Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03037-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03037-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-03037-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
24 de agosto de 2026
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiséis (2026).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2026-03037-01
Demandante: INVÍAS
Demandado: SUBSECCIÓN B DE LA SECCIÓN TERCERA DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
SE DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN POR FALTA
DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL.
Síntesis del caso: la parte actora cuestionó la sentencia mediante la cual se declaró su
responsabilidad por hechos relacionados con un accidente de tránsito en el que falleció una
persona, por estimar que dicha providencia incurrió en defectos fáctico y sustantivo; sin embargo,
la Sala confirmará la decisión que declaró improcedente la acción de tutela por falta de relevancia
constitucional, porque los reparos formulados están encaminados a controvertir las conclusiones
probatorias y jurídicas adoptadas por el juez natural dentro del proceso de reparación directa y,
por tanto, no trascienden al ámbito constitucional.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la demandante en contra de sentencia del
28 de mayo de 2026 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado mediante la
cual se dispuso:
“PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la sociedad
Mapfre Seguros Generales de Colombia SA, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: TENER como coadyuvante de la parte actora a la sociedad Mapfre
Seguros Generales de Colombia SA, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia,
de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia (…).
(Negrillas y mayúsculas fijas del original - archivo disponible en SAMAI, índice
17).
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-03037-01
Actor (a): INVÍAS
Acción de tutela
I. ANTECEDENTES
Los hechos de la demanda
Mediante escrito presentado el 21 de abril de 20261, el Instituto Nacional de Vías (en
adelante INVÍAS) promovió proceso de acción de tutela en contra de la Subsección B de
la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que le sean
amparados sus derechos fundamentales del debido proceso e igualdad, presuntamente
vulnerados por la sentencia del 27 de febrero de 2026.
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1) El 24 de marzo de 2019, aproximadamente a las 4:00 pm, en el kilómetro 4+200 de la
vía que comunica a Chiquinquirá con Tunja, ocurrió un accidente de tránsito en el que
falleció la señora Ángela Liliana Camargo Vargas, quien se movilizaba como
acompañante en una motocicleta conducida por su hermano Juan Pablo Camargo
Vargas, en un tramo de la carretera que se encontraba a cargo del INVÍAS.
2) La motocicleta se desplazaba detrás de un automóvil conducido por el señor Yeison
Javier Ruiz Becerra, quien, al aproximarse a un hundimiento existente en la calzada,
redujo la velocidad para transitar por ese sector; ante esa circunstancia, el señor Juan
Pablo Camargo Vargas realizó una maniobra hacia el costado izquierdo del vehículo que
lo antecedía y, posteriormente, la motocicleta perdió estabilidad y sus ocupantes cayeron
sobre el carril destinado al tránsito en sentido contrario, pero la señora Ángela Liliana
Camargo Vargas fue impactada por un vehículo que circulaba en sentido contrario, cuyo
conductor abandonó el lugar, hecho que le ocasionó las lesiones que posteriormente
produjeron su fallecimiento.
2) El 26 de abril de 2021, los señores Moisés Aquileo Camargo, Elsa Vargas Puerto,
Paula Daniela Galvis Camargo y Johan Stiven Galvis Camargo, Cielo Elsa María
Camargo Vargas, Moisés Andrés Camargo Vargas, Diego Mauricio Camargo Vargas y
Juan Pablo Camargo Vargas presentaron demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa en contra del INVIAS por no garantizar condiciones seguras de tránsito
en la carretera, particularmente por no reparar los daños en la superficie vial ni advertir a
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Índice 02 de Samai.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-03037-01
Actor (a): INVÍAS
Acción de tutela
los usuarios sobre el peligro existente mediante la señalización apropiada, lo cual
ocasionó la muerte de la señora Ángela Liliana Camargo Vargas.
3) Mediante sentencia del 11 de julio de 2025, el Juzgado 35 Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá negó las pretensiones, por considerar que el accidente se debió a un
actuar imprudente del conductor de la motocicleta por no guardar la distancia de
seguridad entre vehículos, según lo establecen las normas de tránsito.
