere inseguridad jurídica, y (iii) prevenir que se
utilice como un mecanismo complementario frente a la falta de diligencia en el

10 Ibidem

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ejercicio de los medios ordinarios de defensa judicial, lo que desvirtuaría su
naturaleza excepcional11.

23. En sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena del Consejo de Estado
fijó como regla general un plazo de seis (6) meses desde la notificación o ejecutoria
de la providencia para evaluar la oportunidad en la presentación de una acción de
tutela contra decisiones judiciales. Esta regla busca garantizar el respeto por
principios fundamentales del ordenamiento jurídico, como la cosa juzgada y la
seguridad jurídica.

24. Por su parte, la Corte Constitucional ha precisado que el análisis del
requisito de inmediatez no se agota en el simple cálculo del tiempo transcurrido
entre el hecho generador de la vulneración y la presentación de la acción, sino que
debe considerar la razonabilidad del plazo, evaluada a la luz de las circunstancias
concretas del caso. En esa línea, el juez de tutela debe valorar si existen razones
justificadas para la demora, si la amenaza o vulneración persiste y si la parte actora
se encuentra en una situación de vulnerabilidad que haga desproporcionado o
injusto exigir estrictamente dicho requisito temporal12.

25. La Sala advierte que, si bien la parte actora interpuso recurso extraordinario
de unificación de jurisprudencia contra la sentencia cuestionada, dicho mecanismo
resultaba ostensiblemente improcedente frente a los requisitos objetivos de
procedibilidad previstos en el artículo 257 del CPACA, particularmente en lo
relacionado con la cuantía mínima exigida para los procesos de reparación directa.
En efecto, la condena reconocida en el proceso ordinario correspondió a menos de
70 SMLMV, monto claramente inferior al umbral de 450 SMLMV requerido para la
procedencia del referido recurso extraordinario13.

26. En ese contexto, la interposición de un mecanismo judicial manifiestamente
improcedente no resulta suficiente, por sí sola, para justificar el tiempo transcurrido
antes de acudir a la acción de tutela, pues ello implicaría admitir que las partes
pueden extender el requisito de inmediatez mediante la promoción de actuaciones
judiciales carentes de viabilidad objetiva. Así, si la parte actora consideraba que la
sentencia cuestionada vulneraba sus derechos fundamentales, debía ejercer el
amparo constitucional dentro de un término razonable contado desde la ejecutoria
de dicha providencia y no esperar la culminación de un trámite extraordinario cuya
improcedencia resultaba evidente desde su formulación.

27. Por otro lado, en el caso bajo estudio, no se allegaron pruebas que acrediten
la existencia de circunstancias excepcionales ni se demostró la existencia de un
perjuicio irremediable. En consecuencia, la Sala concluye que no hay elementos
que justifiquen la tardanza de la parte actora en solicitar la protección de sus
derechos fundamentales.

11 Sobre el requisito de inmediatez, puede consultarse: Corte Constitucional, Sentencia SU-184 de 2019.
12 Ibídem.
13 El Consejo de Estado mediante Auto del 28 de noviembre de 2025 – Radicado 11001-03-26-000-2025-00056-

00 – decidió dejar sin efectos el auto admisorio del 16 de junio de 2025, por medio del cual se admitió el recurso
en estudio y en su lugar rechazó el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia presentado por la
parte demandante en contra de la sentencia de 30 de enero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo
de Santander.

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Demandante: Blanca Inés Lesmes Gómez y otros

28. En consecuencia, la Sala concluye que la presente acción de tutela no
satisface el requisito de inmediatez, toda vez que la parte actora dejó transcurrir
un término irrazonable antes de acudir al mecanismo constitucional de amparo. Lo
anterior, si se tiene en cuenta que, pese a haber promovido recurso extraordinario
de unificación de jurisprudencia, dicho mecanismo resultaba ostensiblemente
improcedente frente al requisito objetivo de cuantía previsto en el artículo 257 del
CPACA para los procesos de reparación directa, circunstancia que era verificable
desde el momento mismo de su interposición. En ese contexto, la promoción de un
recurso extraordinario manifiestamente inviable no justifica el lapso transcurrido
para acudir a la acción de tutela, pues ello desnaturalizaría el requisito de
inmediatez y permitiría extender el término razonable para promover el amparo
constitucional.

29. Así las cosas, la Sala declarará improcedente la acción de tutela
presentada, por incumplimiento del requisito de inmediatez exigido para la
procedencia excepcional del amparo contra providencias judiciales.

III. FALLA

PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Fiduprevisora,
de conformidad con la parte motiva.

SEGUNDO. DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por Blanca
Inés Lesmes Gómez y otros contra el Tribunal Administrativo de Santander, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO. En caso de que esta providencia no sea impugnada, REMITIR el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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