Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02997-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02997-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02997-00
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
28 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2026 02997 00
Accionante: Angy Vanessa Siado Ahumada
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de Decisión C
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela por incumplir el
requisito general de relevancia constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela promovida por la señora Angy Vanessa Siado Ahumada
en contra de la providencia dictada el 16 de marzo de 2026 por el Tribunal Administrativo
del Atlántico – Sala de Decisión C en el proceso de reparación directa identificado con el
radicado núm. 08001 33 33 001 2025 00247 00/01.
1. SÍNTESIS DEL CASO
La señora Angy Vanessa Siado Ahumada, actuando por conducto de apoderado,
promovió acción de tutela en contra de la precitada providencia, y para ello, formuló las
siguientes pretensiones1:
1. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de la parte accionante.
2. Como consecuencia de lo anterior, ordenar al Tribunal Administrativo del
Atlántico dejar sin efectos las actuaciones surtidas en segunda instancia, en cuanto
dispuso confirmar el auto de fecha 1 de diciembre de 2025 y en su lugar ordene
seguir con el trámite del proceso.
2. SITUACIÓN FÁCTICA
La accionante informó que el 2 de enero de 2023 suscribió un contrato de prestación de
servicios con la ESE Hospital Local de Luruaco, con una duración de ocho meses, cuyo
objeto consistía en brindar apoyo asistencial como auxiliar de enfermería en el
corregimiento de San Juan de Tocagua.
Indicó que, en esa misma fecha, esto es el 2 de enero de 2023, se expidió el registro
presupuestal núm. 78 por valor de $11.440.000 y se suscribió el acta de inicio, razón por
la cual comenzó la ejecución de las obligaciones contractuales pactadas.
Señaló que, mediante Decreto núm. 084 del 7 de marzo de 2023, fue designado como
nuevo gerente de la ESE el señor Juan Esteban Sánchez Páez. Afirmó que, a partir de
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 02997 00.
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Radicado: 11001 03 15 000 2026 02997 00
Accionante: Angy Vanessa Siado Ahumada
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de Decisión Oral C
la posesión del muevo gerente se le impidió el ingreso a la entidad pese a encontrarse
vigente el contrato de prestación de servicios.
Relató que los días 10 y 14 de marzo de 2023 fueron expedidas las circulares núm. 003
y 004, respectivamente, mediante las cuales se ordenó abstenerse de desarrollar
actividades sin vínculo contractual vigente, circunstancia que motivó una manifestación
por parte de varios contratistas de la ESE el 27 de marzo de 2023, consistente en el cierre
de la vía La Cordialidad.
Manifestó que el 30 de marzo de 2023 solicitó al nuevo gerente de la entidad que le
permitiera continuar con la ejecución del contrato; sin embargo, dicha petición fue
resuelta desfavorablemente el 10 de abril siguiente. En consecuencia, el 21 de abril de
2023 promovió acción de tutela, la cual fue declarada improcedente por el Juzgado
Promiscuo Municipal de Luruaco, decisión que fue impugnada el 5 de mayo del mismo
año. Sostuvo que, en el marco de dicho trámite constitucional, se reconoció la existencia
del vínculo contractual por parte de la ESE.
Anotó que, mediante la Resolución núm. 091 del 31 de mayo de 2023, la E.S.E. resolvió
dar por terminado el contrato. Agregó que con posterioridad se intentó una conciliación
extrajudicial ante la Procuraduría, diligencia que culminó sin acuerdo entre las partes.
Expuso que el 21 de octubre de 2025 presentó demanda de reparación directa contra la
E.S.E, con el fin que se le declarara administrativa y patrimonialmente responsable por
la presunta omisión en el cumplimiento de los deberes de conservación documental y de
publicidad respecto del contrato de prestación de servicios de Apoyo a la del 2 de enero
de 2023, celebrado entre las partes.
La demanda correspondió por reparto al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Barranquilla, autoridad judicial que, mediante providencia del 1 de diciembre de 2025,
rechazó la demanda al considerar configurado el fenómeno de la caducidad. Inconforme
con esa decisión, interpuso recurso de apelación y el Tribunal Administrativo del Atlántico,
mediante providencia del 16 de marzo de 2026, la confirmó.
