República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-03116-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
3 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., tres (3) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03116-01 (8308)
Accionante: Andrés Mauricio Beltrán Santana
Accionado: Unidad de Administración de Carrera Judicial de la Escuela
Judicial Rodrigo Lara Bonilla
Tema: tutela contra acto administrativo. Subtema 1: concurso de méritos.
Subtema 2: subsidiariedad y perjuicio irremediable.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la impugnación interpuesta por Andrés Mauricio Beltrán Santana contra la sentencia
del 2 de junio de 2026, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado.
1. Síntesis del caso
El señor Andrés Mauricio Beltrán Santana, a través de apoderado judicial, presentó
escrito de tutela, como mecanismo transitorio, con la pretensión de amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia
y al acceso a la carrera administrativa, que consideró vulnerados por la Unidad de
Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, con
ocasión de su exclusión de las etapas posteriores de la Convocatoria 27, mientras
se resuelve el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que cursa
ante el Juzgado Cincuenta y Cuatro Administrativo de Bogotá, dentro del expediente
con radicado núm. 11001-33-42-054-2023-00230-00.
1
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03116-01 (8308)
Accionante: Andrés Mauricio Beltrán Santana
Accionado: Unidad de Administración de la Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:
2.El Consejo Superior de la Judicatura, mediante el Acuerdo PCSJA18-11077 de
2018, convocó a concurso de méritos para la provisión de cargos de funcionarios
de la Rama Judicial, denominado Convocatoria 27.
3. El señor Andrés Mauricio Beltrán Santana participó con el propósito de acceder
al cargo de magistrado de Tribunal Superior Sala Civil Familia Laboral.
4.El Consejo Superior de la Judicatura, mediante Resolución CJR22-0351 del 1.º
de septiembre de 2022 publicó los resultados de la prueba de conocimientos y
aptitudes.
5. El accionante no obtuvo el puntaje mínimo de 800 puntos requerido para
continuar a la fase II del concurso de méritos de la Convocatoria 27. Por lo tanto,
presentó recurso de reposición y aclaración contra la calificación, al considerar que
existieron errores en el cálculo del puntaje y en la redacción de algunas preguntas.
6.La Unidad de Administración de la Carrera Judicial, a través de la Resolución
CJR23-0040 del 16 de enero de 2023, confirmó la decisión recurrida y no repuso el
puntaje obtenido por el accionante.
7. El señor Andrés Mauricio Beltrán Santana presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho con el fin de que se anulara el referido acto
administrativo y se ordenara su inclusión en las etapas subsiguientes del concurso
de méritos hasta en la lista de elegibles. Dicho asunto correspondió al Juzgado
Cincuenta y Cuatro Administrativo de Bogotá, bajo el radicado 11001-33-42-054-
2023-00230-00.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
8. La parte actora solicitó, en el escrito de tutela, lo siguiente:
Primera: Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia y acceso a la carrera administrativa del señor Andrés Mauricio
Beltrán Santana, los cuales están siendo vulnerados por la accionada.
Segunda: Ordenar a la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura que, dentro de un término perentorio que el despacho estime
razonable y que no supere las 48 horas o el plazo que se considere prudencial proceda
a incorporar a mi poderdante a la etapa actual del proceso de la Convocatoria 27, (i)
1 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03116-00, índice 2, certificado BA9DC9428A4D1F07
9E9197D9F7E547AC B22A1A88B01B22E8 5550FA4A0F97DD1E.
2
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03116-01 (8308)
Accionante: Andrés Mauricio Beltrán Santana
Accionado: Unidad de Administración de la Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura
proceda a la verificación de documentos y se tenga por admitido (ii) Se otorgue un
término individual para la etapa de homologación y/o exoneración del Curso de
Formación Judicial por estar mi prohijado actualmente en propiedad como Juez de la
República, (iii) Se consolide el puntaje definitivo de los ítems de - Prueba de
Conocimientos, - Prueba Psicotécnica,- Curso de Formación Judicial,- Experiencia
Adicional y Docencia Capacitación Adicional, (iv) se integre el nombre de mi poderdante
al registro de elegibles.
