Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2024-00791-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2024-00791-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-41-000-2024-00791-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
25 de julio de 2024
Demandante: Federación Nacional de Centros de
Reconocimiento de Conductores
Demandado: Agencia Nacional de Seguridad Vial
Radicación: 25000-23-41-000-2024-00791-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 25000-23-41-000-2024-00791-01
Accionante: FEDERACIÓN NACIONAL DE CENTROS DE
RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES
Accionado: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Tema: Revoca sentencia de primera instancia - Accede.
.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala conoce la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia
del 29 de mayo de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B. En la mencionada decisión se negaron las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda
1. La Federación Colombiana de Centros de Reconocimiento (en adelante la
Federación), actuando por conducto de su representante legal, presentó acción
de cumplimiento contra la Agencia Nacional de Seguridad Vial. La solicitud tiene
como fin que se le ordene a la accionada el acatamiento del parágrafo transitorio
del artículo 4 de la Ley 2050 de 2020.
2. Como resultado del obedecimiento de la norma invocada, pidió, a título de
pretensiones, lo siguiente:
QUE SE ORDENE a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL el
CUMPLIMIENTO INMEDIATO de la disposición contenida en el parágrafo
transitorio, del artículo 4º, de la Ley 2050 de 2020, por medio de la cual se modifica
y adiciona la Ley 1503 de 2011 y se dictan otras disposiciones en seguridad vial y
tránsito. (Sic a toda la cita).
2. Hechos
3. La Federación manifestó que el parágrafo transitorio del artículo 4 de la Ley
2050 de 2020 se hizo exigible desde el 12 de agosto de 2020, fecha en la que la
mencionada norma entró en vigor. En ese sentido, comentó que el 21 de
noviembre de 2023, presentó una petición dirigida a la Agencia Nacional de
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Demandante: Federación Nacional de Centros de
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Demandado: Agencia Nacional de Seguridad Vial
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Seguridad Vial en la que le pidió el «cumplimiento al Artículo 4o de la Ley 2050
del 12 de agosto de 2020, que modifica la Ley 1503 de 2011, en lo referente a
las “CAMPAÑAS EDUCATIVAS E INFORMATIVAS”».
4. Precisó que la accionada respondió su requerimiento, mediante el oficio
del 5 de diciembre de 2023. En esa oportunidad, manifestó que ha realizado
campañas con mensajes sobre buenas prácticas en las vías, a los diferentes
actores viales, con el fin de prevenir la accidentalidad. Asimismo, que, dicha
información se ha divulgado a través de televisión nacional y regional, redes
sociales, y otros medios alternos como vallas publicitarias y paraderos.
5. Respecto del parágrafo transitorio del artículo 4 de la Ley 2050 de 2020,
informó que «en las vigencias 2021 y 2022 se desarrolló la divulgación de una
campaña enfocada a informar sobre los exámenes a realizarse para la
renovación o recategorización de la licencia de conducción».
6. No obstante, en su sentir, la norma cuyo acatamiento solicita por esta vía
tiene como misión informar y explicar mediante una difusión óptima y adecuada,
conocimientos sobre: qué son los organismos de apoyo, el proceso adecuado de
formación de conductores, el procedimiento técnico educativo que deben
adelantar los usuarios para conducir vehículos, la evaluación de la aptitud
médica, revisiones técnico mecánicas de los vehículos, la rehabilitación de
conductores infractores, y derechos y deberes de los usuarios ante los
organismos de apoyo.
7. Afirmó que, de conformidad con la respuesta brindada por la Agencia
Nacional de Seguridad Vial, no tiene intención de dar cumplimiento a la orden
dispuesta en el parágrafo que invocó mediante el ejercicio de esta acción.
Asimismo, que, la información que hasta el momento ha difundido la accionada
en sus campañas «muestran lo precario del efecto que han producido hasta la
fecha».
3. Actuaciones procesales
8. Mediante auto del 2 de mayo de 2024, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B admitió la acción de
cumplimiento. En consecuencia, notificó a la directora general de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial, o a su representante o delegado como accionada.
