República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-15-000-2025-00931-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
9 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., nueve (9) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 25000-23-15-000-2025-00931-01 (12915)
Accionante: Narda Lizt Gutiérrez Castro
Accionado: Juzgado Primero Administrativo de Bogotá
Tema: acción de tutela contra providencia judicial. Subtema 1: acción de
cumplimiento. Subtema 2: cumplimiento y desacato. Subtema 3: solicitud de
nulidad. Subtema 4: requisito de suficiencia argumentativa.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a decidir
la impugnación interpuesta por la señora Narda Lizt Gutiérrez Castro contra la
sentencia de primera instancia del 11 de noviembre de 2025 proferida por la
Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
1. Síntesis del caso
La señora Narda Lizt Gutiérrez Castro solicitó el amparo de su derecho fundamental
al debido proceso, que consideró vulnerado por el Juzgado Primero Administrativo
de Bogotá dentro del proceso de cumplimiento con radicado núm. 11001-33-34-001-
2024-00491-00.
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
A partir del escrito de tutela1 y demás elementos aportados por las partes al trámite
constitucional, la Sala considera relevantes los siguientes hechos:
Narda Lizt Gutiérrez Castro presentó acción de cumplimiento contra la Secretaría
de Medio Ambiente de Medellín, con las pretensiones de que se ordenara a la
1 Samai. expediente núm. 25000-23-15-000-2025-00931-00, índice 2.
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Accionante: Narda Lizt Gutiérrez Castro
Accionado: Juzgado Primero Administrativo de Bogotá
entidad demandada que diera acatamiento a lo previsto en los artículos 3, 4, 5, 6 y
7 del Decreto 3102 de 19972 relacionados con el control del consumo de agua.
1. El asunto correspondió en primera instancia bajo radicado núm. 11001-33-34-
001-2024-00491-00 al Juzgado Primero Administrativo de Oralidad de Bogotá,
autoridad que dictó sentencia el 16 de octubre de 20243 en la que declaró
improcedente la acción de cumplimiento. Esta decisión fue apelada.
2. En segunda instancia, la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca profirió fallo el 15 de noviembre de 2024 4, en el
que resolvió modificar la anterior providencia y declaró: i) improcedente la acción de
cumplimiento en relación con el artículo 6 del Decreto 3102 de 1997; ii) que la
demandada incumplió el contenido del artículo 8 ibidem; iii) ordenó que, dentro del
término de 3 meses contados desde la ejecutoria, se efectuaran las gestiones
necesarias para elaborar e implementar programas para acatar el artículo 5 ibidem.
3. Explicó que la entidad demandada es la autoridad ambiental en la ciudad de
Medellín y, por lo tanto, era su deber, en virtud del artículo 8 del Decreto 3102 de
1997, verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 5
ibidem por parte de las entidades prestadoras del servicio de acueducto y de los
usuarios.
2 Artículo 3º.- Obligaciones de los constructores y urbanizadores. A más tardar el 1 de julio de 1998, todas las
solicitudes de licencias de construcción y/o urbanismo y sus modalidades, deberán incluir en los proyectos, la
utilización de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua. Ver Decreto Nacional 1311 de 1998.
Información relacionada con los consumos mensuales de agua por estratos y uso.
Artículo 4º.- Para la aprobación de las licencias de remodelación o adecuación que se expidan a partir del 1 de
julio de 1998, se deberá verificar que los proyectos cumplen con la obligación de instalar equipos, sistemas e
implementos de bajo consumo de agua.
