Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03237-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03237-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03237-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
23 de julio de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03237-00
Demandante: Nohelia Castro Ramírez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D.C., 23 de julio de 2026
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03237-001
Demandante: NOHELIA CASTRO RAMÍREZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, SECCIÓN B.
Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Sustitución de asignación de retiro.
Defecto fáctico, por desconocimiento del precedente, sustantivo,
procedimental absoluto y por violación directa de la Constitución.
Improcedencia de la acción de tutela. Requisitos de relevancia
constitucional y subsidiariedad.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la señora Nohelia Castro Ramírez2
contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección B.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 27 de abril de 2026, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado,
la señora Nohelia Castro Ramírez pidió la protección de sus derechos fundamentales a
la igualdad y al debido proceso.
A juicio de las tutelantes, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del 20
de junio de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección B, que
confirmó parcialmente la decisión de primera instancia dictada en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 08001-33-33-003-2014-00005-
00/01.
2. Pretensiones
La señora Nohelia Castro Ramírez formuló las siguientes pretensiones:
1. Solicito que se declare que la sentencia de segunda instancia de fecha 20 de junio de 2025, emitida
por el Tribunal Administrativo del Atlántico, viola los derechos fundamentales a la igualdad y al
debido proceso de la señora NOHELIA CASTRO RAMIREZ.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se conceda el amparo de tutela solicitado, se deje
sin efecto la sentencia referida en el numeral anterior, y se ordene al honorable Tribunal
Administrativo del Atlántico, que dentro del término razonable de un mes, dicte la sentencia de
reemplazo en la que se acaten los argumentos jurídicos expuestos en la presente acción y acate el
precedente fijado por la Honorable Corte Constitucional y el Honorable Consejo de Estado.
3. Se ordene también que la nueva sentencia, conceda la modificación del porcentaje que han de
recibir las cónyuges, y que sea fijado en proporción al tiempo de convivencia que acreditó cada una
de las partes.
4. Se ordene el pago indexado en los términos de los artículos 192 y 195 del C.P.A.C.A.
1 En este asunto constitucional se acumuló la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2026-03738-00.
2 Acumulada con la acción de tutela promovida por la señora Claudia Durango Pérez.
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Demandante: Nohelia Castro Ramírez
3. Hechos
Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
3.1. Actuación administrativa
Manifestó la señora Nohelia Castro Ramírez que, el 12 de mayo de 1990, contrajo
matrimonio con el señor Carlos Alberto García García, sargento viceprimero de la Policía
Nacional. Que de ese matrimonio nació su hijo EDGC el 29 de noviembre de 1999.
Que el 5 de agosto de 2009, el señor García García fue desvinculado de la Policía
Nacional y que a través de la Resolución 003306 del 23 de julio de 2009 se le reconoció
asignación mensual de retiro.
Que el señor Carlos Alberto falleció el 28 de enero de 2012.
Que por medio de la Resolución 3554 del 28 de junio de 2012 la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional (CASUR) reconoció sustitución pensional a la señora
Claudia Durango Pérez, en calidad de compañera permanente, y a los menores EDGC,
SGD, JDGA y JSGM, hijos del causante, y que, además, denegó el reconocimiento de la
sustitución pensional en su favor.
Que, inconforme, presentó recurso de reposición, pero fue resuelto desfavorablemente
con la Resolución 15230 del 10 de octubre de 2012.
3.2. Actuación judicial
La señora Nohelia Castro Ramírez promovió demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional - CASUR para que
se declarara la nulidad de las Resoluciones 3554 del 28 de junio de 2012 y 15230 del 10
de octubre de 2012. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se le reconociera
y pagara la sustitución de la asignación de retiro del señor Carlos Alberto García García
desde el 28 de enero de 2012.
La demanda se adelantó bajo el radicado 08001-33-33-003-2014-00005-00 y
correspondió al Juzgado Tercero Administrativo de Barranquilla que, por sentencia del
16 de octubre de 2024, declaró la nulidad parcial de las resoluciones demandadas y
ordenó que se reconociera y pagara, de forma indexada, a la demandante el 50% de lo
que percibía la señora Claudia Durango Pérez por la sustitución de la asignación de retiro
causada al señor García García, desde la fecha de fallecimiento del titular de la
prestación, es decir, desde el 28 de enero de 2012.
