Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-03159-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-03159-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2026-03159-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
31 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03159-01
Demandante: Luis Fernando Ayala Jiménez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección A
Temas: Tutela contra providencia judicial / Acción de cumplimiento /
Defecto sustantivo, fáctico, desconocimiento del precedente y
violación directa de la constitución.
Decisión: Revoca improcedencia para negar el amparo
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la impugnación interpuesta por Luis Fernando Ayala Jiménez, en
contra de la sentencia proferida el 21 de mayo de 2026 por el Consejo de Estado,
Sección Primera, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la referencia
y declaró la improcedencia.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud
1. Luis Fernando Ayala Jiménez promovió solicitud de tutela con el fin de que
se ampararan sus derechos y garantías fundamentales al debido proceso y acceso
a la administración de justicia, con ocasión de la sentencia proferida el 10 de abril
de 2026 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la acción de
cumplimiento identificada con el radicado 11001-33-35-021-2026-00060-01.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente1:
2.1. El demandante promovió demanda de acción de cumplimiento contra la ESE
Hospital Sandiego de Cereté - Córdoba, con el fin de que se le ordenara cumplir el
artículo 17 de la Ley 550 de 1999 y, en ese sentido, le diera prelación de pago a las
1 Archivo obrante en el índice 2 del Samai.
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Demandante: Luis Fernando Ayala Jiménez
condenas derivadas de las sentencias judiciales proferidas con anterioridad al
Acuerdo de Reestructuración de Pasivos celebrado el 1.º de abril de 2024, entre la
ESE y sus acreedores.
2.2. El Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá en
sentencia de 10 de marzo de 2026, resolvió negar por improcedente el medio de
control al considerar que los derechos laborales originados de sentencias judiciales
que fueron inventariadas cuando «[…] se celebró el acuerdo de reestructuración de
pasivo con la E.S.E., Hospital Sandiego de Cereté, dentro de los que se encuentran como
acreedores los señores (i) Piedad Cristina León Cogollo (ii) Nelson Cárdenas Medina (iii)
Luz Esther López Polo y, (iv) Cerveleón Espitia Contreras […]» (sic) pueden ser discutidos
a través de otros mecanismos de defensa como el proceso ejecutivo. Inconforme
con la decisión anterior el demandante presentó recurso de apelación.
2.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A
en decisión del 10 de abril de 2026, modificó la sentencia de primera instancia en el
sentido de declarar improcedente la acción de cumplimiento, al considerar que «[…]
lo que realmente pretende el demandante es que se le pague la condena dineraria impuesta
mediante una sentencia judicial a la señora Piedad Cristina León Cogollo, lo cual implica
necesariamente un gasto para cumplir con la decisión judicial […]». Por tanto, «[…] se nota
que el cumplimiento del artículo 17 de la Ley 550 de 1999 resulta improcedente porque no
se trata de buscar el cumplimiento de derechos laborales como lo dispone el artículo, sino
lo que se pretende es el cumplimiento de una condena dineraria impuesta en una sentencia
judicial […]».
2.4. Se vulneraron sus derechos fundamentales al incurrir en defecto sustantivo,
fáctico, desconocimiento del precedente y violación directa de la constitución por lo
siguiente:
2.4.1. Defecto sustantivo: Se aplicó de manera errónea el artículo 9 de la Ley 393
de 1997 al concluir que la acción de cumplimiento era improcedente, pues el artículo
17 de la Ley 550 de 1999 no crea ni ordena gastos, sino que regula la prelación de
determinados créditos laborales; por ello la interpretación judicial sería arbitraria y
contraria al contenido normativo de la disposición legal.
2.4.2. Defecto fáctico: Se incurrió en una valoración equivocada del contenido de la
demanda al concluir que buscaba el pago de condenas laborales, cuando la
pretensión era exigir la observancia de la prelación legal de pagos en el acuerdo de
reestructuración, por lo que la providencia partiría de un supuesto fáctico incorrecto.
2.4.3. Desconocimiento del precedente: La providencia cuestionada ignoró reglas
jurisprudenciales del Consejo de Estado sobre la procedencia de la acción de
cumplimiento frente a obligaciones de hacer y a normas que no establecen
directamente gastos públicos por lo que se apartó de criterios previamente fijados
por esta corporación2.
