Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-02893-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-02893-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2026-02893-00
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
21 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2026 02893 00
Accionante: Luis Alberto Ortega Mendoza
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela por incumplir el
requisito general de relevancia constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela promovida por el señor Luis Alberto Ortega Mendoza
en contra de la sentencia del 26 de febrero de 2026 proferida por el Consejo de Estado –
Sección Quinta, que revocó parcialmente la dictada el 11 de diciembre 2025 por el
Tribunal Administrativo del Cesar, en la acción de cumplimiento identificada con el
radicado núm. 20001 23 33 000 2025 00705 00/01.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Luis Alberto Ortega Mendoza, actuando en nombre propio, promovió acción de
tutela en contra de la precitada providencia, y para ello, formuló las siguientes
pretensiones1:
PRIMERA: Que se AMPAREN los derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO, al ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, a la
IGUALDAD y a la SEGURIDAD JURÍDICA de EL ACCIONANTE y, por extensión,
de la colectividad afectada, los cuales fueron vulnerados por la Sección Quinta
del Consejo de Estado al proferir una providencia que desconoce el imperio de
la Constitución y la Ley.
SEGUNDA: Que se DECLARE LA NULIDAD Y SE DEJE SIN EFECTOS
JURÍDICOS la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado
dentro de la acción de cumplimiento con radicado [Insertar Radicado] [sic], por
configurar una Vía de Hecho mediante un defecto sustantivo y desconocimiento
del precedente vinculante de la Corte Constitucional (Sentencias C-038/20 y C-
321/22) y del propio Consejo de Estado.
TERCERA: Que, como consecuencia de lo anterior, se ORDENE a la Sección
Quinta del Consejo de Estado que, en un término no mayor a quince (15) días,
profiera una NUEVA SENTENCIA DE FONDO. En dicho fallo, la corporación
deberá acatar lo dispuesto en los Artículos 10 y 102 del CPACA, reconociendo
que la Superintendencia de Transporte, según el Artículo 3 (Parágrafo 3) de
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 02893 00.
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la Ley 769 de 2002, tiene una obligación imperativa, clara y exigible de vigilancia
que no puede ser eludida bajo el pretexto de autonomía territorial.
CUARTA: Que se ORDENE a la SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE dar
cumplimiento estricto y efectivo al Artículo 4 del Decreto 2409 de 2018 y al
Artículo 3 de la Ley 1843 de 2017, procediendo a inspeccionar y verificar la
validez técnica de los sistemas SAST en Valledupar. Se debe declarar que la
entidad no ha cumplido con su función de policía administrativa al permitir la
operación de dispositivos móviles y "cruce de datos" sin la debida señalización y
validación humana.
QUINTA: Que se ORDENE a la Superintendencia de Transporte que, en ejercicio
de su facultad de autoridad de cierre y en cumplimiento del Artículo 158A del
Código Nacional de Tránsito (adicionado por Ley 2251 de 2022), disponga la
REVOCATORIA OFICIOSA Y MASIVA de la totalidad de los comparendos
(aproximadamente 92.000) impuestos en Valledupar mediante prácticas
prohibidas (vehículos en movimiento y falta de plena identificación del infractor).
SEXTA: Que se ORDENE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL E INMEDIATA de
todos los efectos administrativos, reportes en las plataformas SIMIT y RUNT, y
procesos de cobro coactivo derivados de estas fotomultas ilegales, hasta que la
autoridad de tránsito de Valledupar demuestre, caso por caso, que cumplió con la
carga probatoria de identificar al conductor infractor, conforme a la Sentencia de
Unificación SU-011 de 2020.
SÉPTIMA: Que se DECLARE que la Sección Quinta del Consejo de Estado
incurrió en un Exceso Ritual Manifiesto y en una Cosa Juzgada Aparente, al
pretender aplicar fallos previos sobre situaciones fácticas nuevas y ante la
aparición de normas de orden público posteriores (como la Ley 2251 de 2022) que
obligan a la administración a actuar de oficio frente a la ilegalidad técnica.
