RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2018 › Radicado 23001-23-33-000-2014-00165-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2014-00165-01

Derecho a la igualdad y a la no discriminación

Fecha
10 de mayo de 2018
Consejero ponente
Sandra Lisset Ibarra Velez
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2014-00165-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR CON MODIFICACIÓN la sentencia del 9 de febrero de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, que en su ordinal primero accedió a las pretensiones de la demanda incoada por la señora Cristina Zonilla Bohórquez Guzmán contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional y declaró la nulidad de parcial de la Resolución 2547 del 19 de mayo de 1994 y la nulidad total de los actos administrativos contenidos en el oficio 1521 de 29 de septiembre de 2010 y en la Resolución 7342 del 30 de diciembre de 2010 en tanto negaron a la actora el reconocimiento de la sustitución de la asignación de retiro del señor Leovigildo Ríos Ortega y que en consecuencia le reconoció dicha prestación a la accionante, salvo el ordinal SEGUNDO que para todos los efectos quedará así: “SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, ordenar a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional; reconocer y pagar en partes iguales; 50% para la señora Elena María Gutiérrez de Ríos en calidad de cónyuge supérstite del causante, y 50% para la señora Cristina Zonilla Bohórquez Guzmán en calidad de compañera permanente de aquél, la sustitución de la asignación de retiro del señor Leovigildo Ríos Ortega a partir de la ejecutoria de la presente decisión. Las sumas reconocidas serán canceladas por la entidad demandada y deberán ser actualizadas de acuerdo con la fórmula establecida por esta corporación”. SEGUNDO: REVOCAR los ordinales TERCERO y SEXTO de la parte resolutiva de la sentencia impugnada, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia y en su lugar, no condenar en costas a la parte vencida. TERCERO: Por intermedio de la Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, y déjense las constancias respectivas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 23001-23-33-000-2014-00165-01

Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Velez

10 de mayo de 2018

DERECHO A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN / RECONOCIMIENTO Y PAGO COMPARTIDO DE LA SUSTITUCIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE RETIRO DE AGENTE DE LA POLICÍA NACIONAL DE LA COMPAÑERA PERMANENTE Y DE LA CÓNYUGE

De la anterior disposición [artículo 132 del Decreto 1213 de 1990] se colige que dentro del orden de beneficiarios de la asignación de retiro, la compañera permanente del agente fallecido no se encuentra señalada; sin embargo, ha de entenderse que está contemplada en la citada normatividad, por mandato del artículo 13 y 42 de la Constitución Política. (…) La aplicación e interpretación de la mencionada normatividad debe hacerse atendiendo lo previsto en la Constitución Política de 1991, a partir de la cual tomó especial importancia bajo un marco de igualdad jurídica y social, la familia constituida por vínculos naturales, que para su protección, es irrelevante su origen o fuente de conformación bien sea matrimonio o unión de hecho NOTA DE RELATORÍA: Sobre el reconocimiento de la sustitución pensional a la compañera permanente de agente de la Policía Nacional ,ver: sentencia de 31 de enero de 2008, expediente No. 0437-00, M. P. Dr. Alfonso Vargas Rincón; Corte Constitucional C-595 de 1996, T-660 de 1998

RATIFICACIÓN DEL TESTIMONIO EN SEDE JUDICIAL / DECLARACIONES EXTRAPROCESO – Valor probatorio / PRUEBA DEL VÍNCULO ENTRE COMPAÑEROS PERMANENTES / SANA CRÍTICA – Aplicación

Respecto a la ratificación de testimonios, esta Sección ha señalado, que aun cuando se ha predicado que la validez de las declaraciones extraprocesales allegadas dentro de un proceso judicial se encuentra sujeta a la citación de la parte contraria, a la posterior ratificación de las mismas o a aquellos casos en los que exclusivamente la ley les habilita como prueba sumaria -como garantía procesal que milita a favor de la parte contraria en virtud del derecho de contradicción y de defensa-, éstas pueden ser tenidas en cuenta, en los eventos en que hayan sido de pleno conocimiento de la parte demandada, ya sea desde el agotamiento del procedimiento administrativo, o en la instancia judicial pertinente.(…) la ratificación de las declaraciones extra procesales no es necesaria en relación con lo expuesto por terceros para efectos de acreditar la existencia del vínculo de compañeros permanentes; sin embargo este hecho no significa que su admisión, requisitos y valoración judicial deba adelantarse bajo criterios menos estrictos; toda vez que, a dichos elementos de prueba les resultan aplicables las exigencias establecidas para los documentos emanados de terceros, esto es, el cumplimiento de los requisitos para las pruebas documentales y en tal virtud, al momento de su valoración el juzgador debe aplicar las reglas de la sana crítica con la rigurosidad de la prueba testimonial. NOTA DE RELATORÍA: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 15 de febrero de 2012, Consejero Ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, radicado 11001-03-15-000-2012-00035-00

SUSTITUCIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE RETIRO DE AGENTE DE LA POLICÍA NACIONAL A LA COMPAÑERA PERMANENTE Y A LA CÓNYUGE – Pago compartido

Al estar acreditado, de un lado, el vínculo matrimonial vigente al momento del fallecimiento del señor extinto agente retirado Leovigildo Ríos Ortega que de acuerdo con el artículo 132 del Decreto 1213 de 1993 da la cónyuge el derecho a la sustitución, y de otro, la convivencia con la compañera permanente durante más de 5 años anteriores a la fecha de la muerte, la Sala resolverá el caso bajo análisis siguiendo la solución dada por el a quo a la presente controversia, esto es, ordenando que la sustitución de la asignación de retiro del causante sea reconocida en partes iguales del 50% en favor de la demandante y de la señora Elena María Gutiérrez de Ríos.

SUSTITUCIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE RETIRO A LA COMPAÑERA PERMANENTE EN LA POLICÍA NACIONAL – Reconocimiento a partir de la ejecutoria de la decisión judicial

La Sala estima que será a partir de la ejecutoria de la presente decisión que surtirá efectos la declaratoria de la existencia de la relación de compañeros permanentes entre la accionante y el ex policial fallecido, y el reconocimiento del derecho reclamado en partes iguales para las señoras Cristina Zonilla Bohórquez Guzmán y Elena María Gutiérrez de Ríos. (…) En virtud de lo anterior, se revocará el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia impugnada, en tanto que declaró probada la excepción de prescripción respecto de las mesadas causadas a favor de la demandante con antelación al 28 de julio de 2006, y en su lugar, se señalará que los efectos de la prestación reconocida correrán desde la ejecutoria de la presente decisión.

FUENTE FORMAL: DECRETO 097 DE 1989 / DECRETO 1213 DE 1990 / LEY 923 DE 2004 / DECRETO 4433 DE 2004 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 188

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: SANDRA LISSET IBARRA VELEZ

Bogotá D.C., diez (10) de mayo de dos mil dieciocho (2018).

Radicación número: 23001-23-33-000-2014-00165-01(1871-17)

Actor: CRISTINA ZONILLA BOHÓRQUEZ GUZMÁN

Demandado: CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL, CASUR Y ELENA MARÍA GUTIÉRREZ DE RÍOS.

Asunto: Sustitución asignación de retiro en favor de compañera permanente.

FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA – LEY 1437 DE 2011

I. ANTECEDENTES

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la litisconsorte necesaria, contra la sentencia del 9 de febrero de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, que accedió a las pretensiones de la demanda formulada por la señora Cristina Zonilla Bohórquez Guzmán contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional tendiente a obtener la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales se le negó el reconocimiento y pago de la sustitución de asignación mensual de retiro que tenía reconocida el señor Agente (f) Leovigildo Ríos Ortega .

1. LA DEMANDA

1.1. Pretensiones.-

Cristina Zonilla Bohórquez Guzmán, actuando a través de apoderada, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra CASUR, en la que solicitó declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) Oficio 1521/CST-SDP de 29 de septiembre de 2010, y ii) Resolución 007342 de 30 de diciembre de 2010, expedidos por CASUR, a través de las cuales se negó el reconocimiento de la sustitución de la asignación de retiro y la última rechazó un recurso de reposición interpuesto confirmando la decisión inicial.

Como consecuencia de la nulidad y a título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada reconocer, liquidar y pagar la sustitución de asignación de retiro, conforme a lo previsto en el artículo 132 del Decreto 1213 de 1990, con las mesadas adicionales y los reajustes a partir de 1993, en calidad de compañera permanente supérstite del Agente Leovigildo Ríos Ortega (q.e.p.d.).

Así mismo reclamó la actualización de la condena, el cumplimiento de la sentencia, la liquidación de los intereses comerciales en aplicación de los artículos 192 y 195 del C.C.A (sic) y que se imponga a la demandada el pago de las costas y agencias en derecho.

1.2. Fundamentos fácticos.-

La Sala resume los hechos de la demanda de la siguiente manera:

Afirmó que al Agente Leovigildo Ríos Ortega le fue reconocida asignación de retiro, por medio de la Resolución 3359 de 13 de octubre de 1989 y que falleció el 19 de julio de 1993.

