Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03487-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03487-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03487-00
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
18 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2026 03487 00
Accionante: Andrés Fabián Borrero Beltrán
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta – Sala de Decisión Oral
Cuatro
Acción: Acción de tutela
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela por no cumplir
con el requisito general de relevancia constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela promovida por el señor Andrés Fabián Borrero Beltrán
en contra de la providencia proferida el 30 de octubre de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Meta, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado núm. 95001 33 33 001 2024 00060 00/01.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Andrés Fabián Borrero Beltrán, actuando por conducto de apoderado, promovió
acción de tutela en contra de la precitada providencia y para ello formuló las siguientes
pretensiones1:
1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META en sentencia
proferida del 30 de octubre de 2025 dentro del proceso 95001-33-33-001-2024-
00060-01, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO,
ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y PRINCIPIO DE
GRATUIDAD del docente, habida cuenta que las razones de la decisión no se
ajustan a los postulados de la ley y al precedente judicial del órgano de cierre en
la jurisdicción contencioso administrativo
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL META la providencia judicial referida en el numeral
anterior y, proceda a efectuar el examen de procedencia de la condena en costas
impuestas al proceso ordinario conforme la normatividad vigente y el precedente
jurisprudencial vertical en aras de salvaguardar las garantías iusfundamentales de
la accionante. [Mayúscula del escrito de tutela].
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante informó que el 10 de mayo de 2022 solicitó el reconocimiento de sus
cesantías a través del Sistema Humano en Línea, petición que fue resuelta
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 03487 00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Accionante: Andrés Fabián Borrero Beltrán
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta
favorablemente mediante la Resolución núm. VAUPEE202200001 del 10 de noviembre
de 2022, y el pago correspondiente se efectuó el 21 de diciembre del mismo año.
Posteriormente, el 13 de diciembre de 2022, formuló reclamación con el fin de obtener el
reconocimiento y pago de la sanción por mora prevista en la Ley 1071 de 2006 y la Ley
1955 de 2019. No obstante, obtuvo respuesta negativa mediante Oficio núm. P.S.M-003
del 5 de enero de 2024.
En virtud de lo anterior, manifestó que promovió medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y el departamento del
Vaupés.
El proceso fue conocido por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de San José
del Guaviare que, mediante sentencia del 16 de diciembre de 2024 negó las pretensiones
de la demanda y no condenó en costas.
En contra de la anterior decisión se interpuso recurso de apelación y en sentencia del 30
de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo del Meta revocó el ordinal segundo
relacionado con la condena en costas y, en su lugar, impuso dicha condena en primera
instancia a la parte demandante, a favor del FOMAG y del departamento del Vaupés.
Asimismo, confirmó en lo demás la sentencia proferida por el a quo.
Respecto de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, el accionante manifestó que el asunto reviste relevancia
constitucional, al advertirse una indebida imposición de condena en costas dentro de una
controversia laboral. Al efecto, señaló que la autoridad judicial accionada aplicó un criterio
exclusivamente objetivo, limitado a verificar la condición de parte vencida, sin atender la
modificación normativa introducida por el legislador, según la cual la imposición de costas
exige verificar la manifiesta carencia de fundamento legal de la demanda.
Agregó que:
[…] la solicitud de amparo constitucional cumple con el requisito de inmediatez
como quiera que el ejercicio del mecanismo de marras se promovió en el término
de los seis meses como exige la jurisprudencia de las altas cortes. Asimismo, se
satisface la exigencia de la subsidiariedad, ya que el señor Andrés Fabián Borrero
Beltrán acudió a la acción ordinaria para la protección de sus derechos
fundamentales y, de igual manera, agotó el recurso de apelación contra la decisión
que resultó desfavorable en el proceso ordinario […].
