Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03131-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03131-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03131-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
30 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., treinta (30) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2026 03131 01
Accionante: Marcelina Rojas Cuero
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca y otro
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Confirma la sentencia impugnada que declaró
improcedente el amparo solicitado
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la accionante en contra del fallo de tutela
proferido el 4 de junio de 2026, por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró
improcedente el amparo solicitado.
1. SÍNTESIS DEL CASO
La señora Marcelina Rojas Cuero, actuando a través de apoderado judicial, interpuso
acción de tutela en contra del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Popayán y
el Tribunal Administrativo del Cauca, con el fin que se amparen sus derechos
fundamentales “al Debido Proceso, a la Dignidad Humana, Derecho al Trabajo, Igualdad,
y Protección al Precedente Jurisprudencial”1, y para ello formuló las siguientes
pretensiones2:
2.1.- Rehacer las siguientes Providencias ,mediante las cuales se: NEGO
arbitrariamente Aprobar la Liquidación de la Condena In Genere y el pago de los
Perjuicios Materiales causados y ordenados mediante sentencia del 10 de marzo
de 2015, dictada por el Juzgado Quinto Administrativo de Popayán, modificada y
confirmada parcialmente por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca en
Sentencia del 19 de julio de 2017 dentro de la Acción de Reparación Directa
instaurada contra la Nación-Ministerio de Defensa-Armada Nacional
Rad.No.19001333300320100051500-01, dejando SIN CUMPLIR LA
OBLIGACIÓN DE PAGO de las sumas de dinero que legalmente corresponden a
la Actora , a título de INDEMNIZACIÓN por los Perjuicios Causados y Ordenados
, mediante sentencia de condena ejecutoriada y en firme:
2.1.1.- Auto sin número del 18 de mayo de 2022 proferida por el JUZGADO
TERCERO ADMINISTRATIVO de Popayán
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 03131 00.
2 Ibidem.
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Accionante: Marcelina Rojas Cuero
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca y otro
2.1.2. Auto No. 216 del 5 de Agosto de 2025, dictada por el TRIBUNAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO del CAUCA- Mag. Dra.ZULDERY RIVERA
ANGULO. (SIC a toda la cita).
2. SITUACIÓN FÁCTICA
La accionante indicó que, el 18 de junio de 2004, en desarrollo de un operativo adelantado
por integrantes del Batallón Fluvial de Infantería de Marina núm. 10 de la Armada
Nacional en el municipio de Guapi (Cauca), fue incautada, por equivocación, la
embarcación de su propiedad denominada Rivermar, la cual se encontraba cerca del
inmueble objeto del allanamiento.
Aseguró que era completamente ajena a las actividades ilícitas investigadas y que la
lancha era utilizada como medio de transporte al servicio de la comunidad.
Posteriormente, dentro del proceso de extinción de dominio, la Fiscalía Séptima
Especializada declaró improcedente dicha actuación y ordenó la devolución definitiva de
la embarcación, al reconocer su condición de tercero de buena fe exento de culpa.
Expuso que, aunque la embarcación fue devuelta el 24 de noviembre de 2008,
permaneció durante más de cuatro años bajo custodia de la Armada Nacional y a
disposición de la entonces Dirección Nacional de Estupefacientes. Agregó que, al
momento de su entrega, la lancha se encontraba en deplorables condiciones y sin el
motor Yamaha de 75 HP que originalmente tenía instalado, el cual, según afirmó, fue
sustraído mientras el bien permanecía bajo custodia de las autoridades.
Adujo que, con fundamento en esos hechos, promovió demanda en ejercicio del medio
de control de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa – Armada
Nacional y la Dirección Nacional de Estupefacientes, hoy Sociedad de Activos Especiales
S.A.S. 3.
La demanda correspondió por reparto al Juzgado Quinto Administrativo de
Descongestión del Circuito de Popayán que, mediante sentencia del 10 de marzo de 2015
declaró la responsabilidad administrativa de ambas entidades por los perjuicios causados
con ocasión de la incautación de la embarcación y la pérdida del motor, y reconoció una
indemnización por concepto de daño emergente.
