Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03243-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03243-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-03243-01
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
3 de septiembre de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03243-01
Demandante: María Eliza Cañas Carrillo y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03243-01
Demandante: María Eliza Cañas Carrillo y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Tema: Tutela contra providencia judicial. Reparación directa.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia de
tutela del 29 de mayo de 2026, dictada por la Sección Tercera, Subsección B, del
Consejo de Estado, que resolvió:
«1º) Declárase improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.»
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 27 de abril de 2026, por conducto de apoderado, las señoras María Eliza Cañas
Carrillo, Bertilda Rosa Cañas de Oviedo y Carmen Sofía Cañas Carrillo interpusieron
acción de tutela, como mecanismo transitorio, contra el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, por estimar vulnerados los derechos de acceso a la
administración de justicia, al debido proceso y a la propiedad. En consecuencia,
formularon las siguientes pretensiones:
« […] B) Declarar la nulidad de la Sentencia de fecha 17 de septiembre del 2025
proveniente del Consejo de Estado en su Sala Contenciosa Administrativa Sección
Tercera- Subsección C.
C) Ordenar dejar en firme la Sentencia de primera instancia de fecha 5 de junio del año
2020 emitida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico.»
2. Hechos
De la lectura del expediente de tutela, se advierten como hechos relevantes los
siguientes:
Los señores Hernilda Cañas Calderín, Beatriz Elena Cañas Calderín, Maritza Cañas
Calderín de González, Bertilda Rosa Cañas de Oviedo, Zoila Rosa Cañas Calderín,
Roberto Cañas Carrillo, David de Jesús Cañas Carrillo, María Elisa Cañas Carrillo,
Carmen Sofía Cañas Carrillo, Jaime Antonio Cañas Carrillo, Jeni María Cañas
Cárcamo y Carmen Carrillo Guerra, en calidad de «herederos propietarios
proindiviso», presentaron demanda de reparación directa contra el Distrito Especial,
Industrial y Portuario de Barranquilla, el Área Metropolitana de Barranquilla y la
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Demandante: María Eliza Cañas Carrillo y otros
Empresa de Desarrollo Urbano-Edubar con el fin de que fueran declarados
administrativa y patrimonialmente responsables por los daños y perjuicios causados
por la ocupación permanente de tres inmuebles que, en vida, eran de propiedad del
señor Guillermo Cañas Gutiérrez [padre causante de algunos demandantes], como
consecuencia de la ampliación de la segunda calzada de la avenida circunvalar en la
ciudad de Barranquilla, en 2013.
Al proceso se le asignó el radicado 08001-23-33-000-2014-00658-00 y conoció el
Tribunal Administrativo del Atlántico que, en sentencia del 5 de junio de 2020,
declaró parcialmente probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
activa, respecto de unos demandantes; declaró no probadas las excepciones de
caducidad e inexistencia de la obligación; declaró administrativa, patrimonial y
solidariamente responsables a las entidades demandadas de los daños y perjuicios
ocasionados a los demandantes con la ocupación permanente de unos predios; las
condenó en abstracto, entre otras órdenes, y no condenó en costas.
El fallador de primer grado observó que los señores Zoila Rosa Cañas Calderín,
Hernilda Cañas Calderín, Beatriz Elena Cañas Calderín, Bertilda Rosa Cañas
Calderín, Jaime Antonio Cañas Carrillo, María Elisa Cañas Carrillo y Carmen Sofía
Cañas Carrillo tenían legitimación en la causa por activa porque con los registros
civiles probaron ser los sucesores del propietario causante.
Frente a la controversia de fondo, de las pruebas analizadas encontró que, bajo el
régimen de daño especial, aunque la construcción de la interconexión vial era lícita,
esta causó un daño al particular que no estaba obligado a soportar, por lo que procedía
su indemnización.
Las entidades demandadas interpusieron recursos de apelación. El Distrito Especial,
Industrial y Portuario de Barranquilla insistió en la excepción de falta de legitimación
en la causa por activa al no ser clara la posición de los demandantes; y reprochó la
inclusión de uno de los predios porque pertenecía a la señora Olga Isabel Ayala
Maldonado.
El Área Metropolitana de Barranquilla también reiteró la falta de legitimación en la
causa por activa porque no se acreditó la calidad de propietarios del bien
supuestamente ocupado ni la posesión efectiva de la herencia. Sostuvo que no se
probó la certeza del daño correspondiente a la minusvalía de la porción del predio
ocupado, aunado a que ese daño no podía ser reconocido concomitante con el del
valor del terreno ocupado.
La Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Región Caribe-Edubar S.A
indicó que los demandantes pidieron perjuicios a título personal y no de la masa
sucesoral, a pesar de ello el a quo reconoció derechos herenciales por fuera del
proceso de sucesión.
Advirtió que se debió decretar la prejudicialidad porque estaban en curso el trámite
sucesoral y el penal, los que tenían estrecha conexidad con este proceso, sobre todo
para verificar la legitimación en la causa por activa.
Reprochó la indebida valoración en relación con unas pruebas, entre ellas el dictamen
pericial decretado. Se opuso a la condena en abstracto. Observó que no se indicó a
favor de quién debía hacerse el pago.
