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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03168-00

Fecha
1 de junio de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03168-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Negar las solicitudes de coadyuvancia de Maicol Stiven Flórez Díaz y Carlos Stiven Torres Munevar. Segundo. Negar las solicitudes de vinculación como terceros con interés del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja y de la Asamblea Departamental de la Guajira. Tercero. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso efectivo a la administración de justicia de Daniela González Suárez. Cuarto. Dejar sin efectos la sentencia proferida el 9 de febrero de 2026 por el 14 Radicado: 11001-03-15-000-2026-03168-00 Demandante: Daniela González Suárez Tribunal Administrativo de Santander, en el medio de acción de cumplimiento identificado con el radicado 686793333-001-2025-00204-01. Quinto. Ordenar al Tribunal Administrativo de Santander que, en el término de 20 días siguientes, contados a partir de la notificación de la presente providencia, emita un pronunciamiento de reemplazo, de conformidad con las consideraciones expuestas en esta providencia. Sexto. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Séptimo. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03168-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

1 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., primero (1°) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03168-00
Demandante: Daniela González Suárez
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial / Acción de cumplimiento /
Desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la
Constitución Política

Decisión: Acceder al amparo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala decide la solicitud formulada por Daniela González Suárez en ejercicio de la
acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y desarrollada
en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.

1. Antecedentes
1.1. La solicitud1

1. Daniela González Suárez promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso
a la administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con ocasión de las
providencias proferidas el 4 de diciembre de 2025 y el 9 de febrero de 2026 por el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de San Gil y el Tribunal
Administrativo de Santander, respectivamente, en el medio de control de acción de
cumplimiento identificado con el radicado 68679-33-33-001-2025-00204-01.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

2.1. En ejercicio del medio de control de solicitud de cumplimiento presentó
demanda en contra de la Asamblea Departamental de Santander, con la finalidad de
que se acatara el numeral 28 del artículo 19 de la Ley 2200 de 2022, el cual estableció
que son sus funciones, entre otras «reglamentar la enajenación o destino de los terrenos
baldíos cedidos al departamento, de conformidad con las leyes que regulen la materia».

1 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «2ED_Demanda(.pdf) NroActua2».

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03168-00
Demandante: Daniela González Suárez

2.2. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de San Gil en
providencia del 4 de diciembre del 2025, rechazó por improcedente la demanda al
considerar que el numeral 28 del artículo 19 de la Ley 2200 de 2022 no dispone de
una obligación clara, expresa y exigible en un plazo determinado, sino únicamente
contiene una atribución de competencia general.

2.3. El Tribunal Administrativo de Santander en providencia del 9 de febrero de
2026 revocó la decisión del a quo, y en su lugar, negó las pretensiones de la
demanda. Al respecto, consideró que el numeral 28 del artículo 19 de la Ley 2200 no
contiene un mandato imperativo e inobjetable, pues «[n]o existe una ley sobre
enajenación o destinación de bienes baldíos que imponga un deber específico de
reglamentación a las asambleas. En consecuencia, ante la ausencia de una exigencia legal
expresa, debe entenderse que el ejercicio de potestad reglamentaria en este ámbito queda
amparado por la autonomía que la Constitución y la ley reconocen a la Asamblea de
Santander para el desarrollo de sus funciones» [sic].

2.4. Las autoridades demandadas vulneraron sus derechos fundamentales al
incurrir en un desconocimiento del precedente judicial del Juzgado Administrativo
Octavo de Tunja2 que, en providencia del 28 de enero de 2026 concluyó que la
Asamblea Departamental de La Guajira había desconocido lo dispuesto en el
numeral 28 del artículo 19 de la Ley 2200 de 2022, en particular, respecto del deber
de expedir la reglamentación necesaria para la enajenación de los bienes baldíos
transferidos al departamento. En consecuencia, reconoció la naturaleza obligatoria
de dicha disposición y determinó que la solicitud de cumplimiento constituía el
mecanismo idóneo para exigir su acatamiento.

