Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2003-40013-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de reparación directa
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2003-40013-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 50001-23-31-000-2003-40013-01
Consejero ponente: Martín Bermúdez Muñoz
17 de agosto de 2021
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / ILEGALIDAD DE LA CAPTURA / DETENCIÓN ILEGAL / IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD
Revocará la decisión de negar las pretensiones de la demanda y, en su lugar: a.- Condenará al Ejército Nacional debido a que se probó la ilegalidad de la captura. b.- Condenará a la Fiscalía General y a la Rama Judicial porque se demostró la ilegalidad de la medida de aseguramiento y de la decisión, con ocasión de una segunda resolución de acusación, de detener al demandante nuevamente.
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
[L]a demanda fue presentada dentro del término de dos años previsto en el artículo 136 del C.C.A.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 136
IRREGULARIDAD EN LA CAPTURA / CAPTURA / FLAGRANCIA / CONFIGURACIÓN DE LA FLAGRANCIA / ILEGALIDAD DE LA CAPTURA
De conformidad con el artículo 370 del Decreto Ley 2700 de 1991, norma bajo la cual se adelantó el proceso penal y se dispuso detener a la víctima directa del daño, la flagrancia se configuraba cuando: La persona era sorprendida al momento de cometer el hecho punible. La persona era sorprendida con objetos, instrumentos o huellas de los cuales se desprendía fundadamente que momentos antes había cometido un hecho punible o había participado en él. La persona era perseguida por la autoridad o por voces de auxilio se pedía su captura. […] [E]stá acreditado que la captura del demandante […] por parte del Ejército Nacional no cumplió los requisitos legales. El Ejército Nacional nunca acreditó que […] fuera concretamente sorprendido portando la granada al momento de su captura y, por lo tanto, no acreditó su situación de flagrancia. Además, a esta circunstancia se añade el hecho que el demandante […], desde la indagatoria, insistió que la granada de fragmentación y los panfletos de las FARC fueron implantados por los soldados al momento de su detención y que él no portaba dichos elementos.
FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 2700 DE 1991 - ARTÍCULO 370
MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / PROCEDENCIA DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / EXISTENCIA DEL INDICIO / INDICIO GRAVE / DETENCIÓN ILEGAL / IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO
En vigencia del Decreto 2700 de 1991 los requisitos legales que debían cumplirse para adoptar la medida de aseguramiento estaban previstos en los artículos 397 y 388, y eran los siguientes: La procedencia de la medida según el tipo de delito imputado (art. 397). La existencia en contra del sindicado de <<por lo menos un indicio grave de responsabilidad, con base en las pruebas legalmente producidas en el proceso>> (art. 388). En este caso no se cumplieron los requisitos legales porque la Fiscalía no contaba con un indicio grave de responsabilidad al momento de imponer la medida de aseguramiento en contra del demandante […] por el delito imputado, esto es, porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas.
FUENTE FORMAL: DECRETO 2700 DE 1991 - ARTÍCULO 388 / DECRETO 2700 DE 1991 - ARTÍCULO 397
RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN / REQUISITOS DE LA RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN / AUSENCIA DE PRUEBA / DETENCIÓN ILEGAL
En vigencia del Decreto 2700 de 1991, los requisitos sustanciales que debían cumplirse para expedir resolución de acusación estaban previstos en el artículo 441 y eran los siguientes: Que la ocurrencia de hecho estuviera demostrada. La existencia de <<confesión, testimonio que ofrezca serios motivos de credibilidad, indicios graves, documento, peritación o cualquier otro medio probatorio que comprometa la responsabilidad del imputado>> […]. En conclusión, ninguna de las pruebas al momento de proferir resolución de acusación comprometían la responsabilidad del acusado […] por el delito de rebelión, por lo que la decisión de detenerlo con ocasión a la expedición de la resolución de acusación también fue ilegal.
FUENTE FORMAL: DECRETO 2700 DE 1991 - ARTÍCULO 441
EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA / PRUEBA DE LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA / DOLO / CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA
No está probado que la víctima directa hubiera realizado conductas dentro del proceso penal que pudieran ser determinantes para la imposición de la medida de aseguramiento. Como quedó establecido, no existía una inconsistencia entre las declaraciones del demandante […] y su compañero […] y, por el contrario, de la diligencia de indagatoria se desprende que el demandante […] insistió en su inocencia desde el principio de la investigación y afirmó que los soldados fueron los que implantaron la granada y la propaganda subversiva para detenerlo a él y a su acompañante ilegalmente […].
PERJUICIO MORAL POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / LIQUIDACIÓN DEL PERJUICIO MORAL
Para efectos de fijar la indemnización, la Sala aplicará los criterios unificados por la Sección Tercera de esta Corporación, en los cuales están establecidos los topes de las indemnizaciones que pueden ser reconocidas por concepto de perjuicios morales en casos de privación de la libertad.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la tasación de perjuicios morales en caso de privación injusta de la libertad, cita: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, rad. 36149, C. P. Hernán Andrade Rincón (e).
DAÑO AL BUEN NOMBRE / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / MEDIDAS DE REPARACIÓN NO PECUNIARIA / FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / RAMA JUDICIAL / EJÉRCITO NACIONAL / JUSTICIA RESTAURATIVA / HECHO DAÑOSO / AFECTACIÓN RELEVANTE A BIEN CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONALMENTE AMPARADO / REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO / MEMORIAL DE EXCUSAS POR LOS AGRAVIOS COMETIDOS / DISCULPA PÚBLICA / PROCEDIBILIDAD DE LA MEDIDA DE REPARACIÓN NO PECUNIARIA
[L]a Sala ordenará al Fiscal General de la Nación, al Director Ejecutivo de Administración Judicial de la Rama Judicial y al Ministro Defensa Nacional expedir y hacer llegar al demandante una comunicación en representación de la entidad estatal responsable, en la que ofrezca disculpas a nombre del Estado colombiano por el daño antijurídico que le causó con la privación injusta de su libertad. La anterior comunicación deberá remitirse dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la presente providencia. De acuerdo con el principio según el cual este tipo de reparaciones integrales deben concertarse con las víctimas, la Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial y el Ejército Nacional deberán coordinar con la víctima directa si el documento solamente le será entregado en físico a ella o si, además, se publicará en las plataformas de comunicación y difusión de dicha entidad.
CLASES DE PERJUICIOS / INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO A LA VIDA EN RELACIÓN / DAÑO INMATERIAL
La Sala negará la indemnización del daño a la vida de relación. La denominación de dicha tipología de perjuicio fue abandonada a partir de la sentencia de unificación del 14 de septiembre del 2011. En todo caso, la parte actora solicitó bajo este concepto la indemnización de los perjuicios inmateriales causados por su detención, afectación que en realidad se encuentra subsumida en los perjuicios inmateriales previamente reconocidos.
PERJUICIO MATERIAL / DAÑO EMERGENTE / HONORARIOS DEL ABOGADO DEFENSOR / ACREDITACIÓN DEL DAÑO EMERGENTE / NIEGA EL RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS MATERIALES EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE / FALTA DE ACREDITACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL / NEGACIÓN DE LA TASACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL
Para que haya lugar a la indemnización por concepto de honorarios profesionales pagados en el proceso penal se requiere : i) que se allegue como prueba la factura o documento equivalente, acompañada de la prueba de su pago, expedidos ambos por el abogado que asumió la defensa penal del afectado con la privación, ii) que se encuentre probado que el profesional del derecho beneficiario del mismo fungió en el asunto penal como apoderado de la víctima de la detención, y iii) que hayan sido reclamados en la demanda por quien efectivamente realizó el pago. La Sala negará la reparación de los gastos por concepto de los honorarios profesionales pagados en el proceso penal, porque si bien la parte actora allegó una certificación emitida por el defensor penal del demandante […], conforme a la regla jurisprudencial citada era necesario, para acreditar este monto, allegar factura o documento equivalente que proba los gastos de defensa en el transcurso del proceso penal, lo que no hizo parte actora. En relación con el daño emergente causado por la venta del inmueble, la Sala considera que no está probada su relación con la privación de la libertad de la víctima directa.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la tasación de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, en caso de privación injusta de la libertad, cita: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial de 18 de julio de 2019, rad. 44572, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
PERJUICIO MATERIAL / PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE / CÁLCULO DE LA TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE / LIQUIDACIÓN DEL LUCRO CESANTE / RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE / SALARIO BASE PARA LA LIQUIDACIÓN DEL LUCRO CESANTE / INDEMNIZACIÓN POR APLICACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE QUE LA PERSONA SE ENCUENTRA EN EDAD PRODUCTIVA
Sobre el particular, de conformidad con el criterio jurisprudencial unificado, para el reconocimiento de este perjuicio debe: (i) haber sido solicitado en la demanda y (ii) estar demostrado que al momento de su detención la persona desempeñaba una actividad económica y que debido a la privación de la libertad dejó de percibir ingresos. En relación con la liquidación del perjuicio se indicó que: (i) el periodo indemnizable es el tiempo que duró la detención, desde la aprehensión física hasta <<cuando éste recobró materialmente la libertad o quedó ejecutoriada la providencia que puso fin a la actuación penal contra el investigado o sindicado, lo último que ocurra>>; (ii) el ingreso base de liquidación debe estar probado, y en caso de que se pruebe que la persona desempeñaba una actividad lícita pero no el monto devengado <<la liquidación del lucro cesante se debe hacer teniendo como ingreso base el valor del salario mínimo legal mensual vigente al momento de la sentencia que ponga fin al proceso de reparación directa>> y (iii) es viable el reconocimiento del 25% por prestaciones sociales en caso de que se acredite una relación laboral subordinada, siempre y cuando se haya solicitado en la demanda. […] la parte actora probó que el demandante […] se desempeñaba como ganadero y agricultor para el momento en el que fue privado de la libertad. Sin embargo, no acreditó los ingresos que devengaba con ocasión de esta actividad económica. En consecuencia, para liquidar el lucro cesante la Sala aplicará la presunción del salario mínimo legal mensual vigente. Para calcular el ingreso base de liquidación no se adicionará el 25% por concepto de prestaciones sociales debido a que no se demostró que la actividad que desempeñaba el demandante se desarrollara en el marco de un contrato laboral.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la tasación de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, en caso de privación injusta de la libertad, cita: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial de 18 de julio de 2019, rad. 44572, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
NOTA DE RELATORÍA: Providencia con aclaración de voto del consejero (e) Alexánder Jojoa Bolaños.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D. C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 50001-23-31-000-2003-40013-01(44078)
Actor: BORIS ALISEY BERNAL FANDIÑO Y OTROS
Demandado: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, RAMA JUDICIAL Y EJÉRCITO NACIONAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (APELACIÓN SENTENCIA)
Tema: Privación de la libertad. Se revoca la decisión de negar las pretensiones de la demanda y, en su lugar, se condena al Ejército Nacional porque se probó la ilegalidad de la captura de la víctima. También se condena a la Fiscalía y a la Rama Judicial porque se demostró la ilegalidad de la medida de aseguramiento y de la detención ordenada con ocasión de la expedición de la resolución de acusación.