Adujo que convivió con el causante en calidad de compañeros permanentes de forma continua e ininterrumpida durante más de 8 años, unión de la que nacieron tres hijos: Víctor, Liara y Ana Cristina Ríos Bohórquez.

Indicó que al fallecer el señor Leovigildo Ríos Ortega, su cónyuge, esto es, la señora Elena María Gutiérrez de Ríos, y la accionante en condición de compañera permanente, solicitaron ante CASUR la cuota de la asignación de retiro, por lo que a través de la Resolución 2547 del 19 de mayo de 1994 el ente previsional reconoció en favor de la primera, en calidad de cónyuge supérstite el 50% de la prestación que devengaba el extinto policial, otorgando el porcentaje restante a los hijos de aquél y a ella le fue negada.
Señaló que a través de la Resolución 2547 del 19 de mayo de 1994, la entidad demandada reconoció sustitución de asignación mensual de retiro en cuantía equivalente al 80% del total de la prestación que devengaba el extinto agente Leovigildo Ríos Ortega; distribuida en 50% a favor de la señora Elena María Gutiérrez de Ríos, en su condición de cónyuge supérstite del causante; y en 30% en partes iguales para los siguientes hijos reconocidos de aquél: John Jairo y Rina Luz Ríos Gutiérrez; Yasmira Inés y Keinys Ríos Blanquiceth; Víctor Manuel y Kiara Yanolys Ríos Bohórquez. Quedando pendiente por reconocer el restante 20% a las cuotas que pudieran tener derecho Ana Cristina Ríos Bohórquez, Lorena Ríos Hernández, Greis Ríos Hernández y Ronal José Ríos Hernández.

Agregó que nuevamente acudió el 28 de julio de 2010, a solicitar el reconocimiento y pago de la cuota de sustitución de asignación mensual de retiro que venía disfrutando el señor Leovigildo Ríos Ortega, la cual fue resuelta negativamente por CASUR a través del oficio 2521 del 29 de septiembre de 2010, contra el cual formuló recurso de reposición, siendo rechazado por no cumplir los requisitos de ley, mediante la Resolución 007342 del 30 de diciembre de 2010 suscrita por el director de la entidad demandada.

1.2 Normas violadas y concepto de violación.

Como disposiciones violadas citó las siguientes:

Constitución Política, artículos 13, 48 y 53; Leyes 33 de 1973, artículos 1º y 2º; 12 de 1975, artículos 1º y 2º; 44 de 1977, artículo 1º; y 71 de 1988, artículo 54; y los Decretos 777 de 1978, artículo 47 y 1160 de 1989, artículo 6º.

Como concepto de violación de las normas invocadas, la demandante consideró que los actos acusados deben ser anulados, sustentando los cargos de la siguiente manera:

Adujo que la decisión desconoce las normas que establecen el beneficio de la extensión del derecho pensional a la compañera permanente del empleado público o a los hijos de causante, pues demostró durante la actuación ante la entidad, que fue la compañera permanente del señor Ríos Ortega y que cumplió los requisitos establecidos en la normatividad vigente para que le fuera reconocida sustitución de la asignación de retiro pretendida, por haber convivido durante más de ocho (8) años con el causante.

Indicó que CASUR realizó una interpretación errónea de la norma aplicable a su situación, lo que culminó con la negativa del derecho reclamado, con el argumento de que existe un pronunciamiento definitivo sobre aquello en favor de otras personas, desconociendo que la demandante ostenta la calidad de compañera permanente del causante y en tal virtud, es beneficiaria de dicha asignación de retiro.

1.3 Contestación de la demanda.

La entidad demandada se abstuvo de dar contestación a la demanda, y la señora Elena María Gutiérrez de Ríos, vinculada al proceso como litisconsorte necesaria, a través de su apoderado se opuso a la prosperidad de las pretensiones incoadas por la parte actora por cuanto consideró que no es cierto lo expuesto en las declaraciones extrajuicio aportadas por la accionante para demostrar su derecho, sin señalar razones específicas para ello.

1.4. La sentencia apelada.

El Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante sentencia de 9 de febrero de 2017 declaró la nulidad de los actos demandados y la nulidad parcial de la Resolución 2547 del 19 de mayo de 1994.

Señaló que la norma aplicable a la situación objeto de controversia es el Decreto 1213 de 1990, porque el fallecimiento del causante acaeció el 19 de julio de 1993.

Consideró que el criterio definido por la norma y la jurisprudencia para determinar el beneficiario de la pensión de sobrevivientes, en los casos de concurrencia entre compañera permanente y cónyuge supérstite tiene que ver con la convivencia caracterizada por la clara e inequívoca vocación de estabilidad y permanencia con el causante.

A partir del análisis de las pruebas documentales y testimoniales arrimadas al proceso concluyó que tanto la demandante, en calidad de compañera permanente, como la señora Elena María Gutiérrez de Ríos, en su condición de cónyuge hicieron vida en común con el causante, lo que conlleva a que les asista derecho al reconocimiento de la sustitución pensional, toda vez que acreditaron haber tenido con aquél, relaciones de afecto y apoyo mutuo durante sus últimos años de su vida.

Finalmente, declaró de oficio probada al excepción de prescripción respecto de las mesadas pensionales causadas a favor de la demandante con anterioridad al 28 de julio de 2006, conforme lo establece el Decreto 1213 de 1990; y condenó en cosas a la parte demandada, en cumplimiento de lo previsto por los artículos 188 del C.P.A.C.A y 366 del Código General del Proceso, teniendo en cuenta que la parte actora se vio en la necesidad de asumir el pago de honorarios y gastos procesales.

. El recurso de apelación.

Dentro de esta oportunidad procesal únicamente el apoderado de la señora Elena María Gutiérrez de Ríos, vinculada al proceso como litisconsorte necesaria interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 9 de febrero de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba; sustentando su inconformidad en que la demandante no probó la convivencia simultánea durante los cinco años anteriores a la muerte del causante, ya que aunque aportó declaraciones extra proceso de los señores Rosario Salcedo Ávila, Manuel Escobar Guzmán y Manuel Páez García para ello, dichas pruebas fueron incorporadas y valoradas por el a quo como documentales; y adicionalmente, no fueron ratificadas conforme lo disponen los artículos 187 y 222 del Código General del Proceso por lo que carecen de eficacia probatoria.

Adujo que las declaraciones rendidas por Angélica Martínez Ávila y Robert Dimas Doria corren la misma suerte que las referidas, aunado a que no fueron presentadas oportunamente con la demanda, conforme lo disponen los artículos 82 y 173 del Código General del Proceso, ya que hacen parte de un cuaderno administrativo que nunca fue puesto en conocimiento de las partes.

1.6. Alegatos en segunda instancia y concepto del Ministerio Público.

Dentro de esta etapa procesal, la parte demandante y la litisconsorte necesaria allegaron escritos de alegaciones finales, donde reiteraron los argumentos esgrimidos en el recurso de apelación y en primera instancia, respectivamente.

El Ministerio Público se abstuvo de rendir concepto en la causa.

Agotada como se encuentra la instancia, sin observar causales de nulidad que invaliden lo actuado, la Sala procede a resolver el asunto, para lo cual se tienen en cuenta las siguientes

CONSIDERACIONES

Planteamiento del problema jurídico

Atendiendo a los motivos de oposición aducidos por la litisconsorte necesaria en calidad de apelante único y conforme al material probatorio obrante en el expediente, se extrae que en el sub-lite el problema jurídico se contrae a determinar:

Si es procedente reconocer en forma exclusiva sustitución de asignación de retiro a favor de la cónyuge supérstite, cuando por sentencia judicial se ordenó compartirla con la compañera permanente del causante en fracciones iguales de 50%, y se alega que la prueba de la convivencia de ésta son declaraciones extra procesales cuya ratificación no fue realizada en sede judicial.

Para el efecto, la Sala decidirá el asunto sometido a su consideración en el siguiente orden: (i) Marco normativo y jurisprudencial en materia de sustitución pensional de los agentes de la Policía Nacional; (ii) De la prueba testimonial y su ratificación en sede judicial; y (iii) Del caso concreto.

i) Marco normativo y jurisprudencial en materia de sustitución pensional de los agentes de la Policía Nacional.

El derecho a la sustitución pensional está instituido como un mecanismo de protección para los familiares del trabajador pensionado, ante el posible desamparo en que puedan quedar por razón de la muerte de éste pues al ser beneficiarios del producto de su actividad laboral, traducido en la mesada pensional, dependen económicamente de la misma para su subsistencia. Es decir, constituye una protección directa a la familia, cualquiera que sea su origen o fuente de conformación, matrimonio o unión de hecho.

El Decreto 097 de 1989, mediante el cual se reorganizó la carrera de agentes de la Policía Nacional, reguló la sustitución de la asignación de retiro en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 128. A la muerte de un Agente de la Policía Nacional en goce de asignación de retiro o pensión, sus beneficiarios en el orden y proporción establecidos en el presente estatuto, tendrán derecho a una pensión mensual pagadera por el Tesoro Público o por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional equivalente en todo caso a la totalidad de la prestación que venía gozando el causante.

