Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03020-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03020-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-03020-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
10 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03020-01
Accionante: Narda Lizt Gutiérrez Castro
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Confirma
improcedencia.
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte accionante contra
la sentencia proferida el 4 de junio de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo por no
cumplir con el requisito de relevancia constitucional.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1. El 19 de abril de 2026, Narda Lizt Gutiérrez Castro instauró acción de tutela, con
el propósito de que se deje sin efectos la sentencia de 9 de febrero de 20261 proferida
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado que declaró la
improcedencia de una acción de tutela2, promovida en contra de la decisión emitida
por el Juzgado Primero Administrativo de Bogotá dentro de una acción de
cumplimiento que buscaba que la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín acatara
lo previsto en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7 del Decreto 3102 de 19973.
2. La Sección Segunda – Subsección B del Consejo de Estado modificó la sentencia
emitida en primera instancia que negó el amparo solicitado4 y, en su lugar, declaró
la improcedencia de la acción por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional. Consideró que en el libelo demandatorio no se solicitó la protección
de ningún derecho fundamental y la pretensión invocada desbordaba la competencia
del juez de tutela, pues se solicitó la declaratoria de nulidad de todo lo actuado al
interior de la acción de cumplimiento, desde el supuesto indebido trámite impartido
1 Decisión notificada a la accionante el 25 de marzo de 2026.
2 Con radicado número 25000-23-15-000-2025-00931-01.
3 “Por el cual se reglamenta el artículo 15 de la Ley 373 de 1997 en relación con la instalación de equipos,
sistemas e implementos de bajo consumo de agua.”
4 Proferida el 11 de noviembre de 2025 por la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03021-01
Accionante: Narda Lizt Gutiérrez Castro
Accionado: Consejo de Estado Sección Segunda –
Subsección B
Referencia: Acción de tutela
por el Juzgado enjuiciado, a la petición de verificación del acatamiento de la
sentencia de segunda instancia.
3.Expuso que el reproche de la accionante se concretó en que el Juzgado Primero
Administrativo de Oralidad de Bogotá desconoció el artículo 25 de la Ley 393 de
1997, atinente al cumplimiento de la sentencia, al haberle dado traslado al municipio
de Medellín de un memorial que ella presentó en el que manifestó que dicho ente
territorial y la Secretaría de Medio Ambiente no habían acatado las órdenes
judiciales, con el fin de que rindieran un informe acerca de los trámites efectuados,
en aras de verificar el incumplimiento. A juicio de la accionante, ese escenario
procesal no está previsto para solicitar aclaraciones, pruebas o conceptos a las
entidades, sino para acreditar que si efectuaron lo ordenado por la autoridad judicial.
4. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora sostuvo que la autoridad
enjuiciada vulneró su derecho fundamental al debido proceso, por cuanto incurrió en
los siguientes defectos:
5.Defecto sustantivo, toda vez que se efectuó una interpretación irrazonable y
contraria a la Constitución. También se apartó del marco legal de la decisión.
6.Defecto fáctico, por cuanto se consideraron acreditados hechos sin que mediaran
pruebas dentro del expediente. Al respecto, reprochó lo siguiente: (i) se determinó
que la sentencia de tutela de primera instancia se ciñó a la ley y a las normas que
regulaban dicha solicitud de amparo, cuando lo cierto es que en tal etapa ni siquiera
se resolvió de fondo la demanda de tutela; (ii) con sustento en “3 renglones”
admitieron que la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín había acatado la orden
impartida en el marco de la acción de cumplimiento; (iii) encontró que el Juzgado
Primero Administrativo de Bogotá procedió en derecho, cuando lo cierto es que
vulneró el artículo 133 CGP que fija como causal de nulidad proceder contra
sentencia ejecutoriada del superior, revivir un proceso legalmente concluido y
pretermitir íntegramente la respectiva instancia; (iv) considerar que no se cumplió
con la carga de argumentación suficiente, cuando el libelo demandatorio fue claro en
indicar que la causa del problema jurídico era la “nulidad” incoada, pues no se
basaba en que la Secretaría de Ambiente no haya dado cumplimiento a las órdenes
que se le dieron, sino que el fondo del asunto consistía en que se pretermitió una
instancia por parte del Juzgado enjuiciado.
7. Defecto procedimental absoluto, en tanto que se apartó del procedimiento
establecido para el juicio de tutela. Señaló que la improcedencia implicaba que algo
no se ajustaba a lo establecido en la ley o en los procedimientos.