SENTENCIA
Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia dictada el 27 de marzo de 2012 por el Tribunal Administrativo del Meta que negó las pretensiones de la demanda.
La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un recurso de apelación interpuesto en vigencia de la Ley 270 de 1996 contra una sentencia proferida en primera instancia por un tribunal dentro de un proceso de reparación directa por hechos de la administración de justicia.
ANTECEDENTES
A.- Posición de la parte demandante
1.- La demanda que dio origen al proceso fue interpuesta el 14 de enero de 2003 por Boris Alisey Bernal Fandiño (víctima directa) y su grupo familiar. Se dirigió contra la Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial y el Ejército Nacional para obtener la reparación del daño causado por la privación injusta de su libertad en dos periodos distintos: (i) un primer periodo, en el que se le imputó el delito de porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, comprendido entre el 16 de enero de 1997 y el 2 de diciembre de 1998, es decir, por un (1) año, diez (10) meses y diecisiete (17) días; y (ii) un segundo periodo de privación de la libertad, como consecuencia de la imputación del delito de rebelión, que ocurrió entre el 2 de marzo de 2001 y el 6 de agosto de 2001, es decir, por un tiempo de cinco (5) meses y cinco (5) días. En el proceso penal se le imputó el delito de porte de armas de uso privativo de las fuerzas armadas y, luego de que se declarara la nulidad de todo lo actuado, se lo acusó de haber cometido el delito de rebelión.
2.- En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:
PRIMERA: DECLARAR administrativamente y extracontractualmente responsable a la NACIÓN COLOMBIANA — MINISTERIO DE DEFENSA—EJÉRCITO NACIONAL—RAMA JUDICIAL—DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA— FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, la totalidad de los perjuicios ocasionados al demandante con motivo del DAÑO ANTIJURÍDICO atribuible al Estado por el error jurisdiccional y la privación injusta de la libertad del señor BORIS ALISEY BERNAL FANDIÑO, ordenada por la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
SEGUNDA. Como consecuencia de las anteriores declaraciones solicito al Honorable Tribunal Contencioso Administrativo se hagan las siguientes o similares CONDENAS:
1.CONDENAR a la NACIÓN COLOMBIANA—MINISTERIO DE DEFENSA—EJÉRCITO NACIONAL— RAMA JUDICIAL—DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA—FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a pagar a favor de BORIS ALISEY BERNAL FANDIÑO los perjuicios materiales causados por los hechos ocurridos a partir del día dieciséis (16) de enero de 1997 hasta el seis (6) de agosto de 2.001.
2.CONDENAR a la NACIÓN COLOMBIANA—MINISTERIO DE DEFENSA—EJÉRCITO NACIONAL— RAMA JUDICIAL—DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA—FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a pagar a favor de BORIS ALISEY BERNAL FANDIÑO los perjuicios morales causados por los hechos ocurridos a partir del día dieciséis (16) de enero de 1997 hasta el seis (6) de agosto de 2.001.
Demandante Relación Cantidad Valor
Boris Alisey Bernal Fandiño Afectado 200S.M.L.M.V. 61.800.000
3. CONDENAR a la NACIÓN COLOMBIANA—MINISTERIO DE DEFENSA—EJERCITO NACIONAL—RAMA JUDICIAL—DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA—FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a pagar a cada uno de los padres y de los hermanos del señor BORIS ALISEY BERNAL FANDIÑO a título de perjuicios morales equivalente en pesos de CIEN (100 S.M.L.V) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES a la fecha de la ejecutoria de la sentencia que ponga fin al presente litigio:
Demandante Relación Cantidad Valor
Garciliano Bernal Padre 100 S.M.L.M.V. 30.900.000
Nohema Fandiño Reyes Madre 100 S.M.L.M.V. 30.900.000
Ligia Bernal Fandiño Hermana 100 S.M.L.M.V. 30.900.000
José Garciliano Bernal F. Hermano 100 S.M.L.M.V. 30.900.000
María Margarita Bernal F. Hermana 100 S.M.L.M.V. 30.900.000
Emma Dulfay Oliveros F. Hermana 100 S.M.L.M.V. 30.900.000
Totales: 600 S.M.L.M.V. 185.400.000.
4. CONDENAR a la NACIÓN COLOMBIANA—MINISTERIO DE DEFENSA—EJERCITO NACIONAL—RAMA JUDICIAL—DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA—FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a pagar a favor de BORIS ALISEY BERNAL FANDIÑO los perjuicios ocasionados en relación con las alteraciones a las condiciones de existencia, causados por los hechos ocurridos a partir del día dieciséis (16) de enero de 1997 hasta el seis (6) de agosto de 2.001.
5. CONDENAR a la NACIÓN COLOMBIANA—MINISTERIO DE DEFENSA—EJERCITO NACIONAL—RAMA JUDICIAL—DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA—FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, al pago del reajuste monetario a favor del demandante, sobre las cantidades de dinero que resulte a deber, todo conforme lo dispone el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo y la certificación que al respecto expida el Banco de la República.
TERCERA. la NACIÓN COLOMBIANA—MINISTERIO DE DEFENSA—EJERCITO NACIONAL—RAMA JUDICIAL—DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA—FISCALÍA, por medio de los funcionarios a quienes corresponda la ejecución de la sentencia, dictará dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de la misma, la resolución correspondiente en la cual se adoptarán las medidas necesarias para su cumplimiento y pagará los intereses moratorios después de la ejecutoria de la sentencia.
CUARTA. CONDENAR a las entidades demandadas al pago de las costas que resulten del proceso que con esta demanda se incoa.>>
2.1.- Los conceptos solicitados a título de indemnización por perjuicios materiales y las alteraciones en las condiciones de existencia fueron precisados de la siguiente manera en la estimación de la cuantía de la demanda:
<<1. PERJUICIOS MATERIALES
1.1. DAÑO EMERGENTE:
(…)
Los costos para la familia BERNAL FANDIÑO de la detención de mi prohijado solo los voy a considerar con dos condiciones de gran importancia. La primera hace relación a los costos por contratación de los servicios de profesionales del derecho para la defensa de mi cliente. De otra parte, los bienes inmuebles que fueron vendidos para sufragar otros gastos como desplazamientos, alimentación y manutención de sus padres y de él mismo:
Venta de la finca para cubrir gastos $30.000.000.
Gastos de dos profesionales del derecho $1.200.000.
TOTAL DE DAÑO EMERGENTE: $31.200.000.
1.2. LUCRO CESANTE
Se debe considerar que a la fecha de los hechos mi cliente desarrollaba las labores comerciales en agricultura y ganadería. Estas actividades se demuestran con su carné y registro de hierro ganadero, al igual con las papeletas de venta de ganado. Estas actividades le permitían ingresos superiores a la suma de Doce mil pesos diarios, para la época de los hechos.
(…) Esta fórmula nos permite determinar como lucro cesante consolidado la suma de veinte millones seiscientos cinco mil seiscientos cincuenta pesos $20.605.650.
1.3. ALTERACIONES DE LAS CONDICIONES DE EXISTENCIA
Dicha indemnización se desprende del cambio radical de vida que tuvo que padecer el señor BORIS ALISEY BERNAL FANDIÑO como consecuencia de las ACCIONES Y OMISIONES atribuibles a la NACIÓN COLOMBIANA—MINISTERIO DE DEFENSA—EJERCITO NACIONAL—RAMA JUDICIAL—DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA—FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, convirtiéndose una persona a la cual se tilda de delincuente, cerrándose por tal motivo la posibilidad de continuar con la tenencia de un trabajo digno, acorde a su condición social, con la cual contaba hasta el momento de su captura.
Considero que debe retribuirse a mi cliente con una suma superior a los cien salarios mínimos legales vigentes (…)>>
3.- A partir de lo afirmado en la demanda y las piezas del proceso se extrae que:
3.1.- En la madrugada del 16 de enero de 1997 el demandante Boris Alisey Bernal Fandiño y su acompañante, Rodrigo Cañizález, se encontraron con una patrulla del Ejército Nacional cuando viajaban de regreso al municipio de Mesetas desde una vereda cercana llamada El Trique, en el departamento del Meta. En ese momento fueron capturados por soldados del Ejército, quienes los acusaron de portar una granada de fragmentación y panfletos alusivos a las FARC.