Así mismo, el cónyuge y los hijos hasta la edad de veintiún (21) años tendrán derecho a que el Gobierno les suministre asistencia médica quirúrgica, odontológica, servicios hospitalarios y farmacéuticos mientras disfruten de la pensión decretada con base en los servicios del Agente fallecido.
PARÁGRAFO 1o. El Gobierno establecerá tarifas variables para la prestación de los servicios asistenciales a los beneficiarios de los Agentes de la Policía Nacional, fallecidos en goce de asignación de retiro o pensión.
PARÁGRAFO 2o. Si el Agente muriere sin haber cobrado sus prestaciones sociales por retiro, éstas se cancelarán en el orden de beneficiarios establecidos en este estatuto”.

El orden de beneficiarios a que se refiere la disposición trascrita corresponde al regulado en el artículo 130 ídem, dentro del cual no se contempló a los compañeros permanentes, como a continuación se señala:

“ARTÍCULO 130. ORDEN DE BENEFICIARIOS. Las prestaciones sociales por causa de muerte de un Agente de la Policía Nacional en servicio activo o en goce de asignación de retiro o pensión, se pagarán según el siguiente orden preferencial:

a) La mitad al cónyuge sobreviviente y la otra mitad a los hijos del causante, en concurrencia estos últimos en las proporciones de ley;

b) Si no hubiere cónyuge sobreviviente la prestación se dividirá por partes iguales entre los hijos;

c) A falta de hijos las prestaciones corresponden al cónyuge;

d) Si no hubiere cónyuge sobreviviente ni hijos, las prestaciones se dividirán entre los padres, así:

-Si el causante es hijo legítimo llevan toda la prestación los padres.

-Si el causante es hijo adoptivo pleno, la totalidad de la prestación corresponde a los padres adoptantes en igual proporción.

-Si el causante es hijo adoptivo simple, la prestación se dividirá proporcionalmente entre los padres adoptantes y los padres de sangre.

-Si el causante es hijo extramatrimonial la prestación se dividirá en partes iguales entre los padres.

-Si el causante es hijo extramatrimonial con adopción plena, la totalidad de la prestación corresponde a los padres adoptivos en igual proporción.

-Si no concurriere ninguna de las personas indicadas en este artículo, llamadas en el orden preferencial establecido, la prestación se paga, previa comprobación de que el extinto era su único sostén, a los hermanos menores de edad del Agente.

-Los hermanos carnales recibirán doble porción de los que sean simplemente maternos o paternos.

-A falta de descendientes, ascendientes, hijos adoptivos, padres adoptivos, hermanos y cónyuge, la prestación corresponderá a la Caja de Sueldos de retiro de la Policía Nacional.

Estas disposiciones fueron derogadas por el Decreto 1213 de 1990, mediante el cual se estableció y reguló la carrera de los agentes de la Policía Nacional, en el cual, tanto la regulación de la asignación de retiro como la posibilidad de sustituir dicha prestación y el listado de beneficiarios, se mantuvieron en similares términos, esto es, y para lo que interesa al caso concreto, con exclusión de los compañeros permanentes.

La Ley 923 de 2004 “Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política”, estableció en el artículo 3 ibídem, los requisitos mínimos para el reconocimiento de la asignación de retiro, el derecho pensional de sobreviviente, de invalidez y sus sustituciones, en los siguientes términos:

“(…)
ARTÍCULO 3o. ELEMENTOS MÍNIMOS. El régimen de asignación de retiro, la pensión de invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los reajustes de estas, correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública, que sea fijado por el Gobierno Nacional, tendrá en cuenta como mínimo los siguientes elementos:
(…)

3.7. El orden de beneficiarios de las pensiones de sobrevivencia y de la sustitución de la asignación de retiro o de la pensión de invalidez será establecido teniendo en cuenta los miembros del grupo familiar y el parentesco con el titular (…)”.

En el numeral 3.8 de la norma se determinó el monto de la prestación, indicando que será igual a lo que venía disfrutando el titular, con excepción de los porcentajes adicionales para quienes se pensionen a partir de su vigencia. En cuanto a los beneficiarios de la sustitución pensional, la norma en cita dispuso:

“(…) 3.7. El orden de beneficiarios de las pensiones de sobrevivencia y de la sustitución de la asignación de retiro o de la pensión de invalidez será establecido teniendo en cuenta los miembros del grupo familiar y el parentesco con el titular.

En todo caso tendrán la calidad de beneficiarios, para la sustitución de la asignación de retiro o de la pensión de invalidez:

3.7.1. En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite. En caso de que la sustitución de la asignación de retiro o pensión de invalidez se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos inmediatamente anteriores a su muerte.

“…”

En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco (5) años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la sustitución de la asignación de retiro o de la pensión de invalidez o de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al numeral 3.7.1 en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco (5) años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente.
(…)”

El texto en cursiva fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=63628" \l "R" C-456 de 2015, entendiéndose que también son beneficiarios de la pensión de sobreviviente, de invalidez y de la sustitución de la asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública, la compañera o el compañero permanente del causante y que dicha pensión o sustitución se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el difunto.
Ahora bien, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 4433 de 31 de diciembre 2004 “Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública”, y previó en el artículo 1º su campo de aplicación, en los siguientes términos:

“(…) Artículo 1°. Campo de aplicación. Las disposiciones aquí contenidas se aplicarán a los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, Oficiales, Suboficiales, Personal del Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía Nacional, alumnos de las escuelas de formación de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y a los Soldados de las Fuerzas Militares, en los términos que se señalan en el presente decreto”.

Teniendo en cuenta la fecha del deceso del señor Leovigildo Ríos Ortega (19 de julio de 1993), la norma que gobierna la situación jurídica sometida a consideración es el artículo 132 del Decreto 1213 de 1990, por el cual se reforma el estatuto del personal de agentes de la Policía Nacional, expedido por el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades conferidas en la Ley 66 de 1989.

La norma referida, establece frente al tema de la sustitución lo siguiente:

“Artículo 132. (…)

Las prestaciones sociales por causa de muerte de un Agente de la Policía Nacional en servicio activo o en goce de asignación de retiro o pensión, se pagarán según el siguiente orden preferencial:

a. La mitad al cónyuge sobreviviente y la otra mitad a los hijos del causante, en concurrencia estos últimos en las proporciones de ley.
b. Si no hubiere cónyuge sobreviviente la prestación se dividirá por partes iguales entre los hijos.
c. Si no hubiere hijos, la prestación se dividirá así: - Cincuenta por ciento (50%) para el cónyuge. - Cincuenta por ciento (50%) para los padres en partes iguales.
d. Si no hubiere cónyuge sobreviviente ni hijos, las prestaciones se dividirán entre los padres, así:
• Si el causante es hijo legítimo llevan toda la prestación los padres.
-Si el causante es hijo adoptivo la totalidad de la prestación corresponde a los padres adoptantes en igual proporción.
• Si el causante es hijo extramatrimonial la prestación se dividirá en partes iguales entre los padres.
• Si el causante es hijo extramatrimonial con adopción, la totalidad de la prestación corresponde a los padres adoptivos en igual proporción.
• Si no concurriere ninguna de las personas indicadas en este artículo, llamadas en el orden preferencial establecido, la prestación se paga, previa comprobación de que el extinto era su único sostén, a sus hermanos menores de dieciocho (18) años.
• Los hermanos carnales recibirán doble porción de los que sean simplemente maternos o paternos.
• A falta de descendientes, ascendientes, hijos adoptivos, padres adoptivos, hermanos y cónyuge, la prestación corresponderá a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional”.
De la anterior disposición se colige que dentro del orden de beneficiarios de la asignación de retiro, la compañera permanente del agente fallecido no se encuentra señalada; sin embargo, ha de entenderse que está contemplada en la citada normatividad, por mandato del artículo 13 y 42 de la Constitución Política.
La Subsección “A” de la Sección Segunda de esta Corporación, mediante sentencia de 31 de enero de 2008, expediente No. 0437-00, M. P. Dr. Alfonso Vargas Rincón, analizó la evolución normativa de la protección a las compañeras permanentes, en cuanto pueden acceder a la sustitución pensional según la normatividad prevista en la Régimen General, así:
“(…) La Ley 33 de 1973 previó el derecho a la sustitución pensional a favor de la viuda. Por su parte, la Ley 12 de 1975 preceptuó en su artículo 1º que el cónyuge supérstite o la compañera permanente de un trabajador particular o de un empleado o trabajador del sector público, tendrían derecho a la pensión de jubilación si este falleciere.

Posteriormente, la Ley 71 de 1988 determinó que se extendían las previsiones de la sustitución pensional en forma vitalicia al cónyuge o a la compañera (o) permanente que dependiera económicamente del pensionado y finalmente la Ley 100 de 1993 previó como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes en forma vitalicia al cónyuge o a la compañera permanente.

Así entonces, sin duda, la legislación aplicable a los pensionados del régimen general protegieron y protegen actualmente a las (os) compañeras (os) permanentes en tanto ellos pueden acceder a la sustitución pensional, lo que lleva a la conclusión de que si la norma prevista para el régimen especial de las Fuerzas Militares contiene esa discriminación coloca en desventaja a un grupo de personas que, conforme al régimen general tienen el derecho a ser beneficiarios de la sustitución pensional, y por tal razón debe acudirse a las previsiones de la Ley 100 de 1993, máxime cuando la muerte del causante ocurrió con posterioridad a su vigencia.

