Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2020-00738-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2020-00738-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-41-000-2020-00738-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
24 de febrero de 2022
Demandante: Andrea Padilla Villarraga
Demandados: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otros
Radicación: 25000-23-41-000-2020-00738-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 25000-23-41-000-2020-00738-01
Demandante: ANDREA PADILLA VILLARRAGA
Demandados: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE Y OTROS
Tema: Revoca parcialmente la sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver las impugnaciones interpuestas por los ministerios de
Agricultura y Desarrollo Rural, Salud y Protección Social y el Departamento
Nacional de Planeación contra la sentencia dictada el 7 de octubre de 2021, por la
Subsección “A” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que accedió a las pretensiones de la acción de cumplimiento
presentada por la señora Andrea Padilla Villarraga.
I. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud
La señora Andrea Padilla Villarraga, a nombre propio, demandó a los
ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Salud y Protección
Social, de Agricultura y Desarrollo Rural, del Interior, el Departamento
Nacional de Planeación, a Parques Nacionales Naturales, el Instituto
Colombiano Agropecuario y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca,
con la finalidad de obtener el cumplimiento del artículo 324 de la Ley 1955 de
20191.
1.2. Hechos
1.2.1. La demandante manifestó que el 25 de mayo de 2019, fue publicada en el
Diario Oficial la Ley 1955 de 2019, por la cual se expidió el Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.
1 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por
la Equidad”.
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Demandante: Andrea Padilla Villarraga
Demandados: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otros
Radicación: 25000-23-41-000-2020-00738-01
Señaló que el artículo 324 ibidem ordenó al Gobierno Nacional que, en el plazo de
seis (6) meses, formulara la Política Nacional de Protección y Bienestar de
Animales Domésticos y Silvestres.
1.2.2. La señora Padilla Villarraga indicó que el plazo otorgado por el legislador
feneció el 25 de noviembre de 2019, sin haberse dado cumplimiento a la norma
mencionada.
1.2.3. Informó que, el 29 de noviembre de 2019, requirió al Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible el obedecimiento del artículo 324 de la Ley 1955 de 2019.
Seguidamente, indicó que el 9 de junio de 2020, mediante correos electrónicos,
solicitó el acatamiento de la disposición referida a los ministerios de Agricultura y
Desarrollo Rural, del Interior, de Salud y Protección Social, al Departamento
Nacional de Planeación, a Parques Nacionales Naturales, al Instituto Colombiano
Agropecuario y a la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca.
1.2.4. La actora manifestó que a la fecha de presentación de la demanda solo
contestaron el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural, en el sentido de indicar que habían realizado una serie de
reuniones exploratorias con Parques Nacionales Naturales, el Instituto Colombiano
Agropecuario, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y la Autoridad
Nacional de Acuicultura y Pesca, a efectos de formular la política pública. Sin
embargo, aludió que aquella no ha sido expedida.
1.3. Pretensiones
En la demanda se formularon las siguientes:
“1. Que se le ordene al Gobierno Nacional cumplir el artículo 324 de la
Ley 1955 de 2019.
2. Que, en consecuencia, se ordene al Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, al Ministerio de Salud y la (sic) Protección Social,
al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, al Ministerio del Interior,
al Departamento Nacional de Planeación y a las demás entidades
competentes; que, en el marco de sus competencias, procedan a
formular la Política Nacional de Protección y Bienestar de Animales
Domésticos y Silvestres dentro del término perentorio que establezca el
Despacho.
3. Que se ordene que la política expedida cumpla con los lineamientos
establecidos en el inciso segundo del artículo 324 de la Ley 1 955 de
2019. (…)”.
1.4. Trámite de la solicitud en primera instancia
El presente asunto fue conocido, en primera instancia, por la Subsección “A” de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, por medio de
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auto de 27 de octubre de 2020, la admitió y ordenó notificar a los ministerios de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Salud y Protección Social, de
Agricultura y Desarrollo Rural, del Interior, al Departamento Nacional de
Planeación, a Parques Nacionales Naturales, al Instituto Colombiano Agropecuario
y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, como autoridades accionadas.
El Tribunal dictó sentencia de primera instancia el 25 de febrero de 2021, sin
embargo, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca propuso la nulidad
procesal de lo actuado, con fundamento en la causal 8 del artículo 133 del CGP,
en atención a que fue indebidamente notificado de la admisión de la demanda de
cumplimiento, razón por la cual, por medio de auto de 12 de agosto de 2021, la
Subsección “A” de la Sección Primera del Tribunal de Cundinamarca, declaró la
nulidad de lo actuado únicamente frente a dicha autoridad, desde la notificación
del auto admisorio de la demanda, inclusive, y ordenó a la Secretaría de esa
Corporación que la realizara al correo notificacionesjudiciales@aunap.gov.co.
1.5. Informes
1.5.1. El Instituto Colombiano Agropecuario – ICA se opuso a la prosperidad de
las pretensiones de la demanda y solicitó su desvinculación en el presente asunto.
Señaló que, en lo relacionado en el artículo 324 de la Ley 1955 de 2019 sobre la
protección de los animales domésticos y silvestres por parte del Estado, ha
acudido a las convocatorias efectuadas por el Ministerio de Ambiente,
construyendo de manera conjunta con el Grupo de Inocuidad en la Producción
Primaria Pecuaria, la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios y la
Subgerencia de Protección Animal y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
un borrador de documento.
Informó que el 26 de junio de 2020 se realizó una nueva reunión virtual, en la que
se elaboró un documento con el “árbol de problemas y cronograma de actividades”
para apoyar todo el impulso que requiera la cartera de Ambiente en la elaboración
de las políticas públicas para fomentar una cultura de respeto por los animales.
También indicó que remitió al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a
través de la cartera de Agricultura y Desarrollo Rural, los diferentes documentos y
proyectos de normas que se adelantan en el marco del Decreto 2113 de 2017 con
el objeto de que se incluyan dentro de la política de protección y bienestar animal.
En su criterio, al haber participado activamente no ha desatendido el mandato que
se invoca en la demanda.
1.5.2. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible solicitó negar las
pretensiones de la señora Padilla Villarraga.
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Informó que la política contemplada en el artículo 324 de la Ley 1955 de 2019,
indica que establecerá lineamientos en materia de bienestar de animales de
granja; en situación de calle; maltratados; especies silvestres objeto de tráfico
ilegal; entre otros, y definirá estrategias, programas y propuestas de normatividad
para la protección animal, tales como la formación en tenencia responsable; las
campañas de esterilización; la creación de centros territoriales de bienestar, la
rehabilitación y asistencia integral de fauna doméstica y silvestre; la sustitución
progresiva de vehículos de tracción animal; y el fortalecimiento de la investigación
y procesamiento de delitos, con el fin de erradicar en el país toda forma de
violencia, crueldad, tráfico y comercio ilegal.
Aludió que en cumplimiento de la anterior normativa y en el marco de sus
competencias, ha establecido los lineamientos en materia de bienestar animal del
Sector Agropecuario, desde la expedición del Decreto 2113 de 15 de diciembre de
20172.
Igualmente, indicó que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural expidió la
Resolución 153 de 16 de mayo de 2019, por medio de la cual se creó y
reglamentó el Consejo Nacional de Bienestar Animal y el Comité Técnico Nacional
de Bienestar Animal.
Señaló que, en el marco del comité y consejo referidos, se elaboró el proyecto de
acto administrativo por el cual se adopta el Manual de Condiciones de Bienestar
Animal propias de cada una de las especies de producción en el sector
agropecuario para las especies équidas3, porcinas, ovinas y caprinas, que se
concretó en la Resolución 136 de 3 de junio de 20204, con el fin de dar
cumplimiento a lo estipulado en la Resolución 153 de 2019, antes mencionada.
Manifestó que el 6 de agosto de 2020 se llevó a cabo el Comité Técnico de
Bienestar Animal, en el que se presentó el proyecto para las especies acuáticas.
Informó que el 24 de agosto de 2020, se adelantó la sesión en donde fue
aprobada la Resolución 253 de 29 de octubre de 20205.
2 “Por el cual se adiciona un capítulo al Título 3 de la parte 13 del Libro 2 del Decreto 1071 de
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de
Desarrollo Rural”.
3 Según la Real Academia Española “équido, da Del lat. equus 'caballo' e ‒́ido2.
1. adj. Zool. Dicho de un mamífero: Del grupo de los perisodáctilos, que tiene cada extremidad term
inada en un solo dedo; p. ej., el caballo o el asno. U. t. c. s. m., en pl. como taxón.”. link:
https://dle.rae.es/diccionario
4 “Por la cual se adopta el Manual de Condiciones de Bienestar Animal Propias de cada una de las
especies de producción en el sector agropecuario para las especies équidas, porcinas, ovinas y
caprinas”.
5 “Por la cual se adopta el Manual de las condiciones de bienestar animal de propias de cada una
de las especies de producción del sector agropecuario; bovina, bufalina, aves de corral y animales
acuáticos”.