2 Al respecto, citó: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 29 de enero de 1998, Exp.
ACU-127, C.P. Juan Alberto Polo Figueroa; Consejo de Estado, sentencia de 6 de junio de 2019,
C.P. Alberto Reyes Barreiro; Consejo de Estado, sentencia rad. 20001-23-33-000-2023-00007-01,
C.P. Pedro Pablo Vanegas Gil; y Consejo de Estado, sentencia rad. 25000-23-41-000-2023-00754-
01, C.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
2
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Demandante: Luis Fernando Ayala Jiménez
2.4.4. Violación directa de la constitución: Se desconocieron los artículos 1, 25 y 53
de la norma fundamental y el condicionamiento fijado por la Corte Constitucional en
la Sentencia C-1143 de 2001, al impedir que se reclame judicialmente el respeto a
la prelación especial reconocida a las acreencias laborales anteriores al acuerdo de
reestructuración.
1.1.1. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] Por los hechos y fundamentos expuestos solicito a los señores magistrados,
amparar mi derecho fundamental al debido proceso y los derechos fundamentales
consagrados en los artículos 1, 25 y 53 de la Constitución Nacional, de los trabajadores
Piedad Cristina León Cogollo, Luz Esther López Polo y Serveleón Espitia Contreras, y
de los familiares de Nelson Cárdenas Medina (Q.E.P.D.); ordenando a los doctores
JUAN DARIO CONTRERAS BAUTISTA, magistrado ponente, AMPARO NAVARRO
LOPEZ y GLORIA ISABEL MARTINEZ, magistrados que conforman la Subsección ¨A¨
de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que dentro del
proceso de acción cumplimiento con radicado No. 11001 33 35 021 2026 00060 01, la
E.S.E. Hospital Sandiego de Cereté, específicamente al resolver la impugnación contra
el fallo de primera instancia, que cumplan con el debido proceso y que apliquen en
debida forma el artículo 17 de la Ley 550 de 1999 en el sentido de que no establece
ningún gasto, y se resuelva bajo los preceptos constitucionales de respeto de los
derechos fundamentales de los trabajadores como lo señala la Corte Constitucional en
sentencia del C-1143 de 2001, que no alteren las pretensiones de la demanda y las
estudien en el sentido en que se formularon, pidiendo una acción de hacer como es que
se respete la prelación de que gozan los acreedores laborales con obligaciones antes
del acuerdo y no como el cumplimiento de una condena dineraria ordenada por una
sentencia. […]» [sic].
1.2. Informe rendido en el proceso
4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección
A3 solicitó que se negaran las pretensiones de la solicitud de tutela porque con la
providencia cuestionada no vulneró los derechos fundamentales de la parte
demandante, en la medida en que la aquella se adoptó conforme a lo dispuesto en
el parágrafo del artículo 3 de la Ley 393 de 1997.
1.3. Sentencia de primera instancia4
5. El Consejo de Estado, Sección Primera, en sentencia del 21 de mayo de 2026
declaró la improcedencia la solicitud de tutela, al considerar que el demandante
carecía de legitimación en la causa por activa por no tener poder especial para
pretender la protección de derechos fundamentales de Serveleón Espitia Contreras,
Piedad Cristina León Cogollo, Luz Esther López Polo, y de los familiares de Nelson
Cárdenas Medina (Q.E.P.D.) y no se cumplió con el requisito de procedencia de
relevancia constitucional.
3 Archivo obrante en el índice 9 del Samai.
4 Ver índice 11 de Samai.
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Demandante: Luis Fernando Ayala Jiménez
1.4. Escrito de impugnación5
6. La parte demandante presentó escrito de impugnación contra la sentencia
del 21 de mayo de 2026 con el argumento de que tiene legitimación en la causa por
activa, por cuanto fue él quien demandó en acción de cumplimiento, razón por la
cual, en principio, no allegó poder como representante de las demás personas
afectadas con la providencia judicial cuestionada, sin embargo, con la alzada aportó
el poder correspondiente a Piedad Cristina León Cogollo. Por su parte, argumentó
que la solicitud de tutela presentada tiene relevancia constitucional e insistió en los
defectos especiales alegados.