Tratándose de sustitución pensional, con posterioridad a la expedición de la Ley 100 de 1993, lo que debe probarse es que se hizo vida marital cuando menos por dos años desde cuando el causante cumplió con los requisitos para tener derecho a la pensión y hasta su muerte, salvo que se haya procreado uno o más hijos con el pensionado fallecido. (…)”.

La Corte Constitucional declaró exequible el literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en el entendido de que además de la esposa o esposo, serán también beneficiarios, la compañera o compañero permanente y la pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido, en los siguientes términos:

“(…) El artículo 13 de la Ley 797 de 2003 que modifica los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, señala quiénes son los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes y contempla una serie de condiciones que deben cumplirse para que el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite tenga derecho a la pensión de sobrevivientes, en caso de que se presente la situación excepcional de la convivencia simultánea en los últimos cinco años previos al fallecimiento del causante, disposición sobre la que la Corte declara su constitucionalidad condicionada, en el entendido que además de la esposa o esposo, también es beneficiario de la pensión de sobrevivientes, el compañero o compañera permanente y dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.
(…)
El requisito de la convivencia simultánea, para determinar el beneficiario de la pensión de sobreviviente tiene que ver con la convivencia caracterizada por la clara e inequívoca vocación de estabilidad y permanencia, esto es, que ocurran al mismo tiempo la convivencia del causante con el respectivo cónyuge y con el compañero o compañera permanente durante los cinco años previos a la muerte del causante y excluye de antemano las relaciones casuales, circunstanciales, incidentales, ocasionales, esporádicas o accidentales que haya podido tener en vida el causante, como tampoco se refiere a aquellas situaciones en las cuales el causante convivió con diversas personas de forma sucesiva (no simultánea), situación que tiene su regulación especial.
(…)
La pensión de sobrevivientes es un derecho revestido por el carácter de cierto, indiscutible e irrenunciable, y constituye para sus beneficiarios un derecho fundamental.
(…)
El propósito perseguido por la Ley al establecer la pensión de sobrevivientes ha sido el de ofrecer un marco de protección a los familiares del afiliado o del pensionado que fallece, frente a las contingencias económicas derivadas de su muerte.
(…)
Teniendo en cuenta que con la pensión de sobrevinientes se garantizan derechos constitucionales de carácter fundamental, las disposiciones destinadas a regular los aspectos relacionados con esta prestación asistencial, de ningún modo, podrán incluir expresa o implícitamente tratos discriminatorios que dificulten el acceso a ésta, dada su especial dimensión constitucional.
(…)”

La aplicación e interpretación de la mencionada normatividad debe hacerse atendiendo lo previsto en la Constitución Política de 1991, a partir de la cual tomó especial importancia bajo un marco de igualdad jurídica y social, la familia constituida por vínculos naturales, que para su protección, es irrelevante su origen o fuente de conformación bien sea matrimonio o unión de hecho, como lo ha sostenido la Corte Constitucional.

Este criterio fue expresado por la Sala, en Sentencia del 28 de agosto de 2003 M. P. Dr. Jesús María Lemos Bustamante, al definir la sustitución pensional en el régimen prestacional de la Fuerza Pública.

“(…) Este cambio consiste en que debe reconocerse a la compañera permanente el derecho a la sustitución pensional. Los artículos 13 y 42 de la Constitución Política permiten afirmar la legitimidad de la compañera permanente para reclamar su derecho a la sustitución pensional. Ella goza de los mismos derechos prestacionales que le corresponden a la cónyuge supérstite, posición que fue firmada por los desarrollos normativos ulteriores en materia de régimen de personal de la Policía Nacional.

En este sentido puede verse el artículo 110 del Decreto 1029 de 1994, por el cual se expidió el Régimen de asignaciones y prestaciones para el Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, que, en lo pertinente, dice:

“(…) Si bien el Decreto 1029 de 1994, que reconoce a la familia de hecho, puede aplicarse, en principio, sólo al Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, el artículo 111 de esta misma disposición extendió los alcances del concepto de familia de hecho a todos los miembros de la Fuerza Pública, lo cual constituye una determinación que respalda el derecho de los compañeros permanentes para reclamar la sustitución pensional.”

“Se agrega a lo anterior que otras disposiciones de alcance general ya reconocían a la compañera permanente como beneficiaria de la sustitución pensional, tal como aparece en las leyes 12 de 1975 (artículo 1º), 113 de 1985 (artículo 2º), 71 de 1988 (artículo 3º) y 100 de 1993 (artículo 74). Estos desarrollos normativos permiten advertir una tendencia muy clara del derecho colombiano respecto al reconocimiento pleno de los derechos de los compañeros permanentes (…)”.

Posteriormente esta Subsección dirimió un caso similar en cuyo litigio co-existían la esposa y compañera permanente del causante, probándose la convivencia simultánea de las titulares del derecho, así:

“(…)
Así, en criterio de la Sala, debe aceptarse que el causante compartió su vida con los dos grupos familiares en forma simultánea. Constituye un hecho cierto y probado, la voluntad de Jaime Aparicio Ocampo de mantener vínculos afectivos, de apoyo mutuo, solidario y de respaldo económico con su esposa MARÍA LILIA ALVEAR CASTILLO, y a la vez con la señora FANORY PIMENTEL CULMAN, a quienes los terceros consideraban por el trato como su respectiva compañera de hogar.
La prueba testimonial con la que se acreditan los supuestos que dan muestra tanto de la convivencia con su esposa como con su compañera no fue controvertida por cada una de las interesadas, teniendo la oportunidad procesal para ello. Bajo este supuesto, valorada la prueba de acuerdo con los principios de la sana crítica, para la Sala no existen razones que induzcan a desvirtuar su contenido y a restarle valor o mérito afectando su eficacia probatoria.

(…)
Por estas razones, bajo un criterio de justicia y equidad y en consideración a que la finalidad de la sustitución pensional es la de evitar que las personas que forman parte de la familia y que dependen patrimonialmente del causante puedan quedar sumergidas en el desamparo y abandono económico, en el caso concreto, habiéndose acreditado una convivencia simultánea, se resolverá el conflicto concediendo el 50% restante de la prestación que devengaba el extinto agente Jaime Aparicio Ocampo, distribuido en partes iguales entre la cónyuge y la compañera permanente, con quienes convivió varios años antes de su muerte, procreó hijos y a quienes prodigaba ayuda económica compartiendo lo que recibía a título de asignación mensual de retiro.

No existen razones que justifiquen un trato diferente al que aquí se dispone pues concurre el elemento material de convivencia y apoyo mutuo, de manera simultánea, por voluntad propia del causante, en cabeza de su cónyuge y de la compañera. (…)”

Mediante Providencia esta Sección, Subsección “B”, sostuvo la misma línea Jurisprudencial, ordenando distribuir la asignación de retiro materia de controversia entre la esposa y la compañera permanente del causante dado que se presentó una convivencia simultánea. En esta oportunidad la Sala, sostuvo:

“(…) Sin embargo, la aplicación de tal normatividad debe adecuarse a las condiciones actuales de la sociedad en la que no sólo se protege a la familia concebida bajo el vínculo matrimonial sino también a la que surge de la convivencia permanente o unión de hecho. Así lo consagra la Constitución Política en sus artículos 5 y 42 cuando ampara a la familia como institución básica de la sociedad y garantiza su protección integral.

En virtud de esta protección constitucional la normatividad actual sobre sustitución pensional no sólo se fundamenta en la vigencia de un vínculo matrimonial o la comprobación de uno natural, que antes no tenía el mismo trato, sino que también tiene en cuenta la convivencia efectiva en pareja durante los últimos años de vida del causante y regula situaciones que las normas anteriores no preveían, por ejemplo, la vigencia de una sociedad conyugal anterior a una unión de hecho y la convivencia simultánea. (…)”

En esta misma línea la Sección Segunda en providencia del 3 de mayo de 2012 anotó:

“(…) Adicionalmente, cuando se presente conflicto entre los posibles titulares del derecho a la sustitución pensional, debe valorarse el auxilio o apoyo mutuo, la convivencia efectiva, la comprensión y la vida en común al momento de la muerte, que son los factores que legitiman el derecho reclamado, así como la dependencia económica de las potencialmente beneficiarias.

En este orden de ideas, dirá la Sala que es el criterio material de convivencia y no el criterio formal de un vínculo el factor determinante reconocido por la reciente Jurisprudencia de la Sección para determinar a quién le asiste el derecho a la sustitución pensional (…)”.

