Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2023-00754-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2023-00754-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-41-000-2023-00754-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
24 de agosto de 2023
Demandante: Carlos Mario Salgado Morales
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Radicación No.: 25000-23-41-000-2023-00754-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 25000-23-41-000-2023-00754-01
Accionante: CARLOS MARIO SALGADO MORALES
Accionado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE
LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)
Tema: Revoca improcedencia – Accede a pretensiones.
.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala conoce de la impugnación presentada por la parte accionante contra la
sentencia de 12 de julio de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda
1. El señor Carlos Mario Salgado Morales, actuando en nombre propio,
promovió acción de cumplimiento contra la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales (en adelante UGPP). Con su
solicitud pretende que se le ordene a la autoridad accionada el acatamiento de lo
dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 89 de la Ley 2277 de 2022 que establece
que le corresponde a esta entidad determinar un esquema de presunción de
costos a efectos de establecer el ingreso base de cotización (en adelante IBC)
de los trabajadores independientes por cuenta propia y para quienes celebren
contratos diferentes de prestación de servicios.
2. Como consecuencia del obedecimiento de la norma invocada, solicitó que
se le ordene a la UGPP reglamentar un sistema de presunción de costos que
permita determinar el IBC de trabajadores independientes por cuenta propia, o
para quienes celebren contratos diferentes de prestación de servicios personales.
2. Hechos
3. El señor Salgado Morales manifestó que, a través de la Ley 2277 de 2022
se introdujo la reforma tributaria para la igualdad y justicia social y se dictaron
otras disposiciones. Destacó el contenido del parágrafo 1 del artículo 89, norma
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Demandante: Carlos Mario Salgado Morales
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
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que, a su juicio, establece una obligación a cargo de la UGPP, relativa a
establecer un esquema de presunción de costos para ciertos trabajadores, de
manera que puedan determinar su IBC.
4. Adujo que, ante la omisión de la accionada de dar cumplimiento a la
disposición en cita, el día 8 de febrero de 2023 mediante oficio
2023400300295782 solicitó a la UGPP el cumplimiento del parágrafo 1 del
artículo 89 de la Ley 2277 de 2022.
5. Refirió que el 13 de marzo de 2023, le fue notificado el contenido del oficio
2023112001148201 del 10 de dicho mes y año, según el cual, la accionada se
abstuvo de regular la presunción de costos con fundamento en la existencia y
vigencia del Decreto 1601 de 2022 del Ministerio de Salud y Protección Social1.
6. Agregó que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley 2277 de
2
2022 , el Decreto 1601 de 2022 perdió vigencia. Por esa razón, consideró que la
norma cuyo cumplimiento solicita no ha sido debidamente acatada.
3. Actuaciones procesales
7. Mediante auto de 14 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca admitió la demanda de cumplimiento. En consecuencia, ordenó
notificar a la UGPP y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
4. Contestaciones e informes
4.1. Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales - UGPP
8. En primer lugar, aludió a las competencias que tiene a su cargo. En ese
sentido, refirió que es el encargado de articular el sistema de la protección social
desde diversos frentes. Agregó que coadyuva en la gestión que desarrollan las
administradoras para la consolidación de la completa y oportuna liquidación y
pago de las contribuciones parafiscales.
9. Enseguida, refirió que, a través del artículo 125 de la Ley 1753 de 2015 y
244 de la Ley 1955 de 2019 (posteriormente declaradas inexequibles) se
estableció la forma de determinar el IBC de los independientes. Para el efecto, la
disposición le ordenó a dicha autoridad que, atendiendo a los datos estadísticos
de la DIAN, el DANE, el Banco de la República y la Superintendencia de
Sociedades, determinará un esquema de presunción de costos.
1
«Por el cual se sustituye el Título 7 de la Parte 2 del Libro 3 del Decreto 780 de 2016, Decreto
Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social en relación con el sistema de
presunción de ingresos para los trabajadores independientes por cuenta propia o con contrato
diferente a prestación de servicios» (Sic)
2 El artículo de la referencia establece el régimen de vigencia y sus derogaciones.
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Demandante: Carlos Mario Salgado Morales
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10. En atención a dichas disposiciones, indicó que expidió la Resolución 1400
del 26 de agosto de 2019 por medio de la cual se definió un esquema de
presunción de costos para los independientes cuya actividad económica era el
transporte público automotor de carga por carretera. Para las demás actividades,
señaló que se profirió la Resolución 209 del 12 de febrero de 2020.