2. Consideraciones
7. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa; iii) procedencia
de la tutela; iv) problema jurídico; y v) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
8. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política,
el Decreto 1382 de 20006 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 20197, esta Sala es
competente para conocer la impugnación contra la sentencia de tutela proferida por
el Consejo de Estado, Sección Primera.
2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
9. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo contencioso-administrativo
del Consejo de Estado8 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las
distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema9. Al
respecto señaló lo siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al
efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».
5 Ver índice 15 del Samai.
6 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
7 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, M.P. María Elizabeth García González
9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
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10. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
10
11. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para establecer
la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para la
protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional.
En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar además contra
decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos fundamentales.
12. Ahora bien, la Corte Constitucional11 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante de manera constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que
se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
13. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores
requisitos12, el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió
la autoridad judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los
derechos fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la
prosperidad del amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno
de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto
sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales13.
14. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal
entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente
reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.3. Problema Jurídico
15. La Sala deberá definir: ¿si Luis Fernando Ayala Jiménez se encuentra
legitimado en la causa por activa para ejercer este mecanismo constitucional con el
fin de cuestionar la sentencia proferida el 10 de abril de 2026 por la corporación
judicial demandada?
10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina, C.P.
Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
11 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
12 Corte Constitucional, sentencia T-309 de 2015, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
13 Corte Constitucional, sentencia SU-337 de 2017, MP Antonio José Lizarazo Ocampo
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16. Solo de superar el anterior derrotero, se procederá a determinar: ¿si el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca vulneró los derechos fundamentales de
Luis Fernando Ayala Jiménez con ocasión de la sentencia del 10 de abril de 2026,
mediante la cual se modificó lo resuelto al considerar que el cumplimiento del
artículo 17 de la Ley 550 de 1999 resultaba improcedente porque lo pretendido era
acatar una condena dineraria impuesta en una sentencia judicial, con la que incurrió,
presuntamente, en defecto sustantivo, fáctico, desconocimiento del precedente y
violación directa de la constitución?
2.4. Análisis de la Sala
2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
17. En relación con el requisito de relevancia constitucional, contrario a lo
señalado por el a quo, se entiende superado, toda vez que los defectos alegados
pueden llevar consigo una violación de derechos fundamentales, los cuales
constituyen bienes jurídicos constitucionalmente amparados.
18. Aclarado lo anterior, la Sala encuentra superados los requisitos de
procedibilidad de la solicitud de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de
nulidad que invalide lo actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto
planteado.
19. En este punto, se precisa que, si bien la demandante alegó la configuración
del defecto sustantivo, así como el fáctico, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución Política, lo cierto es que la motivación expuesta
respecto de estos últimos se subsume en el inicialmente mencionado, por lo que el
estudio se dirigirá únicamente en cuanto a aquel.
2.4.2. Del defecto sustantivo
20. La Corte Constitucional ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta
una decisión que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en una
norma evidentemente inaplicable al caso concreto14. En su jurisprudencia, la
corporación ha resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho de que,
si bien los jueces gozan de autonomía e independencia judicial para interpretar y
aplicar normas jurídicas, esta no es una facultad absoluta15, para lo cual precisó que
los límites se encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores, principios,
derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.
21. El alto tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones en
las que se detecta el defecto sustantivo, a saber: i) la sentencia se fundamenta en
una norma que no es aplicable; ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación
o aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de
razonabilidad, es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses
legítimos de las partes o es manifiestamente errada; iii) no se toman en cuenta
14 Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015.
15 Corte Constitucional, sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 2018.
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sentencias que hayan definido el alcance de la norma aplicada; iv) la disposición
aplicada se torna regresiva o contraria a la Constitución; v) no se efectúa una
interpretación sistémica de la norma; y vi) se desconoce la norma constitucional o
legal aplicable al caso.
22. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en
que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal entidad
debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa.
Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión
proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
fundamentales de los sujetos procesales 16.
2.4.3. Sobre el caso concreto
23. En atención a que la legitimación en la causa de la parte activa es uno de los
argumentos centrales de la impugnación presentada, previo a revisar los
argumentos expuestos para cuestionar la providencia del 10 de abril de 2026,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se efectuarán algunas
consideraciones al respecto.
24. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene
derecho a presentar solicitud de tutela para reclamar ante los jueces, por sí misma
o por quién actúe en su nombre, la protección de sus derechos constitucionales
fundamentales; en el mismo sentido lo reguló el Decreto 2591 de 199117, que
dispuso:
«[…]Artículo 10. LEGITIMIDAD E INTERES. La acción de tutela podrá ser ejercida, en
todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los
poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté
en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá
manifestarse en la solicitud.
También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales. […]»
25. La Corte Constitucional18 refirió la evolución jurisprudencial en lo que a la
legitimación en la causa por activa para acudir al juez de tutela se refiere, así:
«[…] 5. Desde sus inicios, particularmente en la sentencia T-416 de 199719, la Corte
Constitucional estableció que la legitimación en la causa por activa constituye un
presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la calidad subjetiva
de las partes respecto del interés sustancial que se discute en el proceso de tutela.
Más adelante, la sentencia T-086 de 201020, reiteró lo siguiente con respecto a la
16 Corte Constitucional, sentencias SU-050 de 2017 y T-367 de 2018
17 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.
18 Sentencia T-511 de 2017. MP. Gloria Stella Ortiz Delgado.
19 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
20 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Caljub.
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Demandante: Luis Fernando Ayala Jiménez
legitimación en la causa por activa como requisito de procedencia de la acción de tutela:
“Esta exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea
un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona. Lo anterior no se
opone a que la defensa de los derechos fundamentales no pueda lograrse a través de
representante legal, apoderado judicial o aun de agente oficioso”. (Negrilla fuera del texto
original).
Asimismo, en la sentencia T-176 de 201121, este Tribunal indicó que la legitimación en
la causa por activa constituye una garantía de que la persona que presenta la acción de
tutela tenga un interés directo y particular respecto del amparo que se solicita al juez
constitucional, de tal forma que fácilmente el fallador pueda establecer que el derecho
fundamental reclamado es propio del demandante.
En el mismo sentido se pronunció la Corte en la sentencia T-435 de 201622, al establecer
que se encuentra legitimado por activa quien promueva una acción de tutela siempre
que se presenten las siguientes condiciones: (i) que la persona actúe a nombre propio,
a través de representante legal, por medio de apoderado judicial o mediante agente
oficioso; y (ii) procure la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales.
Adicionalmente, en la sentencia SU-454 de 201623, esta Corporación reiteró que el
estudio de la legitimación en la causa de las partes es un deber de los jueces y constituye
un presupuesto procesal de la demanda.
6. Ahora bien, con respecto a la legitimación del agente oficioso, en las sentencias T-452
de 200124, T-372 de 201025, y la T-968 de 201426, este Tribunal estableció que se
encuentra legitimada para actuar la persona que cumpla los siguientes requisitos: (i) la
manifestación que indique que actúa en dicha calidad; (ii) la circunstancia real de que,
en efecto, el titular del derecho no se encuentra en condiciones físicas o mentales para
interponer la acción, ya sea dicho expresamente en el escrito de tutela o que pueda
deducirse del contenido de la misma; y (iii) la ratificación de la voluntad del agenciado de
solicitar el amparo constitucional.
En concordancia con lo anterior, en la sentencia SU-173 de 201527, reiterada en la T-467
de 201528, la Corte indicó que por regla general, el agenciado es un sujeto de especial
protección y, en consecuencia, la agencia oficiosa se encuentra limitada a la prueba del
estado de vulnerabilidad del titular de los derechos.
En esta oportunidad, la Corte reitera la regla jurisprudencial que establece que una
persona se encuentra legitimada por activa para presentar la acción de tutela, cuando
demuestra que tiene un interés directo y particular en el proceso y en la resolución del
fallo que se revisa en sede constitucional, el cual se deriva de que el funcionario judicial
pueda concluir que el derecho fundamental reclamado es propio del demandante. […]».
26. Como se observa, la normativa y la jurisprudencia definen 4 vías procesales
para acudir al juez de tutela a saber: i) el directamente afectado; ii) a través de
representante legal o de apoderado judicial; iii) por medio de agente oficioso; y iv)
por conducto del defensor del pueblo y los personeros municipales.