Indicó que el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, aplicable a los procesos de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, impone al juez el deber de evaluar, en todo
caso, si la demanda cuenta con sustento fáctico y jurídico suficiente. Destacó que la
expresión «en todo caso» implica una obligación de análisis integral en todas las
controversias sometidas a esa jurisdicción, sin admitir excepciones. Por ello, consideró
improcedente que la autoridad judicial hubiera otorgado a la disposición un alcance
distinto al previsto por el legislador, omitiendo un requisito determinante para la
imposición de la condena en costas.
Aseguró que el tribunal accionado se apartó del precedente consolidado del Consejo de
Estado en asuntos laborales, conforme al cual la condena en costas exige un análisis
objetivo y valorativo que contemple la conducta procesal de las partes. Sin embargo,
advirtió que dicho apartamiento careció de justificación suficiente, pues no se expusieron
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Accionante: Andrés Fabián Borrero Beltrán
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta
razones que sustentaran la adopción de un criterio distinto al fijado por la alta corporación,
orientado por el principio de favorabilidad y la protección de los derechos fundamentales.
Afirmó, además, la configuración de un defecto sustantivo, al estimar que la decisión
cuestionada no obedeció a una interpretación amparada por la autonomía judicial, sino a
una aplicación indebida del régimen normativo sobre condena en costas, derivada de la
omisión de elementos esenciales previstos en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011. A
su juicio, dicha omisión desconoció el principio de inescindibilidad normativa y condujo a
un análisis incompleto de los presupuestos exigidos para imponer esta carga económica,
al no verificarse si la demanda contaba con soporte fáctico y jurídico suficiente.
Sostuvo que, de haberse efectuado esa valoración conforme a la normativa vigente, la
decisión habría sido distinta, dada la mayor carga argumentativa incorporada por la Ley
2080 de 2021.
Igualmente, puso de presente el desconocimiento del precedente de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, según el cual, en asuntos laborales, la condena en costas no
opera de manera automática frente a la parte vencida, sino que requiere un examen
concreto de la conducta procesal, encaminado a establecer la existencia de actuaciones
dilatorias, mala fe o una demanda manifiestamente carente de fundamento legal. En
consecuencia, sostuvo que la sola derrota en el litigio no constituye fundamento suficiente
para imponer dicha carga, siendo necesaria una motivación expresa sobre el
cumplimiento de los presupuestos legales.
Finalmente, indicó que su planteamiento encuentra respaldo en decisiones del Consejo
de Estado proferidas en sede de tutela, en las que se ha reiterado que la condena en
costas no puede imponerse automáticamente. En tales pronunciamientos se ha
cuestionado la omisión del análisis objetivo-valorativo, particularmente la ausencia de
verificación sobre la manifiesta carencia de fundamento legal de la demanda,
concluyéndose que esta falencia vulnera el derecho fundamental al debido proceso y
justifica la intervención del juez constitucional.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 6 de mayo de 20262 y correspondió por reparto a esta
Sección que, por auto del 11 de mayo de 20263 la admitió y dispuso notificar4 al Tribunal
Administrativo del Meta como parte accionada, así como vincular5 al Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de San José del Guaviare, a la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
y al departamento del Vaupés, como terceros con interés en el resultado del proceso.
De igual forma, se requirió al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de San José
del Guaviare y al Tribunal Administrativo del Meta para que allegaran copia digital del
expediente correspondiente al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
identificado con radicado núm. 95001 33 33 001 2024 00060 00/01.
2 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03487 00.
3 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03487 00.
4 Esta orden se cumplió el 14 de mayo de 2026. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 03487 00.
5 Ibidem
3
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Accionante: Andrés Fabián Borrero Beltrán
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta
3.2. El departamento del Vaupés allegó escrito6 en el que solicitó su desvinculación del
presente trámite tutelar, al considerar que no le asiste obligación ni responsabilidad
alguna.
Sostuvo que no ha incurrido en acciones u omisiones que vulneren o pongan en riesgo
los derechos fundamentales del accionante.