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El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, mediante sentencia de 17 de
septiembre de 2025, revocó la decisión apelada y, en su lugar, negó las pretensiones
de la demanda y condenó en costas de ambas instancias a los demandantes.
El ad quem precisó que, «si bien en estos eventos el título de imputación era realmente
el de falla en el servicio, la carga probatoria definida por esta Sección se mantenía
incólume1». En esa medida, advirtió que la prosperidad de las pretensiones exigía la
«comprobación de la ocupación —como hecho generador del daño—», para lo cual
debía demostrarse «la invasión —temporal o permanente— al predio sobre el cual se
alega el derecho vulnerado». No obstante, al valorar el dictamen pericial y los demás
elementos del plenario, concluyó que «este medio probatorio no tiene la vocación de
demostrar, con certeza, que los predios objeto del proceso hubieran sido ocupados, a
lo que se agrega que, en el expediente, no obra ninguna prueba adicional que así lo
evidencie».
3. Argumentos de la acción de tutela
La parte actora sustentó la solicitud de tutela con los siguientes argumentos:
Aseguró que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela. Frente a los requisitos específicos alegó como defectos el sustantivo, el
procedimental y el fáctico.
Defectos sustantivo y procedimental. Sobre la legitimación en la causa por activa
sostuvieron que los hermanos Cañas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2342 del
Código Civil, en su calidad de herederos de su padre, están legitimados para reclamar
al juez ordinario la indemnización de los daños y perjuicios causados por la ocupación
del inmueble, sin que sea necesario que previamente se haya adelantado y culminado
el proceso de sucesión. Indicaron que lo que buscaban era la preservación de un
predio que forma parte de la comunidad hereditaria.
No obstante lo anterior, indicaron que la autoridad judicial accionada en la sentencia
de segunda instancia consideró que no estaban legitimados en la causa por activa y,
por esa razón, negó las súplicas de la demanda de reparación directa. Tal
consideración desconoció los artículos 1013, 1041 y 2342 del Código Civil, así como
la jurisprudencia de la misma Sección Tercera del Consejo de Estado, según los
cuales «a la “MUERTE” de una persona en ese preciso momento, los bienes derechos
y obligaciones se transmiten a sus herederos», sin que pueda aceptarse como
requisito el agotamiento de la sucesión y la adjudicación del predio para acudir a la
reparación directa.
Defecto fáctico. Afirmaron que no existe duda sobre la ocupación que sufrieron los
inmuebles, la que quedó acreditada con el dictamen pericial practicado y que no fue
objeto de contradicción por las demandadas, por lo que lo aceptaron. Por ello,
advirtieron que la Sección Tercera del Consejo de Estado se extralimitó en su análisis.
Sobre ese punto, aceptaron que, aunque existe confusión en las medidas y linderos
de los predios, correspondía al perito aclararlo en la audiencia de prueba;
precisamente por esa razón el Tribunal Administrativo del Atlántico condenó en
abstracto y ordenó verificar las áreas impactadas frente a los lotes.
1 Supra, Exp: 69.715. Criterio reiterado en sentencia de la Sección Tercera del 14 de julio de
2025, Exp: 72124.
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Adicionalmente, alegaron que el ad quem debió valorar todas las pruebas en conjunto
y no solo el referido dictamen, para acreditar la legitimación en la causa por activa y
la ocupación. Entre estas destacaron las siguientes:
• Explicaron que el plano anexo, aprobado por la Secretaría de Planeación del
Distrito, mostraba que la circunvalar antigua ya había partido el globo de mayor
extensión en los lotes A y B. De ahí que, a su juicio, si la vía original ya cortaba
el predio, la ampliación a doble calzada necesariamente tuvo que seguir
tomando área del mismo lote. Subraya que esa prueba es anterior a la obra y
al proceso, y que la autoridad judicial no la tuvo en cuenta.
• Dijeron que se omitió valorar el Oficio 01035 de noviembre de 2013, suscrito
por la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Región Caribe S.A. -
Edubar S.A., en respuesta a un derecho de petición de los herederos, en el cual
la entidad dijo que para adelantar la obra contaba con autorización de los
poseedores. En su criterio, dicha respuesta reconoció que la obra entró al
predio y reveló que el permiso se pidió a terceros ajenos a los titulares.
• Expresaron que las fotografías son documentos que se presumen auténticos
según el artículo 244 del CGP. Explicó que en el presente asunto no fueron
tachadas de falsas y fueron admitidas como prueba. En consecuencia, sostuvo
que no correspondía al juez descartarlas por no tener hora ni fecha porque se
invertía la carga de la prueba.
4. Trámite procesal de la acción de tutela
En auto del 28 de abril de 2026, la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de
Estado admitió la acción de tutela; ordenó notificar a la parte demandante; al Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en calidad de demandado, y al Tribunal
Administrativo del Atlántico, al alcalde del Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla, al director del Área Metropolitana de Barranquilla, a la representante
legal de la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Región Caribe (Edubar),
así como a los señores Hernilda Cañas Calderín, Beatriz Elena Cañas Calderín,
Maritza Cañas Calderín de González, Zoila Rosa Cañas Calderín, Roberto Cañas
Carrillo, David de Jesús Cañas Carrillo, Jaime Antonio Cañas Carrillo, Jeni María
Cañas Calcamo y Carmen Carrillo Guerra, en condición de terceros con interés.