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Refirió a las sesiones realizadas por el Consejo Nacional de Bienestar Animal y
del Comité Técnico de Bienestar Animal en cumplimiento de lo previsto en la
Resolución 153 de 2019, por lo que, en su criterio, no se ha incumplido la norma a
que hace referencia la demandante.
Asimismo, relacionó las reuniones y la gestión adelantada por dicho ministerio en
desarrollo de la política de bienestar animal, y esgrimió que la acción es
improcedente al no ser renuente en el cumplimiento de la norma invocada por la
actora. Aludió que el término señalado en la ley para la formulación de la política
no se ajusta a la realidad, por cuanto este tipo de procesos conlleva periodos
superiores a lo allí establecido, así como la participación de diversas autoridades.
1.5.3. Parques Nacionales Naturales de Colombia manifestó que la norma que
se invocó en la demanda no le corresponde acatarla, por cuanto el diseño de la
Política Nacional de Protección y Bienestar de Animales Domésticos y Silvestres y
la reglamentación de la misma está en cabeza de otras autoridades.
Al respecto indicó que el artículo 324 de la Ley 1955 de 2019 es claro al señalar
cuáles son las entidades llamadas a participar en el cumplimiento del mandato
legal, dentro de las cuales no se refiere a Parques Nacionales. En consecuencia,
no le es exigible el mandato legal que se demanda.
1.5.4. El Ministerio de Salud y Protección Social propuso como excepción la
que denominó “inobservancia de presupuestos para que prospere la acción de
cumplimiento”, al cumplirse por dicha autoridad todas las actividades, en el marco
de sus competencias, a fin de participar en la formulación de la política nacional de
protección y bienestar de animales domésticos y silvestres, de que trata el artículo
324 de la Ley 1955 de 2019.
Para sustentar lo anterior, en primer lugar, precisó que el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible es la entidad responsable de coordinar y liderar el proceso
de formulación de la Política Nacional de Protección y Bienestar de Animales
Domésticos y Silvestres.
Informó que en el mes de octubre del año 2019 se llevaron a cabo dos reuniones
en las cuales se presentaron los avances y la gestión adelantada por parte del
Ministerio de Salud y Protección Social a través de las Subdirecciones de Salud
Ambiental y de Salud Nutricional Alimentos y Bebidas (Dirección de Promoción y
Prevención), con relación a la protección y el bienestar animal, en el ámbito de
aplicación del sector salud.
Como resultado de esas reuniones, manifestó que se concertó el cronograma y
plan de trabajo, dentro del cual se evidenció la necesidad de discutir y definir un
problema común entre los diferentes sectores y generar un árbol de problemas
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con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación (DNP), usando la
metodología del Conpes.
Indicó que se establecieron los puntos focales de las entidades participantes y que
se contó con la asistencia de la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios
Ecosistémicos del MADS, el Departamento Nacional de Planeación, Dirección de
Promoción y Prevención del MSPS, el Instituto Nacional de Salud (INS), el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA), Parques Nacionales Naturales (PNN), el Instituto Distrital de
Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) de Bogotá y la Autoridad Nacional de
Acuicultura y Pesca (ANAP).
Señaló que se construyó el denominado “árbol de problemas” que se desarrolló el
14 de noviembre del año 2019 y se continuó los días 2 y 10 de diciembre de 2019,
como resultado de la articulación interinstitucional y por convocatoria del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible con el apoyo del DNP, escenario en el que se
enlistaron las situaciones relacionadas con la materia y se señalaron cuáles son
sus causas y efectos, así como también se acordaron las definiciones que harán
parte del marco conceptual de la política.
Dijo que posteriormente, en el año 2020 y en desarrollo del trabajo intersectorial,
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural convocó a una reunión del Consejo
Nacional de Bienestar Animal, que preside el ICA, en la cual se presentó el
Proyecto de Ley 266 de 2019 Cámara: “Código Nacional de Protección y Bienestar
Animal”, como insumo para el trabajo que se venía adelantando por las entidades
ya mencionadas.
Sin embargo, aludió que para el mes de marzo de 2020 las medidas de
emergencia adoptadas por el Gobierno Nacional afectaron el cronograma de
trabajo ante la cancelación de algunas reuniones programadas.
No obstante, señaló que el 11 de septiembre de 2021, el Ministerio asistió a la
Mesa Técnica Interinstitucional - Política Bienestar Animal convocada por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que se desarrolló de forma virtual
y que en ese espacio se realizó la socialización concienzuda de la normatividad
relacionada con el bienestar animal, desde los convenios internacionales y la
nacional formulada desde los diferentes sectores, el resultado del ejercicio del
“árbol de problemas” que se construyó en sesiones anteriores, a fin de identificar
la problemática central y en donde quedó como compromiso que el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible realizaría el envío del documento: “Política
Nacional de Protección y Bienestar de Animales Domésticos y Silvestres” de la
Ley 1955 de 2019 con el fin de realizar revisión y aportes al documento.
De acuerdo con lo anterior, indicó que la Subdirección de Salud Ambiental y la
Subdirección de Salud Nutricional, Alimentos y Bebidas del Ministerio de Salud y
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Protección Social realizaron aportes al documento de forma conjunta, los cuales
fueron enviados mediante correo electrónico del 16 de octubre de 2020, dando
cumplimiento de manera oportuna a lo solicitado.
Finalmente, señaló que el ministerio ha orientado y acompaña a las autoridades
sanitarias departamentales, distritales y municipales, contando con una cartilla de
tenencia responsable de perros y gatos disponible para las acciones de educación
para la salud en la población escolar, al igual que con los informes consolidados
de la gestión territorial en cuatro instrumentos que se consolida a nivel
departamental y nacional, a saber: (i) gestión integral del riesgo, (ii) promoción de
la salud, (iii) vacunación antirrábica y (iv) vigilancia en salud pública de zoonosis,
todo lo cual que se encuentra publicado en la página web institucional y relacionó
los respectivos enlaces electrónicos.
1.5.5. El Departamento Nacional de Planeación aludió que no fue debidamente
constituido en renuencia.
Indicó que, si bien la demandante aportó escrito de 9 de junio de 2020 con la
referencia “requerimiento previo de la acción de cumplimiento”, no se adjuntó
constancia de envío y entrega a esa entidad.
Informó que solicitó a la oficina que administra el correo institucional de servicio al
ciudadano de esa entidad que verificara si el citado documento fue recibido, ante
lo cual respondió que no había registro del requerimiento mencionado; como
también consultó al coordinador del Grupo de Correspondencia del Departamento
el cual explicó que, una vez verificados los buzones a su cargo, no se evidenció
ningún correo.
En consecuencia, como el requerimiento no fue efectivamente remitido a esa
entidad, aludió que no podría señalarse omisión en la respuesta y mucho menos la
constitución de renuncia que alegó la parte actora, aunado a que no se sustentó ni
acreditó en la demanda la existencia de un perjuicio irremediable que configure la
excepción para prescindir del mencionado requisito.
A pesar de lo anterior, señaló que tampoco se ha desatendido el mandato previsto
en el artículo 324 de la Ley 1955 de 2019 por parte de esa entidad, por lo cual la
demanda deviene en improcedente, toda vez que el legislador asignó la tarea al
Gobierno Nacional de formular la política nacional de protección y bienestar de
animales domésticos y silvestres, expresamente bajo el liderazgo del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Informó y detalló las actividades en las que ha participado, a través de la Dirección
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, durante los años 2019 y 2020, en las mesas
de trabajo convocadas por la cartera de ambiente para construir de manera
interinstitucional la Política de Protección y Bienestar de Animales.
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Sostuvo que el 7 de julio y el 15 de octubre de 2020, la Dirección de Ambiente y
Desarrollo Sostenible remitió al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
comentarios al documento borrador de la Política de Protección y Bienestar
Animal, los cuales fueron enviados a través de correo electrónico.
De otra parte, informó que en virtud de lo dispuesto en el artículo 248 de la Ley
1753 de 2015, por medio de la Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno, lideró
la elaboración de un borrador de documento de política, que tenía como objetivo
general fortalecer las capacidades institucionales y sociales en la protección y
bienestar de animales domésticos en el país. Asimismo que, durante los años
2016 y 2017, trabajó en una propuesta que contenía un diagnóstico basado en los
insumos obtenidos durante una estrategia de participación y en una revisión de los
estándares de protección y bienestar animal a nivel internacional, no obstante,
durante ese desarrollo, se recalcó la necesidad de contar con una política de
protección para todas las especies animales y no solo las domésticas, la que
constituye a su vez un insumo para la política a que hace mención el artículo 324
de la Ley 1955 de 2019.
1.5.6. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural solicitó negar las
pretensiones de la demanda presentada por la señora Padilla Villarraga.
Aludió que, en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 324 de la Ley
1955 de 2019, ha establecido los lineamientos en materia de bienestar animal del
sector agropecuario, desde la expedición del Decreto 2113 de 15 de diciembre de
2017 y las Resoluciones 153 del 16 de mayo de 2019, 136 de 3 de junio 2020 y
253 del 29 de octubre de 2020. Asimismo, indicó y aportó la documental
concerniente a las reuniones y actividades que se realizaron con tal finalidad.
