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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02980-01

Fecha
15 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02980-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia del 22 de mayo de 2026, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento del requisito de inmediatez. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02980-01

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

15 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02980-01
Accionantes: Blanca Inés Lesmes Gómez y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela - Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante contra la sentencia
del 22 de mayo de 2026, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente por incumplimiento del
requisito de inmediatez.

SÍNTESIS1

Los accionantes cuestionan la sentencia del 30 de enero de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual se revocó la sentencia del 18
de diciembre de 2018, dictada por el Juzgado Quinto Administrativo Oral de
Bucaramanga, que había negado las pretensiones de la demanda de reparación
directa, y, en su lugar, se declaró responsable a CAPRECOM por la pérdida de
oportunidad derivada de la demora en la práctica de un marcapasos a Hilda Gómez
de Lesmes y reconoció perjuicios morales a sus hijos y nietos. Se confirma la decisión
de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento
del requisito de inmediatez.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1. El 17 de abril de 2026, Blanca Inés Lesmes Gómez, Álvaro Lesmes Gómez, José
Antonino Lesmes Gómez, Héctor Cayetano Lesmes Gómez, Martha Lesmes Gómez,
Nubia Lesmes Gómez, Orlando Lesmes Gómez, Gladys Lesmes Gómez, Francy
Andrea Manrique Lesmes, German Eduardo Manrique Lesmes, Johana Marcela
Manrique Lesmes, Cristian Javier Manrique Lesmes, Juan Carlos Uribe Lesmes,
Edgar Eduardo Uribe Lesmes, Janson Ardila Lesmes, Wilhelm Alexeiev Ardila
Lesmes, José Daniel Lesmes Orejarena, Claudia Patricia Mogollón Lesmes, Gonzalo
Mogollón Lesmes, Andrés Mogollón Lesmes, Robinson Mogollón Lesmes, Amanda
Mogollón Lesmes, Yenny Esperanza Lesmes Bejarano y Sandra Milena Lesmes

1 Temas: Demanda de tutela contra providencia judicial / Reparación directa / Pérdida de oportunidad / Tasación

de perjuicios / Recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia / Confirma / Improcedencia / Inmediatez.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02980-01
Accionantes: Blanca Inés Lesmes Gómez y otros
Se confirma la decisión de primera instancia

Bejarano, mediante apoderado judicial, presentaron demanda en ejercicio de la
acción de tutela, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales
al debido proceso y acceso a la administración de justicia. Los accionantes
cuestionaron la sentencia del 30 de enero de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander dentro del medio de control de reparación directa con
radicado número 68001-33-33-005-2015-00290-00/01, en cuanto a la tasación de los
perjuicios morales reconocidos a los familiares de la víctima directa, Hilda Gómez de
Lesmes.

2. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones (se transcribe):

(…) PRIMERO: TUTELAR; los derechos fundamentales al debido proceso
establecido en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, al acceso a la
administración de justicia el art. 229 de la Constitución Política de Colombia contra
la sentencia del treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025) del honorable
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER dentro del proceso radicado
68001333300520150029000 contra CAPRECOM que revocó la sentencia del
Juzgado Quinto Administrativo oral de Bucaramanga 18 de diciembre de 2018, solo
respecto del numeral segundo del fallo tutelado por no aplicar en dicho numeral, la
sentencia de unificación del veintiocho (28) de agosto de dos mil catorce
(2014) del Honorable Consejo de Estado con ponencia del Consejero Jaime
Orlando Santofimio Gamboa, bajo Radicación número: 66001-23-31-000-2001-
00731-01(26251), que indica y ordena unificar unas tablas específicas para los
jueces en la condena por daño moral.
SEGUNDO: Ordenar respetuosamente a la sala del Honorable Tribunal
administrativo de Santander, aplicar en la condena de la sentencia del treinta (30)
de enero de dos mil veinticinco (2025) numeral segundo, las tablas de la
sentencia de Unificación jurisprudencial de veintiocho (28) de agosto de dos
mil catorce (2014), con ponencia del consejero Jaime Orlando Santofimio Gamboa,
bajo Radicación número: 66001-23-31-000-2001-00731-01(26251), para reparar el
daño moral ya reconocido como corresponde. (…) (mayúsculas y negrillas del
original)2