Señaló que la sustitución pensional tenía como finalidad atender una contingencia
derivada de la muerte y suplir la ausencia repentina del apoyo económico que brindaba
el empleado al grupo familiar y así evitar que su deceso generara un cambio sustancial
en las condiciones mínimas de subsistencia de las personas beneficiarias de dicha
prestación.
Que de las pruebas aportadas se podía concluir que el señor Carlos Alberto velaba por
el bienestar y sustento económico de su esposa, quien dependía exclusivamente de su
salario. Que no existían medios probatorios que dieran cuenta de la separación afectiva
entre ellos o la liquidación de la sociedad conyugal, por lo que, según dijo, le asistía
derecho a la demandante a recibir la sustitución pensional como cónyuge supérstite.
Inconformes, la señora Claudia Durango Pérez, CASUR y la accionante apelaron.
Por un lado, la señora Durango Pérez manifestó que la demanda no se fundamentó en
ninguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 137 del CPACA. Que la
jurisdicción contenciosa administrativa era rogada, por lo que le correspondía a la
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Demandante: Nohelia Castro Ramírez
demandante cumplir con la carga argumentativa y probatoria de demostrar el derecho
pretendido, que, sin embargo, la señora Ramírez solo se había limitado a mencionar que
cumplía los requisitos de la Ley 100 de 1993 para el reconocimiento de la sustitución de
la asignación de retiro.
Que se habían aplicado normas jurídicas que no fueron precisadas en la demanda. Que
la señora Nohelia no había cumplido con el requisito de convivencia exigido para acceder
a la prestación pretendida.
Que la sentencia apelada se había soportado en declaraciones extraprocesales, las
mismas que habían sido aportadas por la señora Castro Ramírez en el procedimiento
administrativo y con las que no se logró demostrar el requisito de convivencia. Que,
además, esas pruebas habían sido allegadas por CASUR en su escrito de contestación
de la demanda, que, por auto del 18 de noviembre de 2021, había sido declarada como
presentada de forma extemporánea.
Por otro lado, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional pidió que la sustitución
pensional declarada se efectuara a partir de la ejecutoria de la sentencia que pusiera fin
al proceso, porque lo contrario implicaría que debía realizar doble pago respecto de la
misma prestación, puesto que desde la fecha de fallecimiento del causante había
realizado los correspondientes pagos a la señora Durango Pérez.
Finalmente, la demandante solicitó que se modificaran las cuotas partes en razón del
tiempo de convivencia de cada una de las reclamantes de la asignación de retiro.
Por sentencia del 20 de junio de 2025, el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección
B, modificó la decisión apelada, en el sentido de ordenar que el pago de la sustitución
pensional reconocida en primera instancia se debía efectuar a partir de la ejecutoria de
esa providencia, porque de ordenarse el pago desde el fallecimiento del causante se
desconocería que la prestación había sido pagada de manera total a la compañera
permanente, con respaldo en la presunción de legalidad del correspondiente acto
administrativo, que, además, se presumía que las mesadas habían sido recibidas de
buena fe y que se debía tener en cuenta que, de lo contrario, implicaría un detrimento del
patrimonio público.
Explicó que de las pruebas aportadas se podía deducir la cohabitación del causante con
la demandante y la señora Durango Pérez. Que se había demostrado la convivencia, las
relaciones de afecto y de solidaridad, lo que permitía reconocer la prestación solicitada.
Que le asistía razón a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional porque, de
ordenarse el pago de la sustitución pensional de la demandante desde el fallecimiento
del causante, era desconocer que la prestación había sido pagada de manera total a la
compañera permanente, que esas mesadas se presumían que eran recibidas de buena
fe y que lo contrario implicaría un detrimento del patrimonio público.
