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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2014-00658-01

Fecha
17 de septiembre de 2025
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2014-00658-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 5 de junio de 2020 proferida por la Sección A del Tribunal Administrativo del Atlántico y, en su lugar, disponer: “NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en esta providencia”. SEGUNDO: CONDENAR en costas en ambas instancias a la parte demandante en favor de las demandadas. Para el efecto, se fijan las agencias en derecho de la primera instancia en el 1,5% de las pretensiones negadas y de la segunda instancia en el 1% de las pretensiones, que, en ambos casos, deberán ser pagadas en proporciones iguales por los demandantes y a favor de las entidades demandadas. TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 08001-23-33-000-2014-00658-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

17 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 08001-23-33-000-2014-00658-01 (67.671)
Demandante: Beatriz Helena Cañas Calderín y otros
Demandado: Área Metropolitana de Barranquilla y otros
Proceso: Medio de control de reparación directa

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA MATERIAL-Alude a que las partes procesales gocen, en virtud de la ley y la
relación sustancial, de la posibilidad de presentar pretensiones u oponerse a ellas. HERENCIA-Carece de
capacidad jurídica y, por ende, para ser parte en procesos judiciales. TITULARES DE LA HERENCIA-Individuos
físicos o jurídicos que han recibido la vocación hereditaria de la ley o testamento. LEGITIMACIÓN DE LOS
HEREDEROS-Para reclamar en favor de la masa sucesoral. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR
OCUPACIÓN TEMPORAL Y PERMANENTE DE INMUEBLES-Exige la comprobación de la ocupación, como
hecho generador del daño, causada por el Estado, directamente o a través de particulares autorizados, de lo
que se deriva su imputación, y de la lesión sufrida como consecuencia. DICTAMEN PERICIAL-Se aprecia de
acuerdo con las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y
calidad de sus fundamentos, así como las demás pruebas que obren en el proceso. VALOR PROBATORIO DE
LAS FOTOGRAFÍAS-Exige la certeza de que las imágenes correspondan a los hechos que pretenden probarse,
para lo cual debe determinarse la fecha en la que fueron tomadas, el lugar que retratan y su origen.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por las
demandadas —Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, Área
Metropolitana de Barranquilla y Edubar S.A.— en contra de la sentencia de 5 de
junio de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico – Sección A,
mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. La
decisión fue la siguiente:

“PRIMERO. - DECLARAR parcialmente probada la excepción de falta de legitimación
en la causa por activa, formulada por las entidades demandadas de conformidad con
lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO. - DECLARAR no probadas las excepciones de caducidad e inexistencia
de la obligación, formuladas por las entidades demandadas, conforme a lo
anteriormente expuesto.

TERCERO. - DECLARAR ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIAL Y
SOLIDARIAMENTE RESPONSABLES a las entidades demandadas, Distrito
Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, al Área Metropolitana de Barranquilla,
y a la Empresa de Desarrollo Urbano EDUBAR de los daños y perjuicios ocasionados
a los demandantes en ocasión a la ocupación permanente en los predios,
identificados con los números de matrículas inmobiliarias 040-441-640 y 040-444532

Radicación: 08001-23-33-000-2014-00658-01 (67.671)
Demandante: Beatriz Helena Cañas Calderín y otros
Demandado: Área Metropolitana de Barranquilla y otros
Asunto: Reparación Directa

y 040-411639, por los trabajos de obra pública adelantados en la segunda calzada
de la Avenida Circunvalar de Barranquilla Atlántico.

CUARTO. - CONDENAR en abstracto, al Distrito Especial Industrial y Portuario de
Barranquilla, el Área Metropolitana de Barranquilla, y la Empresa de Desarrollo
Urbano EDUBAR por concepto de daño emergente a favor de los demandantes, los
cuales se liquidarán mediante el trámite incidental previsto en el artículo 193 de la
Ley 1437 de 2011 con sujeción a las normas del C.G.P, el cual será adelantado a
petición del demandante, con sujeción a los parámetros señalados en la parte motiva
de esta sentencia.

QUINTO. – Niéguese las demás suplicas de la demanda.

SEXTO. - Sin costas en esta instancia.

SÉPTIMO. - La sentencia deberá cumplirse en los términos y en la forma establecida
en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.

OCTAVO. – Notifíquese de conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la
Ley 1437 de 2011.

NOVENO. – Si no fuere impugnada esta decisión, una vez ejecutoriada, archívese el
expediente previas las anotaciones de rigor”1.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La presente controversia gira en torno a la alegada ocupación por parte del Distrito
Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, el Área Metropolitana de
Barranquilla y Edubar S.A. sobre tres inmuebles que, en vida, eran de propiedad de
Guillermo Cañas —padre causante de algunos demandantes— con ocasión de la
ampliación de la segunda calzada de la avenida circunvalar en la ciudad de
Barranquilla, realizada en 2013.

II. ANTECEDENTES
La demanda

El 23 de julio de 20142, por medio de apoderado judicial, los señores Hernilda Cañas
Calderín, Beatriz Elena Cañas Calderín, Maritza Cañas Calderín de González,
Bertilda Rosa Cañas de Oviedo, Zoila Rosa Cañas Calderín3, Roberto Cañas
Carrillo, David de Jesús Cañas Carrillo, María Elisa Cañas Carrillo4, Carmen Sofía

1
Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 5_ED_00420140065800S.
2
Según consta en el acta de reparto. Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo:
2_ED_0012014006581C. P. 138.
3
Si bien la demanda se refiere a ella como Soila, el registro civil da cuenta de que su nombre es
Zoila. Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 2_ED_0012014006581C. P. 27.
4
Si bien la demanda se refiere a ella como María Eliza, el registro civil da cuenta de que su nombre
es María Elisa. Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 2_ED_0012014006581C. P. 29.

2

Radicación: 08001-23-33-000-2014-00658-01 (67.671)
Demandante: Beatriz Helena Cañas Calderín y otros
Demandado: Área Metropolitana de Barranquilla y otros
Asunto: Reparación Directa

Cañas Carrillo, Jaime Antonio Cañas Carrillo5, Jeni María Cañas Calcamo y Carmen
Carrillo Guerra6 presentaron demanda, en ejercicio del medio de control de
reparación directa, por la cual solicitaron la declaratoria de responsabilidad del
Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, el Área Metropolitana de
Barranquilla y la Empresa de Desarrollo Urbano-Edubar por la ocupación
permanente del inmueble de su propiedad, en los siguientes términos:

“PRIMERA: Que se declare que El DISTRITO ESPÉCIAL [sic], INDUSTRIAL Y
PORTUARIO DE BARRANQUILLA, AREA [sic] METROPOLITANA DE
BARRANQUILLA, EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA
Y LA REGION [sic] CARIBE – EDUBAR S.A., entidad administrativa [ilegible] de
personería jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, patrimonio
propio, autoridad y régimen especial, con capacidad jurídica para realizar
contrataciones de carácter público en el cual afectaron DE CARÁCTER
PERMANENTES [sic] CON TRABAJOS PÚBLICOS, predios de propiedad de mis
poderdantes y por lo tanto estas entidades son ADMINISTRATIVA y
EXTRACONTRACTUALMENTE responsable [sic] de los perjuicios materiales y extra
patrimoniales, causados a la Propiedad [sic] de los señores HERNILDA CAÑAS
CALDERIN [sic], BEATRIZ ELENA CAÑAS CALDERIN [sic], MARITZA CAÑAS
CALDERIN [sic] DE GONZALEZ [sic], BERTILDA ROSA CAÑAS DE OVIEDO,
SOILA [sic] ROSA CAÑAS CALDERIN [sic], ROBERTO CAÑAS CARRILLO, DAVID
DE JESUS [sic] CAÑAS CARRILLO, MARIA [sic] ELIZA [sic] CAÑAS CARRILLO,
CARMEN SOFIA [sic] CAÑAS CARRILLO, JAIME ANTONIO CAÑAS CARRILLO,
JENI MARIA [sic] CAÑAS CALCAMO y CARMEN CARRILLO GUERRA, quienes
son los Herederos Propietarios Pro Indiviso del Predio Urbano afectado por esas
entidades relacionadas, predio que se encuentra ubicado en la CARRETERA DE LA
CIRCUNVALAR DE BARRANQUILLA, predios que inician desde el puente de la
Carrera 46 que van al [sic] donde termina la Hyundai, los cuales se Identifican [sic]
con las Matriculas [sic] Inmobiliarias N° 040-441640, 040-444532 – 040-411639, de
la Oficina de Registro e instrumentos Públicos de Barranquilla, predios que
inicialmente fue adquirido [sic] por Prescripción Adquisitiva por parte del abuelo de
mis poderdantes el señor: MANUEL JOSE CAÑAS VILLAMIL, prescripción que se
tramito [sic] en el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Barranquilla, culminando con
sentencia de fecha 25 de Septiembre [sic] de 1961, con posterioridad de su
fallecimiento y de pleitos Judiciales [sic] en donde intervienen Familiares, el Heredero
del [sic] Manuel su hijo el señor: GUILLERMO CAÑAS GUTIERREZ [sic], adquiere
mediante sucesión la tradición del bien mediante Escritura Publica No [sic] 1667 de
Julio [sic] 4 de 2.008, de la Notaria Decima [sic] de Barranquilla, esos predios
fueron ocupados de Forma Permanente Con Trabajos Públicos, a [sic] las entidades
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, AREA
[sic] METROPOLITANA DE BARRANQUILLA y EMPRESA DE DESARROLLO
URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION [sic] CARIBE - EDUBAR S.A. por
HECHOS y OMISIONES con ocasión a los trabajos de Construcción y Ocupación
Permanente por Trabajos Públicos en los inmuebles de mis poderdantes. Al ocasiona
[sic] al predio la Grave Afectación y Deterioro y Despojo que se realizó por la vía de
hecho, si el [sic] previo [sic] indemnización a los afectados del mencionado bien
inmueble.

SEGUNDA: Como consecuencia de las anteriores Declaraciones se sirva Condenar,
al DISTRITO ESPÉCIAL [sic], INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA,

5
De acuerdo con lo señalado en la audiencia de pruebas del 21 de agosto de 2018 (índice SAMAI
60, link de audiencias de OneDrive, archivo: 21082018-D01-2014-00658-AP, minutos 6:00 a 9:05 de
la grabación), el señor Jaime Antonio Cañas Carrillo falleció (como fue demostrado con el registro
de defunción, que obra a índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 4_ED_0032014006583CP. P.
226), motivo por el cual se reconoció la correspondiente sucesión procesal a favor de su madre,
Carmen Carrillo Guerra, mediante auto de 18 de octubre de 2018 (índice SAMAI 2. Expediente digital.
Archivo: 4_ED_0032014006583CP. Págs. 257 y 258).
6
Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 2_ED_0012014006581C. Págs. 3 a 15.

3

Radicación: 08001-23-33-000-2014-00658-01 (67.671)
Demandante: Beatriz Helena Cañas Calderín y otros
Demandado: Área Metropolitana de Barranquilla y otros
Asunto: Reparación Directa

AREA [sic] METROPOLITANA DE BARRANQUILLA y EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION [sic] CARIBE -
EDUBAR S.A., como reparación del daño material y extra patrimonial ocasionado por
HECHOS y OMISIONES, a pagar a los señores: HERNILDA CAÑAS CALDERIN
[sic], BEATRIZ ELENA CAÑAS CALDERIN [sic], MARITZA CAÑAS DE GONZALEZ
[sic], BERTILDA ROSA CAÑAS DE OVIEDO, SOILA [sic] ROSA CAÑAS
CALDERIN [sic], ROBERTO CAÑAS CARRILLO, DAVID DE JESUS [sic] CAÑAS
CARRILLO, MARIA [sic] ELIZA [sic] CAÑAS CARRILLO, CARMEN SOFIA [sic]
CAÑAS CARRILLO, JAIME ANTONIO CAÑAS CARRILLO, JENI MARIA [sic]
CAÑAS CALCAMO y CARMEN CARRILLO GUERRA, los perjuicios de orden
material y extra patrimoniales actuales y futuros, Daño emergente y Lucro cesante y
Minusvalía del predio, los cuales se estiman razonadamente a continuación:

1.- Que se ordene el pago por ocupación Permanente Por Trabajos Públicos, en el
inmueble con trabajos públicos al realizar carretera en la Circunvalar, al DISTRITO
ESPÉCIAL [sic], INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, AREA [sic]
METROPOLITANA DE BARRANQUILLA y EMPRESA DE DESARROLLO
URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION [sic] CARIBE - EDUBAR S.A. por
ocupar una extensión contenida en los metros cuadrados en una longitud de 2.886
Mts de Largo x 16 Mts de ancho = 46.176 Mts Cuadrados Afectados x $300.000.oo
del valor de Metro Cuadrado en la Zona = asciende a una suma Superior a los
TRESCE [sic] MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES
OCHOCIENTOS MIL PESOS M-L ($13.852.800.000.oo).

2.- Que se ordene el pago por Ocupación Permanente Por Trabajos Públicos, en el
inmueble por trabajos públicos, por encontrase restringida cualquier obra civil o de
construcciones y al hacerse [sic] cercenado el derecho legal de edificaciones, al
DISTRITO ESPÉCIAL [sic], INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA,
AREA [sic] METROPOLITANA DE BARRANQUILLA y EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION [sic] CARIBE —
EDUBAR S.A., por una suma Superior a los CUATRO MIL QUINIENTOS
MILLONES DE PESOS ($4.500.000.000.00), por concepto de indemnización de
los perjuicios, indexación más los intereses moratorios bancarios permitidos
por la ley, desde la fecha de la ocupación hasta la sentencia que resuelva este
proceso o hasta se efectué [sic] el pago total de la misma y que Omisivamente
[sic] no dado [sic] aplicación de indemnización de perjuicios.

3.- Que se Condene a la empresa DISTRITO ESPÉCIAL [sic], INDUSTRIAL Y
PORTUARIO DE BARRANQUILLA, AREA [sic] METROPOLITANA DE
BARRANQUILLA y EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y
LA REGION [sic] CARIBE — EDUBAR S.A., cancelar a mis poderdantes una suma
Superior a los DOS MIL MILLONES DE PESOS M-L ($2.000.000.000.oo) como
Daño Emergente por la Minusvalía del predio.

4 [sic] Que Condene al DISTRITO ESPÉCIAL [sic], INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE
BARRANQUILLA, AREA [sic] METROPOLITANA DE BARRANQUILLA y EMPRESA
DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION [sic] CARIBE —
EDUBAR S.A., cancelar a mis poderdantes la suma Superior a los Quinientos
(500) Salarios Mínimos Legales mensuales por concepto de Perjuicios Morales
Subjetivados.

