Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 85001-23-33-000-2024-00116-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 85001-23-33-000-2024-00116-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 85001-23-33-000-2024-00116-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
23 de enero de 2025
Demandante: Procurador 23 Judicial II de Asuntos Ambientales y
Agrarios de Casanare
Demandado: Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia
Radicación No.: 85001-23-33-000-2024-00116-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 85001-23-33-000-2024-00116-01
Accionante: PROCURADOR 23 JUDICIAL II DE ASUNTOS
AMBIENTALES Y AGRARIOS DE CASANARE
Accionado: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA
ORINOQUÍA
Tema: Confirma – Accede a pretensiones.
.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala conoce de la impugnación presentada por la parte accionada contra la
sentencia de 22 de noviembre 2024, dictada por el Tribunal Administrativo de
Casanare.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda
1. El señor Diego Raúl Eduardo García Severich, actuando en calidad de
Procurador 23 Judicial II de Asuntos Ambientales y Agrarios de Casanare,
promovió acción de cumplimiento contra la Corporación Autónoma Regional de
la Orinoquia (en adelante Corporinoquia). Con su solicitud pretende que se le
ordene a la autoridad accionada el acatamiento de lo dispuesto en los artículos
22 y 25 de la Resolución 627 de 2006 expedida por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial1.
2. Como consecuencia del obedecimiento de las normas invocadas, solicitó
que se le ordene a Corporinoquia la elaboración del mapa de ruido ambiental de
la ciudad de Yopal y con ocasión a este, el plan de descontaminación respectivo,
con su cronograma de implementación.
2. Hechos y fundamento de la demanda
3. La parte accionante manifestó que, a través de oficio PJAAY 2000 del 2
de mayo de 2024, requirió a la accionada para que informara si había realizado
1 Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial.
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Demandante: Procurador 23 Judicial II de Asuntos Ambientales y
Agrarios de Casanare
Demandado: Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia
Radicación No.: 85001-23-33-000-2024-00116-01
el mapa de ruido correspondiente a la ciudad de Yopal. Solicitud que fue reiterada
el 17 de septiembre de 2024 mediante oficio PJAAY 2134.
4. Agregó que, a la fecha de presentación de la demanda la Corporación no
ha proporcionado respuesta a los oficios PJAAY 2000 y PJAAY 2134.
5. Mencionó que el municipio de Yopal tiene más de 100.000 habitantes. Por
ende, es obligatorio para la Corporación la elaboración del mapa de ruido
ambiental, instrumento que permite visualizar la realidad en esta materia e
identificar las zonas críticas y posibles contaminadoras.
3. Actuaciones procesales en primera instancia
6. El asunto correspondió al Tribunal Administrativo de Casanare, autoridad
judicial que mediante providencia del 31 de octubre de 2024 admitió la demanda
de cumplimiento. En consecuencia, ordenó la notificación personal de la
Corporinoquia y le concedió el término de 3 días para intervenir en el proceso.
7. En auto del 30 de octubre de 2024, el a quo aclaró la providencia descrita
en el numeral anterior, en el sentido de tener como fecha de su expedición el 29
de octubre de 2024.
8. Posteriormente, mediante providencia del 13 de noviembre de 2024 profirió
auto de pruebas. Allí, incorporó los documentos allegados por el accionante y
ordenó de oficio requerir a la demandada para que presentara un informe en el
cual indicara si el municipio de Yopal cuenta con el mapa de ruido al que hace
referencia el artículo 22 de la Resolución 627 del 7 de abril de 2006 expedida por
el Ministerio de Ambiente y, en caso afirmativo, indicara la última fecha en que
se actualizó. Asimismo, para que informara qué planes de descontaminación por
ruido ha adelantado en virtud de lo señalado en el artículo 25 ibidem.
9. En auto del 20 de noviembre de 2024, el Tribunal negó la solicitud de
vinculación del municipio de Yopal elevada por Corporinoquia en su intervención,
entre otras determinaciones.
10. Como fundamento de su decisión, consideró que de conformidad con la
normativa objeto de la presente acción constitucional y la jurisprudencia de esta
Corporación, en materia de contaminación acústica los municipios deben ejercer
actuaciones de control dirigidas a fiscalizar la emisión de ruido dentro de sus
territorios y proferir sanciones de naturaleza policiva contra quienes afecten la
convivencia ciudadana.
11. Por el contrario, indicó que las Corporaciones Autónomas Regionales
deben identificar en qué sitios del municipio se registran ruidos que superan los
niveles permitidos, empleando los instrumentos que se encuentran provistos
como máxima autoridad ambiental dentro de su jurisdicción.
