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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03150-00

Fecha
21 de mayo de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03150-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Negar las pretensiones de la acción de tutela promovida por el señor Jackson Martínez Mayo, quien actúa en calidad de curador de la señora Sissy Mayo Perea, contra el Tribunal Administrativo del Chocó, de conformidad con las razones expuestas. 8 Esta corporación ha señalado que, en lo que respecta a la aplicación del artículo 121 de la Ley 1564 de 2012, este resulta incompatible e inaplicable en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por cuanto no existe vacío normativo en la Ley 1437 de 2011 en relación con la duración del proceso y los términos en los que debe proferirse la sentencia, que justifique acudir a otro cuerpo normativo para regular dicho aspecto. Al respecto, véanse las sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, radicado núm. 11001-03-15- 000-2019-00766-00, y de la Sección Segunda, Subsección A, radicado núm. 11001-03-15-000-2019-04535-00. 6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: 57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001-03-15000-2026-03150-00 Accionante: Jackson Martínez Mayo Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03150-00

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

21 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03150-00
Accionante: JACKSON MARTÍNEZ MAYO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

Temas: Tutela contra autoridad judicial. Petición judicial presentada en el
marco de proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Derecho
fundamental al debido proceso

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Jackson Martínez Mayo, quien actúa en calidad de curador
de la señora Sissy Mayo Perea, contra el Tribunal Administrativo del Chocó.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 23 de abril de 2026, la parte demandante solicitó al juez constitucional la
protección de su derecho fundamental de petición, supuestamente vulnerado por la
autoridad judicial accionada.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“- Tutelar el derecho fundamental de petición y en consecuencia.
• Ordene al H. Tribunal superior del Chocó responder la petición elevada el día 27 de
marzo del año 2026”.

2. Hechos1

El 9 de diciembre de 2021, la parte accionante promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional,
el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el departamento del
Chocó y la Secretaría Departamental de Educación, con el fin de que se declarara
la nulidad del Decreto núm. 0465 de septiembre de 2008, notificado el 21 de
septiembre de 2021, mediante el cual se retiró del servicio docente a la señora Sissy
Mayo Perea. En consecuencia, solicitó su reintegro, así como el pago de los salarios
y prestaciones dejados de percibir desde su retiro.

El asunto correspondió por reparto al Tribunal Administrativo del Chocó, bajo el
radicado núm. 27001-23-33-000-2021-00197-00, que mediante auto del 23 de junio
de 2022, admitió la demanda. Posteriormente, luego de surtidas varias actuaciones,
mediante auto del 9 de febrero de 2024 corrió traslado para alegar de conclusión.
Por medio de auto del 19 de noviembre de 2025, se resolvió rechazar por
improcedente la recusación presentada por la parte demandante contra la
magistrada a cargo del proceso judicial, la cual tuvo como fundamento el
conocimiento previo y la negativa de una acción de tutela en la que se alegó la
vulneración del derecho fundamental de petición.
1 Se extraen de la demanda ordinaria y del escrito de tutela.

Radicación: 11001-03-15000-2026-03150-00
Accionante: Jackson Martínez Mayo

El expediente ingresó al despacho el 30 de enero de 2026 para proferir sentencia
de primera instancia.

Mediante memorial del 24 de marzo de 2026, la parte accionante solicitó, “de
conformidad con el artículo 275 de la Ley 1564 de 2012, informar los criterios de
razonabilidad y eficacia que no han permitido proferir sentencia”.

A través de escrito del 27 del mismo mes y año, el actor manifestó lo siguiente:

“Teniendo en cuenta que luego de 4 años y 3 meses contados a partir del mes
de diciembre del año 2021. Mes en qué se radicó la demanda de referencia.

Así mismo que de acuerdo al artículo 122 del CGP, que dispone que transcurrido
un año para dictar sentencia a partir de la notificación del auto admisorio de la
demanda, el correspondiente magistrado pierde competencia para decidir el
asunto.

Encontramos que en el presente caso, el H. Despacho ha perdido competencia
para continuar conociendo del proceso de referencia.

Motivado en ello, solicito muy respetuosamente dar aplicabilidad al artículo 121
del CGP e informarlo a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura y remitir el expediente al magistrado que le sigue en la
correspondiente sala”.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora manifestó que, a la fecha de presentación de la acción de tutela, no
ha obtenido respuesta a la solicitud presentada el 27 de marzo de 2026, por lo que
consideró vulnerado su derecho fundamental de petición. Para sustentar lo anterior,
hizo mención de los artículos 23, 85 y 86 de la Constitución Política.