4. Fundamentos de la acción de tutela
4.1. La señora Nohelia Castro Ramírez
De manera preliminar, la señora Castro Ramírez manifestó que su solicitud de amparo
cumplía los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales. En cuanto al fondo del asunto, alegó que la autoridad judicial
demandada incurrió en:
Defecto fáctico porque se ignoraron los argumentos del recurso de apelación,
relacionados con que se modificaran los porcentajes en que se debía dividir la sustitución
pensional entre la cónyuge y la compañera permanente, que había quedado repartida en
partes iguales.
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Demandante: Nohelia Castro Ramírez
Dijo que al proceso ordinario allegó las declaraciones extrajudiciales de las señoras María
Eugenia López Galindo y Nohora Esperanza Galvis que acreditaban la vigencia de su
vínculo marital con el causante. Que con la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho pidió que se recibieran sus testimonios, pero que la señora López Galindo
falleció antes de la audiencia de pruebas, que, no obstante, la señora Esperanza Galvis
sí había declarado de forma contundente e incontrovertible que su vínculo matrimonial,
la relación de pareja y la convivencia con el señor García García fue hasta el momento
de su fallecimiento.
Que, por el contrario, la señora Claudia Durango Pérez solo había probado 4 años, 9
meses y 8 días de convivencia con el señor Carlos Alberto García García y, que lo anterior
daba cuenta de que convivió mucho más tiempo con el causante que la señora Claudia.
Desconocimiento del precedente fijado en la sentencia del 18 de septiembre de 2025,
dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en el proceso con
radicado 63001-23-33-000-2018-00190-01 (2018-2021), al reconocer la sustitución
pensional a partir de la ejecutoria de la sentencia cuestionada y desconocer que fue
diligente en la búsqueda del reconocimiento de la prestación pretendida.
Dijo que la autoridad judicial demandada no expuso razonablemente las razones para
apartarse de esa línea jurisprudencial.
Ahora, la Sala advierte que la parte actora también alegó el desconocimiento del
precedente de la sentencia C-1035 de 2008; sin embargo, se debe precisar que respecto
de ese tipo de providencia no es dable predicar un desconocimiento del precedente, sino
un cargo por defecto sustantivo por inaplicación normativa del análisis de
constitucionalidad que realiza la Corte Constitucional en ese tipo de providencias.
Conforme a lo anterior, la tutelante señala que el tribunal demandado no tuvo en cuenta
el análisis realizado por la Corte Constitucional sobre el literal b, del artículo 13 de la Ley
797 de 2003, en el sentido de «que además de la esposa o esposo, serán también beneficiarios
la compañera permanente, y que dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo
de convivencia con el fallecido».
4.2. La señora Claudia Durango Pérez
De manera preliminar, la señora Durango Pérez manifestó que su solicitud de amparo
también cumplía los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales. En cuanto al fondo del asunto, alegó que la autoridad judicial
demandada incurrió en:
Defecto fáctico porque el tribunal demandado valoró el expediente administrativo
aportado con la contestación de la demanda de CASUR, pese a que había sido
presentado de forma extemporánea.
Dijo que la sentencia acusada se fundamentó en el mencionado expediente
administrativo, de donde extrajeron las pruebas documentales con las que dieron por
probado el requisito de convivencia efectiva y reconocieron el derecho pensional de la
señora Nohelia Castro Ramírez.
Defecto procedimental absoluto debido a que se otorgó pleno valor probatorio a los
documentos aportados con la contestación de la demanda de CASUR, a pesar de que
había sido presentada de forma extemporánea.
Señaló que las contestaciones de las demandas presentadas de forma extemporánea no
producen efectos jurídicos ni procesales, de acuerdo con el artículo 175 del CPACA, que,
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en ese orden, los documentos aportados con ella tampoco podían ser valorados como
pruebas legalmente incorporadas.
Que, en el proceso ordinario, sí se tuvieron en cuenta esas pruebas, con lo que se actuó
al margen del procedimiento legalmente establecido.
Violación directa de la Constitución por transgresión del artículo 29 de la Carta, que,
según la parte actora, establece una cláusula de exclusión probatoria, al indicar que todo
medio de convicción obtenido con violación al debido proceso es nulo de pleno derecho.
Manifestó que el tribunal demandado, al incorporar y valorar pruebas aportadas de forma
extemporánea, desconoció esa garantía constitucional.