5. Oposición
El doctor William Barrera Muñoz, integrante de la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, como consejero ponente de la providencia
controvertida, pidió declarar improcedente el amparo porque no existe controversia
constitucional relevante.
Señaló que la decisión judicial se profirió con estricto apego al ordenamiento jurídico
y a las pruebas aportadas al proceso. Acudió a las consideraciones expuestas en la
referida providencia.
Sostuvo que la solicitud de tutela no demuestra una afectación de los derechos
fundamentales alegados, sino que se usa como una oportunidad para reabrir el debate
propio de las instancias ordinarias y ampliar el objeto del litigio.
En lo que se refiere a las causales específicas propuestas, advirtió que el cargo
referido a la legitimación en la causa por activa se fundamentó en una lectura
equivocada de la providencia cuestionada, dado que ese reproche se dirige contra un
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aspecto que no resultaba desfavorable a los intereses de los demandantes en el
proceso de reparación directa porque fueron reconocidos como legitimados.
Finalmente, señaló que la demanda de tutela no determinó cómo la supuesta omisión
en la valoración probatoria habría cambiado la conclusión de que no se acreditó la
ocupación. De todas formas, se refirió a los medios probatorios mencionados en el
escrito de tutela para desvirtuar lo afirmado por los actores, quienes no abordaron de
forma concreta las motivaciones que sustentaron el análisis probatorio de la segunda
instancia.
6. Intervención de los terceros con interés
El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla indicó que actuó en el
proceso de reparación directa como demandada y en segunda instancia fue
exonerada de responsabilidad, lo que es resultado del actuar autónomo de la
autoridad judicial, sin que con ello pueda advertirse que ha conculcado derecho
fundamental alguno de las actoras. En consecuencia, pidió la desvinculación del
presente trámite y que se declare improcedente la solicitud de tutela por no cumplir
con el requisito de inmediatez.
7. Sentencia de primera instancia
El 29 de mayo de 2026, la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado
profirió sentencia de primera instancia, en la cual declaró improcedente la solicitud de
tutela al no superarse el requisito de relevancia constitucional, en concreto, porque las
actoras no plantearon una verdadera discusión sobre la vulneración de derechos
fundamentales sino su inconformidad con la interpretación jurídica y la valoración
probatoria realizada en la sentencia que puso fin al proceso de reparación directa.
Frente al supuesto defecto sustantivo, advirtió que se sustentó sobre la premisa de
que se negó la legitimación de los herederos para reclamar los perjuicios derivados
de la ocupación de los inmuebles y condicionó el ejercicio de la acción a la culminación
previa del proceso sucesorio; sin embargo, la providencia cuestionada se enfocó en
determinar la titularidad del derecho indemnizatorio reclamado a nombre propio
respecto de bienes que integraban una masa sucesoral no liquidada.
En lo atinente al defecto fáctico, observó que las actoras lo que pretendieron fue
cuestionar el valor probatorio que el juez natural le otorgó a los medios de convicción,
pero no una verdadera omisión probatoria.
Y en cuanto al defecto procedimental, encontró que las actoras reproducen las mismas
inconformidades formuladas frente a los defectos sustantivo y fáctico sin que
identifiquen el desconocimiento de una etapa procesal, la pretermisión de una garantía
esencial del procedimiento o una actuación arbitraria que hubiere afectado el derecho
de defensa y contradicción.
Concluyó que la acción de tutela fue utilizada para insistir en que los demandantes
estaban legitimados para reclamar la indemnización pretendida y que las pruebas
practicadas demostraban la ocupación permanente de los inmuebles, aspectos que
fueron objeto de estudio y decisión por la autoridad judicial accionada.
8. Impugnación
La parte actora impugnó la decisión de primera instancia para insistir en que la
solicitud de tutela cumple con los requisitos generales de procedencia y, en relación
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con la relevancia constitucional, sostuvo que el asunto transciende de una simple
interpretación legal. Y reiteró los argumentos que expuso en la demanda de tutela
referidos a que la autoridad accionada incurrió en los defectos sustantivo, fáctico y
procedimental.
Por lo indicado, solicitó revocar la providencia impugnada y, en su lugar, acceder al
amparo de los derechos invocados y dejar sin efectos la sentencia atacada.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1.º establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Problema jurídico
De conformidad con lo alegado en el escrito de impugnación, corresponde a la Sala
determinar si se confirma, modifica o revoca el fallo de primera instancia, que declaró
improcedente la acción de tutela promovida por la señora María Eliza Cañas Carrillo
y otras, por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional.
La acción de tutela se promovió contra el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, por la presunta vulneración de los derechos de acceso a la
administración de justicia, al debido proceso y a la propiedad al proferir la sentencia
de 17 de septiembre de 2025, con la que revocó la providencia de primera instancia
y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda de reparación directa promovida
por las ahora tutelantes.
Para realizar un estudio de fondo, respecto de la configuración de los defectos
sustantivo, procedimental y fáctico, de manera previa la Sala deberá analizar si la
presente solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales.
La Sala anticipa que modificará la sentencia impugnada, para declarar la
improcedencia de la solicitud de tutela frente a los defectos sustantivo y procedimental
porque no se cumple el requisito general de relevancia constitucional y la negará en
relación con el defecto fáctico por no encontrarse configurado.
