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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03237-01

Fecha
24 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03237-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el 23 de julio de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, para, en su lugar, negar el amparo solicitado por las señoras Nohelia Castro Ramírez, en relación con la causal de desconocimiento del precedente judicial, y Claudia Milena Durango Pérez, en cuanto a los defectos fáctico y procedimental, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO. CONFIRMAR en todo lo demás la providencia impugnada. TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-03237-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

24 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03237-011
Demandantes: Nohelia Castro Ramírez y otra
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico

Temas: Impugnación. Tutela contra providencia judicial. Nulidad y
restablecimiento del derecho. Reconocimiento de la sustitución
pensional. Acreditación de los requisitos generales de relevancia
constitucional y subsidiariedad. Ausencia de los defectos
invocados.

Decisión: Revoca parcialmente la declaratoria de improcedencia y niega el
amparo, en relación con la causal de desconocimiento del
precedente judicial alegado por la señora Nohelia Castro
Ramírez y los defectos fáctico y procedimental invocados por la
señora Claudia Milena Durango Pérez.

La Sala decide la impugnación formulada por la parte accionante y la señora Claudia
Milena Durango Pérez en contra de la sentencia proferida el 23 de julio de 2026 por
la Sección Cuarta de esta corporación, mediante la cual declaró improcedente la
acción de la referencia.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 27 de abril de 2026 y 14 de mayo de igual anualidad, las señoras Nohelia
Castro Ramírez y Claudia Milena Durango Pérez, por intermedio de apoderado
judicial y de forma separada, presentaron acción de tutela con el fin de obtener la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso. Como consecuencia
de lo anterior, solicitaron dejar sin efectos la sentencia proferida el 20 de junio de
2025 por el Tribunal Administrativo del Atlántico en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 08001-33-33-003-2014-00005-00/01,
para, en su lugar, dictar una providencia de reemplazo, en la que, a juicio de la
primera de las mencionadas, se acataran los argumentos expuestos en el escrito
de tutela y se atendiera el precedente fijado por la Corte Constitucional y el Consejo
de Estado; y, en criterio de la señora Durango Pérez, se excluyera del acervo
probatorio toda prueba documental aportada extemporáneamente por CASUR en
su contestación tardía; se aplicaran las consecuencias jurídicas de la contestación
tardía y se reconociera y preservara su derecho pensional.

1
Se advierte que al proceso de la referencia se acumuló la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2026-03738-00,
promovida por la señora Claudia Durango Pérez.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03237-01
(acumulado 11001-03-15-000-2026-03738-00)
Demandante: Nohelia Castro Ramírez y otra

2. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, la accionante afirmó
que el 12 de mayo de 1990 contrajo matrimonio con Carlos Alberto García García,
quien prestó sus servicios en la Policía Nacional entre el 18 de febrero de 1991 y el
5 de agosto de 2009, motivo por el cual la Caja de Sueldo de Retiro de esa
Institución (CASUR), mediante la Resolución 3306 del 23 de julio de 2009, le
reconoció asignación de retiro. El señor García García falleció el 28 de enero de
2012.

3. Indicó que el 28 de junio de 2012, la entidad mencionada, a través de la
Resolución No. 3554, sustituyó la asignación mensual de retiro en favor de los hijos
menores del causante y de Claudia Durango Pérez, en calidad de compañera
permanente; sin embargo, le negó el reconocimiento a aquella (accionante). La
actora recurrió la decisión, pero esta fue confirmada mediante la Resolución No.
15230 del 10 de octubre de 2012.

4. Por lo anterior, la señora Castro Ramírez instauró demanda, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de la Nación
– Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Caja de Sueldo de Retiro, con el fin de
obtener la nulidad de los actos administrativos mencionados y, a título de
restablecimiento del derecho, solicitó reconocer, en su condición de cónyuge
supérstite, la sustitución de la asignación de retiro del causante, efectiva desde el
28 de enero de 2012, debidamente indexada.

5. El 14 de agosto de 2014, el Juzgado 3 Administrativo de Barranquilla admitió
la demanda y ordenó notificar a las señoras Judith Stefany García Marchena, Yuli
Esther Marchena Arroyo, Claudia Milena Durango Pérez, representante legal de los
niños SGD y JDG, y a Piedad María Angulo Ahumada, representante del niño JDGA.

6. El 16 de octubre de 2024, el Juzgado 3 Administrativo de Barranquilla accedió
a las pretensiones de la demanda, para lo cual tuvo por acreditado el reconocimiento
de la asignación de retiro y el fallecimiento del causante, así como el vínculo
matrimonial, la convivencia y la dependencia económica de la demandante, a partir
de las declaraciones aportadas. Además, señaló que no se acreditó la separación
efectiva de los cónyuges ni la liquidación de la sociedad conyugal, por lo que la falta
de convivencia al momento del fallecimiento no implicaba la pérdida del derecho.
En consecuencia, reconoció a la demandante el derecho a la sustitución pensional
como cónyuge supérstite y, en consecuencia, ordenó su pago de manera
compartida con la señora Claudia Milena Dura Pérez, respecto del porcentaje de la
asignación de retiro no destinado a los hijos menores del causante.