Que sin el expediente administrativo allegado de forma extemporánea por CASUR, la
señora Nohelia Castro Ramírez no habría podido acreditar los supuestos de hecho
necesarios para el reconocimiento de la sustitución de la asignación de retiro del señor
Carlos Alberto García García.
Finalmente, adujo que esos argumentos fueron propuestos en el recurso de apelación
que presentó contra la sentencia de primera instancia del 16 de octubre de 2024, pero
que el tribunal demandado los ignoró.
5. Trámite procesal
Por auto del 29 de abril de 2026, el despacho sustanciador admitió la demanda
presentada por la señora Nohelia Castro Ramírez y, entre otras cosas, ordenó notificar
en calidad de demandados a los magistrados del Tribunal Administrativo del Atlántico,
Sección B, y en calidad de terceros con interés, al juez tercero administrativo de
Barranquilla, al ministro de Defensa, a los directores de la Policía Nacional y de la Caja
de Sueldos de la Policía Nacional, a Claudia Durango Pérez, Judith Stefany García
Marchena y Yuli Esther Marchena Arroyo.
En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 5 y 12 de mayo
de 2026. Adicionalmente, publicó un aviso web en la página de la corporación el 13 de
mayo de 2026.
Por otro lado, la acción de tutela promovida por la señora Claudia Durango Pérez fue
repartida al despacho de la magistrada Myriam Stella Gutiérrez Argüello, quien, por auto
del 21 de mayo de 2026, ordenó remitir el expediente al despacho del consejero Wilson
Ramos Girón para que se estudiara la eventual acumulación.
El 5 de junio de 2026, el ponente decretó la acumulación de la acción de tutela con
radicado 11001-03-15-000-2026-03738-00 al presente trámite constitucional.
6. Intervenciones
El magistrado del Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección B, ponente de la
sentencia cuestionada, solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela o que
se denegara el amparo deprecado.
Realizó un recuento del análisis llevado a cabo en la sentencia del 20 de junio de 2025,
para manifestar que no se incurrió en defecto fáctico, porque no se desconocieron las
pruebas aportadas al proceso. Que no se desconoció la sentencia alegada por la parte
actora, debido a que esa providencia fue dictada posterior al 20 de junio de 2025 y no
estaba en la obligación de acatarla, porque no trazó una línea definida o unificada y
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concluía que en cada caso particular se debían estudiar las circunstancias fácticas y
jurídicas para evitar doble pago en las asignaciones de retiro.
Que el escrito de tutela reflejaba un desacuerdo con la providencia controvertida, sobre
la modificación que realizó respecto del reconocimiento y pago de la asignación de retiro.
El Juzgado Tercero Administrativo de Barranquilla indicó que respetó el
procedimiento legalmente establecido, los derechos constitucionales y las garantías
procesales de las partes en el trámite del proceso ordinario. Además, compartió el enlace
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 08001-33-
33-003-2014-00005-00/01.
El ministro de Defensa, los directores de la Policía Nacional y de la Caja de Sueldos
de la Policía Nacional, Judith Stefany García Marchena y Yuli Esther Marchena
Arroyo, no se pronunciaron, pese a que, como se vio, fueron debidamente notificados.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por las
señoras Nohelia Castro Ramírez y Claudia Durango Pérez para dejar sin efectos la
sentencia del 20 de junio de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico,
Sección B, que confirmó parcialmente la decisión de primera instancia dictada en el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 08001-33-33-003-
2014-00005-00/01.
La Sala anticipa que declarará improcedentes las solicitudes de amparo, por cuanto, por
un lado, las pretensiones de la señora Nohelia Castro Ramírez no satisfacen el requisito
de relevancia constitucional, debido a que pretende discutir aspectos que ya fueron
resueltos por el juez natural en el proceso ordinario. Adicionalmente, la sentencia alegada
como desconocida fue dictada con posterioridad al 20 de junio de 2025, por lo que no
resultaba exigible su aplicación.