21 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
22 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
23 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
24 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
25 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
26 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
27 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
28 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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27. Así, en el presente asunto Luis Fernando Ayala Jiménez promovió solicitud
de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con ocasión de la
providencia de 10 de abril de 2026 proferida dentro de la acción de cumplimiento
con radicado 11001-33-35-021-2026-00060-01 que aquel impetró contra la ESE
Hospital Sandiego de Cereté - Córdoba.
28. Razón por la cual, a diferencia de la conclusión a la que arribó el juez de
primera instancia, no se encuentra en discusión su legitimación en esta causa; sin
embargo, en atención a que en el escrito de tutela aquel manifestó actuar en nombre
propio pero en las pretensiones solicitó la protección de los derechos fundamentales
de Serveleón Espitia Contreras, Piedad Cristina León Cogollo, Luz Esther López
Polo y, de los familiares de Nelson Cárdenas Medina (Q.E.P.D.), sin alegar ni
acreditar los supuestos de la agencia oficiosa respecto de ellos, debe concluirse que
aquel no se encuentra legitimado para representarlos.
29. Ahora bien, con la impugnación el demandante aportó el poder otorgado por
Piedad Cristina León Cogollo con el fin de que se estudiara la posible vulneración
de sus garantías fundamentales; no obstante, debe precisarse que aquella no tiene
interés directo, en la medida en que no hizo parte de la relación jurídico – procesal
que se entrabó en la acción de cumplimiento cuya providencia es enjuiciada como
se verá en el acápite correspondiente, razón por la cual carece de legitimación en
la causa por activa en la causa, máxime cuando no se allegó el documento que
acreditara tal representación en la oportunidad procesal correspondiente.
30. En este orden de ideas, en la medida en que esta Sala de decisión encuentra
acreditada la legitimación en la causa por activa, se revocará el pronunciamiento de
a quo que declaró la improcedencia para estudiar de fondo lo que corresponda.
31. Definido lo anterior, la Sala observa que Luis Fernando Ayala Jiménez acudió al
juez de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales y, en
consecuencia, se dejara sin efectos la sentencia proferida el 10 de abril de 2026 por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con la que se modificó lo resuelto al
considerar que el cumplimiento del artículo 17 de la Ley 550 de 1999 resultaba
improcedente porque lo pretendido era acatar una condena dineraria impuesta en
una sentencia judicial.
32. Lo anterior, por cuanto la referida decisión judicial incurrió en defecto sustantivo,
en tanto se aplicó de manera errónea el artículo 9 de la Ley 393 de 1997 al concluir
que la acción de cumplimiento era improcedente, pues el artículo 17 de la Ley 550
de 1999 no crea ni ordena gastos, sino que regula la prelación de determinados
créditos laborales. Lo anterior, al entender que pretendía el pago de condenas
laborales, cuando en realidad buscaba que se respetara la prelación de pago de
créditos laborales prevista en la norma mencionada, conforme a la interpretación
efectuada en la Sentencia C-1143 de 2001 de la Corte Constitucional.
33. Al descender al caso en concreto, se evidencia que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca al analizar las pretensiones de la demandante efectúo un estudio del
asunto desde la perspectiva de las causales de procedencia de la acción de
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Demandante: Luis Fernando Ayala Jiménez
cumplimiento fijadas en el artículo 9 de la Ley 393 de 1997 por lo cual concluyó que la
causa no cumplía con el supuesto de que tratara de un mandato claro y expreso, además
de no existir otro mecanismo judicial para lograr el acatamiento la ley correspondiente y
perseguir el cumplimiento de normas que establezcan gastos, para lo cual consideró:
«[…] En ejercicio del presente mecanismo constitucional, el señor Luis Fernando Ayala
Jiménez solicita el cumplimiento del artículo 17 de la Ley 550 de 1999, el cual fue
declarado exequible por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-1143 de 2001,
con finalidad que el gerente de la E.S.E. Hospital Sandiego de Cereté – Córdoba, pague
las condenas derivadas de las sentencias judiciales proferidas con anterioridad al
Acuerdo de Reestructuración de Pasivos celebrado el 1 de abril de 2024, entre la E.S.E.
y sus acreedores.