7. Inconforme con lo anterior, la demandante interpuso recurso de apelación
porque, a su juicio, el fallador de primer grado pudo dividir las cuotas partes
correspondientes dependiendo del tiempo de convivencia de cada una de las
reclamantes conforme lo ha decantado la jurisprudencia.

8. Por su parte, la entidad demandada solicitó la modificación de la sentencia de
instancia en el sentido de que se ordenara que el pago de la sustitución pensional
a favor de la señora Nohelia Castro Ramírez se iniciara una vez quede ejecutoriada
la providencia definitiva dictada en este proceso, pues lo contrario implicaría un

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(acumulado 11001-03-15-000-2026-03738-00)
Demandante: Nohelia Castro Ramírez y otra

pago doble respecto de la misma mesada pensional, por cuanto desde la fecha de
fallecimiento del causante la entidad ha pagado la asignación de retiro a la señora
Durango Pérez.

9. La parte vinculada, Claudia Durango Pérez indicó que la demanda no invocó
ninguna de las causales previstas en el artículo 137 del CPACA y que el Juzgado
aplicó normas diferentes a las que correspondía y omitió el Decreto 4433 de 2004,
que regula la sustitución pensional de los miembros de la Policía Nacional, conforme
al cual la demandante no acreditaba el requisito de convivencia. Asimismo, alegó
una indebida valoración de las declaraciones extraprocesales aportadas, pues estas
no demostraban la convivencia efectiva ni fueron ratificadas en el proceso judicial.

10. Por su parte, la entidad demandada solicitó la modificación de la sentencia
de instancia en el sentido de que se ordenara que el pago de la sustitución pensional
a favor de la señora Nohelia Castro Ramírez se iniciara una vez quede ejecutoriada
la providencia definitiva dictada en este proceso, pues lo contrario implicaría un
pago doble respecto de la misma mesada pensional, por cuanto desde la fecha de
fallecimiento del causante la entidad ha pagado la asignación de retiro a la señora
Durango Pérez.

11. El 20 de junio de 2025, el Tribunal Administrativo del Atlántico modificó la
sentencia de primera instancia, en el sentido de ordenar que el pago de la
sustitución pensional reconocida en primera instancia debía efectuarse a partir de
la ejecutoria de esa providencia, porque de ordenarse el pago desde el fallecimiento
del causante se desconocería que la prestación había sido pagada de manera total
a la compañera permanente, con respaldo en la presunción de legalidad del
correspondiente acto administrativo, que, además, se presumía que las mesadas
habían sido recibidas de buena fe y que se debía tener en cuenta que, de lo
contrario, implicaría un detrimento del patrimonio público.

12. Como fundamentos de derecho, la parte accionante afirmó que la
sentencia dictada el 20 de junio de 2025 por el Tribunal Administrativo del Atlántico
incurrió en defecto fáctico, debido a que no se tuvieron en cuenta los argumentos
del recurso de apelación relacionados con la modificación de los porcentajes en que
se debía dividir la sustitución pensional entre la cónyuge y la compañera
permanente, que había quedado repartida en partes iguales.

13. Sobre el particular, indicó que en el proceso se allegaron las declaraciones
extrajudiciales de las señoras María Eugenia López Galindo y Nohora Esperanza
Galván que acreditaban la vigencia de su vínculo marital con el causante. Además,
señaló que en la demanda se solicitó la práctica de esos testimonios; sin embargo,
por la «excesiva duración del proceso» la primera de las mencionadas falleció,
empero la señora Galván sí había declarado de forma contundente e
incontrovertible que su vínculo matrimonial, la relación de pareja y la convivencia
con el señor Carlos Alberto García García fue hasta el momento de su fallecimiento.
En contraste, resaltó que la señora Claudia Durango Pérez solo había probado 4
años, 9 meses y 8 días de convivencia con aquel, por lo que, en su criterio, se
acreditó un tiempo mayor de convivencia.

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(acumulado 11001-03-15-000-2026-03738-00)
Demandante: Nohelia Castro Ramírez y otra

14. Asimismo, manifestó que el Tribunal no tuvo en cuenta el análisis realizado
por la Corte Constitucional en la Sentencia C-1035 de 2008, sobre el literal b del
artículo 13 de la Ley 797 de 2003, en el sentido de que «además de la esposa o
esposo, serán también beneficiarios la compañera permanente, y que dicha pensión
se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido».

