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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03131-00

Fecha
4 de junio de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquin Barreto Suarez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03131-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Denegar la solicitud de desvinculación presentada por la Sociedad de Activos Especiales SAS. SEGUNDO: Declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida por la señora Marcelina Rojas Cuero. TERCERO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: De no ser impugnada esta decisión, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03131-00

Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez

4 de junio de 2026

Demandante: Marcelina Rojas Cuero
Demandados: Tribunal Administrativo del Cauca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03131-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03131-00
Demandante: MARCELINA ROJAS CUERO
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Declara la improcedencia de
la acción por no cumplir con el requisito de inmediatez

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la sala a resolver la solicitud formulada por la parte actora, en ejercicio
de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 constitucional y desarrollada
en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, y el artículo 13 de Acuerdo 080 del 2019 de la Sala Plena de la corporación,
modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

La señora Marcelina Rojas Cuero, por medio de apoderado, presentó este
trámite1, en contra del Tribunal Administrativo del Cauca y del Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de Popayán, con el fin de que «se aplique el
principio de seguridad jurídica» y se protejan sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la dignidad humana, al trabajo y a la igualdad.

Consideró desconocidas dichas garantías constitucionales con ocasión de los
autos del 18 de mayo de 20222, 5 de agosto3 y 17 de octubre de 20254 proferidos,
respectivamente, por las autoridades judiciales referenciadas, que (i) negaron la
liquidación de la condena in genere, adoptada por el Tribunal Administrativo del
Cauca, en la sentencia del 19 de julio de 2017 y ii) rechazó por improcedente el
recurso de súplica interpuesto.

1 Samai, índice 1, mediante escrito presentado el 23 de abril de 2026.
2 Acta 98 del 18 de mayo de 2022, dentro de audiencia especial desarrollada por el Juzgado

Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Popayán.
3 Auto 216, por medio del que el Tribunal Administrativo del Cauca resolvió el recurso de apelación

interpuesto por la parte demandante, contra el auto mediante el que el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Popayán negó la liquidación de la condena in genere.
4 Auto 300 del 17 de octubre de 2025, mediante el que el Tribunal Administrativo del Cauca rechazó

por improcedente el recurso de súplica presentado contra el auto de 5 de agosto de 2025, por el
cual se desató el recurso de apelación contra el auto que resolvió el incidente de regulación de
perjuicios.

1

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Demandante: Marcelina Rojas Cuero
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Todo en el marco del medio de control de reparación directa - incidente de
regulación de perjuicios con radicado 19001-33-33-003-2010-00515-00/01
promovido en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional - Armada
Nacional y la Sociedad de Activos Especiales SAS (SAE-SAS), en adelante, SAE.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, el demandante solicitó lo siguiente:

Rehacer las siguientes Providencias, mediante las cuales se: NEGO arbitrariamente
Aprobar la Liquidación de la Condena In Genere y el pago de los Perjuicios Materiales
causados y ordenados mediante sentencia del 10 de marzo de 2015, dictada por el
Juzgado Quinto Administrativo de Popayán, modificada y confirmada parcialmente
por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca en Sentencia del 19 de julio de
2017 dentro de la Acción de Reparación Directa instaurada contra la Nación-
Ministerio de Defensa-Armada Nacional Rad.No.19001333300320100051500-01,
dejando SIN CUMPLIR LA OBLIGACIÓN DE PAGO de las sumas de dinero que
legalmente corresponden a la Actora , a título de INDEMNIZACIÓN por los Perjuicios
Causados y Ordenados , mediante sentencia de condena ejecutoriada y en firme:

2.1.1.- Auto sin número del 18 de mayo de 2022 proferida por el JUZGADO
TERCERO ADMINISTRATIVO de Popayán

2.1.2. Auto No. 216 del 5 de Agosto de 2025, dictada por el TRIBUNAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO del CAUCA- Mag. Dra.ZULDERY RIVERA
ANGULO5.

1.3. Hechos

La petición de tutela tuvo como fundamento, los siguientes:

La parte actora puso de presente que en hechos ocurridos el 18 de junio de 2004,
en desarrollo de un operativo del Batallón Fluvial de Infantería de Marina de la
Armada Nacional con sede en Guapi (Cauca) se realizó un allanamiento de un
inmueble en el Caserío El Cuerval, en el cual se realizaban actividades de
procesamiento de estupefacientes, en el que se incautó, por equivocación, una
lancha tipo langostera de nombre Rivemar, de su propiedad.

