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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03071-00

Fecha
7 de mayo de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03071-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la señora Yamileth Tenorio García, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. NEGAR las solicitudes de desvinculación del Departamento del Valle del Cauca y del Ministerio de Educación Nacional. Tercero. Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Cuarto. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03071-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

7 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C, siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03071-00
Accionante: Yamileth Tenorio García
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Tema: Derechos al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia. Condena en costas. Relevancia constitucional. DECLARA
IMPROCEDENTE.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Yamileth Tenorio García,
mediante apoderada, en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

ANTECEDENTES

La accionante solicita que se amparen sus derechos fundamentales al acceso a la
administración de justicia y al debido proceso, los cuales considera vulnerados por
la sentencia del 14 de octubre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 76111-33-33-001-2023-00083-00 [01].

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

La señora Yamileth Tenorio García narró que instauró demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y el
Departamento del Valle del Cauca, con el fin de obtener la declaratoria de nulidad
del acto ficto configurado el 19 de enero de 2023, mediante el cual se negó el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990.

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• Archivo Central.
Que el 22 de enero de 2024, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Guadalajara de Buga profirió sentencia, en la que negó las pretensiones, decisión
que fue confirmada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en
providencia del 14 de octubre de 2025.

Considera que en la decisión judicial de segunda instancia se incurrió en:

1) Violación directa a la Constitución, porque el análisis de la condena en costas
se hizo al margen del debido proceso, acceso a la administración de justicia
y el principio de gratuidad, en el entendido que la demanda se instauró el 30
de marzo de 2023, esto es, con anterioridad a la expedición de la Sentencia
SUJ-032-CE-S2-2023, en la cual la Sala Plena de la Sección Segunda definió
las reglas para la resolución de los litigios en los cuales el personal docente
reclamaba el reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en el
artículo 99 de la Ley 50 de 1990;

2) defecto sustantivo, porque la condena en costas no se ajustó a derecho, pues
existió una indebida aplicación del artículo 188 del CPACA, y no se tuvo en
cuenta la modificación introducida en el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021,
que estableció como criterio obligatorio para la procedencia de dicha
condena la verificación de que la demanda hubiera sido presentada con
manifiesta ausencia de fundamento legal; y

3) desconocimiento del precedente judicial de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, en el que se estableció que la condena en costas en estos asuntos
debe analizarse bajo un criterio objetivo – valorativo, por lo que no procede
de manera automática contra la parte vencida, sino que se debe realizar un
examen de conducta procesal, en el que se verifica la incursión de la parte
en actuaciones dilatorias, mala fe o si la demanda fue presentada con
carencia de fundamento legal.

PRETENSIONES

Solicitó que se ordene al Tribunal accionado dejar sin efectos la sentencia del 14 de
octubre de 2025 y «proceda a efectuar el examen de procedencia de la condena en
costas impuesta al proceso ordinario conforme la normativa vigente y el precedente
jurisprudencial vertical».

TRÁMITE DEL PROCESO

El 23 de abril de 2026, se admitió la tutela; se vinculó a la Nación – Ministerio de
Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y al
Departamento del Valle del Cauca, como terceros con interés en el resultado del
proceso; y se ordenó efectuar las notificaciones correspondientes.

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POSICIÓN DEL ACCIONADO - Archivo Central.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca guardó silencio.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

El Departamento del Valle del Cauca manifestó que las pretensiones de la
accionante carecen de fundamentos de hecho y de derecho y, por tanto, se opuso
a ellas; además, argumentó que no tiene ninguna relación con los hechos expuestos
en la tutela, pues la acción se dirige contra el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, lo que evidencia su falta de legitimación en la causa por pasiva.

Solicitó que se declare, primero, la improcedencia de la acción de tutela por
inexistencia de vulneración de derechos fundamentales, y segundo, la falta de
legitimación en la causa por pasiva por parte de la entidad territorial.

El Ministerio de Educación Nacional afirmó que carece de legitimación en la
causa por pasiva para emitir un pronunciamiento de fondo, puesto que la discusión
de la acción de tutela recae sobre una decisión adoptada por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.