15. Adicionalmente, sostuvo que se configuró la causal de desconocimiento del
precedente judicial, comoquiera que la autoridad accionada se apartó de la
sentencia dictada el 18 de septiembre de 2025 por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, en el proceso con radicado 63001-23-33-000-
2018-00190-01 (2018-2021), al reconocer la sustitución pensional a partir de la
ejecutoria de la sentencia cuestionada y desconocer que fue diligente en la
búsqueda del reconocimiento de la prestación pretendida.

16. Al respecto, indicó que solicitó el reconocimiento de la prestación derivada
del fallecimiento del causante, ocurrido el 28 de enero de 2012, mediante tres
peticiones presentadas el 13 y 14 de febrero, y el 6 de marzo de 2012. Sin embargo,
mediante la Resolución 3554 del 28 de junio de 2012 se reconoció como
beneficiarias a otras personas. Frente a dicha decisión, interpuso oportunamente
recurso de reposición, agotando la vía gubernativa, el cual fue resuelto mediante la
Resolución No. 15230 del 10 de octubre de 2012, es decir, dos meses y doce días
después; y, finalmente, la demanda fue presentada el 15 de enero de 2014.

17. Por lo anterior, consideró que el hecho de haber reconocido la sustitución
pensional a partir de la ejecutoria de la sentencia constituye un desconocimiento
rampante del «precedente» mencionado, a pesar de que se encuentra debidamente
acreditado que tuvo un comportamiento diligente en la búsqueda del reconocimiento
de tal beneficio.

18. Por su parte, la señora Claudia Milena Durango Pérez afirmó que se
configuró el defecto fáctico en la providencia cuestionada, debido a que la autoridad
judicial accionada valoró el expediente administrativo aportado con la contestación
de la demanda de CASUR, a pesar de haberse presentado de forma extemporánea.
Además, alegó que la autoridad accionada dio por probado el requisito de
convivencia efectiva y reconoció el derecho pensional a la señora Nohelia Castro
Ramírez con base en las pruebas documentales que obraban en dicho expediente.

19. Indicó que se incurrió en defecto procedimental absoluto, toda vez que se
otorgó pleno valor probatorio a los documentos aportados con la contestación de la
demanda de CASUR. Agregó que las contestaciones de las demandas presentadas
de forma extemporánea no producen efectos jurídicos ni procesales, de acuerdo
con el artículo 175 del CPACA, que los documentos aportados con ella tampoco
podían ser valorados como pruebas legalmente incorporadas.

20. Por último, sostuvo que se configuró la causal de violación directa de la
Constitución Política, al haberse transgredido el artículo 29 superior, comoquiera
que aquel estableció una cláusula de exclusión probatoria, al indicar que todo medio
de convicción obtenido con violación al debido proceso es nulo de pleno derecho.

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Demandante: Nohelia Castro Ramírez y otra

Intervenciones2

21. El Juzgado 3 Administrativo de Barranquilla indicó que el 16 de octubre de
2024 dictó sentencia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
en la cual accedió a las pretensiones de la demanda. Resaltó que ese despacho
siempre ha acudido al procedimiento legalmente establecido respetando tiempo,
oportunidades, derechos constitucionales y garantías procesales en forma
imparcial.

22. El Tribunal Administrativo del Atlántico, luego de hacer un recuento de los
argumentos expuestos en la sentencia del 20 de junio de 2025, manifestó que no
se incurrieron en las causales específicas alegadas, toda vez que no se produjo una
inadecuada valoración probatoria de los antecedentes administrativos aportados
por la demandada, sino que se pudo establecer que tanto la cónyuge como la
compañera permanente del sargento fallecido lograron comprobar la relación de
apoyo y ayuda mutuas, lo que tornaba procedente el reconocimiento de la pensión
en igualdad de proporciones.

23. Asimismo, aclaró que la remisión de los antecedentes administrativos
constituye un deber en cabeza de las entidades de derecho público consagrado en
el parágrafo primero del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, el cual no está
específicamente ligado a la contestación de la demanda, por lo que la presentación
extemporánea de la contestación de la demanda, de ninguna manera impide la
valoración de las actuaciones desplegadas en sede administrativa, como
equivocadamente pretende la parte actora.

24. En consecuencia, consideró que los escritos de tutela reflejan un
desacuerdo con la sentencia de segunda instancia, lo que evidencia que lo
pretendido por las accionantes es emplear el mecanismo de amparo como una
tercera instancia, con el fin de que se revise la dicha decisión como si se tratara de
una tercera instancia. Por lo anterior, solicitó declarar improcedente la acción de la
referencia o, en su defecto, negar el amparo deprecado.

25. El Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, la Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional, Judith Stefany García Marchena y Yuli Esther Marchena
Arroyo no emitieron ningún pronunciamiento, a pesar de que fueron debidamente
notificados del auto admisorio de la presente acción.