4) La parte demandante apeló con base en que el juez valoró equivocadamente las
pruebas al atribuir el accidente a la conducta del motociclista y al hecho de un tercero,
pese a que el material probatorio demostraba que el desencadenante del accidente fue
el hundimiento de la vía sin señalización, pues este obligó al vehículo precedente a
disminuir la velocidad y al motociclista a efectuar la maniobra evasiva que culminó con la
pérdida de control y el resultado fatal.
5) A través de sentencia del 27 de febrero de 2026, la Subsección B de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó la decisión de primera instancia y,
en su lugar, declaró administrativa y patrimonialmente responsable al INVÍAS, por
considerar acreditada una falla del servicio derivada de la omisión en el adecuado
mantenimiento y conservación de la calzada y de la falta de señalización específica
respecto del hundimiento existente en el lugar del accidente, el cual, por sus
características y dimensiones, constituyó una condición anormal de la vía que tuvo
incidencia en la producción del daño.
6) Para arribar a esa conclusión, descartó que la conducta del conductor de la motocicleta
hubiera constituido la causa exclusiva o concurrente del accidente, pues estimó que no
se acreditó el exceso de velocidad ni el incumplimiento de la distancia de seguridad y que
la maniobra evasiva realizada ante la reducción de velocidad del vehículo que lo
antecedía fue razonable; por el contrario, concluyó que el hundimiento desencadenó la
secuencia que culminó con la pérdida de control de la motocicleta y el posterior impacto
que ocasionó el fallecimiento de Ángela Liliana Camargo Vargas.
Fundamento de la vulneración
En primer lugar, alegó la configuración de un defecto fáctico, porque el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca valoró indebidamente el material probatorio al
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-03037-01
Actor (a): INVÍAS
Acción de tutela
establecer el nexo causal entre la falla del servicio y el accidente, pues descartó la
incidencia de la conducta del motociclista, pese a que el informe policial, la entrevista del
conductor del vehículo que lo antecedía y el testimonio del técnico en seguridad vial
daban cuenta de que aquel circulaba a corta distancia y que una conducción prudente
habría permitido adoptar medidas para evitar el siniestro.
La autoridad judicial efectuó una inferencia carente de respaldo probatorio al concluir que,
de haber existido una distancia insuficiente o una velocidad elevada, necesariamente se
habría producido un impacto contra la parte trasera del automóvil, con lo cual calificó
como diligente la maniobra evasiva realizada por el motociclista y omitió considerar que
esta implicó desplazarse hacia el carril contrario pese a la existencia de doble línea
amarilla continua.
En segundo lugar, sostuvo que la providencia incurrió en defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente, porque el tribunal aplicó materialmente la teoría de la
equivalencia de las condiciones para establecer el nexo causal, en lugar de la teoría de
la causalidad adecuada acogida por la jurisprudencia del Consejo de Estado2, dado que
atribuyó carácter determinante al hundimiento por haber desencadenado la secuencia de
acontecimientos sin establecer cuál fue la causa adecuada, principal y eficiente del daño
ni valorar la incidencia de la conducta del motociclista consistente en no conservar una
distancia prudencial y realizar una maniobra en una zona con prohibición de
adelantamiento.
Finalmente, dentro del mismo defecto sustantivo, afirmó que se desconoció el precedente
relativo a la liquidación del lucro cesante, porque la autoridad judicial incrementó en un
25% por concepto de prestaciones sociales el ingreso base utilizado para calcular la
indemnización reconocida a los hijos de la víctima, pese a que esta desarrollaba
actividades productivas en el sector rural y no se acreditó que estuviera vinculada
mediante una relación laboral subordinada, supuesto en el cual, según las providencias
2
Frente a la teoría de la causalidad adecuada, citó la sentencia de 19 de marzo de 2021, rad. 68001-23-
31-000-2011-00391-01 (50791), CP María Adriana Marín y la sentencia de 13 de octubre de 2020, rad.
50001-23-31-000-2011-00456-01 (60822), CP Guillermo Sánchez Luque y, a partir de ellas sostuvo que la
Sección Tercera de esta Corporación ha acogido la teoría de la causalidad adecuada, según la cual no
basta establecer una cadena de antecedentes, sino que debe identificarse cuál fue la causa determinante,
principal y eficiente del daño.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-03037-01
Actor (a): INVÍAS
Acción de tutela
del Consejo de Estado invocadas en la tutela, no procede adicionar dicho factor
prestacional3.
Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó el amparo de las siguientes
súplicas:
“1. Que se tutele los derechos de acceso a la administración de justicia, debido
proceso e igualdad del INVIAS y se deje sin efectos la sentencia de 27 de
febrero de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B, Magistrado Ponente HENRY ALDEMAR
BARRETO MOGOLLÓN.
2. Que se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B, Magistrado Ponente HENRY ALDEMAR BARRETO
MOGOLLÓN emitir una sentencia que no afecte nuevamente los derechos
fundamentales de INVIAS en la forma descrita en esta acción de tutela”.(archivo
disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI - índice 2).
Actuación procesal
Mediante auto del 29 de abril de 2026, la Sección Primera del Consejo de Estado admitió
la acción de tutela y ordenó la notificación a los magistrados integrantes de la Subsección
B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, como terceros
con interés, vinculó al Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá –
Sección Tercera, a la sociedad Mapfre Seguros Generales de Colombia SA, a los señores
Moisés Aquileo Camargo, Elsa Vargas Puerto, Paula Daniela Galvis Camargo, Jhoan
Stiven Galvis Camargo, Cielo Elsa María Camargo Vargas, Moisés Andrés Camargo
Vargas, Diego Mauricio Camargo Vargas y Juan Pablo Camargo Vargas, con el fin de
que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción (índice
04 de Samai).
3
Frente al 25 % por prestaciones sociales en el lucro cesante, invocó tres providencias: la sentencia de 19
de abril de 2021, rad. 05001-23-31-000-2010-00235-01 (45579), CP Alberto Montaña Plata; la sentencia
de 17 de agosto de 2021, rad. 50001-23-31-000-2003-40013-01 (44078), CP Martín Bermúdez Muñoz y la
sentencia de 2 de agosto de 2018, rad. 18001-23-31-000-2006-00351-01 (57253), CP Marta Nubia
Velásquez Rico. Según la parte accionante, esas decisiones establecen que cuando la víctima obtiene sus
ingresos de actividades agrícolas o ganaderas no procede incrementar el ingreso base en un 25 % por
prestaciones sociales si no se acredita una relación laboral subordinada.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-03037-01
Actor (a): INVÍAS
Acción de tutela
Sentencia de primera instancia
A través de fallo del 28 de mayo de 2026, la Sección Primera del Consejo de Estado
declaró improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucional por
considerar que los argumentos formulados por el INVÍAS evidenciaban una
inconformidad con la valoración probatoria efectuada por la autoridad judicial
demandada, pues pretendían controvertir nuevamente el mérito otorgado a los informes,
entrevistas y testimonios practicados en el proceso de reparación directa para demostrar
que el accidente obedeció a la conducta del motociclista; en ese sentido, acceder a dicho
análisis implicaría reabrir el debate resuelto por el juez natural y convertir la tutela en una
instancia adicional, incompatible con los principios de autonomía e independencia judicial
(índice 17 de Samai).
Impugnación
El INVÍAS impugnó la anterior decisión, para lo cual sostuvo que los reparos formulados
contra la providencia cuestionada sí tienen relevancia constitucional, pues, frente al
defecto fáctico, el tribunal omitió valorar la incidencia causal de la conducta del
motociclista que realizó una maniobra en una zona demarcada con doble línea amarilla
continua y, por el contrario, la calificó como diligente pese a tratarse de una actuación
prohibida por las normas de tránsito; por tanto, el cuestionamiento trasciende de una
simple discrepancia en la valoración probatoria y compromete los derechos del debido
proceso y de acceso a la administración de justicia.
Asimismo, insistió en la relevancia constitucional de los defectos sustantivos planteados
en la solicitud de amparo, por cuanto la autoridad judicial accionada desconoció el
precedente de la Sección Tercera del Consejo de Estado sobre la teoría de la causalidad
adecuada al establecer el nexo causal a partir de la equivalencia de las condiciones y
omitir la incidencia de la conducta del motociclista.