Afirmó que la accionante pretende que el juez constitucional resuelva de fondo una
cuestión que no le compete, lo que desconoce la independencia y la autonomía
judicial, así como la presunción de acierto y legalidad.

Adujo que la controversia es un asunto estrictamente económico por lo que no es
necesario la intervención de un juez de tutela; en consecuencia, solicitó que se
declare la improcedencia de la acción por falta de relevancia constitucional.

El Juzgado Primero del Circuito de Buga envió el enlace del expediente digital
del proceso ordinario.

Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: I) generalidades de la acción de tutela; II) procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales y III) análisis del caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro

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• Archivo
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio Central.
para
evitar un perjuicio irremediable.

Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos
generales y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia
C-590/052. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia
SU-128/21, se enlistaron así:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones (…)

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable (…)

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración (…)

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado
tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. (…)»

Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que
haber incurrido en al menos una de las siguientes causales:

«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para
ello (…)

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base

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• Archivo
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y Central.
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional (…)

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución.»3

En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-0215 de
2022, enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y la seguridad jurídica y expresó:

«(…) Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la tutela
se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de
cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente
exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere de una argumentación
cualificada4.

(:..) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada” 5. Esto
implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los
argumentos propuestos por el accionante, […]. Si el juez constata alguna
irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal que amerite la
intervención urgente del juez de tutela6.»

En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las
exigencias generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales
y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los
señalados, si este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que
habilite la intervención del juez constitucional.

Análisis del caso concreto

En síntesis, la señora Yamileth Tenorio García considera que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca vulneró sus derechos fundamentales al debido

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proceso y al acceso a la administración de justicia, con la sentencia- Archivo
del 14Central.
de
octubre de 2025, proferida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 76111-33-33-001-2023-00083-00 [01], por lo cual resulta
necesario analizar si se cumplen los requisitos generales de procedencia.

Conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional 1, el requisito de la relevancia
constitucional se encuentra satisfecho cuando: I) el asunto tiene la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; II) la controversia no se limita a una discusión meramente
legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o
privadas; y III) se justifica razonablemente la existencia de una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales.

Igualmente, el máximo tribunal constitucional 2 ha sostenido que dicha exigencia
tiene como finalidades mantener la independencia y autonomía judicial; evitar que
la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional y restringir el ejercicio de
la acción de tutela a debates relacionados con derechos fundamentales.

La Sala observa que los reparos planteados por la accionante están orientados
exclusivamente a discutir la imposición de una condena en costas, lo cual se traduce
en una afectación meramente económica como resultado de una interpretación legal
efectuada por el juez competente para ello, en la cual no está de por medio una
verdadera afectación de derechos fundamentales o una discusión frente a su
alcance, goce o contenido, máxime cuando lo que debate la actora no es
propiamente la controversia que dio lugar al proceso ordinario, sino únicamente la
consecuencia económica por los gastos procesales.

Debe entonces recordarse que la tutela fue instituida para lograr la protección de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados por las autoridades o los
particulares en los casos previstos en la ley, mas no como una instancia adicional
en la que pueda reabrirse un debate netamente legal y económico con el fin de
imponer una solución que resulta más favorable al peticionario y desconocer la
autonomía e independencia del juez de la causa, quien, en este caso, además, se
pronunció sobre los argumentos de apelación que versaron sobre el debate aquí
planteado.

Por último, no hay lugar a desvincular al Departamento del Valle del Cauca y al
Ministerio de Educación Nacional, por falta de legitimación en la causa por pasiva,
ya que sus vinculaciones se efectuaron como terceros con interés, con el fin de
garantizar el debido proceso.

En consecuencia, se declarará improcedente la acción de tutela por no cumplirse el
requisito de relevancia constitucional.

1 Corte Constitucional, SU-215 de 2022.
2 Sentencia T-352 de 2025.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03071-00

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• Archivo Central.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la
señora Yamileth Tenorio García, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

Segundo. NEGAR las solicitudes de desvinculación del Departamento del Valle del
Cauca y del Ministerio de Educación Nacional.

Tercero. Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Cuarto. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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