Para resolver la controversia, la Sala analizará los siguientes temas: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales; (iii) el cumplimiento de los requisitos generales
de procedencia de la acción de tutela frente al defecto fáctico en el presente caso; y
(iv) análisis del caso concreto.
(i) Acción de tutela contra providencias judiciales
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En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción de tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la «procedencia excepcional» 2, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales3 y específicas4 de procedencia de la
acción de tutela.
(ii) Cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela frente al defecto fáctico en el presente caso
La acción de tutela cumple con el (i) requisito de relevancia constitucional porque la
parte actora invoca la protección de los derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia y al debido proceso y; sustenta las razones por las cuales
considera que la decisión judicial cuestionada afecta esos derechos y no se trata de
un asunto de mera legalidad o económico. En concreto, en relación con el defecto
fáctico alegado se observa que las actoras mencionan las pruebas que, a su juicio, la
autoridad judicial accionada no valoró en debida forma, y esa afirmación está
debidamente motivada.
Tampoco se advierte que la acción de tutela se utilice como una instancia adicional
porque la decisión de primera instancia dictada en el proceso de reparación directa
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda instaurada por las ahora
actoras y otros. Es con ocasión de la apelación interpuesta por la parte demandada
que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en segunda instancia,
revocó la decisión recurrida y, en su lugar, negó las pretensiones.
En ese entendido, en caso de que se configure el defecto fáctico propuesto contra la
providencia controvertida, impactaría directamente los derechos invocados, en la
medida en que quedaría sin efecto.
Se cumple con el (ii) Requisito general de subsidiariedad porque los argumentos
contenidos en el escrito de tutela no se enmarcan en algún otro medio de defensa
idóneo para la defensa de los derechos que invoca vulnerados. En igual sentido, el
(iii) Requisito general de inmediatez se satisface. El ejercicio de la presente acción de
tutela resulta oportuno, toda vez que la providencia atacada se notificó en estado de
7 de noviembre de 20255 y el ejercicio de acción de tutela se dio el 27 de abril de 2026.
2
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
3
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
4
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
5
Se verificó en Samai (Consejo de Estado), exp. 08001-23-33-000-2014-00658-01, indice 95.
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La Sala también encuentra que están satisfechos los demás requisitos generales de
procedencia, si se tiene en cuenta que la parte actora: alega una irregularidad que
genera un efecto determinante y afecta los derechos fundamentales invocados;
identificó de manera razonable los hechos que generaron la vulneración y, no se
cuestionan sentencias de tutela.
(iii) Análisis del caso concreto
Las señoras María Eliza Cañas Carrillo, Bertilda Rosa Cañas de Oviedo y Carmen
Sofía Cañas Carrillo ejercen la presente acción de tutela con el fin de cuestionar la
sentencia de 17 de septiembre de 2025, por la cual el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, revocó la decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico que
había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda de reparación directa
instaurada por las actoras y otros contra el Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla, el Área Metropolitana de Barranquilla y Edubar S.A. (rad. 08001-23-33-
000-2014-00658-01) y, en su lugar, las negó.
Según la parte actora, la autoridad judicial accionada vulneró los derechos de acceso
a la administración de justicia, al debido proceso y a la propiedad al incurrir en los
defectos sustantivo, procedimental y fáctico en la referida sentencia de segunda
instancia en la que negó las pretensiones por falta de legitimación en la causa por
activa para promover el proceso de reparación directa y porque no valoró en conjunto
todas las pruebas aportadas con las que se acreditó la ocupación de los predios.
Para resolver la presente solicitud de tutela es necesario retomar el contexto del
asunto, así: los señores Hernilda Cañas Calderín, Beatriz Elena Cañas Calderín,
Maritza Cañas Calderín de González, Bertilda Rosa Cañas de Oviedo, Zoila Rosa
Cañas Calderín, Roberto Cañas Carrillo, David de Jesús Cañas Carrillo, María Elisa
Cañas Carrillo, Carmen Sofía Cañas Carrillo, Jaime Antonio Cañas Carrillo, Jeni María
Cañas Calcamo y Carmen Carrillo Guerra demandaron en reparación directa al
Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, al Área Metropolitana de
Barranquilla y a la Empresa de Desarrollo Urbano-Edubar al considerar que eran
responsables administrativa y patrimonialmente por los daños y perjuicios causados
por la ocupación permanente de unos predios por trabajos públicos para la ampliación
de la segunda calzada de la avenida circunvalar en Barranquilla, en 2013.
En concreto, los demandantes indicaron que acudían en calidad de «herederos
propietarios proindiviso» de tres inmuebles identificados con matrícula inmobiliaria
040-441640, 040-444532 y 040-4[1]16396 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Barranquilla, cuyo propietario era el señor Guillermo Cañas Gutiérrez
(q.e.p.d.), según escritura pública 1667 de 2008 de la Notaría Décima de Barranquilla,
ubicados en la carrera de la circunvalar de Barranquilla.
En primera instancia tramitó y conoció del asunto (rad.08001-23-33-000-2014-00658-
00) el Tribunal Administrativo del Atlántico que, en sentencia del 5 de junio de 2020,
declaró parcialmente probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
activa; declaró no probadas las excepciones de caducidad e inexistencia de la
obligación; declaró administrativa, patrimonial y solidariamente responsables a las
entidades demandadas de los daños y perjuicios ocasionados a los demandantes con
la ocupación permanente de unos predios; las condenó en abstracto y no condenó en
costas.