2.5. En violación directa de la Constitución Política por cuanto desconoció los
derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia, así como el
principio de supremacía de la ley al atribuir un carácter potestativo a una obligación
expresamente consagrada por el legislador. En efecto, el numeral 28 del artículo 19
de la Ley 2200 de 2022 estableció en cabeza de las asambleas departamentales el
deber de expedir la reglamentación necesaria para la enajenación de los bienes
baldíos cedidos al respectivo departamento, conforme al marco normativo aplicable.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

[…] «TUTELAR. los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, LA IGUALDAD, LA
PRIMACÍA DEL DERECHO SUSTANCIAL SOBRE LAS FORMAS Y EL ACCESO
EFECTIVO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, los cuales resultaron vulnerados con
ocasión de las providencias proferidas dentro de la acción de cumplimiento promovida con
fundamento en el numeral 28 del artículo 19 de la Ley 2200 de 2022.
DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander el [9] de febrero de 2026, mediante la cual se negaron las
pretensiones de acción de cumplimiento, al desconocer el carácter imperativo de la

2 Al respecto refirió el medio de control de solicitud de cumplimiento identificado con el radicado 15001-

33-33-008-2025-00237-00.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03168-00
Demandante: Daniela González Suárez

disposición legal invocada y apartarse sin justificación suficiente del precedente
jurisprudencial pertinente.
DECLARAR el incumplimiento del numeral 28 del artículo 19 de la Ley 2200 de 2022, en
cuanto impone el deber jurídico de reglamentar la enajenación de los bienes baldíos
cedidos al departamento, conforme a las leyes que regulan la materia.
ORDENAR a la Asamblea Departamental competente que, dentro del término perentorio
que se señale en la providencia, expida la reglamentación correspondiente sobre la
enajenación de los bienes baldíos cedidos al departamento, en cumplimiento estricto de lo
dispuesto en el numeral 28 del articulo 19 de la Ley 2200 de 2022 [...]» [sic].

1.1.1. Informes rendidos en el proceso

3.1. Maicol Stiven Flórez Díaz y Carlos Stiven Torres Munevar3 coadyuvaron la
solicitud de amparo al ser los demandantes del medio de control de solicitud de
cumplimiento identificado con el radicado 15001-33-33-008-2025-00237-00, por
cuanto presentaron demanda contra la Asamblea Departamental de La Guajira por
el cumplimiento del deber legal de reglamentar la enajenación de los terrenos baldíos
cedidos al departamento, lo anterior de acuerdo a lo establecido por el numeral 28
de Ley 2200 de 2022; proceso cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Tunja.

3.2. Lo anterior, por cuanto las decisiones judiciales proferidas en torno al
cumplimiento del numeral 28 del artículo 19 de la Ley 2200 de 2022 comprometieron
la seguridad jurídica, pues autoridades judiciales llegaron a conclusiones opuestas
respecto de un mismo mandato legal, ya que el Juzgado Octavo Administrativo del
Circuito Judicial de Tunja reconoció que se trató de un deber claro, expreso y exigible,
mientras que el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de San Gil
consideró improcedente un medio de control promovido con idéntica finalidad.

3.3. Además, pidieron vincular al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito
Judicial de Tunja y a la Asamblea Departamental de la Guajira como terceros
interesados.

3.4. Las autoridades judiciales demandadas y los terceros con interés guardaron
silencio.

2. Consideraciones

4. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y de las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestiones previas – aclaración
preliminar – delimitación del asunto a decidir - solicitud de coadyuvancia; iii) procedencia
de la tutela contra providencia judicial; iv) determinación del problema jurídico; y v)
análisis de la Sala.

3 Ver índice 16 del expediente de primera instancia. Archivo denominado:
15_MemorialWeb_ContestaciónDemanda-16895Contestaciont(.pdf) NroActua16.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03168-00
Demandante: Daniela González Suárez

2.1. Competencia

5. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política
y 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el 1°. del Decreto 333 del 6 de
abril de 20214 la Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo contra
el Tribunal Administrativo de Santander y otro.

2.2 Cuestiones previas

2.2.1. Aclaración preliminar

6. En este punto, la Sala aclara que, la solicitud de tutela le correspondió
inicialmente por reparto al Despacho de la Consejera Elizabeth Becerra Cornejo,
quien manifestó impedimento5 al considerarse incursa en la causal prevista en el
numeral 5 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal. Razón por la cual, el
asunto fue analizado, y, mediante providencia del 4 de mayo de 20266 se declaró
fundado. En consecuencia, se le separó del conocimiento del asunto de la referencia.