5.- Que se condene al DISTRITO ESPÉCIAL [sic], INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE
BARRANQUILLA, AREA [sic] METROPOLITANA DE BARRANQUILLA y
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION [sic]
CARIBE — EDUBAR S.A., al pago de los intereses corriente [sic] y moratorios y
cualquier suma de dinero será imputada inicialmente a intereses.

6.-Condenar al DISTRITO ESPÉCIAL [sic], INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE
BARRANQUILLA, AREA [sic] METROPOLITANA DE BARRANQUILLA y EMPRESA
DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION [sic] CARIBE —
EDUBAR S.A., al pago de COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO.

TERCERA: Como consecuencia de la Ocupación Permanente por Trabajos Públicos,
por las entidades demandadas, se sirva ordenar al Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, la medición del deslinde de la franja de terreno que ocupa las demandas

4

Radicación: 08001-23-33-000-2014-00658-01 (67.671)
Demandante: Beatriz Helena Cañas Calderín y otros
Demandado: Área Metropolitana de Barranquilla y otros
Asunto: Reparación Directa

[sic] a fin de que se determinen los nuevos linderos y medidas, para efectos del
catastro y con posterioridad al Registro nuevo en la Oficina de Registro e
Instrumentos Público [sic] de Barranquilla, en los folios de Matrícula Inmobiliaria N°
040-441640, 040-444532 – y 040-411639. A fin de cancelar el predial acorde a
nuevos linderos y medidas.

CUARTA: Que la condena respectiva será actualizada de conformidad con lo previsto
en el artículo 178 del C.C.A., aplicando en la liquidación la variación promedio
mensual del índice de precios al consumidor, desde la fecha de la ocurrencia del
hecho, hasta la ejecutoria del correspondiente fallo definitivo.

QUINTA: La parte demandada dará cumplimiento a la sentencia, en los términos de
los artículos 176 y 177 del C.C.A.

SEXTA: Que se condena [sic] al DISTRITO ESPÉCIAL [sic], INDUSTRIAL Y
PORTUARIO DE BARRANQUILLA, AREA [sic] METROPOLITANA DE
BARRANQUILLA y EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA
Y LA REGION [sic] CARIBE — EDUBAR S.A., al pago de los intereses corrientes y
moratorios y cualquier suma de dinero será imputada inicialmente a intereses.

SEPTIMA [sic]: Que se Condene [sic] al DISTRITO ESPÉCIAL [sic], INDUSTRIAL Y
PORTUARIO DE BARRANQUILLA, AREA [sic] METROPOLITANA DE
BARRANQUILLA y EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA
Y LA REGION [sic] CARIBE — EDUBAR S.A. al pago de las COSTAS Y AGENCIAS
EN DERECHO.”

Como hechos de la demanda, se expuso que los demandantes eran herederos
propietarios pro indiviso del predio identificado con las matrículas inmobiliarias 040-
441640, 040-444532 y 040-411639, ubicado en la carretera de la circunvalar de
Barranquilla, inmueble que, al momento de la interposición de la demanda, estaba
en juicio de sucesión ante el Juzgado Cuarto de Familia de Barranquilla, bajo el
radicado 00300-2013.

Se narró que, el 30 de mayo de 2013, los demandantes se percataron de que las
entidades demandadas habían tomado por la vía de hecho una extensión de su
propiedad para construir un tramo de la carretera de la circunvalar, correspondiente
a más de 46.176 metros cuadrados, sin adelantar los trámites previstos en la Ley
56 de 1981, ni reconocer una indemnización a su favor.

De acuerdo con el relato, con la ocupación permanente por trabajos públicos, se
destruyeron cercas, se talaron árboles, se dejaron huecos y se causaron otros
daños que impidieron que en el predio se realizara un proyecto urbanístico, pues la
franja ocupada por las entidades imposibilitaba la ejecución de una obra civil.

Se solicitó, entonces, el reconocimiento del valor del predio afectado, equivalente a
$13.852’800.000; la minusvalía del predio que no fue objeto de ocupación,
correspondiente a que la desvalorización del terreno perjudicó su crecimiento y

5

Radicación: 08001-23-33-000-2014-00658-01 (67.671)
Demandante: Beatriz Helena Cañas Calderín y otros
Demandado: Área Metropolitana de Barranquilla y otros
Asunto: Reparación Directa

desarrollo, que se calculó en $4.500’000.000; el lucro cesante, en virtud de que se
dejaron de realizar obras y se imposibilitó la construcción de proyectos urbanísticos,
por una suma de $2.000’000.000; y daños morales a favor de Hernilda Cañas
Calderín, Zoila Cañas Calderín y Jaime Antonio Cañas Carrillo por un total de 500
salarios mínimos legales mensuales vigentes7.

Contestaciones de la demanda

1. Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla

De manera oportuna8, presentó la excepción de (i) falta de legitimación en la causa
por activa, en cuya virtud alegó que la titularidad del predio objeto del litigio no podía
ser determinada con certeza, puesto que, por un lado, éste aún estaba registrado a
nombre del señor Guillermo Cañas Gutiérrez, y por otro, tenía un embargo de la
Fiscalía General de la Nación por una investigación de una conducta punible que
impedía establecer la legalidad de la titularidad.

Alegó también (ii) la configuración de la caducidad, pues la obra de la ampliación de
la circunvalar, a la cual se refería la demanda, se inició en el 2009 y se terminó a
finales del 2012, por lo que el extremo activo debió conocerlas desde antes de mayo
del 2013.

Finalmente, excepcionó (iii) la carencia de los presupuestos jurídicos de la
responsabilidad, en cuanto no se había probado la ocupación de la extensión del
predio, de lo cual devenía evidente que no estaba demostrado el daño antijurídico,
falla del servicio o nexo de causalidad.

2. Área Metropolitana de Barranquilla

Dentro del término legal9, formuló las excepciones (i) de falta de legitimación en la
causa, con fundamento en que la titularidad del predio no era clara; (ii) caducidad
de la acción, porque la segunda calzada de la vía circunvalar inició obras el 18 de
febrero de 2013, y desde ese momento los demandantes debieron conocer de la

7
Subsanación de la demanda. Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 2_ED_0012014006581C.
Págs. 144 a 147.
8
Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 2_ED_0012014006581C. Págs. 174 a 181.
9
Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 3_ED_0022014006582CP. Págs. 11 a 20.

6

Radicación: 08001-23-33-000-2014-00658-01 (67.671)
Demandante: Beatriz Helena Cañas Calderín y otros
Demandado: Área Metropolitana de Barranquilla y otros
Asunto: Reparación Directa

afectación; e (iii) inexistencia de elementos para edificar la responsabilidad del
Estado, pues no existía prueba del daño antijurídico, ni de que la entidad hubiera
incurrido en una omisión o actuado de manera deficiente, así como tampoco un
nexo de causalidad.

3. Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Región Caribe-
Edubar S.A.

En su escrito de oposición10, sostuvo la (i) inexistencia del derecho reclamado, en
cuanto los demandantes no figuraban como propietarios de lote alguno en el sector
“avenida circunvalar e intersecciones viales en el tramo comprendido entre las
carreras 38 y la carrera 53 de Barranquilla”, de acuerdo con el censo realizado por
esta entidad en el 2012, de lo que se derivaba que Edubar no había causado ningún
daño.