B. Hechos

3. De conformidad con lo expuesto en la demanda, los hechos que sustentan la
solicitud de amparo son los siguientes:

3.1. Hilda Gómez de Lesmes, de 83 años de edad y afiliada a CAPRECOM, fue
hospitalizada en febrero de 2012 y diagnosticada con insuficiencia cardiaca
congestiva. El 9 de octubre de 2013, durante una nueva hospitalización, le fueron
ordenados exámenes cardiológicos y, el 10 de octubre de 2013, se indicó la
necesidad de implantarle un marcapasos.

3.2. El 11 de octubre de 2013, sus familiares solicitaron a CAPRECOM la autorización
del procedimiento. Ante la demora en su práctica, el 31 de octubre de 2013
interpusieron demanda en ejercicio de la acción de tutela contra esa entidad, que se
tramitó bajo el radicado número 68001-31-05-002-2013-00407-00, cuyo

2 Índice 1 de Samai del expediente de primera instancia.

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Accionantes: Blanca Inés Lesmes Gómez y otros
Se confirma la decisión de primera instancia

conocimiento correspondió al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de
Bucaramanga.

3.3.En el trámite de tutela se decretó una medida provisional que ordenó a
CAPRECOM realizar el procedimiento para la implantación del marcapasos prescrito
por el médico tratante. Sin embargo, Hilda Gómez de Lesmes falleció el 7 de
noviembre de 2013, sin que se hubiera practicado la intervención.

3.4. El 3 de septiembre de 2015, los familiares de la señora Gómez de Lesmes
presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra
CAPRECOM, con el fin de que se declarara su responsabilidad por el fallecimiento
de la paciente, debido a la demora en la autorización y práctica del procedimiento
para la implantación del marcapasos, y se reconocieran los perjuicios ocasionados.

3.5.Mediante sentencia del 18 de diciembre de 2018, el Juzgado Quinto
Administrativo de Bucaramanga negó las pretensiones de la demanda, al considerar
que no se acreditó una falla en la prestación del servicio médico ni que la falta de
implantación del marcapasos hubiera sido determinante en el fallecimiento de la
señora Gómez de Lesmes.

3.6. La parte demandante apeló la decisión, al considerar que CAPRECOM incurrió
en una falla del servicio al no autorizar ni practicar oportunamente el marcapasos
ordenado, lo que privó a la señora Gómez de Lesmes de la oportunidad de recibir el
tratamiento requerido.

3.7. Mediante sentencia del 30 de enero de 2025, el Tribunal Administrativo de
Santander revocó la sentencia de primera instancia y declaró responsable a
CAPRECOM por la pérdida de oportunidad, ante la demora injustificada en la práctica
del marcapasos. En consecuencia, reconoció cuatro (4) salarios mínimos legales
mensuales vigentes a cada hijo y dos (2) a cada nieto, para lo cual consideró la edad
y las patologías de la señora Gómez de Lesmes, así como el beneficio que habría
podido obtener con el procedimiento. La sentencia fue notificada mediante correo
electrónico el 10 de febrero de 2025.

3.8. El 28 de febrero de 2025, la parte demandante interpuso recurso extraordinario
de unificación de jurisprudencia contra la sentencia del 30 de enero de 2025, al
considerar que el Tribunal desconoció la sentencia de unificación del Consejo de
Estado del 28 de agosto de 2014, radicado número 66001-23-31-000-2001-00731-
01 (26251), sobre la tasación de perjuicios morales. El Tribunal Administrativo de
Santander concedió el recurso el 25 de marzo de 2025 y el Consejo de Estado lo
admitió mediante auto del 16 de junio de 2025.

3.9. Mediante auto del 28 de noviembre de 2025, el Consejo de Estado dejó sin efectos
la admisión del recurso y lo rechazó. Posteriormente, el 23 de enero de 2026, el
Tribunal Administrativo de Santander profirió auto de obedecimiento y cumplimiento
de esa decisión.

