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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-03487-01

Fecha
22 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-03487-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia proferida el 18 de junio de 2026 por la Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela presentada por Andrés Fabián Borrero Beltrán, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-03487-01

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

22 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá D.C., veintidós (22) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03487-01
Accionante: Andrés Fabián Borrero Beltrán
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia
del 18 de junio de 2026, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, que
declaró improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucional 1.

SÍNTESIS2

El accionante cuestiona la sentencia del 30 de octubre de 2025, mediante la cual el
Tribunal Administrativo del Meta revocó la decisión de primera instancia únicamente para
condenarlo en costas dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
relacionado con la sanción moratoria por cesantías. La Sala confirmará la sentencia
impugnada porque el reproche constitucional se contrae a una discrepancia interpretativa
sobre las reglas legales de imposición de costas y sus efectos patrimoniales, sin acreditar
una cuestión constitucional autónoma.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1. El 6 de mayo de 2026, Andrés Fabián Borrero Beltrán, por conducto de apoderado
judicial, presentó acción de tutela contra la sentencia del 30 de octubre de 2025, proferida
por el Tribunal Administrativo del Meta en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho núm. 95001-33-33-001-2024-00060-00/01. Consideró
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración
de justicia, así como el principio de gratuidad.

2. Formuló las siguientes pretensiones:

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META en sentencia proferida del 30
de octubre de 2025 dentro del proceso 95001-33-33-001-2024-00060-01, transgredió los
derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACION DE

1 SAMAI, expediente de tutela 11001-03-15-000-2026-03487-00, sentencia de primera instancia, índice

correspondiente a la providencia del 18 de junio de 2026; auto que concede la impugnación, índice 32 del
expediente aportado.
2 Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del derecho / Sanción

moratoria por cesantías / Condena en costas / Improcedencia / Falta de relevancia constitucional / Se
confirma la decisión de primera instancia.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03487-01
Accionante: Andrés Fabián Borrero Beltrán
Confirma improcedencia

JUSTICIA Y PRINCIPIO DE GRATUIDAD del docente, habida cuenta que las razones de la
decisión no se ajustan a los postulados de la ley y al precedente judicial del órgano de cierre
en la jurisdicción contencioso administrativo.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEL META la providencia judicial referida en el numeral anterior y, proceda a efectuar el
examen de procedencia de la condena en costas impuestas al proceso ordinario conforme la
normatividad vigente y el precedente jurisprudencial vertical en aras de salvaguardar las
garantías iusfundamentales de la accionante.

B. Hechos

3. El accionante manifestó que el 10 de mayo de 2022 presentó una solicitud de
reconocimiento y pago de cesantías a través de la plataforma Humano en Línea. Las
cesantías fueron reconocidas mediante la Resolución núm. VAUPEE2022000001 del 5
de noviembre de 2022 y pagadas el 21 de diciembre del mismo año.

4. El 13 de diciembre de 2023 solicitó el reconocimiento de la sanción moratoria por el
pago tardío de sus cesantías; mediante oficio P.S.M.-003 del 5 de enero de 2024 obtuvo
respuesta negativa. En consecuencia, promovió el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el departamento del Vaupés.

5.Mediante sentencia del 16 de diciembre de 2024, el Juzgado Primero Administrativo
del Circuito de San José del Guaviare negó las pretensiones de la demanda, al concluir
que no se configuró mora en el reconocimiento ni en el pago de las cesantías. Asimismo,
se abstuvo de condenar en costas porque consideró que la demanda no fue presentada
con manifiesta carencia de fundamento legal.

6. El departamento del Vaupés apeló esta última determinación, pues sostuvo que el
artículo 188 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021, no restableció el criterio
subjetivo de imposición de costas y que la exigencia relativa a la manifiesta carencia de
fundamento legal únicamente resulta aplicable a los procesos en los que se ventila un
interés público. Por consiguiente, solicitó que se condenara en costas al demandante, por
haber resultado vencido en una controversia de naturaleza particular.