11. Mencionó que dichas Resoluciones fueron compiladas en el Decreto 1601
de 2022, el cual sustituyó el título 7 de la parte 2 del libro 3 del Decreto 780 de
2016.
12. De otro lado, indicó que en el caso objeto de estudio no se acreditó la
renuencia. Para ello, manifestó que en la respuesta proporcionada al actor el 10
de marzo de 2023 con radicado 2023112001148201, se le puso de presente que
el esquema de presunción de costos fue incorporado en el Decreto 1601 de 2022
y se indicó que se debía expedir uno nuevo, previa reunión con diferentes
autoridades del orden nacional.
13. En ese orden de ideas, manifestó que no ha sido renuente a cumplir la
norma cuyo acatamiento se solicita, por el contrario, indicó que están supeditados
al cumplimiento de una serie de circunstancias de tiempo, modo y lugar.
14. En la misma línea, adujo que no existe un vacío jurídico frente al uso del
esquema de presunción de costos, pues en el Decreto 1601 de 2022 se
registraron los «coeficientes de costos» y en todo caso, su aplicación debe ser
subsidiaria comoquiera que el artículo 3 del Decreto 510 de 2003, en
concordancia con el 107 del E.T., establecen que los aportes que realicen los
independientes por cuenta propia y/o con contratos diferentes a los de prestación
de servicios, se deben soportar en su realidad económica.
15. Finalmente, refirió que, las disposiciones contenidas en el artículo 89 de la
Ley 2277 de 2022 no imponen un término perentorio para su elaboración,
implementación y ejecución por parte de la UGPP. No obstante, señaló que están
adelantando las gestiones propias para que el tema sea incluido en la agenda
normativa de las entidades involucradas en su elaboración.
5. Fallo de primera instancia
16. En sentencia de 12 de julio de 2023, el Tribunal Administrativo del
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C declaró improcedente la acción
de cumplimiento.
17. Como fundamento de su decisión, consideró que no se acreditó el requisito
de la renuencia. Refirió que la mera solicitud ante la entidad no es suficiente para
configurar dicho presupuesto, por lo que era necesario que la UGPP indicara
expresamente su oposición a dar cumplimiento de la norma invocada.
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18. Refirió que, de la comunicación identificada con radicado
2023112001148201, era posible colegir que la UGPP reconoce el contenido de
la disposición. No obstante, consideró que no ha sido posible dar cumplimiento a
la norma, porque está sujeta a otras entidades involucradas como lo son, la DIAN,
el Banco de la República y la Superintendencia de Sociedades.
19. No obstante lo anterior, refirió que la UGPP está supeditada al
cumplimiento de la norma. En consecuencia, mencionó que dicha autoridad debe
recolectar la información requerida a las demás entidades y llevar a cabo la
reunión para proferir el esquema de presunción de costos a finales del año
corriente.
6. Impugnación
20. El señor Carlos Mario Salgado Morales iteró que, a la fecha la UGPP no
ha dado cumplimiento a lo dispuesto en la norma invocada. Refirió que no se
cuenta con la reglamentación de la presunción de costos de que trata el artículo
89 de la Ley 2277 de 2022.
21. A su juicio, ninguna de las resoluciones o de los decretos proferidos por la
autoridad accionada han dado cumplimiento a lo dispuesto en el parágrafo 1 del
artículo 89 de la ley 2277 de 2022, esto es, que atienda los datos estadísticos
producidos por la DIAN, DANE, Banco de la República, Superintendencia de
Sociedades.
22. Refirió que, contrario a lo señalado por la accionada sí existe un vacío legal
frente a la presunción de costos para los trabajadores de que trata el artículo 89
de la Ley 2277 de 2022. Al respecto, indicó que, si bien dicha autoridad en
ocasiones anteriores ha reglamentado el asunto, lo cierto es que el Decreto 1601
de 2022 no tiene vigencia, comoquiera que operó la derogatoria tácita, toda vez
que es incompatible con la nueva regulación.
23. En ese sentido, concluyó que la UGPP no ha acatado lo dispuesto en la
norma objeto de la presente acción, incumplimiento que se refleja en el
permanente vacío legal de la manera en que los trabajadores deben hacer sus
cotizaciones al sistema de seguridad social, a pesar de que han transcurrido 7
meses de la promulgación de la reforma tributaria.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
24. Esta Sección es competente para resolver la impugnación presentada por
el señor Carlos Mario Salgado Morales contra la sentencia de 12 de julio de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo del Cundinamarca, Sección Primera,
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Subsección C. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1253,
1504 y 2435 de la Ley 1437 de 20116, así como del Acuerdo 080 del 12 de marzo
de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado. Esta última disposición
establece la competencia de la Sección Quinta de esta corporación para conocer
de «…las apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que
se dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones
de cumplimiento».