4. Informe de la Agencia Nacional de Seguridad Vial
9. Indicó que ha adelantado campañas educativas e informativas para los
usuarios de la vía relacionadas con procesos de formación de conductores, la
evaluación de la aptitud médica, la revisión técnico-mecánica de los vehículos y
la rehabilitación de conductores infractores.
10. Expuso que dio respuesta a la petición de la parte actora del 21 de
noviembre de 2023, mediante el oficio del 5 de diciembre del mismo año y que
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no se encuentra en la omisión de acatamiento de un mandato legal. Por ello, se
opuso a la prosperidad de las pretensiones.
11. Resaltó que lo que persigue la accionante está consignado en un
parágrafo transitorio y que los efectos de este tipo de normas «se agotan con el
simple transcurso del tiempo o en cuanto se presenta la condición que regulan».
Por ende, al haber entrado en vigencia hace más de 3 años la Ley 2050 de 2020,
no es procedente ordenar lo pedido.
12. Aludió que, como lo puso de presente en el oficio que le extendió de
respuesta a la actora, «en las vigencias 2021 y 2022 realizó la divulgación de
campañas enfocadas a informar sobre los exámenes a realizarse para la
renovación o recategorización de la licencia de conducción». Asimismo, que, en
febrero de 2023, informó a través de medios de comunicación como prensa, radio
nacional y regional y televisión regional, con mensajes pedagógicos, sobre la
importancia de renovar la licencia de conducción.
13. Puso de presente que realizó campañas publicitarias en torno a los
siguientes temas y adjuntó el enlace en el que se constata tal información:
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requisito, es una forma de cuidar tu vida y la de los demás.
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aspectos, desde la carrocería hasta el sistema de frenos. Mantener tu vehículo
al día en condiciones mecánicas es fundamental para la seguridad de todos.
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5 años desde la compra.
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condiciones, prevenimos siniestros viales y salvamos vidas en las vías.
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de Tránsito velarán por tu seguridad en las carreteras de Colombia. ¡Viaja con
cuidado y sigue las recomendaciones para un viaje seguro!.
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condiciones mecánicas, de seguridad y ambientales.
14. Finalmente, anexó algunas piezas publicitarias sobre prevención de la
siniestralidad vial.
5. Fallo de primera instancia
15. En sentencia del 29 de mayo de 2024, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B negó las pretensiones de la
acción de cumplimiento.
16. Precisó que el parágrafo transitorio del artículo 4 de la Ley 2050 de 2020
tiene una doble connotación, pues es principio rector, deber y política pública,
que se «materializa a través de la adopción sucesiva de obligaciones de hacer
tales como los procesos de formación de conductores, la evaluación de la aptitud
médica, las revisiones técnico-mecánicas de los vehículos y la rehabilitación de
conductores infractores». Al respecto, indicó que la Agencia Nacional desplegó
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campañas en 2021 y 2022 sobre los exámenes pertinentes para la renovación o
recategorización de la licencia, las cuales fueron socializadas en medios
tradicionales de comunicación y redes sociales.
17. Conforme a lo anterior, consideró que el mandato cuyo acatamiento se
exigió por esta vía fue atendido. En todo caso, aclaró que el parágrafo transitorio
del artículo 4 de la Ley 2050 de 2020 no es exigible a través de la acción de
cumplimiento por no encontrarse vigente, teniendo en cuenta que al ser norma
transitoria «su naturaleza temporal está ligada al acaecimiento de la obligación o
mandato que regula», y la Agencia Nacional ejecutó las obligaciones
correspondientes.
6. Impugnación
18. La Federación impugnó la decisión de primer grado. Aseveró que el tema
que debate es relevante constitucionalmente y que es importante que exista un
precedente sobre la materia. Consideró que, pese a ser un tema técnico, es
determinante para disminuir la siniestralidad vial.