(ii) Exoneración de culpa de Edubar, puesto que únicamente se encargó, mediante
un contrato interadministrativo, de la realización del “plan de adquisición predial y
reasentamiento” para el proyecto “mejoramiento de la interconexión vial que incluye,
ampliación de la segunda calzada avenida circunvalar e intersecciones viales en el
tramo comprendido entre las carreras 38 y la carrera 53 de Barranquilla”. En la
misma línea, planteó la (iii) ausencia de culpa y, consecuencialmente, de
responsabilidad de Edubar, con fundamento en que esta entidad únicamente había
ejecutado el contrato interadministrativo, sumado a que los demandantes no eran
los propietarios del predio, según el censo efectuado.

En cuanto a la (iv) inexistencia de lucro cesante y daño emergente, señaló que no
existían pruebas que evidenciaran que los demandantes habían sufrido perjuicios,
sobre la base de que no eran los propietarios.

Basada en la misma consideración de ausencia de titularidad de los demandantes
sobre el predio, en escrito separado11, presentó la excepción previa de falta de
legitimación en la causa por activa.

10
Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 3_ED_0022014006582CP.Págs. 82 a 92.
11
Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 3_ED_0022014006582CP. Págs. 93 y 94.

7

Radicación: 08001-23-33-000-2014-00658-01 (67.671)
Demandante: Beatriz Helena Cañas Calderín y otros
Demandado: Área Metropolitana de Barranquilla y otros
Asunto: Reparación Directa

Sentencia de primera instancia

El 5 de junio de 2020, el Tribunal Administrativo del Atlántico – Sección A profirió la
sentencia12 accediendo parcialmente a las pretensiones formuladas. Como sustento
de su decisión, en primer lugar, refirió que, de acuerdo con los certificados de
tradición de los predios identificados con las matrículas inmobiliarias 040-441640,
040-444532 y 040-441639, el titular del bien era el señor Guillermo Cañas Gutiérrez,
por lo cual era posible reputarlo como su propietario, al margen del embargo de la
Fiscalía General de la Nación.

De esta manera, concluyó que los demandantes que habían probado ser los
sucesores del propietario causante con los registros civiles —Zolia Rosa Cañas
Calderín, Hernilda Cañas Calderín, Beatriz Elena Cañas Calderín, Bertilda Rosa
Cañas Calderín, Jaime Antonio Cañas Carrillo, María Elisa Cañas Carrillo y Carmen
Sofía Cañas Carrillo— estaban legitimados en la causa por activa.

En cuanto al fondo del asunto, encontró acreditado que el Área Metropolitana de
Barranquilla y el consorcio Circunvalar suscribieron el contrato de obra AMB-LP-
001-2012 el 13 de diciembre de 2012, cuyo objeto consistió en el “mejoramiento de
la interconexión vial regional, segunda calzada avenida circunvalar de Barranquilla,
Atlántico, para la construcción de 2.5 km de doble calzada sector cra 38 a la cra 46
tramo II y sector cra 51B y cra 53 con avenida circunvalar (…)”, con acta de inicio
signada el 18 de febrero de 2013. Asimismo, consideró que el dictamen pericial
practicado, además de no haber sido objetado, estaba fundamento y razonado, por
lo que debía acogerse en los puntos atinentes a las medidas y linderos del predio
en cuestión, antes y después de la ocupación, que daban cuenta de la afectación
de la obra en la propiedad objeto del litigio.

Así, con fundamento en el régimen de daño especial, argumentó que, si bien la
construcción de la interconexión vial era lícita, con ella se había causado un daño
al particular que no estaba obligado a soportar, por lo que procedía su
indemnización.

No accedió al reconocimiento de perjuicios morales, en tanto determinó que no se
habían demostrado. En cuanto al daño emergente, el a quo advirtió que el dictamen

12
Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 5_ED_00420140065800S.

8

Radicación: 08001-23-33-000-2014-00658-01 (67.671)
Demandante: Beatriz Helena Cañas Calderín y otros
Demandado: Área Metropolitana de Barranquilla y otros
Asunto: Reparación Directa

pericial no había sido claro respecto del valor total del área ocupada, por lo que
ordenó la condena en abstracto, para cuya liquidación debía practicarse un
dictamen pericial de avalúo de bienes inmuebles para que, teniendo en cuenta el
contrato de obra AMB-LP-001-2012, determinara el valor del metro cuadrado del
predio ocupado, así como la minusvalía en el predio identificado con los folios de
matrícula inmobiliaria 040-441640, 040-444532 y 040-411639.

Recursos de apelación

1. Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla

En su escrito de impugnación13, insistió en la excepción de falta de legitimación en
la causa por activa, porque no era clara la posición de los demandantes y no existía
ningún elemento que permitiera inferir su calidad de propietarios o poseedores de
buena fe del inmueble, además de que pretendían reclamar a título personal y no a
favor de la masa sucesoral; repitió el argumento según el cual el dominio no era
fehaciente por cuenta del embargo impuesto por la Fiscalía General de la Nación.

Agregó la existencia de una medida cautelar de embargo sobre los inmuebles por
parte del Juzgado Primero de Familia Oral de Barranquilla, en curso del proceso
sucesorio con radicado 2016-00536, de cuyo desarrollo no se había allegado prueba
alguna, y no podía establecerse si se había dictado sentencia declarando la
adjudicación a favor de los demandantes, a pesar de que esa era la única manera
de determinar si los miembros que conformaban el extremo activo estaban
legitimados en la causa.

Censuró la conclusión de la ocupación sobre el predio identificado con matrícula
inmobiliaria 040-411639, toda vez que, de acuerdo con el certificado, éste
pertenecía a la señora Olga Isabel Ayala Maldonado, por lo cual el fallo debía excluir
este lote.

Señaló que las demandadas sí habían objetado el dictamen pericial porque el perito
no había aportado sus certificados de idoneidad y experiencia, y no había
especificado qué lotes —identificados en su concepto como A y B— correspondían

13
Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 14_ED_DEIPRECURSO. 210402. Recurso de
Apelación contra Fallo Rad. 2014-00658.

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Radicación: 08001-23-33-000-2014-00658-01 (67.671)
Demandante: Beatriz Helena Cañas Calderín y otros
Demandado: Área Metropolitana de Barranquilla y otros
Asunto: Reparación Directa

a las matrículas inmobiliarias objeto del litigio, sumado a que uno de ellos era de
propiedad de Olga Isabel Ayala Maldonado.

2. Área Metropolitana de Barranquilla

Por su parte14, reiteró que los demandantes no estaban legitimados en la causa por
activa, pues no habían acreditado ser los propietarios del bien supuestamente
ocupado, a pesar de haber sido esta la calidad —y no la de herederos— la que
había fundamentado su reclamo. Añadió que, en gracia de discusión, tampoco
demostraron tener la posesión efectiva de la herencia que permitiera ejercer los
derechos que se desprendían del dominio sobre inmuebles de una masa sucesoral.

Alegó una indebida indemnización de perjuicios, pues la certeza del daño
correspondiente a la minusvalía de la porción del predio ocupado no había sido
acreditada, además de que, de acuerdo con la jurisprudencia, este daño no podía
ser reconocido concomitantemente con el del valor del terreno ocupado.

Expuso que, para la indemnización en casos de ocupación permanente por la
realización de obras públicas, el daño emergente correspondía al valor comercial
del inmueble al momento de la ocupación, sobre lo cual debía reconocerse la
indexación y los intereses legales, pero no los moratorios sobre el capital, por lo
cual solicitó que se adecuaran los parámetros para la liquidación de la condena.

3. Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Región Caribe-
Edubar S.A.

Igualmente, este demandado se opuso a la condena15 sobre la base de que los
demandantes no tenían legitimación en la causa por activa, en la medida en la que
la propiedad sobre los predios con matrícula inmobiliaria 040-444532 y 040-
4411640 era controvertida desde 2012 y aquel identificado con la matrícula
inmobiliaria 040-411639 pertenecía a Olga Isabel Ayala Maldonado.

Respecto de la controversia de la titularidad sobre los inmuebles 040-444532 y 040-
4411640, recordó que, desde 2012, la Fiscalía 37 Delegada de la Unidad de

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Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 11_ED_AREAMETROPOLITANAR. 210402. Recurso
de apelación 2014-658.
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Índice SAMAI 72.

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Radicación: 08001-23-33-000-2014-00658-01 (67.671)
Demandante: Beatriz Helena Cañas Calderín y otros
Demandado: Área Metropolitana de Barranquilla y otros
Asunto: Reparación Directa

Patrimonio Económico de Barranquilla había adelantado un proceso con radicado
302828, en el que se debatía dicho derecho de dominio, de manera que el a quo
debía esperar al resultado de la acción penal.

Agregó que los demandantes no habían pedido a nombre de la masa sucesoral,
sino a nombre personal, con lo cual se argumentó que el Tribunal había reconocido
derechos herenciales por fuera del escenario pertinente, que no es otro que el
proceso de sucesión.

Manifestó que en la condena en abstracto no se indicaba a favor de quién debía
hacerse el pago, ni había concordancia entre la parte considerativa y resolutiva de
la sentencia con relación a la legitimación de los demandantes.

Reiteró que el Despacho conductor del proceso había debido decretar la
prejudicialidad, en virtud de que estaban en curso los trámites sucesorales y el
penal, que tenían estrecha conexidad con el presente, de cara a la legitimación en
la causa por activa.

Advirtió que había una indebida valoración del dictamen pericial, puesto que las
conclusiones carecían de explicación sobre la determinación del valor del metro
cuadrado, o respecto de la técnica o método empleado, sumado a que no se
acreditó la idoneidad de los peritos, motivo por el cual no debía ser acogido, en
concordancia con el artículo 232 del CGP.

Igualmente, acusó al Tribunal de haber efectuado una indebida valoración del folio
de matrícula inmobiliaria 040-411639, en el que se señala que la propietaria era
Olga Isabel Ayala Maldonado, a pesar de lo cual, se concluyó que este inmueble
pertenecía a Guillermo Cañas.

Trámite en la segunda instancia

Mediante proveído de 20 de agosto de 2021, el Tribunal Administrativo del Atlántico
concedió los recursos presentados16, que fueron admitidos por el Consejo de Estado
en auto del 3 de diciembre de la misma anualidad17. Este último auto fue adicionado

16
Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 9_ED_010201400658CONC.
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Índice SAMAI 4.

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Radicación: 08001-23-33-000-2014-00658-01 (67.671)
Demandante: Beatriz Helena Cañas Calderín y otros
Demandado: Área Metropolitana de Barranquilla y otros
Asunto: Reparación Directa

mediante proveído del 10 de marzo de 2023, en el sentido de precisar la admisión
de los tres recursos presentados18.

En auto del 5 de agosto del 202419, el Despacho ordenó correr traslado a las partes
para que presentaran sus alegatos de conclusión y, vencido ese término, al
Ministerio Público para que presentara concepto de acuerdo con el artículo 247.4
del CPACA20.

En esta oportunidad, el Área Metropolitana de Barranquilla21 reiteró los cargos
propuestos en la impugnación. Enfatizó en que existían dudas acerca de la legalidad
de la titularidad del bien, como lo ponía de presente la investigación de la Fiscalía
General de la Nación. Añadió que no había certeza de que los predios en concreto
hubieran sido ocupados por las entidades demandadas, puesto que no era cierto
que el dictamen pericial hubiera emitido tal conclusión. Alegó que, en gracia de
discusión, el daño era atribuible a la culpa exclusiva de Edubar, quien había sido el
encargado de realizar las labores de adquisición de los predios para la construcción
de la obra y, en consecuencia, quien tramitó los permisos de ingreso con terceros,
en atención a las dudas sobre la titularidad de los demandantes.

El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla22 insistió en la
caducidad de la acción, pues el litigio realmente no versaba sobre una ocupación
física, sino jurídica sobre el inmueble, como se demostró con el hecho de que las
áreas y linderos señaladas en el peritaje y las de la escritura pública 1667 de 2008
fueran idénticas. En otras palabras, que la ocupación se concretó en el momento en
el que se excluyó del área del bien identificado con la matrícula inmobiliaria 040-
124827 el terreno para la construcción de la circunvalar y, con ello, se dividió el
mencionado predio dando lugar a dos folios de matrícula nuevos. En consecuencia,
que la ocupación del bien se conoció el 4 de junio de 2008, fecha en la que se elevó
a escritura pública la división del predio y la exclusión de un área del mismo.

Edubar S.A.23 argumentó que la titularidad del bien objeto del litigio era
controvertida desde 2012, como se advierte del proceso adelantado por la Fiscalía

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Índice SAMAI 16.
19
Índice SAMAI 43.
20
En virtud de que el recurso fue interpuesto antes de la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021.
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Índice SAMAI 47.
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Índice SAMAI 48.
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Índice SAMAI 51.

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Radicación: 08001-23-33-000-2014-00658-01 (67.671)
Demandante: Beatriz Helena Cañas Calderín y otros
Demandado: Área Metropolitana de Barranquilla y otros
Asunto: Reparación Directa

37 Delegada – Unidad de Patrimonio Económico de Barranquilla con radicado
302828, por lo que no podía concluirse que los demandantes estaban legitimados
en la causa con base en unos registros civiles de nacimiento, y sin el debido
reconocimiento por una autoridad competente sobre los derechos herenciales, ni la
prejudicialidad de las resultas del proceso penal, además de que el predio
identificado con la matrícula inmobiliaria 040-411639 era de propiedad de Olga
Isabel Ayala. Señaló que el predio estaba ocupado por Inversiones Combgas,
Hermanos Palacios, Edwin Quintero, Gerardo Gómez y Mauricio Seoanes,
personas que autorizaron a Edubar el ingreso para adelantar la obra pública. Agregó
que el dictamen no contenía los suficientes elementos de juicio ni soportes técnicos
que permitieran establecer con certeza lo alegado, sumado a que el perito no
acreditó su idoneidad.

La demandante24 manifestó que la sentencia de primera instancia se ajustaba en
su totalidad a la normativa vigente, señaló que las medidas y linderos de los
inmuebles afectados habían sido determinados en el dictamen pericial, y expuso
que la ocupación de un predio por parte de la Administración generaba el derecho
de indemnización. En cuanto a la caducidad, la prescripción y la legitimidad, adujo
que fue abordado por el a quo correctamente.

El Ministerio Público25 rindió su concepto en el que advirtió que no existía prueba
alguna en el expediente de la cual pudiera derivarse que los demandantes
estuvieran legitimados en la causa para elevar estas pretensiones, en la medida en
la que no acreditaron ser los propietarios ni poseedores de los predios
supuestamente afectados, sino que únicamente demostraron —algunos de ellos—
ser parientes del fallecido señor Guillermo Cañas, que no resultaba suficiente para
el éxito del pedimento, puesto que se trataba de una expectativa incierta consistente
en la vocación de heredar.