3.2.- En la misma fecha el Ejercito Nacional puso a disposición de la Fiscalía a los dos capturados. Esta entidad legalizó la captura y solicitó mantenerlos privados de la libertad mientras definía su situación jurídica.
3.3.- Mediante providencia del 5 de febrero de 1997 el Fiscal Cuarto Regional de Oriente dictó medida de aseguramiento contra el demandante Boris Alisey Bernal, a quien le imputó el delito de porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Esta decisión fue confirmada el 11 de abril de 1997.
3.4.- El 13 de junio de 1997 la Fiscalía profirió resolución de acusación contra el demandante Bernal Fandiño por el delito de porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Esta decisión fue confirmada el 1° de octubre de 1997 por la Fiscalía delegada ante el Tribunal Nacional.
3.5.- El 30 de septiembre de 1998 el Juez Regional de Santa Fe de Bogotá condenó en primera instancia al demandante Boris Bernal por el delito de porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Su acompañante, Rodrigo Cañizález, fue condenado por el delito de rebelión. Si bien la decisión de primera instancia fue apelada únicamente por la defensa de Cañizález, el Tribunal Nacional avocó conocimiento también respecto de lo actuado en contra de Boris Bernal con el fin de revisar la actuación en grado jurisdiccional de consulta.
3.6.- El demandante Boris Bernal recobró su libertad el 2 de diciembre de 1998 por pena cumplida, mientras se surtía la segunda instancia.
3.7.- El 9 de abril de 1999 el Tribunal Nacional, luego de revisar en grado jurisdiccional de consulta la actuación penal, declaró la nulidad parcial de la investigación adelantada en contra del demandante Boris Bernal, incluyendo la resolución de acusación.
3.8.- En virtud de esta decisión, el 13 de junio de 2000 la Fiscalía veintiocho (28) delegada ante el Juez Penal del Circuito de Granada, Meta, volvió a proferir resolución de acusación contra el demandante Bernal Fandiño, esta vez por el delito de rebelión. En consecuencia, revocó el beneficio de libertad provisional concedido y ordenó su captura.
3.9.- El demandante Boris Bernal fue capturado de nuevo el 2 de marzo de 2001.
3.10.- Finalmente, el 3 de agosto de 2001 el Juzgado Penal del Circuito de Granada absolvió al demandante Boris Bernal de toda responsabilidad penal por el delito de rebelión.
4.- De acuerdo con lo afirmado por la parte actora, en el proceso penal se surtieron las siguientes actuaciones relevantes: (i) el 16 de enero de 1997 el demandante Boris Bernal y otra persona fueron capturados por el Ejército Nacional y puestos a disposición de la Fiscalía ese mismo día en horas de la tarde; (ii) el 5 de febrero de 1997 la Fiscalía le impuso al demandante Bernal Fandiño una medida de aseguramiento por el delito de porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, decisión que fue confirmada el 11 de abril de 1997; (iii) el 13 de junio de 1997 la Fiscalía lo acusó por el delito imputado, resolución de acusación que fue confirmada el 1° de octubre de 1997; (iv) el 30 de septiembre de 1998 el juez de primera instancia condenó al demandante por el delito de porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas; (v) el 2 de diciembre de 1998 el demandante Bernal recobró su libertad por pena cumplida; (vi) el 9 de abril de 1999 el Tribunal Nacional en revisión en grado jurisdiccional de consulta declaró la nulidad de todo lo actuado desde la resolución de acusación, incluyéndola. Por esta razón, (vii) el 13 de junio de 2000 la Fiscalía acusó nuevamente al demandante Bernal Fandiño, esta vez por el delito de rebelión, revocó el beneficio de libertad y ordenó su captura; (viii) el 2 de marzo de 2001 el demandante Boris Bernal fue capturado por segunda vez y, por último, (ix) el 3 de agosto de 2001 el Juzgado Penal del Circuito de Granada absolvió al demandante Boris Bernal de toda responsabilidad penal por el delito de rebelión.
5.- Según la parte actora, el demandante Boris Alisey Bernal Fandiño fue privado injustamente de la libertad porque las entidades que lo detuvieron y mantuvieron privado de su libertad incurrieron en la siguientes fallas del servicio: (i) los soldados del Ejército Nacional le implantaron una granada y propaganda subversiva para detenerlo ilegalmente; (ii) la Fiscalía cometió un error al momento de adecuar típicamente la conducta del demandante Bernal Fandiño, razón por la cual se declaró la nulidad de todo lo actuado por el delito de porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas y (iii) la Fiscalía no respetó el debido proceso del demandante, pues no surtió debidamente las notificaciones a su defensor durante el transcurso de la investigación penal por el delito de rebelión.
6.- En relación con los perjuicios, la parte actora indicó que: (i) la víctima directa, sus padres y sus hermanos <<han sufrido tanto moral como económicamente como consecuencia de la detención>>; (ii) la víctima directa sufrió una alteración en sus condiciones de existencia; (iii) tuvo que sufragar honorarios y gastos de defensa; (iv) los padres de la víctima directa, a quienes ésta sostenía económicamente, tuvieron que vender la finca de la que eran propietarios pues se quedaron sin ingresos y (v) el demandante Bernal dejó de recibir ingresos como consecuencia de su detención.
B.- Posición de las entidades demandadas
7.- La Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones de la demanda. Como argumentos de defensa expuso que la medida de aseguramiento cumplió los requisitos legales, pues se basó en los siguientes indicios graves de responsabilidad en contra del demandante: (i) el informe sobre la captura que elaboró el Ejército Nacional, en el que se dejó constancia de que Boris Alisey Bernal Fandiño portaba una granada y panfletos de las FARC, y (ii) las contradicciones e inconsistencias en las que incurrió el demandante Bernal cuando rindió su indagatoria.
8.- El Ejército Nacional se opuso a las pretensiones formuladas con similares argumentos. Agregó que el hecho de que el demandante Bernal hubiera sido capturado en una zona con fuerte presencia de las FARC era otro de los indicios de su responsabilidad. Alegó que, en todo caso, el daño no era imputable al Ejército Nacional porque la Fiscalía es quien ejerce la acción penal.
9.- La Rama Judicial no contestó la demanda. En los alegatos de conclusión argumentó que el daño no era imputable a los jueces de la República debido a que fueron estos quienes le otorgaron la libertad al demandante. Propuso, en consecuencia, la excepción de ausencia de legitimación en la causa por pasiva.
C.- Sentencia recurrida
10.- En la sentencia del 27 de marzo de 2012, el Tribunal Administrativo del Meta negó las pretensiones de la demanda porque se debía aplicar un régimen subjetivo de responsabilidad —dado que el demandante Bernal fue absuelto por in dubio pro reo— y la medida de aseguramiento había sido legal. El tribunal encontró que la medida contaba con los siguientes indicios de responsabilidad: (i) el demandante fue capturado en flagrancia mientras portaba una granada y propaganda subversiva, (ii) estaba en compañía de Rodrigo Cañizález, quien tenía antecedentes penales por los delitos imputados y era señalado como subversivo por el Ejército Nacional y (iii) el demandante Bernal Fandiño, al momento de rendir indagatoria, incurrió en contradicciones e incongruencias.
D.- Recurso de apelación
11.- La parte demandante apeló la decisión de primera instancia. Solicitó que se revocara integralmente y en su lugar se concedieran las pretensiones de la demanda. Alegó que el tribunal incurrió en una indebida valoración probatoria porque se demostró la ilegalidad de la medida de aseguramiento, dado que ésta se basó en meras sospechas que no fueron confirmadas por el Ejército Nacional, y no en indicios probados. El informe de captura rendido por el Ejército, que fue el fundamento de la medida de aseguramiento, no podía tener valor probatorio porque: (i) éste nunca fue ratificado por quienes lo suscribieron y (ii) ni siquiera señalaba concretamente quién de los dos capturados era el que llevaba la granada de fragmentación; simplemente decía que los capturados, sin distinguir, <<portaban>> dicha arma.
CONSIDERACIONES
E.- Exposición del litigio, síntesis de la controversia y decisiones a adoptar
12.- A partir de: (i) la boleta de encarcelación del 16 de enero de 1997 (fl. 28, c-2); (ii) la boleta de libertad No. 13 de 1998 (fl.265, c-3); (iii) la boleta de encarcelación No. 715 del 2 de marzo de 2001 (fl. 109, c-4) y (iv) la constancia de notificación de la orden de dejar en libertad inmediata a Boris Bernal Fandiño el 6 de agosto de 2001 (fl. 375), está probado que el demandante Boris Bernal estuvo privado de la libertad en dos periodos distintos.
El primer periodo de privación de la libertad por la imputación del delito de porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas ocurrió entre el 16 de enero de 1997 y el 2 de diciembre de 1998, es decir, por un periodo de un (1) año, diez (10) meses y diecisiete (17) días. El segundo periodo de privación, ocasionado por la imputación del delito de rebelión, ocurrió entre el 2 de marzo de 2001 y el 6 de agosto de 2001, es decir, por un lapso de cinco (5) meses y cinco (5) días.
13.- También está demostrado que mediante providencia del 3 de agosto de 2001 el Juzgado Penal del Circuito de Granada, Meta, absolvió al demandante Boris Bernal Fandiño, pues no encontró probada su responsabilidad penal más allá de toda duda razonable. El juez penal afirmó que la acusación de la Fiscalía por el delito de rebelión se basó en meras sospechas y que la entidad no aportó <<el menor o más leve convencimiento de en quien radica la autoría intelectual y material del delito que se investiga>>.
14.- En esta providencia, la Sala:
14.1.- Se pronunciará de fondo porque están reunidos los presupuestos procesales para fallar y la demanda fue presentada dentro del término de dos años previsto en el artículo 136 del C.C.A. En efecto: (i) según constancia que obra en el expediente, la sentencia penal absolutoria cobró ejecutoria el 17 de agosto de 2001 y (ii) la demanda fue interpuesta a tiempo el 14 de enero de 2003.