2.2.2. Delimitación del asunto a decidir

7. Se advierte que, pese a que en el escrito inicial se cuestionan las decisiones
proferidas por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de San Gil y el
Tribunal Administrativo de Santander, se observa que los argumentos que sustentan
sus pretensiones son similares respecto de una y otra.

8. Por lo anterior y en atención a que la providencia del 19 de marzo de 2025,
proferida en primera instancia fue apelada y el Tribunal Administrativo de Santander
desató el recurso a través de la sentencia del 9 de febrero de 2026, al revocar lo
resuelto por el a quo, el reclamo constitucional será estudiado solo respecto de esta
última, en tanto fue la que puso fin a la discusión.

2.2.3. La solicitud de coadyuvancia

9. En el sub examine se evidencia que Maicol Stiven Flórez Díaz y Carlos Stiven
Torres Munevar presentaron memoriales en los que manifestaron su intención de
coadyuvar las pretensiones de la parte demandante, esto, al ser los demandantes
dentro de proceso de petición de cumplimiento identificado con radicado
15001333300820250023700, cuyo desconocimiento se alegó, comoquiera que en

4 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.
5 Ver índice 4 de Samai. Actuación denominada 4Manifestaciond_20260316800Manifesta(.pdf)

NroActua 4.
6 Ver índice 9 de Samai. Actuación denominada
5Autoqueadmite_Avocayac_11001031500020260316(.pdf) NroActua 9.

4

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Demandante: Daniela González Suárez

dicho proceso el Juzgado Octavo del Circuito Judicial de Tunja declaró el
incumplimiento del numeral 28 del artículo 19 de la Ley 2200 de 2022 por parte de la
Asamblea Departamental de La Guajira.

10. El artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, «[…] [p]or el cual se reglamenta la acción
de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]», en cuanto a la
coadyuvancia en solicitud de tutela, dispuso que «[q]uien tuviere un interés legítimo en
el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o
autoridad contra quien se hubiere hecho la solicitud […]».

11. En tal sentido, la Corte Constitucional ha precisado el alcance de esta figura
en los siguientes términos:

«[…] Para actuar como coadyuvante, la jurisprudencia ha interpretado que la disposición
antes transcrita contiene solo una exigencia: demostrar un interés legítimo en el resultado
del proceso. Luego, si el juez de tutela haya acreditado el interés del tercero o terceros
intervinientes para actuar dentro del proceso, se les debe permitir su vinculación sin que
para el efecto se señale una forma específica para hacerlo. En este respecto, en la
sentencia T- 435 de 2006, se expuso lo siguiente:

“En sus pronunciamientos sobre la coadyuvancia, la Corte Constitucional, interpretando el
artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, ha entendido que terceros ajenos a la conculcación
de los derechos fundamentales con interés en el resultado de un proceso de tutela pueden
intervenir de diferentes formas, buscando defender sus intereses”.

[…] Además, esta Corporación ha considerado que permitir la participación de la persona
o personas dentro del proceso de tutela cuando la decisión que se adopte dentro del mismo
pueden afectarlos, realiza el contenido del artículo 2 Superior que establece como fin
esencial del Estado: “…facilitar la participación de todos en las decisiones que los
afectan…”, como también la efectividad del artículo 29 de la Constitución, en lo atinente a
la garantía del derecho al debido proceso […]» [sic]7.

12. En este orden de ideas, la Sala considera que, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 71 del CGP, aplicable por remisión expresa del artículo 4 del Decreto 306
de 1992, la solicitud de coadyuvancia puede presentarse en cualquier instancia del
proceso mientras no se haya proferido sentencia de única o de segunda instancia en
la que se identifique el interés que les asiste. Condiciones que no acreditaron Maicol
Stiven Flórez Díaz y Carlos Stiven Torres Munevar.

13. En la medida en que los intervinientes no expusieron las razones por las
cuales tienen un interés directo en el presente trámite, pues lo cierto es que no
hicieron parte del medio de control cuestionado y el hecho de haber sido sujeto
procesal en el proceso cuyo desconocimiento se cuestiona, no los legitima para
comparecer en la presente tutela. Razón por la cual, la Sala negará
sus solicitudes de coadyuvancia.