4. Contestaciones e informes
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Demandante: Procurador 23 Judicial II de Asuntos Ambientales y
Agrarios de Casanare
Demandado: Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia
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4.1. Procurador 23 Judicial II de Asuntos Ambientales y Agrarios de
Casanare
12. El accionante mencionó que según el Censo Nacional de Población y
Vivienda – CNPV – 2019 realizado por el DANE, la ciudad de Yopal tiene una
población total de 168.433 habitantes. Sin embargo, a la fecha no existe un mapa
de ruido en los términos establecidos por la Resolución 627 de 2006.
13. Hizo un recuento de las generalidades de la acción de cumplimiento y
enfatizó en que el deber cuyo acatamiento es solicitado con la demanda, se
encuentra consignado en un acto administrativo que contiene específicamente
un mandato imperativo e inobjetable a cargo de la autoridad ambiental y que
consistente en la realización del mapa y el plano de descontaminación por ruido.
Ello, en un periodo máximo de 4 años contados a partir de la entrada en vigor de
la norma en mención.
14. De otro lado, refirió que la demanda acredita los requisitos de
procedibilidad y procedencia de la presente acción constitucional.
Específicamente hizo hincapié en la renuencia y en que no cuenta con ningún
otro mecanismo de defensa judicial idóneo y efectivo frente a la actuación omisión
de Corporinoquia. Por ende, solicitó que se accediera a las pretensiones de la
demanda.
4.2. Corporinoquia
15. La autoridad ambiental indicó que adelantó el contrato de consultoría
número 200.14.4.14.300 de 2015 cuyo objeto fue la elaboración de mapas de
ruido en el casco urbano del municipio de Yopal. Además, señaló que en el año
2018 se ejecutó el contrato 120.1.6.12.542, en el que se realizó la medición y
evaluación del ruido ambiental en el ente territorial. Como resultado de tales
contratos, se arribó a diversas conclusiones.
16. Expuso que la entidad se encuentra contemplando una actividad de
seguimiento al sistema de vigilancia de la calidad del aire para los centros
urbanos priorizados, con la finalidad de actualizar el mapa de ruido para el
municipio de Yopal.
17. De otro lado, solicitó que vinculara al municipio de Yopal con el fin de
obtener el cumplimiento efectivo de la evaluación, control y seguimiento
ambiental del ruido en el municipio. Esto es, para efectivizar las órdenes que se
lleguen a impartir fruto de la presente acción constitucional.
18. Como sustento de su solicitud, trajo a colación los artículos 2.2.5.1.6.4,
2.2.5.1.2.12 y 2.2.5.1.7.17 del Decreto 1076 de 2015, así como el 33, 84, 87
numeral 1 y 93 numeral 3 de la Ley 1801 de 2016. En su sentir, en tales
disposiciones se evidencia la existencia de obligaciones concurrentes en lo que
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Demandante: Procurador 23 Judicial II de Asuntos Ambientales y
Agrarios de Casanare
Demandado: Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia
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respecta al control de la contaminación sonora tanto para la Corporación como
para las entidades territoriales.
5. Fallo de primera instancia
19. En sentencia de 22 de noviembre 2024, el Tribunal Administrativo de
Casanare accedió a las pretensiones de la acción de cumplimiento. En
consecuencia, declaró el incumplimiento parcial de Corporinoquia de los artículos
22 y 26 de la Resolución 627 de 2006 expedida por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
20. Para fundamentar su decisión explicó que las normas cuyo cumplimiento
se solicitaron contemplan varios mandatos imperativos e inobjetables a cargo de
las Corporaciones Autónomas Regionales. Se destaca: 1) la elaboración del
mapa de ruido cada 4 años, con copia al Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales (en adelante IDEAM) y 2) la elaboración del plan de
descontaminación.
21. Acto seguido, expuso que para la fecha en que se expidió la Resolución
628 del 2004, el DANE estimaba la población de la ciudad Yopal en 110.391
personas. Por lo tanto, la accionada debió haber presentado los primeros mapas
de ruido en el año 2010 y no lo hizo sino hasta el 2015 y lo actualizó en 2019.
22. No obstante, atendiendo a que la entidad debe revisarlos y efectuar los
ajustes correspondientes cada 4 años, lo debió haber renovado en 2023 y, al no
hacerlo, desatendió la obligación contenida en el artículo 22 de la Resolución en
comento. Tampoco remitió copia de estos al Instituto de Hidrología, Meteorología
y Estudios Ambientales.