6
Corresponde a un error de transcripción el número correcto de la matrícula es 040-441639
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Demandante: María Eliza Cañas Carrillo y otros
En primer lugar, el juzgador se pronunció sobre las excepciones de caducidad y de
falta de legitimación en la causa formuladas por las demandadas, entre otras.
Descartó la caducidad al analizar las fechas de inicio y finalización de las obras. En lo
referido a la falta de certeza frente a la titularidad de los inmuebles porque estaban en
juicio de sucesión intestada y que estaban embargados por la Fiscalía General de la
Nación, el Tribunal constató que el proceso de sucesión, según informó el Juzgado
Cuarto de Familia de Barranquilla, terminó por desistimiento tácito.
Ante la falta de sentencia definitiva frente a la sucesión que definiera la titularidad del
predio y lo advertido por las demandadas; para efectos del proceso de reparación
directa, el Tribunal tuvo en cuenta la escritura pública 1667 y los certificados de
tradición de los predios con matrícula inmobiliaria 040-441640, 040-444532 y 040-
441639, aportados por los demandantes, en los que figura como titular del derecho
real de dominio el señor Guillermo Cañas Gutiérrez.
A continuación, analizó la vocación sucesoral por el parentesco, y observó que los
señores Zoila Rosa Cañas Calderín, Hernilda Cañas Calderín, Beatriz Elena Cañas
Calderín, Bertilda Rosa Cañas Calderín, Jaime Antonio Cañas Carrillo, María Elisa
Cañas Carrillo y Carmen Sofía Cañas Carrillo tenían legitimación en la causa por
activa porque con los registros civiles probaron ser los sucesores del propietario
causante. En cuanto a los demás demandantes, no encontró acreditada la relación de
parentesco ante la falta de los registros civiles de nacimiento, por lo que declaró
parcialmente probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa.
En cuanto a la discusión de fondo, analizó la responsabilidad de las demandadas bajo
el régimen de daño especial por tratarse de una actividad lícita [la construcción de la
interconexión vial]. Encontró que en el caso estudiado se rompió la igualdad de los
ciudadanos ante las cargas públicas y se generó una obligación excepcional al
particular que no estaba obligado a soportar [ocupación permanente de sus predios],
por lo que procedía su indemnización.
Entre las pruebas valoradas señaló el contrato de obra de 13 de diciembre de 2012,
suscrito entre el Área Metropolitana de Barranquilla y el Consorcio Circunvalar, cuyo
objeto era el mejoramiento de la interconexión vial regional, segunda calzada avenida
circunvalar de Barranquilla. También, el dictamen pericial decretado a petición de la
demandante con el que se probó la afectación que la obra causó a la propiedad de los
demandantes al determinar, entre otros aspectos, las medidas y linderos antes y
después de la ocupación; la imposibilidad de realizar obra civil en la franja ocupada.
Al abordar el punto de la indemnización de perjuicios, observó que los morales no se
acreditaron por lo que no los reconoció. Para fijar el daño emergente por minusvalía
del predio, pedido por los demandantes, indicó que no tendría en cuenta el dictamen
pericial en cuanto al valor total del área ocupada ni los intereses moratorios porque no
observó claridad sobre ese punto, y resaltó que las demandadas cuestionaron cuál
fue el método que usó el perito para determinar el valor del metro cuadrado. En
consecuencia, condenó en abstracto y ordenó realizar la liquidación mediante
incidente (art. 193 CPACA), bajo ciertos parámetros.
La decisión de primer grado fue objeto de recursos de apelación:
El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla insistió en la falta de
legitimación en la causa por activa propuesta desde la contestación de la demanda. Advirtió
que no existía decisión definitiva con la que se haya adjudicado la masa sucesoral a favor
de los demandantes y que aún está vigente la medida de embargo sobre los predios,
decretada por la Fiscalía General de la Nación.
9
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Advirtió que la conclusión que llevó a acceder parcialmente a las pretensiones carece en
parte de veracidad porque el predio con matrícula inmobiliaria 040-411639 pertenece a la
señora Olga Isabel Ayala Maldonado, por lo que debió excluirse este.
En relación con el dictamen pericial, entre otros argumentos, sostuvo que las demandadas
lo objetaron y que en este el perito no es claro en la identificación de los predios afectados,
pues se refiere a un lote A y a un lote B, pero no especifica a cuál de los registros de
matrícula inmobiliaria pertenece cada lote, si al 040-441640 y 040-444532 y 040-411639.
El Área Metropolitana de Barranquilla advirtió que ninguno de los demandantes probó
tener título ni modo que los acredite como propietarios ni copropietarios de los predios
supuestamente ocupados, tampoco la posesión efectiva de la herencia.
Además, alegó que la sentencia recurrida reconoció el daño correspondiente a la
minusvalía de la porción del predio ocupado permanentemente por las demandadas, a
pesar de que no cumplió las características para ser considerado un perjuicio indemnizable
al no ser cierto, determinado o determinable.