4. Trámite procesal

Por auto de 27 de abril de 2026, el despacho sustanciador admitió la demanda de
tutela promovida por el señor Jackson Martínez Mayo, en calidad de curador
definitivo de la señora Sissy Mayo Perea, teniendo en consideración el acta de
posesión del cargo de 21 de febrero de 2017 del Juzgado Segundo de Familia de
Quibdó. En consecuencia, se ordenó notificar a la parte accionante y a la autoridad
judicial accionada -Tribunal Administrativo del Chocó-, y se vinculó a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en virtud de lo previsto en el artículo 610
del Código General del Proceso2.

5. Oposición

Respuesta del Tribunal Administrativo del Chocó

La magistrada a cargo del proceso ordinario solicitó negar las pretensiones de la
acción de tutela, al considerar que no se ha vulnerado derecho fundamental alguno,
en tanto la solicitud elevada por el accionante no constituye un derecho de petición,
sino un requerimiento orientado a impulsar una actuación judicial dentro de un
proceso en curso.

En ese sentido, indicó que en el caso se han observado las reglas procesales
aplicables, sin que se configure mora judicial injustificada que comprometa los

2 La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios nos. 79423 y 79424 de 29 de abril de 2026, con el

fin de dar cumplimiento a la referida decisión.

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Accionante: Jackson Martínez Mayo

derechos fundamentales invocados por la parte actora, toda vez que el proceso
ordinario no ha permanecido en una inactividad caprichosa, sino que ha debido
atender incidencias y solicitudes procesales, varias de ellas promovidas por el
propio accionante.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

La Sala precisa que aun cuando el demandante, quien actúa como curador de la
señora Sissy Mayo Perea, solicita que se ampare el derecho fundamental de
petición por la falta de respuesta a la solicitud presentada el 27 de marzo de 2026,
lo cierto es que dicho alegato se circunscribirá al derecho fundamental al debido
proceso, en razón a que se trata de una solicitud presentada en el marco de un
proceso judicial, por lo que la misma está sujeta al procedimiento y etapas
procesales del respectivo medio de control, sin que se trate de una petición ajena al
juicio que deba ser analizada en los términos de la Ley Estatutaria 1755 de 2015.

En esos términos, le corresponde a la Sala establecer si la autoridad judicial
accionada vulneró el derecho fundamental al debido proceso, con la falta de
respuesta a la solicitud presentada el 27 de marzo de 2026, en el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 27001-23-33-000-
2021-00197-00.

3. Solicitudes que se presentan ante autoridades judiciales en el marco de
procesos judiciales

El artículo 23 de la Constitución Política, establece que “toda persona tiene derecho
a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general
o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su
ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”.

Respecto a las peticiones frente a autoridades judiciales, la jurisprudencia ha
establecido que cualquier persona tiene el derecho a presentar peticiones ante los
jueces de la República y a que estas sean resueltas, siempre y cuando el objeto de
la solicitud no recaiga sobre los procesos que un funcionario judicial adelanta3.

En efecto, la Corte Constitucional distingue entre peticiones judiciales y peticiones
administrativas. Las primeras son las que se refieren a “actuaciones estrictamente
judiciales, que por tales se encuentran reguladas en el procedimiento respectivo,
debiéndose sujetar entonces la decisión a los términos y etapas procesales previstos para
el efecto; y [las segundas son] aquellas que por ser ajenas al contenido mismo de la litis e
impulsos procesales, deben ser atendidas por la autoridad judicial en su condición, bajo las
normas generales del derecho de petición que rigen la administración, esto es, el [Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo]”4.

Sobre el particular la Corte Constitucional en sentencia T-482 de 2024 sostuvo que
“las peticiones que se elevan a los jueces pueden corresponder a solicitudes judiciales o a
solicitudes administrativas, y estas últimas se rigen por la Ley 1755 de 2015. La

3 Sentencia C-951 de 2014, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez. Esta regla ha sido reiterada en las sentencias T-192 de
2007, M. P. Álvaro Tafur Galvis y T- 412 de 2006 M.P. Rodrigo Escobar Gil, entre otras.
4 Corte Constitucional, sentencia T- 311 de 2013, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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Accionante: Jackson Martínez Mayo

jurisprudencia de la Corte Constitucional ha acudido a tres criterios para determinar si una
petición se rige por las normas procesales o por las prescripciones del derecho de petición,
a saber: (i) si el asunto está regulado por las normas procesales del respectivo código, (ii)
si la solicitud es formulada por las partes e intervinientes o por terceros ajenos al litigio y
(iii) si las solicitudes están conectadas con la litis o el ejercicio del derecho de defensa”.

En igual sentido, la Corte Constitucional en sentencia T-272 de 2006 explicó que la
solicitud relacionada con la información del proceso obedecía a un derecho de
petición, en ese caso analizó la solicitud de un investigado en la que solicitaba
información sobre unos procesos que se adelantaban en su contra, pues la misma
no se encontraba regulada en la norma procesal.