19. Aseveró que la accionada no aportó algún medio de prueba que acredite
que atendió la obligación de la norma invocada. Citó el parágrafo en cuestión y
explicó que, de conformidad con la transcripción, la Agencia Nacional debió
realizar una primera campaña informativa dentro del año siguiente a la entrada
en vigor de la Ley 2050 de 2020, sobre cuatro procesos diferentes, tres técnicos
y uno educativo.
20. Señaló que las imágenes de las campañas publicitarias que tuvo en cuenta
el a quo son sobre la renovación y recategorización de las licencias de
conducción. En su sentir, esto no corresponde con lo que se debe ejecutar por
parte de la accionada y recae en que no ha explicado e informado cómo se
adelantan cada uno de los cuatro procesos relacionados por la norma invocada.
21. Consideró que la Agencia Nacional debió, en primer lugar, explicar que los
Organismos de Apoyo a las Autoridades de Tránsito son personas naturales o
jurídicas con cinco facultades. Posteriormente, informar a los usuarios viales
sobre los derechos y deberes de los usuarios y «[c]omo último componente del
mandato legal del parágrafo anotado, aparece para la ANSV la obligación de
informar a los usuarios de los cuatro procedimientos (educativos y técnicos) y los
deberes de los Centros para con ellos».
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
22. Esta Sección es competente para resolver la impugnación presentada por
la parte actora contra la sentencia del 29 de mayo de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B. Lo
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anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1251, 1502 y 2433 de la
Ley 1437 de 20114, así como del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la
Sala Plena del Consejo de Estado que establece la competencia de la Sección
Quinta de esta corporación para conocer de «…las apelaciones contra las
providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales
Administrativos en primera instancia en las acciones de cumplimiento».
2.2. Generalidades sobre la acción de cumplimiento
23. La finalidad de la presente acción, consagrada en el artículo 87 de la
Constitución Política, a la cual puede acudir cualquier persona natural o jurídica,
es hacer efectivo el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de
un acto administrativo que impone determinada actuación u omisión a la
autoridad. Su objeto es la observancia del ordenamiento jurídico existente.
24. En desarrollo de este mandato constitucional, la Ley 393 de 1997, que
reglamenta esta acción, exige como requisito de procedibilidad «la renuencia»
(artículo 8°), esto es, haber reclamado en sede administrativa antes de ejercitar
la demanda la atención de la norma o del acto administrativo que se considera
desacatado, y que la autoridad no responda transcurridos 10 días o se niegue a
atender su cumplimiento.
25. Para que la demanda proceda, se requiere:
(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º]5.
(ii) Que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas, encargado
de ello (artículos 5.º y 6.º).
(iii) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad o el particular accionado frente
al obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción
u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir
su inminente incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «(…) cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de
sufrir un perjuicio irremediable (…)» caso en el cual deberá ser sustentado en la
demanda (artículo 8.º).
1
Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 20.
2
Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26.
3
Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62.
4
Artículo 150.Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso modificado
por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra
decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código. [..].
5
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
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(iv) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.
(v) Pretender la protección de derechos fundamentales que puedan ser
garantizados a través de la tutela (artículo 9.º).
(vi) El acatamiento de normas que establezcan gastos a la administración
(artículo 9.º).
2.3. De la renuencia
26. La procedencia de la acción de cumplimiento se supedita a la constitución
en renuencia de la autoridad, que consiste en el reclamo previo y por escrito que
debe elevarle el interesado exigiendo atender un mandato legal o consagrado en
acto administrativo con citación precisa de éste6 y que ésta se ratifique en el
incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días siguientes a la presentación
de la solicitud.
27. Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad la Sala, ha
señalado que “…el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición
sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de
la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento”7.
28. Sobre este tema, esta Sección8 ha dicho que:
Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que
incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está
sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos
contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de
ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la disposición
que consagra una obligación y la explicación del sustento en el que se funda
el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación
6
Sobre el particular esta Sección ha dicho: “La Sala también ha explicado que con el fin de
constituir en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio
de funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o
administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su deber
inobjetable y, por ende, exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la acción por
carecer del requisito de renuencia.(Negrita fuera de texto).
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20
de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo.