Asimismo, pidió declarar la improcedencia de la acción de tutela por incumplimiento del
requisito de inmediatez, dado que la sentencia de segunda instancia fue proferida el 30
de octubre de 2025 y notificada el 6 de noviembre de 2025, mientras que la tutela se
interpuso el 6 de mayo de 2026, es decir, seis meses después de dicha notificación.
3.3. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de San José del Guaviare presentó
escrito7 en el que solicitó declarar improcedente la acción de tutela, al no evidenciarse
vulneración de derechos fundamentales atribuible a su actuación.
Indicó que el proceso se tramitó con plena observancia de las garantías procesales. En
consecuencia, no advierte irregularidades en las actuaciones de primera instancia que
comprometan los derechos invocados. Precisó, además, que la inconformidad del
accionante se dirige específicamente contra la decisión del Tribunal Administrativo del
Meta en segunda instancia, en particular respecto de la condena en costas.
3.4. El Ministerio de Educación allegó escrito8 en el que solicitó declarar improcedente la
acción de tutela, al considerar que no se acreditó una afectación grave de los derechos
fundamentales ni de las garantías procesales invocadas, ni un impacto que comprometa
la subsistencia del accionante o su acceso a la administración de justicia.
Agregó que se trata de una controversia de carácter estrictamente económico, propia de
un litigio entre intereses privados, lo cual excede el ámbito de competencia del juez de
tutela.
3.5. El Tribunal Administrativo del Meta presentó informe9 en el que solicitó declarar
improcedente la acción de tutela, por dirigirse contra una providencia judicial proferida en
ejercicio legítimo de la función jurisdiccional, tras haberse agotado el trámite ordinario
con respeto del debido proceso.
Señaló que el accionante contó con un medio de defensa judicial idóneo y eficaz, que
ejerció plenamente dentro del proceso ordinario.
Agregó que el asunto fue decidido en dos instancias, con garantía de los derechos de
contradicción y defensa, valoración probatoria y análisis de los argumentos de las partes.
En ese contexto, la acción de tutela no puede utilizarse como un mecanismo adicional
para reabrir una controversia ya resuelta ni para replantear el análisis jurídico o probatorio
propio del juez natural.
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Visto en el índice 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03487 00.
7
Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03487 00
8
Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03487 00
9
Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
11001 03 15 000 2026 03487 00
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Accionante: Andrés Fabián Borrero Beltrán
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta
4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 10 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,11 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 202112, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 201913, modificado por el Acuerdo núm. 434 del
10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula
la distribución de procesos entre las secciones.
4.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente14:
4.2.1. El señor Andrés Fabián Borrero Beltrán, por conducto de apoderado judicial,
promovió medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación -
Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG) y el departamento del Vaupés cuya pretensión principal fue la
declaratoria de nulidad del Oficio núm. P.S.M. 003 del 5 de enero de 2024 que negó el
reconocimiento de la sanción moratoria conforme a las Leyes 1071 de 2006 y 1955 de
2019.
Como consecuencia y a título de restablecimiento del derecho, solicitó ordenar a las
entidades demandadas el reconocimiento y pago de la sanción por mora prevista en la
Ley 1071 de 2006.
4.2.2. Por reparto, el conocimiento del proceso correspondió al Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de San José del Guaviare, el cual, mediante sentencia del 16
de diciembre de 2024, negó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas.
4.2.3. Inconforme con esta decisión, el departamento del Vaupés interpuso recurso de
apelación y el Tribunal Administrativo del Meta, mediante sentencia del 30 de octubre de
2025, notificada el 6 de noviembre de 2026, revocó el ordinal segundo en lo referente a
costas y, en consecuencia, condenó en costas de primera instancia al demandante.
Adicionalmente, confirmó en todo lo demás la sentencia apelada, así:
1. REVOCAR el ordinal segundo de la sentencia apelada, por las razones
expuestas en la parte considerativa. En su lugar, CONDENAR en costas de
primera instancia a la parte demandante y a favor del Fomag y el departamento
del Vaupés.
2. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada.
10 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
11 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece
las reglas de reparto de la acción de tutela.
12 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
13 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
14 Lo que se desprende del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con el radicado núm. 95001 33 33 001 2024 00060 00/01.
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4.3. CUESTIÓN PREVIA
Frente a la solicitud de desvinculación presentada por el departamento del Vaupés, la
Sala advierte que no está llamada a prosperar comoquiera que dicha entidad actuó como
parte demandada en el proceso ordinario identificado con el radicado núm. 95001 33 33
001 2024 00060 00/01, objeto de debate en esta acción constitucional, por lo tanto, le
asiste interés en el resultado de este trámite tutelar.
4.4. ANÁLISIS DE LA SALA
Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.
El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe verificar es la
relevancia constitucional y, para ello, la Sala se detendrá en (i) los criterios que la
jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se
discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii)
caso concreto.
4.4.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que
[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […]15.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y en la sentencia SU –
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades16:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.
15 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
16 Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de 2021 y SU 103 de 2022.
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(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia 17. De manera
que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar la relevancia constitucional.
4.4.2. Caso concreto
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, analizará el
segundo criterio que la compone, esto es, preservar la competencia y la independencia
de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.
Frente al segundo elemento, la Corte Constitucional ha dicho que18
[…] la controversia debe versar sobre un asunto constitucional, pero no meramente
legal y/o económico. Según la jurisprudencia constitucional, las discusiones de
orden legal, esto es, aquellas relativas a un derecho de índole económica, deben
ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite, dado
que “le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma imprudente en asuntos
de carácter netamente legal o reglamentario”, so pena de “involucrarse
en [cuestiones] que corresponde definir a otras jurisdicciones”. En tales términos,
un asunto carece de relevancia constitucional, según lo ha considerado la
Corte, (i) cuando la discusión se limita a la mera determinación de aspectos legales
de un derecho, como la correcta interpretación o aplicación de una norma “de rango
reglamentario o legal”, salvo que de esta “se desprend[a]n violaciones a los
derechos y deberes constitucionales” o (ii) cuando sea evidente su naturaleza o
contenido económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con
connotaciones particulares o privadas, “que no representen un interés general” […].
[Subrayado fuera del texto].
En ese sentido, anotó que:19
[…] en tales términos, un asunto carece de relevancia constitucional, según lo ha
considerado la Corte, (i) cuando la discusión se limita a la mera determinación
de aspectos legales de un derecho, como la correcta interpretación o aplicación de
una norma “de rango reglamentario o legal”, salvo que de esta “se desprend[a]n
violaciones a los derechos y deberes constitucionales” o (ii) cuando sea evidente su
naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia estrictamente
monetaria con connotaciones particulares o privadas, “que no representen un
interés general. [Subrayado fuera del texto].
La Sala considera que, en este evento, no se cumple el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que el segundo elemento que la compone, esto es, preservar
la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la
17 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del 29
de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente núm. 11001
0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
18
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
19 Ibidem.
7
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constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos
de mera legalidad o de naturaleza económica, no está superado.
Lo anterior, debido a que la discusión planteada en la solicitud de amparo está
relacionada con la imposición de costas ordenada en la providencia acusada, lo que
implica un debate meramente legal y económico.
Bajo dicho contexto, la acción de tutela es improcedente porque no se cumple el segundo
criterio que compone el requisito general de relevancia constitucional. Valga precisar que,
para que un asunto revista trascendencia constitucional, deben estar verificados los tres
elementos que conforman la relevancia, de manera que, si no se logra acreditar alguno
de ellos, la acción de tutela deviene improcedente.
En consecuencia, la Sala concluye que la acción de tutela es improcedente por cuanto
no cumple con el requisito general de relevancia constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el departamento del
Vaupés, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el señor
Andrés Fabián Borrero Beltrán, según lo expuesto en la parte considerativa de esta
sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al
día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 18 de
junio de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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