Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03071-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03071-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-03071-01
Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez
23 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., veintitrés (23) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03071-01
Demandante: YAMILETH TENORIO GARCÍA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra
la sentencia del 7 de mayo de 2026, por medio de la cual la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de
tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
La señora Yamileth Tenorio García, por intermedio de apoderada judicial,
promovió acción de tutela el 20 de abril de 20261 en contra del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, con el fin de que se amparen sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y el
principio de gratuidad.
Estimó quebrantadas tales garantías constitucionales con ocasión de la
providencia del 14 de octubre de 20252, que confirmó la sentencia del 22 de enero
de 2024, a través de la cual el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial
de Guadalajara de Buga negó las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 76111-33-33-001-2023-00083-013,
promovida por la actora contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y el
departamento del Valle del Cauca.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, la parte actora elevó las siguientes pretensiones:
1 Samai, índice 2, rad. 11001-03-15-000-2026-03071-00.
2 La mencionada providencia fue notificada el 20 de octubre de 2025. Samai, índice 16, rad. 76111-
33-33-001-2023-00083-01.
3 Samai, índice 14, rad. 76111-33-33-001-2023-00083-01.
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Demandante: Yamileth Tenorio García
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03071-01
1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA en
la sentencia proferida el día 14 de octubre de 2025 dentro del expediente
radicado No. 76111-33-33-001-2023-00083-01. transgredió los derechos
fundamentales al DEBIDO PROCESO, GRATUIDAD y ACCESO A LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA de la señora YAMILETH TENORIO GARCÍA,
habida cuenta que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la
ley y al precedente judicial del órgano de cierre en la jurisdicción contencioso
administrativo.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, DEJAR SIN EFECTOS la
providencia judicial referida en el numeral anterior y, proceda a efectuar el examen
de procedencia de la condena en costas impuestas al proceso ordinario conforme
la normatividad vigente y el precedente jurisprudencial vertical en aras de
salvaguardar las garantías iusfundamentales de la accionante.
1.3. Hechos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que,
a juicio de la sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:
La señora Yamileth Tenorio García instauró demanda dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG) y el departamento del Valle del Cauca, con el fin de que se declarara
nulo el acto ficto configurado el 19 de enero de 2023, mediante el cual se negó el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 19904.
El proceso fue conocido en primera instancia por el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga que, en sentencia del 22 de
enero de 2024, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la
demandante.
Para el efecto, sostuvo que los docentes que se encuentran afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) no son beneficiarios
de lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, ni de la indemnización por
el no pago oportuno de los intereses a las cesantías del artículo 1 de la Ley 52 de
1975, por lo que se debían negar las pretensiones de la demanda.
Asimismo, en aplicación de lo previsto en los artículos 188 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 365 y 366 del
Código General del Proceso, así como de los parámetros señalados por el
Consejo de Estado5, decidió condenar en costas a la demandante. En lo que
respecta a las agencias en derecho, se tasaron en la suma equivalente al 5% del
valor de las pretensiones denegadas en el proceso.
La anterior decisión fue apelada por la señora Tenorio García y decidida en
segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que en fallo
del 14 de octubre de 2025 confirmó lo dispuesto en primera instancia,
4 “Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras
disposiciones.”
5 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, en sentencia del 11 de
octubre de 2021, expediente 63.217.
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Demandante: Yamileth Tenorio García
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
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argumentando que, según la sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-20236, los
docentes afiliados al FOMAG no cuentan con el derecho a la sanción moratoria
regulada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, al ser incompatible con el régimen
previsto en la Ley 91 de 1989.
En cuanto a la condena en costas decretada en primera instancia, la apelante
había alegado que ésta desconocía el criterio fijado en la sentencia de unificación
antes mencionada, el cual estableció que: «[n]o se impondrá condena en costas.
Lo anterior, en línea con el criterio acogido por esta Sección en anteriores
oportunidades, en las cuales consideró que, en los casos resueltos a través de
una sentencia de unificación, en aplicación de las reglas allí definidas no hay
lugar a ello, al amparo de los principios de buena fe y confianza legítima» (negrilla
del texto original).
Pese a esto, el tribunal señaló que el criterio expuesto por la parte actora, que
tenía como objetivo revocar la condena en costas, aplicaba en los casos en los
que se profería una sentencia de unificación, situación que no ocurría en ese
asunto.