2.2. Generalidades sobre la acción de cumplimiento
25. La finalidad de la presente acción, consagrada en el artículo 87 de la
Constitución Política, a la cual puede acudir cualquier persona natural o jurídica,
es hacer efectivo el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de
un acto administrativo que impone determinada actuación u omisión a la
autoridad. Su objeto es la observancia del ordenamiento jurídico existente.
26. En desarrollo de este mandato constitucional, la Ley 393 de 1997, que
reglamenta esta acción, exige como requisito de procedibilidad «la renuencia»
(artículo 8°), esto es, haber reclamado en sede administrativa antes de ejercitar
la demanda la atención de la norma o del acto administrativo que se considera
desacatado, y que la autoridad no responda transcurridos 10 días o se niegue a
atender su cumplimiento.
27. Para que la demanda proceda, se requiere:
(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º]7.
(ii) Que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas, encargado
de ello (artículos 5.º y 6.º).
(iii) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad o el particular accionado frente
al obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción
u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir
su inminente incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «(…) cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de
3 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 20.
4 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26 .
5 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62.
6 Artículo 150.Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso modificado
por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra
decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código [..]
7 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
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sufrir un perjuicio irremediable (…)» caso en el cual deberá ser sustentado en la
demanda (artículo 8.º).
(iv) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.
(v) Pretender la protección de derechos fundamentales que puedan ser
garantizados a través de la tutela (artículo 9.º).
(vi) El acatamiento de normas que establezcan gastos a la administración
(artículo 9.º).
2.3. De la renuencia
28. La procedencia de la acción de cumplimiento se supedita a la constitución
en renuencia de la autoridad, que consiste en el reclamo previo y por escrito que
debe elevarle el interesado exigiendo atender un mandato legal o consagrado en
acto administrativo con citación precisa de éste8 y que ésta se ratifique en el
incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días siguientes a la presentación
de la solicitud.
29. Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad la Sala, ha
señalado que «…el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición
sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de
la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»9.
30. Sobre este tema, esta Sección10 ha dicho que:
Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que
incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está
sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos
contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de
ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la disposición
que consagra una obligación y la explicación del sustento en el que se funda
el incumplimiento.
Sobre el particular esta Sección ha dicho: “La Sala también ha explicado que con el fin de
constituir en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio
de funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o
administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su
deber inobjetable y, por ende, exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la
acción por carecer del requisito de renuencia.(Negrita fuera de texto)
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20
de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo.
10 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011,
expediente 47001-23-31-000-2011-00024-01. Magistrada Ponente: Susana Buitrago Valencia.
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Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación
a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la
acción prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante,
pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material
de ley o actos administrativos11”. (Negrillas fuera de texto).
31. En efecto, el inciso segundo del artículo 8º de la Ley 393 de 1997 establece
lo siguiente:
Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud.
32. Por otra parte, para dar por satisfecho este requisito no es necesario que
el solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa de que su objetivo
es constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8° de la Ley 393 de 1997
no lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el cumplimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.
33. En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el
requisito de procedibilidad cuando la petición «…tiene una finalidad distinta a la
de constitución en renuencia».12
34. La parte actora probó que le dirigió una petición a la UGPP el 8 de febrero
de 2023, en la que le solicitó que en un término expedito diera cumplimiento al
deber legal ordenado en el parágrafo primero del artículo 89 de la Ley 2277 de
2022 y, en consecuencia, adoptara un esquema de presunción de costos para
efectos de la determinación del ingreso base de cotización de los trabajadores
independientes por cuenta propia y quienes celebren contratos diferentes de
prestación de servicios personales. Con ello agotó el requerimiento establecido
en el artículo 8 de la ley 373 de 1997.
11 Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp.
ACU-2003-00724, M.P.: Darío Quiñones Pinilla
12 Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencias del 21 de noviembre de 2002,
exp. ACU-1614 y del 17 de marzo de 2011, exp. 2011-00019.