8. Añadió que el Juzgado Primero Administrativo de Bogotá sí trasgredió el debido
proceso, por cuanto el Tribunal que dictó la sentencia de segunda instancia de la
acción de cumplimiento concedió 3 meses para que la Secretaría de Ambiente de
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Accionante: Narda Lizt Gutiérrez Castro
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Subsección B
Referencia: Acción de tutela
Medellín acatara lo ordenado; no obstante, el plazo expiró sin que el ente presentara
al despacho documento alguno que diera cuenta de sus gestiones. Pese a lo anterior,
el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B declaró improcedente la
acción de tutela, con lo que desconoció la Constitución Política.
B. Sentencia de primera instancia
9. Mediante sentencia de 4 de junio de 2026, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
declaró la improcedencia de la solicitud de amparo, tras considerar que no cumplió
con el requisito de relevancia constitucional, en la medida que carecía de la carga
argumentativa exigida cuando el mecanismo se promueve contra sentencias de
tutela. Explicó que no se ha culminado el trámite de revisión ante la Corte
Constitucional, y en suma, los argumentos de la accionante están orientados a
demostrar que la autoridad judicial demandada debió acceder al amparo deprecado,
lo que no se asemejaba a una situación de fraude.
D. Actuaciones con posterioridad al fallo de primera instancia
10. La parte actora impugnó la decisión de primera instancia. Reiteró los argumentos
expuestos en la demanda; insistió en que su planteamiento no versa sobre el
acatamiento de lo decidido en la acción de cumplimiento por parte de la Secretaría
de Medio Ambiente de Medellín, sino que se alega la configuración del vicio nulidad
consagrado en el artículo 133 CGP, que transgredió el debido proceso al no aplicarse
el artículo 25 de la Ley 393 de 1997.
11.Respecto de la sentencia enjuiciada, añadió que en el salvamento de voto
presentado por el magistrado Jorge Portocarrero se indicó que las razones
expresadas en la demanda cumplían con la carga argumentativa, por lo que no debía
declararse improcedente la tutela.
12. Agregó que, en este caso, procedía la acción de tutela contra decisión de la misma
naturaleza, toda vez que se configuró la cosa juzgada fraudulenta a partir de una
prueba. Explicó que el fraude procesal se materializó cuando el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá desconoció la sentencia de segunda
instancia de la acción de cumplimiento, al solicitarle previamente a la mencionada
Secretaría de Ambiente un informe sobre las gestiones adelantas para acatar las
órdenes judiciales. Sumado a ello, dicha autoridad determinó que se había acatado
el fallo, con base en el escrito que el ente aportó aduciendo que había dado
cumplimiento, documento contentivo de una falsedad ideológica.
13.Indicóque esa falsedad se configuró porque el referido informe contenía
información “no pertinente”. Adujo que, de cualquier manera, el juez de tutela debió
evaluar en cada una de las instancias, la pertinencia de los medios de convicción
presentados, y esclarecer la verdad únicamente a partir de aquello que fueran
conducentes, pertinentes y útiles; lo cual le imponía descartar el aludido documento.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03021-01
Accionante: Narda Lizt Gutiérrez Castro
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Subsección B
Referencia: Acción de tutela
14. En documento fechado el 21 de julio de 2026, y radicado ante esta corporación el
27 siguiente, el accionante reiteró sus argumentos y pretensiones, insistiendo en la
necesidad de declarar la nulidad de todo lo actuado por el Juez Primero
Administrativo de Bogotá. Destacó la nula consideración de los operadores judiciales
del tema de fondo, que se relaciona con el ahorro de agua y las medidas que le
correspondía adoptar a la Secretaría de Ambiente de Medellín, en virtud de la orden
judicial.
15.En ese mismo documento, indicó que el fallo de tutela que objeta en esta ocasión
debió ser declarado nulo por falta de competencia funcional de la Sección Segunda
– Subsección B del Consejo de Estado, en tanto avaló que el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, como juez de primera instancia de aquella tutela, revisara
decisiones que se adoptaron en la misma corporación.
II. CONSIDERACIONES
D. Competencia
16. La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
E. Análisis del caso concreto
17.Se confirmará el fallo impugnado, pues una lectura de los planteamientos
aducidos en la demanda permite advertir que la solicitud de amparo no cumple con
los requisitos de procedencia, especialmente con la acreditación de que la decisión
es producto del fraude.
18.La Corte Constitucional ha admitido la procedencia excepcionalísima de la acción
de tutela contra una sentencia proferida en un proceso de la misma naturaleza,
siempre que, además de cumplir los requisitos generales y específicos de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, la demanda no
comparta identidad procesal con la solicitud de amparo que se pretende cuestionar,
no exista otro mecanismo para remediar la situación alegada y se demuestre, a
través de una exigente y rigurosa carga argumentativa, que la providencia acusada
fue producto de un actuar fraudulento5.