8 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011,
expediente 47001-23-31-000-2011-00024-01. Magistrada Ponente: Susana Buitrago Valencia.
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a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la
acción prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante,
pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material
de ley o actos administrativos9. (Negrillas fuera de texto).
29. En efecto, el inciso 2.° del artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 establece lo
siguiente:
Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud.
30. Por otra parte, para dar por satisfecho este requisito no es necesario que
el solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa de que su objetivo
es constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.° de la Ley 393 de
1997 no lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que
lo pretendido es el cumplimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.
31. En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el
requisito de procedibilidad cuando la petición «…tiene una finalidad distinta a la
de constitución en renuencia»10.
32. La parte actora informó que el 21 de noviembre de 2023 solicitó mediante
el ejercicio del derecho de petición a la Agencia Nacional de Seguridad Vial el
«cumplimiento al Artículo 4º de la Ley 2050 del 12 de agosto de 2020, que
modifica la Ley 1503 de 2011, en lo referente a las CAMPAÑAS EDUCATIVAS E
INFORMATIVAS». Asimismo, aportó como anexo de la demanda el oficio del 5
de diciembre de 2023 con el que la Agencia Nacional respondió su solicitud.
33. En el mencionado oficio, la Agencia Nacional informó que adelantó
campañas sobre buenas prácticas en las vías, con el fin de prevenir la
siniestralidad vial. Sobre el parágrafo, en específico, aclaró que en 2021 y 2022
divulgó una campaña orientada a informar sobre los exámenes médicos
necesarios para la renovación y recategorización de la licencia de conducción.
Asimismo, entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, comunicó por medio de
prensa y radio nacional y regional la importancia de renovar oportunamente la
licencia de conducción.
9
Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp.
ACU-2003-00724, M.P.: Darío Quiñones Pinilla
10
Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencias del 21 de noviembre de 2002,
exp. ACU-1614 y del 17 de marzo de 2011, exp. 2011-00019.
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34. Así las cosas, no hay duda que previo a acudir al ejercicio de la presente
acción de cumplimiento, la parte actora agotó en debida forma el requisito de la
renuencia. Se aclara en este punto que, si bien solicitó en la petición el artículo 4
de la Ley 2050 de 2020, con el ejercicio de esta acción alegó solamente el
incumplimiento del parágrafo transitorio y es sobre dicha norma que se surtirá el
estudio correspondiente.
35. De conformidad con lo anterior, se proseguirá con el estudio de la acción
respecto de la norma invocada.
2.4. De la procedencia de la acción de cumplimiento
36. La Federación actora pide mediante el ejercicio de este mecanismo el
cumplimiento del mencionado parágrafo con el fin de que se realice la primera
campaña informativa, por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, sobre:
los procesos de formación de conductores, la evaluación de la aptitud médica,
las revisiones técnico-mecánicas de los vehículos, la rehabilitación de
conductores infractores y los derechos y deberes de los usuarios ante los
organismos de apoyo.
37. En este orden de ideas, la Sala manifiesta que el precepto que se pide
acatar está contenido en una norma con fuerza material de ley.
38. Frente al gasto, se evidencia que el artículo 4 de la Ley 2050 de 2020
indica que «[l]a Agencia Nacional de Seguridad Vial, con cargo a los recursos
percibidos deberá desarrollar anualmente campañas publicitarias de carácter
educativo o informativo para los usuarios de la vía». En ese sentido, para la Sala
los presuntos gastos en los que pueda o pudo incurrir la Agencia Nacional para
el desarrollo de las campañas informativas que se piden, se satisfacen con
aquellos que percibe la entidad y que debe destinar para estos fines, desde la
entrada en vigencia de la mencionada ley.
39. A lo anterior se suma que la jurisprudencia de esta corporación ha
establecido en otras oportunidades que cuando la norma cuya aplicación se
solicita implica una obligación de hacer, se entiende que la misma no genera
gasto. Sobre el particular, se resalta la sentencia del 24 de febrero de 2022, en
la cual se estudió la procedencia de la acción de cumplimiento del artículo 324
de la Ley 1955 de 2019 relacionado con la formulación de una política
ambiental11. En dicha oportunidad la Sala consideró que la disposición implicaba
una obligación de hacer y por lo mismo, encontró acreditado el presupuesto
general de procedencia de la acción de cumplimiento.