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C. Fundamentos de la vulneración

4. La parte accionante sostuvo que la sentencia del 30 de enero de 2025, proferida
por el Tribunal Administrativo de Santander, vulneró sus derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia, al incurrir en los siguientes
yerros:

4.1. Defecto procedimental absoluto, porque el Tribunal desconoció la sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2014, expediente 66001-23-31-000-2001-00731-01
(26251) 3 , sobre la tasación de perjuicios morales, y reconoció cuatro salarios
mínimos a cada hijo y dos a cada nieto, en lugar de aplicar los montos previstos para
los niveles primero y segundo de relación afectiva.

4.2. Violación directa de la Constitución, porque la indemnización se fijó teniendo en
cuenta la edad, las patologías y la expectativa de vida de la señora Gómez de
Lesmes, criterios que, a juicio de los accionantes, no justificaban apartarse de los
parámetros establecidos en la referida sentencia de unificación.

D. Trámite procesal

5. Mediante auto del 23 de abril de 20264, la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado5 admitió la demanda de tutela y ordenó notificar al Tribunal
Administrativo de Santander, como autoridad judicial accionada, y en calidad de
terceros al Hospital Universitario de Santander, el Instituto del Corazón de
Bucaramanga S.A., la Previsora S.A. Compañía de Seguros y Liberty Seguros.

E. Oposiciones e intervenciones

6. El Tribunal Administrativo de Santander 6 (accionado) solicitó declarar
improcedente la tutela por falta de inmediatez, pues transcurrió más de un año desde
la notificación de la sentencia cuestionada y el recurso extraordinario de unificación
interpuesto, al ser improcedente, no modificó el cómputo de dicho término.
Subsidiariamente, pidió negar las pretensiones, porque la sentencia de unificación
invocada no era aplicable, dado que los perjuicios reconocidos correspondieron a la
pérdida de oportunidad y no a perjuicios morales.

7. El Hospital Universitario de Santander 7 (tercero con interés) solicitó su
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, pues la tutela se dirige
contra la decisión del Tribunal Administrativo de Santander sobre la tasación de los
perjuicios. Precisó que su responsabilidad fue descartada en el proceso ordinario, al
establecerse que brindó una atención adecuada y que la falla del servicio era
imputable a CAPRECOM por la falta de autorización y gestión del marcapasos.

3 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, expediente 66001-23-

31-000-2001-00731-01 (26251), C.P. Jaime Orlando Santofimio.
4 Índice 8 de Samai del expediente de primera instancia.
5 Consejero Ponente Dr. Juan Camilo Morales Trujillo.

6 Índice 19 de Samai del expediente de primera instancia.
7 Índice 24 de Samai del expediente de primera instancia.

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8. El Instituto del Corazón de Bucaramanga S.A.8 (tercero con interés) solicitó negar
las pretensiones de la tutela, al considerar que los defectos alegados no se
configuraron y que la inconformidad de los accionantes se limita al monto de la
indemnización. Señaló que el Tribunal reconoció la pérdida de oportunidad como un
daño autónomo, cuya tasación se rige por criterios propios y no por los parámetros
establecidos para los perjuicios morales en la sentencia de unificación invocada por
la parte actora.

9. La Fiduciaria La Previsora S.A., en calidad de vocera y administradora del PAR
Caprecom Liquidado (tercero con interés), solicitó declarar su falta de legitimación en
la causa por pasiva y desvincularla del trámite, al sostener que no existe nexo causal
entre su actuación y la vulneración alegada. Precisó que la tutela se dirige contra la
sentencia del 30 de enero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, específicamente frente a la tasación de los perjuicios morales, asunto
sobre el cual no tiene competencia ni desplegó actuación alguna que afectara los
derechos fundamentales de los accionantes.