Afirmó que, en una controversia civil, la calidad de heredero se probaba con el
testamento debidamente registrado, con las respectivas actas del estado civil o
eclesiásticas, o con el auto en el que se hubiera hecho tal reconocimiento dentro
del juicio de sucesión respectivo; mientras que en los procesos de la jurisdicción de
lo contencioso administrativo, la calidad de heredero era distinta a la de sucesor o

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Índice SAMAI 50.
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Índice SAMAI 52.

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Radicación: 08001-23-33-000-2014-00658-01 (67.671)
Demandante: Beatriz Helena Cañas Calderín y otros
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Asunto: Reparación Directa

propietario por sucesión, puesto que este último sustentaba la pretensión
indemnizatoria en su condición de dueño, situación que debía probarse mediante la
sentencia que diera cuenta que el demandante pasó de ser heredero a propietario
como consecuencia de la muerte del causante.

Expuso que, en el presente asunto, los demandantes acreditaron la existencia de
un proceso judicial referente a la sucesión intestada de Guillermo Cañas, que
terminó por desistimiento tácito, motivo por el cual no podía determinarse que los
demandantes fueran los propietarios del bien.

III. CONSIDERACIONES

1. Como la demanda se presentó el 23 de julio de 2014, el régimen aplicable es el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA). Conforme al artículo 308 del CPACA, éste empezó a regir el 2 de julio de
2012 y sólo se aplica a los procedimientos y actuaciones administrativas que se
inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren, con posterioridad a
su entrada en vigencia. Adicionalmente, conforme al artículo 306 de este Código,
en los aspectos no contemplados, se seguirá el Código General del Proceso (CGP)
en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

I. Presupuestos procesales

1. Jurisdicción y competencia

2. La jurisdicción contencioso administrativa, como guardián del orden jurídico,
conoce de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos,
omisiones y operaciones en los que estén involucradas entidades públicas, según
el artículo 104 del CPACA, como ocurre en este caso en el que se le atribuye
responsabilidad al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, el Área
Metropolitana de Barranquilla y la Empresa de Desarrollo Urbano-Edubar.

3. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este
asunto de conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo
615 del CGP, según el cual conoce de los recursos de apelación contra las

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Radicación: 08001-23-33-000-2014-00658-01 (67.671)
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Asunto: Reparación Directa

sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos.
Asimismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía, pues el valor de
la pretensión material mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 152.6
del CPACA, esto es, $308’000.00026.

2. Medio de control procedente

4. La reparación directa —aquí incoada— es el medio de control idóneo para
perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño
invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o la ocupación
temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o cualquier otra
causa imputable a una entidad pública o a un particular siguiendo una expresa
instrucción de la misma.

5. En atención a que en el presente asunto se pretende la responsabilidad de las
entidades accionadas por —según se alega— la ocupación de inmuebles de
propiedad de los demandantes con ocasión de trabajos públicos, este es el medio
de control correspondiente.

3. Demanda en tiempo

6. De acuerdo con el artículo 164.2.i del CPACA, el término para presentar la
demanda en ejercicio de este medio de control es de “dos (2) años, contados a partir
del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o
de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha
posterior (…)” (negrillas fuera del texto original).

Se advierte que el reclamo del extremo activo consiste en la ocupación permanente
de un área de unos inmuebles de su propiedad por parte de las entidades
demandadas para la construcción de un tramo de la carretera de la circunvalar.

De acuerdo con la jurisprudencia de esta Sección, la caducidad en estos eventos
se computa desde cuando ocurrió la invasión que transgredió el derecho real del

26
Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2014 ($616.000) por 500. La pretensión
mayor (artículo 157 del CPACA) fue estimada en la suma de $13.852’500.000, por concepto del valor
del bien ocupado.

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Radicación: 08001-23-33-000-2014-00658-01 (67.671)
Demandante: Beatriz Helena Cañas Calderín y otros
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Asunto: Reparación Directa

propietario o poseedor sobre el inmueble27, que, según se ha dispuesto “implica un
daño de ejecución instantánea, que se produce en un único momento claramente
determinable en el tiempo”28.

En la demanda se narra que los demandantes tuvieron conocimiento de la
ocupación el 30 de mayo de 2013, momento en el que las entidades “penetraron de
forma arbitraria y por la vía de hecho en predios de mis poderdantes”29, además de
que, en el pronunciamiento sobre las excepciones formuladas por el Distrito
Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, precisaron que se trataba de los
trabajos relativos a la “segunda calzada del tramo de la circunvalar entre carreras
38 y 53”, que iniciaron en el 201330.

En esta línea, al proceso se allegó el contrato de obra AMB-LP-001-201231, con el
objeto del “mejoramiento de la interconexión vial regional, segunda calzada
avenida circunvalar de Barranquilla, Atlántico, para la construcción de 2.5Km
de doble calzada, sector Cra. 38 a la Cra. 46 Tramo II y Sector Cra. 51B y Cra.
53 con avenida circunvalar construcción de tres puentes vehiculares dentro del
sistema de interconexión vial segunda calzada – avenida circunvalar de
Barranquilla” (negrillas fuera del texto original), suscrito entre el Área Metropolitana
de Barranquilla y Consorcio Circunvalar 3, el 13 de diciembre de 2012. Igualmente,
se aportó el acta de inicio correspondiente a dicho contrato, suscrita el 18 de febrero
de 201332.

De lo anterior se desprende que las obras con las cuales —según se aduce— se
ocuparon los predios en cuestión empezaron a ejecutarse después del 18 de febrero
de 2013, y que, si bien no se acreditó el momento preciso en el cual los
demandantes se percataron de estos hechos, lo cierto es que la demanda se
presentó el 23 de julio de 201433, esto es antes de que transcurrieran dos años

27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 28 de
octubre de 2024. Exp: 68581. Criterio reiterado por esta Subsección, entre otras, en sentencia de 11
de diciembre de 2024, exp: 69.715.
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto del 9 de febrero
del 2011. Exp: 38271.
29
Hecho quinto de la demanda.
30
Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 2_ED_0012014006581C. P. 185.
31
Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 4_ED_0032014006583CP. Págs. 138 a 145.
32
Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 3_ED_0022014006582CP. P. 21.
33
Según consta en el acta de reparto (índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo:
2_ED_0012014006581C. P. 138) y sin perjuicio del agotamiento del requisito de conciliación
extrajudicial, que se surtió entre el 3 de julio de 2014, fecha de su radicación, hasta el 15 de julio de

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Radicación: 08001-23-33-000-2014-00658-01 (67.671)
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Asunto: Reparación Directa

desde la fecha en la cual pudieron empezar los trabajos, motivo por el cual se
concluye que el medio de control fue impetrado en tiempo.

4. Legitimación en la causa

7. La legitimación en la causa, además de ser un presupuesto para emitir un
pronunciamiento de fondo, constituye, en el presente, un cargo presentado en las
impugnaciones y un asunto debatido a lo largo del proceso.

4.1. Por activa

8. Sea lo primero recordar que las demandadas, en sus contestaciones, formularon
la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, sobre la base de que el
predio objeto de ocupación no pertenecía a los demandantes, sino al señor
Guillermo Cañas Gutiérrez, así como porque no había certeza sobre la titularidad
del bien.

Por su parte, la sentencia de primera instancia concluyó que, de acuerdo con los
certificados de tradición de los bienes en cuestión, el titular era el señor Guillermo
Cañas Gutiérrez, de manera que los demandantes que habían probado ser sus
sucesores estaban legitimados en la causa como propietarios del bien.