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35. De igual forma, aportó el oficio 2023112001148201 de 10 de marzo de
2023, en el que la UGPP puso de presente que mediante el Decreto 1601 del
2022 el Gobierno Nacional incorporó el sistema de presunción de ingresos un
esquema de presunción de costos con el fin de facilitarle a los trabajadores
independientes la determinación del IBC. En dicha respuesta, además, se le
indicó al accionante que dicha normatividad está vigente, sin perjuicio que en
virtud de los datos estadísticos de la DIAN, DANE, Banco de la República,
Superintendencia de Sociedades, se expida un nuevo esquema antes de la
finalización del corriente año.
36. De acuerdo con lo anterior, no hay duda que previo a acudir al ejercicio de
la presente acción de cumplimiento y contrario a lo señalado por el fallador de
primer grado, la parte actora agotó en debida forma el requisito de renuencia de
la norma cuya atención solicita, ante la UGPP.
37. Así, la Sala debe reiterar que la renuencia busca que se atienda una
obligación establecida en una norma con fuerza de ley o acto administrativo. Por
ende, no es suficiente con que conteste la petición o el requerimiento en
renuencia. Para que no sea procedente la acción de cumplimiento se debe
demostrar que se acató la obligación que se le exige.
2.4. De la procedencia de la acción de cumplimiento
38. La parte actora, con el ejercicio de la presente acción, pretende que se
ordene a la UGPP que, en cumplimiento del artículo 87 de la Ley 2277 de 2022,
determine un esquema de presunción de costos en el que se integren los datos
estadísticos de la DIAN, DANE, Banco de la República, Superintendencia de
Sociedades.
39. En este orden de ideas, la Sala manifiesta que el precepto que se pide
acatar es actualmente exigible. Adicionalmente, no implica el establecimiento de
gasto, toda vez que lo que se pretende con su obedecimiento es la expedición
de la regulación de un tema en particular como lo es, el esquema de presunción
de costos para efectos de determinar el IBC de los trabajadores independientes.
40. Tampoco se evidencia que lo pretendido por el accionante involucre la
protección de derechos fundamentales que puedan ser invocados vía acción de
tutela. En ese sentido, esta acción satisface los requisitos de procedencia de la
acción de cumplimiento.
41. Por lo anterior, la Sala procederá a analizar si confirma, modifica o revoca
la decisión de primera instancia que declaró improcedente la acción de
cumplimiento deprecada por el señor Salgado Morales.
2.5. Caso concreto
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42. Como se estableció, la parte accionante solicita que se le ordene a la
UGPP acatar el parágrafo primero del artículo 89 de la ley 2277 de 2022. En
consecuencia, que determine un esquema de presunción de costos que atienda
los datos estadísticos producidos por la DIAN, DANE, Banco de la República,
Superintendencia de Sociedad u otras entidades cuyas estadísticas fueren
aplicables.
43. El precepto que se pide atender es del siguiente tenor:
PARÁGRAFO 1o. Para efectos de la determinación del ingreso base de cotización de los
trabajadores independientes por cuenta propia y para quienes celebren contratos
diferentes de prestación de servicios personales que impliquen subcontratación y/o
compra de insumos o expensas, la U.A.E. Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales -
UGPP deberá, atendiendo a los datos estadísticos producidos por la U.A.E. Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), por el Departamento Administrativo Nacional
de Estadística (DANE), por el Banco de la República, por la Superintendencia de
Sociedades u otras entidades cuyas estadísticas fueren aplicables, determinar un
esquema de presunción de costos. (Subrayas fuera del texto original)
44. A juicio del fallador de primer grado, el actor no acreditó la constitución en
renuencia, comoquiera que la accionada reconoció el contenido de la obligación
en la respuesta del 10 de marzo del corriente.
45. En dicha oportunidad refirió que en el Decreto 1601 de 2022 se incorporó
el contenido de las Resoluciones 1400 de 2019 y 208 de 2020, en los cuales se
implementó un sistema de presunción de costos, disposición que a la fecha
guarda vigencia. De igual manera, puso de presente que se debe expedir uno
nuevo, previa reunión con las diferentes entidades a cargo de reportar la
información y las estadísticas pertinentes.
46. En esos términos, el tribunal consideró que no había renuencia o
abstención de la UGPP para la elaboración del nuevo esquema de presunción
de costos y acatar el contenido de la disposición solicitada. En todo caso, señaló
que la accionada está supeditada a recolectar la información requerida y llevar a
cabo la referida reunión, para que, a finales del año, se dé cabal cumplimiento de
la norma.
47. Para la Sala, corresponde revocar la sentencia de 21 de julio de 2023, por
las razones que pasan a explicarse.