Precisó que si para el Tribunal el único daño efectivamente acreditado (cierto) fue la
ocupación permanente de una parte del predio de los demandantes por la realización de
una obra pública, la condena en abstracto se debió limitar a la indemnización de dicho
perjuicio (daño emergente por la porción de terreno que salió del patrimonio de los
demandantes) y no aquel correspondiente a la minusvalía del valor del inmueble porque
no fue un daño efectivamente acreditado.
Por su parte, la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Región Caribe-
Edubar S.A. alegaron que los demandantes pidieron perjuicios a título personal y no de la
masa sucesoral, y el a quo reconoció derechos herenciales por fuera del proceso de
sucesión. A su juicio, debió decretarse la prejudicialidad del proceso por tener relación con
los juicios sucesoral y penal, para verificar la legitimación en la causa por activa.
También cuestionó la indebida valoración en relación con unas pruebas, entre ellas el
dictamen pericial decretado. Se opuso a la condena en abstracto. Observó que no se indicó
a favor de quién debía hacerse el pago.
Le correspondió el trámite de la segunda instancia al Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, que, en sentencia de 17 de septiembre de 2025, revocó la
decisión apelada y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda y condenó en
costas de ambas instancias a los demandantes.
A continuación, se indican las razones que sirvieron de fundamento a la decisión,
cuestionada en la presente acción de tutela, y que resultan relevantes para resolver
en esta oportunidad.
En primer lugar, analizó el presupuesto de legitimación en la causa por activa por ser
uno de los cargos de apelación y explicó que el señor Guillermo Cañas Gutiérrez
falleció el 17 de julio de 2010, y que, conforme con los registros civiles de nacimiento,
los señores Beatriz Elena Cañas Calderín, Bertilda Rosa Cañas Calderín, Zoila Rosa
Cañas Calderín, Jaime Antonio Cañas Carrillo, María Elisa Cañas Carrillo, Carmen
Sofía Cañas Carrillo, Guillermo Manuel Cañas Carrillo y Hernilda Cañas Calderín eran
hijos del causante.
Ante la falta de certeza sobre el estado de la sucesión, y la calidad en que acudieron
los demandantes, el fallador de segunda instancia advirtió que en caso de ser
favorable la decisión de segunda instancia debían aportar la prueba idónea de la
propiedad sobre el bien inmueble. De manera que «únicamente podrá recibir la
eventual indemnización el demandante que demuestre ser el propietario.»
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En relación con la medida cautelar de embargo, advertida por las apelantes, señaló
que no cambia la titularidad de los bienes, por lo que los demandantes que
demostraron tener vocación herencial gozan de legitimación en la causa por activa.
Precisado lo anterior, la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado se
adentró al estudio de la responsabilidad del Estado por ocupación temporal y
permanente de inmuebles, conforme con las normas que la regulan y la jurisprudencia,
bajo el régimen de falla en el servicio. Precisó que, en los términos del artículo 167 del
CGP, a los demandantes les correspondía la carga de probar los elementos que
estructuran la responsabilidad patrimonial del Estado. Citó la postura acogida en los
procesos 69715 y 72124 y precisó que, en cualquier caso, la carga probatoria de la
parte demandante se conserva.
Y resaltó que «la prosperidad de las pretensiones exige la comprobación de la ocupación —
como hecho generador del daño—, causada por el Estado directamente o a través de
particulares autorizados7 —de lo que se deriva su imputación— y de la lesión sufrida como
consecuencia8. En los términos del artículo 167 del CGP9, en casos como el presente, le
corresponde al demandante la carga de probar los elementos que estructuran la
responsabilidad patrimonial del Estado, como vienen de mencionarse.»
Seguidamente, analizó si el dictamen pericial demostró la ocupación sobre los predios
objeto del proceso. Después de transcribir la solicitud del dictamen pericial y los puntos
sobre los que debía pronunciarse (cuestionario), así como el concepto rendido por el
auxiliar de la justicia designado, el fallador de segunda instancia desvirtuó la vocación
de ese medio probatorio de acreditar la ocupación.
Entre otras observaciones, llamó la atención que el perito no advirtiera el error en la
matrícula inmobiliaria -040-411539-, en especial, al determinar la ubicación del predio
y tener a su disposición las otras dos matrículas inmobiliarias con las que, en teoría,
(las tres en conjunto) se conformaba un predio de mayor extensión.
El juzgador observó que el dictamen se refiere a dos predios (lote A y lote B), a pesar
de que el perito refirió que lo había realizado con base en las tres matrículas
inmobiliarias provistas. Así que, «la experticia no especifica qué lotes corresponden a qué
matrículas, ni, en su defecto, explica por qué el análisis se limita a dos predios cuando el
objeto del estudio recaía sobre tres.»