Señaló que, de esta manera, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
adelantó las actuaciones correspondientes, lo que impide concluir que lo dispuesto
en el artículo 324 de la Ley no ha sido cumplido en lo que a esa cartera le
compete. Lo anterior, sin perjuicio de las actuaciones que han sido lideradas y
ejecutadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
1.5.7. La Superintendencia de Notariado y Registro se opuso a la prosperidad
de las pretensiones en atención a que, de acuerdo con la literalidad de la
disposición que se pidió cumplir, no existe un imperativo normativo que tenga que
ser efectuado por esa entidad, toda vez que dicha obligación no guarda ninguna
relación con las funciones y competencias que han sido encomendadas
constitucional y legalmente ni a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos,
por lo tanto, no participó hechos narrados por la accionante, ni tiene injerencia
alguna en la aplicación del artículo 324° de la Ley 1955 de 2019.
Manifestó que “[…] no entendemos la razones fácticas o jurídicas por las cuales
fuimos notificados de la presente acción a través del correo electrónico
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notificaciones.juridica@supernotariado.gov.co el día 13 de noviembre de la
presente anualidad, proveniente del correo electrónico
scs01sb02tadmincdm@notificacionesrj.gov.co.”.
1.5.8. El Ministerio del Interior y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca
no contestaron la demanda, pese a encontrarse debidamente notificados.
1.6. Sentencia de primera instancia
La Subsección “A” de la sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en sentencia de 7 de octubre de 2021, resolvió:
“(…) PRIMERO. - SIN LUGAR a declarar de la excepción denominada
“inobservancia de presupuestos para que prospere la acción de
cumplimiento”, formulada por el Ministerio de Salud y Protección Social, por
las razones expuestas en la presente providencia.
SEGUNDO. - DECLÁRASE no probado el incumplimiento del requisito de
renuencia frente al Departamento Nacional de Planeación, por las razones
expuestas en la presente providencia.
TERCERO.- DECLÁRASE incumplida y, en consecuencia, ORDÉNASE al
Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Ambiente y Sostenible (sic),
con la participación del Ministerio de Salud y la (sic) Protección Social,
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio del Interior y
Departamento Nacional de Planeación y las demás entidades competentes
que en el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria de esta
providencia, cumplan con el deber impuesto en el artículo 324 de la Ley 1955
de 2019.
CUARTO. - NOTIFÍQUESE esta decisión a las partes de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 22 de la ley 393 de 1997.
QUINTO. - En firme esta providencia, previas constancias secretariales de
rigor, ARCHÍVESE el expediente (…)”.
En primer lugar, el juzgador de primera instancia despachó favorablemente la
excepción propuesta por el Ministerio de Salud y Protección Social, porque en
realidad son argumentos en los que basa su defensa, lo que resolvió en el fondo
del asunto6.
En cuanto al agotamiento del requisito de constitución en renuencia precisó que el
Departamento Nacional de Planeación, a pesar de sus alegaciones y haber
aportado las respuestas a las consultas de sus correos institucionales “[…] no
6 En la sentencia de 7 de octubre de 2021, objeto de impugnación, la Subsección “A” de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, precisó que “[…] tal como lo señala la ANLA
en correo de 31 de agosto de 2021, la misma no es parte en el presente asunto, pese a aparecer
relacionada dicha entidad en los correos de notificación por estado de 27 de agosto de 2021, en la
que se notifica el auto admisorio de la demanda.”.
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aportó prueba que acreditara que efectivamente no se recibió en este último [se
refirió al correo servicioalciudadano@dnp.gov.co] de la entidad el documento
enviado por la actora. Por lo anterior, no se ha desvirtuado la recepción por parte
de dicha entidad del escrito de constitución en renuencia”.
En segundo lugar, sobre el fondo del asunto, señaló que el artículo 324 de la Ley
1955 de 2019 establece una obligación clara y expresa a cargo del Gobierno
Nacional, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con la
participación del Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, Ministerio del Interior, Departamento Nacional de Planeación y
demás entidades competentes para formular la política nacional de protección y
bienestar de animales domésticos y silvestres, como parte de lo previsto en el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.
Advirtió que si bien se han realizado múltiples reuniones por diversas autoridades
con el fin de formular la Política Nacional de Protección y Bienestar de Animales
Domésticos y Silvestres, a través del Consejo Nacional y el Comité Técnico de
Bienestar Animal, creados mediante Resolución 153 de 16 de mayo 2019, así
como que existe un borrador, lo cierto es que no se ha formulado, pese a que el
término de seis (6) meses previsto ya feneció.
1.7. Impugnaciones
1.7.1. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural impugnó la sentencia de
primera instancia y reiteró los argumentos de su contestación.
Aludió en concreto que no comparte lo dispuesto por Tribunal, toda vez que no ha
incumplido el precepto legal demandado, por cuanto adelantó diferentes acciones,
las cuales impiden concluir que lo dispuesto en el artículo 324 de la Ley 1955 de
2019 se ha desatendido, por tanto, solicitó declarar improcedente la acción de
cumplimiento en su contra.
1.7.2. El Ministerio de Salud y Protección Social solicitó revocar la sentencia de
7 de octubre de 2021 y, en consecuencia, declarar la improcedencia de la acción
de cumplimiento.
Reiteró, en cuanto el deber jurídico del cumplimiento de la norma invocada en la
demanda, que está en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
y que el Ministerio de Salud y Protección Social realizó todas las actividades “de
forma muy activa” claras e inequívocas, en el marco de sus competencias, a fin de
participar en la formulación de la Política Nacional de Protección y Bienestar de
Animales Domésticos y Silvestres.
Asimismo, indicó que en el ejercicio de sus funciones adoptó medidas y tomó
decisiones en la construcción de lineamientos para la protección y bienestar
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animal, ratificando el compromiso y voluntad de promoverlos, al igual que generó
estrategias y mecanismos de sensibilización y movilización social en favor de los
animales de compañía, en el marco de las competencias asignadas al sector
salud.
Precisó que, si bien el artículo 324 de la Ley 1955 de 2019 le asignó la función de
participación, lo cierto es que quien debe formular la política es el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Señaló que intervino de acuerdo con lo previsto en el referido artículo 324, por lo
que ha cumplido a cabalidad y, en esos términos, no se le puede endilgar mora
alguna en atención a que depende de previa solicitud o convocatoria por parte del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por lo que carece de exigibilidad
en atención a que no se tiene certeza respecto al momento en que nace o fenece
la obligación de participación dentro de la órbita de competencias asignadas a esa
cartera ministerial.
Aunado a lo anterior, indicó que para la formular la política prevista en el artículo
324 de la Ley 1955 de 2019 deben acudir entidades sin determinar, razón por la
cual no se puede predicar un incumplimiento sobre un deber, de manera conjunta,
que les corresponda a varias entidades. Se preguntó “¿Cómo determinar entonces
el mandato imperativo e inobjetable asignado a cada una de las entidades
competentes para participar en la formulación de esta política?”.
Finalmente, actualizó la información que reportó en la contestación de la demanda
en cuanto a las actividades que realizó para indicar que durante la vigencia 2021,
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como líder de la elaboración de
la Política, contando con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación -
DNP, adelantó 11 convocatorias por medio virtual en los meses de junio (5), julio
(5) y agosto (1), con la finalidad de dar continuidad con el proceso de construcción
colectiva de la Política de Bienestar Animal, espacios que contaron con
participación activa del Ministerio de Salud y Protección Social (Dirección de
Promoción y Prevención – Subdirección de Salud Ambiental y Subdirección de
Salud Nutricional, Alimentos y Bebidas) y de otras entidades del orden nacional y
territorial.
Igualmente, manifestó que como resultado de esos espacios, el Ministerio de
Salud generó sus aportes en el marco de sus competencias a los documentos
compartidos en línea y, que a la fecha, continúa con el acompañamiento a las
Direcciones Territoriales de Salud, para fomentar la tenencia responsable de
animales de compañía y producción, para lo cual, en la reunión nacional de salud
ambiental, priorizó el tema de la Política Nacional de Protección y Bienestar
Animal dentro del espacio de la reunión de Zoonosis el 12 de noviembre de 2021
e, igualmente, desde la Subdirección de Salud Ambiental, participó de manera
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virtual en la audiencia pública sobre protección animal, el viernes 14 de junio de
2021, en la ciudad de Pereira, Bioparque Ukumarí.
1.7.3. El Departamento Nacional de Planeación reiteró los argumentos de
primera instancia y solicitó revocar la sentencia de 7 de octubre de 2021.
Indicó que no comparte la decisión del Tribunal, por cuanto le correspondía a la
parte actora demostrar que la petición por medio del cual se pretendía agotar el
requisito de constitución en renuencia fue efectivamente remitida a los correos
institucionales del DNP, conforme lo exigen los artículos 8º y 10 de la Ley 393 de
1997 y lo ha indicado la jurisprudencia de esta Sección7, lo cual no ocurrió y, por
ende, no puede ser trasladada la carga de la prueba a la accionada.