Además, reiteró que se apartó de la jurisprudencia que excluye el incremento del 25%
por concepto de prestaciones sociales en la liquidación del lucro cesante cuando la
víctima desarrollaba actividades productivas autónomas en el sector rural y no se acreditó
la existencia de una relación laboral subordinada.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-03037-01
Actor (a): INVÍAS
Acción de tutela
Finalmente, señaló que el requisito de relevancia constitucional debe analizarse con
menor rigor, dado que el INVÍAS fue absuelto en primera instancia y condenado en
segunda dentro del proceso de reparación directa, sin contar con recursos ordinarios o
extraordinarios para controvertir esa determinación, en ese sentido, la acción de tutela
constituía el único mecanismo disponible para obtener el control judicial de las
vulneraciones alegadas (índice 21 de Samai).
II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.
Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.
El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Subsección B
de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca con el fin de que se
protejan los derechos constitucionales fundamentales antes mencionados,
presuntamente vulnerados con ocasión de la sentencia del 27 de febrero de 2026.
En los términos en que fue propuesta la controversia, la Sala confirmará la decisión de
primera instancia que declaró improcedente la acción por incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional, por las razones que se exponen a continuación:
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-03037-01
Actor (a): INVÍAS
Acción de tutela
2.1 La relevancia constitucional en la acción de tutela contra providencias
judiciales
Cuando una acción de tutela se promueve en contra de una providencia judicial su
procedencia está sometida a una serie de requisitos generales, sin los cuales el juez
constitucional no puede entrar a realizar un análisis de fondo.
En efecto, tales presupuestos generales se instituyeron con la finalidad de que no todos
los asuntos puedan ser decididos en sede de tutela, so pena de vaciar la competencia de
los jueces ordinarios y desconocer principios de raigambre constitucional como la
seguridad jurídica y la autonomía e independencia judicial.
Con ese norte, la jurisprudencia, específicamente en la sentencia C-590 de 2005 de la
Corte Constitucional, que constituye el fallo hito en la materia, estableció un modelo de
requisitos generales de procedencia y defectos o causales específicas, orientados a
preservar el carácter extraordinario de este mecanismo residual, dentro de los cuales se
encuentra la imperiosa necesidad de constatar que el debate que se propone reviste una
genuina, verdadera y marcada relevancia constitucional ocupa un lugar central.
En la sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló que
el cumplimiento de este requisito está orientado a la consecución de tres finalidades
concatenadas: i) preservar la competencia e independencia de los jueces ordinarios,
impidiendo que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; ii)
restringir el amparo a cuestiones que comprometen la vigencia efectiva de derechos
fundamentales, evitando que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones; e iii) impedir que este mecanismo se
convierta en una instancia o recurso adicional frente a decisiones judiciales ejecutoriadas.
En similares términos, en jurisprudencia de unificación reciente4, la Corte ha reiterado
que la acción de tutela contra providencias judiciales no puede desnaturalizarse en un
medio para revisar la “correcta” aplicación del ordenamiento, sustituir el criterio del juez
natural o reabrir debates probatorios ya concluidos, e insistió en que el juez constitucional
sólo puede intervenir cuando la controversia planteada trasciende el ámbito de la
legalidad y se proyecta como un problema genuinamente constitucional que afecte
derechos fundamentales de las partes involucradas.
4
Corte Constitucional, sentencia SU-103 de 2022.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-03037-01
Actor (a): INVÍAS
Acción de tutela
De acuerdo con esta línea, en primer lugar, la Sala Plena de la Corte Constitucional
enfatizó que el asunto sometido a acción de tutela debe involucrar un problema de índole
constitucional claro y marcado, relacionado con el contenido, alcance o goce de un
derecho fundamental, sin que pueda reducirse a la simple inconformidad frente a la
interpretación de normas legales o a divergencias sobre la valoración probatoria, de
manera que las controversias que “se limitan a la mera determinación de aspectos legales
de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma
procesal5”, carecen, en principio, de relevancia constitucional, salvo que se acredite de
manera específica una afectación grave y desproporcionada de derechos fundamentales.
En efecto, en la referida sentencia SU-103 de 2022, que ratificó el criterio que ya se había
planteado en la sentencia SU-128 de 2021, la Corte indicó que no cumplen este
presupuesto aquellos casos en los que “la controversia no versa sobre un asunto
constitucional, sino uno meramente legal y/o económico” o cuando la parte actora “busca
una instancia adicional para reabrir debates meramente legales ya concluidos con la
intención de revivir los términos procesales”.