[…]
MEDIDA PROVISIONAL
Adoptar como media provisional mientras se resuelve la presente acción constitucional
la suspensión de la RESOLUCIÓN PCSJSR26-051 6 de marzo de 2026 y la relación de
aspirantes por sede, publicada el día de ayer 20 de abril de 2026.
9. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante sostuvo que la
Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y al acceso a la carrera administrativa, porque no lo
incorporó a las etapas posteriores de la Convocatoria 27, pese a que controvirtió
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo la calificación que determinó su
exclusión del concurso.
10. Señaló que el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se encuentra en
trámite desde el 2023 sin decisión de fondo y que la solicitud de medidas cautelares
presentada el 24 de noviembre de 2025 fue resuelta el 10 de marzo de 2026. Por
ello, consideró que dicho mecanismo no resultaba eficaz para proteger
oportunamente sus derechos, debido al avance de la Convocatoria 27.
11. Expuso que, mediante la Resolución PCSJSR26-051 del 6 de marzo de 2026, se
conformó el Registro Nacional de Elegibles para el cargo al que aspiraba.
Posteriormente, el 20 de abril de 2026, se publicó la relación de aspirantes por sede.
12. A su juicio, el avance del concurso podía hacer nugatoria una eventual decisión
favorable en el proceso ordinario y generar un perjuicio irremediable.
13. En consecuencia, solicitó el amparo transitorio de sus derechos fundamentales y
la adopción de medidas dirigidas a evitar que el avance de la Convocatoria 27
hiciera ineficaz la decisión que eventualmente se profiriera en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho.
2.3. Trámite procesal
14. El
despacho ponente, mediante auto del 23 de abril de 20262, admitió la
demanda, ordenó notificar a la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del
2 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03116-00 índice 5, certificado 4FD5F91F79A141DC
453C19BB0DA7D25F 8387920F15E28421 FDB42CBFF7491D9D.
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Accionante: Andrés Mauricio Beltrán Santana
Accionado: Unidad de Administración de la Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura
Consejo Superior de la Judicatura, negó la solicitud de medida provisional y vinculó
como terceros interesados al Juzgado Cincuenta y Cuatro Administrativo de Bogotá,
a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y al Procurador 1 Judicial I para
asuntos administrativos.
15. Mediante auto del 13 de mayo de 20263, se ordenó vincular a todas las personas
que continuaban en la Convocatoria 27 para el cargo de Magistrado de Tribunal
Sala Civil Familia Laboral por cuanto podrían tener interés legítimo en su inclusión
en el registro de elegibles.
2.4. Intervenciones
16. ElJuzgado Cincuenta y Cuatro Administrativo de Bogotá4 solicitó negar el
amparo, al considerar que la acción de tutela resulta improcedente por falta de
subsidiariedad y que no incurrió en mora injustificada ni vulneró los derechos
fundamentales del actor.
17. Para sustentar su posición, afirmó que el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho se tramitó conforme a la Ley 1437 de 2011 y que el
tiempo transcurrido obedeció, en buena parte, al trámite de los impedimentos.
18. Señaló que, una vez el proceso regresó al despacho, adelantó las actuaciones
correspondientes, resolvió las dos solicitudes de medidas cautelares y celebró la
audiencia inicial del 16 de abril de 2026, en la cual agotó las etapas de saneamiento,
fijación del litigio y decreto de pruebas.
19. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial5 solicitó su desvinculación del
trámite constitucional, al considerar improcedente la acción de tutela por falta de
subsidiariedad, ausencia de perjuicio irremediable y de relevancia constitucional.
20. Argumentó que la controversia corresponde a aspectos técnicos de la
Convocatoria 27. Además, sostuvo que la suspensión del Registro Nacional de
Elegibles podría afectar los derechos de los demás aspirantes.
21. La Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura6 solicitó negar por improcedente la acción de tutela, al considerar que no
se satisface el requisito de subsidiariedad.