Sentencia impugnada

26. El 23 de julio de 2026, la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró
improcedentes las acciones de tutela formuladas por Nohelia Castro Ramírez y

2
El 29 de abril de 2026, la Sección Cuarta del Consejo de Estado admitió la acción de tutela en contra del Tribunal
Administrativo del Atlántico y vinculó al ministro de Defensa, al director de la Policía Nacional, al director general de la Caja
de Sueldos de la Policía Nacional y a las señoras Claudia Durango Pérez, a Judith Stefany García Marchena y a Yuli Esther
Marchena Arroyo.
Posteriormente, el 5 de junio de 2026, se acumuló a la presente acción la solicitud de amparo con radicado 11001-03-15-000-
2026-03237-00, debido a que ambos procesos se dirigían contra el Tribunal Administrativo del Atlántico y pretendían dejar
sin efectos la sentencia proferida el 20 de junio de 2025, dictada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 08001-33-33-003-2014-00005-00/01. En consecuencia, se admitió la acción de tutela formulada por la señora
Claudia Milena Durango Pérez y, además, se negó la medida provisional solicitada por aquella.

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Demandante: Nohelia Castro Ramírez y otra

Claudia Durango Pérez. Para sustentar su decisión, frente a la primera de las
mencionadas, determinó que no se cumplía con el requisito general de relevancia
constitucional, comoquiera que la discusión sobre la sustitución de la asignación de
retiro ya había sido planteada y resuelta por la autoridad judicial accionada en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

27. En esa medida, consideró que no era posible volver a examinar dicha
controversia, toda vez que la acción de tutela no puede emplearse como una
instancia adicional para obtener una opinión jurídica diversa o tratar de imponer una
decisión distinta a la adoptada por el juez natural de la causa.

28. Adicionalmente, descartó el desconocimiento de la sentencia proferida el 18
de septiembre de 2025 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en el proceso con radicado 63001-23-33-000-2018-00190-01 (2018-2021),
debido a que esta fue dictada con posterioridad a la providencia que se discute, de
manera que no podía exigírsele su aplicación a la autoridad judicial accionada.

29. Ahora, en relación con las pretensiones de la señora Claudia Durango
Pérez, el fallador de primera instancia consideró que no se encontraba acreditada
la exigencia de subsidiariedad, comoquiera que la actora contaba con otro
mecanismo judicial, esto es, la solicitud de adición de la sentencia, prevista en el
artículo 287 del Código General del Proceso.

30. Al respecto, explicó que ese medio resultaba idóneo y eficaz, porque la
señora Durango Pérez podía pedir a la autoridad judicial demandada que se
pronunciara sobre el argumento que expuso en su escrito de apelación y que estima
que no fue resuelto en la sentencia cuestionada, en cuanto al reproche relacionado
con haberse accedido parcialmente a las pretensiones de la señora Nohelia Castro
Ramírez con fundamento en pruebas aportadas con la contestación de la demanda
de CASUR, a pesar de que esta había sido declarada extemporánea.

Impugnación

31. La señora Nohelia Castro Rampirez impugnó el fallo de primera instancia,
para lo cual afirmó que con la acción de tutela pretendía discutir dos aspectos de la
sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Atlántico, a saber: el
reconocimiento de la prestación de manera proporcional al tiempo de convivencia y
el reconocimiento de la prestación a partir de la muerte del causante.

32. Frente al primero, indicó que no profundizaría en argumentos para
controvertir esta decisión, comoquiera que no constituyó el núcleo fundamental de
la acción. Sin embargo, en cuanto al segundo aspecto, relacionado con la fecha a
partir de la cual debe reconocerse el derecho, aclaró que si bien es cierto que la
providencia invocada como desconocida fue proferida con posterioridad a la
sentencia discutida, también lo es que el referido pronunciamiento se fundamentó
en sentencias previas dictadas por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, estas son, las sentencias dictadas en los procesos 08001-23-
33-000-2012-0022-01 (1292-2015), 23001-23-33-000-2014-00165-01 (1871-2017)
y 15001-23-33-000-2013-00557-01 (3479-2015), en las cuales se determinó que el

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(acumulado 11001-03-15-000-2026-03738-00)
Demandante: Nohelia Castro Ramírez y otra

reconocimiento se haría a partir de la ejecutoria de la sentencia dada la inactividad
de la parte actora.

33. Al respecto, manifestó que su comportamiento siempre fue diligente tanto
en la actuación administrativa como en el proceso judicial, pues había presentado
las solicitudes de reconocimiento de pensión, había interpuesto el recurso de
reposición y había presentado la demanda. Aclaró que la mora en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho que duró más de 10 años no obedeció a su
voluntad.