7. Mediante sentencia del 30 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo del Meta
revocó el ordinal segundo de la decisión apelada y, en su lugar, condenó en costas de
primera instancia al demandante a favor del FOMAG y del departamento del Vaupés.
Consideró que el juzgado interpretó equivocadamente el artículo 188 del CPACA, pues,
tratándose de un proceso de naturaleza particular y subjetiva, debía aplicarse el criterio
objetivo y valorativo previsto en los numerales 1.º y 8.º del artículo 365 del CGP, sin que
fuera necesario acreditar temeridad o falta de fundamento jurídico de la demanda.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03487-01
Accionante: Andrés Fabián Borrero Beltrán
Confirma improcedencia

C. Fundamentos de la vulneración

8. El actor sostuvo que la sentencia cuestionada incurrió en defecto sustantivo por
aplicación fragmentada del artículo 1883 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. En
su criterio, la expresión «en todo caso» obligaba al Tribunal a examinar si la demanda
ordinaria fue presentada con manifiesta carencia de fundamento legal antes de imponer
costas; no bastaba verificar que resultó vencido y que las entidades ejercieron su defensa.

9. Adujo que se desconocieron los principios de inescindibilidad normativa, favorabilidad
y prevalencia del derecho sustancial, por no aplicar integralmente el régimen legal.
Agregó que el juez natural omitió el análisis de la fundamentación fáctica y jurídica de la
demanda y que, de realizarlo, habría arribado a una conclusión diferente sobre las costas.

10. Invocó también el desconocimiento del precedente de la Sección Segunda del Consejo
de Estado en materia laboral, según el cual -afirmó- la imposición de costas no opera
automáticamente, sino que requiere una valoración adicional. En respaldo de su
planteamiento citó, entre otras, sentencias de tutela del 18 de abril y del 24 y 25 de julio
de 2024 que examinaron la aplicación del artículo 188 del CPACA, en la versión
modificada por la Ley 2080 de 2021.

D. Trámite procesal

11. La Sección Primera del Consejo de Estado admitió la demanda mediante auto del 11
de mayo de 2026. Ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Meta y vinculó al
Juzgado Primero Administrativo del Circuito de San José del Guaviare, al Ministerio de
Educación Nacional – FOMAG y al departamento del Vaupés; asimismo, requirió el
expediente del proceso ordinario.

E. Oposiciones e intervenciones

12. El Tribunal Administrativo del Meta señaló que la providencia censurada fue dictada
dentro del ejercicio de su competencia y se encontraba motivada. Explicó que valoró el
vencimiento procesal y la causación de costas, a partir de las actuaciones de los
apoderados de las entidades demandadas y de lo dispuesto en el artículo 365 del Código
General del Proceso. Solicitó declarar improcedente la tutela o negar el amparo.

13. El Juzgado Primero Administrativo de San José del Guaviare informó que su sentencia
negó las pretensiones sin imponer costas, de manera que la condena cuestionada fue
adoptada por el Tribunal al resolver la apelación del departamento del Vaupés. Indicó que
había surtido el trámite ordinario con respeto de las garantías procesales.

14. El Ministerio de Educación Nacional se opuso a las pretensiones e invocó, entre otros
aspectos, el carácter subsidiario de la tutela. Los demás escritos de contestación e

3 Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia

dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código
de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> En todo caso,
la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03487-01
Accionante: Andrés Fabián Borrero Beltrán
Confirma improcedencia

informes remitidos al expediente se tienen presentes en cuanto conciernen al objeto de
esta segunda instancia.

F. Sentencia impugnada

15. Mediante sentencia del 18 de junio de 2026, la Sección Primera del Consejo de Estado
negó la solicitud de desvinculación presentada por el departamento del Vaupés y declaró
improcedente la demanda de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional.

16. Con fundamento en las sentencias C-590 de 2005 y SU-573 de 2019 de la Corte
Constitucional, explicó que este presupuesto busca preservar la competencia e
independencia de los jueces ordinarios e impedir que el mecanismo constitucional se
utilice para resolver controversias de mera legalidad o naturaleza económica.

