Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06238-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06238-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-06238-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
27 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06238-00
Accionante: Rosalba Guerrero Cespedes
Accionados: Tribunal Administrativo del Meta
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial. Nulidad y
restablecimiento del derecho.
Decisión: Se declara improcedente por no cumplir el requisito de relevancia
constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela presentada por la señora Rosalba Guerrero Cespedes, quien actúa a través
de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo del Meta, por la presunta
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia; así como principio de gratuidad, ocurrida con la expedición
de la sentencia del 22 de enero de 2026, al interior del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 50001-33-33 004-2024-00215-02.
I. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. La señora Rosalba Guerrero Cespedes, por conducto de apoderada judicial,
instauró una demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional y
el Departamento del Meta, con el fin de obtener el reconocimiento de diferencias
salariales derivadas de los incrementos aplicados a los grados 2A y 2B del escalafón
docente, así como la inaplicación del Decreto 284 de 20241.
3. El asunto fue conocido en primera instancia por el Juzgado Cuarto Administrativo
de Villavicencio, que, mediante sentencia del 13 de diciembre de 2024, negó las
pretensiones de la demanda al concluir que las diferencias salariales obedecían a
criterios objetivos relacionados con formación, competencias y responsabilidades
propias del escalafón docente. Asimismo, condenó en costas a la parte actora.
4. Inconforme con dicha decisión, la actora interpuso recurso de apelación en el que,
entre otros aspectos, solicitó la revocatoria de la condena en costas, al considerar
1
Por el cual se modifica la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en
los niveles de preescolar, básica y media y se dictan otras disposiciones de carácter salarial para el sector educativo estatal.
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Acción de Tutela
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Accionante: Rosalba Guerrero Cespedes
que no existía prueba de su causación y que no se encontraban acreditados los
presupuestos legales para imponerla.
5. El Tribunal Administrativo del Meta, mediante sentencia del 22 de enero de 2026
confirmó la decisión judicial anterior.
2.2. Fundamento jurídico
6. La accionante consideró vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia y al principio de gratuidad, al
estimar que el Tribunal Administrativo del Meta confirmó la condena en costas
mediante una interpretación contraria al régimen jurídico vigente y al precedente
judicial aplicable en materia de lo contencioso-administrativo.
7. Sostuvo que la providencia cuestionada incurrió en defecto sustantivo, pues
habría realizado una aplicación fragmentada del artículo 188 de la Ley 1437 de
2011, al omitir la modificación introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de 20212,
según la cual la condena en costas exige evaluar la manifiesta carencia de
fundamento legal de la demanda.
8. Afirmó que el Tribunal desconoció los principios de integralidad e inescindibilidad
normativa, porque fundamentó la condena principalmente en la condición de parte
vencida de la demandante, sin adelantar el examen que, desde su punto de vista,
imponía la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021.
9. Igualmente, alegó que la autoridad judicial omitió verificar si la demanda ordinaria
contaba con respaldo jurídico y fáctico suficiente, aspecto que consideró
determinante para establecer la procedencia excepcional de la condena en costas
frente a quien ejerce legítimamente el derecho de acción.
10. De otra parte, adujo la configuración de un defecto por desconocimiento del
precedente judicial, al estimar que el Tribunal se apartó de decisiones proferidas
por distintas Subsecciones de la Sección Segunda del Consejo de Estado que han
abordado el alcance de la modificación introducida por la Ley 2080 de 2021 en
materia de costas procesales.
2.3. Pretensiones
11. Con fundamento en lo anterior, solicitó lo siguiente:
«1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META en sentencia
proferida del 22 de enero de 2022 dentro del proceso
50001333300420240021502, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y PRINCIPIO DE
GRATUIDAD del docente, habida cuenta que las razones de la decisión no se
ajustan a los postulados de la ley y al precedente judicial del órgano de cierre en
la jurisdicción contencioso administrativo, referente a la condena en costas.
2
Ley 2080 de 2021. Artículo 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia
de fundamento legal.
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2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL META efectuar el examen de procedencia de la condena
en costas impuestas al proceso ordinario conforme la normatividad vigente y el
precedente jurisprudencial vertical en aras de salvaguardar las garantías
iusfundamentales de la accionante». (Sic en toda la cita)
2.4. Intervenciones
12. Por medio del auto del 10 de agosto de 2026, se admitió la acción de tutela y se
ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Meta como accionado y al Juzgado
Cuarto Administrativo del Circuito de Villavicencio, la Nación – Ministerio de
Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG y el
departamento del Meta, como terceros interesados en el resultado del proceso.
13. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Villavicencio: solicitó que se
declare que el despacho no vulneró los derechos fundamentales invocados.