Señaló que, posteriormente, el Tribunal Administrativo del Cauca, mediante sentencia del
19 de julio de 2017, modificó parcialmente la anterior decisión, en el sentido de declarar
responsable únicamente a la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional y
condenó in genere al pago del daño emergente, al considerar demostrado que la única
afectación atribuible a la entidad consistió en la pérdida del motor durante el tiempo en
que la embarcación permaneció bajo su custodia. Asimismo, dispuso que la
cuantificación de la condena debía realizarse mediante trámite incidental, con apoyo en
un dictamen pericial que determinara el valor del motor al momento de la incautación,
teniendo en cuenta la fecha de adquisición, su depreciación hasta el 18 de junio de 2004
y la posterior actualización mediante el índice de precios al consumidor (IPC).
Indicó que, durante el trámite incidental, el juzgado, mediante providencia del 18 de mayo
de 2022, negó la liquidación de la condena in genere, al estimar que la cotización y el
dictamen pericial no cumplían los parámetros fijados por la sentencia de segunda
instancia para establecer el valor del motor al momento de la incautación.
3 En adelante SAE.
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Anotó que, la anterior decisión fue confirmada por el tribunal accionado mediante
providencia del 5 de agosto de 2025, al considerar que el dictamen carecía de la
fundamentación y los soportes necesarios para cuantificar el perjuicio y que la parte
actora no había cumplido con la carga de acreditar el monto de la condena.
Manifestó que, contra la anterior decisión interpuso recuro de súplica el cual fue
rechazado por improcedente mediante providencia del 17 de octubre de 2025.
Como fundamento de la acción de tutela, alegó lo siguiente4:
Al proferir las providencias acusadas la condena como lo expresó la sentencia de
segunda instancia tanto el Juzgado administrativo, como el mismo Tribunal
Contencioso, dejaron de observar el contenido integral del acervo probatorio
recaudado en el Proceso Administrativo iniciado desde hace más de Quince Años
(15) , período durante el cual pasó sucesivamente al conocimiento de los
Juzgados Tercero, Cuarto, Decimo , y Quinto Administrativos de Popayán como
también a diversas Salas y Magistrados Ponentes del Tribunal Contencioso
Administrativo del Cauca , pruebas documentales integradas en el expediente a
las que acudió el Perito y que le permitieron fundamentar el dictamen para concluir
con lo requerido : “ el valor del motor al momento de la incautacion “ y deducir con
la formula de actualizacion por IPC el monto establecido , IPC a la fecha de la
providencia.- 18 de mayo del 2022 […].
Finalmente, arguyó lo siguiente5:
Esta acción cumple con los requisitos formales de procedibilidad de la Acción de
Tutela, puesto que:
8.1.- El asunto sometido a estudio del juez de tutela tiene relevancia constitucional.
8.2.- Se agotaron los recursos judiciales antes de acudir al juez de tutela.
8.3.- La petición cumple con el requisito de inmediatez, de acuerdo con criterios
de razonabilidad y proporcionalidad, puesto que la providencia final con la que se
concluyó el l tramite incidental que ordenó el archivo del proceso allo que se acusa
de incurrir en causal genérica de procedibilidad fue notificado el dia 21 de octubre
de 2025, con ejecutoria al dia siguiente 22 de octubre de 2025, , es decir, me
encuentro dentro del término que razonablemente que ha dispuesto la Corte
Constitucional como el razonable para presentar este tipo de acción judicial. La
corte constitucional ha sentado el plazo de 6 meses o para la interposición de este
tipo de tutelas expresamente:
8.4.- Se trata de una irregularidad procesal, que tiene incidencia directa en la
decisión que resulta vulneratoria de los derechos fundamentales alegados;
8.5.- Se han identificado, de forma razonable, los hechos que generan la violación
y ésta fue expuesta en los recursos de apelación al interior del proceso judicial.
8.6.- Las providencias impugnadas no son de tutela
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
4 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 03131 00.
5 Ibidem.
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Accionante: Marcelina Rojas Cuero
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3.1. La tutela fue radicada el 22 de abril de 20266 y correspondió por reparto a la Sección
Quinta del Consejo de Estado que, por auto de 11 de mayo de 20267 la admitió y dispuso
notificar8 al Tribunal Administrativo del Cauca y al Juzgado Tercero Administrativo de
Popayán como autoridades judiciales accionadas; así como vincular al Ministerio de
Defensa Nacional, a la Armada Nacional y a la SAE, como terceros interesados en el
resultado del proceso.