14.2.- Revocará la decisión de negar las pretensiones de la demanda y, en su lugar:
a.- Condenará al Ejército Nacional debido a que se probó la ilegalidad de la captura.
b.- Condenará a la Fiscalía General y a la Rama Judicial porque se demostró la ilegalidad de la medida de aseguramiento y de la decisión, con ocasión de una segunda resolución de acusación, de detener al demandante Bernal nuevamente.
F.- Plan de exposición
15.- La Sala seguirá la metodología adoptada en la sentencia de esta Subsección del 4 de junio del 2019 para decidir los procesos de privación de la libertad. En consecuencia, se referirá a: (i) la ilegalidad de la captura y la privación de la libertad; (ii) las entidades imputadas; (iii) el análisis de la culpa de la víctima y (iv) la determinación de los perjuicios y la reparación.
G.- La ilegalidad de la captura y de la privación de la libertad
16.- En el presente caso existen tres decisiones que afectaron la libertad del demandante Boris Bernal en el transcurso de la investigación penal en su contra. La primera de ellas es su captura en flagrancia por parte de miembros del Ejército Nacional el 16 de enero de 1997. La segunda de ellas es la medida de aseguramiento que le impuso la Fiscalía por el delito de porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas el 5 de febrero de 1997. La tercera y última ocurrió luego de que se declarara la nulidad parcial de lo actuado en contra de Boris Bernal, cuando la Fiscalía profirió una segunda resolución de acusación en contra del demandante, esta vez por el delito de rebelión, y ordenó nuevamente su detención el 13 de junio de 2000, orden que se hizo efectiva el 2 de marzo de 2001. La Sala estudiará la ilegalidad de cada una de estas tres decisiones de las autoridades en el orden en que fueron mencionadas.
La ilegalidad de la captura por parte del Ejército Nacional: no se configuró la flagrancia.
17.- De conformidad con el artículo 370 del Decreto Ley 2700 de 1991, norma bajo la cual se adelantó el proceso penal y se dispuso detener a la víctima directa del daño, la flagrancia se configuraba cuando:
17.1.- La persona era sorprendida al momento de cometer el hecho punible.
17.2.- La persona era sorprendida con objetos, instrumentos o huellas de los cuales se desprendía fundadamente que momentos antes había cometido un hecho punible o había participado en él.
17.3.- La persona era perseguida por la autoridad o por voces de auxilio se pedía su captura.
18.- De acuerdo con el informe No. 016 de enero de 1997, el Ejército Nacional capturó al demandante Boris Bernal Fandiño y a su acompañante, Rodrigo Cañizález, cuando los sorprendió portando una granada de fragmentación y propaganda subversiva de las FARC.
19.- No obstante, en el informe de captura del Ejército Nacional nunca se señaló concretamente quién o cuál de los dos capturados portaba efectivamente la granada de fragmentación o la propaganda subversiva, lo que impide determinar si realmente se configuró una situación de flagrancia en relación con el demandante Boris Bernal. Sobre las circunstancias de la captura, el informe relata lo siguiente:
<<Comedidamente me dirijo a usted, con el fin de dejar a disposición de ese despacho los Particulares Rodrigo Cañizalez Vásquez y Boris Bernal Fandiño (….) en el momento de ser aprehendido portaban una Granada de Fragmentación PRB 423 Fabricación Americana, 14 Panfletos alusivos al Cartel de las FARC y 14 Mensajes al Presidente de la República (…) El material antes anunciado era portado por estos sujetos en dos maletines, uno de color negro y morado y el otro de color negro al igual que algunas prendas civiles>> (El énfasis de la Sala se hace en relación con la conjugación del verbo portar, que se hace en tercera persona del plural o en voz pasiva).
20.- El Tribunal Nacional, al declarar la nulidad parcial de la investigación penal en contra del demandante Boris Bernal por el delito de porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, señaló que la única prueba que acreditaba este porte —el informe de captura— no señalaba cuál de los capturados era el que tenía en su poder la granada de fragmentación. Por esta razón el tribunal consideró que el demandante Bernal no podía ser acusado por este delito:
<<se incurrió en la citada acusación en irregularidad sustancial derivada de la errada calificación jurídica del comportamiento atribuido al encartado (…)
En efecto, como bien lo sostuvo la Fiscalía delegada ante este Tribunal y lo afirmó igualmente el a quo, procesalmente pudo establecerse con absoluta certeza que los dos procesados en el presente evento, Rodrigo Cañizalez y Boris Bernal Fandiño, portaban conjuntamente tanto la propaganda subversiva como la granada de fragmentación, elementos que fueron efectivamente incautados por los uniformados al ser hallados en poder de los incriminados, sin que en el momento de la aprehensión, ni con posterioridad en el transcurso del proceso se hubiese podido señalar con exactitud cuál de los dos procesados llevaba físicamente consigo los panfletos revolucionarios o el artefacto de guerra, en forma que pudiera válidamente escindirse de esa situación para otorgar disímil calificación al comportamiento de uno u otro procesado (…)
Así las cosas, es obvio que la conducta atribuida a Boris Alisey Bernal Fandiño no ha debido ser la de fabricación y porte de armas o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas, como quiera que esta hipótesis sólo sería aceptable, en gracia de discusión, en el evento en que la granada de fragmentación incautada hubiese sido hallada en su poder, a tiempo que se le encontrara ajeno al quehacer delictivo desplegado por el coprocesado Rodrigo Cañizalez Vásquez (…)>> (énfasis de la Sala).
21.- En conclusión, está acreditado que la captura del demandante Bernal Fandiño por parte del Ejército Nacional no cumplió los requisitos legales. El Ejército Nacional nunca acreditó que Boris Bernal fuera concretamente sorprendido portando la granada al momento de su captura y, por lo tanto, no acreditó su situación de flagrancia. Además, a esta circunstancia se añade el hecho que el demandante Bernal, desde la indagatoria, insistió que la granada de fragmentación y los panfletos de las FARC fueron implantados por los soldados al momento de su detención y que él no portaba dichos elementos.
La ilegalidad de la medida de aseguramiento: la Fiscalía no contaba con indicios graves de responsabilidad.
22.- En vigencia del Decreto 2700 de 1991 los requisitos legales que debían cumplirse para adoptar la medida de aseguramiento estaban previstos en los artículos 397 y 388, y eran los siguientes:
22.1.- La procedencia de la medida según el tipo de delito imputado (art. 397).
22.2.- La existencia en contra del sindicado de <<por lo menos un indicio grave de responsabilidad, con base en las pruebas legalmente producidas en el proceso>> (art. 388).
23.- En este caso no se cumplieron los requisitos legales porque la Fiscalía no contaba con un indicio grave de responsabilidad al momento de imponer la medida de aseguramiento en contra del demandante Boris Bernal por el delito imputado, esto es, porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas.
24.- Está demostrado que el 5 de febrero de 1997 la Fiscalía Regional de Oriente de la Unidad de Rebelión y Terrorismo de Villavicencio impuso medida de aseguramiento en contra del demandante Boris Bernal, a quien le imputó haber cometido el delito de porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas. La medida de aseguramiento la impuso la Fiscalía con base en las siguientes pruebas:
24.1.- El informe No. 016 del 16 de enero de 1997 del Ejército Nacional, ya mencionado, en el que se deja a disposición de la Fiscalía a dos personas y se deja constancia de las circunstancias que rodearon la captura en flagrancia de las mismas y del interrogatorio practicado a ellas por soldados del Ejército.
24.2.- La indagatoria practicada por la Fiscalía del demandante Boris Bernal Fandiño.
24.3.- La indagatoria practicada por la Fiscalía de su compañero y co-sindicado, Rodrigo Cañizález.
25.- A partir de estas pruebas, la Fiscalía concluyó que existían tres indicios graves de responsabilidad en contra del demandante Boris Bernal Fandiño para acreditar el delito de porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, que consistían en: (i) el hecho de que éste fue sorprendido portando una granada de fragmentación, según informe de captura del Ejército; (ii) fue capturado en compañía de Rodrigo Cañizález, quien de acuerdo con las conclusiones de su declaración ante el Ejército Nacional tenía antecedentes penales por el delito de rebelión y era miembro de las FARC y (iii) los capturados incurrieron en contradicciones entre sí al momento de rendir su indagatoria ante la Fiscalía.
26.- La Sala considera que los anteriores medios de convicción no permitían construir ningún indicio grave de responsabilidad en contra del demandante Boris Bernal Fandiño por el delito de porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas por los siguientes motivos:
27.- El informe de captura del Ejército Nacional no acreditaba que fuera el demandante Boris Bernal quien portaba la granada de fragmentación al momento de ser capturado. Como ya se analizó, en este informe no se especifica cuál de los dos capturados tenía en su poder la granada.
28.- El segundo indicio de responsabilidad contra el demandante Boris Bernal lo dedujo la Fiscalía a partir de que fue capturado junto con Rodrigo Cañizález, miembro de las FARC. Sin embargo, la Sala considera que la condición de Rodrigo Cañizález como subversivo no se podía inferir de las pruebas disponibles al momento de imponer la medida de aseguramiento, y por esta razón el hecho indicador que sustentaba este segundo indicio no estaba acreditado.