14. El Ministerio de Educación y el departamento del Meta manifestaron que no
cuentan con legitimación en la causa por pasiva, debido a que la acción de tutela no
se dirige en su contra. Por ende, solicitaron su desvinculación.
15. No se rindieron más informes.
II. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
16. La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de
20193 y demás normas concordantes.
3.2. Problema jurídico
17. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si el Tribunal Administrativo del Meta, incurrió en los defectos sustantivo
y desconocimiento del precedente judicial al proferir la sentencia del 22 de enero de
2026 al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 50001-33-33 004-2024-00215-02.
18. Previo a lo anterior, es necesario establecer si la acción cumple con los requisitos
generales de procedencia, en particular el de relevancia constitucional.
3.3. Procedencia de la acción de tutela
19. La acción de tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución Política de
Colombia de 1991 y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991 así como por los
Decretos 306 de 1992 y 1382 de 2000 compilados en el Decreto 1069 de 2015,
3 Reglamento interno del Consejo de Estado.
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protege los derechos fundamentales cuando son vulnerados o amenazados,
actuando de manera residual o subsidiaria en ausencia de otros medios judiciales,
salvo cuando se requiera utilizar como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
20. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, es posible acudir al recurso de
amparo para proteger derechos fundamentales amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales, ya que el ejercicio de la judicatura debe sujetarse a los
valores, principios y derechos constitucionales, permitiendo el control de
autoridades que excedan los límites impuestos por la Constitución.
21. La acción de tutela, como mecanismo excepcional y residual, exige cumplir unos
requisitos definidos por la Corte Constitucional tras años de elaboración
jurisprudencial. Estos buscan equilibrar la seguridad jurídica, la autonomía judicial y
la protección efectiva de los derechos fundamentales, permitiendo subsanar
controversias en procesos judiciales dentro del marco constitucional.
22. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i)
que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional;
(ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto
ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el
amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la
presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la
irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante
en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de
derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.
3.3.1. La relevancia constitucional como requisito de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales
23. La Corte Constitucional, ha establecido que el requisito de relevancia
constitucional se entiende satisfecho cuando la controversia objeto de tutela trata
de un asunto que involucra algún debate jurídico al contenido, alcance y goce de un
derecho fundamental o un principio constitucional y ha precisado que es imperativo
que se demuestre de forma marcada e indiscutible que se cumple con el referido
requisito4. La finalidad de esta exigencia es la de preservar la independencia de los
jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional e impedir que la acción de
tutela se torne en una instancia o recurso adicional de los procesos ordinarios.
24. En ese sentido, en la Sentencia SU-215 de 20225, se establecieron los siguientes
criterios para determinar si se cumple con el referido requisito:
25. Que la controversia verse sobre un asunto constitucional, mas no
4
Sentencias C-590 de 2005, T-102 de 2006, T-136 de 2015, SU-573 de 2019, SU-073 de 2019 y T-140 de 2022,
proferidas por la Corte Constitucional.
5
Corte Constitucional, Sentencia SU-215 de 2022, MP Cristina Pardo Schlesinger.
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meramente legal y/o económico. Es decir, que el caso no se circunscriba a la
determinación de aspectos legales de un derecho, derivados de la correcta
interpretación o aplicación de una norma de rango legal o reglamentario, y que el
debate no sea estrictamente monetario de ni connotaciones particulares o privadas
que no representen un interés general6.
26. Que el caso verse sobre un debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental. Dicho de otro modo, no basta con
que la parte actora alegue la violación al debido proceso, a la administración de
justicia o a la reparación efectiva, sino que debe ir más allá «de la mera
adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos
fundamentales», lo cual supone justificar de manera razonada y clara la
«existencia de una restricción desproporcionada a un derecho fundamental»7.
(Negrillas de la Sala).
27. Que la acción de tutela no sea empleada como una tercera instancia o un
recurso adicional para reabrir debates resueltos por los jueces ordinarios.
Sobre este punto, el máximo órgano constitucional ha expresado que la tutela contra
providencias judiciales no es un juicio de corrección sino de validez del fallo
cuestionado. Por ende, la intervención del juez constitucional solo se justifica si se
verifica la existencia de «una actuación ostensible arbitraria e ilegítima de la
autoridad judicial, violatoria de las garantías básicas del derecho al debido
proceso»8. Negrillas y subrayas de la Sala.
28. Quela solicitud de amparo que pretenda la protección de los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados, no se haya originado en el
comportamiento negligente u omisivo del accionante en el procedimiento judicial.9
3.3.1.1. Análisis del caso concreto
29. En el caso concreto se advierte que la acción de tutela no cumple con la carga
de relevancia constitucional toda vez que la parte actora pretende que, a través del
amparo constitucional, se resuelva un debate que es de competencia del juez
natural de la causa y claramente desborda sus límites y finalidad.