Con el anterior antecedente Jurisprudencial y con base en los artículos 13, 42 y 48 de la Constitución Política, los derechos a la Seguridad Social comprenden de la misma manera tanto al cónyuge como al compañero o compañera permanente. Adicionalmente, cuando se presente conflicto entre los posibles titulares del derecho a la sustitución pensional, debe valorarse el auxilio o apoyo mutuo, la convivencia efectiva, la comprensión y la vida en común al momento de la muerte, que son los factores que legitiman el derecho reclamado, así como la dependencia económica de las potencialmente beneficiarias.

ii) De la prueba testimonial y su ratificación en sede judicial

El Código General del Proceso respecto de los testimonios sin citación de la contraparte, en el artículo 188 señala:

“(…) Los testimonios anticipados para fines judiciales o no judiciales podrán recibirse por una o ambas y se entenderán rendidos bajo la gravedad del juramento, circunstancia de la cual se dejará expresa constancia en el documento que contenga la declaración. Este documento, en lo pertinente, se sujetará a lo previsto en el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012_pr005.html" \l "221" 221.

Estos testimonios, que comprenden los que estén destinados a servir como prueba sumaria en actuaciones judiciales, también podrán practicarse ante notario o alcalde.

A los testimonios anticipados con o sin intervención del juez, rendidos sin citación de la persona contra quien se aduzcan en el proceso, se aplicará el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012_pr005.html" \l "222" 222. Si el testigo no concurre a la audiencia de ratificación, el testimonio no tendrá valor. (…)”.

A su vez, el artículo 222 del Código General del Proceso, indica:

“(…) Solo podrán ratificarse en un proceso las declaraciones de testigos cuando se hayan rendido en otro o en forma anticipada sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzcan, siempre que esta lo solicite. Para la ratificación se repetirá el interrogatorio en la forma establecida para la recepción del testimonio en el mismo proceso, sin permitir que el testigo lea su declaración anterior (…)”.

De lo anterior se infiere que las declaraciones extraprocesales rendidas sin citación de la parte contraria, deben ser ratificadas siempre que la parte contra quien se aduzcan lo solicite expresamente.

Respecto a la ratificación de testimonios, esta Sección ha señalado, que aun cuando se ha predicado que la validez de las declaraciones extraprocesales allegadas dentro de un proceso judicial se encuentra sujeta a la citación de la parte contraria, a la posterior ratificación de las mismas o a aquellos casos en los que exclusivamente la ley les habilita como prueba sumaria -como garantía procesal que milita a favor de la parte contraria en virtud del derecho de contradicción y de defensa-, éstas pueden ser tenidas en cuenta, en los eventos en que hayan sido de pleno conocimiento de la parte demandada, ya sea desde el agotamiento del procedimiento administrativo, o en la instancia judicial pertinente.

En el mismo sentido, la Subsección B de la Sección Tercera de esta corporación, ha señalado lo siguiente:

“(...) los documentos que contengan testimonios de terceras personas, por haberse vertido ante el juez, en otro proceso o extraprocesalmente, sin intervención de la parte contra quien se aducen o bien por haberse producido sin otra intervención que la del otorgante, deben ser valorados por el fallador sin necesidad de ratificarlos (…) no es posible sostener que, en todos los casos, la prueba deba ser objeto de ratificación o que siempre la contraparte deba tener la posibilidad de contrainterrogar en el mismo momento, como tampoco que determinada prueba deja de serlo porque la contraparte no fue citada, pues, en todos los casos, lo esencial tiene que ver con que quien no participó en su formación, tenga acceso, con igualdad probatoria y posibilidad, a oportunidades reales y efectivas de contradicción (…).

Así las cosas, y conforme ha sido considerado por la jurisprudencia de esta corporación, las declaraciones extraprocesales deben ser ratificadas, siempre y cuando se solicite expresamente por la parte contra quien se aduzcan. Así mismo, pueden ser tenidas en cuenta en los eventos en que hayan sido de pleno conocimiento de la parte demandada, ya sea desde el agotamiento del procedimiento administrativo, o en la instancia judicial pertinente.

Ahora bien, en lo concerniente a las declaraciones extraprocesales como elemento de prueba del vínculo entre compañeros permanentes esta corporación ha señalado que si bien inicialmente fue considerada la imposibilidad de valorar dicho medio de prueba si no se encontraba ratificado dentro del proceso, dicho criterio varió parcialmente en el sentido de colegir que la ratificación mencionada no es necesaria en relación con las que tiendan a acreditar la existencia del mencionado vínculo de compañeros permanentes.

Al respecto, debe señalar la Sala que la sección tercera sobre este particular ha referido:

“(…) Al respecto, se debe precisar que si bien por un tiempo esta Subsección consideró la imposibilidad de valorar dicho medio de prueba si no se encontraba ratificado dentro del proceso, varió parcialmente su sentido para colegir que la ratificación mencionada no es necesaria en relación con las declaraciones extrajudiciales de terceros que tiendan a acreditar la existencia del mencionado vínculo de compañeros permanentes.

En efecto, teniendo en cuenta que la finalidad del procedimiento de ratificación de las declaraciones extraprocesales consiste en propender por constituir esa clase de medios de convicción sumarios o sin contradicción en pruebas plenas que provean el suficiente convencimiento, no se puede perder de vista que al hacer una revisión del ordenamiento jurídico, las pruebas sumarias, en múltiples eventos, tienen la misma potencialidad que las pruebas plenas para generar credibilidad, sin necesidad de que respecto de ellas se realice una verificación adicional o se surta su contradicción, lo que la Sala estima que ocurre con las declaraciones rendidas por fuera del proceso, únicamente cuando su contenido tiene que ver con la acreditación de la relación de compañeros permanentes entre dos personas. Sobre este punto, la doctrina se ha pronunciado de la siguiente manera:

(…)Si bien es cierto la regla general es que la decisión judicial debe estar basada en plenas pruebas, no son extraños los casos donde la ley permite que el juez tome ciertas determinaciones y las soporte en medios de prueba que no tienen las características propias de la plena prueba;
(…)
La prueba sumaria es aquella que lleva al juez la certeza del hecho que se quiere establecer, en idénticas condiciones de las que genera la plena prueba, pero a diferencia de ésta, no ha sido sometida al requisito de la contradicción de la parte contra quien se hace valer. Pone de presente lo anterior que la única diferencia que existe entre los dos conceptos es el no haber sido surtido el requisito de la contradicción, pero su poder de convicción es siempre igual y la prueba sumaria también debe llevar certeza al juez acerca del hecho que con ella se quiere establecer. Debido a lo anterior es que se debe desterrar la idea que la prueba sumaria es la deficiente, la incompleta, un principio de prueba, aquella que apenas insinúa la existencia de un hecho; en absoluto, la prueba sumaria convence con características idénticas a la de la plena prueba, la certeza que ella lleva al entendimiento del fallador es completa; en cuanto a su eficacia probatoria no existe ninguna diferencia entre las dos clases de pruebas (…).

De esta manera, la Sala advierte que en diferentes asuntos en los que la prueba de determinada relación constituye el derecho en discusión en sí, la ley establece la posibilidad de acudir a las declaraciones extrajudiciales rendidas ante notarios, para acreditar la referida relación y así, la prerrogativa aludida.

(…)Así, se estima que las declaraciones extraprocesales pueden ser valoradas sin necesidad del trámite previsto en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil, únicamente respecto de la relación de compañeros permanentes que aleguen los demandantes, puesto que el ordenamiento jurídico así lo ha considerado en otros escenarios donde de hecho, ese vínculo se constituye en el centro de la disputa.
(…)
Ahora bien, este hecho no significa que su admisión, estándar probatorio y valoración deba adelantarse bajo supuestos menos estrictos; por el contrario, se considera que en los eventos descritos, la declaraciones extraprocesales se les puede aplicar las exigencias establecidas para los documentos emanados de terceros, esto es, el cumplimiento de los requisitos para las pruebas documentales dispuestos en el capítulo VIII de la sección tercera del libro segundo del Código de Procedimiento Civil.

Adicionalmente, el juez al valorar los documentos contentivos de las declaraciones extrajuicio debe aplicar las reglas de la sana crítica de un modo aún más riguroso que si estuviera valorando la prueba testimonial respectiva, teniendo en cuenta que existe una menor inmediación entre el administrador de justicia y el medio de convicción (…)”.

Del pronunciamiento jurisprudencial referido se concluye que, la ratificación de las declaraciones extra procesales no es necesaria en relación con lo expuesto por terceros para efectos de acreditar la existencia del vínculo de compañeros permanentes; sin embargo este hecho no significa que su admisión, requisitos y valoración judicial deba adelantarse bajo criterios menos estrictos; toda vez que, a dichos elementos de prueba les resultan aplicables las exigencias establecidas para los documentos emanados de terceros, esto es, el cumplimiento de los requisitos para las pruebas documentales y en tal virtud, al momento de su valoración el juzgador debe aplicar las reglas de la sana crítica con la rigurosidad de la prueba testimonial.

iii) Del análisis del caso concreto.

La Sala, pondrá especial cuidado para reflejar la situación de los beneficiarios de la asignación de retiro del causante con el fin de facilitar el estudio del presente caso, para lo cual se establecerá el siguiente cuadro:

Al respecto, se tiene que la señora Cristina Zonilla Bohórquez Guzmán pretende el reconocimiento de la sustitución de la asignación de retiro otorgada al señor Leovigildo Ríos Ortega como ex integrante de la Policía Nacional, pretensión que en primera instancia fue concedida parcialmente en su favor, en calidad de compañera permanente y a la señora Elena María Gutiérrez de Ríos, en su condición de cónyuge supérstite con fundamento en que hicieron vida en común con el causante y acreditaron haber tenido con aquél, relaciones de afecto y apoyo mutuo durante sus últimos años de vida.