40. En sentencia del 24 de agosto de 2023, la corporación estudió la
procedencia de la acción de cumplimento respecto del artículo 87 de la Ley 2277
de 2022 a efectos de que la UGPP determinara un esquema de presunción de
costos en el que se integren los datos estadísticos de la U.A.E., DIAN, DANE,
11
25000-23-41-000-2020-00738-01. C.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
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Banco de la República, Superintendencia de Sociedades12. Allí se consideró que,
como lo pretendido era la expedición de un manual relacionado con una materia
en particular, la demanda no implicaba el establecimiento de gasto.
41. Así las cosas, la eventual orden de atender la disposición invocada no
implica el establecimiento de gasto con el que no cuente la entidad, máxime
si se itera que cuando la obligación que se pide atender es de las de hacer,
jurisprudencialmente se ha considerado que no implica el establecimiento de
gasto.
42. Ahora bien, para reclamar el obedecimiento de la norma pedida la parte
actora no cuenta con otros mecanismos judiciales de defensa, aunado a que
le solicitó directamente a la entidad el cumplimiento de la norma invocada, sin
que, en su sentir, se haya satisfecho lo que contempla la disposición.
43. Finalmente, en lo que tiene que ver con la vigencia, para la Sala el
parágrafo transitorio del artículo 4 de la Ley 2050 de 2020 es actualmente
exigible, en la medida en que no ha sido derogado o suspendido. Cabe resaltar
que la parte accionada manifestó que al tratarse de una norma transitoria sus
efectos «se agotan con el simple transcurso del tiempo o en cuanto se presenta
la condición que regulan», y que en las vigencias de 2021 y 2022 cumplió con lo
allí dispuesto.
44. Sobre las normas transitorias, el alto tribunal constitucional ha indicado lo
siguiente:
La Corte ha señalado que una norma legal transitoria es aquella que se expide
por un tiempo determinado o para un fin específico y que tiene como fundamento
evitar que durante el tránsito de una normatividad a otra se presenten vacíos o
una inseguridad jurídica sobre el asunto nuevamente regulado. Atendiendo el
carácter temporal de la norma, sus efectos en principio se extinguen una vez se
cumpla el cometido establecido o propuesto (…)13.
45. En ese sentido, previo a verificar si la norma cuyo acatamiento se pide por
esta vía no tiene vigencia, al haberse catalogado como transitoria, es necesario
verificar si los efectos que produce ya fueron satisfechos y por ello se puede
entender extinta del ordenamiento jurídico, o si, por el contrario, dado su
incumplimiento, se encuentra vigente. Para el efecto, será necesario abordar el
fondo del asunto propuesto.
2.5. Caso concreto
46. Como se indicó en precedencia, la parte actora solicita que, se cumpla el
parágrafo transitorio del artículo 4 de la Ley 2050 de 2020, cuyo contenido es del
siguiente tenor:
12
25000-23-41-000-2023-00754-01. C.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
13
Sentencia C-033 de 2011.
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PARÁGRAFO TRANSITORIO. La primera campaña que adelantará la ANSV será
una informativa, donde explicará a los usuarios cómo se deben adelantar
adecuadamente los procesos de formación de conductores, evaluación de la
aptitud médica, las revisiones técnico-mecánicas de los vehículos y la
rehabilitación de conductores infractores. Igualmente, informarán al usuario de sus
derechos y deberes ante los organismos de apoyo, las obligaciones de estos y el
procedimiento técnico o educativo que se va a adelantar.
(…).
47. De la redacción en cita se tiene la norma en cuestión tiene un deber a
cargo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, consistente en que despliegue
«la primera campaña» en la que se explique:
i. Cómo se deben adelantar los procesos de formación de conductores.
ii. Cómo se debe adelantar la evaluación de la aptitud médica.
iii. Cómo se deben adelantar las revisiones técnico-mecánicas de los vehículos y la
rehabilitación de conductores infractores.
iv. Información sobre los derechos y deberes de los usuarios ante los organismos de
apoyo.