Sostuvo que dicho bien mueble se encontraba apostado cerca al lugar en el que
ocurrió el allanamiento y se destinaba al transporte de víveres y materiales al
servicio de la comunidad vecina. Indicó que la motonave fue devuelta el 24 de
noviembre de 2008, luego de sufrir un proceso de extinción de dominio por el que
se ordenó su entrega al considerar a la tutelante como tercero de buena fe
afectada, exenta de culpa. Además, indicó que la lancha permaneció en custodia
de la Armada Nacional y a órdenes de la Dirección Nacional de Estupefacientes
(en adelante, DNE).

Aseguró que la lancha fue entregada sin motor, porque fue sustraído cuando se
encontraba en las instalaciones del Batallón Fluvial de Infantería de Marina 10, en
Guapi (Cauca). Asimismo, explicó que presentó el medio de control de reparación

5 Transcripción literal del texto original, por lo que puede contener errores.

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directa en contra de Nación- Ministerio de Defensa Nacional - Armada Nacional y
la Dirección Nacional de Estupefacientes, actualmente SAE.

Explicó que, conoció el Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión del
Circuito Judicial de Popayán que, mediante sentencia del 10 de marzo de 2015,
determinó que «los daños ocasionados a la demandante fueron con ocasión de la
actividad e inactividad desplegada por miembros de la Infantería de Marina […]
puesto que fueron ellos quienes incautaron la lancha y la llevaron hasta el
embarcadero de la base militar» lugar en el que posteriormente, se perdió el motor
y en el que se le entregó la motonave en precarias condiciones. Precisó que la
decisión de esta autoridad judicial fue la siguiente:

PRIMERO: DECLARAR a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA-ARMADA
NACIONAL y a la DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES, hoy
SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS SAE SAS, administrativamente
responsables de los perjuicios causados a la señora MARCELINA ROJAS
CUJERO, con motivo de la incautación de la lancha tipo langostera de 23 pies,
color blanco con una franja amarilla, número AA071G930202-5 de nombre
RIVEMAR, con un motor marca YAMAHA 75 HP, número de serie 692L519729, el
18 de junio de 2024 en el municipio de Guapi (C), la cual fue devuelta a su
propietaria el 24 de noviembre de 2008.

SEGUNDO: Como consecuencia, CONDENAR a la DECLARAR(SIC) NACIÓN-
MINISTERIO DE DEFENSA-ARMADA NACIONAL y a la DIRECCIÓN NACIONAL
DE ESTUPEFACIENTES, hoy SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPCIALES SAS SAE
SAS, a pagar a favor de la demandante MARCELINA ROJAS CUERO por concepto
de Perjuicios Materiales, en la modalidad de Daño Emergente, la suma de
VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE
PESOS ($28.611.167) M.CTE.

SEGUNDO(SIC): se niegan las demás pretensiones de la demanda.
TERCERO: Las condenas se cumplirán en los términos de los Arts. 176 a 178 del
C.C.A.
CUARTO: sin costas (Art. 55 de la ley 446 de 1998).
QUINTO: ORDENAR la devolución del saldo de la consignación realizada para los
gastos del proceso, a la parte demandante un ves(sic) se efectué la liquidación por
parte del Contador asignado para los Despachos Administrativos.

Indicó que, en segunda instancia, la Sala de Decisión 001 del Tribunal
Administrativo del Cauca, el 19 de julio de 2017, por medio de la providencia 132,
precisó que se demostró el daño y que se comprendía que «la Armada Nacional
faltó a sus obligaciones […] en tanto que dentro de las instalaciones de esa
institución se sustrajo el motor […]». En cuanto a los perjuicios reconocidos por el
ad quo indicó que la corporación comprendió que la indemnización a favor de la
demandante por concepto de daño emergente correspondía al valor del motor al
momento de incautarse.