Sin perjuicio de lo anterior, insistió que de acuerdo con las pruebas aportadas en
la contestación de la demanda, se demostró que dicho documento no había sido
recibido en los correos institucionales del DNP, pues, no solo se realizó
verificación en el buzón de correo electrónico que la demandante relacionó en el
encabezado de la petición que aportó, sino también en los otros buzones de
correo de la entidad, sin que se evidenciara el registro de la mencionada
comunicación. Así las cosas, no se debió encontrar acreditado frente a esa
entidad el agotamiento del requisito de procedibilidad, por cuanto el requerimiento
no fue efectivamente remitido a esta entidad, no podría señalarse omisión en la
respuesta y mucho menos la constitución de renuencia a la que alude la parte
actora.
En cuanto al fondo del asunto reiteró que no existe incumplimiento de la norma
invocada en la demanda para lo cual reiteró las actuaciones en las que participó
para la formulación de la Política de Protección y Bienestar Animal prevista en el
artículo 324 de la Ley 1955 de 2019.
1.7.4. El Ministerio del Interior presentó memorial el 7 de diciembre de 2021, en
el cual manifestó que se adhería a la impugnación que formularon las entidades
anteriormente mencionadas. Sin embargo, los argumentos del referido escrito no
serán expuestos, de acuerdo con lo que se indicará en la parte considerativa de
esta providencia.
1.8. Trámite en segunda instancia
Una vez remitido el asunto a esta Corporación para resolver las impugnaciones
interpuestas, por medio de auto de 26 de enero de 2022, con fundamento en las
previsiones del artículo 5º de la Ley 393 de 1997, se evidenció la falta de
7 Al respecto citó apartes de las sentencias de 5 de julio de 2018, expediente
25000234100020180037601(ACU) y del 27 de marzo de 2014, expediente
25000234100020130044401(ACU) de la Sección Quinta del Consejo de Estado.
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vinculación al presente proceso del presidente de la República en atención a la
norma que se pide cumplir en la demanda y del artículo 115 superior.
En consideración a lo anterior, se advirtió que el proceso podía estar incurso en
una nulidad de carácter saneable, de acuerdo con los artículos 136 y 137 del
Código General del Proceso y, en consecuencia, se ordenó poner en
conocimiento, del presidente de la República, la posible nulidad para que, si era de
su interés: (i) la alegara; (ii) se pronunciara sobre la demanda del medio de control
de cumplimiento; o, (iii) guardara silencio.
1.8.1. La accionante presentó memorial el 31 de enero de 2022, a través de la
ventanilla virtual del sistema SAMAI en el presente trámite, en el que en relación
con el auto referido en el acápite anterior, manifestó “[…] que a la fecha no he
recibido notificación de dicha providencia, por lo tanto pongo en su conocimiento
que el correo electrónico al que recibiré notificaciones es
andreapadillavillarraga@gmail.com información que suministré mediante memorial
radicado el 9 de diciembre de 2021, y que consta dentro del expediente.”.
1.8.2. El presidente de la República no alegó la nulidad del proceso, razón por la
cual aquella se entiende saneada y se pronunció en el siguiente sentido.
Recalcó el contenido de los artículos 115 de la Constitución y 159 de la Ley 1437
de 2011 y manifestó que frente a los actos que expida el gobierno nacional, la
representación judicial no está radicada en el presidente sino del ministro o
director de departamento administrativo.
Enfatizó en cuanto a la potestad reglamentaria, que el documento debe ser
elaborado por la cartera o departamento administrativo competente sobre la
materia, según el Decreto 1081 de 2015, por lo cual la responsabilidad de
presentar el proyecto de decreto es de la entidad que conforma gobierno con el
primer mandatario.
Por lo anterior, manifestó que “[…] compartimos totalmente la decisión adoptada
en este proceso por el juez de primera instancia, en el sentido de NO vincular al
señor presidente de la República, pues el tenor literal de la norma cuyo
cumplimiento se reclama, expedida por el legislador, es muy claro al establecer
que la Política Nacional de Protección y Bienestar de Animales Domésticos y
Silvestres será formulada por “[e]l Gobierno nacional, bajo el liderazgo del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (…)”, lo que no deja asomo de
duda de que quien “lidera” la expedición de esa norma es ese ministerio, y NO el
señor presidente de la República, como lo pretende el H. consejero ponente, y la
norma es tan supremamente clara que no admite interpretación, ni siquiera, y lo
digo con sumo respeto, la que el honorable consejero ponente le dio para intentar
la vinculación del señor presidente de la República al proceso. En consecuencia,
con mi acostumbrado respeto, solicito a la Sección Quinta del H. Consejo de
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Estado que NO vincule al señor presidente de la República al presente proceso en
calidad de demandado.”.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sección es competente para resolver las impugnaciones contra la sentencia
de 7 de octubre de 2021 de la Subsección “A” de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
3º de la Ley 393 de 19978, 125, 150 y 243 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo “CPACA”, Ley 1437 de 2011 9,
así como en el artículo 13, numeral 7º, del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019
de la Sala Plena del Consejo de Estado que establece la competencia de la
Sección Quinta de esta Corporación para conocer de “[…] las apelaciones contra
las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales
Administrativos en primera instancia en las acciones de cumplimiento. […]”.
2.2. Cuestiones previas
2.2.1. En este punto, la Sala precisa que la Superintendencia de Notariado y
Registro se pronunció frente a la demanda de cumplimiento, en el trámite de
primera instancia y manifestó que “[…] no entendemos la razones fácticas o
jurídicas por las cuales fuimos notificados de la presente acción a través del correo
electrónico notificaciones.juridica@supernotariado.gov.co el día 13 de noviembre
de la presente anualidad, proveniente del correo electrónico
scs01sb02tadmincdm@notificacionesrj.gov.co.”.
Al respecto, no se observa pronunciamiento sobre el particular por parte del
Tribunal a quo10. Ahora bien, en atención a que en el presente asunto no se
8 “Artículo 3o. COMPETENCIA. <Ver Notas del Editor> De las acciones dirigidas al cumplimiento
de normas con fuerza material de Ley o Acto Administrativo, conocerán en primera instancia los
Jueces Administrativos con competencia en el domicilio del accionante. En segunda instancia será
competente el Tribunal Contencioso Administrativo del Departamento al cual pertenezca el
Juzgado Administrativo.
Parágrafo. Las Acciones de Cumplimiento de que conozca el Consejo de Estado, serán resueltas
por la sección o subsección de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la cual haga parte el
Consejero a quien corresponda en reparto. Su trámite se hará a través de la correspondiente
Secretaría. El reparto se efectuará por el Presidente de la Corporación, entre todos los Magistrados
que conforman la Sala de lo Contencioso Administrativo, en forma igualitaria.
Parágrafo Transitorio. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Mientras entran en funcionamiento los
Jueces Administrativos, la competencia en primera instancia se radicará en los Tribunales
Contenciosos Administrativos y la segunda en el Consejo de Estado tratándose de acciones
dirigidas al cumplimiento de un Acto Administrativo.”.
9 Modificado por la Ley 2080 de 2021.
10 Como se puso de presente la Subsección “A” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, en la sentencia de 7 de octubre de 2021, objeto de impugnación, solo precisó
que “[…] tal como lo señala la ANLA en correo de 31 de agosto de 2021, la misma no es parte en
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ordenó su notificación por medio del auto admisorio y, en todo caso, esa autoridad
es ajena a la controversia que se planteó en este asunto, se ordenará su
desvinculación del presente trámite.
2.2.2. Por otra parte, el Ministerio del Interior manifestó que se adhería a la
impugnación que formularon los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, de
Salud y Protección Social y el Departamento Nacional de Planeación. Sin
embargo, lo cierto es que la solicitud se presentó de forma extemporánea en
atención a que el fallo de 7 de octubre de 2021 fue notificado a los sujetos
procesales el 18 de noviembre de esa anualidad, y una vez vencido el término
para impugnarla11, el asunto pasó al despacho del ponente del Tribunal que, en
auto de 2 de diciembre de 2021, concedió las oportunamente interpuestas.
En este sentido, como el escrito del Ministerio del Interior se presentó el 7 de
diciembre de 2021, es decir, cuando el término para tal efecto ya había precluido,
por lo que claramente la solicitud fue presentada de forma extemporánea, razón
por la cual se rechazará en la parte resolutiva de esta providencia.
2.2.3. En tercer lugar, la señora Andrea Padilla Villarraga allegó memorial el 31
de enero de 2022, en el que indicó que no conocía el auto de 26 de enero de 2021
e informó el cambio de su correo electrónico para recibir notificaciones.
De acuerdo con lo anterior, se advierte que la actora pudo conocer el contenido de
la mencionada providencia, desde la fecha en que se dictó, por cuanto se
encontraba registrada en el aplicativo SAMAI al que precisamente tuvo acceso en
el momento en que radicó el memorial señalado a través de la ventanilla virtual.