Por otro lado, las pretensiones de la señora Claudia Durango Pérez incumplen el requisito
de subsidiariedad, puesto que contaba con otro medio de defensa judicial para pedir la
protección de los derechos reclamados, como lo era la solicitud de adición.
Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a (i) la acción de tutela contra
providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional, (iii) la subsidiariedad y, (iv) el
análisis del caso concreto.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales3 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos4 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
3 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
4 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
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3. La relevancia constitucional
A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-005, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.
En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.
Frente al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una instancia
adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que, por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.
4. Sobre el requisito de subsidiariedad
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela <<solo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable>>. Eso quiere decir que la
subsidiariedad es un pilar fundamental que busca preservar la naturaleza excepcional de
este mecanismo de protección de derechos fundamentales. La acción de tutela debe ser
el último recurso, no el primero.
La subsidiariedad de la acción de tutela tiene como objetivo principal resguardar la
eficacia y efectividad de esta herramienta en situaciones en las cuales no exista otro
recurso judicial disponible o, incluso en presencia de otros medios, se demuestre la
existencia de un perjuicio irremediable. Este requisito busca, en última instancia, asegurar
que la acción de tutela sea un mecanismo ágil y eficaz para la protección de derechos
fundamentales en circunstancias excepcionales.
5. Análisis del caso concreto
5.1. Sobre las pretensiones de la señora Nohelia Castro Ramírez
De la revisión de los argumentos expuestos en la solicitud de amparo, la Sala advierte
que coinciden con los propuestos en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho. Básicamente, en ese proceso y en la acción de tutela, la parte actora señala
que el reconocimiento de la sustitución de la asignación de retiro debió ser proporcional
al tiempo de convivencia que vivió con el causante.
En efecto, en el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia
del 16 de octubre de 2024, dictada por el Juzgado Tercero Administrativo de Barranquilla,
se lee lo siguiente:
5
M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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Demandante: Nohelia Castro Ramírez
Considero que bien hizo el despacho en concederle a mi representada la condición de beneficiaria de
la pensión de sobreviviente del causante, el señor CARLOS ALBERTO GARCÍA GARCÍA. Sin embargo,
considero que el despacho pudo dividir las cuotas partes correspondientes, dependiendo del tiempo de
convivencia, conforme a lo estipulado en la jurisprudencia de las altas cortes, a saber la sentencia C
1035 del 2008 “En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del
causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario
de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se
mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero
permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje
proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos
cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con
la cual existe la sociedad conyugal vigente”.
Por su parte, en la acción de tutela la parte actora argumenta lo siguiente:
El fallador de segunda instancia incurre en este yerro, al haber ignorado las súplicas de la demandante
al resolver el recurso de alzada, en la que solicitaba que se modificara el porcentaje en que se dividiría
prestación para la cónyuge y compañera permanente, la cual quedó fraccionada en partes iguales (50%
para ambas).
(...)
Al proceso se adosaron las declaraciones extrajudiciales de la señora la señora MARIA EUGENIA
LOPEZ GALINDO y la de la señora NOHORA ESPERANZA GALVAN, para demostrar la vigencia del
vínculo marital, y con la demanda se solicitó la práctica de sus testimonios.
En razón de la excesiva duración del proceso, una de las testigos, la señora MARIA EUGENIA, falleció,
por lo que no fue posible practicar su testimonio. No obstante, el testimonio de la señora NOHORA
ESPERANZA GALVAN fue contundente, incontrovertido para demostrar que el vínculo matrimonial, la
relación de pareja y la convivencia de mi apadrinada con el fallecido se sostuvo, hasta el momento del
fallecimiento de GARCÍA GARCÍA.
Por el contrario, la convivencia con la señora CLAUDIA MILENA DURANGO, ni siquiera fue probada en
este proceso, es más, en mi escrito de oposición al recurso de apelación presentado por esta, señalé lo
siguiente:
(...)
El reproche que hace el suscrito radica en que, con las pruebas recaudadas, es posible inferir sin temor
a equivocación, que la señora NOHELIA CASTRO RAMIREZ y su esposo, convivieron mucho antes de
que la señora CLAUDIA MILENA DURANGO PEREZ apareciera en la vida del causante, y la
convivencia entre los esposos perduró hasta la muerte del suboficial.