34. Por su parte, la señora Claudia Milena Durango Pérez también impugnó el
fallo de primera instancia, toda vez que la solicitud de adición de sentencia prevista
en el artículo 287 del Código General del Proceso no era un mecanismo idóneo ni
eficaz frente al defecto reprochado, pues procedía únicamente para suplir omisiones
del fallo y no para modificar la valoración probatoria, excluir pruebas o dejar sin
efecto una decisión. Agregó que el reproche no consistía en una omisión del
Tribunal Administrativo del Atlántico, sino en un defecto sustancial en la valoración
probatoria, al haber fundado la decisión en documentos aportados con una
contestación de demanda declarada extemporánea.

35. Alegó que exigir el agotamiento de la petición de adición imponía una carga
procesal desproporcionada, porque dicho mecanismo carecía de idoneidad para
reparar la lesión alegada. Indicó que dicho instrumento no constituía un recurso apto
para modificar la valoración probatoria, excluir pruebas indebidamente apreciadas
o revocar el sentido del fallo, por lo que la vulneración al debido proceso no podía
ser corregida mediante dicha solicitud.

36. Finalmente, manifestó que los documentos aportados con la contestación
de la demanda declarada extemporánea no podían servir de sustento probatorio de
la decisión, pues dicha contestación se tenía por no presentada en debida forma.
Señaló que el Tribunal Administrativo del Atlántico había sustentado la decisión en
documentos cuya incorporación al proceso resultaba jurídicamente cuestionable y
que ello configuraba el defecto fáctico.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

37. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.

Cuestión previa

38. En caso de encontrarse superadas las exigencias generales de
procedibilidad, la Sala estima necesario precisar que estudiará de forma conjunta
los defectos fáctico y procedimental invocados por la señora Claudia Milena
Durango Pérez, comoquiera que la discusión recae en que la autoridad accionada

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adoptó su decisión con base en los elementos probatorios obrantes en el expediente
administrativo que aportó CASUR con la contestación, a pesar de que esta se
presentó extemporáneamente.

Problema jurídico

39. Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar el fallo proferido
el 23 de julio de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la
cual declaró improcedente la acción de la referencia, por no superarse los requisitos
generales de relevancia constitucional y subsidiariedad. En caso de una respuesta
negativa a lo anterior, deberá examinarse si la sentencia dictada por el Tribunal
Administrativo del Atlántico vulneró los derechos fundamentales al debido proceso
y acceso a la administración de justicia de las señoras Nohelia Castro Ramírez y
Claudia Milena Durango Pérez.

Procedibilidad de la acción de tutela

40. La Sala revocará parcialmente la sentencia dictada por la Sección Cuarta
de esta corporación, al encontrar acreditados los requisitos generales de relevancia
constitucional, en relación con el cargo sobre el desconocimiento del precedente
judicial formulado por la señora Nohelia Castro Ramírez; y de subsidiariedad,
conforme a los argumentos que se exponen a continuación:

41. Contrario a lo determinado por el juez de primera instancia, la Sala
considera que se encuentra satisfecho el requisito de relevancia constitucional, en
relación con la causal de desconocimiento del precedente judicial, comoquiera que
la señora Nohelia Castro Ramírez al estructurar la causal mencionada no solo citó
el pronunciamiento que en su criterio fue desconocido por parte del Tribunal
Administrativo del Atlántico, sino que desarrolló los argumentos por los cuales
estimó que aquella autoridad había incurrido en esa irregularidad.

42. Adicionalmente, la controversia planteada no se circunscribe a una
discrepancia frente a la interpretación o aplicación de las normas que regulan la
prestación reclamada, ni pretende reabrir, por vía de tutela, el debate propio del
proceso ordinario, sino que busca exponer una situación que reviste importancia
constitucional, en la medida que se cuestiona si la autoridad judicial accionada, al
determinar el momento a partir del cual debía hacerse efectivo el reconocimiento
prestacional, desconoció una regla jurisprudencial que, de resultar aplicable al caso,
habría incidido directamente en la situación jurídica de la accionante. Por tanto, el
reproche se vincula de manera concreta con la posible afectación de los derechos
fundamentales al debido proceso e igualdad.

43. Igualmente, la Sala no comparte la conclusión a la que arribó la Sección
Cuarta, respecto al incumplimiento de la exigencia de subsidiariedad, consistente
en que la señora Claudia Milena Durango Pérez dispone de otro mecanismo como
lo es la solicitud de adición de la sentencia, dado que los cargos formulados por la
señora Durango Pérez podrían incidir en la decisión adoptada por el Tribunal
Administrativo del Atlántico.