Ahora bien, en atención a que indica otra dirección electrónica a efectos de ser
notificada, en la parte resolutiva de este proveído se ordenará que se realicen al
correo andreapadillavillarraga@gmail.com .
2.3. Problema jurídico a resolver en la presente acción de cumplimiento
Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de 7
de octubre de 2021 de la Subsección “A” de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que accedió a las pretensiones de la demanda de
cumplimiento, para lo cual deberá resolver los siguientes problemas jurídicos:
¿La parte actora cumplió con el requisito de constitución en renuencia a las
demandadas respecto de la norma cuyo obedecimiento se deprecó en la
demanda, de conformidad con lo previsto en el artículo 8º de la Ley 393 de 1997?
el presente asunto, pese a aparecer relacionada dicha entidad en los correos de notificación por
estado de 27 de agosto de 2021, en la que se notifica el auto admisorio de la demanda.”.
11 Oportunidad que corresponde a tres (3) días siguientes a la notificación de la sentencia (artículo
26 de la Ley 393 de 1997) y, que en el caso concreto, fenecían el 23 de noviembre de 2021.
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De ser afirmativa la respuesta ¿Hay lugar a ordenar a la parte accionada, el
cumplimiento del artículo 324 de la Ley 1955 de 2019 en el que se dispuso que el
Gobierno Nacional, en el plazo de seis (6) meses, debía formular la Política
Nacional de Protección y Bienestar de Animales Domésticos y Silvestres?
2.4. Razones jurídicas de la decisión
Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) generalidades de la acción de cumplimiento; (ii) requisito de
procedibilidad y; (iii) análisis del caso concreto.
2.4.1. Generalidades de la acción de cumplimiento12
La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución
Política, como un mecanismo para que toda persona pueda "[…] acudir ante la
autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto
administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la
autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido". En igual sentido, el artículo
1° de la Ley 393 de 1997 precisa que "Toda persona podrá acudir ante la
autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de
normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos […]".
Teniendo en cuenta que Colombia es un Estado Social de Derecho y que dentro
de sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la
República están instituidas, entre otros, para asegurar el cumplimiento de los
deberes sociales del Estado y de los particulares (artículo 2º de la Constitución
Política), la acción en estudio permite la realización de este postulado logrando la
eficacia material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las
diferentes autoridades en cumplimiento de sus funciones públicas.
De este modo, la acción de cumplimiento constituye el instrumento adecuado para
demandar de las autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas,
la efectividad de las normas con fuerza material de ley y de los actos
administrativos.
Como lo señaló la Corte Constitucional “[…] el objeto y finalidad de esta acción es
otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la
posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el
12 Al respecto pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias dictadas por esta
Sección: sentencia de 15 de diciembre de 2016, Expediente: 25000-23-41-000-2016-00814-01; 26
de mayo de 2016, Expediente: 52001-23-33-000-2016-00136-01, MP. Alberto Yepes Barreiro;
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 10 de noviembre de 2016, radicación 20001-23-
33-000-2016-00371-01 MP. Alberto Yepes Barreiro; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia
del 2 de febrero de 2017, radicación 11001-33-42-048-2016-00636-01 MP. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez (E).
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cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es
omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta
manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad
material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción
de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la
vigencia de un orden jurídico, social y económico justo […]”13.
Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido de la
Ley 393 de 1997, se desprende que se deben cumplir los siguientes requisitos
mínimos:
i) Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (Art. 1º) 14.
ii) Que el mandato sea imperativo e inobjetable y que esté radicado en cabeza de
aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas que
deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido la acción de cumplimiento (Arts.
5º y 6º).
iii) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
cumplimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u
omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su
inminente incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito “[…] cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir
un perjuicio irremediable […]” caso en el cual deberá ser sustentado en la
demanda (Art. 8º).
iv) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo, salvo el caso
que, de no proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció
la acción, circunstancia esta que hace improcedente la acción. También son
causales de improcedibilidad pretender la protección de derechos que puedan ser
garantizados a través de la acción de tutela o el cumplimiento de normas que
establezcan gastos a la administración (Art. 9º).
Normas contra las que procede la acción de cumplimiento y requisitos
Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae la acción de
cumplimiento comprenden tanto la ley en sentido formal como material, esto último
desde la óptica de aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa
dictados por el presidente de la República, en desarrollo de las facultades
13 Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. MP. Antonio Barrera Carbonell y Hernando
Herrera Vergara.
14 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
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conferidas por los artículos 150-10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución
Política15.
Sin dejar a un lado, la procedencia de la acción de cumplimiento contra los actos
administrativos de contenido general o particular, bajo el entendido que éstos
reflejan la voluntad unilateral de la administración de producir efectos jurídicos, se
precisa que no es dable este mecanismo constitucional para pretender la
observancia de normas constitucionales “[…] pues el propio Constituyente la
diseñó para exigir la efectividad de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta
misma conclusión llegó la Corte Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al
concluir que no procede ésta (sic) acción constitucional para exigir el cumplimiento
de normas supremas […]”16.
Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el
mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad de la acción y, para ello,
es necesario que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una
solicitud expresa de cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al
particular que ejerce funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto
de requerimiento, lo cual puede realizarse a través del derecho de petición pero
enfocado al fin reseñado17.
Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia de la acción, si se cuenta
con otros mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo cumplimiento de
la ley o del acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación
gravosa o urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como
salvaguarda de un perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela,
pues se trata de instrumentos judiciales residuales y no principales.
Lo cual se explica en “[…] garantizar que la resolución de las diferencias jurídicas
sea efectuada por el juez natural, bajo el trámite que el ordenamiento jurídico ha
establecido para ello y evitar la alteración de las competencias que han sido
radicadas en las diferentes jurisdicciones. No puede entenderse que el
Constituyente haya creado la acción de cumplimiento como un instrumento
paralelo a los medios judiciales ordinarios; por ello la causal señalada, le imprime
a la acción de cumplimiento el carácter de mecanismo residual y subsidiario. En el
evento consagrado como excepción, la norma habilita al Juez de la acción de
cumplimiento para que, pese a la existencia de un instrumento judicial, se
pronuncie de fondo en relación con la solicitud, pero siempre y cuando se
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección "A", MP. Flavio Augusto Rodríguez Arce, 21
de enero de 1999, radicado ACU-546.
16 Sentencia de 3 de junio de 2004, Rad. 44001-23-31-000-2004-0047-01(ACU).
17 Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. Susana Buitrago Valencia (E). 9 de mayo de 2012,
76001-23-31-000-2011-00891-01 (ACU).
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acrediten los presupuestos de necesidad, urgencia, gravedad e inminencia del
perjuicio […]”18.
Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción de cumplimiento no se
puede incoar frente a normas que generen gastos,19 a menos que estén
apropiados;20 o cuando se pretenda la protección de derechos fundamentales, en
este último caso, el juez competente deberá convertir el trámite en el mecanismo
previsto por el artículo 86 Superior21.
2.4.2. De la renuencia
El requisito de la constitución en renuencia, consiste en el reclamo previo y por
escrito que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un
mandato legal o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este22 y
que esta se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez
días siguientes a la presentación de la solicitud.
Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad, la Sala ha señalado que
“[…] el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una
solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la
renuencia para los fines de la acción de cumplimiento […]”.23
Sobre el tema, esta Sección24 ha dicho que:
“[…] Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es
importante tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento
y la renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que
18 Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. Alberto Yepes Barreiro, 1 de noviembre de 2012,
radicado 76001-23-31-000-2012-00499-01(ACU).
19 Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicado 05001-23-31-000-
2000-4673-01(ACU).
20 Consejo de Estado, sentencia de 14 de mayo de 2015, expediente, radicado 25000-23-41-000-
2015-00493-01, MP. Alberto Yepes Barreiro.
21 Sentencia ibidem.
22
Sobre el particular esta Sección ha dicho: “[…] La Sala también ha explicado que con el fin de
constituir en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio
de funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o
administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su
deber inobjetable y, por ende, exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la
acción por carecer del requisito de renuencia. Como el accionante reclamó de la
Superintendencia de Puertos y Transporte el cumplimiento de los artículos 41 del Decreto 101 de
2000; 14 del Decreto 1016 de 2000 y 3, 4 y 10 del Decreto 2741 de 2001, los cuales constan, en su
orden, de 4, 14, 4, 6 y 9 numerales, sin indicar con claridad en cuál de ellos se consagra el
deber legal que pedía cumplir, en criterio de la Sala, atendiendo la ley y la jurisprudencia que
sobre la materia se ha fijado, estima que no se cumplió con el requisito de procedibilidad de
la acción, por lo que así se debió declarar por el Tribunal a quo”. (Negrita fuera de texto)
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20 de
octubre de 2011, Exp. 2011-01063, MP. Mauricio Torres Cuervo.
24 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011,
expediente 47001-23-31-000-2011-00024-01, MP. Susana Buitrago.