No obstante, advirtió que la autoridad judicial señaló que en el proceso se
demostró que no existían elementos de prueba suficientes que permitieran
advertir el monto al que ascendía el motor, pues no se conoció un avalúo, con
indicación en la diligencia inicial sobre su mal estado, al momento de la
incautación de la lancha. Por lo anterior, el ad quem modificó la condena y dispuso
en su lugar el reconocimiento in genere de los perjuicios materiales en la

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modalidad de daño emergente y modificó los numerales primero y segundo, en
los siguientes términos:

PRIMERO: DECLARAR a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-
ARMADA NACIONAL administrativamente responsable de los perjuicios
causados a la señora MARCELINA ROJAS CUERO con ocasión de los
daños causados a la lancha tipo langostera de 23 pies, color blanco con una
franja amarilla, número AA071G930202-5 de nombre Rivemar, por la pérdida del
motor, durante la incautación efectuada entre el 18 de junio de 2004 y el 24 de
noviembre de 2008.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, condenar “IN
GENERE” a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA -ARMADA NACIONAL a
pagar a favor de la señora MARCELINA ROJAS CUERO la indemnización por
concepto de DAÑO EMERGENTE, de acuerdo a los términos referidos en la
presente providencia.

SEGUNDO(SIC): CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada, en cuento
denegó las demás pretensiones, de conformidad con las razones expuestas.

Precisó que el tribunal decidió que, para determinar la suma a indemnizar se
debería adelantar un trámite incidental con un dictamen pericial para establecer
el valor del motor al momento de la incautación, con base en las pautas dictadas
por dicha corporación.

Narró que, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Popayán,
mediante auto dictado en el trámite de audiencia especial, el 18 de mayo de 2022,
surtió la contradicción del dictamen pericial presentado por la actora y decidió de
fondo el incidente de regulación de perjuicios, en el sentido de negar la liquidación
de la condena adoptada el 19 de julio de 2017.

Señaló que, dicha autoridad judicial concluyó que ni la cotización, ni el dictamen
pericial cumplían los parámetros establecidos en la sentencia, por lo que no
resultaban conducentes para acreditar el valor del motor YAMAHA de 75 HP y 2
tiempos, adquirido el 19 de abril de 2000, objeto del daño antijurídico.

Manifestó que, en el trámite de la audiencia, interpuso recurso de apelación para
que se ordenara la práctica de un nuevo peritaje que estableciera el valor del
motor, conforme a las características fijadas en la providencia del 19 de julio de
2017, además de presentar un nuevo escrito en el que adicionaba el dictamen
pericial con una cotización realizada en el año 2018.

Sostuvo que, el 12 de septiembre de 2022, el Tribunal Administrativo del Cauca
resolvió negar la solicitud realizada por la accionante, porque «en segunda
instancia y a solicitud de parte, entonces, solo procede el decreto de pruebas
frente al recurso de apelación de sentencias y en los precisos casos mencionados.
Además, porque el superior funcional debe resolver de plano la apelación de
autos conforme al numeral 4º del artículo 144 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo».

Narró que, el 5 de agosto de 2025, el Tribunal Administrativo del Cauca resolvió
el recurso de apelación y confirmó la decisión del 18 de mayo de 2022, del

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Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Popayán que negó la
liquidación de la condena en abstracto, porque no resultaba válido para reconocer
daño emergente aportar una factura de compra y/o cotización del valor de un
motor nuevo, sino que correspondía a la parte acreditar mediante dictamen, el
valor del motor al año 2000 -fecha de incautación-, su depreciación al año 2004
fecha en que le fue entregado el bote a la actora-, y actualizar esta última suma a
valores actuales.

Señaló que el tribunal precisó que la prueba pericial efectuada carecía de la
fundamentación, claridad y lógica necesaria para ser valorada, por lo que sus
conclusiones no podían ser tenidas en cuenta para determinar el daño emergente
sufrido por la demandante, pues dicha prueba no cumplía con los parámetros
establecidos en la sentencia de 19 de julio de 2017; situación que dejó al tribunal
sin elementos de juicio para poder establecer un monto en relación con la condena
in genere, puesto que era necesaria la información clara y cuantificable, que
nunca fue allegada al proceso a través de los medios probatorios idóneos.