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(acumulado 11001-03-15-000-2026-03738-00)
Demandante: Nohelia Castro Ramírez y otra

44. Al respecto, se observa que la accionante cuestiona que la autoridad
mencionada hubiese sustentado el reconocimiento de la prestación a favor de
Nohelia Castro Ramírez en las pruebas contenidas en el expediente administrativo
aportado por CASUR con la contestación de la demanda, pese a que esta fue
presentada de manera extemporánea. Por tanto, el reproche no se limita a señalar
una omisión o un aspecto formal susceptible de ser integrado mediante una
providencia complementaria, sino que plantea un cuestionamiento acerca de la
validez de la actuación procesal y de la incidencia que tuvo determinado material
probatorio en la formación de la decisión judicial.

45. En ese sentido, la solicitud de adición no resultaría idónea para obtener la
modificación de la decisión adoptada por el Tribunal, dado que aquel no puede
utilizar el mecanismo de adición para reformar o revocar su propia decisión, en
atención a la regla prevista en el artículo 285 del Código General del Proceso,
conforme a la cual «la sentencia no es reformable ni revocable por el juez que la
pronunció».

46. En consecuencia, la Sala estima que Claudia Milena Durango Pérez no
tiene a su alcance otro instrumento de defensa judicial para ventilar la inconformidad
que hoy pone de presente en esta instancia constitucional, relativa a los defectos
fáctico y procedimental, razón por la cual se encuentra acreditado el requisito
general de subsidiariedad.

47. Adicionalmente, se precisa que la solicitud de amparo superó los demás
requisitos de procedencia, ya que (1) se tiene acreditada la legitimación, tanto activa
como pasiva, puesto que las señoras Nohelia Castro Ramírez y Claudia Milena
Durango Pérez son las titulares de las garantías constitucionales que se invocan
como vulneradas y el Tribunal Administrativo del Atlántico fue la autoridad que
profirió la decisión que se cuestiona en el escrito de amparo; (2) las acciones de
tutela se presentaron el 27 de abril de 2026 y el 14 de mayo de igual anualidad, es
decir, dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la sentencia del 20 de
junio de 20253; (5) la irregularidad procesal que se cuestiona podría incidir en la
decisión; (6) se identificaron razonablemente los hechos y argumentos con
fundamento en los cuales se alega la vulneración de derechos fundamentales; y (7)
la tutela no se interpone contra una providencia de igual naturaleza.

48. En ese orden de ideas, la Subsección concluye que la acción de tutela es
procedente, por lo que revocará parcialmente la decisión de primera instancia y, en
ese sentido, estudiará el fondo los defectos cuya procedencia fueron analizados en
párrafos previos.

Análisis de la vulneración alegada: Estudio de los defectos

49. Las señora Nohelia Castro Ramírez afirmó que el Tribunal Administrativo
del Atlántico, con ocasión de la expedición de la sentencia del 20 de junio de 2025,
incurrió en desconocimiento del precedente judicial, comoquiera que se apartó de
la tesis acogida en la providencia emitida el 18 de septiembre de 2025 por la

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Al respecto, se advierte que la anterior providencia fue notificada por mensaje de datos el 6 de febrero de 2026.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03237-01
(acumulado 11001-03-15-000-2026-03738-00)
Demandante: Nohelia Castro Ramírez y otra

Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el proceso con
radicado 63001-23-33-000-2018-00190-01 (2018-2021), al reconocer la sustitución
pensional a partir de la ejecutoria de la sentencia cuestionada y desconocer que fue
diligente en la búsqueda del reconocimiento de la prestación pretendida.

50. Por su parte, la señora Claudia Milena Durango Pérez sostuvo que la
providencia cuestionada incurrió en las causales de defecto fáctico y procedimental,
al considerar que la autoridad judicial precitada valoró indebidamente el expediente
administrativo y los documentos aportados por CASUR con una contestación de la
demanda presentada extemporáneamente.

51. Pues bien, para resolver las anteriores inconformidades, la Sala considera
necesario analizar los argumentos en que se apoyó el Tribunal Administrativo del
Atlántico para adoptar la decisión cuestionada. Al respecto, se advierte que aquella
corporación en la providencia censurada valoró los registros civiles de defunción del
señor Carlos Alberto García García, de matrimonio entre Carlos Alberto García
García y Nohelia Castro Ramírez, celebrado el 12 de mayo de 1990, de nacimiento
de Erik Dwan García Castro, quien es hijo del causante y la señora Castro Ramírez;
el expediente administrativo, las declaraciones extrajuicios rendidas por el señor
García García y las señoras María Eugenia López Galindo y Nohora Esperanza
Galván Hernández y el testimonio rendido por esta última en la audiencia de
pruebas.

52. A partir de las anteriores pruebas, el Tribunal concluyó que Nohelia Castro
Ramírez y Carlos Alberto García García contrajeron matrimonio en 1990,
convivieron y procrearon un hijo, aunque el causante se ausentaba por temporadas
debido a sus traslados laborales. Además, encontró acreditado que
aproximadamente desde el año 2007 inició una relación sentimental con Claudia
Durango Pérez, con quien tuvo una hija y convivió en San Pedro de Urabá.