22. Manifestó que el actor cuenta con el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, dentro del cual presentó una solicitud cautelar que fue
3 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03116-00 índice 16 certificado 288F187768154908
1CCBC1A887E8ABF4 23CA2731CF7B8CD1 EC0844D3E7BB4E7F.
4 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03116-00 Incide 10, certificado 32E1F9239E4411A5 F9730BFA04853346
D823AC5864A78BFC 842821CFB27FB486.
5 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03116-00 Incide 11, certificado EAF8A4FEB4FC8927
53BAC81DF444D611 39638708A2F9471F D00AC5586A07D596.
6 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03116-00 Incide 12, certificado 97663446C82CDC58 2105305734688B18
2AB6FBCE029F8988 873E1E6DC49156AB.
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negada por el Juzgado Cincuenta y Cuatro Administrativo de Bogotá, sin que
interpusiera recurso.
23. El señor Jorge Alfredo Vargas Arroyo7 vinculado como integrante del registro de
elegibles de la Convocatoria 27 para el cargo de Magistrado Civil Familia Laboral,
solicitó declarar improcedente la acción de tutela y, subsidiariamente, negar el
amparo.
24. Expuso que el accionante cuenta con el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, dentro del cual promovió medidas cautelares y
participó en la audiencia inicial; agregó que la presunta mora judicial no es atribuible
a la autoridad administrativa, sin que se haya acreditado un perjuicio irremediable.
2.5. Sentencia de primera instancia
25. LaSubsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado 8, mediante
sentencia del 2 de junio de 2026, declaró improcedente la acción de tutela, al
considerar que el accionante cuenta con el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, actualmente en trámite, dentro del cual ya se
resolvieron las solicitudes de medidas cautelares y se celebró la audiencia inicial.
26. En este sentido, explicó que no se acreditó una circunstancia excepcional que
demostrara la ineficacia del mecanismo ordinario ni la configuración de un perjuicio
irremediable. Además, la incorporación del actor a las etapas vigentes de la
Convocatoria 27 afectaría la situación jurídica de los demás participantes.
27. Así pues, concluyó que la tutela no podía utilizarse como mecanismo alterno para
reabrir el debate sometido al juez administrativo.
2.6. Impugnación
28. La parte actora presentó impugnación9 contra la sentencia de primera instancia.
Manifestó que el trámite de la acción de tutela excedió el término previsto para
resolverla circunstancia que, a su juicio, afectó la finalidad de protección inmediata
del mecanismo constitucional.
29. Asimismo, reprochó la valoración del requisito de subsidiariedad y afirmó que el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho no ofrece una protección
oportuna frente al avance de la Convocatoria 27. En ese sentido, alegó que la
conformación del Registro Nacional de Elegibles y las etapas posteriores del
concurso podrían tornar ineficaz una eventual decisión favorable dentro del proceso
ordinario.
7 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03116-00, Incide 24, certificado 0F57BE7CD606F8BB
97DA33CC0326B9B0 BB413C74F0E4234E 7D07DED3B2A59790.
8 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03116-00, índice 28, certificado 5980B3CBE63AEA0A
671CCABD5E386531 6980D2BD9D4C265A 22E79C1F4E020E3B.
9 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03116-00, índice 36, certificado B76E91C378A3CC85
1CB704DB4284DEF7 9F530F4A9C160F2E FF56A23B017994E5.
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30. Finalmente, adujo la configuración de un perjuicio irremediable y la afectación de
los derechos fundamentales de acceso a cargos públicos, carrera administrativa y
administración de justicia. En consecuencia, solicitó revocar la sentencia, conceder
el amparo como mecanismo transitorio y, subsidiariamente, dejar sin efectos la
declaratoria de improcedencia y emitir un pronunciamiento de fondo.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
31. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente impugnación interpuesta por Andrés Mauricio Beltrán Santana contra la
Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura.