Advirtió que, contra esa decisión, el 13 de agosto de 2025, interpuso recurso de
súplica, el cual fue rechazado por dicha corporación el 17 de octubre de la misma
vigencia, pues el mismo no procede contra los autos que resuelven la apelación
o queja en los términos del artículo 246 del CPACA, providencia que se notificó el
21 de octubre siguiente.

1.4. Sustento de la vulneración

A juicio de la accionante, las autoridades cuestionadas incurrieron en un defecto
fáctico, pues no se valoraron adecuadamente las pruebas que están en el
expediente, así como el dictamen pericial, que permiten deducir el valor del motor
con su respectiva devaluación a la fecha de incautación.

Precisó que el tribunal no tuvo en cuenta las pruebas documentales recaudadas
desde que se acudió a la Jurisdicción Contencioso Administrativa con el propósito
de lograr la reparación directa y dicha pruebas daban cuenta del valor y de la fecha
de adquisición de la motonave y su motor.

Agregó que el juez Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Popayán, dentro
de la contradicción de la prueba proveniente del dictamen pericial, no aceptó la
liquidación del perito, al concluir «[…] su informe no despeja ninguna duda, pues
lejos de aclarar los aspectos para los cuales se ordenó la prueba, confunden sus
apreciaciones al ofrecer diferentes respuestas en relación con el objeto del
dictamen: la estimación del daño emergente, para lo cual debía fijar i) el valor del
motor referido, en fecha del 19 de abril de 2000 -no 2004 como lo hizo-, ii) la
devaluación de su precio por el uso en 4 años, y, iii) actualizar el valor resultante,
conforme a las fórmulas del IPC. Con todo, se recalca la falta de soportes que
sustentaran la experticia, lo que no permite darle pleno valor probatorio[…]».

Por lo anterior, indicó que el juez de instancia en su contradictorio, se confundió al
sostener e insistir en que el perito debía fijar el valor del motor en fecha del 19 de
abril de 2000, no 2004 como lo hizo, conclusión desafortunada y avalada por el
tribunal al confirmar la providencia y resolver con ese error de interpretación del
recurso de apelación.

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Argumentó que la conducta de las autoridades judiciales enjuiciadas hizo incurrir
a la actora y a su familia en un perjuicio irremediable económico, moral y de la
calidad de vida, pues se han visto vulnerados sus derechos fundamentales.

1.5. Trámite en primera instancia

Mediante auto del 29 de abril de esta vigencia, el magistrado ponente inadmitió
esta acción de tutela con el fin de que la parte actora remitiera el poder especial
con los requisitos legales, requerimiento que fue atendido oportunamente, por lo
que, mediante providencia del 11 de mayo se admitió y se notificó a los
magistrados que integran el Tribunal Administrativo del Cauca y al juez Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de Popayán.

También se ordenó vincular al ministro de Defensa Nacional, al comandante de la
Armada Nacional y al presidente de la SAE como terceros con interés en las
resultas del proceso.

1.6 Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de conformidad con las constancias
visibles en el expediente, se presentaron los siguientes informes:

1.6.1. Ministerio de Defensa Nacional

Consideró que la parte actora pretende a través de esta instancia subsanar los
errores fácticos y la carencia de material probatorio que debió allegar al proceso
judicial, esto es, acreditar en debida forma la situación esbozada dentro de su
escrito de demanda.

Argumentó que el solo hecho de una sentencia favorable con condena en
abstracto no supone que de manera automática se tenga derecho a la liquidación
de perjuicios en el correspondiente incidente, pues entre dicha providencia y la
liquidación debe mediar la presentación de este y el cumplimiento de los requisitos
que se determinaron para liquidar la condena, porque de no ocurrir ello, al juez no
le queda opción distinta que negar la liquidación, como ocurrió en el presente caso.
Por lo anterior, solicitó declarar la improcedencia de la acción.

1.6.2. Sociedad de Activos Especiales SAS

Sostuvo que lo manifestado por el actor no es de su competencia, de tal suerte
que no se encuentra legitimada por pasiva para ser parte en el referido litigio, por
lo que solicitó su desvinculación.

1.6.3. Tribunal Administrativo del Cauca

Remitió el enlace para consultar el expediente.