48. Lo anterior se extrae sin mayores elucubraciones de la redacción de la
norma precitada, en la que es claro que la accionada debe adelantar una primera
campaña sobre los temas indicados, sin que ello esté condicionado de alguna
forma.
49. Se itera que, en sentir de la parte accionada lo anterior fue atendido entre
2021 y 2022 e incluso febrero de 2023. Para probar su dicho, remitió enlaces web
en los que publicitó los siguientes asuntos:
• La Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes es más que un
requisito, es una forma de cuidar tu vida y la de los demás14.
• En el Centro de Diagnóstico Automotor (CDA), expertos evalúan diversos
aspectos, desde la carrocería hasta el sistema de frenos. Mantener tu vehículo al día en
condiciones mecánicas es fundamental para la seguridad de todos15.
• La primera Revisión Técnico-Mecánica deberá hacerse antes de que se cumplan
5 años desde la compra16.
• Cada vida cuenta y cada vez que tenemos nuestro vehículo en óptimas
condiciones, prevenimos siniestros viales y salvamos vidas en las vías17.
• Este Puente Festivo de Todos los Santos, el Gobierno Nacional y las autoridades
de Tránsito velarán por tu seguridad en las carreteras de Colombia. ¡Viaja con cuidado
y sigue las recomendaciones para un viaje seguro!18.
• Desde la ANSV, te invitamos a ser responsable y mantener tú vehículo en buenas
condiciones mecánicas, de seguridad y ambientales19.
14
https://t.co/9eHwNjOfmM" / X (twitter.com).
15
https://t.co/b3UiDT6hfi" / X (twitter.com).
16
https://t.co/QurKALupkc" / X (twitter.com).
17
https://t.co/OUuRzHFy3R" / X (twitter.com).
18
https://t.co/RIiZZiVcMx" / X (twitter.com).
19
https://t.co/EClydYfRGX" / X (twitter.com).
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Demandado: Agencia Nacional de Seguridad Vial
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50. Adicionalmente, aportó las siguientes imágenes sobre campañas que ha
realizado, con las cuales pretende acreditar el cumplimiento de la norma en
cuestión:
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51. De conformidad con las pruebas relacionadas, la Agencia Nacional de
Seguridad Vial ha realizado campañas sobre la importancia de realizar la revisión
técnico-mecánica de los vehículos, la periodicidad con la que se debe realizar de
acuerdo con la fecha de adquisición del automotor y la prevención de siniestros
viales. Pese a ello, no se observa que se hayan desplegado campañas
específicas sobre los temas que dispone el parágrafo transitorio del artículo 4 de
la Ley 2050 de 2020, lo cual implica que la norma es actualmente vigente y no
ha sido atendida.
52. Se resalta en este punto que la norma en cuestión, en efecto, tiene el deber
en cabeza de la Agencia Nacional de Seguridad Vial de realizar la primera
campaña sobre: i. cómo se deben adelantar los procesos de formación de
conductores, ii. Cómo se debe llevar a cabo la evaluación de la aptitud médica,
iii. cómo se deben gestionar las revisiones técnico-mecánicas de los vehículos y
la rehabilitación de conductores infractores, e iv. Información sobre los derechos
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y deberes de los usuarios ante los organismos de apoyo; sin que la accionada
haya acreditado que gestionó campañas sobre tales tópicos en particular.
53. Vale precisar que el multicitado parágrafo se limitó a indicar que se debe
adelantar una primera campaña desde el 12 de agosto de 2020-fecha de entrada
en vigencia-, sin que haya precisado el momento en el que se debió atender la
obligación.