En consonancia con lo anterior, la Sala advierte que en el sub lite, es objeto de debate el hecho de establecer si la demandante, señora Cristina Zonilla Bohórquez Guzmán, en condición de compañera permanente del causante comprobó los cinco (5) años de convivencia material con éste último para efectos de conceder la sustitución de la asignación de retiro que reclama.

Pues bien, con miras a resolver el punto objeto de controversia, la Sala debe determinar si es posible tener por cierto ese hecho con el material probatorio recaudado, de manera que procede a efectuar el siguiente análisis:

-Mediante la Resolución 3359 del 13 de octubre de 1989, el Director General de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, reconoció asignación de retiro al señor agente retirado Leovigildo Ríos Ortega, con efectividad a partir del 24 de marzo de 1989 y en cuantía equivalente al 82% del sueldo básico de actividad correspondiente.

-Según el Registro Civil de Defunción del señor Leovigildo Ríos Ortega (q.e.p.d.) se evidencia que su fallecimiento aconteció el 19 de julio de 1993.

-A folios 18 y 19 del expediente obran declaraciones extra proceso ante la Notaría Única del Círculo de Lorica, el 21 de julio de 2008, rendidas por los señores Rosario del Carmen Salcedo Ávila, Manuel Pérez García y Manuel Escobar Guzmán en las que manifestaron conocer personalmente a la demandante y su convivencia con el causante bajo el mismo techo durante más de ocho (8) años, de la cual procrearon tres hijos: Víctor Manuel, Kiara Yanolis y Ana Cristina Ríos Bohórquez. En el mismo sentido rindieron declaración los señores Angélica Martínez Ávila y Robert Dimas Doria.

-A folios 21 a 23 reposan copias simples de los registros civiles de nacimiento de Ana Cristina Ríos Bohórquez, Kiara Yanolys Ríos Bohórquez y Víctor Manuel Ríos Bohórquez, en los cuales figura el señor Leovigildo Ríos Ortega como su padre.

-Obra a folio 30 del cuaderno 2, copia de la solicitud presentada por la accionante el 14 de septiembre de 1993, encaminada a obtener en su favor el reconocimiento y pago de la sustitución pensional del causante ante la Dirección General de la entidad demandada.

-Reposa a folios 9 a 16, el oficio 1521/GST-SDP del 29 de septiembre de 2010 mediante el cual el Subdirector de Prestaciones Sociales de CASUR negó el reconocimiento de la sustitución de la asignación de retiro pretendida por la actora, junto con el recurso de reposición formulado por ella contra la anterior decisión y la Resolución 007342 del 30 de diciembre de 2010, a través de la cual, fue rechazado el citado recurso por no cumplir los requisitos de ley.

-A folios 121 a 127 del cuaderno 2 reposan copias de las sentencias dictadas por el Juzgado Promiscuo de Familia de Lorica, el 15 de marzo de 2002, y el Tribunal Superior de Montería Sala Decisión Civil Familia, el 4 de julio de dicha anualidad, a través de las cuales, se declaró que la menor Ana Cristina, nacida el 12 de julio de 1993 es hija extramatrimonial del extinto Leovigildo Ríos Ortega y la demandante.

Es de anotar, que en la primera de las decisiones judiciales referidas, se transcribieron apartes de los testimonios de los señores Manuel Páez García y Manuela Escobar Guzmán, quienes manifestaron lo siguiente:

Testimonio de Manuel Páez García:

“(…) Conocí a Leovigildo Ríos Ortega aquí en Lorica. Después hizo curso de Policía y lo conocí hace como 40 años y éramos amigos. Conozco a Cristina Bohórquez Guzmán, la conozco desde pequeña, más bien desde que nació, la conocí en la Candelaria, que queda cerca de Lorica y tenemos confianza. Yo los conocí viviendo como marido y mujer vivieron como 10 años entre los años 83 o 84 hasta el 93. Ellos tuvieron 3 hijos las dos primeras están reconocidas y la niña que es la última que nació el 12 de julio 1993, no la reconoció. El señor Leovigildo lo mataron el 19 de julio de 1993y la niña nació el 12 de julio de 1993 solamente tenía 7 días de nacida (…)”.

Testimonio de Manuela Escobar Guzmán:

“(…) Conocí a la señora Cristina Bohórquez Guzmán, la conozco desde que estaba señorita porque ella vivió en su casa, la conocí aquí en Lorica, cuando él iba a visitar a Cristina allá en mi casa. Ellos convivieron como marido y mujer vivieron como 10 años, como en el año 82 o 83, vivieron en mi casa en una pieza alquilada. Vivieron hasta el mes de julio del 93. A mí me tocó llevar Cristina al hospital que iba dar a luz, esto fué el 12 de julio del 93 y Leovigildo muere el 19 de julio de ese mismo año. Que ellos tuvieron 3 hijos, los 2 primeros están reconocidos pero la niña que es la última no lo está, que nosotros los amigos de Leovi si sabemos que la niña es de él, porque él duró viviendo con ella o sea con Cristina como 10 años (…)”.

Ahora bien, y al revisar el plenario también se evidencia que dentro del cuaderno de antecedentes administrativos aportado por la entidad demandada obran los siguientes documentos:

-Partida del matrimonio católico contraído por la señora Elena María Gutiérrez y el señor Leovigildo Ríos Ortega, el 20 de junio de 1966, en la parroquia de Santa Cruz de Lorica, expedida por el vicario matrimonial de la diócesis de Montería, el 16 de febrero de 1989.

-Declaración jurada de la señora Elena María Gutiérrez de Ríos ante el Juzgado Civil Municipal de Lorica, el 16 de febrero de 1989, en la que expresamente señaló:

“Desde hace 22 años estoy casada eclesiásticamente con el señor LEOVIGILDO RÍOS ORTEGA, quien trabaja como Agente de la Policía, de esa unión hemos procreado varios hijos legítimos que llevan por nombre ROSIRIS DEL CARMEN, LEOVIGILDO, ERYS ENRIQUE, JOHN JAIRO Y RINA LUZ RÍOS GUTIERREZ, siendo la primera mayor de edad y los dos siguientes también sin mayores a excepción de los dos últimos que son menores de edad, todos ellos dependen económicamente de mi esposo legítimo, es quien los socorre dándoles alimentos , estudios, medicinas, médicos, vestuarios y todo lo que ellos necesitan para su vivencia, es decir, señor Juez, que el padre tiene la patria potestad de sus hijos legítimos”.

-Hoja de servicios 1155 del 4 de abril de 1989, en la cual se señala a la señora Elena María Gutiérrez como esposa del señor Leovigildo Ríos Ortega.

-Declaración jurada de los señores Oscar Antonio Buendía y Palmira Rodríguez Sánchez ante el notario único de Lorica, el 14 de julio de 1989, en la que expresamente manifestaron:

“Si conocíamos al señor LEOVIGILDO RÍOS ORTEGA (FALLECIDO), de él dependían económicamente de su sueldo las siguientes personas: ELENA MARÍA GUTIÉRREZ DE RÍOS ESPOSA, ROSIRIS DEL CARMEN, LEOVIGILDO RÍOS GUTIÉRREZ HIJO, ERYS ENRIQUE RÍOS GUTIÉRREZ HIJO, JOHN JAIRO RÍOS GUTIÉRREZ HIJO Y RINA LUZ RÍOS GUTIERREZ HIJA, todos debidamente reconocidos”.

-Certificado de defunción del señor Leovigildo Ríos Ortega, que da cuenta de su fallecimiento el 19 de julio de 1993, expedido por el Notario Primero del Círculo de Montería el 14 de diciembre de dicha anualidad.

-Solicitud de reconocimiento y pago de la sustitución pensional presentada por la señora Elena María Gutiérrez de Ríos, el 14 de septiembre de 1993, ante CASUR.

-Declaración jurada espontanea de la señora Elena María Gutiérrez de Ríos realizada el 3 de agosto de 1993, ante la Notaría Única de Lorica, en la cual manifestó:

“(…) Si es cierto soy la esposa del señor LEOVIGILDO RÍOS ORTEGA portador de la cédula de ciudadanía No.2´259.432 de Cajamarca (Tolima) fallecido, yo convivo con él bajo un mismo techo en el Barrio Kennedy. Carrera 20, #18-31-Lorica. Hasta la última hora de su muerte tengo 5 hijos: ROSIRIS DEL CARMEN, LEOVIGILDO, ERIS ENRIQUE Y JOHN JAIRO Y RINA LUZ RÍOS GUTIERREZ (…)”.

-Resolución 3359 del 13 de octubre de 1989, expedida por el Director de la Caja de Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, a través de la cual, reconoció asignación de retiro en favor del señor Leovigildo Ríos Ortega en cuantía equivalente al 82% del sueldo básico de actividad a partir del 24 de marzo de 1989.