1.4. Sustento de la petición
A juicio de la tutelante, el presente asunto reviste relevancia constitucional, en la
medida en que la imposición de costas vulneró sus derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia y al principio de
gratuidad. Ello, por cuanto dicha condena desconoció que, para el momento de
presentación de la demanda ordinaria orientada al reconocimiento de la sanción
moratoria prevista en la Ley 50 de 1990, no existía una posición unificada del
Consejo de Estado sobre la materia, dado que, para ese momento, también se
sostenía la procedencia del reconocimiento y el pago de dicha sanción.
Resaltó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca aplicó indebidamente
el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, al omitir que, para el momento de
presentación de la demanda, no existía una postura jurisprudencial unificada
sobre la materia. Asimismo, señaló que no se valoró el hecho de que la actora
estructuró sus pretensiones con fundamento en la línea jurisprudencial que
respaldaba la tesis positiva, y que la decisión desfavorable obedeció a la
aplicación de la sentencia de unificación proferida durante el curso del proceso
ordinario.
Afirmó que se satisfacen los presupuestos de subsidiariedad e inmediatez, toda
vez que, respecto del primero, la recurrente agotó todos los mecanismos de
defensa judicial disponibles para la protección de sus derechos y, en cuanto al
segundo, la acción de amparo fue interpuesta dentro del término fijado por la
jurisprudencia constitucional.
Alegó que hubo una violación directa de la Constitución7, puesto que el estudio
6 Con fecha del 11 de octubre de 2023.
7 «Así las cosas, el ad quem desconoció el derecho que tiene todo ciudadano de acudir al servicio
de la administración de justicia para reclamar la efectividad de sus derechos con fundamento en
el marco normativo y jurisprudencial que regía su situación particular y, cobijado por los principios
de buena y confianza legítima».
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de la condena en costas se realizó al margen del debido proceso, el acceso a la
administración de justicia y gratuidad, dado que el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca la condenó en costas por «una situación inexistente para el
momento de la presentación de la demanda, como la sentencia de unificación de
sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, (…) sin verificar
los fundamentos que respaldaban las pretensiones de la demanda y, la disparidad
de criterios que sostenían las altas cortes (…)».
Enfatizó que las consideraciones que llevó a cabo el juez para determinar la
condena en costas no se ajustaron a derecho, pues tuvieron su fundamento en
una interpretación parcializada del artículo 188 del CPACA, lo que configuró una
vulneración al debido proceso. Lo anterior, por cuanto en el estudio ejecutado por
la autoridad judicial, se omitió el análisis de verificar si la demanda se presentó
con una manifiesta ausencia de fundamento legal, modificación introducida por la
Ley 2080 de 2021.
Agregó que se configuró un defecto sustantivo, debido a que: (i) no ocurrió una
interpretación protegida por la independencia judicial, sino una indebida
aplicación del ordenamiento jurídico, y (ii) lo anterior dio como resultado una
inobservancia de los presupuestos obligatorios para poder imponer una
penalidad, puesto que no se estudió si la demanda contenía un respaldo fáctico y
jurídico suficiente, lo que de haberse considerado, hubiera llevado a una
conclusión distinta en el proceso ordinario.
Recordó que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, la condena en
costas no procede de manera automática, pues en los asuntos laborales su
imposición exige analizar la conducta procesal de las partes8, a fin de descartar
una aplicación meramente objetiva de la sanción. En ese sentido, aseguró que la
autoridad judicial desconoció dicha tesis y aplicó un criterio distinto, según el cual
la condena en costas opera automáticamente contra la parte vencida, razón por
la cual la providencia carece de la motivación reforzada exigible cuando se aparta
de una línea jurisprudencial consolidada.
Finalmente mencionó que las acciones encuentran su fundamento en el principio
de favorabilidad, en cuanto la controversia fue promovida por una docente oficial,
quien teniendo en cuenta su relación laboral con el Estado, se encuentra en una
posición de debilidad.
1.5. Actuaciones procesales en primera instancia
Mediante auto del 23 de abril de 20269 se admitió la acción constitucional, se
ordenó notificar de esta decisión a la parte accionada y se vinculó, como terceros
interesados, a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y al departamento del Valle del
Cauca.