La Fiscalía dedujo que el señor Cañizález era miembro de las FARC a partir de las conclusiones del interrogatorio a él practicado por soldados del Ejército. En este informe de declaración bajo reserva se concluye que como Cañizález (el acompañante del demandante Bernal) guardó silencio cuando fue interrogado por soldados, era entonces miembro de las FARC. En efecto, en las conclusiones del informe se señala que, dado que es común que los milicianos de las FARC, al ser detenidos, guarden silencio y soliciten un abogado, cuando Cañizález hizo esto mismo ante los soldados que lo interrogaban reveló su condición de subversivo. Los resultados de la declaración de Rodrigo Cañizález ante el Ejército fueron resumidos así por el informe de captura:
<<De acuerdo con los antecedentes y ante la negativa de contestar las preguntas teniendo en cuenta el material que se le encontró se establece que el sujeto es miembro activo del Cartel de las Narco FARC (…) Se puede establecer que el personal subversivo se encuentra adoctrinado para el caso de ser capturado no de ningún dato y exigir presencia de un abogado para dar cualquier clase de declaración. De acuerdo con antecedentes, este sujeto sigue con actividades de proselitismo, reclutamiento, ajustamiento en el área que delinquen las Cuadrillas 40 y 26 del cartel de las NARCO-FARC (…)>> (énfasis de la Sala).
La Sala considera que la inferencia que sustenta el segundo indicio de responsabilidad en contra del demandante Bernal —ser capturado junto con un miembro de las FARC— es inconstitucional. El Ejército infirió que como Cañizález guardó silencio, era miembro de las FARC y la Fiscalía tomó esta conclusión para construir un indicio de responsabilidad. Este razonamiento vulnera la garantía de no autoincriminación del artículo 33 de la Constitución Política. En virtud de esta garantía, la Corte Constitucional ha explicado que nadie está en el deber de <<demostrar su inocencia. Le es lícito, entonces, hacer o dejar hacer, decir o dejar de decir todo aquello que tienda a mantener la presunción que el ordenamiento jurídico ha establecido a su favor. Y en esa actitud (…) le es permitido callar>>.
Por otro lado, tampoco es cierto que Rodrigo Cañizález (el acompañante del demandante Bernal) tuviera antecedentes penales por el delito de rebelión. Si bien es cierto que el informe del Ejército relata que Rodrigo Cañizález fue investigado por el delito de homicidio con fines de terrorismo, también lo es que este relató en su indagatoria que la investigación penal culminó con sentencia absolutoria de toda responsabilidad por los delitos imputados.
29.- Por último, contrario a lo afirmado por la Fiscalía, no existe contradicción entre las indagatorias rendidas ante la Fiscalía de Boris Alisey Bernal Fandiño y Rodrigo Cañizález. El demandante Bernal y su acompañante Cañizález fueron capturados por el Ejército Nacional en la madrugada del jueves 16 de enero de 1997, cuando regresaban de la vereda El Trique hacia el pueblo Mesetas. La Fiscalía señaló que se contradijeron porque el señor Rodrigo Cañizález afirmó que salió junto con el demandante Bernal desde Mesetas con dirección a El Trique el miércoles 15 de enero de 1997; mientras que el demandante Bernal, en su indagatoria, afirmó que salieron un día antes, el martes 14 de enero de 1997. En pocas palabras, la Fiscalía afirmó que Boris Alisey Bernal Fandiño y Rodrigo Cañizález al rendir sus indagatorias ante la Fiscalía se contradijeron en la fecha de salida.
Al respecto, la Sala encuentra que no existe dicha contradicción. La diferencia entre los dos relatos se explica porque el señor Rodrigo Cañizález inició su recuento el miércoles 15 de enero de 1997, sin mencionar la fecha de salida, mientras que el demandante Bernal comenzó su relato desde el martes 14 de enero de 1997, día en que salieron de Mesetas. Es decir, no hay contradicción entre las versiones, solo empezaron en momentos diferentes.
Sobre lo anterior, nótese lo que respondió Rodrigo Cañizález cuando se le preguntó sobre los hechos anteriores a su captura, la fecha en que inició su relato y cómo no menciona nada sobre la fecha de salida:
<< CONTESTÓ: la noche anterior es decir el miércoles [15 de enero de 1997] yo estaba con Boris Bernal donde un señor Manuel que vive en la vereda el Trique, nosotros habíamos ido allá con el fin de conseguir un terreno para una cachamera y el dueño de la fina no estaba, no logramos encontrarlo íbamos hacer una sociedad con Boris bien para comprar o para arrendar el terreno (…) salimos de la casa de don Manuel a las tres de la mañana, íbamos llegando y más delante de la escuela de Las Mercedes nos encontramos con una patrulla del ejército; nos pararon, nos detuvieron, nos requisaron las maletas, preguntaron papeles, me identifiqué y me dijeron ud es el muy nombrado Cañizalez>>
El demandante Boris Bernal, al responder la misma pregunta, dijo lo siguiente en su indagatoria y nótese esta vez cómo empieza su relato un día antes, desde el 14 de enero de 1997, y sí menciona la fecha de salida:
<<CONTESTÓ: Nosotros, yo iba con RODRIGO CAÑIZALEZ, salimos del pueblo de Mesetas el martes 14 de enero de 1997, íbamos para el Trique, es un cacerío cerca a Mesetas, salimos como a las tres de la tarde con el fin de mirar unos terrenos para ver si nos los vendían o arrendaban, para poner unos criadores de cachamas (…) >>
En fin, no existe la aludida contradicción entre las versiones, por lo que la Fiscalía no podía construir un indicio de responsabilidad en contra del demandante por esta razón.
La ilegalidad de la decisión de detención con ocasión de la resolución de acusación por el delito de rebelión
30.- En vigencia del Decreto 2700 de 1991, los requisitos sustanciales que debían cumplirse para expedir resolución de acusación estaban previstos en el artículo 441 y eran los siguientes:
30.1.- Que la ocurrencia de hecho estuviera demostrada.
30.2.- La existencia de <<confesión, testimonio que ofrezca serios motivos de credibilidad, indicios graves, documento, peritación o cualquier otro medio probatorio que comprometa la responsabilidad del imputado>> (énfasis de la Sala).
31.- Está probado mediante providencia del 13 de junio de 2000 que la Fiscalía Veintiocho delegada ante el Juez Penal del Circuito de Granada acusó al demandante Bernal Fandiño por el delito de rebelión y ordenó detenerlo porque encontró que existían dos pruebas que comprometían su responsabilidad como combatiente activo de las FARC: (i) el ya mencionado informe de captura del Ejército Nacional y (ii) las indagatorias de los capturados en las que éstos incurrieron en contradicciones e inconsistencias.
32.- La Sala considera que los elementos materiales probatorios tenidos en cuenta por la Fiscalía eran insuficientes para estructurar un indicio grave de responsabilidad en contra del demandante Boris Alisey Bernal Fandiño, como lo advirtió el juez penal de primera instancia, al momento de absolver al demandante por el delito de rebelión:
<<Ningún medio de prueba fue allegado para edificar plena certeza sobre la autoría o autoría del encausado como miembro integrante del grupo subversivo al que se le matricula, pues al respecto, la Fiscalía Instructora y aún el Honorable Tribunal Nacional, en Sala de decisión, dan valor de plena prueba a los documentos oficiales atinentes a los informes del ejército y correspondiente operativo sobre la retención de dos ciudadanos en el mes de enero de 1997 para fincar la investigación contra Boris Alisey por el hecho punible de Rebelión.
Tal concepción jurídica no se comparte, dado que al proceso no se allegó la verdad real sobre los episodios acaecidos para esa madrugada en que el acá encausado fue retenido por unidades militares en sector rural, puesto que los dichos de Bernal Fandiño no fueron desvirtuados y lo más grave aún es que no se allegó el testimonio esencial del ciudadano Manuel Rodríguez para constatar o no sobre la coartada de la permanencia de aquél en la Vereda el “Trique” y en la vivienda de dicho ciudadano. Menos aún se recepcionaron los testimonios, no se esclareció quién o quiénes de la patrulla militar retuvieron al enjuiciado, no se dio claridad sobre el hecho vital de quien portaba “la granada” o explosivo de uso exclusivo militar, a quien se le decomisó la propaganda, pues al respecto, encuentra o deduce esta instancia que la patrulla militar no fue categórica en señalar directamente a cuál de los dos ciudadanos se le halló el explosivo (…) entonces el factor o circunstancia de la obscuridad del paraje, la solitariedad (sic), el mayor número de uniformados, el haberlos separados para practicarles la requisa, hacerles tender al suelo, maltratarlos, no existiendo resistencia alguna por parte de los encausados, le permite al Juzgado dubitar (sic) sobre el verdadero decomiso del explosivo y adverarse que el mismo les fue “plantado” para constituir evidencia contra ellos (….)
[El informe del Ejército no tiene] valor medular para sustentar la responsabilidad del encausado Boris Alisey, en virtud a que el mismo no fue ratificado o convalidado a través de otros medios de prueba y ello es tan fehaciente que el informe de inteligencia del ejército, que catalogan de “RESERVADO”, calendado para el 31 de diciembre de 1997, con destino a la Fiscalía Delegada ante los Jueces Regionales, no hace alusión al procesado en ninguno de sus acápites o denominaciones referentes a “organizaciones”, “mandos medios”, “mandos de dirección”, “comisiones de finanzas”, “abastecedores”, y “otras redes de apoyo”, no obstante que se incluyen aproximadamente 177 presuntos subversivos y más de SESENTA personas como coadyuvadores de la guerrilla en diferentes modalidades, no se identifica plenamente a Boris Alisey Bernal Fandiño en ninguno de estos capítulos que describen las Fuerzas Militares (…)>> (énfasis de la Sala).
33.- En conclusión, ninguna de las pruebas al momento de proferir resolución de acusación comprometían la responsabilidad del acusado Boris Bernal por el delito de rebelión, por lo que la decisión de detenerlo con ocasión a la expedición de la resolución de acusación también fue ilegal.
H.- Entidad imputada
34.- El daño causado por la privación de la liberad del demandante Boris Bernal, desde el momento en que fue capturado hasta que la Fiscalía legalizó su aprehensión es imputable al Ejército Nacional, debido a que fue ésta la autoridad que lo detuvo por considerar que se reunían las condiciones de la flagrancia.