14. Ahora bien, la Sala observa que, mediante el memorial allegado, se solicitó la
vinculación del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja y de la
Asamblea Departamental de La Guajira en calidad de terceros. No obstante, dicha

7 Sentencia T-349 de 2012 de la Corte Constitucional. Al respecto: consultar también: sentencia T-

304 de 1996 y T-269 de 2012.

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Demandante: Daniela González Suárez

petición se negará, toda vez que no se evidencia que las entidades cuya
comparecencia se pretende tengan un interés directo en el resultado de la presente
actuación ni que la decisión que aquí se adopte pueda afectarlas.

2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

15. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo
del Consejo de Estado8 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema9. Al respecto señaló lo
siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».

16. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

17. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo10, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.

18. Ahora bien, la Corte Constitucional11 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez;

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-

01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,

Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
11 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y

C-590 de 2005.

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Demandante: Daniela González Suárez

y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

19. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos12,
el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de
la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de
los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea
de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales13.

20. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal
entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente
reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.4. Problema jurídico

21. De acuerdo con el escrito de tutela, la Sala deberá definir: ¿si el Tribunal
Administrativo de Santander vulneró los derechos fundamentales de Daniela
González Suárez con ocasión de la sentencia del 9 de febrero de 2026, mediante la
cual negó las pretensiones de la solicitud de cumplimiento, con la que incurrió,
presuntamente, en violación directa de la Constitución Política y en desconocimiento
del precedente judicial?

2.5. Análisis de la Sala

2.5.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

22. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de
tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

2.5.2. Violación directa de la Constitución Política

23. Se recuerda que fue definida, en un principio, como un defecto sustantivo, el
cual se consolidó como un requisito de procedencia específico autónomo a partir de
las sentencias T-949 de 2003 y C-590 de 2005 de la Corte Constitucional.

24. Posteriormente el alto tribunal de lo constitucional, en sentencia SU-069 de
2018, señalo que esta causal se configura «a partir del desconocimiento de los jueces

12 Corte Constitucional, sentencia T-309 de 2015, MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
13 Corte Constitucional, sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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Demandante: Daniela González Suárez

de aplicar la Constitución, conforme con el mandato consagrado en el artículo 4º de
la Carta que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados», el cual
puede configurarse por dos hipótesis:

25. La primera se refiere a que no se aplica una norma fundamental al caso en
estudio, lo cual puede suceder en tres supuestos, cuando en la solución del caso (a)
se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el
precedente constitucional; (b) se trata de un derecho fundamental de aplicación
inmediata; y (c) en las decisiones se vulneraron derechos fundamentales y no se tuvo
en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución.

26. La segunda, se presenta cuando se aplica la ley al margen de los preceptos
consagrados en la Constitución Política, es decir, que no se aplica la excepción de
inconstitucionalidad contenida en el artículo 4 constitucional cuando exista
incompatibilidad con las disposiciones legales.

2.5.3. Desconocimiento del precedente judicial

27. En este punto, en cuanto al desconocimiento del precedente alegado se
recuerda que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política
permite afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes
relevantes como un imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para
promover la seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la
predictibilidad de las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las
normas jurídicas. Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo
adecuado de estos, como medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones
judiciales, presupuesto esencial del Estado Social de Derecho.

28. La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión
previa adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes
jurisdicciones que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o
semejantes desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el
juez, debe ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad.
El adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el
curso de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias previas,
salvo si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan
modificarlo.

29. Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de
la modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las toma en injustas o incorrectas en el orden de cosas
actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de

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decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.

30. En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia,
identificando los precedentes relevantes; de suficiencia dando a conocer las razones
que en su concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué
esa modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello
reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad
que se derivada de la desobediencia al precedente.

2.5.4. Sobre el caso concreto

31. Daniela González Suárez acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la
providencia proferida el 10 de febrero de 2026 por el Tribunal Administrativo de
Santander mediante la cual, negó las pretensiones dirigidas a solicitar el
cumplimiento del numeral 28 del artículo 19 de la Ley 2200 de 2022.