Frente a ello, la accionante sostuvo que tales providencias vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, al efectuar
un cómputo equivocado del término de caducidad previsto en el artículo 164 de la Ley
1437 de 2011.
Alegó que2:
[…] la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto sustancial y procesal al
declarar la caducidad de la acción, contabilizando indebidamente el término a
partir del día de la notificación de la decisión que dio por terminada la relación
contractual. Esta interpretación desconoce abiertamente la normatividad aplicable
y la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado en la materia […].
Adujo que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que, en asuntos de
responsabilidad estatal, especialmente aquellos asociados a la pérdida de documentos,
el término de caducidad no debe computarse desde la ocurrencia del hecho dañoso o
desde la finalización del vínculo contractual, sino a partir del momento en que el afectado
2 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 02997 00.
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Accionante: Angy Vanessa Siado Ahumada
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de Decisión Oral C
adquiere conocimiento cierto del daño, esto es, desde la respuesta emitida por la entidad
competente. Bajo ese entendido, consideró que las providencias cuestionadas aplicaron
de forma errónea las reglas relativas al cómputo de la caducidad.
Finalmente, arguyó que las decisiones judiciales controvertidas impusieron una carga
excesiva e irrazonable que restringió injustificadamente su posibilidad de acudir a la
jurisdicción, con lo cual se vulneraron sus derechos fundamentales.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 17 de abril de 20263 y correspondió por reparto a esta
Sección que, por auto del 23 de abril de 20264 la admitió y dispuso notificar5 al Tribunal
Administrativo del Atlántico – Sala de Decisión C, así como vincular6 al Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Barranquilla y a la E.S.E. Hospital Local de Luruaco, como
terceros con interés directo en el resultado del proceso.
De igual forma, se requirió al Tribunal Administrativo del Atlántico y el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Barranquilla para que allegaran copia digital del expediente
correspondiente al medio de control de reparación directa, identificado con radicado núm.
08001 33 33 001 2025 00247 00/01, el cual fue remitido7.
3.2. El magistrado ponente de la providencia de segunda instancia acusada allegó
escrito8 en el que expuso lo siguiente:
Esta Corporación mediante auto de fecha 16 de marzo de 2026, una vez analizado
el problema jurídico y las pruebas aportadas con la presentación de la demanda,
concluyó que no existieron elementos de juicio que permitieran reconocer la
certeza del inicio del daño para efectos de contabilizar el término de caducidad,
indicándose que i) en la demanda original no se estableció ninguna dependencia
fáctica entre el daño y dicho proceso disciplinario, ii) no se acreditó que la
demandante fuera parte en esa actuación de la Procuraduría y de la lectura del
texto, se advierte que quien figura como quejoso es la Contraloría General de la
República y iii) dicha investigación tuvo como génesis fue el no pago de los
honorarios de contratos de prestación de servicios suscritos, entre los cuales no
figura el presuntamente suscrito con la señora Angy Siado Ahumada, razón por la
cual no era plausible tener por ocurrido el hecho dañoso a unos términos que la
misma demandante quería imponer. En razón de ello se confirmó el auto de
primera instancia.
Para efectos de lo anterior, se remite el expediente
3 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 02997 00.
4 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 02997 00.
5 Esta orden se cumplió el 27 de abril de 2026. Visto en los índices 7 y 8 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 02997 00.
6
Ibidem
7 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 02997 00.
8 Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 02997 00.
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Accionante: Angy Vanessa Siado Ahumada
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de Decisión Oral C
3.3. El titular del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Barranquilla rindió
informe9 en el que solicitó que se declare improcedente la acción de tutela.
Al respecto, señaló que la accionante no identificó de manera concreta el defecto en que
presuntamente habría incurrido el Tribunal Administrativo del Atlántico, sino que, por el
contrario, sus argumentos evidencian una inconformidad con la decisión adoptada, con
el propósito de reabrir el debate jurídico ya resuelto. En ese sentido, indicó que la solicitud
pretende convertir la acción de tutela en una instancia adicional de revisión,
desnaturalizando así el carácter excepcional y subsidiario del mecanismo constitucional.