48. El artículo mencionado establece que «la U.A.E. Unidad de Gestión
Pensional y Parafiscales -UGPP deberá […] determinar un esquema de
presunción de costos». La citada regulación tendrá que incorporar, los datos
estadísticos producidos por la DIAN, por el DANE, por el Banco de la República,
por la Superintendencia de Sociedades u otras entidades cuyas estadísticas
fueren aplicables.
49. En ese sentido, para este cuerpo colegiado, la norma objeto de esta acción
contiene un mandato claro, expreso y exigible. Nótese que la misma norma
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establece que es una obligación el contar con un esquema de presunción de
costos para efectos de que los trabajadores independientes por cuenta propia y
para quienes celebren contratos diferentes de prestación de servicios personales
que impliquen subcontratación y/o compra de insumos o expensas, determinen
el IBC.
50. Ahora bien, el mandato dispuesto en la norma invocada contiene el deber
de regular la presunción de costos de los trabajadores independientes y los que
celebren contratos diferentes de prestación de servicios personales. Así las
cosas, esta Sala asimila tal obligación a la potestad reglamentaria dispuesta en
el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, ello si se tiene en cuenta
que se impuso en cabeza de la accionada la obligación de determinar los
elementos que constituyen presunción de costos para los trabajadores
independientes.
51. En un asunto similar al que se estudia en el presente caso13, la Sala
estudió el presunto incumplimiento del artículo 33 de la Ley 1438 de 2011, con la
finalidad de ordenar a las demandadas, que regularan el sistema de presunción
de ingresos a efectos de determinar el IBC de los trabajadores descritos por dicha
disposición. En contrapartida, las accionadas excusaron su incumplimiento con
base en las Resoluciones 1400 de 2019 y 209 de 2020.
52. En dicha oportunidad, esta Sala de Decisión consideró que de la lectura
integral del artículo invocado en la demanda, la materia que el legislador dispuso
reglamentar a cargo del Gobierno Nacional en cuanto al sistema de presunción
de ingresos, previstos en la norma sobre la afiliación al régimen contributivo de
salud, no riñe o se opone con lo referente a regular el IBC de los trabajadores
independientes, ni se satisfacía con las Resoluciones 1400 de 2019 y 209 de
2020, por tanto, el sistema presuntivo que se reclamaba y que dispuso el
legislador debía atenderse y existir en el ordenamiento jurídico.
53. En el caso que aquí nos concierne, la conclusión no puede ser distinta.
Esto es, la autoridad accionada no puede excusar su incumplimiento en otras
disposiciones previamente expedidas a efectos de retardar el incumplimiento de
la norma cuyo acatamiento se solicita, con independencia de si se impuso término
o no.
54. De conformidad con lo anterior, pese a ser cierto que la norma no dispone
un plazo en el que se deba expedir el esquema mencionado, esta Sala ha
manifestado14 que la acción de cumplimiento procede para ordenar el ejercicio
de la potestad reglamentaria –en este caso, de regulación–, en todos los eventos
en los que el legislador haya impuesto al ejecutivo el deber de reglamentar
13 Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 5 de mayo de 20042022. Exp. ACU 25000-
23-41-000-2022-00033-01 M.P.: Luis Alberto Álvarez Parra.
14 Sección Quinta, sentencias del 26 de noviembre de 2015, expediente con radicado número
63001-23-33-000-2015-00227-01, M.P. Rocío Araújo Oñate, 19 de agosto de 2021, expediente
No. 15001-23-33-000-2020-02351-01 M.P. Rocío Araújo Oñate (E), 23 de septiembre de 2021,
expediente N.° 25000-23-41-000-2020-00270-02, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil,
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Demandante: Carlos Mario Salgado Morales
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Radicación No.: 25000-23-41-000-2023-00754-01
determinado tema con independencia de si se impuso un término o no. Es decir
que, la ausencia de un plazo para desarrollar la facultad que se otorga para
regular ciertas materias no deriva en la inexigibilidad de lo dispuesto como
mandato en la norma.
55. Al respecto, la UGPP manifestó que las disposiciones contenidas en el
artículo 89 de la Ley 2277 de 2022 no imponen un término perentorio para su
elaboración, implementación y ejecución por parte de la UGPP. No obstante,
refirió que actualmente está adelantando las gestiones propias para que el tema
se incluya en la agenda normativa de las entidades involucradas en su
elaboración.