De igual forma, requirió tanto al Juzgado como al Tribunal para que allegara copia digital
del expediente de reparación directa correspondiente al proceso identificado con el
radicado núm. 19001 33 33 003 2010 00515 00/01.
3.2. El Ministerio de Defensa Nacional9 solicitó declarar improcedente la acción de tutela,
al considerar que la accionante no acreditó los requisitos de procedencia de la tutela
contra providencias judiciales ni la vulneración de los derechos fundamentales invocados.
Sostuvo que la acción pretende utilizarse como una tercera instancia para reabrir el
debate sobre la valoración probatoria realizada dentro del incidente de regulación de
perjuicios.
Asimismo, señaló que las autoridades judiciales aplicaron los parámetros fijados en la
sentencia de 19 de julio de 2017 para la liquidación de la condena in genere y concluyeron
que la parte actora no cumplió con la carga de probar el monto de los perjuicios. En
consecuencia, afirmó que las providencias cuestionadas fueron proferidas conforme a la
legalidad y solicitó declarar improcedente la tutela por falta de relevancia constitucional.
3.3. La SAE10 sostuvo que la acción de tutela es improcedente, por cuanto la accionante
no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable ni los presupuestos que habilitan el
amparo constitucional. Asimismo, señaló que la tutela no puede utilizarse para sustituir
los mecanismos judiciales ordinarios.
De otra parte, indicó que la entidad se ha limitado a ejercer las funciones que la ley le
asigna como administradora del FRISCO y que no ha vulnerado derecho fundamental
alguno. En ese sentido, alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto
las decisiones cuestionadas fueron proferidas por las autoridades judiciales y, además,
en la sentencia de reparación directa de 19 de julio de 2017 fue excluida de
responsabilidad.
Finalmente, solicitó que se declarara improcedente la acción y su desvinculación del
trámite constitucional.
6 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03131 00.
7 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03131 00.
8 Esta orden se cumplió el 14 de mayo de 2026. Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 03131 00.
9
Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03131 00.
10
Visto en el índice 20 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
11001 03 15 000 2026 03131 00.
4
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Accionante: Marcelina Rojas Cuero
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca y otro
3.4. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Popayán11 solicitó desestimar las
pretensiones formuladas en su contra, por cuanto, en su criterio, no incurrió en
vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados por la accionante.
3.5. El Tribunal Administrativo del Cauca12 allegó el enlace del proceso ordinario, sin
embargo, no se pronunció sobre los hechos ni las pretensiones de la tutela.
4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia de tutela de 4 de junio de
2026, negó la solicitud de desvinculación presentada por la SAE y declaró improcedente
la acción constitucional por no superar el requisito general de inmediatez.
En el caso concreto, concluyó que la tutela no satisfacía dicho requisito, pues la
providencia cuestionada quedó ejecutoriada el 13 de agosto de 2025 y la demanda fue
presentada el 23 de abril de 2026, esto es, más de ocho meses después, sin que la
accionante ofreciera una justificación válida para ese lapso.
Además, precisó que la interposición del recurso de súplica no suspendió la ejecutoria de
la decisión, por tratarse de un recurso improcedente.
5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN
5.1. La parte actora impugnó la sentencia de 4 de junio de 2026 y solicitó que se revoque
dicha decisión para que se estudie de fondo el amparo, al considerar vulnerados sus
derechos fundamentales.
En sustento de su inconformidad, afirmó que el juez de tutela de primera instancia realizó
un cómputo errado del término de inmediatez, pues este debía contabilizarse desde la
ejecutoria del auto que resolvió el recurso de súplica y no desde el auto de 5 de agosto
de 2025. Sostuvo que dicho recurso era procedente conforme al régimen procesal vigente
cuando se inició el incidente de liquidación de perjuicios, por lo que la aplicación de las
modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021 desconoció el régimen de transición
previsto en el artículo 624 del Código General del Proceso13.
Igualmente, alegó que el requisito de inmediatez debía flexibilizarse en atención a la
prolongada mora judicial presentada en el trámite del proceso de reparación directa y del
incidente de liquidación de perjuicios, por lo cual concluyó que la vulneración de sus
derechos es actual y permanente, pues la negativa de liquidar la condena in genere le ha
impedido hacer efectiva la indemnización reconocida mediante sentencia judicial.