(...)
Al negar el reconocimiento de la sustitución pensional de manera proporcional al tiempo de convivencia,
el tribunal desconoció lo dispuesto por la misma corte constitucional en sentencia C – 1035 de 2008,
cuando declaró exequible el literal b del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 47
de la Ley 100 de 1993, en el sentido «que además de la esposa o esposo, serán también beneficiarios
la compañera permanente, y que dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de
convivencia con el fallecido».
No obstante, esa discusión ya fue resuelta por el tribunal demandado en la sentencia del
20 de junio de 2025, en la que consideró:
Por consiguiente, las pruebas recaudadas en el decurso procesal permiten determinar que hubo
convivencia simultánea del señor Carlos Alberto García García con las señoras Nohelia Castro Ramírez
y Claudia Durango Pérez, razón por la cual se posibilita el reconocimiento de la pensión en igualdad de
porcentajes, en tanto acreditaron convivencia en los últimos cinco (5) años anteriores al fallecimiento
del causante, conforme lo concluyó el fallo de primera instancia.
(...)
Situación similar se predica con la apelación interpuesta por el apoderado de la señora Nohelia Castro
Ramírez, en cuanto al incremento del porcentaje concedido a ella, por cuanto en este proceso se
acreditó que en los últimos años de su vida el causante convivio con ambas reclamantes, lo cual permite
conceder el derecho a la compañera permanente y la cónyuge supérstite, en partes iguales, como lo
ordenó el a - quo.
Como se ve, la discusión que propone la parte actora ya fue resuelta por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sección B, que explicó que, de acuerdo con las pruebas
recaudadas, era dable concluir que el señor Carlos Alberto García García tuvo una
convivencia simultanea con la demandante y la señora Claudia Durango Pérez por lo
menos durante los cinco años anteriores a su fallecimiento.
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Demandante: Nohelia Castro Ramírez
Que, por lo anterior, la sustitución de la asignación de retiro reclamada debía ser
concedida en partes iguales para la compañera permanente y la cónyuge supérstite.
En el escenario que propone la demandante, la Sala estaría obligada a examinar
nuevamente un asunto que ya fue resuelto por las autoridades judiciales demandadas en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, finalidad para la que no está
previsto este mecanismo constitucional.
Justamente por lo anterior, la Sala, como juez de tutela, no puede volver a examinar si
era dable reconocer un porcentaje mayor en la sustitución de la asignación de retiro
respecto de la señora Castro Ramírez, conforme al tiempo de convivencia con el
causante. La acción de tutela es un valioso instrumento para proteger derechos
fundamentales, que no puede utilizarse como una instancia adicional para obtener una
opinión jurídica diversa o tratar de imponer una decisión distinta a la adoptada por las
autoridades jurisdiccionales de instancia.
En este punto, conviene resaltar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
determinado que la acción de tutela contra decisiones judiciales se concibe como un juicio
de validez, mas no de corrección6, y que, por lo tanto, este mecanismo no puede utilizarse
como una instancia para discutir asuntos de índole probatoria que dieron origen a los
procesos ordinarios.
Por otro lado, la Sala advierte que la sentencia del 18 de septiembre de 2025, dictada por
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en el proceso con radicado
63001-23-33-000-2018-00190-01 (2018-2021), fue proferida con posterioridad a la
providencia cuestionada, por lo que no era dable exigir su aplicación a la autoridad judicial
demandada.
5.2. Sobre las pretensiones de la señora Claudia Durango Pérez
Para la Sala, las pretensiones de la señora Durango Pérez, relacionadas con que se deje
sin efectos la sentencia del 20 de junio de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sección B, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 08001-33-33-003-2014-00005-00/01, porque, en síntesis, se fundamentó
en pruebas aportadas con la contestación de la demanda de CASUR, que había sido
declarada como presentada de forma extemporánea, no satisfacen el requisito de
subsidiariedad.
En efecto, contra la sentencia acusada, la tutelante contaba con otro medio de defensa
judicial para pedir que se garantizara la protección de los derechos invocados, como lo
era presentar solicitud de adición.