31.1. Lo anterior, al considerar que se incurrió en desconocimiento del precedente
judicial del Juzgado Administrativo Octavo del Circuito Judicial de Tunja14 que, en
providencia del 28 de enero de 2026 concluyó que la Asamblea Departamental de La
Guajira había desconocido lo dispuesto en el numeral 28 del artículo 19 de la Ley
2200 de 2022, en particular, respecto del deber de expedir la reglamentación
necesaria para la enajenación de los bienes baldíos transferidos al departamento. En
consecuencia, reconoció la naturaleza obligatoria de dicha disposición y determinó
que la solicitud de cumplimiento constituía el mecanismo idóneo para exigir su
acatamiento.

31.2. En violación directa de la Constitución Política por cuanto desconoció los
derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia, así como el
principio de supremacía de la ley al atribuir un carácter potestativo a una obligación
expresamente consagrada por el legislador. En efecto, el numeral 28 del artículo 19
de la Ley 2200 de 2022 estableció en cabeza de las asambleas departamentales el
deber de expedir la reglamentación necesaria para la enajenación de los bienes
baldíos cedidos al respectivo departamento, conforme al marco normativo aplicable.

32. En este punto, la Sala aclara que el análisis de los mencionados defectos de
hará en conjunto por cuanto ambos cuestionan la conclusión de la autoridad judicial
demandada, según la cual, la norma invocada carecía de un mandato imperativo e
inobjetable susceptible de exigirse mediante acción de cumplimiento, cuando, por el
contrario, la disposición contenía una obligación clara y vinculante cuyo acatamiento
podía reclamarse judicialmente.

14 Al respecto refirió el medio de control de solicitud de cumplimiento identificado con el radicado

15001-33-33-008-2025-00237-00.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03168-00
Demandante: Daniela González Suárez

33. Dicho lo anterior, se recuerda que el precepto normativo cuyo cumplimiento se
pretendió es el numeral 28 del artículo 19 de la Ley 2200 de 202215 que precisó:

Artículo 19. Funciones. Son funciones de las asambleas departamentales:

[…]

28. Reglamentar la enajenación o destino de los terrenos baldíos cedidos al departamento,
de conformidad con las leyes que regulen la materia. […]

34. Con fundamento en la normativa expuesta, la Sala recuerda el análisis
efectuado por el Tribunal Administrativo de Santander, en la providencia enjuiciada,
en torno a la decisión de negar las pretensiones de la solicitud de cumplimiento al
estimar que la disposición invocada no contenía un mandato claro, imperativo e
inobjetable susceptible de exigencia judicial:

«[…] El artículo 19.28 de la Ley 2200 de 2022 atribuye a las asambleas departamentales
la potestad reglamentaria en materia de enajenación o destino de los terrenos baldíos
cedidos al departamento. La norma no fija un plazo, no impone un deber de ejercicio
inmediato, no vincula la omisión a una consecuencia jurídica ni determina que la
reglamentación sobre enajenación de baldíos sea un contenido constitucionalmente
necesario.

En este contexto, la asamblea puede decidir si prioriza la reglamentación de esa materia
o si la difiere para reglamentar otras, en atención a criterios extrajurídicos de orden
político, económico, cultural o social. La opción que adopte, dentro del abanico de
posibilidades, no resulta cuestionable, pues responde al ámbito de la autonomía que la
Constitución y la ley reconocen a las corporaciones territoriales.
[…]

En criterio de este tribunal, el artículo 19.28 de la Ley 2200 de 2022, no consagra un
mandato imperativo e inobjetable cuyo cumplimiento pueda exigirse a la Asamblea de
Santander. Aunque la acción resulta idónea para compeler el ejercicio de la potestad
reglamentaria cuando el legislador impone un deber específico, en el presente caso no
concurre tal supuesto. La reglamentación pretendida por la accionante implica el ejercicio
de facultades discrecionales, orientadas a que la entidad adopte la decisión que considere
más adecuada, de acuerdo con las circunstancias fácticas, sociales, técnicas, políticas y
económicas del caso.