Artículo 5º.- Obligaciones de las entidades prestadoras del servicio de acueducto. Son obligaciones de las
entidades prestadoras del servicio público de acueducto, además de las previstas en la ley, las siguientes:
Autorizar la conexión definitiva del servicio de acueducto, sólo cuando se verifique que en los domicilios se
hayan instalados equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua;
Incluir en el reglamento o manual de instalaciones internas, la utilización de equipos, sistemas e implementos
de bajo consumo de agua;
Llevar estadísticas sobre las causas de fugas que se adviertan, relacionando dicha información son los equipos
o sistemas que las originan, a objeto de realizar las campañas de que trata el artículo 12 de la Ley 373 de 1997;
Incluir en los programas de uso eficiente y ahorro de agua, los equipos sistemas e implementos de bajo consumo
de agua, que se adoptan como de obligatoria instalación según lo establecido en el presente Decreto;
Divulgar entre los usuarios los programas y sus resultados, orientados a la reducción del índice de agua no
contabilizada, debidamente aprobados por las autoridades ambientales competentes;
Certificar ante las autoridades ambientales que el consumo mensual promedio base par calcular el consumo
eficiente, corresponde a condiciones normales de prestación de servicio;
Mantener informados a los interesados sobre la disponibilidad de laboratorios de medición que permitan verificar
el cumplimiento de la norma vigente sobre los equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua;
Acordar con los usuarios los plazos dentro de los cuales, éstos deben cambiar o reparar los equipos, sistemas
o implementos de bajo consumo de agua que causen fugas;
Elaborar un plan de contingencia, en donde se definan las alternativas de prestación del servicio en situaciones
de emergencia;
Artículo 6º.- Todos los usuarios pertenecientes al sector oficial, están obligados a remplazar, antes del 1 de julio
de 1999, los equipos, sistemas e implementos de alto consumo de agua, por los de bajo consumo.
Artículo 7º.- Todos los usuarios pertenecientes al sector institucional, están obligados a reemplazar antes del 1
de julio de 1999 los equipos, sistemas e implementos de alto consumo actualmente en uso, por unos de bajo
consumo.
3 Samai. expediente núm. 11001-33-34-001-2024-00491-00, índice 13, certificado A11E5E15D762C413
1E3C2B6BAC6DB2ED 3347126AC371317F 2F7988A28096ABA4.
4 Samai. expediente núm. 11001-33-34-001-2024-00491-01, índice 4, certificado 17AFD482A8726C89
0DCE460B243880F2 4CC5CF07202332F0 C4E143341FACE10D.
2
Radicado: 25000-23-15-000-2025-00931-01
Accionante: Narda Lizt Gutiérrez Castro
Accionado: Juzgado Primero Administrativo de Bogotá
4. Posteriormente, la accionante solicitó el 18 de febrero de 20255 al Juzgado
Primero Administrativo de Oralidad de Bogotá que «conmina[ra]» al señor alcalde
de Medellín, como superior de la secretaria de medio ambiente, en atención a lo
previsto en el artículo 25 de la Ley 393 de 19976, para que se diera cabal
cumplimiento a la sentencia del 15 de noviembre de 2024, pues había sido
desacatada.
5. En consecuencia, en auto del 24 de febrero de 20257, el Juzgado de primera
instancia, previo a decidir sobre la apertura del incidente de desacato, requirió a la
demandada que informara las diligencias adelantadas y quién era el funcionario
encargado del cumplimiento y su jefe inmediato; informe rendido en oficio del 25 de
febrero de 20258 y del cual se corrió traslado en auto del 12 de marzo siguiente9.
6. La señora Narda Lizt Gutiérrez Castro, el 14 de marzo de 2025, se opuso a las
consideraciones de la entidad y reiteró su petición del 18 de febrero de 202510,
postura de la que se corrió traslado a la demandada en auto del 31 de marzo de
202511. No obstante, la accionante presentó reposición contra la anterior decisión
por desconocer lo previsto en el artículo 25 de la Ley 393 de 1997, recurso al cual
se le corrió traslado en auto del 3 de abril de 202512.
7. El Juzgado Primero Administrativo de Oralidad de Bogotá resolvió, el 10 de abril
de 2025, no reponer la providencia del 31 de marzo de 2025, toda vez que, en
ejercicio de sus facultades constitucionales, garantizó los derechos de la contraparte
a la defensa con el traslado de la solicitud de la accionante13. Por otra parte, en auto
del 29 de abril siguiente aceptó la renuncia de la apoderada de la entidad
demandada.
8. Luego, Narda Lizt Gutiérrez Castro presentó memoriales en los que insistió en
sus inconformidades por «dilación» del trámite previsto en el artículo 25 de la Ley
393 de 1997; el Juzgado reconoció personería al nuevo apoderado de la
demandada en auto del 22 de mayo de 202514, y en providencia del 5 de junio
5
Samai. expediente núm. 11001-33-34-001-2024-00491-00, índice 22, certificado 1FF3A57A7C503290
1090B74065EC2846 45F82BF8170EFF01 0E4B4EA567529088.