3.2. Legitimación en la causa
32. La legitimación en la causa por activa del señor Andrés Mauricio Beltrán Santana
se encuentra acreditada, porque promovió la acción de tutela y fue quien participó
en la Convocatoria 27. Además, presentó el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho relacionado con las actuaciones administrativas que
cuestiona en este trámite constitucional.
33. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Unidad de
Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, debido
a que dicha dependencia intervino en las actuaciones administrativas de la
Convocatoria 27 que el actor cuestiona mediante la acción de tutela.
3.3. Problema jurídico
34. La Sala debe decidir si ¿la Unidad de Administración de Carrera Judicial vulneró
los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia y al acceso a la carrera administrativa al no incorporar al actor en las etapas
posteriores de la Convocatoria 27?
35. Previo a resolver lo anterior, es necesario establecer si ¿la solicitud de amparo
supera el requisito de subsidiariedad, pese a que el accionante dispone de un medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho actualmente en trámite?
36. Para el efecto, se estudiará: (i) generalidades de la procedibilidad de la acción de
tutela; y (ii) análisis de la Sala.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
37. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, toda
persona cuenta con la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección
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inmediata de sus derechos fundamentales cuando sean violados o amenazados por
la acción o la omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que señala
la ley. Este mecanismo constitucional tiene dos requisitos de procedencia: la
subsidiariedad y la inmediatez10.
38. El primero, exige que el interesado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que busque evitar un perjuicio irremediable11; y el segundo, consiste en que
se acuda ante el juez constitucional dentro de un plazo razonable, pues de lo
contrario, «[…] la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela queda
en entredicho […]»12.
3.5. Caso concreto
39. El señor Andrés Mauricio Beltrán Santana acudió a la acción de tutela con el fin
de obtener la protección sus derechos al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y al acceso a la carrera administrativa.
40. En consecuencia, solicitó que de manera transitoria se acceda al amparo, con el
propósito de obtener su incorporación a las etapas posteriores del concurso de
méritos de la Convocatoria 27. Estas relativas a la verificación de sus documentos,
la exoneración o homologación del curso de formación judicial, la consolidación de
su puntaje y su inclusión en el registro de elegibles.
41. Al respecto, es preciso tener en cuenta que el requisito de subsidiariedad exige,
en los términos del artículo 86 constitucional y 6 del Decreto 2591 de 199113 que el
juez constitucional, por un lado, verifique que el accionante no cuente con otros
mecanismos judiciales de protección de sus derechos fundamentales; y, por otro
lado, valore si dichos mecanismos resultan idóneos y eficaces para garantizar de
forma oportuna el amparo solicitado, de acuerdo con las particularidades de cada
caso14.
42. En el evento de que existan otros medios de defensa judicial pero que estos no
sean idóneos o eficaces, procede la tutela como mecanismo de protección de
derechos fundamentales, así como en los eventos en que se configura un perjuicio
irremediable, el cual debe ser inminente y grave, y sus medidas de protección
impostergables15.
43. En el presente asunto, está demostrado que el señor Andrés Mauricio Beltrán
Santana promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Resolución CJR23-0040 del 16 de enero de 2023, mediante la cual la
10 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2024.
11 Corte Constitucional, sentencia T-400 de 2017.
12 Corte Constitucional, sentencia T-879 de 2012, criterio reiterado en la sentencia SU-084 de 2019.
13
Artículo 6o. causales de improcedencia de la tutela
«La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
[…]».
14
Corte Constitucional, sentencia T-397 de 2017.
15 Corte Constitucional, sentencia T-471 de 2017.
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Unidad de Administración de la Carrera Judicial resolvió el recurso formulado contra
la calificación que determinó su exclusión de la Convocatoria 27.
44. También, se encuentra acreditado que el proceso se tramita ante el Juzgado
Cincuenta y Cuatro Administrativo de Bogotá, bajo el radicado núm. 11001-33-42-
054-2023-00230-00.
45. Ahora, al revisar las actuaciones surtidas al interior del referido proceso ordinario,
se observa que el asunto ha tenido un impulso judicial efectivo.