1.6.4 Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Popayán

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Solicitó desestimar cualquier pretensión en contra de ese despacho, pues no
incurrió en violación alguna de los derechos fundamentales del accionante y anexó
el enlace digital del expediente y en Samai.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 2024 de
la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Cuestión previa

En el informe rendido por la SAE esta entidad solicitó que se declarara su falta de
legitimación en la causa por pasiva. No obstante, esta petición será denegada por
cuanto su vinculación obedeció al posible interés que le asiste en las resultas del
presente caso.

Esto, debido a que integró la parte demandada en el proceso dentro del cual se
profirió la providencia a la cual la accionante le atribuye el presunto quebranto de
sus derechos fundamentales, así que su comparecencia resulta necesaria para
garantizar su derecho de defensa y contradicción por cuanto podría verse afectada
con la decisión que se adopte en este asunto.

De otra parte, de la revisión del escrito de tutela, se advierte que la solicitud va
dirigida contra el Tribunal Administrativo del Cauca con ocasión de los autos del 5
de agosto6 y 17 de octubre de 20257 en los que: i) resolvió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante contra el auto mediante el cual el Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito de Popayán negó la liquidación de la condena
in genere y ii) rechazó por improcedente el recurso de súplica presentado contra
el auto de 5 de agosto de 2025, mediante el cual se resolvió el recurso de
apelación contra el auto que resolvió el incidente de regulación de perjuicios.

Al respecto, se precisa que el análisis se centrará únicamente respecto del auto
dictado el 5 de agosto de 2025 por el referido tribunal, por tratarse de la decisión
que puso fin a la controversia.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la sala analizar si el Tribunal Administrativo del Cauca vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso, a la dignidad humana, al trabajo y a
la igualdad y se aplique el principio de seguridad jurídica, con ocasión de la

6 Auto 216, mediante el que el Tribunal Administrativo del Cauca resolvió el recurso de apelación

interpuesto por la parte demandante contra el auto mediante el cual el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Popayán negó la liquidación de la condena in genere.
7 Auto 300 mediante el que el Tribunal Administrativo del Cauca rechazó por improcedente el

recurso de súplica presentado contra el auto de 5 de agosto de 2025, mediante el cual se resolvió
el recurso de apelación contra el auto que resolvió el incidente de regulación de perjuicios.

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providencia del 5 de agosto de 20258, que negó la liquidación de la condena in
genere, en el marco del medio de control de reparación directa - incidente de
regulación de perjuicios con radicado 19001-33-33-003-2010-00515-00/01
promovido en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional - Armada
Nacional y la SAE.

Para resolver lo anterior, se analizarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la
Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales;
(ii) los requisitos adjetivos de procedibilidad; y finalmente, de encontrarse
superados se estudiará, (iii) el fondo del reclamo.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.
Reiteración9

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 31 de julio de
201210, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó, lo
siguiente:

[S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se
hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté
en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.

Conforme al anterior precedente, la Corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún
derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar los parámetros bajo los cuales se
hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «[…] fijados hasta
el momento jurisprudencialmente […]». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales,
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.

8 Auto 216, mediante el que el Tribunal Administrativo del Cauca resolvió el recurso de apelación

interpuesto por la parte demandante contra el auto mediante el cual el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Popayán negó la liquidación de la condena in genere.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Decisiones del 13 de marzo de 2025,

expedientes n.º 11001-03-15-000-2025-00881-00 y 11001-03-15-000-2025-00808-00.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 31 de julio de

2012, expediente n.º 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).

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La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales
y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a
que se conceda o niegue el derecho al amparo (procedencia sustantiva) o que
impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto (procedencia adjetiva).

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedencia. Estos requisitos son: i) que sea relevante
constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez, y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho
que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por
el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia
objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los
derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se
atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido
de la decisión y, ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.5. Examen de los requisitos de procedencia adjetiva

2.5.1 En lo referente al requisito de inmediatez conviene señalar que este
presupuesto exige que la tutela se presente tan pronto se produce el hecho, acto
u omisión al que se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales, o
por lo menos dentro de un término prudencial y consecuencial a su ocurrencia.