23. En lo que respecta a la formulación y ejecución de los planes de
descontaminación por ruido, mencionó que la Corporación pese a que corroboró
que elaboró el mapa ambiental en el año 2015 y lo actualizó en 2019, no allegó
prueba de su ejecución ni de haber llevado a cabo una medida en tal sentido. Por
ende, no le dio cabal cumplimiento a la obligación contenida en el artículo 25
ibidem.
24. En vista de ello, otorgó el término de 6 meses contados a partir de la
ejecutoria de la providencia para que Corporinoquia diera cumplimiento a las
previsiones contenidas en las normas invocadas en el sentido de: 1) actualizar el
mapa de ruido ambiental para la ciudad de Yopal, 2) remitir copia del mismo al
IDEAM y; 3) elaborar el plan de descontaminación respectivo. Y, dispuso no
condenar en costas.
6. Impugnación
25. La autoridad accionada, solicitó que se revocara o modificara la
providencia de primera instancia, para en su lugar declarar el cumplimiento de
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Demandante: Procurador 23 Judicial II de Asuntos Ambientales y
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las obligaciones a cargo de la entidad. De forma subsidiaria, pidió que se
estableciera un término de 1 año para el cumplimiento de las obligaciones.
26. Iteró los argumentos presentados en el escrito de contestación de la
presente demanda. Por un lado, señaló que con ocasión de los contratos de
consultoría 200.14.4.14.300 del 2014 y 120.12.6.18.542 del 2018 se elaboró el
mapa de ruido para el municipio de Yopal con el plan de descontaminación.
27. De otro y como «medida de saneamiento del proceso» reiteró la solicitud
la vinculación del municipio con el fin de efectivizar las órdenes que se impartan
si a ello hay lugar. En este punto, trajo nuevamente a colación el contenido de
los artículos 2.2.5.1.6.4, 2.2.5.1.2.12 y 2.2.5.1.7.17 del Decreto 1076 de 2015 2,
así como el 33, 84, 87 numeral 1 y 93 numeral 3 de la Ley 1801 de 2016.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
28. Esta Sección es competente para resolver la impugnación presentada por
Corporinoquia contra la sentencia de 22 de noviembre 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo del Casanare. Lo anterior de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 1253, 1504 y 2435 de la Ley 1437 de 20116, así como
del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de
Estado. Esta última disposición establece la competencia de la Sección Quinta
de esta corporación para conocer de «…las apelaciones contra las providencias
susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en
primera instancia en las acciones de cumplimiento».
2.2. Cuestión previa
29. Como viene de verse, Corporinoquia reiteró en su escrito de impugnación
la solicitud de vinculación del municipio de Yopal. En su sentir, tal intervención es
2«ARTÍCULO 2.2.5.1.6.4. Funciones de los Municipios y Distritos. En desarrollo de lo
dispuesto por el artículo 65 y concordantes de la Ley 99 de 1993, corresponde a los municipios y
distritos en relación con la prevención y control de la contaminación del aire, a través de sus
alcaldes o de los organismos del orden municipal o distrital a los que estos las deleguen, con
sujeción a la ley, los reglamentos y las normas ambientales superiores:
a) Dictar normas para la protección del aire dentro de su jurisdicción;
b) Dictar medidas restrictivas de emisión de contaminantes a la atmósfera, cuando las
circunstancias así lo exijan y ante la ocurrencia de episodios que impongan la declaratoria, en el
municipio o distrito, de niveles de prevención, alerta o emergencia […]»
3 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 20.
4 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26.
5 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62.
6 Artículo 150.Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso modificado
por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra
decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código [..]
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necesaria para lograr el cumplimiento efectivo de la evaluación, control y
seguimiento del ruido en ese ente territorial.
30. Al respecto, la Sala se acoge a las consideraciones realizadas por el a
quo. Esto es así, pues la norma cuyo acatamiento se pide es la Resolución 627
de 2006, disposición mediante la cual se establece el régimen nacional de
emisión de ruido y ruido ambiental, con el fin de controlar y reducir la
contaminación atmosférica, en el territorio nacional a cargo de la autoridad
ambiental.
31. Así las cosas, prima facie al revisar el contenido los artículos 22 y 25
ibidem, se encuentra que las mismas están dirigidas de manera exclusiva a las
Corporaciones Autónomas Regionales. Por ende, sin perjuicio del principio de
colaboración armónica que debe estar inmerso en las relaciones estatales y, los
deberes constitucionalmente asignados a los entes territoriales, lo cierto es que
hasta esta instancia no se hace necesaria su comparecencia al proceso.