19.Para acreditar esta última exigencia, deviene en imperativo que la parte promotora
de la acción demuestre -con base en fundamentos claros, ciertos, serios y
coherentes-, por un lado, que el juez constitucional, en este caso, la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado incurrió en una conducta dolosa o
5 Corte Constitucional, SU-627 de 2015.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03021-01
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extremadamente negligente que se opone a los principios básicos que orientan la
labor de administrar justicia; y, por otro, que el fallo acusado no pueda ser admitido
debido a que resulta evidentemente incorrecto6.
20.El ejercicio argumentativo de la accionante se circunscribió a la formulación de
causales específicas de procedibilidad propias de la acción de tutela contra una
providencia judicial ordinaria, obviando la carga argumentativa adicional que se
impone cuando la sentencia objetada fue dictada en un proceso de tutela.
21.Dicha exigencia no se satisface con la enunciación de los defectos relacionados
sobre la valoración probatoria o discrepancias interpretativas, menos aún, cuando
tales planteamientos ni siquiera cumplen con la carga argumentativa mínima para
revelar la ocurrencia de un vicio susceptible de comprometer derechos
fundamentales.
22.Esta exigencia argumentativa se torna más rigurosa cuando se pretende
controvertir una providencia judicial proferida dentro de un proceso de tutela, pues
la parte actora no solo tiene la carga de demostrar, mediante un ejercicio
argumentativo serio y suficiente, la configuración de los yerros que atribuye a la
decisión cuestionada, sino que, además, debe acreditar que la providencia objetada
se profirió con fines ilegales vinculados a una intención dolosa o que se deriva de
una interpretación que riñe abiertamente con los postulados constitucionales o la
buena fe judicial.
23.Para la Sala es claro que lejos demostrar una conducta dolosa o negligente del
juez constitucional que devenga en un actuar fraudulento, los argumentos de la
demandante están orientados a manifestar su inconformidad con las conclusiones
adoptadas por la autoridad accionada bajo las cuales determinó que la solicitud de
amparo promovida contra el Juzgado Primero Administrativo de Bogotá era
improcedente, toda vez que consideró que adolecía de la carga argumentativa, al
no evocar los derechos fundamentales vulnerados ni los defectos incurridos por tal
autoridad y al pretender instrumentalizar este mecanismo como un incidente de
nulidad.
24.En similares términos, en esta oportunidad la demandante ha promovido la acción
de tutela contra una providencia dictada en un proceso de igual naturaleza; con la
pretensión clara de que se declare la nulidad de lo tramitado en el proceso de la
acción de cumplimiento, cuestionado en la solicitud de amparo inicial.
25. Si bien en la impugnación, la parte accionante trató de señalar que su pretensión
se sustenta en la consideración de un elemento de convicción fraudulento, que es
el resultado de una falsedad ideológica; eso no pasa de ser una reiteración de lo
6 Corte Constitucional, sentencia T-322 de 2019.
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dicho en su escrito de tutela, y no permite derivar un proceder de la autoridad judicial
que pueda calificarse como fraudulento.
26.De otro lado, no se observa que la decisión adoptada por la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, resulte evidentemente incorrecto, que
requiera la intervención del juez para no dejar en firme una decisión fraudulenta o
abiertamente trasgresora de derechos fundamentales7. De los elementos de juicio
obrantes en el plenario no se vislumbra algún indicio de arbitrariedad, dolo o fraude
que habilite la procedencia excepcionalísima del mecanismo de amparo.
27.Así lascosas, para la Sala es claro que la demandante pretende someter la
discusión del caso a una instancia adicional, bajo una simple discrepancia valorativa
que no cumple con la carga argumentativa que evidencie una afectación de
derechos fundamentales de tal magnitud que justifique nuevamente la intervención
de un juez constitucional.
28.Respecto a lo alegado en el memorial fechado el 21 de julio de 2026, y radicado
ante esta corporación el 27 siguiente, relativo a que el fallo de tutela aquí
cuestionado debe ser declarado nulo por falta de competencia funcional; la Sala
advierte que más que una solicitud procesal autónoma, se trata de un nuevo
reproche que configuraría un defecto orgánico, respecto del cual tampoco hay lugar
a pronunciarse, ante la improcedencia de la tutela.
29. Por lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia del 4 de junio de 2026, proferida
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
30.En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo dictado el 4 de junio de 2026 por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
7 Corte Constitucional, sentencia T-322 de 2019.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03021-01
Accionante: Narda Lizt Gutiérrez Castro
Accionado: Consejo de Estado Sección Segunda –
Subsección B
Referencia: Acción de tutela
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE8
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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VF
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