De igual manera, esa Corporación judicial acogió el anterior criterio en la sentencia
C-951 de 20145, que hizo el estudio de constitucionalidad al proyecto de ley
estatutaria que regula el derecho fundamental de petición, en la que agregó que “el
juez tendrá que responder la petición de una persona que no verse sobre materias del
proceso sometido a su competencia”. En esa misma oportunidad se precisó que “deben
diferenciarse las peticiones que se formulen ante los jueces, así: “(i) las referidas a
actuaciones estrictamente judiciales, que por tales se encuentran reguladas en el
procedimiento respectivo, debiéndose sujetar entonces la decisión a los términos y etapas
procesales previstos para el efecto; y (ii) aquellas que por ser ajenas al contenido mismo
de la litis e impulsos procesales, deben ser atendidas por la autoridad judicial en su
condición, bajo las normas generales del derecho de petición que rigen la administración”.

Por esta razón, la Corte Constitucional precisó, en la sentencia T-172 de 20166, que
cuando los ciudadanos presenten una solicitud orientada a obtener la definición de
aspectos del proceso no es dado afirmar que los jueces vulneran el derecho de
petición. Por el contrario, “en tales casos, se puede invocar el derecho al debido proceso,
y demostrar que el operador judicial se ha salido de los parámetros fijados por el
ordenamiento jurídico al respecto, desconociendo las reglas correspondientes al trámite de
un determinado proceso judicial” 7.

En consecuencia, se entiende que las peticiones judiciales son aquellas que
guardan una relación directa con el impulso del proceso, en tanto se enmarcan
dentro de las actuaciones propias del trámite jurisdiccional y se rigen por las reglas
del proceso. Por el contrario, aquellas solicitudes que no buscan activar el aparato
judicial, como las relacionadas con el turno o el desarchivo del expediente, deben
ser consideradas de naturaleza administrativa. Estas últimas no se tramitan
conforme a las disposiciones procesales propias del proceso judicial, sino que se
sujetan al régimen previsto en la Ley 1437 de 2011, particularmente en los artículos
14 y 32, los cuales establecen que la autoridad competente debe resolver de fondo
en un término máximo de quince (15) días hábiles.

En conclusión, en lo que hace relación con la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales en razón de peticiones presentadas ante autoridades judiciales, es
necesario tener en consideración que (i) si se trata de solicitudes que versen sobre
asuntos relacionados con el proceso judicial que se adelanta en el despacho
peticionado, los derechos que pueden resultar vulnerados son el debido proceso y
de acceso a la administración de justicia, mientras que (ii) cuando el objeto de la
solicitud no recaiga sobre dichos procesos, es posible alegar la afectación del
derecho de petición.

4. Estudio y solución del caso concreto

El señor Jackson Martínez Mayo, quien actúa en calidad de curador de la señora
Sissy Mayo Perea, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del

5 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
6 M. P. Alberto Rojas Ríos.
7 Corte Constitucional, M.P. Alberto Rojas Ríos.

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Chocó, al considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso, con la
falta de respuesta a la solicitud presentada el 27 de marzo de 2026, en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 27001-23-33-
000-2021-00197-00.

De acuerdo con la información suministrada en el expediente digitalizado que
reposa en el Sistema para la Gestión Judicial SAMAI, se destacan las siguientes
actuaciones:

• El 9 de diciembre de 2021, el actor promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional,
el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el departamento del
Chocó y la Secretaría Departamental de Educación, con el fin de que se declarara
la nulidad del Decreto núm. 0465 de septiembre de 2008.

• El 26 de enero de 2022, el Tribunal Administrativo del Chocó inadmitió la demanda
y, posteriormente, mediante auto de 23 de junio de 2022, la admitió.

• Por auto de 9 de febrero de 2024, la autoridad judicial accionada dio aplicación a
la figura de la sentencia anticipada, en virtud de lo dispuesto en el artículo 42 de la
Ley 2080 de 2021 y, en consecuencia, corrió traslado a las partes y al Ministerio
Público para que presentaran alegatos de conclusión.

• El 18 de marzo de 2024, el expediente ingresó al despacho para proferir sentencia
de primera instancia.

• El 18 de junio de 2025, la parte demandante presentó recusación con fundamento
en la causal 9ª del artículo 141 de la Ley 1564 de 2012, al considerar que uno de
los magistrados que integra la Sala de Decisión carecía de imparcialidad, por haber
resuelto de manera negativa una acción de tutela promovida con el fin de obtener
el amparo del derecho fundamental de petición.