32. En ese orden de ideas, la Sala desestimará la solicitud de vinculación del
ente territorial.
2.3. Generalidades sobre la acción de cumplimiento
33. La finalidad de la presente acción, consagrada en el artículo 87 de la
Constitución Política, a la cual puede acudir cualquier persona natural o jurídica,
es hacer efectivo el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de
un acto administrativo que impone determinada actuación u omisión a la
autoridad. Su objeto es la observancia del ordenamiento jurídico existente.
34. En desarrollo de este mandato constitucional, la Ley 393 de 1997, que
reglamenta esta acción, exige como requisito de procedibilidad «la renuencia»
(artículo 8°), esto es, haber reclamado en sede administrativa antes de ejercitar
la demanda la atención de la norma o del acto administrativo que se considera
desacatado, y que la autoridad no responda transcurridos 10 días o se niegue a
atender su cumplimiento.
35. Para que la demanda proceda, se requiere:
(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º]7.
(ii) Que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas, encargado
de ello (artículos 5.º y 6.º).
7 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
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(iii) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad o el particular accionado frente
al obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción
u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir
su inminente incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «(…) cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de
sufrir un perjuicio irremediable (…)» caso en el cual deberá ser sustentado en la
demanda (artículo 8.º).
(iv) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.
(v) Pretender la protección de derechos fundamentales que puedan ser
garantizados a través de la tutela (artículo 9.º).
(vi) El acatamiento de normas que no establezcan gastos a la administración
(artículo 9.º).
2.4. De la renuencia
36. La procedencia de la acción de cumplimiento se supedita a la constitución
en renuencia de la autoridad, que consiste en el reclamo previo y por escrito que
debe elevarle el interesado exigiendo atender un mandato legal o consagrado en
acto administrativo con citación precisa de éste8 y que ésta se ratifique en el
incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días siguientes a la presentación
de la solicitud.
37. Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad la Sala, ha
señalado que «…el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición
sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de
la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»9.
38. Sobre este tema, esta Sección10 ha dicho que:
Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que
incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está
Sobre el particular esta Sección ha dicho: “La Sala también ha explicado que con el fin de
constituir en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio
de funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o
administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su
deber inobjetable y, por ende, exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la
acción por carecer del requisito de renuencia.(Negrita fuera de texto)
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20
de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo.
10 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011,
expediente 47001-23-31-000-2011-00024-01. Magistrada Ponente: Susana Buitrago Valencia.
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sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos
contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de
ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la disposición
que consagra una obligación y la explicación del sustento en el que se funda
el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación
a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la
acción prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante,
pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material
de ley o actos administrativos11”. (Negrillas fuera de texto).
39. En efecto, el inciso segundo del artículo 8º de la Ley 393 de 1997 establece
lo siguiente:
Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud.
40. Por otra parte, para dar por satisfecho este requisito no es necesario que
el solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8° de la Ley 393 de 1997
no lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el cumplimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.
41. En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el
requisito de procedibilidad cuando la petición «…tiene una finalidad distinta a la
de constitución en renuencia».12
42. La parte actora probó que le dirigió una petición a la accionada el 2 de
mayo de 2024 con radicado PJAAY2000. En el escrito solicitó información tanto
de la elaboración o actualización del mapa de ruido correspondiente, como del
plan de descontaminación y exhortó a la realización de los instrumentos
11 Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp.
ACU-2003-00724, M.P.: Darío Quiñones Pinilla
12 Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencias del 21 de noviembre de 2002,
exp. ACU-1614 y del 17 de marzo de 2011, exp. 2011-00019.
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respectivos en caso de que no hubiera sucedido. Ello, en los términos del artículo
22 y 25 de la Resolución 726 de 2006.
43. De otro lado, el 17 de septiembre de 2024 mediante oficio PJAAY2134, el
accionante además de aclarar que hace referencia a la Resolución 627 de 2006,
reiteró la anterior solicitud en los siguientes términos:
44. En esta petición también solicitó que se le informara si ya se elaboró el
mapa de ruido de la ciudad de Yopal y su plan de descontaminación. Luego, en
principio se podría sostener que la solicitud no reúne las condiciones definidas
por el legislador y desarrollados por la jurisprudencia de esta corporación para
constituir en renuencia a la accionada, pues se trata de un derecho de petición
de información.