46. En efecto, se advierte que el mencionado despacho judicial profirió decisiones
mediante las cuales inadmitió la demanda y, luego de subsanada, la admitió;
resolvió una primera solicitud de medida cautelar; admitió la reforma de la demanda
y decidió una segunda petición cautelar.
47. Finalmente, el 16 de abril de 2026 celebró la audiencia inicial, en la que agotó las
etapas de saneamiento y fijación del litigio y decretó pruebas.
48. De esta manera, la Sala advierte que el proceso ordinario ha surtido las etapas
procesales correspondientes, para darle trámite oportuno a la demanda promovida
por el actor, y resulta evidente que el litigo se encuentra próximo a superar la etapa
probatoria y a emitir decisión definitiva.
49. Dichacircunstancia impide al juez de tutela pronunciarse sobre las razones
expresadas en la solicitud de amparo, pues en la actualidad existe un escenario
adecuado para resolver las inconformidades presentadas por el accionante a través
de este mecanismo constitucional. Los argumentos que aquí planteó deben ser
expuestas y desarrolladas al interior del trámite procesal a cargo del Juzgado
Cincuenta y Cuatro Administrativo de Bogotá.
50. En este sentido, la Sala debe recordar que la acción de tutela no es un
instrumento alternativo o paralelo en la resolución de conflictos, por lo que no le es
dable al juez de tutela intervenir en asuntos que le corresponde dirimir a los jueces
naturales, máxime cuando los procesos se encuentran activos, debido a que no se
ha proferido decisión definitiva con la cual se da por terminado el litigio.
51. Al respecto, la jurisprudencia constitucional16 ha referido lo siguiente:
Las etapas, recursos y procedimientos que conforman un proceso, son el primer espacio
de protección de los derechos fundamentales de los asociados, especialmente en lo que
tiene que ver con las garantías del debido proceso. Es en este sentido la sentencia C-
543/92 puntualiza que: ‘tratándose de instrumentos dirigidos a la preservación de los
derechos, el medio judicial por excelencia es el proceso, tal como lo acreditan sus
remotos orígenes’. Por tanto, no es admisible que el afectado alegue la vulneración o
amenaza de un derecho fundamental cuando no ha solicitado el amparo de sus derechos
dentro del proceso, pues, en principio, el ordenamiento jurídico le ha dotado de todas las
16
Corte Constitucional, sentencia T- 211 de 2009, cuyo criterio fue reiterado en las sentencias T-396 de 2014 y T-401 de
2019.
8
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herramientas necesarias para corregir durante su trámite las irregularidades procesales
que puedan afectarle»
52. Así pues, es pertinente advertir que el juez del proceso ordinario en su condición
de autoridad encargada de garantizar el adecuado trámite procesal de la actuación
judicial promovida por el accionante tiene las facultades para acceder o negar las
pretensiones invocadas por el demandante.
53. Ahora bien, para el tutelante la acción constitucional procede como mecanismo
transitorio, en la medida en que no pretende sustituir al juez natural de la causa,
sino garantizar la eficacia de la decisión que este llegue a adoptar.
54. En ese sentido, afirmó que el medio de control ordinario carece de eficacia en el
caso concreto, toda vez que la Convocatoria 27 se encuentra en una etapa
avanzada y, mientras se profiere una decisión de fondo, podrían agotarse las fases
subsiguientes del concurso y conformarse el respectivo registro de elegibles.
55. Según su planteamiento, esta circunstancia podría tornar ineficaz una eventual
decisión favorable proferida por el juez administrativo.
56. En cuanto a la eficacia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, es
preciso tener en cuenta que el Capítulo XI del Título V de la Segunda Parte del
CPACA prevé la posibilidad de pedir medidas cautelares de urgencia. Al respecto,
el artículo 234 establece lo siguiente:
Desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra parte, el Juez o
Magistrado Ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos
para su adopción, se evidencie que, por su urgencia, no es posible agotar el trámite
previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a que haya
lugar.