6
Cumplimiento del Fallo. En firme el fallo que ordena el cumplimiento del deber omitido, la autoridad renuente
deberá cumplirlo sin demora.
Si no lo hiciere dentro del plazo definido en la sentencia, el Juez se dirigirá al superior del responsable y le
requerirá para que lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra aquél. Pasados
cinco (5) días ordenará abrir proceso contra el superior que no hubiere procedido conforme a lo ordenado y
adoptará directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo. El Juez podrá sancionar por
desacato al responsable y al superior hasta que éstos cumplan su sentencia. Lo anterior conforme a lo dispuesto
en el artículo 30 de la presente Ley.
De todas maneras, el Juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto y mantendrá la
competencia hasta que cese el incumplimiento.
7 Samai. expediente núm. 11001-33-34-001-2024-00491-00, índice 24, certificado 0009D3817DB437D6
344D6DB98A82FECC F66FC3CC1153B75C A5AC4249080882A9.
8 Samai. expediente núm. 11001-33-34-001-2024-00491-00, índice 27, certificado 8CFCECFBC7919894
B71FCB123B07D2C5 450652EC389E9C0F 452BBD24DD95BA89.
9
Samai. expediente núm. 11001-33-34-001-2024-00491-00, índice 29, certificado C0D830A3524A0246
1F025F609185BAA4 7AB7A850563A906C 232E38E48A215E04.
10 Samai. expediente núm. 11001-33-34-001-2024-00491-00, índice 31.
11 Samai. expediente núm. 11001-33-34-001-2024-00491-00, índice 33.
12 Samai. expediente núm. 11001-33-34-001-2024-00491-00, índice 39.
13 Samai. expediente núm. 11001-33-34-001-2024-00491-00, índice 44, certificado D5EB1A51F95228BB
95585BF27E407C5D 3D9F9292CC174E87 80E9D31FE1C5A85D.
14 Samai. expediente núm. 11001-33-34-001-2024-00491-00, índice 59.
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Radicado: 25000-23-15-000-2025-00931-01
Accionante: Narda Lizt Gutiérrez Castro
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siguiente15 dispuso un término de 3 días para que la accionada se pronunciara, dado
que el trámite había tenido diferentes «vicisitudes».
9. El 9 de junio de 2025 la señora Narda Lizt Gutiérrez Castro radicó un nuevo
memorial en el que afirmó que el plazo otorgado en el fallo del 15 de noviembre de
2024 se venció, que los términos del citado artículo 25 fueron superados, y que la
demandada no había acatado las órdenes del Tribunal.
10. Del anterior memorial, el Juzgado corrió traslado en auto del 20 de junio de
2025, por lo que la entidad demandada presentó informe de las actuaciones
llevadas a cabo en cumplimiento de sus obligaciones como autoridad ambiental,
informe al cual se le corrió traslado. Por su parte, la accionante manifestó que el
trámite impartido vulneró el derecho al debido proceso sin dilaciones injustificadas
y que el incidente de desacato no era el escenario para pedir aclaraciones, pruebas
y conceptos, pues esa era una potestad del juzgador.
11. Al respecto, el Juzgado Primero Administrativo de Oralidad de Bogotá, en
auto del 25 de julio de 202516, resolvió declarar que no existía mérito para abrir
trámite incidental por desacato e imponer sanciones, dado que la entidad
demandada acreditó el cumplimiento de la sentencia del 15 de noviembre de 2024
con la ejecución de programas sobre agua potable; el fondo que subsidia parte del
servicio de acueducto, alcantarillado y aseo de usuarios de estratos 1, 2 y 3; los
acueductos veredales; campañas para el ahorro y el uso eficiente del recurso; el
mantenimiento y renovación de obras civiles y el adelantamiento de procesos
sancionatorios. Agregó lo siguiente:
[…] es necesario precisar que hay obligaciones que le competen a otras entidades,
las cuales no fueron llamadas por el extremo activo al momento de incoar la acción
constitucional de la referencia, dando cumplimiento de manera previa al requisito de
renuencia, entre otros. En tal razón, no puede pretender que con este incidente se
vincule a instancias que no fueron incluidas desde el inicio del trámite, a quienes se
les estaría vulnerando sus derechos de defensa y al debido proceso.