17. Finalmente, consideró que la solicitud de amparo se dirigía a controvertir la condena
en costas impuesta por el Tribunal Administrativo del Meta, lo que suponía reabrir una
discusión de carácter legal y patrimonial que correspondía al juez natural. Por
consiguiente, concluyó que no se satisfacía el segundo de los tres criterios que integran
el requisito de relevancia constitucional y, en consecuencia, declaró improcedente la
acción.

G. Impugnación

18. El accionante impugnó la decisión y pidió que se reconsiderara la conclusión sobre
falta de relevancia constitucional. Explicó que su cuestionamiento no pretendía
simplemente eliminar una carga económica, sino denunciar la motivación incompleta de
la condena en costas y la aplicación parcial del artículo 188 del CPACA, que, en su
opinión, comprometían el debido proceso, el acceso a la justicia y la gratuidad.

19. Reiteró que la reforma del artículo 474 de la Ley 2080 de 2021 exigía analizar la
manifiesta carencia de fundamento legal de la demanda y que el Tribunal se limitó a
examinar el vencimiento y la actuación de los abogados. Citó decisiones de tutela de la
Sección Segunda de 2024 que, a su juicio, respaldan su entendimiento; sostuvo que la
demanda ordinaria tenía fundamento legal y que la falta de valoración de ese extremo
resultaba decisiva. La impugnación fue radicada el 2 de julio de 2026 y concedida por
auto del 8 de julio del mismo año.

II. CONSIDERACIONES

H. Competencia

20. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
conocer de la impugnación de conformidad con el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de

4 Artículo 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011:

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la
demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03487-01
Accionante: Andrés Fabián Borrero Beltrán
Confirma improcedencia

1991 y las reglas de distribución de tutelas previstas en el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena del Consejo de Estado.

I. Sentido de la decisión

21. La Sala confirmará la decisión impugnada. Como se expondrá, el actor presenta una
discrepancia acerca de la interpretación y aplicación de los artículos 188 del CPACA y
365 del CGP para determinar las costas del proceso ordinario, sin justificar en este caso
una afectación constitucional autónoma que habilite el examen excepcional de la
providencia judicial.

J. Relevancia constitucional

22. La acción de tutela contra providencias judiciales es excepcional. Entre sus requisitos
generales se encuentra la relevancia constitucional, que exige identificar un problema
genuino relacionado con el contenido, alcance o goce de un derecho fundamental y evita
que el mecanismo constitucional se convierta en un recurso adicional para revisar asuntos
atribuidos al juez natural. La sola invocación del debido proceso o del acceso a la justicia
no reemplaza la explicación de la afectación constitucional concreta5.

23. La Corte Constitucional ha explicado, entre otras, en las sentencias SU-573 de 2019
y SU-215 de 2022, que para verificar ese presupuesto deben distinguirse los problemas
constitucionales de las controversias exclusivamente legales o económicas, exigirse una
argumentación clara sobre la afectación de derechos fundamentales y descartarse el uso
de la tutela como tercera instancia. El carácter patrimonial de una controversia no excluye
automáticamente toda relevancia constitucional; es necesario examinar el contenido
efectivo de los reproches y las circunstancias del caso6.

K. Caso concreto

24. En el presente asunto, la Sala advierte que el accionante pretende reabrir, mediante
la acción de tutela, el debate sobre la condena en costas impuesta por el Tribunal
Administrativo del Meta en la sentencia del 30 de octubre de 2025.

25. En efecto, el reproche se dirige contra la interpretación del artículo 188 del CPACA,
modificado por la Ley 2080 de 2021, pues considera que, antes de imponer dicha
condena, el Tribunal debió establecer si la demanda ordinaria fue presentada con
manifiesta carencia de fundamento legal.