OCTAVA: Que se COMPULSEN COPIAS con carácter urgente a la
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a la COMISIÓN DE
ACUSACIONES (o autoridad competente), para que se investigue la
responsabilidad disciplinaria de los funcionarios de la Superintendencia de
Transporte y se verifique si la actuación de los magistrados de la Sección Quinta
se apartó deliberadamente del bloque de constitucionalidad para favorecer
intereses de recaudo de un operador privado.
NOVENA: Que el Juez de Tutela, dada la gravedad de la omisión y el impacto
masivo sobre el patrimonio de los ciudadanos, mantenga la VIGILANCIA
PERMANENTE sobre el cumplimiento de este amparo mediante un incidente de
seguimiento, asegurando que la Superintendencia de Transporte no emita
respuestas administrativas ambiguas o vacuas que pretendan burlar la orden
judicial.
DÉCIMA: Que se ORDENE a la Secretaría de Tránsito de Valledupar y a la
Superintendencia de Transporte la devolución indexada de los dineros
recaudados bajo este esquema de Responsabilidad Objetiva, reconociendo que
el Estado no puede lucrarse de cobros fundamentados en procedimientos que han
perdido su fuerza ejecutoria por vía del Decaimiento (Art. 91 CPACA).
[Mayúsculas y negrillas de la tutela].
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante informó que en el municipio de Valledupar utilizaban vehículos en
movimiento y mecanismos de “cruce de datos” para imponer comparendos sin plena
identificación del infractor, en contravía del principio de responsabilidad subjetiva
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desarrollado por la Corte Constitucional en las sentencias C-038 de 2020 y C-321 de
2022.
Manifestó que, desde el año 2024, la Superintendencia de Transporte tenía conocimiento
de las irregularidades denunciadas debido a las múltiples reclamaciones ciudadanas y
actuaciones judiciales relacionadas con la operación de sistemas automáticos y
semiautomáticos de detección de infracciones de tránsito en Valledupar.
Indicó que más de 2.000 acciones de cumplimiento y tutela fueron promovidas en contra
del Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte por ciudadanos
afectados por las fotomultas impuestas mediante patrullas móviles. Agregó que el
Tribunal Administrativo del Cesar profirió varias decisiones favorables dentro de acciones
de cumplimiento relacionadas con la materia; sin embargo, estas fueron posteriormente
anuladas por la Sección Quinta del Consejo de Estado, bajo el argumento de que dicho
mecanismo no procedía frente a asuntos de carácter particular.
Al efecto, anotó que promovió acción de cumplimiento contra la Superintendencia de
Transporte, el Ministerio de Transporte, la Secretaría de Tránsito de Valledupar y el
Concejo de Valledupar. con el fin que se les ordenara a dichas entidades que ejercieran
las funciones de inspección, vigilancia y control previstas en la Ley 769 de 2002, la Ley
1843 de 2017 y el Decreto 2409 de 2018, frente a las presuntas irregularidades
relacionadas con los sistemas de foto detección implementados en Valledupar.
A la demanda le correspondió el radicado núm. 20001-23-33-000-2025-00705-00 y en
primera instancia, el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia del 11 de
diciembre de 2025, rechazó la demanda respecto del Ministerio de Transporte y la declaró
improcedente frente a las demás accionadas.
Inconforme con la anterior decisión interpuso recurso de apelación, y la Sección Quinta
del Consejo de Estado, mediante sentencia del 26 de febrero de 2026 la revocó
parcialmente declarando la cosa juzgada respecto a los artículos 129, 135 y 158A de la
Ley 769 de 2002, adicionado por el artículo 18 de la Ley 2251 de 2022, y el artículo 6 de
la Resolución No. 20203040011245 de 2020.