-Declaración extra proceso de la señora Elena María Gutiérrez de Ríos presentada el 3 de diciembre de 1993, ante la Notaría Única de Lorica, en la cual señaló:

“(…) Si es cierto que era la esposa del señor LEOVIGILDO RÍOS ORTEGA (fallecido) no he contraído nupcias matrimoniales con ningún otro hombre, vivimos bajo el mismo techo en el Barrio Kennedy. Carrera 20, #18-31.hasta la última hora de su muerte; tuvimos 5 hijos: ROSIRIS DEL CARMEN, LEOVIGILDO, ERIC ENRIQUE Y JOHN JAIRO Y RINA LUZ RÍOS GUTIERREZ.- Todos dependientes del señor LEOVIGILDO RÍOS ORTEGA.- En actualidad vivo con mis hijos y no convivo con ningún hombre (…)”.

-Resolución 002547 del 19 de mayo de 1994, suscrita por el director general y el secretario general de CASUR, a través de la cual se dispuso:

1.) Reconocer y ordenar el pago de la sustitución de asignación mensual en cuantía equivalente al 80% del total de la prestación que devengaba el extinto agente retirado de la Policía Nacional, Leovigildo Ríos Ortega a su cónyuge supérstite, Elena María Gutiérrez de Ríos en cuantía del 50%, y en un 30% a favor de los siguientes hijos legítimos y extramatrimoniales en partes iguales del 6% para cada uno de ellos, a saber: 1) John Jairo Ríos Gutiérrez, 2) Rina Luz Ríos Gutiérrez, 3) Yesmira Inés Ríos Blanquiceth, 4) Keinys Ríos Blanquiceth, 5) Víctor Manuel Ríos Bohórquez y 6) Kiara Yanolys Ríos Bohórquez.

2.) Dejar pendiente de reconocimiento y pago el restante 20% a las cuotas que pudieran tener derecho los siguientes hijos del ex policial: Ana Cristina Ríos Bohórquez, Lorena Ríos Hernández, Greis Ríos Hernández y Ronal José Ríos Hernández.

-Oficio 1521/GST-SDP del 29 de septiembre de 2010, suscrito por el Subdirector de Prestaciones Sociales de CASUR a través del cual informó a la apoderada de la demandante el estado actual de la cuota de asignación mensual de retiro del extinto policial, en el sentido de que mediante memorando 951 del 27 de noviembre de 2007, se extinguieron las cuotas pensionales de: 1) Yasmira Inés Ríos Blanquiceth, 2) Keinys Ríos Blanquiceth, 3) Ronal José Ríos Hernández, y 4) Víctor Manuel Ríos Bohórquez, quedando distribuida la prestación en un 76.52% para la señora Elena María Gutiérrez de Ríos en su condición de cónyuge supérstite del causante, y en 23.48% distribuido en partes iguales de 11.74% para Kiara Yanolys Ríos Bohórquez y Ana Cristina Ríos Bohórquez, quienes son hijas del ex policial y la demandante.

Las pruebas aportadas al expediente dan cuenta que al Agente retirado Leovigildo Ríos Ortega le fue reconocida una asignación de retiro efectiva a partir del 24 de marzo de 1989, y que el 19 de julio de 1993 murió, estando en goce de dicha prestación; de ahí que la procedencia de la sustitución de la asignación de retiro se deba juzgar con base en el Decreto 1213 de 1990, vigente a la fecha del fallecimiento.

También evidencian que la entidad demandada reconoció a los hijos menores reconocidos del causante un porcentaje inicial del 30% de la sustitución, distribuido en partes iguales, esto es en 6% para cada uno de ellos; y el otro 50% a la señora Elena María Gutiérrez de Ríos, ésta última reconocida ante la entidad y dentro de la actuación administrativa como cónyuge supérstite del causante, la cual fue acrecentada en favor de esta última hasta alcanzar el 76.52% en su favor, y el remanente del 23.48% en partes iguales, fue asignado a Kiara Yanolys Ríos Bohórquez y Ana Cristina Ríos Bohórquez mediante memorando 951 del 27 de noviembre de 2007, quienes son hijas del causante y la demandante.

Con relación a la situación de la demandante, las declaraciones extraproceso y los testimonios practicados dentro del proceso judicial de filiación extramatrimonial, tramitado por el Juzgado Promiscuo de Familia de Lorica y el Tribunal Superior de Montería, dan cuenta de su calidad de compañera permanente del causante y del cumplimiento del requisito de convivencia efectiva durante los 5 años anteriores al fallecimiento de aquél.

En ese sentido, la señora Manuela Escobar Guzmán quien identificó a la demandante y al señor Leovigildo Ríos Ortega como compañeros permanentes, refirió que fue arrendadora de un inmueble ocupado por ellos por espacio de un año, en 1982 o 1983, e indicó que le consta que vivieron juntos hasta el mes de julio de 1993.

A su turno, el señor Manuel Páez García dio cuenta de la relación de la pareja y de su vida en común durante 10 años «entre los años 83 o 84 hasta el 93», y que para la fecha en que falleció el causante convivía con la accionante y no había reconocido a la niña que nació el 12 de julio de 1993, refiriéndose a Ana Cristina Ríos Bohórquez.

También los señores Angélica Martínez Ávila y Robert Dimas Doria indicaron, en el año 1993, que la pareja conformada por la demandante y el señor Leovigildo Ríos Ortega, convivían en unión libre y tenían tres hijos, dos reconocidos, Víctor Manuel y Kyara Yanolys Ríos Bohórquez; y la tercera, Ana Cristina Ríos Bohórquez, sin reconocer por parte del causante. Destacando a continuación que «todos dependían del sueldo del señor Leovigildo Ríos Ortega.- Convivían en el barrio Kennedy No.19-70 Lorica».

Con base en estos testimonios, que de un lado coinciden en punto de la apreciación sobre el alcance del vínculo de hecho y la convivencia existente entre la señora CRISTINA ZONILLA BOHÓRQUEZ GUZMÁN y el causante, y de otro, complementarios en cuanto a la delimitación del periodo de duración de dicha convivencia; la Sala se estará a que la comunidad de vida conformada por la pareja se extendió durante 120 meses, entre 1983 y 1993, que equivalen a 10 años.

De esta manera, al estar acreditado, de un lado, el vínculo matrimonial vigente al momento del fallecimiento del señor extinto agente retirado Leovigildo Ríos Ortega que de acuerdo con el artículo 132 del Decreto 1213 de 1993 da la cónyuge el derecho a la sustitución, y de otro, la convivencia con la compañera permanente durante más de 5 años anteriores a la fecha de la muerte, la Sala resolverá el caso bajo análisis siguiendo la solución dada por el a quo a la presente controversia, esto es, ordenando que la sustitución de la asignación de retiro del causante sea reconocida en partes iguales del 50% en favor de la demandante y de la señora Elena María Gutiérrez de Ríos.

Así las cosas, debe la Sala señalar que los argumentos del recurso de alzada presentado por la señora Elena María Gutiérrez de Ríos no se encuentran llamados a prosperar, como quiera que si bien las declaraciones extraprocesales aportadas por la demandante no fueron ratificadas dentro del presente proceso, ello no obsta para que sirvieran como elementos de prueba del vínculo entre compañeros permanentes, como acontece dentro del sub-lite en el que precisamente dicho aspecto constituye el centro de la controversia.

Máxime si se tiene en cuenta que, valorados los allegados al plenario conforme a las reglas de la sana critica permiten colegir a la Sala que, entre la accionante y el causante existió dicha relación durante los diez años previos al deceso del señor Ríos Ortega; y que éste último mantuvo vínculos afectivos, de apoyo mutuo, solidario y de respaldo económico con su esposa Elena María Gutiérrez de Ríos, y a la vez con la señora Cristina Zonilla Bohórquez Guzmán.

De lo referido se colige que el porcentaje de asignación de retiro reconocido en favor de la señora Elena María Gutiérrez de Ríos y de Kiara Yanolys Ríos Bohórquez y Ana Cristina Ríos Bohórquez desde el año 2007, asciende al 100% de la prestación, distribuidos en 76.52% para la primera y en 23.48% para las dos últimas en partes iguales conforme quedó plasmado en el memorando 951 del 27 de noviembre de 2007.

Sin embargo, y teniendo en cuenta que tanto a la demandante como a la cónyuge supérstite del causante le corresponde el 50% de la prestación reclamada, y que desde el 19 de julio de 1993 la demandada viene realizando el pago de dicha prestación en favor de los causahabientes del señor Leovigildo Ríos Ortega, la Sala considera, que ésta prestación en principio debe ser reconocida a la actora a partir de la ejecutoria de esta sentencia, dada la inactividad que mostró en sede administrativa.