En contra de esta decisión, los impugnantes refirieron que los demandantes no
habían aportado prueba alguna que permitiera reputarlos propietarios o poseedores
de buena fe, ni habían acreditado el resultado del proceso sucesorio 2016-00536,
de modo que no era posible determinar si se les habían adjudicado los bienes objeto
de este proceso, motivo por el cual no podía establecerse si estaban legitimados en
la causa, bajo la consideración de que pretendían reclamar los perjuicios a título
personal, y no a favor de la masa sucesoral. En esta medida, añadieron que el
Tribunal había reconocido derechos herenciales excediendo lo atinente a su
competencia.

9. La legitimación en la causa material alude a que las partes procesales gocen, en
virtud de la ley y la relación sustancial, de la posibilidad de presentar las

2014, fecha de la constancia (índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 2_ED_0012014006581C.
Págs. 89 y 90).

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pretensiones u oponerse a ellas, como un presupuesto para que se emita sentencia
de fondo. Así lo ha definido la jurisprudencia de esta Sección:

“La legitimación en la causa -legitimatio ad causam- se refiere a la posición
sustancial que tiene uno de los sujetos en la situación fáctica o relación jurídica de
la que surge la controversia o litigio que se plantea en el proceso y de la cual según
la ley se desprenden o no derechos u obligaciones o se les desconocen los primeros
o se les exonera de las segundas. Es decir, tener legitimación en la causa
consiste en ser la persona que, de conformidad con la ley sustancial, se
encuentra autorizada para intervenir en el proceso y formular o contradecir las
pretensiones contenidas en la demanda por ser sujeto activo o pasivo de la
relación jurídica sustancial debatida objeto de la decisión del juez, en el
supuesto de que aquélla exista. (…)”34.
(Negrillas fuera del texto original).

En otra oportunidad, se señaló:

“En ese orden de ideas, la legitimación en la causa por activa supone la
verificación de que quien demanda tenga la titularidad para reclamar el interés
jurídico que se debate en el proceso y, por lo tanto, sin importar si son o no
procedentes las pretensiones elevadas –lo que supondrá efectuar un análisis de
fondo de la controversia a la luz del derecho sustancial– sí sea el llamado a discutir
su procedencia dentro del trámite judicial.”35.
(Negrillas fuera del texto original).

La doctrina, por su parte, ha indicado que:

“(…) así en los procesos contenciosos, la legitimación en la causa consiste, respecto
del demandante, en ser la persona que de conformidad con la ley sustancial
está legitimada para que por sentencia de fondo o mérito se resuelva si existe
o no el derecho o la relación jurídica sustancial pretendida en la demanda, y
respecto del demandado en ser la persona que conforme a la ley sustancial está
legitimada para discutir u oponerse a dicha pretensión del demandante (…)”36.
(Negrillas fuera del texto original).

En este sentido, se ha expuesto que esta figura debe analizarse desde una
perspectiva sustancial, y respecto de las pretensiones elevadas, al punto que,
cuando se advierta su carencia en el extremo activo o pasivo, se enerva la
posibilidad de resolver el mérito del asunto:

“Asimismo, se advierte la utilidad de señalar las diferencias entre la legitmatio ad
processum y la legitimatio ad causam. La legitimación en la causa está
directamente relacionada con el objeto de la litis, es decir, se trata de un

34
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 23 de
abril de 2008. Exp: 16.271.
35
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 26 de
septiembre de 2012. Exp: 24677.
36
Devis Echandía, Hernando. Teoría General del Proceso. Tomo I. Biblioteca Jurídica Dike, 1994,
Medellín. P. 270.

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elemento sustancial relacionado directamente con la pretensión, en ese sentido,
no constituye un presupuesto procesal, como sí lo es la legitimación para el proceso,
por el contrario, la legitimación en la causa ha sido entendida como un presupuesto
para la sentencia de mérito o de fondo, en otras palabras, es un requisito para
que exista un pronunciamiento de fondo sobre la relación jurídico- sustancial
juzgada. En ese orden de ideas, la ausencia de legitimación en la causa no genera
la nulidad del proceso, lo que enerva es la posibilidad de obtener una decisión sobre
el fondo del asunto37.”38.
(Negrillas fuera del texto original).

10. La Corte Suprema de Justicia se ocupó de distinguir los conceptos de capacidad
procesal y de la legitimación en la causa, de la siguiente manera:

“4.1. La capacidad para ser parte está ligada a la capacidad jurídica, o sea, la
aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones, supeditada a la necesaria
existencia, que permite intervenir en el juicio como convocante o convocado
y, que de acuerdo con el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, se reconoce
a las personas naturales y jurídicas. Ha de destacarse, no obstante, que en modo
alguno ésta se puede confundir con la capacidad de obrar, referida a la facultad de
ejercer esos derechos y obligaciones sin el auxilio de un tercero, que procesalmente
equivale a la capacidad procesal y que determina la posibilidad de realizar actos
procesales, directamente o a través del representante o apoderado. (…)

4.2. La legitimación en causa, por su parte, hace referencia a la necesidad de
que entre la persona que convoca o es convocada al pleito y el derecho
invocado exista un vínculo que legitime esa intervención, de suerte que el
veredicto que se adopte les resulte vinculante. Ha sido insistente esta Corporación
al calificarlo como un presupuesto de la acción, cuya ausencia impide aproximarse
al fondo de la contienda, trayendo aparejado la desestimación de lo pedido.”39.
(Negrillas fuera del texto original).

En esa oportunidad —analizando un caso al cual le resultaba aplicable el CPC 40—
recalcó que la “herencia o sucesión, surgida por causa del fallecimiento de un
individuo, carece de capacidad jurídica, y, consiguientemente, no tiene capacidad
para ser parte en los procesos judiciales”, a partir de lo cual, haciendo referencia a
otra providencia de la misma Corporación, señaló:

37
Cita original: “Con ella [se refiere a la legitimación en la causa] se expresa que, para que un juez
estime la demanda, no basta con que considere existente el derecho, sino que es necesario que
considere que éste corresponde precisamente a aquel que lo hace valer y contra aquel contra quien
es hecho valer, o sea, considere la identidad de la persona del demandado con la persona contra
quien se dirige la voluntad de la ley (legitimación pasiva).” CHIOVENDA, Giussepe “Curso de
derecho procesal civil”, Ed. Oxford, pág. 68.
38
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 24 de
octubre de 2013. Exp: 25869.
39
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de 9 de junio de 2021. Exp: SC2215-
2021.
40
Sin embargo, en una nota de pie de página, se señala que: “Valga apuntar que aun cuando no es
aplicable al caso el artículo 53 de la ley 1564 de 2012, reconociendo la concurrencia de algunos
supuestos que aun cuando no involucran personas naturales y jurídicas pero que pueden ser titulares
de derechos y obligaciones reconoce expresamente la capacidad para ser parte del nasciturus, los
patrimonios autónomos e incluso de «los demás que determina la ley».”