F. Decisión impugnada

10. Mediante sentencia del 22 de mayo de 20269, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado declaró improcedente la demanda de tutela por
incumplimiento del requisito de inmediatez, por las siguientes razones:

10.1. La sentencia del 30 de enero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, fue notificada el 10 de febrero de 2025, mientras que la acción de tutela
se presentó el 17 de abril de 2026, por lo que transcurrió más de un año, término que
superó ampliamente el plazo razonable de seis meses establecido para controvertir
providencias judiciales por esta vía.

10.2. La interposición del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia no
justificó la tardanza, pues este resultaba manifiestamente improcedente por cuantía:
la condena reconocida fue inferior a 70 SMLMV, mientras que el artículo 257 del
CPACA exigía 450 SMLMV para los procesos de reparación directa. Por tanto, la
presentación de dicho recurso no podía extender el término razonable para acudir a
la acción de tutela. Además, no se acreditaron circunstancias excepcionales ni un
perjuicio irremediable que justificaran la demora.

11. Por otro lado, el a quo constitucional negó la solicitud de desvinculación de la
Fiduprevisora, como vocera y administradora del PAR Caprecom Liquidado, porque
CAPRECOM fue parte demandada en el proceso de reparación directa y, por tanto,
tenía interés en las decisiones que se adoptaran en el trámite constitucional.
12. En ese sentido, resolvió:

8 Índice 18 de Samai del expediente de primera instancia.
9 Índice 29 de Samai del expediente de primera instancia.

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PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Fiduprevisora,
de conformidad con la parte motiva.
SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por Blanca
Inés Lesmes Gómez y otros contra el Tribunal Administrativo de Santander, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada, REMITIR el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
(mayúsculas y negrillas del original)10

G. Impugnación

13. La parte accionante impugnó la sentencia del 22 de mayo de 202611 y solicitó
revocarla para que se emitiera un pronunciamiento de fondo, al considerar que sí
cumplió el requisito de inmediatez, por las siguientes razones:

13.1. El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia contra la sentencia del
30 de enero de 2025 fue interpuesto el 28 de febrero de 2025 y concedido por el
Tribunal Administrativo de Santander el 25 de marzo siguiente. Por ello, sostuvo que
no podía acudir simultáneamente a la tutela, pues debía agotar dicho mecanismo
judicial en observancia del requisito de subsidiariedad.

13.2. El recurso no era manifiestamente improcedente por cuantía, pues el Consejo
de Estado lo admitió al establecer que las pretensiones ascendían a mil ochocientos
cuarenta y siete millones setecientos treinta y un mil cincuenta pesos
($1.847.731.050), suma superior a los cuatrocientos cincuenta (450) salarios
mínimos legales mensuales vigentes exigidos para su procedencia.

13.3. El recurso fue tramitado hasta el 28 de noviembre de 2025, cuando el Consejo
de Estado dejó sin efectos su admisión y dispuso su rechazo. Posteriormente, el
Tribunal Administrativo de Santander profirió auto de obedecimiento y cumplimiento
el 23 de enero de 2026, notificado el 26 de enero de 2026. Por tanto, estimó que ese
lapso no podía atribuirse a una demora injustificada de su parte.

13.4. La tutela fue presentada el 17 de abril de 2026, menos de tres meses después
de la notificación del auto de obedecimiento y cumplimiento. Asimismo, sostuvo que,
aun si el término se contabilizara desde la notificación del rechazo del recurso
extraordinario, no se superaron los seis meses previstos para cumplir el requisito de
inmediatez.

II. CONSIDERACIONES

H. Competencia

14. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para resolver la demanda de tutela interpuesta por la señora Blanca Inés Lesmes
Gómez y otros contra el Tribunal Administrativo de Santander, de conformidad con

10 Índice 1 de Samai del expediente de primera instancia.
11 Índice 33 de Samai del expediente de primera instancia.

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lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de
1991, 1069 de 2015 y en el Reglamento del Consejo de Estado (Acuerdo 80 de
2019).

I. Sentido de la decisión

15. La Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró improcedente la
acción de tutela por incumplimiento del requisito de inmediatez. La sentencia del 30
de enero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander dentro del
medio de control de reparación directa número 68001-33-33-005-2015-00290-00/01,
fue notificada el 10 de febrero de 2025, y la tutela se radicó el 17 de abril de 2026,
transcurrido más de un (1) año desde la notificación de la providencia cuestionada.