30. En ese entendido, debe recordarse que la acción de tutela contra providencias
judiciales tiene un carácter absolutamente excepcional, y solo procede cuando se
acreditan, de manera estricta y reforzada, defectos que trasciendan el mero
desacuerdo con la decisión judicial adoptada y demuestren una verdadera
trasgresión ius fundamental.
31. Así las cosas, no cualquier inconformidad con la valoración probatoria o con la
interpretación normativa habilita la intervención del juez constitucional, so pena de
desnaturalizar la acción de tutela y convertirla en una instancia adicional,
circunstancia que va en contravía de lo dispuesto por la jurisprudencia.
6
Sentencias T-610 de 2015, SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y T-410 de 2022 proferidas por la Corte Constitucional.
7
Sentencias SU-439 de 2017, SU-573 de 2019 y T-410 de 2022 proferidas por la Corte Constitucional.
8
Sentencias T-555 de 2009, T-016 de 2019 y T- 410 de 2022, proferidas por la Corte Constitucional.
9
Sentencias SU-128 de 2021 y T-410 de 2022 proferidas por la Corte Constitucional.
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32. En ese entendido, aunque la demanda se estructura formalmente bajo las
causales específicas de defecto sustantivo y desconocimiento del precedente
judicial, del examen integral de sus argumentos se advierte que ambos reproches
convergen en una misma inconformidad: la discrepancia de la actora con la
interpretación que el Tribunal Administrativo del Meta realizó del artículo 188 de la
Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, al confirmar
la condena en costas impuesta dentro del proceso ordinario.
33. La Sala observa que la accionante no cuestiona la ausencia absoluta de
pronunciamiento sobre la materia, ni denuncia una decisión carente de motivación,
arbitraria o abiertamente caprichosa. Por el contrario, su desacuerdo radica en que
la autoridad judicial accionada no acogió la interpretación normativa que ella
considera correcta respecto de los presupuestos para imponer condena en costas
después de la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021. En otras palabras,
pretende que el juez constitucional sustituya el criterio jurídico adoptado por
el juez natural por aquel que estima más ajustado al ordenamiento jurídico.
34. Tal planteamiento resulta insuficiente para acreditar el requisito de relevancia
constitucional, toda vez que la jurisprudencia ha sido uniforme en señalar que la
tutela contra providencias judiciales no constituye un mecanismo orientado a
escoger entre interpretaciones jurídicas plausibles ni una instancia destinada a
corregir desacuerdos hermenéuticos surgidos dentro del ejercicio ordinario de la
función jurisdiccional. Su finalidad se limita a conjurar actuaciones judiciales
ostensiblemente arbitrarias que comprometan de manera real y directa derechos
fundamentales.
35. Ahora bien, el expediente demuestra que el Tribunal Administrativo del Meta no
ignoró la discusión jurídica propuesta por la parte actora. Por el contrario, reseñó
los argumentos expuestos en el recurso de apelación y emprendió un estudio
específico del régimen normativo aplicable, incluyendo el alcance del artículo 188
del CPACA, la modificación introducida por la Ley 2080 de 2021 y las distintas
posturas jurisprudenciales existentes en el Consejo de Estado sobre la materia.
36. Asimismo, la propia providencia reconoció que la cuestión debatida ha sido
objeto de interpretaciones divergentes dentro de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo10, circunstancia que evidencia la existencia de una controversia
hermenéutica legítima y no el desconocimiento manifiesto de una regla jurídica
unívoca. Por tal razón, el desacuerdo planteado por la accionante se ubica en el
ámbito de la interpretación judicial y no en el de una actuación ostensiblemente
arbitraria o caprichosa susceptible de control constitucional.
37. Aunado a lo anterior, se advierte que el principal supuesto sobre el cual se
estructura la acción de tutela carece de respaldo en las actuaciones procesales. En
ese entendido, la accionante sostuvo que el Tribunal desconoció la modificación
10
Sentencia complementaria del 11 de diciembre de 2025, Tribunal Administrativo del Meta, - «En cuanto al criterio vigente
para la imposición de costas, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha abordado el tema con mayor rigor, aunque con
posiciones divergentes tanto entre sus subsecciones como al interior de ellas. Por una parte, existen decisiones6 que
interpretan que la Ley 1437 de 2011 consagra un criterio subjetivo, atendiendo la conducta procesal de las partes; mientras
que, por otra, se sostiene que el criterio aplicable es de naturaleza objetiva-valorativa7, basado en la verificación de la
causación de las costas y su comprobación en el expediente».
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introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 al artículo 188 del CPACA; sin
embargo, la lectura de la sentencia de segunda instancia evidencia
precisamente lo contrario.