Realizadas las respectivas comunicaciones se presentaron las siguientes
8 Es necesario verificar si se llevaron a cabo actuaciones dilatorias, mala fe o si la demanda fue
presentada con manifiesta carencia de fundamento legal.
9 Samai, índice 5, rad. 11001-03-15-000-2026-03071-00.
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intervenciones:
1.5.1. Departamento del Valle del Cauca10
Se opuso a las pretensiones de la demanda y solicitó que se declarara
improcedente la acción de tutela. Asimismo, aseguró no tener ninguna relación
con los hechos descritos y resaltó que la acción va dirigida en contra del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca11.
Sostuvo que las pretensiones de la accionante carecen de fundamento fáctico y
jurídico, en la medida en que se configura una evidente falta de legitimación en la
causa por pasiva. En consecuencia, solicitó que se declare que el ente territorial
no está legitimado para integrar el extremo pasivo de la controversia.
Por último, resaltó que en el presente caso hay una inexistencia de vulneración
por parte de la gobernación, dado que no se logró demostrar alguna conducta
atribuible a la mencionada entidad que vulnerara los derechos fundamentales de
la accionante.
1.5.2. La Nación – Ministerio de Educación Nacional12
Se opuso a las pretensiones de la demanda y solicitó que se declarara
improcedente la acción constitucional.
Afirmó que hay una falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto la
controversia planteada recae sobre una decisión ejecutada por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.
Expuso que a través del mecanismo constitucional se pretende atacar una
decisión legítimamente adoptada y que la providencia cuestionada no puede ser
excluida del ordenamiento jurídico por vía de tutela, puesto que aspirar a que el
juez constitucional pueda determinar de fondo una cuestión de competencia
ajena, desconocería la independencia y autonomía judicial.
Recalcó que: (i) el Ministerio de Educación Nacional no fue la entidad que profirió
la sentencia objeto de controversia; (ii) no se señaló cuál fue la acción u omisión
atribuible que amerite su vinculación al trámite; y (iii) dicha entidad no ha llevado
a cabo ningún tipo de conducta que pueda derivar en la configuración de una vía
de hecho judicial.
Recordó que, al no existir una relación de subordinación con la autoridad judicial,
ni haberse demostrado una vulneración atribuible al ministerio, resulta
improcedente el mecanismo constitucional.
Manifestó que: (i) en el presente caso no se acreditó que las posibles violaciones
a las garantías procesales comprometan gravemente la supervivencia de la
accionante, ni el acceso a la administración de justicia; (ii) tampoco se demostró
10 Samai, índice 14, rad. 11001-03-15-000-2026-03071-00.
11 «Por tal motivo, la Gobernación del Valle del Cauca no está llamada a responder por ningún
tipo de violación de derechos fundamentales».
12 Samai, índice 15, rad. 11001-03-15-000-2026-03071-00.
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que exista una vulneración indirecta de los derechos fundamentales de las
personas que tienen relación con la tardanza en la respuesta de sus solicitudes;
y (iii) el mencionado asunto se presenta como un debate procesal, se trata de
una controversia de naturaleza económica que involucra intereses privados, lo
que excede la competencia del juez de tutela por carecer de relevancia
constitucional.
1.5.3. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Guardó silencio pese a haber sido notificado en debida forma.
1.6. Sentencia de primera instancia
La Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, mediante sentencia
del 7 de mayo de 202613, notificada el 12 del mismo mes y año 14, declaró
improcedente la acción de tutela al considerar que no se satisfacía el requisito
general de relevancia constitucional.
Expuso que, teniendo en cuenta lo mencionado por la Corte Constitucional, el
requerimiento de relevancia constitucional se satisface cuando: (i) el caso cuenta
con una entidad que permite interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) el asunto no se
limita a una discusión únicamente legal o de contenido estrictamente económico
con connotaciones particulares o privadas; y (iii) se justifica la existencia de una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Aseguró que los argumentos planteados por la actora se encontraban
encaminados a cuestionar la imposición de la condena en costas, lo que quiere
decir que se trató de una afectación meramente económica que no trata de una
verdadera vulneración de derechos fundamentales o de una «discusión frente a
su alcance, goce o contenido (…)».
Por último, aclaró que no se declararía la falta de legitimación en la causa por
pasiva del departamento del Valle del Cauca y del Ministerio de Educación
Nacional, debido a que sus vinculaciones se efectuaron como terceros con
interés, con el fin de poder garantizar el debido proceso.