54. Sobre las acciones de cumplimiento en la que se analizan normas que no
disponen término en el cual cumplir el mandato, la Corte Constitucional manifestó
lo siguiente:
(…) Así las cosas, para acudir a la acción de cumplimiento o para emitir una orden
de cumplimiento de un deber previsto en la ley o en un acto administrativo no es
necesario que el mismo haya fijado un plazo para su ejecución por parte del
obligado, pues basta con que contenga un deber expreso e inobjetable que
emana de un mandato determinado, contenido en la ley o en un acto
administrativo, y que la administración haya sido renuente a cumplirlo. Por tanto,
tal como lo sostuvo esta corporación en la sentencia C-1194 de 2001, el deber
que se busca exigir a través de la acción de cumplimiento “no tiene que consistir
en una obligación clara, expresa y exigible porque el artículo 87 no consagró una
acción de simple ejecución, sino una acción de mayor alcance20. (Énfasis de la
Sala).
55. Por ende, la Sala como órgano de cierre en materia de acciones de
cumplimiento considera que, ante la omisión de un plazo o de una condición que
de acaecer permitan verificar la exigibilidad de la norma cuyo acatamiento se
solicita, será el juez quien caso por caso determine el alcance de la obligación
«atendiendo a las diferentes modalidades que puede revestir»21 .Para ello, podrá
valerse del escrito de constitución en renuencia (requisito de procedibilidad) y de
la respuesta que proporcione la entidad accionada para delimitar y precisar el
alcance de la obligación incumplida, así como las circunstancias de tiempo modo
y lugar, de conformidad con lo señalado por el alto tribunal22.
56. Teniendo en cuenta que la obligación a cargo de la accionada se
circunscribe a la difusión de campañas informativas y educativas, por
cualesquiera medios de comunicación masiva, aunado a que la información en
cuestión se presume es de conocimiento de la Agencia Nacional-no hubo
oposición alguna al respecto-, se le concederá el término de seis meses para que
cumpla con lo dispuesto en el parágrafo transitorio del artículo 4 de la Ley 2050
de 2020.
57. En ese sentido, se revocará la sentencia del 29 de mayo de 2024 que negó
las pretensiones de la demanda. En su lugar, se ordenará a la Agencia Nacional
de Seguridad Vial que, dentro de los seis meses siguientes a la notificación de
20
Corte Constitucional, Sentencia SU- 386 de 2023.
21
Ibídem.
22
Esta postura se adoptó por la Sala de la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro del
expediente AC 25000-23-41-000-2022-00243-01.
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esta sentencia, adelante la primera campaña, a través de medios masivos de
amplia difusión, en la que explique:
I. Cómo se deben adelantar adecuadamente los procesos de formación de
conductores.
II. Cómo se debe adelantar adecuadamente la evaluación de la aptitud
médica.
III. Cómo se deben adelantar adecuadamente las revisiones técnico-
mecánicas de los vehículos y la rehabilitación de conductores infractores.
IV. Informar a los usuarios sobre sus derechos y deberes ante los organismos
de apoyo.
V. Informar las obligaciones, los organismos de apoyo y el procedimiento
técnico o educativo a adelantar.
2.4. Conclusión
58. Ante la existencia de un mandato imperativo e inobjetable contenido en el
parágrafo transitorio del artículo 4 de la Ley 2050 de 2020, que no ha sido
atendido por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se revocará la sentencia de
primer grado que negó las pretensiones. En su lugar, se ordenará el acatamiento
de la norma invocada dentro de los seis meses siguientes a la ejecutoria de esta
decisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 29 de mayo de 2024, dictada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B.
SEGUNDO: ORDENAR el cumplimiento del parágrafo transitorio del artículo 4
de la Ley 2050 de 2020 por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la
cual contará con seis meses, desde la ejecutoria de esta sentencia para adelantar
la primera campaña en la que explique, a través de medios masivos de
comunicación:
i. Cómo se deben adelantar los procesos de formación de conductores.
ii. Cómo se debe adelantar la evaluación de la aptitud médica.
iii. Cómo se deben adelantar las revisiones técnico-mecánicas de los vehículos
y la rehabilitación de conductores infractores.
iv. Información sobre los derechos y deberes de los usuarios ante los
organismos de apoyo.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.
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CUARTO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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