La medida así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la
constitución de la caución señalada en el auto que la decrete17.
57. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha referido que la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo «cuenta con los instrumentos procesales idóneos y
eficaces para garantizar la protección de los derechos fundamentales,
materializados en el conocimiento del asunto por jueces especializados y en el
decreto de medidas cautelares de protección»18. En relación con las medidas
cautelares de urgencia, la Corte expuso lo siguiente:
El CPACA concibe las medidas cautelares de forma autónoma a la demanda presentada,
a tal punto que el requisito de conciliación prejudicial no le es aplicable a ellas, aunque
sea necesaria su acreditación para la admisión de la demanda. Según se estableció en
sentencia de tutela de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado: «(…) el juez podrá pronunciarse sobre la solicitud de la medida cautelar,
inclusive sin haber admitido la demanda, supeditando la continuidad del proceso a que
se demuestre el cumplimiento del requisito de procedibilidad, en los términos
17 Se transcribe incluso con errores.
18 Corte Constitucional, sentencia T-149 de 2023.
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Accionante: Andrés Mauricio Beltrán Santana
Accionado: Unidad de Administración de la Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura
establecidos para el efecto, en virtud de que este mismo precepto lo autoriza cuando no
sea posible agotar el trámite previsto en el artículo 233 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es decir, proferir simultáneamente el
auto admisorio de la demanda junto con la medida cautelar»19.
58. Así pues, se debe advertir que el juez de lo contencioso-administrativo tiene la
competencia suficiente, no solo para decidir acerca de la validez del acto
administrativo cuestionado, sino también, de ser procedente, para emitir las órdenes
necesarias con el fin de restituir el derecho vulnerado por las entidades accionadas
e, incluso, ordenar la reparación de daños.
59. En ese orden, cabe mencionar que el juzgado se ha pronunciado en dos
oportunidades frente a las solicitudes de medidas cautelares promovidas por el
accionante, por tanto, no puede afirmarse que la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho es ineficaz. Distinto es que las decisiones no hayan
resultado favorables al actor.
60. Por lo anterior, se tiene que el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho es el mecanismo idóneo, para resolver la controversia planteada por el
accionante, pues dicho escenario judicial es el espacio adecuado para resolver lo
solicitado por el actor vía de tutela, en la medida en que lo pretendido se dirige a
cuestionar los motivos y razones de orden legal y reglamentario en los que se
fundamentó la administración para determinar la puntación en el concurso de
méritos que se desarrolló dentro de la Convocatoria 27 y definió su continuidad en
este.
61. Al respecto, la Corte Constitucional ha indicado que «las acciones de tutela que
se interponen en contra de los actos administrativos que se profieren en el marco
de concursos de méritos, por regla general, son improcedentes, en tanto que existe
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ante la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo y, en el marco de esta, la posibilidad de solicitar
medidas cautelares».
62. Esto sin perjuicio de que, atendiendo a las particularidades del caso en concreto
puesto en conocimiento, al juez constitucional evalúe «si los mecanismos ordinarios
de defensa existentes en el ordenamiento jurídico son idóneos para la protección
de los derechos fundamentales»20.
63. Bajo este contexto, conviene mencionar que el accionante en el escrito de tutela
solicitó el amparó como mecanismo transitorio para que se ordene su incorporación
a las etapas posteriores del concurso, la verificación de sus documentos, la
exoneración o homologación del curso de formación judicial, la consolidación de su
puntaje y su inclusión en el registro de elegibles.
64. Sobre el particular,se debe precisar que estas pretensiones están inmersas
dentro de las peticiones invocadas por el actor en la demanda ordinaria, por lo que
19 Ibidem.
20 Corte Constitucional, Sentencia T-456 de 2022
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03116-01 (8308)
Accionante: Andrés Mauricio Beltrán Santana
Accionado: Unidad de Administración de la Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura
su prosperidad depende del estudio y análisis de legalidad que efectué el Juzgado
Cincuenta y Cuatro Administrativo de Bogotá, respecto a la validez de la actuación
administrativa que definió su exclusión del concurso.