3.4. La E.S.E. Hospital Local de Luruaco guardó silencio.
4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 10 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,11 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 202112, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 201913, modificado por el Acuerdo núm. 434 del
10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula
la distribución de procesos entre las secciones.
4.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente14:
4.2.1. La señora Angy Vanessa Siado Ahumada, actuando por intermedio de apoderado
judicial, promovió demanda de reparación directa contra la ESE Hospital Local de
Luruaco, con el propósito de que se declarara su responsabilidad administrativa y
patrimonial por la presunta omisión en los deberes de conservación documental y
publicidad relacionados con el Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión
núm. CPSAG-071-2023, suscrito el 2 de enero de 2023 entre las partes.
Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se condenara a la entidad demandada al
pago de los perjuicios materiales y morales presuntamente ocasionados, derivados de la
pérdida de oportunidad de recibir los honorarios pactados por la ejecución del referido
contrato.
9
Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 02997 00
10 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
11 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece
las reglas de reparto de la acción de tutela.
12 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
13 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
14 Lo que se desprende del expediente del proceso de reparación directa del derecho identificado con
radicado núm. 08001 33 33 001 2025 00247 00. Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 02893 00.
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Accionante: Angy Vanessa Siado Ahumada
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de Decisión Oral C
4.2.2. El conocimiento del asunto correspondió, por reparto, al Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Barranquilla, despacho que, mediante providencia del 1 de
diciembre de 2025, rechazó la demanda al considerar configurado el fenómeno de la
caducidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 169 del CPACA.
4.2.3. Inconforme con dicha determinación, la accionante interpuso recurso de apelación
y el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión C, mediante providencia del
16 de marzo de 2026, la confirmó.
4.3. ANÁLISIS DE LA SALA
Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.
El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe verificar es la
relevancia constitucional y, para ello, la Sala se detendrá en (i) los criterios que la
jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se
discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii)
caso concreto.
4.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que15:
[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […].
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en la sentencia SU –
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades16:
15 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
16 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido. Este
criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de 2021 y SU 103 de 2022.
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(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia. De manera que,
si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar la relevancia constitucional.
4.3.2. Caso concreto
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, analizará el tercer
criterio que la compone, el cual busca impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que:
[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos de mera
legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra providencias judiciales
no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios”, pues la
competencia del juez de tutela se restringe “a los asuntos de relevancia constitucional y a
la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de
carácter legal” (…)17. (Se destaca) […].
En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, «circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial».
En igual sentido anotó que «como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de
2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio
o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial» (…)”. [Se
destaca].
En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso y la jurisprudencia aplicable, resulta evidente que
este mecanismo constitucional está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo
la autonomía e independencia del juez natural.
17 Corte Constitucional. Sentencia SU 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
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La Sala advierte que, en este evento, no se cumple el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que el tercer elemento que la compone, esto es, impedir que
la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces, no está superado.
Ello, debido a que, a través de la solicitud de amparo, la parte actora pretende reabrir el
debate que se surtió en el medio de control de reparación directa, dado que sus
inconformidades están encaminadas a que se ordene seguir con el trámite del proceso,
pues bajo su consideración no ha operado la caducidad de la acción, lo cual ya fue objeto
de debate.
Al respecto, el tribunal accionado, en la providencia acusada, expuso lo siguiente18:
[…] Determina el articulo 164 del CPACA, que en el medio de control de reparación
directa el termino de caducidad será de 2 años, contados desde el momento en que
ocurrió el hecho generador del daño o desde el momento en que el demandante
tuvo conocimiento del mismo […]
[…]
Ahora bien, en el asunto sub examine, tenemos que el Juzgado Primero
Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla rechazó la demanda al considerar
que se había configurado la figura de la caducidad del medio de control de
reparación directa instaurado por la parte demandante. Afirma que la demandante
tenia conocimiento del daño desde el mes de abril de 2023 fecha en la cual le dieron
respuesta a un derecho de petición presentado por la actora, y que, en todo caso a
partir del mes de mayo del mismo año tenia conocimiento de la Resolución No. 091
del 31 de mayo de 2023, por medio de la cual se termino de manera unilateral el
contrato celebrado entre las partes; por tanto, consideró que la parte actora tenia
hasta el 1 de junio de 2025 para presentar la demanda.
