RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-03116-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03116-00

Fecha
2 de junio de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03116-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el señor Andrés Mauricio Beltrán Santana, de conformidad con los argumentos expuestos en precedencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: De no ser impugnada, REMITIR el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03116-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

2 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Dos (2) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03116-001
Accionante: Andrés Mauricio Beltrán Santana
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de
Carrera Judicial

Tema: Acción de tutela por la presunta vulneración del derecho al debido
proceso, acceso a la administración de justicia y acceso a la carrera
administrativa

Decisión: Declarar improcedente la acción por no satisfacer el requisito de
subsidiariedad

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela presentada por el señor Andrés Mauricio Beltrán Santana, actuando por
intermedio de apoderado, en contra de la Unidad de Administración de la Carrera
Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales del debido proceso, acceso a la administración de justicia y
acceso a la carrera administrativa igualdad.

II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos

2. El señor Andrés Mauricio Beltrán Santana, manifestó que el Consejo Superior de
la Judicatura convocó a concurso de méritos para proveer los cargos de funcionarios
de la Rama Judicial, mediante el Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018, denominado
Convocatoria 27, en la cual el accionante participó en dicho proceso con el objetivo
de acceder al cargo de Magistrado de Tribunal Superior de Distrito Judicial, pero no
obtuvo un puntaje aprobatorio, razón por la cual interpuso recursos de reposición y
aclaración en contra de la calificación, alegando error en el cálculo del puntaje de
conocimientos y aptitudes, y error en la redacción de posibles respuestas en algunas
preguntas.

3. Explicó que promovió una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho para
controvertir ciertos actos administrativos proferidos dentro de la convocatoria. El
medio de control mencionado correspondió por reparto al Juzgado 54 Administrativo

1
Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede Electrónica de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202603116001100103

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicación: 11001–03–15–000–2026–03116–00
Accionante: Andrés Mauricio Beltrán Santana

del Circuito de Bogotá, autoridad judicial que resolvió de manera desfavorable la
solicitud de medidas cautelares elevada por el demandante en esa sede.

4. Explicó que el 6 de marzo de 2026 se expidió la Resolución PCSJSR26-051, por
medio de la cual conformó el Registro Nacional de Elegibles para el cargo aspirado y
publicó la relación de aspirantes por sede, por lo que considera que, ante la
inminencia de los nombramientos y la negativa de suspensión en el proceso ordinario,
fue necesario acudir a la acción de tutela transitoria para obtener su inclusión en la
etapa de verificación y frenar la firmeza del registro.

2.2. Fundamento jurídico

5. Indicó que la intervención de manera excepcional resulta válida por cuanto la mora
en las decisiones judiciales compromete derechos fundamentales y configura un
perjuicio irremediable, escenario que ocurre en el proceso de Andrés Mauricio Beltrán
Santana. El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho carece de
eficacia ante el trámite de más de dos años y medio sin fallo de fondo y la demora de
cuatro meses para resolver las medidas cautelares previstas en el artículo 229 del
CPACA. Esta situación, unida al avance del concurso de méritos y a la consolidación
de los registros de elegibles, genera un riesgo real de exclusión definitiva que faculta
la intervención de la Sala para salvaguardar el acceso a la carrera administrativa.

2.3. Pretensiones

6. Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«Ordenar a la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de
la Judicatura que, dentro de un término perentorio que el despacho estime razonable y
que no supere las 48 horas o el plazo que se considere prudencial proceda a incorporar
a mi poderdante a la etapa actual del proceso de la Convocatoria 27, (i) proceda a la
verificación de documentos y se tenga por admitido (ii) Se otorgue un término individual
para la etapa de homologación y/o exoneración del Curso de Formación Judicial por
estar mi prohijado actualmente en propiedad como Juez de la República, (iii) Se
consolide el puntaje definitivo de los ítems de - Prueba de Conocimientos, - Prueba
Psicotécnica,- Curso de Formación Judicial,- Experiencia Adicional y Docencia
Capacitación Adicional, (iv) se integre el nombre de mi poderdante al registro de
elegibles.». (Sic)

2.4. Intervenciones

2
7. La acción de tutela fue admitida mediante auto del 23 de abril de 2026 , mediante
el cual se ordenó notificar a la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura y determinó vincular al Juzgado 54 Administrativo
de Bogotá y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial como terceros con
interés en el resultado del proceso.