Por tanto, el Despacho no puede en este momento procesal buscar el cumplimiento
de nuevas o distintas pretensiones planteadas por la parte accionante, por cuanto, es
obligación de esta Jueza Constitucional, ceñirse a lo resuelto en la providencia objeto
de cumplimiento. Por consiguiente, se entiende que la entidad accionada, esto es,
Alcaldía de Medellín -Secretaría de Medio Ambiente de Medellín, cumplió con la carga
que le fue impuesta en la sentencia objeto del presente Incidente.
Dentro de los anexos allegados con los escritos de informe el escrito de que otorgó la
Secretaría de Medio Ambiente de Medellín- Alcaldía de Medellín, se observa que la
entidad realizó las gestiones encomendadas que ha podido desarrollar dentro del
lapso otorgado y dentro del término en que se ha adelantado el trámite incidental 17.
12.La accionante Narda Lizt Gutiérrez Castro interpuso ante el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca incidente de nulidad de todo lo actuado a partir del
15 Samai. expediente núm. 11001-33-34-001-2024-00491-00, índice 63.
16 Samai. expediente núm. 11001-33-34-001-2024-00491-00, índice 78, certificado 83E444C8D0AE60B3
5848131B4A717114 665177CC814808A7 9407A32BC16BF526.
17 Se transcribe incluso con errores de texto.
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auto del 25 de julio de 2025, pues consideró que se pretermitió una instancia al no
darse cumplimiento al artículo 25 de la ley 393 de 1997 y dado que se procedió en
contra de la sentencia de segunda instancia. Dicha autoridad judicial remitió por
competencia el asunto al Juzgado de primera instancia en auto del 8 de septiembre
de 202518.
13. Contra la anterior decisión, la accionante presentó reposición e insistió en que
se admitiera y tramitara el incidente de nulidad; sin embargo, el Tribunal rechazó
por improcedente el recurso y, por su parte, el Juzgado dictó auto el 15 de
septiembre de 202519 en el que negó la solicitud de nulidad.
14. Esta última decisión tuvo sustento en que no se configuró la causal contenida
en el numeral 2 del artículo 133 del Código General del Proceso (CGP), atinente a
proceder contra providencia ejecutoriada del superior, revivir un proceso legalmente
concluido o pretermitir íntegramente la respectiva instancia, por las siguientes
razones:
Revisados los argumentos esbozados por la accionante, la causal de nulidad referida,
y los archivos digitales que reposan en plataforma SAMAI del Despacho, se observa
claramente que el Despacho bajo ninguna circunstancia ha procedido contra
providencia ejecutoriada del superior, ya que el Incidente de Nulidad se tramitó con
base en el cumplimiento de la sentencia de segunda instancia de quince (15) de
noviembre de dos mil veinticuatro (2024) proferida por el Honorable Tribunal
Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera- Subsección “C” […].
[…]
Dentro del trámite incidental, la parte accionada demostró haber dado cumplimiento a
las órdenes dadas por el Honorable Tribunal y debido a ello, el Despacho, mediante
auto I- 0364/2025 del veinticinco (25) de julio de dos mil veinticinco (2025), declaró el
cumplimiento de la acción y ordenó no dar apertura formal al incidente de Desacato
propuesto por la parte accionante.
Por lo anterior, advierte esta sede judicial, que, dentro del trámite incidental, el
Despacho no ha revivido un proceso legalmente concluido, por cuanto al estar en
trámite de incidente de nulidad, el proceso se encontraba activo 20.
15. Agregó que tampoco incurrió en la causal de nulidad invocada, pues imprimió
al trámite incidental las etapas previstas en la norma y las actuaciones efectuadas
se ajustaron a derecho, además de que la autoridad accionada dio cumplimiento a
las órdenes impartidas por el Tribunal.