El accionante señaló que la acción de tutela es procedente ante la ausencia de otros
medios judiciales eficaces, comoquiera que agotó los mecanismos ordinarios de defensa
que tenía a su alcance. Asimismo, sostuvo que su solicitud de amparo cumple con el
requisito de inmediatez, al haber presentado la tutela dentro de un plazo razonable.
En cuanto requisitos específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial, alegó que la sentencia cuestionada incurre en defecto fáctico, sustantivo,
orgánico y procedimental, además de desconocer el precedente constitucional
establecido en las sentencias C-038 de 2020 y C-321 de 2022.
En cuanto al defecto fáctico, adujo que la Sección Quinta del Consejo de Estado omitió
valorar de manera adecuada las pruebas relacionadas con la presunta operación irregular
de los sistemas de fotodetección en Valledupar. Agregó que también ignoró las
decisiones que ordenaban suspender dichos procedimientos, las solicitudes elevadas
ante la Superintendencia de Transporte y las pruebas relativas al uso de vehículos
móviles y mecanismos de “cruce de datos” sin validación humana ni plena identificación
del infractor.
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Frente al defecto sustantivo, aseveró que la providencia desconoció el artículo 3 de la
Ley 1843 de 2017, el artículo 158A de la Ley 769 de 2002 (adicionado por la Ley 2251
de 2022) y el artículo 4 del Decreto 2409 de 2018, al declarar improcedente la acción de
cumplimiento y omitir las obligaciones de inspección, vigilancia y control asignadas a la
Superintendencia de Transporte. Añadió que la decisión avaló la imposición de sanciones
bajo un esquema de responsabilidad objetiva proscrito por la jurisprudencia
constitucional.
Sobre el defecto orgánico, expuso que la Sección Quinta excedió sus competencias al
compulsar copias contra el defensor y asesor técnico de la causa, utilizando la facultad
disciplinaria como mecanismo de presión frente a las actuaciones promovidas por los
ciudadanos afectados por las fotomultas en Valledupar.
En relación con el defecto procedimental, indicó que la autoridad judicial incurrió en
exceso ritual manifiesto al declarar improcedente la acción de cumplimiento por cosa
juzgada y temeridad, sin analizar de fondo las nuevas circunstancias normativas y
fácticas derivadas de la Ley 2251 de 2022 y de las presuntas irregularidades ocurridas
entre los años 2024 y 2026.
Finalmente, frente a la alegada violación directa de la Constitución, sostuvo que la
decisión judicial vulneró los artículos 4, 6, 29, 87 y 228 de la Constitución Política, al
permitir la permanencia de sanciones y cobros derivados de procedimientos que, en su
criterio, desconocen el debido proceso, el principio de responsabilidad subjetiva y la
supremacía constitucional. También afirmó que la providencia cuestionada desnaturalizó
la acción de cumplimiento como mecanismo de control frente a la inactividad
administrativa.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 15 de abril de 20262 y correspondió por reparto a esta
Sección que, por auto del 21 de abril de 20263 la admitió y dispuso notificar4 a la Sección
Quinta del Consejo de Estado y vincular5 al Tribunal Administrativo del Cesar, al
Ministerio de Transporte, a la Superintendencia de Transporte, al Concejo Municipal de
Valledupar y al municipio de Valledupar – Secretaría de Tránsito Municipal, como terceros
con interés directo en el resultado del proceso.
De igual forma, se requirió al Tribunal Administrativo del Cesar y a la Sección Quinta del
Consejo de Estado para que allegaran copia digital del expediente correspondiente a la
acción de cumplimiento, identificada con radicado núm. 20001 23 33 000 2025 00705
00/01, el cual fue remitido6.
2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 02893 00.
3 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 02893 00.
4 Esta orden se cumplió el 24 de abril de 2026. Visto en los índices 7 y 8 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 02893 00.
5
Ibidem
6 Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 02893 00.
4
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3.2. El magistrado ponente de la providencia acusada rindió informe7 en el que solicitó
declarar improcedente la acción de tutela o, subsidiariamente, negar el amparo invocado.