16. En consecuencia, por razones metodológicas la Sala se abstendrá de efectuar el
estudio de los demás requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales12.

J. El requisito de inmediatez

17. El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela puede
presentarse “en todo momento y lugar”, lo que implica que no se encuentra
sometida a un término de caducidad. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional
ha reiterado que dicho carácter no exime al accionante del cumplimiento del
requisito de inmediatez, en virtud del cual la solicitud de amparo debe presentarse
dentro de un término razonable y proporcionado entre la ocurrencia de los hechos
que presuntamente vulneraron los derechos fundamentales y la interposición de la
demanda.

18. En ese sentido, la exigencia de inmediatez responde a la naturaleza urgente y
residual de la tutela, pues su finalidad es brindar una protección inmediata respecto
de las vulneraciones inminentes de derechos fundamentales y no reabrir
controversias que ya se han consolidado en el tiempo. En consecuencia, el
mecanismo constitucional no puede ejercerse de manera indefinida, pues ello
comprometería la seguridad jurídica y desnaturalizaría su función como mecanismo
de protección inmediata.

19. Por tal razón, aun cuando no existe un término fijo o preestablecido para evaluar
el cumplimiento del requisito de inmediatez, corresponde al juez de tutela examinar
las circunstancias particulares de cada caso y determinar, en atención a ellas, si la

12 Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional ha establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de evidente relevancia
constitucional; b) que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa judicial al
alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable; c) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; d) cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia
que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; e) que la parte actora identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere
alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible, y f) que no se trate de
sentencias de tutela (Sentencia C-590 de 2005).

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demanda fue promovida dentro de un término razonable. Lo anterior, bajo el
presupuesto de que, en el caso concreto, se presenten circunstancias que expliquen
razonablemente la tardanza en el ejercicio del mecanismo constitucional, a saber:

“(i) [Ante] La existencia de razones válidas para la inactividad, como podría ser, por
ejemplo, la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la incapacidad
o imposibilidad del actor para interponer la tutela en un término razonable, la
ocurrencia de un hecho completamente nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado
drásticamente las circunstancias previas, entre otras.
(ii) Cuando a pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración o amenaza
de los derechos fundamentales del accionante permanece, es decir, su situación
desfavorable como consecuencia de la afectación de sus derechos continúa y es
actual. Lo que adquiere sentido si se recuerda que la finalidad de la exigencia de la
inmediatez no es imponer un término de prescripción o caducidad a la acción de
tutela sino asegurarse de que se trate de una amenaza o violación de derechos
fundamentales que requiera, en realidad, una protección inmediata.
(iii) Cuando la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo razonable
resulta desproporcionada dada la situación de debilidad manifiesta en la que se
encuentra el accionante, lo que constituye un trato preferente autorizado por el
artículo 13 de la Constitución que ordena que ‘el Estado protegerá especialmente
a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se
encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o
maltratos que contra ellas se cometan”.13

20. La Corte Constitucional 14 ha sido reiterativa respecto a la protección de la
seguridad jurídica, la certeza sobre las decisiones judiciales y la autonomía de los
jueces, razón por la cual la tutela contra providencias judiciales se erige como un
recurso excepcional y su análisis debe ser más estricto, con el fin de no transgredir
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, debido a que:

(…) la firmeza de las decisiones judiciales estaría siempre a la espera de la
controversia constitucional que en cualquier momento, sin límite de tiempo, pudiera
iniciar cualquiera de las partes. En un escenario de esta naturaleza nadie podría
estar seguro sobre cuáles son sus derechos y cual el alcance de éstos, con lo cual
se produciría una violación del derecho de acceso a la administración de justicia –
que incluye el derecho a la firmeza y ejecución de las decisiones judiciales – y un
clima de enorme inestabilidad jurídica.15

21. Por otra parte, en concordancia con los precedentes fijados por la Corte
Constitucional, el Consejo de Estado ha adoptado como regla general un término
de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia,
según corresponda, para determinar si la acción de tutela contra providencias
judiciales se ejerce oportunamente, así:

“(…) Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza
del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los
recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela
judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren
certeza y estabilidad.