16. La señora Narda Lizt Gutiérrez Castro presentó impugnación contra la decisión
que negó la solicitud de nulidad, recurso que fue declarado improcedente en auto
del 25 de septiembre de 2025 por cuanto la Ley 393 de 1997 no previó ese medio
18 Samai. expediente núm. 11001-33-34-001-2024-00491-01, índice 15, certificado F7C0503A9B15EAB4
14371897637C20D6 30ACF8FC20EE91E3 56EB31D54B867D4A.
19 Samai. expediente núm. 11001-33-34-001-2024-00491-01, índice 91, certificado 69193C0DBCECD7EC
583B31B2C74AA23C B67F2F66FC873704 A01A1A1CA6FCC18A.
20 Se transcribe incluso con errores de texto.
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defensivo en el trámite de cumplimiento. Esta última providencia igualmente fue
impugnada y el recurso negado por las mismas razones.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
17. La accionante solicitó al juez constitucional que declarara la nulidad de todo lo
actuado dentro de la acción de cumplimiento con radicado núm. 11001-33-34-001-
2024-00491-00 por el Juzgado Primero Administrativo de Oralidad Bogotá,
inclusive, desde el auto del 15 de septiembre de 2025.
18. Para fundamentar su pretensión, la accionante sintetizó los hechos de la
demanda de cumplimiento con radicado núm. 2024-00491-00, los argumentos del
escrito de contestación de la accionada, las razones que sustentaron la sentencia
de primera instancia, los cargos de impugnación y la sustentación del fallo del
Tribunal de segunda instancia. En ese escenario, refirió la importancia del agua
potable y de su cuidado y los motivos por los cuales se incumplieron las normas del
Decreto 3102 de 1997.
19. Citó el artículo 25 de la Ley 393 de 1997 que regula el trámite del cumplimiento
del fallo y afirmó que solicitó al juez que, en atención a dicha norma, conminara al
señor alcalde de Medellín, como superior de la secretaria de Medio Ambiente, para
que hiciera cumplir la sentencia del 15 de noviembre de 2024; y que, pese a que no
formuló un desacato, luego de un trámite dilatorio fue proferido auto el 25 de julio
de 2025 que decidió declarar que no había mérito para abrir ese incidente.
20. Por otra parte, reiteró los argumentos por los cuales consideró que se configuró
una nulidad, esto es, que no se dio aplicación al artículo 25 de la Ley 393 de 1997,
que se revivió un proceso legalmente concluido ya que se abrió nuevamente a
pruebas, que no se hizo cumplir la sentencia del 15 de noviembre de 2024; y
referenció los recursos y los autos que negaron esos recursos. En particular, arguyó
lo siguiente:
Sin embargo, a partir de ese momento extralimitando sus funciones la operadora
judicial da vida a un nuevo proceso paralelo, lo abre a nuevas pruebas, realiza traslados
dilatorios, permite nuevas exculpaciones al demandado por el incumplimiento, hace
concesiones injustificadas, permite cambios de abogados en maniobras poco claras
hasta finalmente permitir que la parte demandada presente una acción de tutela para
reabrir una nueva discusión en otra instancia y con otra razón social para controvertir
una sentencia ejecutoriada del Superior, cuando su deber era el de acatar y hacer
cumplir la orden vinculante impartida por el superior en los términos y plazos
establecidos dentro de la providencia21.
2.3. Trámite Procesal e intervenciones
21.La Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, a través del despacho ponente, profirió auto el 29 de octubre de
21 Se transcribe incluso con errores de texto.
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Accionante: Narda Lizt Gutiérrez Castro
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202522 en el que admitió la solicitud de amparo; tuvo como pruebas los documentos
aportados y ordenó las notificaciones de rigor.
El Juzgado Primero Administrativo de Oralidad de Bogotá contestó que impartió
trámite en los términos de ley a la solicitud de cumplimiento que presentó la señora
Narda Lizt Gutiérrez Castro dentro del proceso con radicado núm. 11001-33-34-
001-2024-00491-00 y que respetó las garantías procesales de las partes. Sostuvo
que no vulneró derechos fundamentales y pidió su desvinculación del trámite
constitucional23.
2.4. Sentencia de tutela de primera instancia
22. La Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca profirió sentencia de primera instancia el 11 de noviembre de 202524
en la que negó las pretensiones de amparo. Explicó que revisadas las actuaciones
del desacato no advirtió irregularidades, pues resultaba necesario que el Juzgado
requiriera a la autoridad accionada para analizar el cumplimiento de la sentencia del
15 de noviembre de 2024, sin que se usurparan competencias exclusivas de la
segunda instancia.