65. En este punto, resulta pertinente hacer referencia a la Sentencia T-008 de 2026,
en la cual la Corte Constitucional analizó situaciones relacionadas con la
Convocatoria 27 y precisó que la celeridad inherente a los concursos de méritos no
constituye, por sí sola, un perjuicio irremediable. Resaltó que, para la configuración
de este, es necesario acreditar circunstancias objetivas, concretas y verificables que
permitan evidenciar la existencia de un riesgo real para los derechos fundamentales
cuya protección se reclama.
66. Así pues, en el caso concreto la pretensión subsidiaria del accionante de acudir
a esta acción constitucional como mecanismo transitorio para evitar la configuración
de un perjuicio irremediable respecto de sus derechos al debido proceso, al acceso
a la administración de justicia y al acceso a la carrera administrativa no está llamada
a prosperar, toda vez que no aportó elementos que permitan establecer que una
decisión posterior del juez administrativo resulte necesariamente inocua o que la
situación planteada adquiera un carácter irreversible.
67. Tampoco se observa que el avance de la Convocatoria 27 configure un perjuicio
irremediable para el accionante. Aunque este sostuvo que las etapas restantes del
concurso podrían culminar antes de que se adopte una decisión definitiva dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, dicha circunstancia, por
sí sola, no permite acreditar la existencia de una afectación inminente, grave y
urgente de sus derechos fundamentales.
68. En efecto, no obran en el expediente elementos de juicio suficientes que permitan
concluir que resulta necesaria una medida inmediata para garantizar su
permanencia en el proceso de selección mientras se resuelve la controversia ante
la jurisdicción competente.
69. De esta manera, la Sala advierte que el señor Andrés Mauricio Beltrán Santana
dispone de otro instrumento idóneo, eficaz y efectivo al interior del trámite del
proceso ordinario, para solicitar la protección de sus derechos fundamentales
invocados en la solicitud de amparo, por lo que no resulta procedente analizar las
razones planteadas en el escrito de tutela, toda vez que las mismas deben ser
estudiadas por el juez contencioso administrativo y no a través de este mecanismo
constitucional de naturaleza subsidiaria.
70. Conviene reiterar que el principio de subsidiariedad de la acción de tutela exige
que los conflictos jurídicos relacionados con los derechos fundamentales sean
resueltos por las vías jurisdiccionales correspondientes, y solo ante la ausencia de
dichas vías o cuando estas no sean idóneas para evitar un perjuicio irremediable,
resulta admisible acudir al amparo constitucional.
71. Por lo anterior, la Sala considera que la acción objeto de estudio es improcedente,
en el entendido de que el agotamiento efectivo de los mecanismos de defensa
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Accionante: Andrés Mauricio Beltrán Santana
Accionado: Unidad de Administración de la Carrera Judicial del
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judicial no sólo es un acto de diligencia exigible a los ciudadanos frente a sus propios
asuntos procesales, sino un requisito necesario para la procedencia de la acción de
tutela como mecanismo de defensa.
72. Finalmente, la parte actora también cuestiona el tiempo empleado para resolver
la presente acción de tutela y sostiene que ello demuestra la falta de eficacia del
mecanismo judicial ordinario. Dicha circunstancia no permite concluir, por sí sola,
que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho carezca de
idoneidad o eficacia. La eventual demora en la resolución de esta acción
constitucional constituye una situación distinta de la duración y el trámite del proceso
ordinario, por lo que no demuestra que una decisión del juez administrativo resulte
inocua ni acredita, por sí misma, la configuración de un perjuicio irremediable.
4. Conclusión
73. LaSala confirmará la sentencia del 2 de junio de 2026, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual se
declaró improcedente la acción de tutela.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Confirmar la sentencia del 2 de junio de 2026 proferida por la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por los motivos contenidos en esta
providencia.
Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
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Accionante: Andrés Mauricio Beltrán Santana
Accionado: Unidad de Administración de la Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
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