8. La Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura sostuvo que omitió vulnerar los derechos fundamentales del actor, pues
carece de trámites pendientes en su favor. Asimismo, precisó que la jurisdicción
contencioso administrativa, a través del Juzgado 54 Administrativo de Bogotá, ya

2
Memorial visible en el índice 4 del expediente digital disponible en SAMAI.

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicación: 11001–03–15–000–2026–03116–00
Accionante: Andrés Mauricio Beltrán Santana

resolvió la solicitud de medidas cautelares en el proceso ordinario, por lo tanto, la
autoridad accionada argumentó que la tutela resulta improcedente como
mecanismo transitorio, toda vez que el despacho natural ya evaluó y denegó la
protección solicitada en esa sede.

9. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial requirió su desvinculación
del trámite constitucional por improcedencia de la acción y advirtió que la tutela
carece de idoneidad para debatir criterios de evaluación técnica en concursos de
mérito. Además, señaló que la suspensión de la Resolución PCSJSR26-051 y del
Registro Nacional de Elegibles afectaría los derechos de terceros aspirantes que
avanzaron legítimamente en el proceso, circunstancia que generaría inseguridad
jurídica y vulneraría el principio de confianza legítima.

10. La Jueza 54 Administrativo del Circuito de Bogotá defendió la validez de sus
actuaciones procesales y precisó que garantizó el derecho al debido proceso y el
acceso a la administración de justicia a través del trámite previsto en la Ley 1437 de
2011. Finalmente, la funcionaria aclaró que omitió incurrir en vías de hecho o mora
injustificada, y resaltó que el accionante dispone de todas las garantías legales.

11. El señor Jorge Alfredo Vargas Arroyo3 solicitó declarar improcedente la
acción de tutela señalando que esta incumple con el requisito de subsidiariedad,
toda vez que la discusión planteada debe continuar y definirse exclusivamente
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho actualmente
en curso.
III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

12. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo 080 de 20194 demás normas
concordantes.

3.2. Problema jurídico

13. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe en
determinar si la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior
de la Judicatura vulneró los derechos fundamentales invocados del señor Andrés
Mauricio Beltrán Santana. Para tal fin, la Sala establecerá si la ineficacia del medio
de control ordinario y la mora en la resolución de las medidas cautelares justifican
la procedencia del amparo transitorio para ordenar la incorporación del actor a las
etapas vigentes de la Convocatoria 27.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

14. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015. Fue creada

3
Índice 24 del aplicativo SAMAI
4
Reglamento interno del Consejo de Estado.

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicación: 11001–03–15–000–2026–03116–00
Accionante: Andrés Mauricio Beltrán Santana

para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las personas, cuando
estos sean vulnerados o amenazados por parte de las autoridades o por particulares
en los casos expresamente señalados en el primer decreto anotado.

15. Lo anterior, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial
para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el
carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

16. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso.
De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el
delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

17. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i)
que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional;
(ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto
ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el
amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la
presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la
irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante
en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de
derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.

3.3.1. Del requisito de subsidiariedad

18. Elinciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagró el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determinó
que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial», precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto
2591 de 1991.

19. Así las cosas, cuando existen otros mecanismos de defensa judicial que resultan
idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran
amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la tutela.

20. Al respecto, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona
recurre a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicación: 11001–03–15–000–2026–03116–00
Accionante: Andrés Mauricio Beltrán Santana

derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas
a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su
competencia.5

21. No obstante, es claro que en determinadas oportunidades el enfoque bajo el cual
se resuelven no es suficiente para precaver la vulneración de derechos
fundamentales, puesto que los recursos pueden ser ineficientes o inadecuados,
momento en el cual la tutela se torna procedente para precaver la eventual
conculcación de estas garantías de orden superior.