53. En eso términos, consideró que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional no valoró con el mismo rasero las situaciones de las reclamantes, pues
para conceder el derecho a Claudia Durango Pérez estimó suficiente la declaración
del causante para acreditar la convivencia, mientras que respecto de Nohelia, pese
a la existencia de la misma manifestación ante notario, estimó acreditada la
dependencia económica, pero no la convivencia. Además, desconoció otras
declaraciones extraprocesales que corroboraban la convivencia entre los cónyuges.

54. Indicó que existen hechos indicadores que demuestran la existencia de la
cohabitación, como son, la ausencia de divorcio legalmente constituido, la
permanente manutención, la inclusión continua como beneficiaria en los servicios
de salud y la manifestación de que mantuvo el matrimonio por espacio de 19 años.
Por consiguiente, concluyó que existió convivencia simultánea del señor Carlos
Alberto García García con las señoras Nohelia Castro Ramírez y Claudia Durango
Pérez, razón por la cual se posibilita el reconocimiento de la pensión en igualdad de
porcentajes, en tanto acreditaron convivencia en los últimos cinco años anteriores
al fallecimiento del causante.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03237-01
(acumulado 11001-03-15-000-2026-03738-00)
Demandante: Nohelia Castro Ramírez y otra

55. Adicionalmente, aclaró que a pesar de que no se invocaron causales de
anulación en la demanda, de la lectura integral de la demanda podían interpretarse
las censuras imputables a la actuación administrativa. Por último, consideró que el
pago de la sustitución pensional no podía ordenarse desde la fecha del
fallecimiento, pues la prestación había sido pagada de manera total a la compañera
permanente con respaldo en la presunción de legalidad del acto administrativo y las
mesadas se presumían recibidas de buena fe. Por ello, modificó la sentencia de
primera instancia y dispuso que el pago de las mesadas a la señora Nohelia Castro
Ramírez se iniciaría a partir de la fecha de ejecutoria de esa providencia.

56. Efectuado el anterior recuento, se repara en que la señora Nohelia Castro
Ramírez alegó el desconocimiento de la sentencia proferida el 18 de septiembre de
2025 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del
proceso identificado con radicado 63001-23-33-000-2018-00190-01 (2018-2021),
en la que, según la accionante, se habría establecido que el reconocimiento de la
sustitución pensional debía efectuarse desde una oportunidad distinta a la fijada en
la providencia cuestionada.

57. Sin embargo, debe precisarse que aquel pronunciamiento fue expedido con
posterioridad a la sentencia objeto de tutela, esto es el 20 de junio de 2025. En
consecuencia, para el momento en que se adoptó la decisión cuestionada, la
providencia invocada por la accionante aún no existía, por lo que no podría
configurarse la inobservancia alegada.

58. Además, si bien es cierto que la parte actora, en el escrito de impugnación,
puso de presente que en la providencia invocada se mencionaron algunos
pronunciamientos emitidos por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado con anterioridad al fallo que aquí se discute, lo cierto es que esto no fue
planteados en esos términos en el escrito de tutela, lo que impidió que le juez de
primera instancia se pronunciara sobre el particular y, en todo caso, aquellos no
constituyen precedente judicial en los términos de la Ley 1437 de 2011 y que, en
esa medida, haga obligatoria la aplicación de la tesis allí acogida.

59. Además, la Sala observa que el Tribunal no prescindió de consideraciones
constitucionalmente relevantes al determinar la fecha a partir de la cual debía
reconocerse el pago de la sustitución pensional a la señora Castro Ramírez, sino
que, por el contrario, en ejercicio de su autonomía e independencia judicial, examinó
expresamente las consecuencias que tendría ordenar el pago retroactivo de la
prestación en una situación en la que la administración ya había efectuado el
desembolso de las mesadas a la compañera permanente, en cumplimiento de actos
administrativos amparados por la presunción de legalidad.

60. En ese sentido, la autoridad accionada consideró que ordenar nuevamente
el pago de las mesadas correspondientes a períodos ya satisfechos desconocería
que estas habían sido recibidas de buena fe y podría generar un detrimento del
patrimonio público. Así lo expresó al señalar que:

«le asiste razón al apoderado de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, en cuanto
al reconocimiento con efectos retroactivo del derecho, en tanto de ordenarse el pago de la
sustitución pensional desde la fecha del fallecimiento del causante, se desconocería que la

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(acumulado 11001-03-15-000-2026-03738-00)
Demandante: Nohelia Castro Ramírez y otra

prestación ha sido pagada de manera total a la compañera permanente con respaldo en la
presunción de legalidad de ese acto administrativo, además de que también se presumen
recibidas las mesadas de buena fe, sin perder de vista que implicaría un detrimento del patrimonio
público».