[…]
En ese orden, establecida la posición del A quo y de la parte demandante, estima
la Sala que la decisión de primera instancia debe ser confirmada, como quiera que
los argumentos expuestos en el recurso de apelación resultan insuficientes para
desvirtuar la configuración de la caducidad del medio de control, conforme se pasa
a exponer.
En primera medida se advierte que el recurrente introduce un nuevo supuesto
fáctico para el conteo del término de caducidad, alegando que el conocimiento del
daño solo se materializó el 15 de agosto de 2025, fecha en la que la Procuraduría
Provincial de Instrucción de Barranquilla emitió un auto de cierre de investigación
disciplinaria; no obstante, este planteamiento constituye una variación en los
hechos del medio de control, pues en el texto de la demanda no existe mención
alguna a dicha actuación, ni se ligó el conocimiento de la existencia del daño a las
resultas de un proceso disciplinario.
[…]
De lo anterior se concluye que la parte demandante alude explícitamente al acto de
terminación contractual como el momento en que a su juicio se materializó la
afectación de sus derechos, lo que constituye una confesión sobre el momento en
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que tuvo conocimiento de la ausencia o perdida de los documentos de su vínculo
contractual con la entidad; por tanto, al haber fijado ella misma ese marco temporal
en el libelo inicial, no puede ahora pretender trasladar este —de forma
conveniente— a una fecha posterior mediante el recurso de apelación.
Adicionalmente a lo anterior, resulta inviable pretender que un auto de cierre de
investigación disciplinaria adelantada contra el señor Juan Esteban Sánchez Páez,
en calidad de Gerente de la ESE Hospital Local de Luruaco, aportado con el recurso
de apelación, fechado el 15 de agosto de 2025, sirva como punto de partida para
contabilizar la caducidad, como quiera que: i) en la demanda original no se
estableció ninguna dependencia fáctica entre el daño y dicho proceso disciplinario,
ii) no se acreditó que la demandante fuera parte en esa actuación de la Procuraduría
y de la lectura del texto, se advierte que quien figura como quejoso es la Contraloría
General de la República y iii) dicha investigación tuvo como génesis fue el no pago
de los honorarios de contratos de prestación de servicios suscritos, entre los cuales
no figura el presuntamente suscrito con la señora Angy Siado Ahumada.
[…]
En ese orden, al no haber sido el demandante sujeto procesal y no existir prueba
de que haya intervenido en dicha investigación, impide a esta Sala tener por
demostrado que dicha decisión de la Procuraduría le fuese comunicada formal o
materialmente en esa fecha, acto procesal —comunicación o notificación del acto—
del cual tampoco se arrimó constancia, lo que debilita el argumento del recurrente
de trasladar el inicio del término de caducidad al 15 de agosto de 2025 […].
Bajo dicho contexto, la Sala advierte que la acción de tutela está siendo utilizada como
una instancia o recurso adicional al proceso ordinario para controvertir lo resuelto por el
juez natural de la causa e insistir en que no ha operado la caducidad en su caso, por lo
que se concluye que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la petición de
amparo no cumple con el tercer criterio de la relevancia constitucional.
Por lo anotado, sin ser necesario descender en otras consideraciones, la Sala declarará
improcedente la acción de tutela por cuanto no cumple con el requisito general de
relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la señora
Angy Vanessa Siado Ahumada, según lo expuesto en la parte considerativa de esta
sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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Accionante: Angy Vanessa Siado Ahumada
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La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 28 de
mayo de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA
Consejero de Estado NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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