1.7. Impugnación
El 20 de mayo de 202615 la parte accionante impugnó el fallo de primera instancia
y solicitó que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia, la prevalencia del derecho sustancial y la
tutela judicial efectiva.
Aseveró que el presente caso goza de relevancia constitucional, dado que se
desconoció que, para el momento de la presentación de la demanda ordinaria,
esto es el 30 de marzo de 2023, no había un criterio unificado sobre el asunto por
13 Samai, índice 19, rad. 11001-03-15-000-2026-03071-00.
14 Samai, índice 22, rad. 11001-03-15-000-2026-03071-00.
15 Samai, índice 24, rad. 11001-03-15-000-2026-03071-00.
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parte del Consejo de Estado en materia laboral, pues de igual forma, se
consideraba procedente el reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista
en la Ley 50 de 1990.
Señaló que la Sala Plena de la Sección Segunda profirió sentencia de
unificación16 que estableció que «[l]os docentes estatales afiliados al FOMAG no
tienen derecho a la sanción moratoria (…)», por lo que a partir de dicho momento
se determinó el criterio aplicable a las disputas que versen sobre la sanción
moratoria reclamada por el personal docente del FOMAG, lo que quiere decir que
antes del mencionado pronunciamiento existía una disparidad de posturas.
Resaltó que la accionante llevó a cabo el mecanismo judicial bajo la convicción
de que tenía el derecho a reclamar la sanción moratoria, pues existía un
precedente judicial que avalaba su procedencia a favor del personal docente. Lo
anterior no fue valorado en el presente caso, ya que a pesar de que la decisión
adoptada obedeció a lo contenido en la sentencia de unificación, se trató de un
cambio jurisprudencial ocurrido con posterioridad a la presentación de la
demanda, el cual no podía ser anticipado por la accionante17.
Sostuvo que, en el presente asunto, la imposición de condena en costas contiene
una transgresión del derecho al acceso a la administración de justicia, por cuanto
«sanciona injustamente a quien acudió a la jurisdicción con fundamento en el
panorama jurídico vigente para la época de interposición de la demanda y bajo la
expectativa legítima de que su caso sería examinado conforme al [precedente]
entonces vigente».
II.CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta sección es competente para conocer de la impugnación presentada por la
parte demandante contra la providencia dictada por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A el 7 de mayo de 2026, según lo previsto en los
Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, este último modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la sala verificar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar el fallo
proferido en primera instancia que declaró la improcedencia de la acción por no
cumplir el requisito de relevancia constitucional.
Para resolver este problema se analizarán los siguientes aspectos: (i) el criterio
de la sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales; (ii) los requisitos adjetivos de procedibilidad; y finalmente, de
encontrarse superados se estudiará; (iii) el fondo del reclamo.
16 Sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023.
17 La accionante asegura que esto vulnera los principios de confianza legítima, seguridad jurídica,
buena fe y acceso a la administración de justicia.
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2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
201218, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:
(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se
hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales
derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.
Conforme al anterior precedente, la corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún
derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.
Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el
momento jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales
dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia
sustantiva– o que impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –
procedencia adjetiva–.
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: (i) que sea
relevante constitucionalmente; (ii) que no se trate de tutela contra tutela; (iii)
inmediatez; y (iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para
la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo se requerirá: (i) que la causa, motivo o razón
18 M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
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a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en
el sentido de la decisión; y (ii) que la acción no intente reabrir el debate de
instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.4. Examen de los requisitos: procedencia adjetiva
2.4.1. Relevancia constitucional
Sobre este punto, es necesario traer a colación las reglas establecidas por la
Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202219.
En este fallo de unificación la corte explicó que, dado que las providencias
judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial:
[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene “vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino
que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones
de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio
de igualdad”.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una
corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para:
[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues
así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su
competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de
los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como
una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal20 (Énfasis de la sala).
19 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
20 Sentencia SU-573 de 2019.
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De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico21; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional22
[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica […]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal23”. En este orden, se reitera que
el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda
la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales24”.
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos
a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental […]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto25, lo que implica verificar que en
efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal26. (Resaltado
de la sala)
2.5. Caso concreto
La parte actora le atribuye la vulneración de sus derechos fundamentales a la
sentencia del 14 de octubre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, que confirmó la sentencia del 22 de enero de 2024, dictada por
el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga, en el
marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76111-
33-33-001-2023-00083-00/01.