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incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no
está sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe
al menos contener: La petición de cumplimiento de una norma con
fuerza material de ley o de un acto administrativo; el señalamiento
preciso de la disposición que consagra una obligación y la explicación
del sustento en el que se funda el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma
tácita o expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber
omitido expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días
desde la presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan
silencio con relación a la aplicación de la norma. Esto muestra que el
requisito de procedencia de la acción prueba la resistencia del destinatario
de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es
necesario analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta
del destinatario del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco
del incumplimiento reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es
necesario estudiar el contenido de la petición de cumplimiento que
previamente debió formular el demandante, pues, como se dijo, aquella
define el objeto jurídico sobre el cual versará el procedimiento judicial para
exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos
administrativos […]25” (Negrillas fuera de texto).
En efecto, el inciso segundo del artículo 8º de la Ley 393 de 1997 establece lo
siguiente:
“[…] Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción
requerirá que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del
deber legal o administrativo y la autoridad se haya ratificado en su
incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la
presentación de la solicitud […]”.
Por otra parte, para dar por satisfecho este requisito no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8° de la Ley 393 de 1997 no
lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el cumplimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.
En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición “[…] tiene una finalidad distinta a la de
constitución en renuencia […]”.
25 Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp.
ACU-2003-00724, MP.Darío Quiñones Pinilla.
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Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe entenderse como la
negativa del ente accionado frente a la solicitud de cumplimiento de la disposición,
bien porque no dé respuesta oportunamente, o porque aunque sea emitida en
tiempo resulte contraria al querer del ciudadano26.
Al expediente, la parte actora acompañó copias de las siguientes documentales,
que se relacionará para mejor comprensión como se indica a continuación:
FECHA SUJETO QUE ASUNTO
SUSCRIBE EL
DOCUMENTO
Ministerio de Agricultura y Respuesta a “requerimiento previo de acción
Desarrollo Rural de cumplimiento” a la solicitud presentada con
14-07-2020 el radicado “20200313012” de la señora
-Oficio 20205400134201 Andrea Padilla Villarraga.
Ministerio de Ambiente y “Respuesta Requerimiento previo de acción de
Desarrollo Sostenible cumplimiento para Política Nacional de
13-12-2019 Protección y Bienestar de Animales
Domésticos y Silvestres (Artículo 324 Ley 1955
-Oficio 8201-2-2527 de 2019)” presentado por la señora Andrea
Padilla Villarraga.
Ministerio del Interior Traslado por competencia al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible del
22-06-2020 -Oficio EXT_S20- “Requerimiento Previo o de Procedibilidad de
00025590-PQRSD Acción de Cumplimiento contra el Ministerio de
025521-PQR. Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la
formulación de la Política Nacional de
Protección y Bienestar de Animales
Domésticos y Silvestres contenida en el
artículo 324 de la Ley 1955 de 2019”,
presentado por la señora Andrea Padilla
Villarraga.
19-06-2020 Ministerio de Salud y “Respuesta a solicitud de información
Protección Social relacionada con la política de protección y
bienestar animal, radicado No.
-Oficio 202021300926631 202042300915542.”, presentada por la señora
Andrea Padilla Villarraga.
14-09-2020 Instituto Colombiano “Respuesta a su petición antes de acción de
Agropecuario. cumplimiento” presentada por la señora
Andrea Padilla Villarraga.
-Oficio 20202114389
09/06/2020 Andrea Padilla Villarraga Solicitud de constitución en renuencia sobre el
cumplimiento del “artículo 324 de la Ley 1955
Siete (7) solicitudes de 2019, por medio de la cual se expide el
dirigidas a los ministerios Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, que le
de Salud y Protección ordena participar en la formulación de la
Social, de Agricultura y Política Nacional de Protección y Bienestar de
26 Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de
2015, radicación 25000-23-41-000-2016-02003-01 MP. Lucy Jeannette Bermúdez; Consejo de
Estado, Sección Quinta, sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación 15001-33-33-000-
2016-00690-01 MP. Lucy Jeannette Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del
15 de septiembre de 2016, radicación 15001-23-33-000-2016-00249-01 MP. Lucy Jeannette
Bermúdez, entre otras.
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Desarrollo Rural, del Animales Domésticos y Silvestres, en los
Interior, al Departamento términos que fija la Ley.”
Nacional de Planeación, a
Parques Nacionales
Naturales, el Instituto
Colombiano Agropecuario
y la Autoridad Nacional de
Acuicultura y Pesca.
(sin constancia de
enviado o recibido por
las referidas
autoridades)
28-11-2019 Andrea Padilla Villarraga Solicitud de constitución en renuencia sobre el
cumplimiento “artículo 324 del Plan Nacional
Una (1) solicitud dirigida al de Desarrollo 2018-2022, que le ordena liderar
Ministerio de agricultura y la formulación de la “Política de protección y
Desarrollo Rural bienestar de animales domésticos y silvestres”,
(sin constancia de en los términos que fija la Ley”.
enviado o recibido por la
referida autoridad)
De acuerdo con lo anterior, la actora adjuntó los escritos que elaboró para pedir el
cumplimiento del artículo 324 de la Ley 1955 de 2019 a las autoridades
demandadas, pero no aportó la constancia de envío por medio electrónico o físico
con lo cual se acredite la efectiva radicación de sus peticiones por lo que, no las
constituyó en renuencia.
No obstante, dicha circunstancia no puede predicarse de todas las autoridades
vinculadas al presente trámite por cuanto, como se observa en el cuadro, la
señora Padilla Villarraga sí aportó copia de las contestaciones que emitieron los
ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Agricultura y Desarrollo Rural,
del Interior, de Salud y Protección Social y del Instituto Colombiano Agropecuario,
lo que permite corroborar que efectivamente fueron radicadas, y que al ser
negativas las respuestas se agotó y acreditó en debida forma el requisito frente
aquellas.
Ahora bien, de acuerdo con lo anterior, la Sala no comparte la conclusión del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca en cuanto a los argumentos que sobre
este punto en particular aludió el Departamento Nacional de Planeación, toda vez
que sí acreditó que en los buzones electrónicos de la entidad no se evidenció que
la petición hubiera sido efectivamente enviada, por lo que se rechazará la
demanda respecto del DNP, y esa tesis también debe aplicarse respecto de
Parques Nacionales Naturales y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca,
porque tampoco obra prueba de su radicación por parte de la señora Padilla
Villarraga, toda vez que como acertadamente se alude dicha carga corresponde a
la parte demandante.
Sin embargo, el hecho que en el presente asunto no se acreditara que se cumplió
con el requisito procesal de procedencia en cuestión frente a esas autoridades, lo
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que deviene en el rechazo de la demanda respecto de aquellas y que no sean
tenidas como parte en este proceso, no implica que queden relevadas del deber
de participar en la formulación de la Política Nacional de Protección y Bienestar de
Animales Domésticos y Silvestres como lo concluyó el a quo, porque el artículo
324 de la Ley 1955 de 2019 señala directamente al DNP y, si bien literalmente no
menciona a la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca y Parques Nacionales
Naturales, sí dispuso que ese mandato está también dirigido a las “demás
autoridades competentes”.
Por su parte, en cuanto al señor presidente de la República el requisito objeto de
estudio se entiende superado en atención a que su vinculación al presente trámite
procesal se realizó de oficio por el juez de cumplimiento, en virtud del artículo 5 de
la Ley 393 de 199727, circunstancia que lleva implícito el agotamiento del requisito
de constitución en renuencia, respecto de dicha autoridad como lo ha considerado
la reiterada jurisprudencia de esta Sección28.
En consecuencia, se revocará parcialmente la decisión de primera instancia para
rechazar la demanda en cuanto al Departamento Nacional de Planeación, Parques
Nacionales Naturales y de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, por no
encontrar agotado el requisito de renuencia y se continuará el estudio del presente
asunto respecto del señor presidente de la República, los ministerios de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, de Salud y Protección Social, de Agricultura y Desarrollo
Rural, del Interior y del Instituto Colombiano Agropecuario.
2.4.3. Análisis del caso concreto
La accionante pretende el cumplimiento del artículo 324 de la Ley 1955 de 2019 el
cual establece:
“[…] ARTÍCULO 324. POLÍTICA DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR DE
ANIMALES DOMÉSTICOS Y SILVESTRES. El Gobierno nacional, bajo el
liderazgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con la
participación del Ministerio de Salud y la (sic) Protección Social, Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio del Interior, Departamento Nacional
de Planeación y demás entidades competentes, formulará la Política
Nacional de Protección y Bienestar de Animales Domésticos y Silvestres,
para lo cual tendrá un plazo de seis (6) meses contados a partir de la
expedición de la presente ley.