38. Así las cosas, la autoridad judicial no solo citó expresamente la reforma legal
invocada, sino que examinó su alcance, la finalidad perseguida por el legislador y la
forma en que debía armonizarse con las restantes disposiciones que regulan la
condena en costas11. En consecuencia, la inconformidad de la actora no recae sobre
una omisión de análisis, sino sobre el resultado interpretativo alcanzado por el juez
natural, aspecto que, por sí mismo, resulta insuficiente para conferir relevancia
constitucional a la controversia.
39. En ese entendido, la Sala estima particularmente relevante que el Tribunal no se
limitó a ratificar de manera automática la decisión adoptada en primera instancia
sino que por el contrario, examinó nuevamente la procedencia de la condena en
costas, revisó la jurisprudencia aplicable, estudió la relación entre el CPACA y el
Código General del Proceso y concluyó que en el caso concreto se encontraba
acreditado tanto el elemento objetivo como el elemento valorativo exigidos por el
ordenamiento jurídico.
40. Así las cosas, la providencia contiene una motivación específica 12 orientada
a responder precisamente los argumentos que hoy se reiteran en sede
constitucional, lo que excluye la existencia de una cuestión constitucional
autónoma susceptible de ser revisada por vía de tutela.
41. Por otra parte, la accionante tampoco logra demostrar que la interpretación
acogida por el Tribunal hubiera generado una restricción desproporcionada del
derecho de acceso a la administración de justicia, del debido proceso o del principio
de gratuidad. Su argumentación permanece circunscrita a sostener que existía una
lectura normativa diferente y que algunas decisiones judiciales recientes
respaldarían esa posición. No obstante, la simple existencia de criterios
jurisprudenciales distintos o de discusiones interpretativas sobre una determinada
institución procesal no transforma automáticamente el debate en una cuestión
constitucional.
42. Adicionalmente, admitir la procedencia del amparo en las circunstancias
descritas implicaría convertir la acción de tutela en un mecanismo para reexaminar
la corrección jurídica de toda interpretación judicial respecto de la condena en
costas, desdibujando los principios de autonomía judicial, seguridad jurídica y
distribución constitucional de competencias.
11
Sentencia complementaria del 11 de diciembre de 2025, Tribunal Administrativo del Meta, - «El Alto Tribunal ha señalado
que la interpretación más adecuada de la disposición es aquella que asegura su efectividad mediante una lectura sistemática
de los incisos primero y segundo del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, con la modificación introducida por la Ley 2080 de
2021, lo que implica aplicar la regla general —condena en costas a la parte vencida, demandante o demandada, en cualquier
tipo de proceso—, salvo en aquellos en que se discuta un interés público (acciones públicas). En todo caso, en este tipo de
asuntos será procedente imponer costas al demandante cuando se advierta que la demanda carece por completo de
fundamento legal, pues se busca sancionar el ejercicio infundado e irresponsable del derecho de acción, evitando el desgaste
innecesario del aparato jurisdiccional»15.
12
Ibidem, - «De lo anterior se desprende que el a quo aplicó los parámetros normativos y jurisprudenciales vigentes al decidir
sobre la condena en costas. Por una parte, consideró que la demandante era la parte vencida en el proceso (criterio objetivo);
y, por otra, contrario a lo sostenido por el recurrente, no se limitó a este elemento, sino que también tuvo en cuenta el aspecto
valorativo, al señalar en la sentencia que las costas se encontraban acreditadas con la actividad procesal desplegada por los
apoderados de las entidades demandadas».
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43. Por lo anterior, cabe precisar, que la intervención del juez constitucional
únicamente se justifica cuando se evidencia una actuación manifiestamente
irrazonable, arbitraria o incompatible con la Constitución, escenario que no se
configura en el presente asunto. Lejos de ello, lo que se advierte es una providencia
judicial que examinó expresamente el problema planteado, identificó las distintas
posturas existentes sobre la materia y adoptó una de ellas mediante una motivación
suficiente y coherente.
44. En consecuencia, la Sala concluye que la solicitud de amparo se orienta a reabrir
una discusión jurídica ya resuelta por las autoridades judiciales acerca del alcance
del artículo 188 del CPACA y de la Ley 2080 de 2021, sin que se identifique una
cuestión constitucional autónoma que justifique la activación del mecanismo
excepcional de tutela contra providencias judiciales.
45. Así las cosas, en los términos en que fue planteada la controversia, la Sala
declarará la improcedencia de la acción de tutela toda vez que se evidenció que la
misma no cumple con el requisito de relevancia constitucional.
46. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela de la referencia, de
acuerdo con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de que no sea impugnada, REMITIR el expediente de la
actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
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