56. Pese a lo anterior, lo cierto es que el accionado no aportó prueba de ello,
en ese sentido, se desconocen las actividades y planeaciones desplegadas por
la UGPP en procura de atender el mandato contemplado en el parágrafo primero
del artículo 89 de la Ley 2277 de 2022. En todo caso y con independencia de si
el actor ha efectuado algún requerimiento o actuación en aras de acatar la norma
cuyo cumplimiento se solicita, lo cierto es que, a la fecha este esquema de
presunción de costos con las exigencias de la norma en cita aún no existe, pese
a que han transcurrido más de 6 meses de estatuida la obligación.
57. Aunado a ello, si bien la accionada indicó que en el Decreto 1061 de 2022
se incorporaron las Resoluciones 1400 de 2019 y 209 de 2020, en las cuales se
dispuso un sistema de presunción de costos para el trabajador independiente, lo
cierto es que el mismo, no acredita los requerimientos elevados por la Ley 2277
de 2022, esto es, que atienda los datos estadísticos producidos por las entidades
competentes frente a la materia. Por ello, incluso la demandada, reconoce la
necesidad de expedir nuevo esquema que consulte las demás entidades que
deben incidir en la regulación de este.
58. Se concluye entonces que, se encuentran reunidos los presupuestos
exigibles en ordenar a materializar el contenido de la disposición invocada, pues
la norma contiene un mandato claro, expreso y actualmente exigible que no se
ha atendido y obliga a la accionada a establecer un esquema de presunción de
costos que atienda a los datos estadísticos de la DIAN, DANE, Banco de la
República, Superintendencia de Sociedad u otras entidades indispensables para
lograr el cometido de la norma.
59. En razón a ello, se fijará un plazo de seis (6) meses contados a partir de
la ejecutoria del fallo, para que se cumpla con la orden. Para el efecto, la UGPP
deberá adelantar todas las gestiones que estime necesarias para lograr el
recaudo de las estadísticas e información necesaria a efectos de que los
trabajadores de que trata el artículo 89 de la Ley 2277 de 2022, determinen el
IBC.
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Demandante: Carlos Mario Salgado Morales
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Radicación No.: 25000-23-41-000-2023-00754-01
60. Dicho término ha sido entendido por la jurisprudencia de esta corporación,
como el prudencial para que la accionada desarrolle la facultad reglamentaría y
que, por lo demás, constituye el parámetro para hacerlo exigible a la
administración en sede judicial.
61. Por lo mismo, no desconoce esta Sala de Decisión, que la obligación a
cargo de la autoridad accionada surgió el 13 de diciembre de 2022, fecha de
promulgación de la Ley 2277 de dicho año y que el actor solicitó ante la accionada
el cumplimiento de la norma cuyo acatamiento se pide el día 8 de febrero de
2022, esto es 2 meses luego de originado el mandato respectivo.
62. En ese orden, no debe pasarse por alto en lo sucesivo, el término
establecido por la jurisprudencia de esta Corporación, para que las accionadas,
en desarrollo de la facultad reglamentaria que les asiste, ejerzan las
competencias que les han sido asignadas, previas las reunionés, comités,
solicitudes de información y demás acciones que se requieran para cumplir sus
obligaciones.
2.6. Conclusión:
63. Esta Sala revocará la sentencia de 12 de julio de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, para
en su lugar ordenarle a la autoridad accionada que en el término de seis (6)
meses, proceda a determinar un esquema de presunción de costos que atienda
a los datos estadísticos producidos por la DIAN, el DANE, el Banco de la
República, la Superintendencia de Sociedades y demás entidades cuyas
estadísticas fueren aplicables. El lapso se contará a partir de la ejecutoria de esta
decisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: REVOCAR el fallo de 12 de julio de 2023 proferido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C.
SEGUNDO: ORDENAR a la UGPP, que en el término de seis (6) meses contados
a partir de la ejecutoria de la presente decisión, de cumplimiento al parágrafo 1
del artículo 89 de la Ley 2277 de 2022.
En consecuencia, deberá determinar un esquema de presunción de costos
atendiendo a los datos estadísticos producidos por la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN), por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE), por el Banco de la República, por la Superintendencia de
Sociedades u otras entidades cuyas estadísticas fueren aplicables, a efectos de
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la determinación del IBC de trabajadores independientes por cuenta propia y para
quienes celebren contratos diferentes de prestación de servicios personales que
impliquen subcontratación y/o compra de insumos o expensas.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.
CUARTO. En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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