La ley 2200 de 2022 regula la organización y el funcionamiento de los departamentos. En
su artículo 19 consagra las funciones de las asambleas departamentales, entre ellas, la
de «reglamentar la enajenación o destino de los terrenos baldíos cedidos al departamento,
de conformidad con las leyes que regulen la materia». Esta competencia se inserta en un
conjunto amplio y heterogéneo de atribuciones -más de treinta- que comprenden
funciones normativas, de control político, administrativas, presupuestales y de
organización institucional. El legislador no concibió cada una de ellas como un deber de
ejercicio necesario e inmediato, sino como potestades cuyo desarrollo depende del ámbito
material de competencia y de las condiciones concretas en que deba ejercerse.
[…]

El constituyente estableció estos órganos de representación plural, elegidos de manera
directa por la ciudadanía, para que sus integrantes, en nombre de quienes les confiaron
el voto en los comicios territoriales, ejerzan la legítima discrecionalidad necesaria para

15 Ley 2200 de 2022. Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el
funcionamineto de los departamentos. 8 de febrero del 2022.

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Demandante: Daniela González Suárez

precisar, integrar y hacer efectivo el interés general en cada caso concreto, así como para
seleccionar las políticas, actuaciones y medios más idóneos para su realización.

En ese panorama, imponer la expedición de una ordenanza supone desconocer la
naturaleza abierta, deliberativa y no lineal del proceso de producción normativa territorial
y los márgenes de autonomía política y procedimental que lo caracterizan. Dadas estas
particularidades, la asamblea puede decidir si prioriza la reglamentación de esa materia o
si la difiere para reglamentar otras, en función de criterios extrajurídicos de orden político,
económico, cultural o social. La opción que adopte, dentro del abanico de posibilidades,
no resulta cuestionable, pues responde al ámbito de la autonomía que la Constitución y la
ley reconocen a las corporaciones territoriales.

El juez de cumplimiento no puede inmiscuirse en las decisiones discrecionales de las
corporaciones de elección popular para decirles cuál es la opción correcta, cuando el
legislador no ha indicado expresa o implícitamente una regla de priorización en la
reglamentación de las materias que le ha encomendado a estas corporaciones. Esto, se
insiste, implicaría desconocer la autonomía de las asambleas, así como la complejidad
propia del trámite de debate y aprobación de una ordenanza. […]».[sic].

35. En este punto, se considera necesario precisar que, si bien la demandante
alegó que se desconoció la providencia proferida por el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito Judicial de Tunja en la cual se resolvió un problema jurídico
semejante, relacionado con el cumplimiento del numeral 28 del artículo 19 de la Ley
2200 de 2022, lo cierto es que dicha decisión no constituye precedente vinculante al
no provenir de un órgano de cierre que fije una regla de unificación de obligatorio
acatamiento. Lo anterior, sin perjuicio del análisis posterior que se efectuara acerca
de la línea jurisprudencial del Consejo de Estado y la Corte Constitucional sobre la
materia y de la presunta violación directa de la Constitución Política.

36. Al respecto, se recuerda que, los reproches de la demandante radican en
determinar si, en efecto, el numeral 28 del artículo 19 de la Ley 2200 de 2022
constituye un mandato claro, imperativo e inobjetable susceptible de exigencia
judicial o no. Razón por la cual, se hace necesario hacer alusión a algunos
pronunciamientos del Consejo de Estado, sobre la materia así:

37. En sentencia del 9 de abril de 202616, refirió:
«[…] La finalidad de la acción de cumplimiento es que toda persona pueda acudir ante la
autoridad judicial competente para hacer efectivo el obedecimiento de una ley o de un
acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 87 constitucional. Sin embargo, a través
de esta acción no es posible ordenar ejecutar toda clase de disposiciones, sino aquellas
que contienen prescripciones que se caracterizan como deberes.

Los deberes legales o administrativos que pueden ser cumplidos a través de las
órdenes del juez constitucional son los que albergan un mandato perentorio, claro
y directo a cargo de determinada autoridad, imperativo e inobjetable en los términos
de los artículos 5º., 7º, 15, 21 y 25 de la Ley 393 de 1997. […]» [sic] [subrayado por la
Sala].

16 Ver sentencia del 9 de abril del 2026 de la Sección Quinta. Rad. 25000-23-41-000-2025-001572-01.

CP: Luis Alberto Álvarez Parra.