26. Sin embargo, la autoridad judicial accionada examinó la procedencia de las costas y
explicó que, por tratarse de una controversia de naturaleza particular y subjetiva,
correspondía aplicar el criterio objetivo y valorativo previsto en los numerales 1.º y 8.º del
artículo 365 del CGP. Con fundamento en esas disposiciones, condenó al demandante
por haber resultado vencido en el proceso y encontrarse acreditada la causación de las
costas. Al respecto, el fallo cuestionado, textualmente, dispuso:

5 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño; sentencia SU-573 de 2019,

M. P. Carlos Bernal Pulido.
6 Corte Constitucional, sentencias SU-573 de 2019 y SU-215 de 2022; véase también sentencia C-590 de

2005.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03487-01
Accionante: Andrés Fabián Borrero Beltrán
Confirma improcedencia

“No obstante, la sala considera que la interpretación que hizo el juzgado sobre la condena
es costas es equivocada, pues, conforme a lo dispuesto en los ordinales 1.º y 8.º del
artículo 365 de la Ley 1564 de 2012, la condena en costas se rige por un criterio objetivo
y valorativo, y no por uno subjetivo”.

[…]

“En el expediente se encuentra acreditado que la parte demandada desplegó actuaciones
procesales que generaron la causación de costas, particularmente, al contestar la
demanda, aportar pruebas documentales, formular alegatos de conclusión y sostener la
defensa jurídica hasta la finalización del proceso.

Por tanto, al haber resultado totalmente desfavorables las pretensiones de la parte
demandante y encontrarse comprobada la causación de costas conforme a los numerales
1.º y 8.º del artículo 365 de la Ley 1564 de 2012, se configura el supuesto normativo que
impone su reconocimiento”.

27. Así las cosas, la controversia planteada por el actor se circunscribe a determinar cuál
es la interpretación que debe darse a las normas que regulan la condena en costas y si
estas fueron correctamente aplicadas en el proceso ordinario. Se trata, por tanto, de una
discusión de carácter legal y económico que fue resuelta por el juez natural y que el
accionante pretende someter nuevamente a consideración del juez constitucional.

28. La Sala precisa que, aunque el accionante invoca la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, sus
argumentos no permiten identificar una cuestión constitucional autónoma que trascienda
su inconformidad con la condena y sus consecuencias patrimoniales.

29. En consecuencia, la Sala comparte la conclusión de la Sección Primera del Consejo
de Estado, que, mediante sentencia del 18 de junio de 2026, declaró improcedente la
acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional. En efecto,
la discusión propuesta por el accionante no justifica la intervención excepcional del juez
de tutela, pues ello supondría reabrir el examen de una cuestión de naturaleza legal y
económica que ya fue decidida dentro del proceso ordinario. Por consiguiente, se
confirmará la sentencia impugnada.

30.Esta conclusión encuentra respaldo en decisiones del Consejo de Estado que han
declarado improcedentes acciones de tutela dirigidas a controvertir condenas en costas
cuando la inconformidad se limita a la interpretación de las disposiciones que regulan su
imposición.

31. En particular, en sentencia del 23 de julio de 2026, expediente 11001-03-15-000-2026-
04738-00 (M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil), la Sección Quinta examinó una tutela
promovida también contra el Tribunal Administrativo del Meta en la que se cuestionaba la
condena en costas con fundamento en el artículo 188 del CPACA, su modificación por la
Ley 2080 de 2021 y el precedente de la Sección Segunda7.

7 Véanse, además, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia

del 23 de julio de 2026, rad. 11001-03-15-000-2026-03071-01, M. P. Omar Joaquín Barreto Suárez y
Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de agosto de 2026, rad. 11001-03-15-000-2026-06238-
00, M. P. Luis Eduardo Mesa Nieves.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03487-01
Accionante: Andrés Fabián Borrero Beltrán
Confirma improcedencia

32. La referida sentencia declaró improcedente el amparo constitucional al considerar que
la discrepancia con la interpretación jurídica adoptada por el Tribunal y sus consecuencias
patrimoniales no acreditaban, por sí solas, la relevancia constitucional del asunto.

33. Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, que
declaró improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia proferida el 18 de junio de 2026 por la Sección
Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela presentada
por Andrés Fabián Borrero Beltrán, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE esta providencia a las partes y a los intervinientes, por el
medio más expedito, en los términos del artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
en los términos del artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado

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