En segundo lugar, la propia Corte estableció que la relevancia constitucional entraña una
exigente carga argumentativa para la parte actora ya que no es suficiente con invocar,
en abstracto, la vulneración de derechos fundamentales, por cuanto le asiste la carga de
explicar, de forma concreta y razonada, por qué la decisión cuestionada comporta una
restricción constitucionalmente inaceptable, postulado que fue reiterado por el Consejo
de Estado en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 en la que se dispuso
que “no basta con (…) aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir
este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales6”, enfatizando
en que corresponde al demandante justificar por qué su pretensión tiene tal entidad, so
pena de rechazo o improcedencia.
En ese entendido, la jurisprudencia constitucional ha construido un entendimiento más
exigente sobre la carga argumentativa asociada con dicho requisito. Así, las
mencionadas sentencias SU-215 de 2022 y la SU-103 de 2022 de la Corte Constitucional
fueron específicas en destacar que la relevancia constitucional no se presume por la sola
5
Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.
6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez,
sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, radicación no. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-03037-01
Actor (a): INVÍAS
Acción de tutela
invocación de vocabulario constitucional, ni por la sola mención de un derecho
fundamental, en tanto corresponde a la parte actora exponer un problema jurídico de
naturaleza constitucional e identificar con claridad los defectos que se pretenden atribuir
a la providencia objeto de censura, con una explicación clara sobre el por qué estos
desbordan el margen de interpretación y conducen a la vulneración concreta de un
derecho fundamental, de ahí que se ha reiterado que la acreditación del requisito “más
allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con
derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una
restricción desproporcionada” de tales derechos:
“Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el
asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.7”.
En tercer lugar, la relevancia constitucional está destinada a impedir que la acción de
tutela se utilice como tercera instancia o mecanismo para reiterar desacuerdos o simples
desavenencias con el criterio del juez natural, punto sobre el cual, tanto la Corte
Constitucional como el Consejo de Estado han sido enfáticos en que la acción de tutela
no puede erigirse en un escenario para revisar, en abstracto, la corrección jurídica de la
decisión, sustituir la apreciación probatoria del fallador ordinario ni reabrir litigios
legalmente concluidos.
Al respecto, la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia T-022 de 2019, determinó
que la acción de tutela constituye un juicio de validez y no de corrección de las decisiones
de los jueces, motivo por el cual en aquellos casos en los que resulta diáfano que la
intención de las partes es instrumentalizar este mecanismo con el único fin de cuestionar
la interpretación, el criterio o la posición del juez natural, simplemente por encontrarse en
desacuerdo con la decisión desfavorable a sus intereses, dicho mecanismo carece de
una verdadera trascendencia desde la óptica constitucional.
7
Idem.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-03037-01
Actor (a): INVÍAS
Acción de tutela
El Consejo de Estado ha destacado que, si de la acción se desprende que el objetivo del
actor es convertir la tutela en una instancia adicional a las del proceso ordinario con miras
a evidenciar las inconformidades con la providencia objeto de censura, específicamente,
con su interpretación normativa o sus conclusiones probatorias, la consecuencia lógica
es que el amparo así deprecado se torna a todas luces improcedente pues en esa
hipótesis se está ante un debate infraconstitucional que no compromete directamente
mandatos superiores y cuya resolución compete únicamente a los jueces ordinarios,
quienes fueron investidos por el legislador de precisas facultades para ello.
El juez de tutela no es ni puede actuar como superior funcional de los jueces ordinarios,
de modo que su análisis debe contraerse a aquellos debates que comporten una genuina
y marcada importancia desde el punto de vista de los derechos fundamentales, en orden
a evitar inmiscuirse en discusiones que no son de su resorte, so pena de vaciar de
contenido las competencias asignadas a cada jurisdicción. El rol del juez de tutela no
puede ni debe confundirse con el de una instancia revisora de las providencias proferidas
por los jueces naturales en su ejercicio y cualquier intento dirigido a reemplazar o
arrogarse competencias de juez ordinario, desde luego, debe ser contenido.