35.- Por tratarse de una medida de aseguramiento dictada bajo la vigencia del Decreto Ley 2700 de 1991, el daño causado por la privación de la libertad del demandante desde la legalización de la captura hasta que quedó ejecutoriada la resolución de acusación es imputable a la Fiscalía General de la Nación, debido a que fue la entidad que dictó la medida de aseguramiento.
36.- Por último, la Sala considera que el daño causado por la privación de la libertad del demandante desde que quedó ejecutoriada la resolución de acusación hasta el momento en el que recobró su libertad es imputable a la Rama Judicial, debido a que en esta etapa del proceso el juez penal tiene la facultad de revocar de oficio la medida de aseguramiento. Lo anterior, porque el artículo 444 del Decreto Ley 2700 de 1991 señalaba que <<con la ejecutoria de la resolución de acusación, adquieren competencia los jueces encargados del juzgamiento. A partir de este momento, el fiscal (…) pierde la dirección de la investigación>> (énfasis de la Sala). Este <<encargo>> comprende, para esta Sala, la competencia de revocar de oficio la medida de aseguramiento.
37.- Debido a que el demandante Boris Bernal estuvo detenido durante dos períodos distintos, la Sala imputará el daño a las entidades demandas así:
37.1.- Un primer periodo de privación de la libertad ocurrió por la imputación del delito de porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas. En este periodo tres entidades diferentes intervinieron en la detención del demandante Bernal, esto es, el Ejército Nacional, que lo capturó en flagrancia, la Fiscalía, que lo detuvo y la Rama Judicial, que no revocó la medida de aseguramiento. En consecuencia, se tiene que:
a.- En un primer momento el demandante Bernal estuvo detenido por cuenta del Ejército Nacional cuando fue capturado en flagrancia por soldados el 16 de enero de 1997. El tiempo que estuvo detenido por cuenta del Ejército fue medio día.
b.- Luego, el mismo 16 de enero de 1997, en horas de la tarde, el demandante fue puesto a disposición de la Fiscalía, entidad que decidió detenerlo por el delito de porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas. La resolución de acusación en contra de Boris Alisey Bernal por este delito fue proferida el 13 de junio de 1997 pero debido a que fue apelada, solo cobró ejecutoria cuando la Fiscalía delegada ante el Tribunal Nacional la confirmó en segunda instancia el 1° de octubre de 1997 (artículo 197 del Decreto 2700 de 1991). Esto quiere decir que el demandante estuvo privado de la libertad a cargo de la Fiscalía por el delito de porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas desde el 16 de enero de 1997 hasta el 1° de octubre de 1997, esto es, por un periodo de ocho (8) meses y dieciséis (16) días.
c.- Después, desde el 2 de octubre de 1997, el demandante Bernal estuvo privado de su libertad a cargo de la Rama Judicial hasta que obtuvo su libertad por pena cumplida el 2 de diciembre de 1998, esto es, por un (1) año, dos (2) meses y un (1) día.
37.2.- Ahora bien, un segundo periodo de privación de libertad vino después de proferida una segunda resolución de acusación el 13 de junio de 2000, luego de que se declarara la nulidad parcial por todo lo actuado y la Fiscalía acusara al demandante Bernal de nuevo, pero esta vez por el delito de rebelión. En este segundo periodo de privación que, se insiste, es diferente al primero y fue por el delito de rebelión, intervinieron dos entidades: la Fiscalía, que emitió resolución de acusación y ordenó nuevamente la captura del demandante Boris Alisey Bernal Fandiño, y la Rama Judicial. Así las cosas:
a.- El segundo periodo de privación de la libertad por el delito de rebelión inició cuando el demandante fue nuevamente capturado el 2 de marzo de 2001. Al respecto, si bien esta fecha es posterior a la resolución de acusación del 13 de junio de 2000 en la que se ordenó su detención, en el transcurso de la etapa de juzgamiento se puso de presente que la Fiscalía había incurrido en un vicio de procedimiento, pues notificó la resolución de acusación del 13 de junio de 2000 al defensor equivocado. Por esta razón, se declaró la nulidad de todo lo actuado desde la notificación personal de la resolución de acusación y se ordenó subsanar dicho error haciendo una nueva diligencia de notificación personal. Esto quiere decir que la resolución de acusación del 13 de junio de 2000 solo quedó debidamente ejecutoriada una vez se subsanó el defecto inicial en la notificación personal y una vez la Fiscalía notificó al defensor penal correcto. Por todo lo anterior, la resolución de acusación del 13 de junio de 2000 solo quedó debidamente ejecutoriada el 2 de abril de 2001, luego de que se notificara correctamente al defensor penal que correspondía y corrieran los días de ejecutoria, tal como lo señala la constancia de ejecutoria de la resolución de acusación allegada al expediente.
b.- Esto quiere decir que el demandante estuvo privado de la libertad por cuenta de la Fiscalía por el delito de rebelión desde el 2 de marzo de 2001, fecha en que fue capturado por segunda vez, hasta el 2 de abril de 2001, fecha en la que, luego de que la Fiscalía subsanara el error inicial en la notificación personal, la resolución de acusación quedó debidamente ejecutoriada. En conclusión, la víctima directa estuvo privada de la libertad a cargo de la Fiscalía desde el 2 de marzo de 2001 hasta el 2 de abril de 2001, es decir, por un periodo de un mes (1) y un día (1).
c.- Luego de la ejecutoria de la resolución de acusación, el demandante estuvo privado de la libertad a cargo de la Rama Judicial por el delito de rebelión desde el 3 de abril de 2001 hasta que recobró su libertad el 6 de agosto de 2001, es decir, por un periodo de cuatro (4) meses y cuatro (4) días.
I.- Análisis de la culpa de la víctima
38.- No está probado que la víctima directa hubiera realizado conductas dentro del proceso penal que pudieran ser determinantes para la imposición de la medida de aseguramiento. Como quedó establecido, no existía una inconsistencia entre las declaraciones del demandante Bernal y su compañero Cañizález y, por el contrario, de la diligencia de indagatoria se desprende que el demandante Bernal insistió en su inocencia desde el principio de la investigación y afirmó que los soldados fueron los que implantaron la granada y la propaganda subversiva para detenerlo a él y a su acompañante ilegalmente, dado que éste último había sido concejal por aval del partido de la Unión Patriótica.
J.- Determinación de los perjuicios y reparación
39.- Con la copia de los registros civiles que obran en el expediente está acreditado que Graciliano Bernal y Nohema Fandiño son padres de la víctima directa y que Ligia Bernal Fandiño, María Margarita Bernal Fandiño y José Graciliano Bernal Fandiño, son hermanos de la víctima directa.
40.- No se demostró el parentesco de Emma Dulfay Oliveros Fandiño con la víctima directa, pues no se allegó copia del registro civil de nacimiento de la demandante Oliveros Fandiño. Además, las pruebas testimoniales tampoco la mencionan ni hacen referencia a algún tipo de dolor padecido por ella como consecuencia de la detención de Boris Alisey Bernal, la víctima directa. Por estas razones, la Sala negará la reparación de perjuicios pedida por la demandante Emma Dulfay Oliveros Fandiño.
i. Perjuicios morales
41.- Para efectos de fijar la indemnización, la Sala aplicará los criterios unificados por la Sección Tercera de esta Corporación, en los cuales están establecidos los topes de las indemnizaciones que pueden ser reconocidas por concepto de perjuicios morales en casos de privación de la libertad.
42.- Como el demandante Boris Alisey Bernal Fandiño estuvo privado de la libertad por cuenta de tres entidades en periodos diferentes, para la liquidación del daño moral conforme a las reglas de unificación se aclara que:
42.1.- Boris Alisey Bernal estuvo privado de su libertad por cuenta del Ejército Nacional por medio día el 16 de enero 1997;
42.2.- Estuvo privado de la libertad por cuenta de la Fiscalía en dos periodos diferentes. Un primer periodo que va desde el 16 de enero de 1997 hasta el 1° de octubre de 1997, esto es, por un periodo de ocho (8) meses y dieciséis (16) días. Un segundo periodo que va desde el 2 de marzo de 2001 hasta el 2 de abril de 2001, esto es por un periodo de un mes (1) y un día (1). Así, en total, por cuenta de la Fiscalía el demandante Bernal estuvo privado de la libertad durante nueve (9) meses y diecisiete (17) días.
42.3.- El demandante Bernal estuvo privado de la libertad por cuenta de la Rama Judicial, también en dos periodos diferentes. Un primer periodo va desde el 2 de octubre de 1997 hasta el 2 de diciembre de 1998, esto es por un (1) año, dos (2) meses y (1) día. Un segundo periodo va desde el 3 de abril de 2001 hasta el 6 de agosto de 2001, es decir, por cuatro (4) meses y cuatro (4) días. Así, en total, por cuenta de la Rama Judicial el demandante Bernal estuvo privado de su libertad por un (1) año, seis (6) meses y cinco (5) días.