23. En cuanto a las causales de nulidad, encontró que el Juzgado no vulneró el
derecho al debido proceso, pues sus actuaciones se enmarcaron en los límites de
sus competencias y respetaron los trámites incidentales.
2.5. Impugnación
24. La accionante presentó recurso de impugnación25 en contra de la sentencia del
11 de noviembre de 2025, para lo cual reiteró los argumentos del escrito de tutela.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
25. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado tiene
competencia para conocer de la impugnación presentada por la parte accionante,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y
en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.
3.2. Legitimación en la causa de las partes
26. La legitimación en la causa por activa de la señora Narda Lizt Gutiérrez Castro
se encuentra acreditada, por cuanto fue la parte demandante dentro del proceso de
22
Samai. expediente núm. 25000-23-15-000-2025-00931-00, índice 5, certificado C203B4C49AAD790A
3C33557B0F7D055B 35BE82EFA8160F13 4F751F5B5E970909.
23 Samai. expediente núm. 25000-23-15-000-2025-00931-00, índice 9, certificado FA56604C149493AD
F26BBF81467BCC35 5C9745F6DA0196EC 06362E1B8952047F.
24 Samai. expediente núm. 25000-23-15-000-2025-00931-00, índice 12, certificado BD10DFF293637907
5AECA15CAD48CDE0 9F0A71E1F279DCD6 0722073D3F43D853.
25 Samai. expediente núm. 25000-23-15-000-2025-00931-00, índice 16, certificado 3F0FA74169A15EB6
DF466953B4783D40 CA53070B3B5E3004 F22799833276CE6E.
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Radicado: 25000-23-15-000-2025-00931-01
Accionante: Narda Lizt Gutiérrez Castro
Accionado: Juzgado Primero Administrativo de Bogotá
cumplimiento con radicado núm. 11001-33-34-001-2024-00491-00, y, por lo tanto,
es la titular de los derechos que consideró fueron vulnerados.
27. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado
Primero Administrativo de Oralidad de Bogotá porque es la autoridad que adelantó
el trámite de cumplimiento que, afirmó la tutelante, vulneró sus derechos
fundamentales.
3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
28. Reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado 26 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura
de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este
mecanismo constitucional27.
29.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial.
iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia
directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y
que afecte un derecho fundamental.
v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración.
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
30. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del recurso
de amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales28 y, por lo
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En otras
palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan
la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
31. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i) orgánico;
ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución29.
26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
27 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
28 Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.
29 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018 y SU-215 de 2022.
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Radicado: 25000-23-15-000-2025-00931-01
Accionante: Narda Lizt Gutiérrez Castro
Accionado: Juzgado Primero Administrativo de Bogotá
3.4. Problema jurídico
32. Al tener en cuenta que los argumentos del escrito de tutela coinciden con los
expuestos por la señora Narda Lizt Gutiérrez Castro en la acción de cumplimiento,
corresponde a la Sala determinar si ¿supera la solicitud de amparo el requisito de
suficiencia argumentativa?. En caso afirmativo, se tendrá que establecer si el
Juzgado Primero Administrativo de Oralidad de Bogotá vulneró los derechos
invocados por la accionante.
3.4.1 Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
33. En el asunto bajo estudio, la tutelante en el escrito de amparo no pidió la
protección de un derecho fundamental concreto y solicitó que se declarara la nulidad
de lo actuado en el trámite de verificación de cumplimiento de fallo, lo cual es una
pretensión que escapa de las competencias del juez constitucional. Tampoco alegó
la configuración de un defecto específico en alguna providencia en particular.
34. En ese orden, cabe destacar que, si bien la señora Narda Lizt Gutiérrez Castro
expuso inconformidades en su escrito de amparo, lo cierto es que son asuntos que
les corresponde decidir a los jueces naturales de la acción de cumplimiento. Sin
embargo, la Sala procederá a analizar si los reparos que presentó superan el
requisito de suficiencia argumentativa.