45. No obstante lo anterior, la Sala advierte que el Procurador 23 judicial de II
de Asuntos Ambientales y Agrarios de Casanare también exhortó a la
Corporación al cumplimiento de sus obligaciones y la previno para que elaborara
tanto el mapa como el plan de descontaminación por ruido, en caso de que no lo
hubiera hecho.
46. De acuerdo con lo anterior, no hay duda de que previo a acudir al ejercicio
de la presente acción de cumplimiento, la parte actora agotó en debida forma el
requisito de renuencia de la norma cuya atención solicita, ante la autoridad
accionada respecto al artículo 22 de la Resolución en comento.
47. Ahora, si bien no consta expresamente dentro de las pretensiones la
mención al artículo 25, lo cierto es que el actor citó el mismo en el documento y
pidió expresamente la elaboración del mapa de ruido. Por lo tanto, para la Sala
es claro que se cumplió con el deber de identificar la disposición cuyo
acatamiento se solicita.
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48. En todo caso, valga señalar que la misma autoridad accionada se entendió
constituida en renuencia, pues ni en la contestación de la demanda ni en el escrito
de impugnación, alegó el incumplimiento de este presupuesto de procedibilidad
de la acción. Por lo tanto, se le garantizó el derecho fundamental al debido
proceso.
2.5. De la procedencia de la acción de cumplimiento
49. La parte actora, con el ejercicio de la presente acción, pretende que se
ordene a Corporinoquia que, en cumplimiento de los artículos 22 y 25 de la
Resolución 627 de 2006 del Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, se elabore el mapa de ruido y plan de descongestión de la ciudad de
Yopal. Por ende, es evidente que se cumple con el requisito de que la norma que
se solicita acatar tenga rango de ley o acto administrativo.
50. Igualmente se satisface el requisito de que el mandato que se solicita
atender esté radicado en cabeza de la autoridad pública o del particular en
ejercicio de funciones públicas. Lo anterior porque expresamente la obligación
fue atribuida a las Corporaciones Autónomas Regionales, a las de Desarrollo
Sostenible y a las Autoridades Ambientales.
51. Respecto del requisito de subsidiariedad, se evidencia que lo pretendido
por el accionante no involucra la protección directa de derechos fundamentales
que puedan ser invocados vía acción de tutela. Tampoco existe otro mecanismo
judicial para hacer efectiva la obligación establecida en los artículos 22 y 25 de
la Resolución 627 de 2006. Adicionalmente, se advierte que la norma de la que
es objeto de la demanda se encuentra actualmente vigente, en la medida en que
no fue derogada, modificada o sustituida en el ordenamiento jurídico.
52. Finalmente, respecto del gasto, es necesario hacer unas precisiones. En
primer lugar, encontramos que la acción de cumplimiento se dirige a la
formulación de un manual especializado en torno a la contaminación por ruido en
la ciudad de Yopal. Esta situación descartaría en principio la improcedencia de la
demanda en la medida que se trata de una obligación de hacer de la órbita propia
de sus competencias.
53. Esto es, dado que lo perseguido a través de esta herramienta
constitucional es que la Corporación despliegue una de las competencias que le
corresponde como autoridad ambiental, en principio el acatamiento de ese deber
no implica gasto. Ello es así, por cuanto se parte de la base de que para su
funcionamiento y operatividad, cuenta con la capacidad técnica, de personal y
profesional.
54. A propósito de esto último, tenemos que en sentencia del 24 de febrero de
2022, esta colegiatura estudió la procedencia de la acción de cumplimiento del
artículo 324 de la Ley 1955 de 2019 relacionado con la formulación de una política
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Demandante: Procurador 23 Judicial II de Asuntos Ambientales y
Agrarios de Casanare
Demandado: Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia
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ambiental a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible13. En dicha
oportunidad se consideró que la disposición implicaba una obligación de hacer
una función propia y por lo mismo, encontró acreditado el presupuesto general
de procedencia de la acción de cumplimiento.
55. En sentencia del 24 de agosto de 2023, la corporación estudió la
procedencia de la acción de cumplimento respecto del artículo 87 de la Ley 2277
de 2022 a efectos de que la UGPP determinara un esquema de presunción de
costos en el que se integren los datos estadísticos de la U.A.E., DIAN, DANE,
Banco de la República, Superintendencia de Sociedades14. Allí se consideró que,
como lo pretendido era la expedición de un manual relacionado con una materia
en particular y a cargo de las autoridades, la demanda no implicaba el
establecimiento de gasto.