Explicó que «los inmuebles objeto de este proceso 040-441640, 040-444532 y 040-441639,
de acuerdo con sus folios de matrícula inmobiliaria, se derivaron de un inmueble de mayor
extensión, identificado con el registro 040-124827, que fue dividido materialmente por medio
de la escritura pública 1667 del 4 de junio de 2008 otorgada ante la Notaría Décima del Círculo
de Barranquilla./ […] la escritura pública 1667 dispone que el lote de mayor extensión se
dividió en dos predios denominados “LOTE ‘A’ y LOTE ‘B’”, sin hacer referencia a un tercer
inmueble. / De esta división, resultaron los folios de matrícula 040-441638, correspondiente al
lote A, y 040-441639, lote B. […]»
Agregó que: «con respecto al predio 040-441638 (que, así identificado, no hace parte de la
controversia), se allegó copia de la escritura pública 2877 del 15 de septiembre de 2008
otorgada ante la Notaría Décima del Círculo de Barranquilla, en la que se señaló que ese
inmueble se denominaba “LOTE A”.» Y que, «el lote A se dividió en dos predios que, a su vez,
7
Que incluye a los ejecutores de la obra bajo el principio ubi emolumentum ibi onus esse debet (donde está la utilidad debe estar
la carga). Ver, entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 11 de
diciembre de 2024. Exp: 69.715
8
Entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 14 de septiembre de
2000. Exp: 11417.
9
“Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.”
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se designaron “LOTE # A-1”99 y “LOTE A-2”, y se enajenó el lote A-2 a Inversiones Combgas
S.A.100.»
Destacó que «el certificado inmobiliario 040-441640 determina que se trata del “LOTE ‘C’
TRAMO CIRCUNVALAR”, respecto del cual, se reitera, no existe registro en la escritura
pública 1667, en la que, se insiste, se dividió el predio de mayor extensión únicamente en los
lotes A y B.»
De lo anterior, el ad quem observó que el perito expuso que se basó en los tres
registros inmobiliarios indicados en el cuestionario, pero no hizo el referido análisis,
que era indispensable para establecer la identificación y ubicación de los predios, así
como las áreas y proporciones sobre las cuales, según lo aseveró, se generó la
afectación con ocasión de la obra.
Teniendo en cuenta las anteriores observaciones, entre otras, el juzgador llegó a
varias conclusiones:
(i) […] el dictamen pericial no reveló, en ningún aparte, la existencia de la ocupación y,
simplemente, la adoptó como premisa para identificar los linderos y cabidas de antes y
después de la construcción de la obra, en orden a determinar la extensión
supuestamente afectada y, posteriormente, el valor del metro cuadrado.
(ii) […] el acervo probatorio da cuenta de que, en realidad, la avenida circunvalar existía, a
lo menos, desde el 2008, por lo cual el levantamiento topográfico efectuado en el peritaje
sobre los inmuebles “antes de la ocupación” no puede reflejar los hechos con veracidad.
En ese orden, se consideró que con el dictamen pericial no podía demostrarse, con
certeza, que los predios objeto del proceso fueron ocupados y que en el expediente
no existía ninguna prueba adicional que así lo evidenciara.
En efecto, revisó unos registros fotográficos aportados con la demanda de los que
sostuvo que no podían tenerse como prueba de la ocupación porque de ellos se
observan unas obras en una vía, sin que sea posible establecer su origen, el lugar
retratado, ni la época en la que fueron tomadas, y que estos no fueron reconocidos o
ratificados.
Bajo el anterior hilo conductor, sostuvo que la sentencia de primera instancia se
equivocó al afirmar que con el dictamen pericial se demostró la ocupación sobre los
bienes y, en consecuencia, ordenar la condena en abstracto, sin verificar que el
supuesto primario [ocupación] estuviera acreditada. Entonces, al no haberse probado
la existencia de la ocupación, revocó la decisión apelada y, en su lugar, negó las
pretensiones.
Por último, se refirió al cálculo del daño emergente correspondiente a la minusvalía
de los predios, pedido por los demandantes, que, a su juicio, tampoco era procedente.
Expuestas las razones en las que la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, sustentó la decisión adoptada en la sentencia de 17 de septiembre de
2025, objeto de reproche, la Sala advierte que frente a los defectos sustantivo y
procedimental sustentados con argumentos similares, como se anunció, no se cumple
el requisito de relevancia constitucional porque la discusión planteada en la demanda
de tutela, en relación con la legitimación en la causa por activa, no se relaciona con la
ratio decidendi del referido fallo dictado en segunda instancia en el proceso ordinario.
Como quedó descrito, la sentencia atacada negó las pretensiones de la demanda
porque la ocupación de los predios objeto del proceso no logró acreditarse con el
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dictamen pericial practicado en primera instancia ni con ningún otro elemento
probatorio obrante en el expediente. Por ello, la no prosperidad de las pretensiones
de reparación directa no obedeció a la falta de legitimación en la causa por activa de
las ahora actoras, como lo alegan en la demanda de tutela, y bajo ese supuesto
sustentan los defectos sustantivo y procedimental.
Se precisa que en lo que a ese punto se refiere, la autoridad accionada encontró
demostrado el parentesco de las actoras (hijas) y otros con el señor Guillermo Cañas
Gutiérrez y, si bien, advirtió la falta de certeza sobre el estado de la sucesión y la
necesidad de probar la propiedad, tal acreditación dependía de la decisión favorable
de las pretensiones, pero no fue la razón que tuvo el ad quem para negarlas.
Ahora bien, en cuanto a los argumentos que sustentan el defecto fáctico10, la Sala
encuentra que en cuanto a la escritura pública 1667 y su plano, sí fueron valorados
por la autoridad judicial accionada. Al respecto, se resalta que con fundamento en esa
prueba el ad quem, estableció que el predio de mayor extensión se dividió únicamente
en los lotes A y B; que la matrícula 040-441640 corresponde al «lote C tramo
circunvalar», que no tiene registro en dicha escritura; y que la avenida circunvalar ya
se encontraba entre los dos inmuebles desde el año 2008.