27 “Artículo 5º. Autoridad Pública contra quien se dirige. La Acción de Cumplimiento se dirigirá
contra la autoridad a la que corresponda el cumplimiento de la norma con fuerza material de Ley o
Acto Administrativo. Si contra quien se dirige la acción no es la autoridad obligada, aquél deberá
informarlo al Juez que tramita la Acción, indicando la autoridad a quien corresponde su
cumplimiento. En caso de duda, el proceso continuará también con las autoridades respecto de las
cuales se ejercita la Acción hasta su terminación. En todo caso, el Juez de cumplimiento deberá
notificar a la autoridad que conforme al ordenamiento jurídico, tenga competencia para cumplir con
el deber omitido.”.
28 Puede consultarse, entre otras, la sentencia de 23 de enero de 2014, radicación número: 68001-
23-33-000-2013-00846-01 M.P. Alberto Yepes Barreiro.
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Esta política establecerá lineamientos en materia de bienestar de animales
de granja; animales en situación de calle; animales maltratados; especies
silvestres objeto de tráfico ilegal; entre otros, y definirá estrategias,
programas y propuestas de normatividad para la protección animal, tales
como la formación en tenencia responsable; las campañas de esterilización;
la creación de centros territoriales de bienestar, la rehabilitación y asistencia
integral de fauna doméstica y silvestre; la sustitución progresiva de vehículos
de tracción animal; y el fortalecimiento de la investigación y procesamiento
de los delitos contra los animales, con el fin de erradicar en el país toda
forma de violencia, crueldad, tráfico y comercio ilegal de animales.
[…]”. Subraya fuera de texto.
De acuerdo con lo anterior, se tiene que se pide el obedecimiento de una ley
vigente y, por tanto, el primer requisito para la procedencia de la acción se
encuentra satisfecho.
2.4.4. De las causales de improcedencia de la acción constitucional
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 9° de la Ley 393 de 1997, este
mecanismo constitucional no procederá cuando el afectado tenga o haya tenido
otro instrumento de defensa judicial para lograr el efectivo obedecimiento de la
norma o acto administrativo, salvo que de no proceder el juez, se cause un
perjuicio grave e inminente para el accionante.
De igual forma, esta Sección en reiterada jurisprudencia29 ha desarrollado “la
existencia de otro mecanismo judicial”, como causal de improcedencia, en aquellos
casos en los que no se acredite un perjuicio irremediable.
Así, se ha indicado que “la razón de ser de esta causal de improcedencia es
garantizar que la resolución de las diferencias jurídicas sea efectuada por el juez
natural, bajo el trámite que el ordenamiento jurídico ha establecido como propio
para ello y evitar la alteración de las competencias que han sido radicadas en las
diferentes jurisdicciones. No puede entenderse que el Constituyente haya creado la
acción de cumplimiento como un instrumento paralelo a los medios judiciales
ordinarios; por ello la causal señalada, le imprime a la acción de cumplimiento el
carácter de mecanismo residual y subsidiario. En el evento consagrado como
excepción, la norma habilita al Juez de la acción de cumplimiento para que, pese a
la existencia de un instrumento judicial, se pronuncie de fondo en relación con la
solicitud, pero siempre y cuando se acrediten los presupuestos de necesidad,
urgencia, gravedad e inminencia del perjuicio”30.
29 Cfr. Sentencia de 24 de mayo de 2012, radicado No 05001-23-31-000-2010-02067-01(ACU),
MP. Alberto Yepes Barreiro, Sentencia de 23 de agosto de 2012, radicado n° 25000-23-31-000-
2012-00425-01(ACU). M.P. Mauricio Torres Cuervo, Sentencia de 21 de junio de 2012, radicado n°
05001-23-31-000-2006-01095-01(ACU). MP. Mauricio Torres Cuervo.
30 Cfr. Sentencia de 24 de mayo de 2012, radicado n° 05001-23-31-000-2010-02067-01(ACU), MP.
Alberto Yepes Barreiro.
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Así las cosas, la Sala comparte la tesis a la que llegó el a quo, según la cual la
señora Andrea Padilla Villarraga no cuenta con otro medio judicial efectivo para
lograr la aplicación del artículo 324 de la Ley 1955 de 2019 que, a su juicio, se
encuentra incumplido, para lo cual, este mecanismo se torna en procedente.
2.4.5. La norma cuyo cumplimiento se solicitó no implica gasto
En cuanto a este presupuesto de procedibilidad de la acción de cumplimiento, en
este caso, la norma cuya aplicación se solicita no genera gasto, pues de
confirmarse la sentencia de primera instancia surge una obligación de hacer,
consistente en formular una política ambiental.
2.4.6. De la existencia de un mandato imperativo e inobjetable
La finalidad de la acción de cumplimiento es que toda persona pueda acudir ante la
autoridad judicial competente para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o de
un acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 87 constitucional. Sin
embargo, a través de esta acción no es posible ordenar ejecutar toda clase de
disposiciones, sino aquellas que contienen prescripciones que se caracterizan
como “deberes”31. Los deberes legales o administrativos que pueden ser cumplidos
a través de las órdenes del juez constitucional son los que albergan un mandato
perentorio, claro y directo a cargo de determinada autoridad, un mandato
“imperativo e inobjetable” en los términos de los artículos 5, 7, 15, 21 y 25 de la Ley
393 de 1997.
Ahora bien, el artículo 5º de la Ley 393 de 1997 señala que la presente acción se
dirigirá contra la autoridad a la que corresponda el cumplimiento de la norma con
fuerza material de ley o acto administrativo, es decir, debe estar plenamente
identificada la autoridad pública o el particular en ejercicio de funciones públicas
que debe cumplir la norma.
No puede afirmarse, entonces, la inexistencia de un mandato imperativo e
inobjetable cuando la norma cuyo cumplimiento se pretende requiera del análisis
de otros preceptos o no precisa la autoridad obligada, pues lo que realmente
aquella debe prescribir es un “deber”. Los deberes legales o administrativos que
pueden ser cumplidos a través de las órdenes del juez constitucional son los que
albergan un mandato perentorio, claro y directo. Así, por ejemplo, si la norma
consagra una facultad o su ejercicio es discrecional, no se cumplirá el requisito bajo
estudio.
La norma que se pidió cumplir contiene una obligación imperativa e inobjetable en
cabeza del Gobierno Nacional, consistente en formular “la Política Nacional de
31Deber: Aquello a que está obligado el hombre por los preceptos religiosos o por las leyes
naturales o positivas. (Diccionario de la Real Academia Española).
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Protección y Bienestar de Animales Domésticos y Silvestres, para lo cual tendrá un
plazo de seis (6) meses contados a partir de la expedición de la presente ley”, la
cual debe establecer “lineamientos en materia de bienestar de animales de granja;
animales en situación de calle; animales maltratados; especies silvestres objeto de
tráfico ilegal; entre otros, y definirá estrategias, programas y propuestas de
normatividad para la protección animal, tales como la formación en tenencia
responsable; las campañas de esterilización; la creación de centros territoriales de
bienestar, la rehabilitación y asistencia integral de fauna doméstica y silvestre; la
sustitución progresiva de vehículos de tracción animal; y el fortalecimiento de la
investigación y procesamiento de los delitos contra los animales, con el fin de
erradicar en el país toda forma de violencia, crueldad, tráfico y comercio ilegal de
animales”.
Sin embargo, lo anterior no significa que, de forma automática, deba ordenarse el
cumplimiento de la norma, pues previo a emitir una orden en ese sentido es deber
del juez determinar si aquella, en el caso concreto, se encuentra insatisfecha o si
es exigible para todas las autoridades demandadas.
En las contestaciones de la demanda se aludió haber adelantado diversas
actuaciones; reuniones, elaboración y presentación de propuestas, “árbol de
problemas”, así como también que se expidieron el Decreto 2113 de 15 de
diciembre de 2017 y las Resoluciones 153 del 16 de mayo de 2019, 136 de 3 de
junio 2020 y 253 del 29 de octubre de 2020, con las cuales se han dispuesto
algunas medidas sobre la materia.
Los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural y de Salud y Protección Social
reiteraron los argumentos de sus contestaciones e insisten que la norma que se
pidió cumplir prevé que la obligación recae en cabeza del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y que han participado en la elaboración de la política de
bienestar animal, de acuerdo a como han sido convocados por esta última cartera
en mención como líder de tal propósito, razón por la cual no puede predicarse su
desobedecimiento pues lo han acatado en atención a su participación.
También, se arguyó que el término previsto en la norma que se invoca es
insuficiente en atención a que la concreción de la política referida implica la
participación y gestión de un sinnúmero de actividades, actuaciones y autoridades,
aunado a que el Estado de Excepción que se generó con ocasión de la emergencia
sanitaria y de salud por la Covid -19 ha retrasado y dificultado las reuniones que
para tal fin adelanta el Consejo Nacional de Bienestar Animal y el Comité Técnico
de Bienestar Animal.
Bajo este panorama, la Sección concluye que la orden de cumplimiento de primera
instancia debe ser confirmada, toda vez que, no se demostró que el mandato
imperativo e inobjetable del artículo 324 de la Ley 1955 de 2019, comprendido en
los verbos rectores “formular” y “participar”, esté concretado por el Gobierno
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Nacional y demás autoridades vinculadas a este trámite, aunado a que el límite
temporal que determinó el legislador ya feneció con creces.