• Dicha solicitud fue resuelta mediante auto de 19 de noviembre de 2025, a través
del cual se rechazó por improcedente la recusación presentada.

• El 30 de enero de 2026, el expediente ingresó nuevamente al despacho para
proferir sentencia de primera instancia.

• El 24 de marzo de 2026, la parte actora presentó escrito en el que solicitó, “de
conformidad con el artículo 275 de la Ley 1564 de 2012, informar los criterios de
razonabilidad y eficacia que no han permitido proferir sentencia”.

Posteriormente, mediante escrito del 27 de marzo del presente año, el actor
manifestó lo siguiente:

“Teniendo en cuenta que luego de 4 años y 3 meses contados a partir del mes
de diciembre del año 2021. Mes en qué se radicó la demanda de referencia.

Así mismo que de acuerdo al artículo 122 del CGP, que dispone que transcurrido
un año para dictar sentencia a partir de la notificación del auto admisorio de la
demanda, el correspondiente magistrado pierde competencia para decidir el
asunto.

Encontramos que en el presente caso, el H. Despacho ha perdido competencia
para continuar conociendo del proceso de referencia.

Motivado en ello, solicito muy respetuosamente dar aplicabilidad al artículo 121
del CGP e informarlo a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura y remitir el expediente al magistrado que le sigue en la
correspondiente sala”.

5
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Así las cosas, la Sala advierte que la solicitud formulada por la parte accionante
reviste naturaleza de petición judicial8, en tanto fue presentada dentro de un proceso
en curso y se relaciona directamente con aspectos propios de su trámite,
específicamente con la aplicación de lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 1564
de 2012 y la eventual remisión del expediente al magistrado siguiente en turno para
dictar sentencia. En consecuencia, este tipo de requerimientos no se rige por las
reglas del derecho fundamental de petición, sino por las garantías propias del
debido proceso, que orientan la actuación judicial.

Bajo ese entendido, la Sala no evidencia una vulneración actual del derecho
fundamental al debido proceso del accionante. En efecto, durante el trámite de la
presente acción de tutela, el Tribunal Administrativo del Chocó informó que el
proceso ingresó al despacho para fallo el 30 de enero de 2026, precisando, además,
que no ha existido una inactividad injustificada, en la medida en que se han atendido
diversas solicitudes procesales, varias de ellas promovidas por el propio actor.

Adicionalmente, se observa que la petición cuya falta de respuesta se alega fue
presentada el 27 de marzo de 2026 y la acción de tutela se interpuso el 23 de abril
de 2026. Dicho lapso no resulta desproporcionado ni irrazonable, si se tiene en
cuenta que el expediente se encuentra al despacho para dictar sentencia que el
juez natural es quien se encuentra facultado para resolver lo pedido.

En ese contexto, corresponde a la autoridad judicial accionada resolver lo solicitado
dentro del proceso ordinario, sin que el juez de tutela pueda sustituirla en dicha
competencia ni inmiscuirse en el curso normal del trámite judicial, ordenando la
resolución de dicha petición que debe ser decidida en el marco del mismo proceso.
Ello, máxime cuando no se acredita una dilación que comprometa las garantías del
debido proceso, se insiste a partir de lo pedido por el extremo accionante en el
medio de control y la presentación del mecanismo constitucional.

En virtud de lo anterior, dado que el proceso se encuentra al despacho para dictar
sentencia de primera instancia y que la solicitud data del 27 de marzo de 2026, no
se evidencia una afectación del derecho fundamental al debido proceso de la parte
accionante que amerite la intervención del juez constitucional.

Por las razones expuestas, la Sala negará las pretensiones de la acción de tutela,
al no evidenciarse vulneración del derecho fundamental al debido proceso alegado
por la parte accionante.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

Primero.- Negar las pretensiones de la acción de tutela promovida por el señor
Jackson Martínez Mayo, quien actúa en calidad de curador de la señora Sissy Mayo
Perea, contra el Tribunal Administrativo del Chocó, de conformidad con las razones
expuestas.

8
Esta corporación ha señalado que, en lo que respecta a la aplicación del artículo 121 de la Ley 1564 de 2012,
este resulta incompatible e inaplicable en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por cuanto no existe
vacío normativo en la Ley 1437 de 2011 en relación con la duración del proceso y los términos en los que debe
proferirse la sentencia, que justifique acudir a otro cuerpo normativo para regular dicho aspecto. Al respecto,
véanse las sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, radicado núm. 11001-03-15-
000-2019-00766-00, y de la Sección Segunda, Subsección A, radicado núm. 11001-03-15-000-2019-04535-00.
6
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Radicación: 11001-03-15000-2026-03150-00
Accionante: Jackson Martínez Mayo

Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección electrónica:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

7
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