En atención a lo anterior, el a quo declaró improcedente la acción de cumplimiento, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 393 de 1997, debido a que las
pretensiones del actor implican el cumplimiento de una norma que necesariamente
genera gastos. Que en gracia de discusión las pretensiones planteadas en la acción de
cumplimiento (derechos laborales originados de sentencias judiciales) pueden ser
discutidas a través del proceso ejecutivo, donde puede pedir el decreto de medidas
cautelares.
Al respecto, lo primero que esta Corporación considera necesario precisar es que este
mecanismo constitucional tiene naturaleza subsidiaria, habiéndose condicionado su
procedencia a que se acredite el cumplimiento de cuatro (4) causales de procedencia, a
saber:
1. Que la obligación que se debe hacer cumplir esté consignada en la ley o en acto
administrativo.
2. Que se pruebe la renuencia del exigido a cumplir, o que se pruebe que el cumplimiento
se ha pedido directamente a la autoridad de que se trate.
3. Que el mandato esté contemplado de manera clara y precisa, de manera que sea
imperativo, inobjetable.
4. Que no exista otro mecanismo judicial para lograr el acatamiento de la disposición
correspondiente y que con el ejercicio de la acción no se trate de perseguir el
cumplimiento de normas que establezcan gastos.
En esas condiciones, si el operador judicial advierte el incumplimiento de alguna de estas
causales de procedibilidad no podrá efectuar el estudio de fondo requerido por la parte
actora. Así, aunque la parte actora invoque el incumplimiento de normas, esta razón por
sí sola no habilita a que se estudie de fondo lo pedido, pues para el efecto debe
constatarse que la acción cumple las 4 condiciones referidas en precedencia.
[…]
Con relación a las últimas dos condiciones de procedibilidad, referidas a que el mandato
esté contemplado de manera inobjetable e imperativa, y que no exista otro mecanismo
judicial para lograr su acatamiento, se precisa que una de las características de la acción
de cumplimiento es su carácter subsidiario, de manera que sólo procede ante la
inexistencia en el ordenamiento jurídico de otros mecanismos de defensa para lograr el
cumplimiento de la ley o del acto administrativo, lo que impone que la acción no es un
medio paralelo al que se pueda acudir para la definición de controversias que están
reservadas a otros escenarios.
Esta Subsección observa que aun cuando el actor acuda al Juez Constitucional a solicitar
el cumplimiento de una ley, la acción es improcedente por lo siguiente:
Efectivamente, se trata de un de acatamiento normativo que es inobjetable e imperativo,
pues el artículo 17 la Ley 550 de 1999 establece de manera clara las obligaciones que
tiene un empresario, una entidad territorial o una universidad estatal del orden nacional
o territorial, mientras está en proceso de negociación de acuerdo de reorganización,
entre ellas, los pagos de los gastos administrativos que se causen durante la negociación
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Demandante: Luis Fernando Ayala Jiménez
del acuerdo y los derechos laborales causados con anterioridad a dicho acuerdo, siendo
estos últimos los que pretende el demandante se le garanticen con la decisión de esta
acción de cumplimiento; discusión está que implica el cumplimiento de obligaciones que
requieren erogaciones presupuestales por parte de la E.S.E. demandada.
De lo expuesto se advierte que, lo que realmente pretende el demandante es que se le
pague la condena dineraria impuesta mediante una sentencia judicial a la señora Piedad
Cristina León Cogollo, lo cual implica necesariamente un gasto para cumplir con la decisión
judicial
[…]
De acuerdo con lo expuesto en precedencia, se evidencia que la acción de cumplimiento
no es procedente para reclamar ante un Juez Constitucional derechos implícitos en una
norma de contenido material o acto administrativo que impliquen un gasto público a menos
que haya sido ordenado en el presupuesto de la entidad y se haya realizado la apropiación
de este, lo cual no se probó.
En ese orden, es evidente que en el caso el cumplimiento de las decisiones judiciales que
reconocieron derechos laborales y que fueron previas al acuerdo de reestructuración de
pasivos suscrito por el hospital el 1 de abril de 2024, implica gastos que exceden el objeto
de la acción de cumplimiento, sin que el Juez Constitucional tenga competencia para
ordenar erogaciones no apropiadas, aunado a que se probó la circunstancia consistente
en que cumplir la norma solicitada implica establecimiento u ordenamiento de gasto, lo
cual hace improcedente la intervención del Juez en este proceso.