4. Análisis del caso concreto

22. La Sala advierte que la presente acción de tutela resulta improcedente, toda vez
que el actor cuenta con un mecanismo judicial ordinario idóneo y eficaz para
controvertir los actos administrativos expedidos dentro de la Convocatoria 27, esto
es, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el
artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, trámite que actualmente cursa ante el Juzgado
Cincuenta y Cuatro Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá con el radicado
11001-33-42-054-2023-00230-00.

23. En efecto, el accionante acudió a la jurisdicción de lo contencioso administrativo
y dentro de dicho proceso promovió solicitud de medidas cautelares, respecto de
las cuales el juez natural emitió pronunciamiento. Inclusive, el trámite avanzó hasta
la celebración de la audiencia inicial, circunstancia que evidencia que el litigio se
encuentra en curso y bajo conocimiento de la autoridad competente. En esas
condiciones, la acción de tutela no puede convertirse en un mecanismo alterno para
reabrir el debate ya sometido al juez administrativo ni para sustituir las decisiones
adoptadas dentro del proceso judicial contencioso.

24. Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado de manera reiterada que la
acción de tutela no constituye una instancia paralela para cuestionar actuaciones
judiciales o administrativas respecto de las cuales el ordenamiento jurídico prevé
medios ordinarios de defensa eficaces. Sobre el particular, en la Sentencia SU-691
de 2017, la Corte señaló que la subsidiariedad impide desplazar las competencias
del juez natural cuando el interesado dispone de mecanismos judiciales aptos para
la protección de sus derechos. De igual forma, en la Sentencia SU-067 de 2022, se
recordaron las «tres excepciones a la regla general de improcedencia de la acción de
tutela, en el campo específico de los concursos de mérito6»:

5
En sentencia T-313 de 1 de abril de 2005, se estableció: «En efecto, la Constitución y la ley estipulan (sic) un dispositivo
complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos
constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por
tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de
las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los
instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones».
6
«Tras analizar la línea jurisprudencial existente en la materia, la Corte manifestó lo siguiente en la Sentencia T-049 de 2019:
«[L]a Corte Constitucional recalcó en la sentencia T-315 de 1998, reiterada en los fallos T-1198 de 2001, T-599 de 2002, T-
602 de 2011 y T-682 de 2016, que la acción de amparo, en principio, no procede para controvertir los actos administrativos
que reglamentan o ejecutan un proceso de concurso de méritos, salvo en los siguientes casos:- Cuando la persona afectada
no tenga mecanismo distinto de la acción de tutela, para defender eficazmente sus derechos porque no está legitimada para
impugnar los actos administrativos que los vulneran o porque la cuestión debatida es eminentemente constitucional.- Cuando,
por las circunstancias excepcionales del caso concreto, es posible afirmar que, de no producirse la orden de amparo, podrían
resultar irremediablemente afectados los derechos fundamentales de la persona que interpone la acción».»

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicación: 11001–03–15–000–2026–03116–00
Accionante: Andrés Mauricio Beltrán Santana

«Los actos administrativos que se dicten en el curso de estas actuaciones
administrativas podrán ser demandados por esta vía cuando se presente alguno de los
siguientes supuestos: i) inexistencia de un mecanismo judicial que permita demandar la
protección del derecho fundamental infringido, ii) configuración de un perjuicio
irremediable y iii) planteamiento de un problema constitucional que desborde el marco
de competencias del juez administrativo. A continuación, se explican estas hipótesis.
97. Inexistencia de un mecanismo judicial que permita demandar la protección
del derecho fundamental infringido. La primera excepción se basa en el reconocimiento
de la existencia de ciertos actos que, de conformidad con las reglas del derecho
administrativo, no pueden ser sometidos a escrutinio judicial. En estos casos, la solicitud
de amparo resulta procedente por cuanto «la persona afectada no tiene mecanismo
distinto de la acción de tutela, para defender eficazmente sus derechos porque no está
legitimada para impugnar los actos administrativos que los vulneran»7. Habida cuenta
de esta circunstancia, la acción de tutela actúa «como mecanismo definitivo, cuando se
controvierten actos de trámite o de ejecución que vulneren derechos fundamentales,
comoquiera que tales decisiones no son susceptibles de discusión jurisdiccional ante lo
Contencioso Administrativo»8.
98. Urgencia de evitar el acaecimiento de un perjuicio irremediable. La segunda
excepción a la regla general de improcedencia de la acción de tutela contra estos actos
administrativos se funda en la necesidad de evitar la consolidación de un perjuicio
irremediable9. Este supuesto de hecho se presenta cuando «por las circunstancias
excepcionales del caso concreto, es posible afirmar que, de no producirse la orden de
amparo, podrían resultar irremediablemente afectados los derechos fundamentales de
la persona que interpone la acción»10.
99. Planteamiento de un problema constitucional que desborde el marco de
competencias del juez administrativo. Finalmente, la tercera salvedad reconocida por la
jurisprudencia constitucional se basa en la especial índole que presentan ciertos
problemas jurídicos. De conformidad con el criterio expresado en las sentencias T-160
de 2018 y T-438 de 2018, algunas demandas plantean controversias que desbordan el
ámbito de acción del juez de lo contencioso administrativo. En tales casos, «las
pretensiones del accionante no se dirigen a determinar la legalidad de los actos
administrativos expedidos en desarrollo de la convocatoria, pretensión para la cual
puede acudir a los medios de control de la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
sino que pretende demostrar que la aplicación de estas normas, en su caso concreto,
lesiona sus derechos fundamentales».».