Toda vez que solo hasta el año 2010 presentó la petición tendiente a obtener el reconocimiento del derecho reclamado, al considerar que la sustitución de la asignación de retiro reconocida inicialmente en favor de la cónyuge supérstite del causante y de los hijos de éste, dentro de los que se encuentran los habidos dentro de la relación que existió entre la demandante y el señor Leovigildo Ríos Ortega cumplió su finalidad; a partir de lo cual la Sala estima que será a partir de la ejecutoria de la presente decisión que surtirá efectos la declaratoria de la existencia de la relación de compañeros permanentes entre la accionante y el ex policial fallecido, y el reconocimiento del derecho reclamado en partes iguales para las señoras Cristina Zonilla Bohórquez Guzmán y Elena María Gutiérrez de Ríos.

Tesis jurisprudencial que ha sido expuesta por ésta Subsección en la sentencia del 3 de noviembre de 2016; en la que se ordenó el reconocimiento de una pensión compartida a partir de la ejecutoria de la decisión judicial que finiquitó la controversia, cuyos apartes pertinentes se transcriben a continuación:

“(…) Finalmente en lo que tiene que ver con el argumento propuesto por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, según el cual, deberá verificarse los pagos efectuados en caso de que se accedieran a las pretensiones para no incurrir en un doble pago, la Sala encuentra que en esta oportunidad al revisar la actuación administrativa adelantada por la entidad demandada al reconocer la pensión a la señora […] estuvo bien y gozó de la presunción de legalidad, incluso en dicha actuación fue publicado un edicto para que intervinieran todas aquellas personas que tuvieran interés directo, sin que la demandante hubiese realizado pronunciamiento alguno. Ello obliga entonces, a que el reconocimiento de la pensión compartida que se dicta en esta providencia, produzca efectos a partir de la ejecutoria de la sentencia.

En efecto, si el ente demandado ha cancelado la totalidad del crédito a su cargo durante todo el tiempo que ha pagado la pensión de sobrevivientes, en un 100%, mal se podría entonces, al reconocer judicialmente el derecho de la demandante, emitir condena a cargo del ente demandado para que, descontada la prescripción, volviera a pagar otro 60% para ella, cuando el 100% ya había sido cancelado a la cónyuge supérstite, actuación con la que se desbordaba tanto la ley como la cuantía de la pensión.

En consecuencia, la Sala, con fundamento en los argumentos expuestos en esta providencia, confirmará la sentencia del A – quo en cuanto declaró la nulidad del acto acusado y ordenó el pago de la pensión de sobrevivientes en un 40% a la señora María Luisa Gómez de Rojas y el 60% restante a la señora Luz Marina Gómez López, pero modificará el numeral tercero de la misma en el sentido de indicar que tal reconocimiento será a partir de la ejecutoria de la sentencia (…).”

En virtud de lo anterior, se revocará el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia impugnada, en tanto que declaró probada la excepción de prescripción respecto de las mesadas causadas a favor de la demandante con antelación al 28 de julio de 2006, y en su lugar, se señalará que los efectos de la prestación reconocida correrán desde la ejecutoria de la presente decisión.

Ahora bien, alrededor las costas debe reiterar la Sala lo expuesto por ambas subsecciones de la sección segunda de esta Corporación, en punto a que el artículo 188 del CPACA entrega al juez la facultad de disponer sobre su condena, lo cual debe resultar de analizar diversos aspectos dentro de la actuación procesal, tales como la conducta de las partes, y que principalmente aparezcan causadas y comprobadas, siendo consonantes con el contenido del artículo 365 del CGP; descartándose así una apreciación objetiva que simplemente consulte quien resulte vencido para que le sean impuestas.

En el caso, la Sala observa que el a quo no hizo un análisis sobre la necesidad de condenar en costas a la parte vencida del proceso, atendiendo los criterios ya definidos por la jurisprudencia, echándose de menos alguna evidencia de causación de expensas que justifiquen su imposición a la parte demandada quien dentro de sus facultades, hizo uso mesurado de su derecho de defensa. Por ello, se revocará este aparte de la sentencia apelada.

Con fundamento en las razones expuestas, para la Sala se impone confirmar con modificación la decisión de acceder a las suplicas de la demanda, contenida en la sentencia de primera instancia.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR CON MODIFICACIÓN la sentencia del 9 de febrero de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, que en su ordinal primero accedió a las pretensiones de la demanda incoada por la señora Cristina Zonilla Bohórquez Guzmán contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional y declaró la nulidad de parcial de la Resolución 2547 del 19 de mayo de 1994 y la nulidad total de los actos administrativos contenidos en el oficio 1521 de 29 de septiembre de 2010 y en la Resolución 7342 del 30 de diciembre de 2010 en tanto negaron a la actora el reconocimiento de la sustitución de la asignación de retiro del señor Leovigildo Ríos Ortega y que en consecuencia le reconoció dicha prestación a la accionante, salvo el ordinal SEGUNDO que para todos los efectos quedará así:

“SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, ordenar a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional; reconocer y pagar en partes iguales; 50% para la señora Elena María Gutiérrez de Ríos en calidad de cónyuge supérstite del causante, y 50% para la señora Cristina Zonilla Bohórquez Guzmán en calidad de compañera permanente de aquél, la sustitución de la asignación de retiro del señor Leovigildo Ríos Ortega a partir de la ejecutoria de la presente decisión.

Las sumas reconocidas serán canceladas por la entidad demandada y deberán ser actualizadas de acuerdo con la fórmula establecida por esta corporación”.

SEGUNDO: REVOCAR los ordinales TERCERO y SEXTO de la parte resolutiva de la sentencia impugnada, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia y en su lugar, no condenar en costas a la parte vencida.

TERCERO: Por intermedio de la Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, y déjense las constancias respectivas.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, Y DEVUÉLVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. CÚMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

CARMELO PERDOMO CUÉTER CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Ingresó al despacho el 6 de octubre de 2017, folio 581. La demanda, presentada el 13 de febrero de 2014, se encuentra visible a folios 1 a 5 del expediente. En la audiencia inicial realizada el 19 de mayo de 2015 al fijar el litigio se dispuso tener dicho acto administrativo como enjuiciado a pesar de que no fue incluido dentro de las pretensiones de la demanda. Folios 122 a 126. Folios 102 a 104. Folios 176 a 186. En la audiencia inicial realizada el 19 de mayo de 2015 al fijar el litigio se dispuso tener dicho acto administrativo como enjuiciado a pesar de que no fue incluido dentro de las pretensiones de la demanda. Folios 122 a 126. Visible a folios 202 a 205. Folios 575 a 576 y 579 a 580, respectivamente. Según el registro civil de defunción visible a folio 20.
“(…) Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.
(…)”. (Lo subrayado es de la Sala). Sentencia C-1035 de 22 de octubre de 2008. M. P. Dr. Jaime Córdoba Triviño, Actora: Linda María Cabrera Cifuentes. C-595 de 1996, T-660 de 1998, entre otras. Referencia: 200012331000199803804 01 No. Interno: 6082-2002 Actor: María Quintina García Castilla. Sentencia de 20 de septiembre de 2007, M. P. Dr. Jesús María Lemos, Actor: María Lilia Alvear Castillo, Exp. No. 2410-04. Consejo de Estado, Sentencia de 20 de agosto de 2009, M. P., Expediente No. 3564-2000, Actora: Piedad Victoria Trejos Toro. Dra. Bertha Lucia Ramírez de Páez. Ley 100 de 1993, artículo 47, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B radicado interno 1676-11, Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez. En similar sentido se puede consultar sentencia de la Subsección A del 31 de enero de 2008, radicado interno 0437-00, Dr. Alfonso Vargas Rincón.
i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 15 de febrero de 2012, Consejero Ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, radicado 11001-03-15-000-2012-00035-00; ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia de 5 de marzo de 2015, Consejero Ponente Ramiro Pazos Guerrero, número interno 37310. Sentencia de 29 de agosto de 2013, expediente 27.521, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo. Así se consideró en la sentencia dictada el 30 de marzo de 2017 dentro del proceso con radicación 81001-23-33-000-2013-00094-01(4357-14) consejero ponente William Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia de 30 de marzo de 2017, Consejero Ponente Danilo Rojas Betancourth, radicado 50001-23-31-000-2003-10357-01. Folios 37 y 38. Folio 20. Según documento obrante a folio 32 del cuaderno 2 de antecedentes administrativos. Folio 7. Folio 3 del cuaderno 2. Folio 45 del cuaderno 2 Vto. Folio 48 del cuaderno 2. Folio 25 del cuaderno 2. Folio 26 del cuaderno 2. Folio 17 del cuaderno 2. Folio 26 del cuaderno 2. Folios 9-10 del Cuaderno 1. Por el cual se reforma el estatuto de agentes de la Policía Nacional. C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Rad. 3479-2015.

Estas erogaciones económicas son aquellos gastos en que incurre una parte a lo largo del proceso en aras de sacar avante la posición que detenta, tales como gastos ordinarios, cauciones, honorarios a auxiliares de la justicia, publicaciones, viáticos, entre otros; que encuadran en lo que se denomina como expensas. Así mismo, se comprenden los honorarios del abogado, que en el argot jurídico son las agencias en derecho. (Artículos 361 y ss. CGP). Sentencia del 19 de enero de 2015, No. Interno 4583-2013, Consejero Ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; Sentencia del 16 de julio de 2015, No. Interno 4044-2013, Consejera Ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.