56. Además de ello, de conformidad con lo informado por Corporinoquia, en
los años 2015 y 2018 celebró los contratos de consultoría necesarios para darle
cumplimiento a sus obligaciones, de manera que actualmente está
«contemplando» una actividad de seguimiento al sistema de vigilancia de la
calidad del aire para los centros urbanos priorizados. Valga señalar que, sin que
se haya alegado una destinación presupuestal no contemplada.
57. Por lo anterior, para la Sala se cumple con el requisito de que el
cumplimiento no genere gasto. En consecuencia, se procederá a analizar si
confirma, modifica o revoca la decisión de primera instancia que accedió a las
pretensiones de la acción de cumplimiento deprecada por el Procurador 23
Judicial II de Asuntos Ambientales y Agrarios de Casanare.
2.6. Caso concreto
58. Como se estableció, la parte accionante solicita que se le ordene a
Corporinoquia acatar los artículos 22 y 25 de la Resolución 627 de 2000. En
consecuencia, que se elabore el mapa de ruido correspondiente a la ciudad de
Yopal y el plan de descontaminación auditiva.
59. Por su parte, Corporinoquia negó el incumplimiento aducido por el
demandante. Para el efecto, indicó que celebró dos contratos de concesión; uno
en 2015 y otro en 2018, con la finalidad de elaborar los documentos y el plan de
acción que establece la Resolución en comento. Asimismo, afirmó que está
contemplando algunas actividades de seguimiento al sistema de vigilancia de la
calidad del aire.
60. Para resolver lo anterior, es necesario analizar el contenido de los
preceptos que se alegan como desacatados, los elementos de convicción que
forman parte del expediente, de ser el caso, la exigencia de los mandatos y
posteriormente, realizar unas consideraciones finales.
13 25000-23-41-000-2020-00738-01. C.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
14 25000-23-41-000-2023-00754-01. C.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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2.6.1. Del contenido de las disposiciones invocadas
Resolución 627 de 2006
Artículo 22. Obligatoriedad de la Realización de Mapas de Ruido: Corresponde
a las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible y las
Autoridades Ambientales a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, y
el articulo 13 de la Ley 768 de 2002, elaborar, revisar y actualizar en los
municipios de su jurisdicción con poblaciones mayores de cien mil (100.000)
habitantes, mapas de ruido ambiental para aquellas áreas que sean consideradas
como prioritarias. En cada uno de estos municipios, la elaboración del primer
estudio y sus respectivos mapas de ruido se deben efectuar en un período
máximo de cuatro (4) años contados a partir de la entrada en vigencia de la
presente resolución. Los estudios y mapas de ruido de los municipios mayores
de cien mil (100.000) habitantes se deben revisar y actualizar periódicamente
cada cuatro (4) años. Los mapas de ruido se elaborarán de acuerdo con las
especificaciones del Anexo 5. Las Corporaciones Autónomas Regionales, las de
Desarrollo Sostenible y las Autoridades Ambientales a que se refiere el artículo
66 de la Ley 99 de 1993, y el articulo 13 de la Ley 768 de entregarán copia del
mapa de ruido por municipio al IDEAM.
Artículo 25. Planes de Descontaminación por Ruido: Las Corporaciones
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible y las Autoridades
Ambientales a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, y el articulo 13
de la Ley 768 de 2002, deben establecer y ejecutar planes de descontaminación
por ruido. Estos planes deben ser desarrollados con base en los mapas de ruido
elaborados para cada una de las áreas evaluadas de que trata el artículo 22.
61. Del contenido de las disposiciones vistas y como anotó el tribunal de
primer grado, se infiere en primer lugar, un deber imperativo e inobjetable en
cabeza de la Corporinoquia de elaborar un mapa de ruido ambiental cada 4 años
contados a partir de la entrada en vigencia de la Resolución, siempre que el
municipio de su jurisdicción tenga una población de 100.000 habitantes.
62. En segundo lugar, un deber imperativo e inobjetable en cabeza de la
Corporinoquia de elaborar un plan de descontaminación, basado en el mapa de
ruido. Esto es, que la autoridad accionada tiene a su cargo la obligación de definir
las acciones correctivas, preventivas y de seguimiento que serán empleadas a
efectos de disminuir o cesar los efectos de la contaminación auditiva.
2.6.2. Del cumplimiento
• Artículo 22 de la Resolución 627 de 2006
63. Descendiendo al caso al concreto, se colige que la autoridad ambiental
tuvo hasta el 12 de abril de 2010 para la presentación del primer mapa de ruido
ambiental para la ciudad de Yopal. Esto, teniendo en cuenta que la Resolución
627 de 2006 entró en vigencia el 12 de abril del 2006, momento para el cual, la
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ciudad de Yopal superaba la exigencia de 100.000 habitantes dispuesta por la
norma.