Al respecto, manifestó que la pretensión del accionante está encaminada a reabrir una
controversia ya resuelta dentro del proceso de cumplimiento por el juez competente, con
lo cual se pretende convertir el mecanismo de tutela en una instancia adicional.
Asimismo, indicó que la decisión controvertida no obedeció a una actuación arbitraria o
caprichosa, toda vez que en ella se efectuó un análisis sobre el cumplimiento del requisito
de renuencia, la configuración de cosa juzgada, la procedencia del medio de control
correspondiente y el alcance de las disposiciones cuyo cumplimiento se reclamaba.
3.3. El Ministerio de Transporte allegó escrito8 en el que solicitó su desvinculación del
presente trámite constitucional.
Adicionalmente, argumentó que los hechos y pretensiones planteados por el accionante
pueden ser resueltos a través de los mecanismos ordinarios previstos por el
ordenamiento jurídico, razón por la cual debe preservarse el carácter subsidiario y
excepcional de la acción de tutela frente a actos administrativos, en consonancia con la
jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional.
3.4. La Superintendencia de Transporte presentó escrito9 en el que pidió negar las
pretensiones de la demanda por considerar que carecen de sustento fáctico y jurídico.
De igual manera, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, al
estimar que no tiene competencia para conocer, vigilar o ejercer control sobre los
procedimientos sancionatorios adelantados por las entidades territoriales.
Adicionalmente, manifestó que el accionante no ha elevado solicitud alguna ante esa
entidad encaminada a requerir el inicio de actuaciones relacionadas con los hechos
expuestos.
3.5. El Concejo Municipal de Valledupar allegó escrito10 en el que se opuso a la totalidad
de las pretensiones al considerar que carecen de fundamento fáctico y jurídico respecto
de esa corporación.
En tal sentido, alegó falta de legitimación en la causa por pasiva, al no ser la entidad
encargada de imponer comparendos de tránsito, administrar sistemas de fotodetección,
adelantar procesos de cobro coactivo ni ejercer funciones de inspección, vigilancia o
control en materia de tránsito. Con fundamento en lo anterior, solicitó su desvinculación
del trámite.
7 Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 02893 00.
8
Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 02893 00
9
Visto en el índice 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 02893 00
10
Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
11001 03 15 000 2026 02893 00
5
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4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 11 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,12 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 202113, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 201914, modificado por el Acuerdo núm. 434 del
10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula
la distribución de procesos entre las secciones.
4.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente15:
4.2.1. El señor Luis Alberto Ortega Mendoza, actuando en nombre propio, presentó
acción de cumplimiento en contra del Ministerio de Transporte, la Superintendencia de
Transporte, la Secretaría de Tránsito de Valledupar y el Concejo Municipal de Valledupar
con el propósito de que se diera aplicación al artículo 6 de la Resolución núm.
20203040011245 de 2020, compilada en la Resolución núm. 20223040045295 de 2022;
al artículo 7.8.1.2, literal d, que prohíbe la imposición de comparendos desde vehículos
en movimiento; y al artículo 158 A de la Ley 769 de 2002.
Igualmente, solicitó el cumplimiento de los artículos 1.5, 129 y 135.1 del Código Nacional
de Tránsito, relativos a la plena identificación del infractor y a la obligación de contar con
la firma del conductor y del agente de tránsito en el comparendo, así como el retiro de los
equipos de fotodetección que operan en movimiento y la revocatoria de comparendos
impuestos por personal no autorizado, como los funcionarios de la SEM, quienes no son
agentes de tránsito.
4.2.2. La demanda correspondió por reparto al Tribunal Administrativo del Cesar que,
mediante sentencia del 11 de diciembre de 2025 declaró improcedente la acción de
cumplimiento.