El artículo 287 del Código General del Proceso, aplicable por la remisión expresa del
artículo 306 del CPACA, dispone que:
Artículo 287. Adición. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o
sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá
adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de
parte presentada en la misma oportunidad.
(…)
Ese medio de defensa resultaba idóneo y eficaz, porque la señora Durango Pérez podía
pedir a la autoridad judicial demandada que se pronunciara sobre el argumento que
expuso en su escrito de apelación presentado contra la sentencia de primera instancia
del 16 de octubre de 2024 y que estima que no fue resuelto en la sentencia cuestionada,
relacionado con que se había accedido parcialmente a las pretensiones de la señora
Nohelia Castro Ramírez con fundamento en pruebas aportadas con la contestación de la
6 Ver, entre otras, las sentencias T.344 de 2015, SU-425 de 2016 y T-022 de 2019.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03237-00
Demandante: Nohelia Castro Ramírez
demanda de CASUR que había sido declarada como presentada de forma
extemporánea.
Las anteriores razones son suficientes para que la Sala declare improcedentes las
solicitudes de amparo, por incumplir el requisito de relevancia constitucional y de
subsidiariedad.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, conforme a lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado
4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador 7
7 Con el propósito de asegurar la calidad lingüística y técnico-formal de la presente providencia, el despacho ponente,
a través de su grupo de sustanciación, como herramienta de apoyo a la gestión administrativa y judicial, empleó un
sistema de apoyo de inteligencia artificial Microsoft 365 Copilot (modelo GPT-4, desarrollado por OpenAI), con el único
propósito de efectuar una revisión ortográfica, gramatical y léxica del texto previamente elaborado por el funcionario
judicial. Para tal efecto se utilizó un prompt estructurado en el que se asignó a la herramienta el rol de revisor lingüístico
y técnico-formal, con la instrucción precisa de identificar exclusivamente errores verificables de ortografía (tildes,
mayúsculas y puntuación), gramática (concordancia, régimen preposicional y sintaxis) y léxico (uso impropio de
palabras, ambigüedad semántica y términos fuera de contexto jurídico), tomando como referencia las reglas de la Real
Academia Española y los estándares de redacción judicial de las altas cortes colombianas. El prompt incluyó
restricciones expresas dirigidas a impedir que la herramienta formulara sugerencias de estilo, propusiera redacciones
alternativas, reescribiera párrafos, sugiriera versiones "mejoradas" del texto o emitiera valoración alguna sobre el fondo
jurídico, probatorio o argumentativo de la providencia, así como instrucciones sobre el formato de salida, consistente
en una tabla que individualizara cada hallazgo (página, párrafo, fragmento, tipo de error y explicación técnica). En todo
caso, se precisa que los hallazgos reportados por la herramienta fueron objeto de revisión, verificación y validación por
parte del funcionario judicial, quien determinó autónomamente la procedencia o improcedencia de cada ajuste, sin que
se hayan realizado transcripciones literales del contenido generado por la herramienta, ni se hayan incorporado al texto
reformulaciones de contenido, modificaciones argumentativas o reescrituras de pasajes, en tanto que el sistema se
utilizó exclusivamente como instrumento de control de calidad lingüística sobre un texto cuya redacción, estructura
argumentativa, valoración fáctica, análisis probatorio y motivación jurídica fueron elaborados íntegramente por el
funcionario judicial. Asimismo, se deja constancia de que no se introdujeron en la herramienta datos personales,
información sensible ni elementos de carácter reservado o confidencial de las partes o del proceso. Esta actuación se
realizó en cumplimiento de los principios jurídicos de debido proceso, transparencia, igualdad ante la ley y supervisión
judicial. Finalmente, el uso de dicha herramienta se enmarca en las finalidades autorizadas en los literales (a) del
numeral 4.1.; y (q) del numeral 4.2 del artículo 4 del Acuerdo PCSJA24-12243 del 16 de diciembre de 2024, "por el
cual se adoptan lineamientos para el uso y aprovechamiento respetuoso, responsable, seguro y ético de la inteligencia
artificial en la Rama Judicial".
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