13 Corte Constitucional. Sentencia T-087 de 2018.
14 Corte Constitucional. Sentencia SU 108 de 2018.
15 Corte Constitucional. Sentencia T-315 de 2005.

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La regla general del plazo de seis meses se acoge, además, teniendo en cuenta: i)
que el plazo ha sido considerado como razonable por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y; (ii) se trata de una decisión judicial adoptada en un proceso
jurisdiccional16”.

K. Caso concreto

22. Con fundamento en los anteriores criterios, la Sala advierte que la parte
accionante pretende que se deje sin efectos la sentencia del 30 de enero de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander dentro del medio de control
de reparación directa con radicado número 68001-33-33-005-2015-00290-00/01.

23. La sentencia cuestionada se notificó por correo electrónico el 10 de febrero de
202517 y quedó ejecutoriada el 17 del mismo mes y año, mientras que la acción de
tutela fue radicada el 17 de abril de 202618. Por lo tanto, entre la notificación de la
providencia cuestionada y la presentación de la demanda transcurrió un (1) año,
dos (2) meses y siete (7) días, lapso que supera ampliamente el término de seis (6)
meses fijados por la jurisprudencia como criterio orientador para la interposición de
la acción de tutela contra providencias judiciales.

24. La parte accionante pretende justificar dicho lapso al señalar que el término de
inmediatez debe contabilizarse desde la providencia del 28 de noviembre de 2025,
mediante la cual el Consejo de Estado, dentro del recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia radicado con el número 11001-03-26-000-2025-
00056-00, dejó sin efectos el auto admisorio y rechazó el recurso. Tal planteamiento
no está llamado a prosperar, pues el punto de partida para el examen de la
inmediatez corresponde a la decisión judicial que es objeto de censura
constitucional y al momento en que esta fue notificada.

25. En efecto, la sentencia del 30 de enero de 2025 definió la controversia sometida
al conocimiento del Tribunal Administrativo de Santander y es la decisión cuya
pérdida de efectos se solicita en esta acción. La providencia del 28 de noviembre
de 2025 tuvo un objeto distinto, pues se circunscribió al examen del recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia y concluyó con su rechazo, sin que
ello comportara la revocatoria, modificación o pérdida de efectos de la sentencia
cuestionada. Por tanto, esta actuación posterior no tiene incidencia en el cómputo
del término de inmediatez respecto de aquella decisión.

26. En esas condiciones, no es posible trasladar el inicio del término de inmediatez
a la fecha de una actuación procesal posterior que no alteró la decisión que ahora
se controvierte. Lo contrario supondría admitir que la formulación y resolución de
actuaciones posteriores dentro del proceso pueden renovar sucesivamente la
oportunidad para cuestionar, por vía de tutela, una providencia judicial previamente

16
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado
11001-03-15-000-2012-02201-01
17 Índice 54 de Samai del expediente de reparación directa con radicado número 68001-33-33-005-2015-00290-

01.
18 Índice 1 de Samai del expediente de primera instancia.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02980-01
Accionantes: Blanca Inés Lesmes Gómez y otros
Se confirma la decisión de primera instancia

notificada.

27. En consecuencia, el término de seis (6) meses debe contabilizarse, para efectos
del análisis de la inmediatez frente a la sentencia del 30 de enero de 2025, a partir
de su notificación, sin que la posterior decisión del 28 de noviembre de 2025 tenga
incidencia en dicho cómputo. Al no acreditarse una circunstancia que justifique el
lapso transcurrido desde la notificación de la sentencia cuestionada, la Sala
concluye que no se satisface el requisito de inmediatez.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia del 22 de mayo de 2026, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que declaró la
improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento del requisito de
inmediatez.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.

TERCERO: ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la
Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado

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