5.2. Por auto proferido el 22 de junio de 2026 se concedió la impugnación14 y la misma fue
asignada a esta Sección por acta de reparto de 15 de julio de 202615.
11 Visto en el índice 25 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03131 00.
12 Visto en el índice 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03131 00.
13 En adelante el CGP.
14 Visto en el índice 38 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03131 00.
15 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03131 01.
5
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Accionante: Marcelina Rojas Cuero
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6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con
lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 16, en
concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo
de 201517, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202118, así como
con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo
de 201919, modificado por el Acuerdo núm. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido
por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las
secciones.
6.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente20:
6.3.1. La señora Marcelina Rojas Cuero, por conducto de apoderado judicial, promovió
demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa con el propósito de
obtener la declaratoria de responsabilidad patrimonial de la Nación – Ministerio de
Defensa – Armada Nacional y de la entonces Dirección Nacional de Estupefacientes (hoy
SAE) por los perjuicios ocasionados como consecuencia de la incautación indebida de
su embarcación, el deterioro de esta durante el tiempo que permaneció bajo custodia
estatal y la pérdida del motor Yamaha de 75 HP, hechos ocurridos mientras la lancha
permaneció retenida en desarrollo de un operativo militar. Al proceso se le asignó el
número único de radicación 19001 33 33 003 2010 00515 00/01.
6.3.2. El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Quinto Administrativo de
Descongestión de Popayán, que mediante sentencia de 10 de marzo de 2015 resolvió lo
siguiente:
PRIMERO: DECLARAR a la NACION – MINISTERIO DE DEFENSA- ARMADA
NACIONAL y a la DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES, hoy
SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS SAE SAS, administrativamente
responsables de los perjuicios causados a la señora MARCELINA ROJAS
CUJERO, con motivo de la incautación de la lancha tipo langostera de 23 pies,
color blanco con una franja amarilla, número AA071G930202-5 de nombre
RIVERMAR, con un motor marca YAMAHA 75 HP, número de serie 692L519729,
el 18 de junio de 2004 en el municipio de Guapi (C), la cual le fue devuelta a su
propietaria el 24 de noviembre de 2008.
16 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la
impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola
con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y
ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del
expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
17 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
18 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela".
19 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
20 Lo que se desprende del expediente identificado con el radicado núm. 19001 33 33 003 2010 00515
00/01.
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Accionante: Marcelina Rojas Cuero
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SEGUNDO: Como consecuencia, CONDENAR a la DECLARAR a la NACIÓN –
MINISTERIO DE DEFENSA- ARMADA NACIONAL y a la DIRECCION
NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES, hoy SOCIEDAD DE ACTIVOS
ESPECIALES SAS SAE SAS, a pagar a favor de la demandante MARCELINA
ROJAS CUJERO por concepto de Perjuicios Materiales, en la modalidad de
Daño Emergente, la suma de VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS ONCE
MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS ($ 28.611.167) M. CTE.
SEGUNDO: Se niegan las demás pretensiones de la demanda.
6.3.3. Inconformes con esa decisión, la parte demandante y las entidades demandadas
interpusieron recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal mediante sentencia
de 19 de julio de 2017, en la que se dispuso:
PRIMERO: MODIFICAR los numerales PRIMERO y SEGUNDO de la sentencia
dictada el 10 de marzo de 2015 por el Juzgado Quinto Administrativo de
Descongestión del Circuito de Popayán dentro del proceso de reparación directa
promovido por la señora MARCELINA ROJAS CUERO contra la NACIÓN –
MINISTERIO DE DEFENSA – ARMADA NACIONAL y la DIRECCIÓN
NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES –hoy SOCIEDAD DE ACTIVOS
ESPECIALES SAS -SAE SAS– los cuales quedarán así:
“PRIMERO: DECLARAR a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA –
ARMADA NACIONAL administrativamente responsable de los perjuicios
causados a la señora MARCELINA ROJAS CUERO con ocasión de los daños
causados a la lancha tipo langostera de 23 pies, color blanco con una franja
amarilla, número AA071G930202-5 de nombre Rivermar por la pérdida del
motor, durante la incautación efectuada entre el 18 de junio de 2004 y el 24 de
noviembre de 2008.
SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, condenar “IN
GENERE” a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – ARMADA
NACIONAL a pagar a favor de la señora MARCELINA ROJAS CUERO la
indemnización por concepto de DAÑO EMERGENTE, de acuerdo a los
términos referidos en la presente providencia.”
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada, en cuanto denegó
las demás pretensiones, de conformidad con las razones aquí expuestas.
6.3.4. La parte demandante promovió incidente de liquidación de perjuicios, el cual fue
resuelto de manera desfavorable por el citado juzgado, en audiencia especial de 18 de
mayo de 2022. Contra dicha decisión interpuso recurso de apelación.
6.3.5. El Tribunal Administrativo del Cauca, mediante providencia de 5 de agosto de 2025,
resolvió el recurso de apelación de manera confirmatoria. Contra esa providencia, la parte
demandante interpuso recurso de súplica, el cual fue negado por improcedente por el
mismo Tribunal mediante providencia de 17 de octubre de 2025, notificada el 21 de
octubre de 2025.
6.4. ANÁLISIS DE LA SALA
Teniendo en cuenta lo que es motivo de impugnación, la Sala considera necesario
resolver si, en este caso, frente a los reparos expuestos por el accionante en el escrito
de tutela y analizado en el fallo de primera instancia, se reúne el requisito general de
relevancia constitucional, y para ello, examinará: (i) los criterios que la jurisprudencia
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Accionante: Marcelina Rojas Cuero
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constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de
evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.
6.4.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C - 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que21:
[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […].
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
A partir de la sentencia C - 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en la sentencia SU -
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades22:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia 23. De manera
que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar dicho requisito de procedibilidad.
6.4.2. Caso concreto
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, se detendrá en el
examen del segundo y del tercer criterio que la compone, esto es, (i) evitar que la acción
21 Corte Constitucional. Sentencia C - 590 del 8 de junio de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
22 Corte Constitucional. Sentencia SU - 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido. Este
criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-103 de 2022.
23 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del 29
de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente núm. 11001
0315 000 2022 02850 01. C.P. Oswaldo Giraldo López.
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de tutela se convierta en una manera de desconocer principios constitucionales como los
de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial, e (ii)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.
6.4.2.1. Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad o de naturaleza económica
Frente al segundo elemento, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente 24:
[…] la controversia debe versar sobre un asunto constitucional, pero no
meramente legal y/o económico. Según la jurisprudencia constitucional, las
discusiones de orden legal, esto es, aquellas relativas a un derecho de índole
económica, deben ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos
para su trámite, dado que “le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma
imprudente en asuntos de carácter netamente legal o reglamentario”, so pena de
“involucrarse en [cuestiones] que corresponde definir a otras jurisdicciones” […].
(Subrayado fuera del texto).
En igual sentido, anotó que25:
[…] en tales términos, un asunto carece de relevancia constitucional, según lo ha
considerado la Corte, (i) cuando la discusión se limita a la mera determinación de
aspectos legales de un derecho, como la correcta interpretación o aplicación de
una norma “de rango reglamentario o legal”, salvo que de esta “se desprend[a]n
violaciones a los derechos y deberes constitucionales” o (ii) cuando sea evidente
su naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia
estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas, “que no
representen un interés general” […]. (Subrayado fuera del texto).
La Sala considera que, en este caso, no se cumple el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que no se supera uno de los elementos que lo integran,
consistente en preservar la competencia e independencia de los jueces de las
jurisdicciones distintas de la constitucional y, por esa vía, evitar que la acción de tutela
sea utilizada para debatir asuntos de mera legalidad o de contenido económico.
Lo anterior, por cuanto la controversia planteada por la accionante tiene un contenido
eminentemente patrimonial, pues se dirige a obtener la liquidación de la condena in
genere reconocida dentro del proceso de reparación directa, mediante la determinación
del valor comercial del motor cuya pérdida dio lugar a la condena indemnizatoria. Para
ello, cuestiona la valoración del dictamen pericial y de los demás medios de prueba
realizada por las autoridades judiciales accionadas, con el fin de que se reconozca la
procedencia de la liquidación de la indemnización, lo que implica un debate netamente
económico.