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Demandante: Daniela González Suárez

38. En sentencia del 8 de junio de 202317, consideró que:
«[…] El mandato debe ser claro, en la medida que su obedecimiento no implique que el
juez constitucional tenga que abordar el análisis de legalidad de otras normas o actos
administrativos a la hora de definirlo, porque dicho estudio escapa a la órbita de
competencia del juez de cumplimiento. Debe ser expreso, el deber tiene que constar en
una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo a cargo de la demandada
de forma directa y perentoria, y, actualmente exigible, porque se trata de hacer respetar
el ordenamiento jurídico, entonces, no podrá el juez constitucional disponer el acatamiento
de mandatos sin vigor o que estén sometidos a condiciones que no se encuentren que
acaecieron para advertir su exigibilidad. […]» [sic].

39. A partir de los criterios expuestos, la Sala considera que el numeral 28 del
artículo 19 de la Ley 2200 de 2022 sí contiene un mandato susceptible de ser exigido
mediante solicitud de cumplimiento, pues establece de manera expresa una función
a cargo de las asambleas departamentales consistente en la regulación de los
terrenos baldíos del departamento. En efecto, la disposición no contiene una mera
facultad o potestad discrecional, sino una competencia atribuida directamente por el
legislador a dichas corporaciones públicas. Por ende, no se puede deducir que no
tengan un deber de reglamentar ni mucho menos que la normativa quede al libre
arbitrio de la autoridad obligada o que pueda diferirse indefinidamente su
cumplimiento.

40. En línea de lo anterior, la Sala observa que, la norma objeto de discusión, sí
contiene un mandato claro, expreso y exigible, pues el contenido de la obligación se
encuentra en una disposición normativa, sin que haya lugar a discusión de su
legalidad o se tengan que revisar otras normas para entender la imposición que
emana de ella. Por otra parte, se encuentra expresa en una ley que goza de fuerza
material, esta es, la Ley 2200 de 2022 que dice, textualmente, cuáles son las
funciones de las asambleas departamentales, y finalmente, se trata de una obligación
exigible que no está sometida a condición alguna que impida reclamar su
cumplimiento.

41. En línea con lo anterior, para la Sala es pertinente referir lo considerado por la
Corte Constitucional en la sentencia SU-386 de 2023:
«[…] Así las cosas, para acudir a la acción de cumplimiento o para emitir una orden de
cumplimiento de un deber previsto en la ley o en un acto administrativo, no es necesario
que el mismo haya fijado un plazo para su ejecución por parte del obligado, pues
basta con que contenga un deber expreso e inobjetable que emana de un mandato
determinado, contenido en la ley o en un acto administrativo, y que la administración
haya sido renuente a cumplirlo. […]».[sic]. [subrayado por la Sala].

42. Bajo lo expuesto, no resulta razonable concluir que, como la norma
demandada no contiene unas condiciones temporales, en particular un plazo para su
ejecución, por ello resulte imposible pedir su cumplimiento. Al respecto, la Sección
Quinta del Consejo de Estado, ha precisado lo siguiente:

17 Ver sentencia del 8 de junio de 2023 de la Sección Quinta. Rad. 27001-23-33-000-2023-00012-01.

CP: Luis Alberto Álvarez Parra.

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Demandante: Daniela González Suárez

«[…] De ahí que, el mandato previsto en la ley o en el acto administrativo no tiene que
consistir en una obligación clara, expresa y exigible, bastara con que se trate de un deber
imperativo, expreso e inobjetable. Considerar que, si el precepto no tiene todas las
circunstancias de tiempo, modo y lugar no puede ser exigible para el sujeto pasivo
de la obligación, implicaría aceptar que las disposiciones son ineficaces desde todo
punto de vista y por tanto no podrían ser enjuiciables vía acción de cumplimiento.
[…]».[sic]18. [subrayado por la Sala].

43. Por consiguiente, la Sala encuentra que es irrelevante que la norma no
contenga un plazo para su ejecución, pues el simple hecho de que de allí se emana
un deber expreso e inobjetable permite exigir su acatamiento mediante la solicitud de
cumplimiento.

44. Por otro lado, el Tribunal Administrativo de Santander argumentó que la
reglamentación que se pretende implica el ejercicio de facultades discrecionales y
potestades de la asamblea departamental. Sin embargo, la naturaleza política de la
corporación no puede excluir el cumplimiento de sus funciones legales atribuidas por
el legislador, pues las mismas son obligatorias y vinculantes. Máxime cuando el
mandato legal es claro e imperativo, al ordenarles que reglamenten dicha temática.