Sostiene la recurrente que el fallo cuestionado incurre en un defecto sustantivo al
imponerle costas de forma automática sin efectuar el juicio valorativo exigido por
el artículo 188 del CPACA.
Así las cosas, esta sala considera que el presente asunto no cumple con el
requisito general de relevancia constitucional, por cuanto de los argumentos
expuestos por la demandante no se avizora un alegato sólido que demuestre la
transgresión de las garantías constitucionales invocadas, y que permitan superar
el referido presupuesto tratándose de acciones de tutela contra providencia
21 Sentencia SU-103 de 2022.
22 Sentencia SU-103 de 2022.
23 Sentencia SU-103 de 2022.
24 Sentencia SU-128 de 2021.
25 Sentencia SU-573 de 2019.
26 Ibidem.
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judicial, como quiera que el debate suscitado gira en torno a un asunto de
interpretación meramente legal y económico.
En otras palabras, el defecto sustantivo alegado respecto de la condena en costas
y la aplicación errónea del artículo 188 del CPACA27 no cumple con el
presupuesto de relevancia constitucional, por cuanto el tema que pretende debatir
la recurrente radica en un asunto de orden económico, ya que las costas
procesales corresponden a la erogación que debe asumir la parte que resulte
vencida en un proceso judicial (pagos por honorarios de peritos, traslado de
testigos, publicaciones, emplazamientos, honorarios de abogados, etcétera) y, en
consecuencia, su naturaleza es patrimonial, la cual tiene connotaciones
particulares o privadas que no representan un interés general.
Es así, como la Corte Constitucional en la sentencia SU-439 de 2017 indicó que
«la controversia debe versar sobre un asunto constitucional, pero no meramente
legal y/o económico». Aunado a lo anterior, se advierte que el amparo
constitucional estudiado no tiene la identidad o trascendencia para aplicar,
interpretar o desarrollar mandatos constitucionales, ya que la discusión planteada
por la recurrente pone en evidencia una inconformidad con la conclusión a la que
llegó el juez de segunda instancia.
En esa medida, de la lectura de la providencia cuestionada se advierte que la
autoridad judicial demandada expuso las razones jurídicas que sustentaron la
decisión de condenar en costas, adoptada dentro del proceso ordinario,
circunstancia que evidencia que la inconformidad de la parte actora recae sobre
el criterio interpretativo asumido por el juez natural de la causa.
Desde esa perspectiva, como se explicó en precedencia, la controversia
planteada carece de relevancia constitucional autónoma, pues el debate
propuesto se contrae a una discusión de naturaleza eminentemente económica
relacionada con la imposición de costas, aspecto que, de conformidad con lo
señalado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019, no habilita
la intervención excepcional del juez de tutela.
En este orden, y si bien la parte actora intenta exponer las razones por las cuales
considera que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en una
vulneración de sus garantías constitucionales, en realidad lo que se evidencia es
una simple inconformidad con lo dispuesto por el fallador de segunda instancia en
la sentencia censurada, y las conclusiones a la cual arribó, lo cual, per se, no
implica una trasgresión de los mencionados derechos.
Asimismo, se reitera que el juez constitucional no está instituido como órgano de
control de las providencias judiciales que son adoptadas en el curso de los
procesos que se adelantaron conforme a las etapas que para tal efecto estableció
27 Artículo 188. Condena en Costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> En
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal. (énfasis propio)
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el legislador, ya que, de avalarse dicha tesis, conllevaría a una deformación de la
acción de tutela y la desarticulación de la organización judicial.
En ese sentido, se resalta que la administración de justicia garantiza que los
funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones,
circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprocharlas vía acción
de tutela; máxime cuando se advierte, como en el presente caso, que el debate
planteado por la tutelante busca mutar el amparo constitucional en una tercera
instancia.
Así las cosas, la sala confirmará la sentencia proferida el 7 de mayo de 2026, por
medio de la cual la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado
declaró improcedente la tutela por no cumplir el requisito de relevancia
constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida el 7 de mayo de 2026, por medio de
la cual la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado declaró la
improcedencia de la acción de tutela por no cumplir el requisito de relevancia
constitucional.
SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los (diez) 10 días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la
providencia oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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