4.2.3. Inconforme con la decisión anterior, la parte actora interpuso recurso de apelación,
y el Consejo de Estado – Sección Quinta en sentencia del 26 de febrero de 2026, la
revocó y en su lugar declaró la cosa juzgada respecto a los artículos 129, 135 y 158ª de
la Ley 769 de 2002, adicionado por el artículo 18 de la Ley 2251 de 2022, y el artículo 6
de la Resolución núm. 20203040011245 de 2020 y declaró la improcedencia frente a las
pretensiones de la demanda.
11 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
12 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece
las reglas de reparto de la acción de tutela.
13 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
14 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
15 Lo que se desprende del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con radicado núm. 20001 23 33 000 2025 00705 00/01. Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 02893 00.
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4.3. CUESTIÓN PREVIA
La Sala se pronunciará sobre la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la
causa por pasiva presentadas por el Ministerio de Transporte, el Concejo Municipal de
Valledupar y la Superintendencia de Transporte.
Sobre la legitimación en la causa por pasiva, la Corte Constitucional en sentencia T-416
del 28 de agosto de 1997 señaló lo siguiente:
[…] 2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la
causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial
que se discute en el proceso. Por tanto, cuando una de las partes carece de dicha
calidad o atributo, no puede el juez adoptar una decisión de mérito y debe
entonces simplemente declararse inhibido para fallar el caso de fondo.
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al
demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor
le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.
(…)
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución
como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se
promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por
la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de
las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto. (Subrayas fuera del texto
original).
En ese sentido, la Sala advierte que el Ministerio de Transporte, el Concejo Municipal de
Valledupar y la Superintendencia de Transporte, manifiestan su carencia de legitimidad
por pasiva en el presente asunto, aduciendo que los hechos que fueron esbozados en la
petición de amparo no eran atribuibles a esa entidad.
Sin perjuicio de lo anterior, es menester señalar que tal y como quedó constancia en el
auto admisorio de la demanda, la vinculación de esta entidad al presente asunto es
consecuencia del interés que le puede asistir en las resultas del proceso, toda vez que
intervinieron en el proceso identificado con el radicado núm. 20001 23 33 000 2025 00705
00/01, objeto de reproche en el presente trámite tutelar. De ahí que no sea posible
acceder a dicha petición.
4.4. ANÁLISIS DE LA SALA
Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.
El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe verificar es la
relevancia constitucional y, para ello, la Sala se detendrá en (i) los criterios que la
jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se
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discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii)
caso concreto.
4.4.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que:
[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […].
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en la sentencia SU –
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia 16. De manera
que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar la relevancia constitucional.
4.4.2. Caso concreto
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, analizará el tercer
criterio que la compone, el cual busca impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
16 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del 29
de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente núm. 11001
0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
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Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que:
[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos de mera
legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra providencias judiciales
no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios”, pues la
competencia del juez de tutela se restringe “a los asuntos de relevancia constitucional y a
la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de
carácter legal” (…)17. (Se destaca) […].
En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, «circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial».
En igual sentido anotó que «como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de
2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio
o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial» (…)”. (Se
destaca).
En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso y la jurisprudencia aplicable, resulta evidente que
este mecanismo constitucional está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo
la autonomía e independencia del juez natural.
La Sala advierte que, en este evento, no se cumple el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que el tercer elemento que la compone, esto es, impedir que
la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces, no está superado.
Ello, debido a que, a través de la solicitud de amparo, la parte actora pretende reabrir el
debate que se surtió en la acción de cumplimiento, dado que sus inconformidades están
encaminadas a insistir en que se le ordene a la Superintendencia de Transporte ejercer
las funciones de inspección, vigilancia y control previstas en la Ley 769 de 2002, la Ley
1843 de 2017 y el Decreto 2409 de 2018, frente a las presuntas irregularidades
relacionadas con los sistemas de foto detección implementados en Valledupar, lo cual ya
fue objeto de debate.