45. En esencia, el hecho de que las asambleas departamentales sean
corporaciones de naturaleza política no puede implicar el desconocimiento del
carácter vinculante de las funciones que deben desarrollar. Es decir, aunque dichas
autoridades cuentan con márgenes de discrecionalidad para definir el contenido y
alcance de las decisiones que adoptan, ello no significa que pueden abstenerse
indefinidamente de cumplir con sus obligaciones. En consecuencia, no se puede
confundir el ejercicio discrecional propio de la entidad con la existencia de un deber
jurídico exigible.

46. En suma, la solicitud de cumplimiento tiene como propósito exigir el
cumplimiento normativo previsto en el numeral 28 del artículo 19 de la Ley 2200 de
2022. Por lo tanto, no pretende sustituir a la entidad en el ejercicio propio de sus
funciones o cuestionar su naturaleza política o deliberatoria, sino, únicamente,
garantizar la eficacia material de la norma. Como lo ha precisado la Corte
Constitucional19:

«[…] De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad
material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción de
principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de
un orden jurídico, social y económico justo. […]». [sic].

47. En ese sentido, la naturaleza del medio de control es procurar por el efectivo
cumplimiento de las normas, por lo que no incluir a las corporaciones públicas de
elección popular, por su naturaleza discrecional y política, implicaría desnaturalizar la

18 Ver sentencia del 25 de enero de 2024 de la Sección Quinta. Rad. 25000-23-41-000-2022-00243-

01. CP: Pedro Pablo Vanegas Gi.
19 C-157 de 1998.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03168-00
Demandante: Daniela González Suárez

figura, interpretación que resultaría incompatible con el artículo 87 de la Constitución
Política.

48. En consecuencia, la Sala considera que la autoridad judicial demandada
incurrió en los defectos alegados, toda vez que realizó una interpretación del numeral
28 del artículo 19 de la Ley 2200 de 2022 que resulta incompatible con el contenido
del artículo 87 de la Constitución Política y con la jurisprudencia del Consejo de
Estado y de la Corte Constitucional relacionada con la naturaleza y finalidad de la
solicitud de cumplimiento.

49. Así las cosas, concluir que la función atribuida a las asambleas
departamentales constituía una potestad discrecional que no era susceptible de
exigirse judicialmente, limitó el acceso el mecanismo constitucional de cumplimiento
y afectó los derechos fundamentales alegados. Razón por la cual, se accederá al
amparo pretendido.

3. Conclusión

50. En este orden de ideas, las inconformidades en las que la demandante centró
sus esfuerzos tienen vocación de prosperidad, de forma que se ampararán los
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, y al acceso efectivo a la
administración de justicia de Daniela González Suarez.

51. En consecuencia, i) se dejará sin efectos la sentencia proferida el 9 de febrero
de 2026 por el Tribunal Administrativo de Santander, en el medio de control de acción
de cumplimiento identificado con radicado 686793333-001-2025-00204-01, y ii) se le
ordenará a dicha corporación judicial que, en el término de 20 días siguientes,
contados a partir de la notificación de la presente providencia, emita un
pronunciamiento de reemplazo, de conformidad con los argumentos expuestos en
precedencia.

52. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:

Primero. Negar las solicitudes de coadyuvancia de Maicol Stiven Flórez Díaz y
Carlos Stiven Torres Munevar.

Segundo. Negar las solicitudes de vinculación como terceros con interés del Juzgado
Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja y de la Asamblea Departamental
de la Guajira.

Tercero. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al
acceso efectivo a la administración de justicia de Daniela González Suárez.

Cuarto. Dejar sin efectos la sentencia proferida el 9 de febrero de 2026 por el

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Demandante: Daniela González Suárez

Tribunal Administrativo de Santander, en el medio de acción de cumplimiento
identificado con el radicado 686793333-001-2025-00204-01.

Quinto. Ordenar al Tribunal Administrativo de Santander que, en el término de 20
días siguientes, contados a partir de la notificación de la presente providencia, emita
un pronunciamiento de reemplazo, de conformidad con las consideraciones
expuestas en esta providencia.

Sexto. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Séptimo. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CJE/LVLQ

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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