Además de lo anteriormente expuesto y a manera de ilustración, se nota que el
cumplimiento del artículo 17 de la Ley 550 de 1999 resulta improcedente porque no se
trata de buscar el cumplimiento de derechos laborales como lo dispone el artículo, sino lo
que se pretende es el cumplimiento de una condena dineraria impuesta en una sentencia
judicial.
En atención a las consideraciones expuestas, esta Corporación concluye que la acción de
cumplimiento es improcedente como lo analizó el a quo, sin embargo, se modificará la
sentencia impugnada, para declarar improcedente la acción de cumplimiento promovida
por el señor Luis Fernando Ayala Jiménez, debido a que el Juez de primera instancia negó
por improcedente precisándose que hay lugar a negar pretensiones, cuando se ha
realizado un estudio de fondo, lo cual no ocurrió en el caso actual, dada su improcedencia.
[…]». (sic)
34. Vistos los argumentos expuestos en la sentencia atacada, de cara al defecto
sustantivo alegado, es decir, la aplicación errónea de la regla de improcedibilidad
fijada en el artículo 9 de la Ley 393 de 1997 al concluir que no era posible exigir el
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 550 de 1999 en cuanto a
la obligación de pago de los derechos laborales causados con anterioridad a la
suscripción del acuerdo de reestructuración por parte de la ESE demandada, resulta
pertinente efectuar algunas consideraciones en cuanto a los supuestos fácticos y
jurídicos que hacen parte de la controversia.
35. De tal manera, resulta relevante que el 1.° de abril de 2024, los acreedores y
la E.S.E. Hospital Sandiego de Cereté, celebraron Acuerdo de Reestructuración de
Pasivos, donde se acordó, entre otros, que la prelación de los gastos preferentes
que se causen durante la negociación también cobija los derechos laborales
causados con anterioridad al acuerdo, como lo establece la Ley 550 de 1999.
36. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 550 de 1999 y la
sentencia C-1143 de 2001 proferida por la Corte Constitucional, las obligaciones
laborales anteriores al acuerdo son gastos preferentes cuyo pago tiene prelación.
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Demandante: Luis Fernando Ayala Jiménez
Así que, cuando se celebró el acuerdo de reestructuración de pasivos, existían 4
compromisos de tal naturaleza a cargo de la E.S.E., originadas en sentencias
judiciales a favor de las siguientes personas: Piedad Cristina León Cogollo, Nelson
Cárdenas Medina, Luz Esther López Polo y Serveleón Espitia Contreras, las cuales
son gastos preferentes, por lo que debieron pagarse junto con los gastos
administrativos del hospital, antes de empezar a pagar a otros acreedores.
37. Por lo anterior, el 2 de febrero de 2026, presentó petición ante el gerente del
hospital para solicitarle el cumplimiento del artículo 17 de la Ley 550 de 1999, pero
fue renuente a tal requerimiento, razón por la cual promovió demanda en uso de la
acción de cumplimiento.
38. En este orden de ideas y en atención a los supuestos reiterados, debe precisarse
que el tribunal demandado explicó con suficiencia las razones por las cuales no era
procedente la acción de cumplimiento impetrada.
39. Lo anterior, en la medida en que, si bien estaba acreditado que la obligación cuyo
cumplimiento se pretendía estaba en una ley y se constituyó en renuencia a la ESE
Hospital Sandiego de Cerete a través de la petición correspondiente, no se puede
desconocer que no se satisfacían la condiciones de no contar con otros mecanismos
para lograr el acatamiento de la disposición correspondiente y que esta no fuera de
aquella que establece gastos.
40. Al respecto, es pertinente recordar que en la providencia cuestionada se pudo
establecer que el demandante, con fundamento en lo previsto en el artículo 17 de
la Ley 550 de 1999 y en las consideraciones expuestas por la Corte Constitucional
en la Sentencia C-1143 de 2001, pretende que se ordene el pago íntegro de la
totalidad de las acreencias laborales causadas con anterioridad a la celebración y
ejecución del acuerdo de reestructuración de pasivos suscrito el 1.º de abril de 2024
entre los acreedores y la E.S.E. Hospital Sandiego de Cereté. En tal sentido, procura
la observancia de una disposición cuyo cumplimiento supone necesariamente la
erogación de recursos económicos.