43.- Ahora bien, el dolor sufrido por los padres de la víctima directa y sus hermanos se acreditó mediante: (i) varios escritos dirigidos a la Fiscalía y suscritos por los padres de la víctima directa, Graciliano Bernal y Nohema Fandiño, mientras el demandante Bernal estaba detenido, en los que solicitaron la libertad inmediata de su hijo y alegaron el dolor que les producía su ausencia, (ii) las declaraciones de los mismos padres en el marco de la queja administrativa que interpusieron en contra del Fiscal que detuvo a su hijo y (iii) con el testimonio de José Hidalgo Sierra Hernández. Entonces, de acuerdo con todo lo anterior y según los periodos señalados, la reparación de los perjuicios morales se tasará así:
43.1.- A cargo del Ejército Nacional, entidad que tuvo privado de la libertad al demandante por medio día:
DEMANDANTE
PARENTESCO
CUANTÍA
Boris Alisey Bernal Fandiño
Víctima directa
0,25
SMLMV
Graciliano Bernal
Padre de la víctima
0,25
SMLMV
Nohema Fandiño
Madre de la víctima
0,25
SMLMV
Ligia Bernal Fandiño
Hermana de la víctima
0,13
SMLMV
María Margarita Bernal Fandiño
Hermana de la víctima
0,13
SMLMV
José Graciliano Bernal Fandiño
Hermano de la víctima
0,13
SMLMV
43.2.- A cargo de la Fiscalía General de la Nación, entidad que a sus órdenes tuvo privado de libertad al demandante Bernal Fandiño por un periodo total de nueve (9) meses y diecisiete (17) días:
DEMANDANTE
PARENTESCO
CUANTÍA
Boris Alisey Bernal Fandiño
Víctima directa
66,64
SMLMV
Graciliano Bernal
Padre de la víctima
66,64
SMLMV
Nohema Fandiño
Madre de la víctima
66,64
SMLMV
Ligia Bernal Fandiño
Hermana de la víctima
33,32
SMLMV
María Margarita Bernal Fandiño
Hermana de la víctima
33,32
SMLMV
José Graciliano Bernal Fandiño
Hermano de la víctima
33,32
SMLMV
43.3.- A cargo de la Rama Judicial, entidad que tuvo al demandante Bernal privado de su libertad a su cargo por un tiempo total de (1) año, seis (6) meses y cinco (5) días:
DEMANDANTE
PARENTESCO
CUANTÍA
Boris Alisey Bernal Fandiño
Víctima directa
33,11
SMLMV
Graciliano Bernal
Padre de la víctima
33,11
SMLMV
Nohema Fandiño
Madre de la víctima
33,11
SMLMV
Ligia Bernal Fandiño
Hermana de la víctima
16,55
SMLMV
María Margarita Bernal Fandiño
Hermana de la víctima
16,55
SMLMV
José Graciliano Bernal Fandiño
Hermano de la víctima
16,55
SMLMV
ii. Daño al buen nombre
44.- La parte actora demostró, con varios documentos firmados por más de veinte (20) personas pertenecientes a la Junta Comunal del Barrio Jardín del Municipio de Mesetas, que la privación a la cual fue sometido el demandante Boris Alisey Bernal Fandiño afectó su derecho al buen nombre. En estos documentos se solicitaba a la Fiscalía dejar en libertad al demandante Boris Bernal en virtud del <<trato que desde hace varios años>> tenían con él en la comunidad y se certificaba por los firmantes que el demandante Bernal era una persona <<sana, trabajadora, de buenas costumbres y modales>>. De esta manera, se demostró que la privación de la libertad del demandante tuvo una amplia difusión comunidad de la que hacía parte.
45.- En virtud de lo anterior, la Sala ordenará al Fiscal General de la Nación, al Director Ejecutivo de Administración Judicial de la Rama Judicial y al Ministro Defensa Nacional expedir y hacer llegar al demandante una comunicación en representación de la entidad estatal responsable, en la que ofrezca disculpas a nombre del Estado colombiano por el daño antijurídico que le causó con la privación injusta de su libertad. La anterior comunicación deberá remitirse dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la presente providencia. De acuerdo con el principio según el cual este tipo de reparaciones integrales deben concertarse con las víctimas, la Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial y el Ejército Nacional deberán coordinar con la víctima directa si el documento solamente le será entregado en físico a ella o si, además, se publicará en las plataformas de comunicación y difusión de dicha entidad.
iii. Daño a la vida de relación
46.- La Sala negará la indemnización del daño a la vida de relación. La denominación de dicha tipología de perjuicio fue abandonada a partir de la sentencia de unificación del 14 de septiembre del 2011. En todo caso, la parte actora solicitó bajo este concepto la indemnización de los perjuicios inmateriales causados por su detención, afectación que en realidad se encuentra subsumida en los perjuicios inmateriales previamente reconocidos.
iv. Daño emergente
47.- Por este concepto la parte actora solicitó la indemnización de: (i) los gastos por concepto de honorarios profesionales en los que incurrió la víctima directa para su defensa dentro del proceso penal y (ii) la venta de un inmueble avaluado en treinta millones de pesos, que se hizo con el fin de <<sufragar gastos como desplazamientos, alimentación y manutención de sus padres y de [la víctima directa]>>.
48.- Para que haya lugar a la indemnización por concepto de honorarios profesionales pagados en el proceso penal se requiere: i) que se allegue como prueba la factura o documento equivalente, acompañada de la prueba de su pago, expedidos ambos por el abogado que asumió la defensa penal del afectado con la privación, ii) que se encuentre probado que el profesional del derecho beneficiario del mismo fungió en el asunto penal como apoderado de la víctima de la detención, y iii) que hayan sido reclamados en la demanda por quien efectivamente realizó el pago.
49.- La Sala negará la reparación de los gastos por concepto de los honorarios profesionales pagados en el proceso penal, porque si bien la parte actora allegó una certificación emitida por el defensor penal del demandante Boris Alisey Bernal, conforme a la regla jurisprudencial citada era necesario, para acreditar este monto, allegar factura o documento equivalente que proba los gastos de defensa en el transcurso del proceso penal, lo que no hizo parte actora.
50.- En relación con el daño emergente causado por la venta del inmueble, la Sala considera que no está probada su relación con la privación de la libertad de la víctima directa. La parte actora no acreditó que la venta del inmueble hubiera tenido como fin cubrir los gastos generados por la detención tanto a la víctima directa como a su familia, y se limitó a allegar la escritura del contrato de compraventa del inmueble rural denominado << Finca La Escondida>>. Sin embargo, solo con esta prueba la Sala no puede tener como comprobada la relación entre este perjuicio y la privación de la libertad del demandante Boris Bernal.
v. Lucro cesante
51.- La parte actora solicitó la indemnización por los ingresos dejados de devengar por veinte millones seiscientos cinco mil seiscientos cincuenta pesos ($20.605.650) durante el tiempo que estuvo privado de la libertad, suma que la víctima directa recibía en virtud de las actividades de agricultura y ganadería.
52.- Sobre el particular, de conformidad con el criterio jurisprudencial unificado, para el reconocimiento de este perjuicio debe: (i) haber sido solicitado en la demanda y (ii) estar demostrado que al momento de su detención la persona desempeñaba una actividad económica y que debido a la privación de la libertad dejó de percibir ingresos. En relación con la liquidación del perjuicio se indicó que: (i) el periodo indemnizable es el tiempo que duró la detención, desde la aprehensión física hasta <<cuando éste recobró materialmente la libertad o quedó ejecutoriada la providencia que puso fin a la actuación penal contra el investigado o sindicado, lo último que ocurra>>; (ii) el ingreso base de liquidación debe estar probado, y en caso de que se pruebe que la persona desempeñaba una actividad lícita pero no el monto devengado <<la liquidación del lucro cesante se debe hacer teniendo como ingreso base el valor del salario mínimo legal mensual vigente al momento de la sentencia que ponga fin al proceso de reparación directa>> y (iii) es viable el reconocimiento del 25% por prestaciones sociales en caso de que se acredite una relación laboral subordinada, siempre y cuando se haya solicitado en la demanda.
53.- Con: (i) el testimonio de José Hidalgo Sierra Hernández, quien declaró que Boris Bernal Fandiño era <<comerciante en ganados, compra y venta de ganado>>, (ii) el registro de Boris Bernal como ganadero del Meta y (iii) un contrato de sociedad con un propietario de un predio ganadero, la parte actora probó que el demandante Boris Bernal Fandiño se desempeñaba como ganadero y agricultor para el momento en el que fue privado de la libertad. Sin embargo, no acreditó los ingresos que devengaba con ocasión de esta actividad económica. En consecuencia, para liquidar el lucro cesante la Sala aplicará la presunción del salario mínimo legal mensual vigente. Para calcular el ingreso base de liquidación no se adicionará el 25% por concepto de prestaciones sociales debido a que no se demostró que la actividad que desempeñaba el demandante se desarrollara en el marco de un contrato laboral.
54.- En consecuencia, para la liquidación del perjuicio se tendrá en cuenta:
a.- Periodo indemnizable: es el tiempo total de la privación, sumando los dos periodos esto es, dos (2) años, tres (3) meses y veintidós (22) días:
b.- Salario Mínimo 2021: $ 908.526
c.- Se calcula con base en la siguiente fórmula:
SHAPE \* MERGEFORMAT
Donde:
S= Valor de indemnización por el período
Ra= Renta actualizada
i= Interés técnico del 0.00467
n= número de meses a indemnizar 27,76
1= Constante
SHAPE \* MERGEFORMAT
S = $ 26.933.818,00
55.- La reparación de este perjuicio se dividirá de la siguiente forma entre las entidades demandadas:
55.1.- A cargo del Ejército Nacional, entidad que tuvo a sus órdenes al demandante por medio día, la suma de TREINTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($30.284,00) por concepto de lucro cesante.
55.2.- A cargo de la Fiscalía General de la Nación, entidad que tuvo a sus órdenes privado de libertad al demandante Bernal por un periodo total de nueve (9) meses y diecisiete (17) días, la suma de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($7.862.965,33), por concepto de lucro cesante.
55.3.- A cargo de la Rama Judicial, entidad que tuvo al demandante Bernal privado de su libertad a su cargo por un total de un (1) año, seis (6) meses y cinco (5) días, la suma de DIECINUEVE MILLONES CUARENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($19.040.568,68), por concepto de lucro cesante.