En suma, a partir de lo dispuesto, entre otras, en las sentencias SU-573 de 2019, SU-128
de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022, es necesario verificar que la acción de tutela
reúna los siguientes parámetros: i) el debate planteado en la acción de tutela debe
trascender la mera legalidad y tener la virtualidad de incidir en la interpretación, aplicación
o eficacia de la Constitución o de un derecho fundamental; ii) la controversia no puede
limitarse a un asunto estrictamente patrimonial o privado carente de proyección
constitucional; iii) el escrito de acción de tutela debe mostrar una afectación grave,
concreta y desproporcionada de derechos fundamentales atribuible a una decisión
judicial arbitraria o irrazonable, y iv) no es constitucionalmente relevante una pretensión
dirigida a replantear discusiones que ya fueron propuestas, analizadas y resueltas en el
proceso ordinario, mediante los recursos propios de la jurisdicción competente.
Tales criterios, además, son aún más rigurosos cuando se pretenda emplear la acción
para cuestionar una decisión de una Alta Corte, pues, de conformidad con lo establecido
por la propia Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019, esta hipótesis
comporta un escrutinio aún más estricto, en el que se “exige valorar, prima facie, si la
decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial,
violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita de acción tanto
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-03037-01
Actor (a): INVÍAS
Acción de tutela
de los jueces constitucionales, como de las demás jurisdicciones’ en estricto respeto a la
independencia de los jueces ordinarios8”.
En conclusión, la relevancia constitucional opera como un filtro material y obligatorio que
condiciona el estudio de fondo de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
en tanto exige que la parte actora demuestre, con una argumentación clara y específica,
que la providencia cuestionada desborda el margen de interpretación razonable y
comporta una afectación grave e injustificada de derechos fundamentales.
En esa medida, el análisis de este presupuesto de procedibilidad de la acción obliga al
juez de tutela a declarar improcedente el amparo cuando se advierta que se pretende
emplearlo para expresar desacuerdos con la decisión, replantear discusiones probatorias
o jurídicas ya zanjadas, o perseguir fines meramente económicos o privados; únicamente
cuando se supera este umbral es legítimo avanzar al examen de los defectos alegados
en el caso concreto.
2.1. Verificación del requisito de relevancia constitucional en el caso concreto
1) La parte actora alegó la configuración de los defectos fáctico y sustantivo, el primero,
por la indebida valoración de las pruebas relacionadas con la conducta del motociclista
y, el segundo, por el supuesto desconocimiento del precedente sobre la teoría de la
causalidad adecuada y la inclusión del 25 % correspondiente a prestaciones sociales en
la liquidación del lucro cesante.
2) Sin embargo, la Sala confirmará la decisión impugnada, toda vez que los argumentos
formulados carecen de relevancia constitucional, en la medida en que están dirigidos a
controvertir las conclusiones a las que arribó el juez natural luego de valorar el material
probatorio y establecer las circunstancias que incidieron en la producción del accidente,
con el propósito de que el juez de tutela determine nuevamente cuál fue su causa y, a
partir de ello, establezca si el daño resultaba imputable al INVÍAS, cuestión que
corresponde al ámbito propio del proceso de reparación directa y que fue resuelta por la
autoridad judicial accionada en ejercicio de su autonomía e independencia.
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Criterio que, a su vez fue ratificado en la sentencia SU-215 de 16 de junio de 2022, MP Natalia Ángel
Cabo.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-03037-01
Actor (a): INVÍAS
Acción de tutela
3) En efecto, frente al defecto fáctico, se advierte que la inconformidad de la actora recae
sobre el mérito que el tribunal otorgó al informe policial del accidente, a la entrevista del
conductor del vehículo que antecedía a la motocicleta y a las declaraciones practicadas
durante el proceso, con miras a que se haga una relectura de las pruebas en los términos
pretendidos por la aquí actora por no encontrarse de acuerdo con la decisión, pues
mientras el INVÍAS sostiene que esos elementos demostraban que el motociclista no
conservó la distancia de seguridad y realizó una maniobra prohibida, la autoridad judicial
accionada estimó que tales circunstancias no permitían atribuirle la producción del daño
y que la maniobra evasiva estuvo determinada por la reducción de velocidad del vehículo
precedente y el posterior ingreso de la motocicleta en el hundimiento existente en la
calzada.