Debido a que la tutela fue estatuida por el constituyente con el objeto de proveer
una protección inmediata de los derechos fundamentales conculcados, lo que
supone que el amparo sea rápido, urgente, actual y eficaz.11

En criterio de la sección, el plazo prudencial para acudir a este mecanismo
constitucional es el de seis (6) meses desde la ocurrencia del hecho generador –
el cual se calcula desde el día hábil siguiente a la ejecutoria de la última
providencia judicial cuestionada– que da lugar a la solicitud de protección y la
presentación de la misma, y cuando este es excesivo se declara su
improcedencia.

A pesar de lo anterior, en cada caso concreto se estudia si median razones
suficientes que justifiquen el retardo, para que se flexibilice su consideración y se
pueda entrar al fondo del debate jurídico planteado, tales circunstancias fueron

11 El artículo 86 de la Carta prevé que «toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante

los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma
o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos (...)».

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Demandante: Marcelina Rojas Cuero
Demandados: Tribunal Administrativo del Cauca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03131-00

fijadas por la Corte Constitucional en sentencia T-256 de 2015, cuya tesis es
acogida por esta Sala como criterio auxiliar, en los siguientes términos:

(...) i) [E]xista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por
ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad,
incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo
esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un
nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los
derechos de los interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es
permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy
antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del
actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual.12

En el caso bajo estudio, se constató que la accionante interpuso la acción de tutela
el 23 de abril de 2026, contra la providencia del del 5 de agosto de 2025, mediante
el que el Tribunal Administrativo del Cauca resolvió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante contra el auto por medio del cual el Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito de Popayán negó la liquidación de la condena
in genere, en el proceso de reparación directa - incidente de regulación de
perjuicios con radicado 19001-33-33-003-2010-00515-00/01 promovido en contra
de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional - Armada Nacional y SAE.

En relación con el requisito de inmediatez, la sala advierte que en la presente
solicitud de amparo no se cumple por las razones que a continuación se explican:

Para esta corporación, dicho requisito se entiende acreditado cuando el interesado
ejerce el mecanismo constitucional dentro de los seis meses siguientes a la
ejecutoria de la providencia atacada.

De conformidad con lo anterior, verificado Samai, en el caso objeto de estudio se
observa que: i) el auto censurado fue proferido el 5 de agosto de 2025, por el
Tribunal Administrativo del Cauca; ii) se notificó por estado del 8 de agosto de la
misma anualidad13, por lo cual quedó ejecutoriada el 13 de agosto de esa misma
vigencia, y iii) la acción de tutela se radicó el 23 de abril de 2026, esto es, más de
8 meses después.

Por tanto, si la parte actora consideraba que con dicha providencia se
desconocieron sus derechos fundamentales, pudo haber acudido en un término
razonable para plantear las inconformidades que presentó en el presente trámite
constitucional.

Ahora bien, resulta necesario precisar que la interposición del recurso de súplica
en contra de esa decisión no afectó su ejecutoria, en atención a que el mismo no
era procedente contra la decisión cuestionada, tal y como lo resolvió el mismo
tribunal en el auto del 17 de octubre de 2025.

Es necesario recordar que, controvertir una providencia judicial, supone cuestionar
principios como los de cosa juzgada y seguridad jurídica, por lo que el juicio sobre
el requisito de la inmediatez en este tipo de asuntos resulta ser estricto, máxime

12 Ver sentencias T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010 y T-576 de 2010.
13 Mediante comunicación:73337, de acuerdo con lo registrado en Samai.

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cuando solo se requiere que la decisión cuestionada se encuentre ejecutoriada
para que la persona acuda ante el juez constitucional para solicitar el amparo de
sus derechos, por lo que se impone al interesado que lo haga en un plazo
pertinente, salvo justificación razonable, carga que le corresponde alegar a la parte
accionante, la cual se echa de menos en el presente caso.

En ese orden de ideas, en el sub examine no existe una explicación válida para el
ejercicio de este trámite constitucional fuera del tiempo proporcional y razonable
adoptado por la corporación.

De acuerdo con lo argumentado, esta sala de decisión declarará la improcedencia
de la solicitud de amparo, comoquiera que no se encontró satisfecho el requisito
de inmediatez.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Denegar la solicitud de desvinculación presentada por la Sociedad de
Activos Especiales SAS.

SEGUNDO: Declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida por la
señora Marcelina Rojas Cuero.

TERCERO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: De no ser impugnada esta decisión, remitir el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Salva Voto

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx »

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