6.4.2.2. Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces
Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que:
24 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P. Carlos Bernal Pulido.
25 Ibidem.
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[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal” […]26.
(Subrayado fuera de texto)
En la sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial. Como se expresó con
claridad en la Sentencia SU-128 de 2021, este “enfoque impide que el mecanismo de
amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para
discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a
la controversia judicial”.
En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso y la jurisprudencia aplicable, resulta evidente que
este mecanismo constitucional está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo
la autonomía e independencia del juez natural.
La Sala advierte que, en este caso, no se cumple el requisito de relevancia constitucional,
comoquiera que no se supera el tercer elemento que lo integra, esto es, impedir que la
acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones adoptadas por el juez del proceso ordinario.
En el escrito de tutela inicial, así como en la impugnación, la accionante sostuvo que las
providencias judiciales accionadas vulneraron sus derechos fundamentales al negar la
liquidación de la condena in genere, pese a que, en su criterio, el dictamen pericial y los
demás medios de prueba aportados al incidente cumplían las directrices fijadas en la
sentencia de 19 de julio de 2017 y permitían establecer el valor del motor objeto de la
condena.
Ahora bien, de la lectura de la providencia cuestionada, esto es la calendada el 5 de
agosto de 2025, se observa que, al resolver el recurso de apelación, el Tribunal recordó
que la sentencia de 19 de julio de 2017 impuso una condena in genere y ordenó que,
mediante el trámite incidental, se estableciera el valor del motor al momento de su
incautación. Para ello, dispuso que debía partirse del valor de adquisición del bien en el
año 2000, aplicar la depreciación correspondiente hasta junio de 2004 y, posteriormente,
actualizar dicha suma con el índice de precios al consumidor (IPC) hasta la fecha de la
liquidación.
A partir de esos parámetros, el Tribunal examinó el dictamen pericial y concluyó que este
no se ajustaba a las directrices fijadas en la sentencia. Explicó que el perito no determinó
el valor del motor para la época de la incautación, sino que tomó como referencia
cotizaciones obtenidas varios años después, sobre las cuales aplicó una
26 Corte Constitucional. Sentencia SU- 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P. Carlos Bernal Pulido.
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contraindexación para establecer un valor aproximado en el año 2004, metodología que
no correspondía a la orden impartida en la sentencia.
Asimismo, señaló que el dictamen no explicó suficientemente las razones técnicas que
justificaban el procedimiento empleado ni acreditó que las cotizaciones utilizadas
permitieran establecer el valor comercial del mismo motor para el año 2004. Por ello,
estimó que el peritaje carecía del soporte probatorio necesario para cuantificar la condena
en los términos fijados por la sentencia de segunda instancia.
Finalmente, el Tribunal precisó que el incidente de liquidación no constituía una
oportunidad para modificar los parámetros establecidos en la sentencia de 19 de julio de
2017, sino únicamente para cuantificar la condena conforme a tales directrices. En
consecuencia, al advertir que el dictamen pericial no las observó, confirmó la decisión
que negó la liquidación de la condena in genere.
A partir de ese contexto, la Sala observa que lo manifestado por la accionante para
sustentar la presunta vulneración de sus derechos fundamentales no evidencia que el
asunto planteado verse sobre el alcance de un derecho fundamental, sino únicamente
sobre su inconformidad con la decisión adoptada dentro del incidente de liquidación de
perjuicios.
Ello es así, porque el accionante en ningún momento pone de presente que la autoridad
judicial accionada hubiera incurrido en una arbitrariedad, ni desarrolla una exposición de
la que se desprenda que el caso exija interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución
Política, o definir el alcance de un derecho fundamental, como tampoco justifica de
manera razonable una afectación desproporcionada de sus derechos fundamentales.
Por tanto, la Sala considera que lo expuesto por la parte accionante, más que revelar la
existencia de una cuestión de verdadera relevancia constitucional que implique la
presunta transgresión de derechos fundamentales, pone de manifiesto una simple
inconformidad con la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada, como si la
tutela se tratara de un recurso o una instancia adicional.