4) Así las cosas, para la Sala, tales planteamientos evidencian una discrepancia con las
inferencias que la autoridad judicial extrajo de aquel, pues lo pretendido es que el juez
constitucional otorgue mayor mérito a los elementos que, en criterio del INVÍAS,
demostraban la incidencia causal de la conducta del motociclista y, a partir de una nueva
apreciación de esas pruebas, sustituya la conclusión adoptada por el juez natural acerca
de la causa del accidente, finalidad que desborda el carácter excepcional de la acción de
tutela contra providencias judiciales.
5) Ahora bien, sobre el desconocimiento del precedente de la Sección Tercera del
Consejo de Estado sobre la teoría de la causalidad adecuada, la Sala encuentra que ese
argumento tampoco permite tener por acreditada la relevancia constitucional del asunto,
toda vez que, bajo la denominación de desconocimiento del precedente, se cuestionó
nuevamente la conclusión a la que arribó el tribunal respecto de la incidencia causal del
hundimiento de la vía y de la conducta del motociclista, con base en que esta última debió
ser tenida como causa determinante del accidente o, cuando menos, como factor
concurrente en su producción.
6) En ese sentido, de la circunstancia de que el tribunal hubiera señalado que el
hundimiento constituyó el factor desencadenante de la cadena causal permite concluir,
que la autoridad judicial examinó las distintas circunstancias que rodearon el accidente y
explicó de manera razonada los motivos por los cuales atribuyó relevancia al estado de
la vía y descartó que la conducta del motociclista tuviera la entidad suficiente para romper
el nexo causal; por consiguiente, el reparo planteado está dirigido, nuevamente, a
controvertir el resultado del juicio de causalidad efectuado por el juez ordinario.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-03037-01
Actor (a): INVÍAS
Acción de tutela
7) De igual manera, el reproche relacionado con el reconocimiento del 25% por concepto
de prestaciones sociales tampoco es relevante constitucionalmente, pues, aun cuando la
parte actora invocó distintas providencias de la Sección Tercera de esta Corporación en
las que no se adicionó dicho porcentaje cuando la víctima desarrollaba actividades
productivas autónomas, la sola existencia de decisiones que resolvieron en ese sentido
no permite estudiar el desconocimiento del precedente alegado, para lo cual
correspondía demostrar la existencia de una regla jurisprudencial aplicable al caso
concreto y la identidad jurídica y fáctica entre los asuntos confrontados, de manera que
el cuestionamiento formulado se mantiene en el ámbito de la legalidad relacionado con
la determinación y liquidación de los perjuicios reconocidos dentro del proceso de
reparación directa.
8) Por otra parte, no es de recibo el argumento según el cual el requisito de relevancia
constitucional debe examinarse con menor rigor porque el INVÍAS fue absuelto en
primera instancia, pues tales circunstancias no flexibilizan los presupuestos de
procedencia de la tutela contra decisiones judiciales ni convierten este mecanismo
excepcional en una instancia adicional para revisar lo resuelto por el juez natural; por el
contrario, la intervención del juez constitucional continúa supeditada a que se plantee una
controversia que trascienda el ámbito de la legalidad y comprometa de manera directa
derechos fundamentales, circunstancia que no se advierte en este asunto.
9) En ese contexto, la Sala advierte que los argumentos formulados por el INVÍAS están
encaminados, en esencia, a obtener una nueva valoración de las circunstancias que
determinaron la producción del accidente y de las consecuencias indemnizatorias
derivadas de la responsabilidad declarada, materias que fueron definidas por el juez
natural dentro del proceso de reparación directa y que no adquieren relevancia
constitucional por el solo hecho de presentarse bajo la denominación de defectos fáctico
y sustantivo.
10) En consecuencia, la Sala confirmará la decisión impugnada que declaró
improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito general de relevancia
constitucional, por las razones expuestas en esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-03037-01
Actor (a): INVÍAS
Acción de tutela
FALLA:
1º) Confírmase la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de
tutela de la referencia, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
2°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
3º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente Subsección Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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