25. Ahora bien, el accionante sostuvo que la tutela resulta procedente debido a la
supuesta ineficacia del medio de control y a la mora en la resolución de las medidas
cautelares solicitadas. Sin embargo, la Sala no encuentra acreditada una
circunstancia excepcional que permita concluir la existencia de un perjuicio
irremediable o la inoperancia del mecanismo judicial ordinario. Por el contrario, el
expediente demuestra que el proceso contencioso administrativo se encuentra
activo y con actuaciones procesales relevantes, de modo que el actor conserva
plenamente la posibilidad de obtener una decisión definitiva sobre la legalidad de
los actos cuestionados.

26. La Corte Constitucional también ha advertido que las decisiones judiciales o
administrativas que suspenden, modifican o alteran concursos de méritos afectan
de manera directa los derechos de los demás aspirantes que participaron bajo las
mismas reglas. En la Sentencia SU-913 de 2009, precisó que «resulta imperativo
recordar la intangibilidad de las reglas que rigen las convocatorias de los concursos públicos
para acceder a cargos de carrera en tanto no vulneren la ley, la Constitución y los derechos
fundamentales en aras de garantizar el derecho fundamental a la igualdad, así como la
inmodificabilidad de las listas de elegibles una vez estas se encuentran en firme como

7
«Sentencia T-314 de 1998.»
8
«Sentencia T-292 de 2017.»
9
«Sentencias T-227 de 2019, T-049 de 2019, T-438 de 2018, T-160 de 2018, T-610 de 2017 y T-551 de 2017.»
10
«Sentencia T-049 de 2019.»

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicación: 11001–03–15–000–2026–03116–00
Accionante: Andrés Mauricio Beltrán Santana

garantía de los principios de buena fe y confianza legítima que deben acompañar estos
procesos.»

27. En el presente asunto, la orden solicitada por el actor encaminada a su
incorporación transitoria a las etapas vigentes de la Convocatoria 27 alteraría el
desarrollo regular del concurso y comprometería la situación jurídica de los demás
participantes que continúan en el proceso conforme a las reglas inicialmente
establecidas. Tal intervención desnaturalizaría el carácter subsidiario y excepcional
de la acción de tutela y convertiría este mecanismo en una instancia adicional para
revisar decisiones propias del trámite ordinario.

28. En consecuencia, comoquiera que el accionante dispone de un medio judicial
principal idóneo y eficaz, actualmente en curso, y no acreditó la configuración de un
perjuicio irremediable que justifique la intervención urgente del juez constitucional,
la Sala declarará improcedente la acción de tutela promovida por el señor Andrés
Mauricio Beltrán Santana.

29. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el
señor Andrés Mauricio Beltrán Santana, de conformidad con los argumentos
expuestos en precedencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada, REMITIR el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

La presente actuación se encuentra firmada en el expediente digital disponible en la Sede Electrónica
de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.