64. A la anterior premisa es posible arribar si se tiene en consideración los
datos estadísticos presentados por el DANE en los censos electorales de los
años 2005, 2018, así como del documento de estimación poblacional elaborado
por dicha entidad15:
65. Del análisis los elementos de juicio que forman parte del plenario, la Sala
encuentra que la autoridad ambiental accionada el 30 de diciembre de 2015
celebró el contrato 200-14-4-14-300 con la firma consulta K2 Ingeniería S.A.S.,
con el objeto de adelantar actividades monitoreo y modelación del mapa de ruido
para el casco urbano del municipio de Yopal. De este, obra informe final, en el
cual se logra constatar la presentación de dicho instrumento de medición 16.
66. Asimismo, obra constancia de que Corporinoquia el 28 de diciembre de
2018 celebró el contrato de consultoría número 120.12.6.18.542 con el Consorcio
Ambiental 2018, quien presentó en el año siguiente un informe técnico de
medición y evaluación del ruido ambiental en el municipio de Yopal, con su
respectivo mapa de ruido y mapa de conflicto por ruido. Se entiende entonces,
que se trató de una actualización de los ya existentes17.
67. Lo anterior permite concluir que Corporinoquia está incumplimiento el
artículo 22 de la Resolución 627 de 2006. Es decir, aunque se tiene constancia
de que la autoridad ambiental desplegó acciones tendientes a cumplir el mandato
imperativo e inobjetable contenido en dicha disposición, de manera
extemporánea, lo cierto es que pasados 4 años desde la presentación del último
mapa de ruido (2019), no se tiene conocimiento de que este en proceso de
actualización, como impone la norma.
• Artículo 25
68. Ahora bien, de los elementos de juicio recaudados y de las intervenciones
allegadas por las partes hasta esta instancia, se advierte que Corporinoquia no
ha dado cumplimiento al mandato imperativo contenido en la norma. Esto es, no
ha elaborado el plan de descontaminación por ruido.
69. Si bien en la impugnación la autoridad ambiental indicó que dicho
documento fue resultado de la ejecución del contrato de consultoría 200-14-4-14-
300 de 2015, lo cierto es que no se aportó prueba de ello al plenario. Al cotejar
el informe final presentado por la firma K2, no se evidencia que el mismo
contenga los presupuestos definidos por el artículo 25. Por el contrario, se
15 Cfr. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-
poblacion/proyecciones-de-poblacion
16 Índice 23 – Samai: 85001-23-33-000-2024-00116-00. Véase: archivo 35 fls 626 – 864.
17 Índice 23 – Samai: 85001-23-33-000-2024-00116-00. Véase: archivo 35 fls: 6 – 626.
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advierte que en él se hicieron serias reflexiones para establecer un plan de
descontaminación para dar frente a la problemática18.
70. En este punto, se observa un incumplimiento prolongado del mandato
imperativo que radica en cabeza de la Corporación, que transgrede el lapso
racional de tiempo luego de impuesta la exigencia. Esto, pues han transcurrido
más de 17 años sin que la autoridad demandada cumpla la exigencia prevista por
la disposición en cita.
71. Ahora bien, la Sala no desconoce que de la redacción del artículo 25 de la
Resolución 627 de 2006 se podría, prima facie, sostener que su cumplimiento
está sujeto a una condición según la cual es menester contar con el mapa ruido
ambiental. Esto, pues con base en dicho estudio Corporinoquia deberá
establecer el plan de descontaminación.
72. No obstante, la Sala advierte que las dos obligaciones, esto es, las
dispuestas por los artículos 22 y 25 de la Resolución 627 de 2006 son
responsabilidad de la misma entidad y están atadas a un mismo objetivo. Esta
finalidad es la protección de los habitantes de Yopal de la contaminación auditiva
que es propio de las ciudades con más de 100.000 habitantes. Igualmente, es
importante resaltar que las obligaciones establecidas en ambos mandatos han
sido incumplidas por Corporinoquia.
73. De ahí que sea posible inferir que, aunque el cumplimiento del artículo 25
depende de que se elabore el mapa de ruido ambiental en los términos del
artículo 22, como se va a ordenar la realización del referido mapa también es
necesario que se disponga sobre el plan de descontaminación. Esto, porque
ambas obligaciones van encaminadas a la consecución de los fines trazados por
la Resolución 627 de 2006 (la protección de los habitantes de Yopal contra la
contaminación auditiva).