En efecto, no desconoce esta Sala las diversas gestiones y actuaciones que han
adelantado las demandadas y otras autoridades ambientales con la finalidad de
expedir la Política Nacional de Protección y Bienestar de Animales Domésticos y
Silvestres a que refiere la norma. Sin embargo, a la fecha de emitir la presente
decisión de segunda instancia, de acuerdo con lo manifestado en las
impugnaciones, aún está en discusión “la Política de Bienestar Animal”, en el
interior del Consejo Nacional y el Comité Técnico de Bienestar Animal, creados
para tal finalidad mediante la Resolución 153 de 16 de mayo 2019, es decir, las
previsiones del artículo 324 de la Ley 1955 de 2019 no se han concretado en el
ordenamiento jurídico.
Debe precisarse que la obligación contenida en la norma es clara al indicar el límite
temporal en el cual se debió consolidar el tema, esto es, desde el 25 de mayo de
2019 (fecha de publicación de la Ley 1955 de 2019) hasta el 25 de noviembre de
esa anualidad (6 meses previstos en el artículo 324 de la Ley 1955 de 2019).
De acuerdo con lo anterior, no es justificable el incumplimiento en la expedición de
la Política Nacional de Protección y Bienestar de Animales Domésticos y Silvestres,
el hecho de las dificultades para reunirse, con ocasión de la Covid 19 (marzo de
2020), porque la emergencia acaeció con posterioridad al vencimiento del límite
temporal señalado en el artículo 324 de la Ley 1955 de 2019.
En cuanto a la insuficiencia del tiempo otorgado en el artículo, esta Sala considera
que a hoy se torna razonable su exigibilidad por cuanto las mismas demandadas
informaron que han avanzado en el proceso de la formulación de la política a tal
punto que ya tienen un proyecto de borrador pendiente de aprobarse, por tanto,
dicho argumento no encuentra sustento, máxime si han transcurrido más de dos
años desde que era exigible y no ha sido aprobada.
Tampoco puede considerarse acatado el mandato invocado con ocasión de la
expedición del Decreto 2113 de 15 de diciembre de 2017 y las Resoluciones 153
del 16 de mayo de 2019, 136 de 3 de junio 2020 y 253 del 29 de octubre de 2020
porque dichos actos administrativos son insumo para la política referida pero no
satisfacen las previsiones de la norma invocada en la demanda.
Ahora bien, en cuanto a los argumentos de las impugnantes sobre el hecho que
han participado activamente y que, de acuerdo con el artículo 324 de la Ley 1955
de 2019, la autoridad que lidera el asunto es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, razón por la cual indican que no deben ser condenadas. La Sala
precisa, que en efecto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es el
órgano rector en la materia, en la medida que se individualizó que sería liderado
por parte de esa cartera ministerial. Sin embargo, también fue precisa en indicar la
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disposición, la obligación de participar en tal cometido de forma específica al
“Ministerio de Salud y la (sic) Protección Social, Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, Ministerio del Interior, Departamento Nacional de Planeación y
demás entidades competentes”, como se anticipó en el acápite constitución en
renuencia.
Frente a este punto el Ministerio de Salud y de la Protección Social se pregunta
“¿Cómo determinar entonces el mandato imperativo e inobjetable asignado a cada
una de las entidades competentes para participar en la formulación de esta
política?”.
Al respecto, como se explicó, el mandato contenido en la norma se concreta y
puede entenderse cumplido cuando, como consecuencia de la formulación y
participación, se materialicen todas las previsiones del artículo 324 de la Ley 1955
de 2019. Por tanto, hasta que tal circunstancia no sea realidad, la obligación de
participar será exigible hasta que se acredite la existencia de la mencionada
política en el ordenamiento jurídico, una conclusión en contrario implicaría que en
este fallo se exima del deber que de forma clara previó el legislador sobre las
demandadas y que escapen al cumplimiento de sus deberes legales.
Finalmente, el presidente de la República alude a las reglas del artículo 159 del
CPACA, entre otras, para solicitar que no se le ordene el cumplimiento, porque la
obligación recae en la cartera o departamento administrativo correspondiente y que
no puede ser tenido como autoridad demandada. Sin embargo, lo cierto es que en
materia de acción de cumplimiento en este tipo de casos, esta Sección32, con
fundamento en los artículos 115 Superior y 5 de la Ley 393 de 1997, ha indicado
que sí es una de las autoridades que debe cumplir con este tipo de mandatos
porque es la cabeza principal del Gobierno Nacional, razón por la cual no se
accederá a su solicitud.
En efecto, como se ha indicado a lo largo de esta providencia, de conformidad con
el artículo 115 de la Constitución Política, el Gobierno Nacional está conformado,
para cada negocio particular, por el presidente de la República y el ministro o
director de Departamento Administrativo correspondiente. Así pues, si la norma que
se dice incumplida sostiene que corresponde al Gobierno Nacional y en especial al
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible liderar su formulación y participar,
para tal efecto, en cabeza de los ministerios de Salud y Protección Social, de
32 En ese sentido pueden consultarse las siguientes sentencias Consejo de Estado, Sección
Quinta, radicación Nº 76001-23-31-000-2011-01366-01, MP. Alberto Yepes Barreiro, sentencia del
15 de diciembre de 2015, radicación Nº 76001- 23-33-000-2015-01089-01 MP. Rocío Araujo
Oñate, Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 7 de diciembre de 2016, radicación Nº
25000-23-41-000-2016-01613-01 MP. Alberto Yepes Barreiro, sentencia de 29 de abril de 2021,
radicado 54001-23-33-000-2020-00616-01, MP. Luis Alberto Álvarez Parra, sentencia de 3 de junio
de 2021, radicado N° 44-001-23-40-000-2021-00025-01, MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez
y sentencia de 15 de diciembre de 2021, radicado 52001-23-33-000-2021-00266-01, MP. Luis
Alberto Álvarez Parra, entre otras.
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Demandante: Andrea Padilla Villarraga
Demandados: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otros
Radicación: 25000-23-41-000-2020-00738-01
Agricultura y Desarrollo Rural, del Interior, y demás autoridades competentes que,
para efectos de este fallo lo sería el Instituto Colombiano Agropecuario a quien sí
se constituyó en renuencia, corresponde al juez de cumplimiento confirmar la orden
de primera instancia respecto de esas autoridades.
En consecuencia, se revocará parcialmente la sentencia de primera instancia,
para lo cual se precisaran las siguientes órdenes: i) desvincular del presente
trámite a la Superintendencia de Notariado y Registro, ii) rechazar por
extemporánea la solicitud de “apelación adhesiva” que presentó el Ministerio del
Interior iii) rechazar la demanda respecto del Departamento Nacional de
Planeación, Parques Nacionales Naturales y la Autoridad Nacional de Acuicultura
y Pesca por no encontrarse agotado el presupuesto procesal de la renuencia y iv)
confirmar la orden al Gobierno Nacional conformado, en este caso concreto, por el
señor presidente de la República, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, de Salud y Protección Social, de Agricultura y Desarrollo Rural y del
Interior, y del Instituto Colombiano Agropecuario, éste último como una de las
autoridades “competentes” en la materia, para que en el término de tres (3)
meses, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, cumplan y
materialicen el deber impuesto en el artículo 324 de la Ley 1955 de 2019.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta,
III. RESUELVE:
REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia de 7 de octubre de 2021 proferida por la
Subsección “A” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
para lo cual se precisan las siguientes órdenes:
PRIMERO. DESVINCULAR del presente trámite a la Superintendencia de
Notariado y Registro, de acuerdo con lo expuesto en esta providencia.
SEGUNDO. RECHAZAR por extemporánea la solicitud de “apelación adhesiva”
que presentó el Ministerio del Interior.
TERCERO. RECHAZAR la demanda de cumplimiento respecto del Departamento
Nacional de Planeación, Parques Nacionales Naturales y la Autoridad Nacional de
Acuicultura y Pesca, por no acreditarse el requisito de constitución de renuencia.
CUARTO. CONFIRMAR la orden de la sentencia de 7 de octubre de 2021 que
dispuso al Gobierno Nacional, que para el presente asunto se encuentra
conformado por el señor presidente de la República junto con el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Salud y Protección Social, de Agricultura y
Desarrollo Rural y del Interior y al Instituto Colombiano Agropecuario, como una de
las autoridades “competentes” en la materia, el cumplimiento del artículo 324 de
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Demandante: Andrea Padilla Villarraga
Demandados: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otros
Radicación: 25000-23-41-000-2020-00738-01
la Ley 1955 de 2019, dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de
este pronunciamiento, de acuerdo con lo expuesto.
QUINTO. NOTIFICAR a la accionante al correo
andreapadillavillarraga@gmail.com de acuerdo con lo expuesto en esta
providencia.
SEXTO. NOTIFÍQUESE a las partes del presente asunto en la forma prevista en el
artículo 22 de la Ley 393 de 1997.
SÉPTIMO. En firme esta sentencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081
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