41. Frente a esto último, el demandante insiste en que no se estaba pidiendo el
cumplimiento de una norma que ordenara un gasto, no obstante, debe recordar la
pertinencia del precedente29 citado en la providencia judicial cuestionada en sede
de tutela, según el cual la acción de cumplimiento no es procedente para reclamar
ante un Juez Constitucional derechos implícitos en una norma de contenido material
o acto administrativo que impliquen un gasto público a menos que haya sido
ordenado en el presupuesto de la entidad y se haya realizado la apropiación de este,
lo cual no se probó.
42. Bajoese entendido, la acción de cumplimiento deviene improcedente, de
conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 393 de 1997, disposición
que de manera expresa excluye la procedencia de ese mecanismo respecto de
normas cuya ejecución implique la realización de gastos, en particular cuando al
29 Consejo de Estado en la sentencia del 14 de mayo de 2015 C.P. Dr. Alberto Reyes Barreiro.
Radicado: 25000-23-41-000-2015-00493-01 ACU, actor: Leonardo Hernández Aguirre, demandado:
Registraduría Nacional del Estado Civil.
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Demandante: Luis Fernando Ayala Jiménez
invocarlas persigue la protección o satisfacción de derechos de carácter individual
o subjetivo.
43. Asimismo, se advirtió que, aun si se admitiera en vía de discusión la viabilidad
material de las pretensiones formuladas, relativas al reconocimiento y pago de
derechos laborales derivados de providencias judiciales, estas pueden hacerse
efectivas a través de otros mecanismos judiciales idóneos, como el proceso
ejecutivo, escenario en el cual la parte interesada cuenta con la posibilidad de
solicitar la adopción de medidas cautelares encaminadas a garantizar la satisfacción
de su crédito.
44. Por último, si bien es cierto que la parte demandante citó varios pronunciamientos
del Consejo de Estado30 en los que se definen las normas que establecen gastos,
también lo es que aquellas fueron citadas de manera descontextualizada y de
manera indistinta sin precisar la similitud de sus contornos para establecer la regla
aplicable al caso concreto por lo cual no se puede concluir que se desconociera el
precedente aplicable.
45. Así, una vez revisada la motivación de la providencia judicial cuestionada en la
que el juez natural del asunto se pronunció sobre cada uno de los argumentos
expuestos por la parte demandante, debe precisarse que, más allá de concretar las
razones por las cuales se configuraría el defecto sustantivo o alguna interpretación
irrazonable, lo que se evidencia es su desacuerdo con las consideraciones
efectuadas por el juez de la causa, con lo cual pretende que se realice un nuevo
estudio de legalidad que no procede en sede de tutela.
46. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración
de derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.
47. Así las cosas, esta Sala observa que la decisión acusada no incurrió en defecto
sustantivo, debido a que fue proferida de conformidad con las normas que regulan
la materia y aquella se apoyó en el material probatorio aportado a la acción de
cumplimiento cuestionada.
48. En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada
cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo que, se reitera,
este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.
30 Al respecto, citó: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 29 de enero de 1998, Exp.
ACU-127, C.P. Juan Alberto Polo Figueroa; Consejo de Estado, sentencia de 6 de junio de 2019,
C.P. Alberto Reyes Barreiro; Consejo de Estado, sentencia rad. 20001-23-33-000-2023-00007-01,
C.P. Pedro Pablo Vanegas Gil; y Consejo de Estado, sentencia rad. 25000-23-41-000-2023-00754-
01, C.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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Demandante: Luis Fernando Ayala Jiménez
3. Conclusión
49. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala revocará la decisión
judicial de primera instancia que declaró la improcedencia del amparo de los derechos
fundamentales invocados por Luis Fernando Ayala Jiménez, en la solicitud de tutela
presentada contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Declarar la falta la legitimación en la causa por activa de Piedad Cristina
León Cogollo.
Segundo. Revocar la sentencia del 21 de mayo de 2026 proferida por el Consejo
de Estado, Sección Primera. En su lugar, negar el amparo de los derechos
fundamentales de Luis Fernando Ayala Jiménez, en la solicitud de tutela presentada
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
JVD
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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