35. Frente al referido requisito, es preciso indicar que el artículo 14 del Decreto 2591
de 1991 establece que la acción de tutela tiene un carácter informal. No obstante,
la solicitud de amparo deberá exponer con la mayor claridad posible la acción o la
omisión que la motiva, el derecho que se considera amenazado, el nombre de la
autoridad accionada y la descripción de las demás circunstancias relevantes para
decidir la solicitud.
36. En las acciones de tutela contra providencia judicial, la Corte Constitucional, en
la sentencia C-590 de 2005, incluyó como un requisito general de procedibilidad que
la parte actora identifique de manera razonable los hechos generadores de la
vulneración y los derechos afectados, toda vez que en esta oportunidad se busca
afectar la seguridad jurídica y los efectos de cosa juzgada que generan una decisión
judicial.
37. En igual sentido, el tribunal constitucional, en sentencia SU-585 de 2017,
sostuvo que:
[A] pesar de que la tutela es una acción informal, estas exigencias argumentativas
pretenden que se evidencie la transgresión de los derechos fundamentales, con
suficiente claridad y se evite que el juez de tutela termine realizando un indebido control
oficioso de las providencias judiciales de otros jueces. En este aspecto, resulta de vital
importancia identificar la causal, o las causales de procedibilidad especial, la que de
verificarse determinaría la prosperidad de la tutela contra la providencia judicial.
38. Teniendo en cuenta lo anterior, cuando la acción es presentada contra una
providencia judicial, es necesario que la parte actora cumpla una carga
argumentativa mayor y describa los motivos, causales o defectos en los que incurre
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Accionante: Narda Lizt Gutiérrez Castro
Accionado: Juzgado Primero Administrativo de Bogotá
la decisión judicial enjuiciada. Al respecto, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, manifestó que:
[E]sta exigencia se justifica porque de prosperar el amparo se afectaría el principio de
cosa juzgada de la sentencia o el auto cuya revisión se pretende en sede de tutela, y
que solo podría ocurrir cuando de la argumentación que el actor haga, se deduzca con
claridad que la decisión es arbitraria e irrazonable y vulneró derechos
fundamentales»30.
39. En el caso concreto, la tutelante alegó que el Juzgado Primero Administrativo
de Oralidad de Bogotá no dio trámite a la solicitud que formuló con fundamento en
el artículo 25 de la Ley 393 de 1997 atinente al «cumplimiento de la sentencia»,
pues se agotó un trámite incidental de «desacato» y se omitió conminar al alcalde
de Medellín.
40. Al respecto, revisadas las actuaciones del proceso con radicado núm. 11001-
33-34-001-2024-00491-00, se observa que la autoridad accionada, una vez recibió
la mencionada solicitud, requirió a la entidad demandada para que acreditara el
cumplimiento del fallo del 15 de noviembre de 2024, y que, luego de adelantado el
trámite y de aportadas varias pruebas, encontró que dicha sentencia sí fue acatada.
41. En ese orden, para la Sala no constituye un argumento propio de este escenario
constitucional cuestionar que el Juzgado haya requerido a la autoridad demandada
antes de conminar al alcalde de Medellín en los términos descritos en el artículo 25
ibidem, pues resulta lógico que primero se estableciera si existía incumplimiento a
la sentencia del 15 de noviembre de 2024.
42. Así las cosas, no comporta una contrariedad el hecho de que el Juzgado
Primero Administrativo de Oralidad de Bogotá haya referido en sus providencias a
un trámite incidental de desacato, que es distinto al cumplimiento de la sentencia,
si se tiene en cuenta que, de cualquier forma, de manera previa a efectuar las
actuaciones descritas en el artículo 25 de la Ley 393 de 1997 logró tener certeza de
que el fallo del 15 de noviembre de 2024 ya había sido cumplido.
43.Por otro lado, la señora Narda Lizt Gutiérrez Castro afirmó en el escrito de tutela
que la Secretaría Ambiental de Medellín no dio cumplimiento al fallo proferido el 15
de noviembre de 2024 dentro del proceso con radicado núm. 11001-33-34-001-
2024-00491-00.