K.- Costas
56.- En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
L.- Costo total de la condena para la fecha en la que se profiere la sentencia
57.- El costo total de la condena contra el Estado para la fecha en la que se profiere esta providencia es de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS ($435.770.518,00), de los cuales CUATROCIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS ($408.836.700,00) corresponden a perjuicios morales y VEINTISÉIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($26.933.818,00) a perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: REVÓCASE la sentencia dictada el 27 de marzo de 2012 por el Tribunal Administrativo del Meta que negó las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: DECLÁRASE patrimonial responsable a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y RAMA JUDICIAL y a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL por el daño causado por la privación de la libertad del señor Boris Alisey Bernal Fandiño.
TERCERO: CONDÉNASE a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA —EJÉRCITO NACIONAL al pago de las siguientes sumas por concepto de perjuicios morales:
DEMANDANTE
PARENTESCO
CUANTÍA
Boris Alisey Bernal Fandiño
Víctima directa
0,25
SMLMV
Graciliano Bernal
Padre de la víctima
0,25
SMLMV
Nohema Fandiño
Madre de la víctima
0,25
SMLMV
Ligia Bernal Fandiño
Hermana de la víctima
0,13
SMLMV
María Margarita Bernal Fandiño
Hermana de la víctima
0,13
SMLMV
José Graciliano Bernal Fandiño
Hermano de la víctima
0,13
SMLMV
CUARTO: CONDÉNASE a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN al pago de las siguientes sumas por concepto de perjuicios morales:
DEMANDANTE
PARENTESCO
CUANTÍA
Boris Alisey Bernal Fandiño
Víctima directa
66,64
SMLMV
Graciliano Bernal
Padre de la víctima
66,64
SMLMV
Nohema Fandiño
Madre de la víctima
66,64
SMLMV
Ligia Bernal Fandiño
Hermana de la víctima
33,32
SMLMV
María Margarita Bernal Fandiño
Hermana de la víctima
33,32
SMLMV
José Graciliano Bernal Fandiño
Hermano de la víctima
33,32
SMLMV
QUINTO: CONDÉNASE a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL al pago de las siguientes sumas por concepto de perjuicios morales:
DEMANDANTE
PARENTESCO
CUANTÍA
Boris Alisey Bernal Fandiño
Víctima directa
33,11
SMLMV
Graciliano Bernal
Padre de la víctima
33,11
SMLMV
Nohema Fandiño
Madre de la víctima
33,11
SMLMV
Ligia Bernal Fandiño
Hermana de la víctima
16,55
SMLMV
María Margarita Bernal Fandiño
Hermana de la víctima
16,55
SMLMV
José Graciliano Bernal Fandiño
Hermano de la víctima
16,55
SMLMV
SEXTO: CONDÉNASE a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA —EJÉRCITO NACIONAL al pago de la suma de TREINTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($30.284,00) por concepto de lucro cesante.
SÉPTIMO: CONDÉNASE a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN al pago de la suma de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($7.862.965,33), por concepto de lucro cesante.
OCTAVO: CONDÉNASE a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL al pago de la suma de DIECINUEVE MILLONES CUARENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($19.040.568,68), por concepto de lucro cesante.
NOVENO: ORDÉNASE al Fiscal General de la Nación, al Director Ejecutivo de la Administración Judicial de la Rama Judicial y al Ministro de Defensa emitir, dentro del mes siguiente a la ejecutoria de esta providencia, un comunicado en el cual pidan disculpas al señor Boris Alisey Bernal Fandiño por el daño antijurídico que padeció con ocasión de la privación injusta de su libertad, en los términos señalados en esta providencia.
DÉCIMO: NIÉGUENSE las demás pretensiones de la demanda.
DÉCIMO PRIMERO: SIN CONDENA en costas.
DÉCIMO SEGUNDO: Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del CCA.
DÉCIMO TERCERO: Para el cumplimiento de la sentencia expídanse copias con destino a las partes, de conformidad con el artículo 114 del CGP.
DÉCIMO CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el expediente a su tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
Con firma electrónica
ALEXÁNDER JOJOA BOLAÑOS
Magistrado (E)
Aclara voto
ACLARACIÓN DE VOTO DEL CONSEJERO ENCARGADO ALEXÁNDER JOJOA BOLAÑOS
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D. C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 50001-23-31-000-2003-40013-01(44078)
Actor: BORIS ALISEY BERNAL FANDIÑO Y OTROS
Demandado: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, RAMA JUDICIAL Y EJÉRCITO NACIONAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (ACLARACIÓN DE VOTO)
ACLARACIÓN DE VOTO
Con el acostumbrado respeto por la Corporación, aclaro mi voto respecto de la decisión adoptada en proveído del 17 de agosto de 2021, en el proceso de la referencia, pues, aunque comparto la decisión de la mayoría, difiero de algunos argumentos expuestos en la misma, aspecto que también manifesté en las decisiones en las cuales he sido ponente.
En la sentencia, el análisis de la culpa de la víctima se realizó solo desde el momento en que la persona investigada fue vinculada al proceso penal, sin tener en cuenta las conductas que la persona realizó antes de que se impusiera la medida de aseguramiento, y que, desde el punto de vista civil, son gravemente culposas o dolosas y que dan lugar a que se configure el eximente de responsabilidad; las que, en el caso bajo estudio, no se configuraron.
De otro lado, se observa que la condena se hace a la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y la Rama Judicial por el tiempo en que dichas entidades tuvieron a cargo al demandante, sin que se predique la solidaridad en la condena. Sobre el particular, se considera que el centro de imputación se encuentra en la Nación, por lo que considero se predica la solidaridad entre las entidades que la representan y a quienes se les imputa el daño.
En los anteriores términos, aclaro mi voto.
Cordialmente,
ALEXÁNDER JOJOA BOLAÑOS
Magistrado (E)
Artículo 2 del Decreto 3664 de 1986 <<por el cual se dictan medidas conducentes al restablecimiento del orden público>>, que dice: << Artículo 2º. Mientras se halle turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio nacional, el que sin permiso de autoridad competente importe, fabrique, repare, almacene, conserve, adquiera, suministre o porte armas o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas, incurrirá en prisión de tres (3) a diez (10) años y en decomiso del material correspondiente>>.
Cfr. Demanda, pg. 26
Fl. 115, c-1.
Fl. 131, c-1.
Fl 1, c-1.
Ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”. Sentencia del 4 de junio del 2019. Expediente: 39.626. M.P.: Dr. Alberto Montaña Plata.
El acompañante del demandante Bernal Fandiño a veces es identificado como Cañizález o Cañizales (con “s”) indistintamente, sin que la Sala pueda verificar cuál es el nombre correcto. Sin embargo, optó por Cañizález porque así es mencionado la mayoría de las veces.
Fl. 80, c-1.
Fl 48, c-1.
C-621 de 1998. Sentencia del 4 de noviembre de 1998. M.P: José Gregorio Hernández Galindo.
Fl, 38, c-2.
Fl, 38, c-2.
Fl, 42, c-2.
Fl 120 y ss, c-1.
Fl, 42, c-1.
Fl. 316, c-4.
Fl. 199, c-4.
Este demandante es identificado indistintamente como <<Garciliano>> (fl. 41, c-1), <<Gracieiano>>, (fl. 40, c-1) y <<Graciano>> (fl. 39, c-1). Debe entenderse, entonces, que cuando la sala menciona a <<Graciliano>, como aparece nombrado en su cédula (Fl. 32-c1.), lo hace consciente de la discrepancia en los registros civiles pero que dicho nombre hace referencia a la misma persona, el padre de Boris Alisey Bernal Fandiño, Graciliano Bernal.
Esta demandante es identificada indistintamente como <<Nohema>> y <<Noema>>. En el registro civil de nacimiento de la víctima directa aparece como <<Nohema>> (fl. 38, c-1.) y en el de una hermana de la víctima directa aparece como <<Noema>> (fl. 39, c-1). Debe entenderse, entonces, que cuando la Sala menciona a <<Nohema>>, como aparece en su cédula de ciudadanía (fl 33, c-1), esto es, con la <<h>> entre las vocales, la Sala lo hace consciente de la discrepancia en los registros civiles pero haciendo referencia a la misma persona, la madre de la Boris Alisey Bernal Fandiño, Nohema Fandiño Reyes.
Fl. 38, c-1.
Fl. 39, c-1.
Fl. 40, c-1.
Fl. 41, c-1. Este demandante es identificado en las pretensiones de la demanda como José Garciliano, con el mismo error que con el nombre del padre.
En sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera el 28 de agosto de 2014, expediente: 36.149, C.P: Hernán Andrade Rincón (E), se señalaron las cuantías a las que deben ascender las indemnizaciones de perjuicios morales en caso de privación injusta de la libertad.
Fl. 121, c-4 y Fl. 220, c-4.
Fl. 30, c-4 y Fl. 36, c-4.
Fl. 274, c-1.
Ver, entre otros, Fl. 138 y Fl. 139, c-1.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia del 14 de septiembre de 2011. Exp. 38222. M.P. Enrique Gil Botero.
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de Unificación del 18 de julio de 2019, proceso Nº. 2009-00133-01 (44572).
Fl. 148, c-1.
Fl. 145, c-1.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Expediente 73001-23-31-000-2009-00133-01 (44.572). Sentencia del 18 de julio de 2019. M.P.: Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera
Fl. 274, c-1.
Fl. 142, c-1.
Fl. 143, c-1.
Sobre la culpa de la víctima y como esta puede darse desde el punto de vista “pre procesal” se pueden consultar al respecto las sentencia Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 11 de abril de 2012, Exp. No. 23513. M.P Mauricio Fajardo Gómez
S = Ra
(1 + i)n - 1
i
S = 908.526
(1 + 0.004867)27,76 - 1
0.004867
Sigue leyendo
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