Al respecto, el tribunal accionado, en la sentencia acusada, expuso lo siguiente:
3.1.3. De la cosa juzgada
Debe recordarse que esta colegiatura ha manifestado que el objeto de la cosa
juzgada es que los hechos y conductas que se han resuelto judicialmente no
puedan ser debatidos nuevamente en un proceso posterior. Lo anterior, por cuanto
lo decidido por el juez adquiere las características de vinculante, obligatorio y, por
tanto, de inmutable.
17 Corte Constitucional. Sentencia SU 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
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Accionante: Luis Alberto Ortega Mendoza
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta
[…]
De acuerdo con lo anterior, según lo prevé el artículo 303 del Código General del
Proceso, los elementos constitutivos de la cosa juzgada son: (i) identidad de objeto;
(ii) identidad de causa y, (iii) identidad jurídica de partes.
Ahora bien, la Sala ha establecido que, para estar en presencia del fenómeno de la
cosa juzgada en las acciones de cumplimiento, en principio, no es necesaria la
identidad de partes, en específico, del extremo accionante. Lo anterior, dado el
carácter público de la acción, lo cual implica que puede instaurarse por cualquier
persona. Tratándose de la identidad de objeto, se verifica la identidad del bien
jurídico que se encuentra en disputa. Finalmente, en relación con la identidad de
causa se determina la razón por la cual se acude a esta instancia.
Descendiendo al caso en concreto, se observa que, el 10 de abril de 2025, esta
Sala de decisión profirió un fallo de segunda instancia en el expediente con radicado
20001-23-33-000-2024-00029-01, cuyo escrito inicial guarda identidad con el de la
presente acción constitucional, como pasa a exponerse en el siguiente esquema.
[…]
El esquema anterior nos permite concluir que existe una identidad de objeto, causa
y partes entre el asunto resuelto por esta Sala de decisión el 10 de abril de 2025, y
el litigio estudiado en el presente caso. A su vez, esto permite corroborar la triple
identidad a la que hace referencia el fenómeno de la cosa juzgada, puesto que ya
existe una decisión de fondo y ejecutoriada en la que se resolvió si la Secretaría de
Tránsito y Transporte de Valledupar está incumpliendo o no, lo dispuesto en los
artículos alegados como desatendidos en la presente acción.
En otras palabras, para la Sala es claro que hay una decisión inmutable, vinculante
y definitiva que resolvió el mismo objeto, en la medida que las disposiciones cuyo
acatamiento se solicitó fueron las mismas, al tiempo que, la demanda se fundó en
la misma causa, pues el sustento fáctico y jurídico es similar. Por tanto, corresponde
la declaratoria de la cosa juzgada.
Del anterior análisis, se concluye que esta Sección declarará la cosa juzgada
respecto de los artículos 129, 135 y 158A de la Ley 769 de 2002, adicionado por el
artículo 18 de la Ley 2251 de 2022 y el artículo 6 de la Resolución No.
20203040011245 de 2020.
[…]
4. Análisis del caso concreto
Del análisis previamente desplegado, de cara a la pretensión de retirar los vehículos
caza infractores, se concluye que las únicas disposiciones normativas que
superaron el requisito de constitución en renuencia y respecto a las cuales no se
configura el fenómeno de la cosa juzgada, son los artículos 1 y 2 de la Ley 769 de
2002, los cuales estipulan lo siguiente:
[…]
Al respecto, se tiene que la finalidad de la acción de cumplimiento es que toda
persona pueda acudir ante la autoridad judicial competente para hacer efectivo el
acatamiento de una ley o de un acto administrativo, tal como lo dispone el artículo
87 constitucional.