44. Sobre este punto, cabe advertir que no le corresponde al juez de tutela
determinar si la sentencia emitida dentro de una acción de cumplimiento ha sido
acatada o no, pues ello es competencia de los jueces naturales. Bajo ese hilo
argumentativo, se echan de menos en el escrito de amparo reproches que permitan
identificar el defecto en el que incurrió el Juzgado en el auto del 25 de julio de 2025,
el cual resolvió declarar que no existía mérito para abrir trámite incidental por
desacato e imponer sanciones.
30 Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 21 de marzo de 2019, expediente núm.
25000-23-36-000-2019-00003-01(AC).
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45. Lo anterior, al tener en cuenta que la accionante ni siquiera controvirtió las
actuaciones que la demandada acreditó en el trámite incidental para demostrar que
dio cumplimiento a la sentencia y que sirvieron al Juzgado como fundamento del
auto del 25 de julio de 2025, esto es, la ejecución de programas sobre agua potable;
el fondo que subsidia parte del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo de
usuarios de estratos 1, 2 y 3; los acueductos veredales; las campañas para el ahorro
y el uso eficiente del recurso; el mantenimiento y renovación de obras civiles y el
adelantamiento de procesos sancionatorios.
46. Por último, la señora Narda Lizt Gutiérrez Castro reiteró en el escrito de tutela
que en el trámite de verificación de cumplimiento se configuraron nulidades
insanables, ya que no se dio aplicación al artículo 25 de la Ley 393 de 1997, se
revivió un proceso legalmente concluido porque se abrió nuevamente a pruebas y
toda vez que no se hizo cumplir la sentencia del 15 de noviembre de 2024.
47. Pues bien, resulta oportuno destacar, por un lado, que los anteriores cargos
fueron propuestos ante el Juzgado accionado dentro del proceso objeto de tutela y
resueltos en el auto del 15 de septiembre de 2025, y, por otro lado, que estos no
cuestionan los argumentos que sustentaron la decisión que negó la solicitud de
nulidad; de manera que no cumplen el requisito de suficiencia argumentativa por
cuanto no exponen la posible vulneración de un derecho fundamental de cara a la
configuración de un defecto específico.
48. En todo caso, la Sala observa que, con la finalidad de atender la solicitud de la
señora Narda Lizt Gutiérrez Castro que sustentó en el artículo 25 de la Ley 393 de
1997, era necesario que el Juzgado efectuara, de manera previa, el requerimiento
a la entidad demandada para que ejerciera su derecho de defensa y, al encontrar
que se cumplió la sentencia, no resultaba procedente dar las órdenes contenidas
en la referida norma.
49. Además, no se abrió una etapa de un proceso concluido, pues no se discutió de
nuevo si la autoridad ambiental desconoció lo previsto en el Decreto 3102 de 1997,
lo cual fue el objeto de la acción de cumplimiento; cuestión distinta es que, con
ocasión de la solicitud realizada con fundamento en el artículo 25 ibidem, el Juzgado
requiriera a la entidad demandada para que explicara si había cumplido o no la
sentencia del 15 de noviembre de 2025.
50. En consecuencia, la Sala advierte que los cargos de la tutela no superan el
requisito general de exposición suficiente de hechos y argumentos, en la medida en
que corresponden a los mismos que fueron abordados y decididos por los jueces
naturales al interior del proceso de cumplimiento y, por ende, no están dirigidos a
controvertir las razones que expuso el Juzgado Primero Administrativo de Oralidad
de Bogotá para concluir que se acató la sentencia del 15 de noviembre de 2025 y
que no se incurrió en causales de nulidad.
4. Conclusión
51.La Sala modificará la sentencia del 11 de noviembre de 2025 proferida por la
Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
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Accionante: Narda Lizt Gutiérrez Castro
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que negó las pretensiones de amparo, para declarar la improcedencia de la tutela
porque no superó el requisito de exposición suficiente de hechos y argumentos.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla
Primero: Modificar la sentencia del 11 de noviembre de 2025 que profirió la
Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
por los motivos contenidos en esta providencia. En su lugar, quedará así:
Primero: Declarar la improcedencia de la tutela interpuesta por la señora Narda
Lizt Gutiérrez Castro contra el Juzgado Primero Administrativo de Oralidad de
Bogotá, por las razones consignadas en esta sentencia.
Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
Salvamento de voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
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