Por ello, concluyó que el levantamiento topográfico del estado anterior de los predios,
en el que el perito los situó colindantes entre sí, no podía reflejar los hechos con
veracidad.
Si bien la parte accionante invoca la misma escritura para inferir que, si la vía original
ya afectaba el predio, la ampliación debía seguir afectándolo; dicha inferencia no fue
desconocida, sino que resultó insuficiente, porque no acredita cuál de los tres
inmuebles fue ocupado con la obra de 2013 ni en qué extensión, que era lo que
correspondía demostrar.
Respecto del registro fotográfico aportado con la demanda, la providencia cuestionada
lo revisó y expuso las razones por las que no podía tenerse en cuenta. Precisó que,
aunque las imágenes venían rotuladas como ilustraciones, en ellas únicamente se
observan unas obras en una vía, sin que fuera posible establecer a ciencia cierta su
origen, el lugar retratado ni la época en que fueron tomadas, de modo que, al carecer
de reconocimiento o ratificación, no podían tenerse por sí solas como prueba de la
ocupación. Dicha conclusión se apoyó, además, en la jurisprudencia según la cual el
valor probatorio de las fotografías no depende únicamente de su autenticidad formal,
sino de la posibilidad de establecer que la imagen representa los hechos que se le
atribuyen. Es decir, el reparo no recayó sobre la autenticidad del documento sino sobre
su aptitud para demostrar el hecho de la ocupación.
Frente al oficio 01035 de noviembre de 2013, no se demostró su incidencia en la
decisión, porque la manifestación de la entidad sobre haber contado con autorización
no identifica los inmuebles afectados ni la extensión de la ocupación, aspectos que la
autoridad judicial demandada encontró que no fueron demostrados y sin los cuales no
podía predicarse la existencia del hecho generador del daño.
Así, el análisis probatorio de la autoridad accionada resulta razonable y
suficientemente motivado. De modo que, lo que plantea la parte accionante es su
discrepancia con el resultado de esa valoración.
10
Respecto del defecto fáctico, la Corte Constitucional en la sentencia T-015 de 2012 señaló que se produce cuando de la actividad probatoria ejercida por
el juez se desprende, -en una dimensión negativa-, que se omitió la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados
por el juez. Esta situación ocurre cuando se produce la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, cuando el juez simplemente la
ignora u omite, o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente.
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Cabe resaltar que, en el caso puesto en consideración de la Sección Tercera,
Subsección C, del Consejo de Estado, como juez de segunda instancia, se requería
un análisis probatorio dirigido a determinar si estaban probados los elementos que
estructuraban la responsabilidad de las entidades demandadas, por lo que era
imprescindible verificar que la ocupación alegada estaba debidamente probada, pues
es precisamente con tal comprobación que podía predicarse la existencia del hecho
generador del daño. Al no estar probada tal ocupación, la consecuencia lógica era la
revocatoria de la decisión que había accedido parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
Por último, cabe indicar que, aunque en primera instancia se estudió la
responsabilidad del Estado bajo el título de imputación de daño especial, la autoridad
judicial accionada advirtió que «si bien en estos eventos el título de imputación era
realmente el de falla en el servicio, la carga probatoria definida por esta Sección se
mantenía incólume». Lo anterior, porque, en uno y otro régimen, la prosperidad del
medio de control exigía la «comprobación de la ocupación —como hecho generador
del daño— causada por el Estado directamente o a través de particulares autorizados
—de lo que se deriva su imputación— y de la lesión sufrida como consecuencia». De
ahí que la falencia probatoria advertida en segunda instancia recayera sobre «un
elemento de la responsabilidad», al no haberse acreditado el «supuesto primario —
ocupación.»
Por lo expuesto, no se reúnen los presupuestos para advertir la configuración del
defecto fáctico alegado por las actoras.
De igual forma, como lo ha reiterado esta Sala, en los casos en que la tutela se dirige
contra una sentencia proferida por una Alta Corporación, la Corte Constitucional 11 ha
establecido un requisito adicional, en el sentido que se constate la configuración de
una anomalía de tal entidad que exija la imperiosa intervención del juez constitucional.
En consecuencia, se modificará el fallo de primera instancia para declarar
improcedente la solicitud de amparo promovida por las actoras, en lo que se refiere a
los defectos sustantivo y procedimental y la negará frente al defecto fáctico al no
encontrarse configurado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Modificar la sentencia impugnada del 29 de mayo de 2026, proferida por la Sección
Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado, conforme con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia, la cual queda así:
2. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por las señoras María Eliza
Cañas Carrillo, Bertilda Rosa Cañas de Oviedo y Carmen Sofía Cañas Carrillo, en
relación con los defectos sustantivo y procedimental propuestos; y
3. Negar las pretensiones de amparo respecto del defecto fáctico, por las razones
expuestas en la parte considerativa.
4. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
11
Sentencias, SU-917 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, SU-050 de 2017, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y SU 573 de
2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Demandante: María Eliza Cañas Carrillo y otros
6. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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