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No obstante, a través de esta acción no es posible ordenar ejecutar toda clase de
disposiciones, sino aquellas que contienen prescripciones que se caracterizan
como «deberes». Los deberes legales o administrativos que pueden ser cumplidos
a través de las órdenes del juez constitucional: mandatos imperativos, expresos e
inobjetables
[…]
Ahora bien, de los artículos 1 y 2 de la Ley 769 de 2002 no es posible extraer algún
mandato imperativo e inobjetable pretendido por el extremo actor. En realidad, la
finalidad de estos apartados normativos es la de definir el ámbito de aplicación de
esa Ley, así como sus principios, y algunos componentes propios del sector
transporte que contiene ese cuerpo normativo. Sin embargo, de estos, no se
desprende ni constituyen deberes cuyo acatamiento pueda ser exigido a la
Superintendencia Transporte y la Secretaría de Tránsito del municipio de
Valledupar, ni todos los invocados implican deber a cargo del Concejo del ente
territorial, en cuanto al retiro de vehículos caza infractores ni se encuentra probada
tal circunstancia en este caso. En este sentido, se advierte que lo pretendido impone
su negativa […].
Bajo dicho contexto, la Sala advierte que la acción de tutela está siendo utilizada como
una instancia o recurso adicional al proceso ordinario para controvertir lo resuelto por el
juez natural de la causa y la valoración probatoria efectuada, por lo que se concluye que,
de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la petición de amparo no cumple con el
tercer criterio de la relevancia constitucional.
En este punto, la Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las pretensiones, las
excepciones y los hechos que proponen demandante y demandado, y que la decisión
del juez se fundamenta precisamente en las razones de la demanda y de la contestación,
las pruebas y el derecho que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales
que la ley prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que tiene.
Por lo tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la
controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las partes,
simplemente está ejerciendo las funciones que le han sido atribuidas por la Constitución
y la ley, en el ámbito de sus competencias; y cualquier desconocimiento que a tales
atribuciones hiciera el juez constitucional constituiría claramente un pronunciamiento por
fuera de las competencias que le corresponden, utilizando además el trámite de una
acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.
En una condición de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional el que
vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin competencia, entraría
en la valoración legal y fáctica del proceso, para modificar una decisión del juez
competente para conocer del caso, en el escaso término legal que le da la ley para
pronunciarse, y siguiendo un procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el
evidente riesgo de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.
Bajo tales circunstancias, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse sobre las
cuestiones fácticas y de derecho que fueron el objeto del debate, porque así le fueron
planteadas por el demandante y el demandado en sus pretensiones, excepciones y
hechos, resuelve simplemente la controversia que le ha sido sometida, atendiendo sus
facultades constitucionales y legales; y no es el juez de constitucionalidad el llamado a
decirle cómo debe decidir el caso en particular, rompiendo por demás el equilibrio entre
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las partes que precisamente se garantiza con el proceso diseñado para dirimir la
controversia.
Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha atendido el
debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que se toma, cuando ella está
por fuera de los planteamientos que en los hechos y en derecho han formulado
demandante y demandado, pues, en este caso, la decisión puede comprometer el núcleo
fundamental del debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa, en la medida
en que tal decisión no haya podido ser controvertida. Pero ese no es el supuesto en el
caso que aquí se examina.
Ahora, frente al argumento del accionante en el que expuso que la autoridad judicial
accionada incurrió en un defecto orgánico al exceder sus competencias por compulsar
copias contra el defensor y asesor técnico de la causa, la Sala advierte que en la
sentencia acusada no se dispuso tal orden.
Finalmente, respecto de la solicitud del accionante encaminada a compulsar copias a la
Procuraduría General de la Nación y a la Comisión de Investigación y Acusación de la
Cámara de Representantes, con el propósito de que se investigue una eventual
responsabilidad disciplinaria de funcionarios de la Superintendencia y se examine la
actuación de los magistrados de la Sección Quinta, la Sala advierte que el accionante
puede acudir directamente ante dichas autoridades y presentar la queja o denuncia que
estime pertinente para que, estas, en el marco de sus competencias, analicen la
procedencia de su solicitud.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio de
Transporte, el Concejo Municipal de Valledupar y la Superintendencia de Transporte, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el señor
Luis Alberto Ortega Mendoza, según lo expuesto en la parte considerativa de esta
sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al
día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 21 de
mayo de 2026.
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PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA
Consejero de Estado NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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