61. A partir de lo anterior, la sentencia de primera instancia y dispuso que el
pago de las mesadas a favor de la señora Nohelia Castro Ramírez se iniciaría a
partir de la fecha de ejecutoria de la providencia, por lo que la decisión cuestionada
no evidencia una omisión de razones constitucionalmente relevantes para sustentar
la determinación sobre los efectos económicos del reconocimiento pensional.

62. Lo anterior resulta particularmente relevante porque demuestra que el
Tribunal no enfrentó derechos fundamentales contra simples intereses
administrativos. La decisión cuestionada se apoyó en bienes y principios que
también poseen relevancia constitucional, como ocurre con la sostenibilidad
financiera del sistema de seguridad social, expresamente reconocida por la
jurisprudencia constitucional como un elemento que debe ser considerado por las
autoridades judiciales al adoptar decisiones con incidencia prestacional4.

63. Desde esta perspectiva, debe precisarse que la acción de tutela contra
providencias judiciales no fue concebida para que el juez constitucional sustituya el
juicio de ponderación realizado por el juez competente cada vez que una de las
partes considere que los principios constitucionales concurrentes debieron
resolverse de manera diferente. La intervención excepcional únicamente resulta
procedente cuando la decisión adoptada carece por completo de fundamento
constitucional o cuando la ponderación efectuada resulta manifiestamente
irrazonable, circunstancias que no se encuentran configuradas en el asunto bajo
examen.

64. Ahora, en relación con los cargos relativos al defecto fáctico y procedimental
alegados por la señora Claudia Durango Pérez, relacionados con la valoración de
las pruebas obrantes en el expediente administrativo para reconocer la sustitución
pensional a la señora Nohelia Castro Ramírez, la Sala considera que el Tribunal
Administrativo del Atlántico no incurrió en error al valorar las pruebas recaudadas
en sede administrativa, pues la remisión de los antecedentes administrativos
constituye un deber de las entidades de derecho público, consagrado en el
parágrafo 1.º del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, y no se encuentra
condicionado a la presentación oportuna de la contestación de la demanda.

65. Por tanto, la presentación extemporánea de la contestación de la demanda
no impedía que la corporación accionada examinara las actuaciones y pruebas que
integraban el expediente administrativo, pues estas hacían parte de los
antecedentes del acto administrativo sometido a control judicial. Además, se
destaca que la autoridad judicial accionada, para verificar el cumplimiento del
requisito de convivencia, no se apoyó exclusivamente en dichos elementos, sino
también en el testimonio rendido por la señora Nohora Esperanza Galvan durante
audiencia de pruebas del 11 de mayo de 2022. En consecuencia, la valoración
efectuada por el Tribunal de los elementos obrantes en dicho expediente no permite
concluir la configuración de las causales específicas invocadas.

4 Véanse las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-140 de 2019 de la Corte Constitucional.

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(acumulado 11001-03-15-000-2026-03738-00)
Demandante: Nohelia Castro Ramírez y otra

66. Finalmente, respecto del cargo de violación directa de la Constitución
Política, la Sala considera que las razones expuestas para sustentar la presunta
transgresión del derecho consagrado en el artículo 29 superior está relacionada con
los anteriores defectos, de manera que el análisis efectuado en los argumentos
expuestos en precedencia resulta suficiente para desvirtuar la causal específica
precitada.

67. De otra parte, la Sala aclara que no emitirá pronunciamiento sobre la
declaratoria de improcedencia por falta de relevancia constitucional respecto del
porcentaje en que debía distribuirse la sustitución pensional, dado que la propia
accionante manifestó en el escrito de impugnación que dicha cuestión no constituía
el núcleo esencial de su discusión y que, por tanto, no «profundizaría en argumentos
para controvertirlo». En consecuencia, al no haber sido discutido este aspecto en el
escrito de impugnación no corresponde a la Sala efectuar un análisis sobre ese
cargo.

Conclusión

68. Con base en las anteriores consideraciones, la Sala revocará parcialmente
la sentencia proferida el 23 de julio de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, para, en su lugar, negar el amparo solicitado por las señoras Nohelia Castro
Ramírez, en relación con la causal de desconocimiento del precedente judicial, y
Claudia Milena Durango Pérez, en cuanto a los defectos fáctico y procedimental.
Adicionalmente, confirmará en todo lo demás la providencia impugnada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el 23 de julio de
2026 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, para, en su lugar, negar el
amparo solicitado por las señoras Nohelia Castro Ramírez, en relación con la causal
de desconocimiento del precedente judicial, y Claudia Milena Durango Pérez, en
cuanto a los defectos fáctico y procedimental, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO. CONFIRMAR en todo lo demás la providencia impugnada.

TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

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(acumulado 11001-03-15-000-2026-03738-00)
Demandante: Nohelia Castro Ramírez y otra

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA

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