6.4.2.3. Del requisito de inmediatez
Frente a los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, se tiene lo siguiente:
La jurisprudencia constitucional ha considerado que, dado que la finalidad de la tutela es
la protección urgente e inmediata de los derechos fundamentales, ésta debe formularse
en un plazo razonable contado a partir del hecho que originó la amenaza o vulneración,
pues aceptar lo contrario desvirtuaría su carácter excepcional.
En este sentido, en la sentencia SU-354 de 2017, la Corte Constitucional destacó que la
importancia de exigir un término razonable entre la notificación de la providencia que se
controvierte y la interposición de la acción de tutela, radica en que dicho requisito: “(…)
(i) garantiza una protección urgente de los derechos fundamentales presuntamente
amenazados o vulnerados; (ii) evita una lesión desproporcionada a atribuciones jurídicas
de terceros; (iii) resguarda la seguridad jurídica; y (iv) desestima las solicitudes
negligentes (…)”.
La citada Corporación estableció dos eventos en los que es posible valorar la
admisibilidad de una acción de tutela presentada luego de que hubiese transcurrido un
largo período respecto de la vulneración o amenaza de derechos: (i) cuando se
demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho
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que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la
situación es continua y actual; y (ii) cuando la especial situación de aquella persona a
quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales, hace desproporcionado el hecho
de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo, el estado de indefensión,
interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros27.
La razonabilidad del plazo debe ser valorada en cada caso concreto, teniendo en cuenta,
entre otros, los siguientes criterios: (i) si existe un motivo válido para la inactividad del
accionante; (ii) si la inactividad injustificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de
terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados, y (iv) si el
fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de
los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha
de interposición28.
De manera similar, la Corte Constitucional, en la sentencia SU - 069 del 21 de junio de
2018, explicó lo siguiente:
[…] la tutela debe interponerse dentro de un término oportuno y razonable, es
decir, en un momento cercano a aquel en que se presentó la vulneración o
amenaza. No obstante, también ha considerado que en los eventos donde la
afectación permanece en el tiempo el requisito debe flexibilizarse no solo porque
la posición desfavorable es continua y actual, sino por la situación de debilidad en
que puede hallarse el accionante […].
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia del
5 de agosto de 2014, unificó su jurisprudencia 29 y, en cuanto al requisito de inmediatez,
estableció que “(…) la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses,
contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para
determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente
(…)”. (Negrillas del texto).
Así entonces, en los casos que se controvierten providencias judiciales, por regla general,
la acción se debe interponer dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de
la providencia que se cuestiona, teniendo en cuenta la naturaleza del acto jurisdiccional,
los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y
extraordinarios y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y
estabilidad, plazo que deberá ser analizado en cada caso particular, tomando en
consideración las circunstancias especiales de modo, tiempo y lugar en que se encuentre
el accionante.
En el asunto sub examine, tal como lo indicó el a quo, no se satisface el requisito de
inmediatez. En efecto, la providencia acusada corresponde al auto del 5 de agosto de
2025, mediante el cual el Tribunal Administrativo del Cauca resolvió el recurso de
apelación interpuesto contra la decisión que negó la liquidación de la condena in genere.
27 Sentencia T-584 de 2011.
28 Sentencias T-648 de 2003, T-322 de 2008, T-581 de 2012, entre otras.
29 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014.
M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Rad.:11001 03 15 000 2012 02201 01.
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Dicho auto fue notificado a la accionante el 8 de agosto de 202530. Si bien contra esa
decisión se interpuso recurso de súplica, este fue rechazado por improcedente mediante
proveído del 10 de octubre de 2025.
En ese contexto, como la presente acción de tutela fue radicada el 22 de abril de 202631,
es evidente que transcurrieron más de seis meses entre la notificación de la providencia
del 5 de agosto de 2025 y la presentación del mecanismo constitucional, lapso que
excede el término razonable que la jurisprudencia ha considerado para el ejercicio de
esta acción, sin que se advierta una justificación que permita flexibilizar dicho
presupuesto.
En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia de 4 de junio de 2026, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró improcedente el amparo solicitado,
pero por las razones expuestas anteriormente.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 4 de junio de 2026, proferida por la Sección
Quinta de esta Corporación, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 30 de
julio de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA
Consejero de Estado NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CIFUENTES Consejera de Estado
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con la ley.
30 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 19001
33 33 003 2010 00515 01.
31 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03131 00.
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