74. Para la Sala está plenamente probado que tanto la obligación de realizar
el mapa como la de elaborar el plan se encuentran en mora; una desde hace 2
años y la otra desde hace 14 años y se trata de un asunto que requiere atención
inmediata por parte de entidad accionada. En efecto, con el cumplimiento de
estos deberes se garantiza la satisfacción de importantes derechos
fundamentales como el mantenimiento adecuado para la ciudadanía del orden
público -salubridad y tranquilidad-, goce de un ambiente sano y el aseguramiento
de la convivencia pacífica de los habitantes de Yopal.
75. Además, el cumplimiento de los principios constitucionales de celeridad
procesal y prevalencia de lo sustancial sobre lo formal, permiten que este juez
constitucional pueda ordenar el cumplimiento del mandato de elaborar el plan de
descontaminación. Lo anterior porque cuando la administración acate la orden de
realizar el mapa se hará evidente que existe una mora de más de una década en
18 Índice 23 – Samai: 85001-23-33-000-2024-00116-00. Véase: archivo 35 fls 626 – 864.
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el obedecimiento del deber de efectuar el citado plan de descontaminación
auditiva.
76. En este sentido, para la satisfacción real de los derechos de los habitantes
de la ciudad de Yopal no basta con que se declare el incumplimiento del artículo
22 de la Resolución 627 de 2006. En efecto, este mandato está estrechamente
atado a que una vez realizado el mapa y de manera inmediata se elabore el plan
de descontaminación. Por ende, como ambas obligaciones fueron desatendidas
por parte de la misma entidad no tiene sentido que la omisión del cumplimiento
del artículo 22 sea una excusa válida para evitar exigir a la entidad morosa el
acatamiento de la obligación establecida en el artículo 25 de la misma resolución.
77. Escenario distinto fuese que este segundo deber estuviese en cabeza otra
entidad. Es decir, para la Sala en este caso el incumplimiento por parte de
Corporinoquia de la obligación establecida en el artículo 22 de la citada resolución
no puede ser una excusa válida para eximir a la misma entidad de cumplir con lo
dispuesto en el artículo 25.
78. De conformidad con lo anterior, la Sala encuentra reunidos los
presupuestos exigibles para ordenarle a la autoridad accionada que acate las
obligaciones que se derivan de los artículos 22 y 25 de la Resolución 627 de
2006. Se tiene que las normas contienen mandatos claros, expresos y
actualmente exigibles que no se han atendido y obligan a la accionada a
establecer el mapa de ruido ambiental para la ciudad de Yopal y el plan de
descontaminación.
79. Ahora bien, comoquiera que el numeral primero de la sentencia del 22 de
noviembre de 2024 declaró el incumplimiento parcial de los artículos 22 y 26 de
la Resolución 627 de 2006 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, la Sala modificará la orden para en su lugar aclarar que se trata de
los artículos 22 y 25, como viene de verse.
80. Finalmente, se confirmará en lo demás la providencia de primera instancia.
Esto es, el término de 6 meses otorgado a Corporinoquia para el cumplimiento
de sus deberes. En este punto, se aclara que: 1) de esos 6 meses dispondrá de
3 de ellos para la elaboración del mapa de ruido ambiental en los términos del
artículo 22 de la Resolución 627 de 2006 y los 3 siguientes para efectuar el plan
de descontaminación por ruido ambiental conforme dispone el artículo 25 ibidem
y 2) que no se sustentaron las razones que justifiquen prolongar el término a 1,
según se solicitó en el escrito de impugnación.
81. Esto obedece a la necesidad constitucional de acatar los mandatos
fidedignos expedidos por las autoridades correspondientes en desarrollo de la
función administrativa y con ello, cumplir los fines del Estado, máxime cuando el
incumplimiento de las obligaciones se ha prolongado por un largo periodo de
tiempo.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de vinculación del municipio de Yopal.
SEGUNDO: MODIFICAR el numeral primero de la sentencia del 22 de noviembre
2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Casanare, en los siguientes
términos:
PRIMERO: DECLARAR que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
LA ORINOQUIA incumplió los artículos 22 y 25 de la Resolución 627 de 2006
expedida por el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE,
de conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa de esta
providencia.
TERCERO: CONFIRMAR en lo demás, la sentencia del 22 de noviembre 2024
proferido por el Tribunal Administrativo del Casanare.
CUARTO: RECONOCER personería jurídica a la abogada Leidy Briyith García
Peña en los términos del poder aportado a este expediente
QUINTO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.
SEXTO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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