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Radicación: 08001-23-33-000-2014-00658-01 (67.671)
Demandante: Beatriz Helena Cañas Calderín y otros
Demandado: Área Metropolitana de Barranquilla y otros
Asunto: Reparación Directa

“(…) La comunidad herencial, que es universal, está, caracterizada por
comprender cuanto por ley transmite el causante, al morir, por activa y por pasiva;
por lo indefinido o indeterminado de los elementos positivos y negativos que la
componen, y por la afectación esencial, necesaria e ineludible, del activo por el
pasivo hereditario. Pero, no es ente colectivo, no es sujeto de derecho, no es
persona; por lo mismo, no puede ser demandada directamente; no tiene, en
principio, representante ni órganos; tiene titulares, sí, esto es, individuos
físicos o jurídicos, que han recibido la vocación hereditaria de la ley o del
testamento.

Careciendo de capacidad de derecho, no actúa como persona, ni activa ni
pasivamente: actúan los titulares de derechos en ella, los sucesores a título
universal, porque la calidad de sujetos de derecho no la tienen sino los
herederos, que pueden ser personas naturales o jurídicas; no la universalidad, no
el patrimonio herencial, que al fin y a la postre no es más que un conjunto de
elementos positivos y negativos que existe, como existía antes de fallecer el
causante, pero que por haber desaparecido su dueño, están al frente de él sus
herederos. La personalidad del causante no es sustituida por la personalidad
de un patrimonio, que carece de ella, sino por la personalidad de quienes sí la
tienen como sujetos de derecho que son. (…) (CSJ SC de 17 de agosto de 1954).

De esta suerte, demandar a la sucesión de N. N., representada por los
herederos, y demandar a los herederos de N. N., como tales, directamente, son
formas equivalentes, representativas de una misma idea”41.
(Negrillas y subrayados fuera del texto original).

De acuerdo con lo anterior, la herencia no tiene personalidad, puesto que ésta se
predica únicamente de su causante, de lo cual se deriva que la titularidad de los
activos y pasivos que la componen recae sobre las personas que tienen la vocación
hereditaria. Así, se puntualizó que éstos no actúan en nombre propio —“ya que no
responde[n] personalmente”42—, ni en nombre de otro —“ya que no hay tras de él
un sujeto, persona física o jurídica, de quien sea representante”43— sino que:

“(…) Surge más bien de ahí un tertium genus, que es el de estar en juicio en razón
de un cargo asumido en calidad particular de tal manera que decir que en los casos
previstos, y concretamente en el de la sucesión hereditaria, los herederos
asumen el carácter de parte, por activa o por pasiva, no personalmente, ni
como representantes de una entidad que carece de personería jurídica no por
la calidad de herederos de quienes están investidos, y que desde luego debe
aparecer comprobada en el proceso, en cuanto a la vocación y a la aceptación se
refiere. Lo que indica, como lo anota el autor citado, que existe una tercera categoría
dentro del presupuesto procesal, capacidad para ser parte, que es precisamente el
caso de quien comparece en nombre propio, ni en representación de otro, sino por
virtud del cargo o calidad, es decir, en el evento contemplado, por ser
heredero, (…)» (CSJ SC 21 de jul. de 1969).”44.
(Negrillas y subrayados fuera del texto original).

Significa lo expuesto que la herencia surgida a raíz del fallecimiento de una persona

41
Supra, exp: SC2215-2021.
42
Supra, exp: SC2215-2021.
43
Supra, exp: SC2215-2021.
44
Supra, exp: SC2215-2021.

20

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Demandante: Beatriz Helena Cañas Calderín y otros
Demandado: Área Metropolitana de Barranquilla y otros
Asunto: Reparación Directa

carece de capacidad para ser parte procesal, de manera que quienes tienen la
vocación de herederos son los legitimados para pretender en favor de la
universalidad, o de defenderla45.

11. En esta línea, para esta Sala es diáfano que quienes, por ley o testamento,
tienen la vocación de herederos —pero que, por no haberse realizado la
adjudicación, aún no han heredado— no están legitimados en la causa para
reclamar a nombre propio los perjuicios causados sobre bienes o derechos que
hacen parte de la masa sucesoral, por la sencilla razón de que no existe certeza
respecto de su titularidad, y ese debate compete de manera exclusiva al trámite de
sucesión.

Así las cosas, en estos casos, el reclamo a nombre propio de quienes consideran
que tienen derecho a heredar debe supeditarse al resultado de la sucesión, de modo
que, con la respectiva adjudicación, se acredite la titularidad del derecho personal
o real que sustenta la pretensión, a partir de lo cual se adquiere la certeza que el
demandante, en efecto, tiene la legitimación en la causa por activa para pedir a su
favor.

De lo contrario, se reitera, el potencial heredero debe elevar las pretensiones en
nombre y a favor de la masa herencial, o actuando en su condición de tal, en orden
a que el derecho debatido —una vez sea reconocido en sentencia— forme parte de
la universalidad que, a su vez, se reparte de acuerdo con las reglas legales o
testamentarias, y según lo que se acredite en el trámite correspondiente.

Permitir que, ante esta jurisdicción, una persona —que aduce gozar del derecho a
heredar— reclame a nombre propio la reparación de perjuicios que alega que se
causaron al causante o a un activo de la masa sucesoral, a pesar de no haberse
efectuado la respectiva liquidación y adjudicación en el trámite notarial o judicial
ordinario correspondiente, implica admitir que el juez de lo contencioso
administrativo se pronuncie no sólo sobre la certeza de derechos herenciales, sino
también sobre la proporción que le corresponde al demandante en particular,
asuntos que —de plano— desbordan su competencia.

12. El artículo 2342 del Código Civil, según el cual “[p]uede pedir esta indemnización

45
Supra, exp: SC2215-2021.

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Asunto: Reparación Directa

[derivada de la responsabilidad extracontractual] no sólo el que es dueño o
poseedor de la cosa sobre la cual ha recaído el daño o su heredero (…)” debe
interpretarse atendiendo a este derrotero, como lo ha definido la jurisprudencia de
esta Sección al explicar que, para obtener la reparación, la norma en comento exige
que se demuestre “la titularidad, posesión o tenencia sobre sobre la cosa o bien
jurídico afectado con el delito o la culpa” o, si se actúa en calidad de sucesor, “que
quien está alegando su titularidad demuestre que ostenta la condición de
heredero”46.

En efecto, en esa ocasión, la Subsección A concluyó que la actora no había
demostrado tener legitimación en la causa, porque presentó la demanda invocando
la condición de única heredera y, como tal, propietaria del bien en cuestión, pero no
demostró lo pertinente:

“Además, la señora María Rocío Restrepo tampoco demandó en representación
de la masa sucesoral de su hijo Edwin Rojo Restrepo, dado que en los hechos de
la demanda invocó expresamente la condición de única heredera y, por ende,
de propietaria del vehículo automotor y se desconoce si esa sucesión ya se
adelantó y, en tal caso, a quién se le adjudicó la propiedad o posesión del bien.
Así las cosas, si el petitum fue estructurado sobre la base de ser la única heredera
de su primogénito, la demandante estaba compelida a demostrar esa condición con
las pruebas idóneas para ello.”47.
(Negrillas y subrayados fuera del texto original).

Asimismo, en otras oportunidades, esta Sección ha reconocido la indemnización de
perjuicios pedidos a favor de la masa sucesoral —sin que se individualice a los
beneficiarios— en demandas presentadas por quienes acreditan tener dicha
vocación, por lo cual se ha considerado que éstos están legitimados en la causa
con fundamento en que el derecho a la indemnización es de carácter patrimonial y,
por tanto, transmisible a los herederos que, de contera, tienen la facultad —como
tales— de exigir al responsable la indemnización de los perjuicios patrimoniales y
extrapatrimoniales sufridos por el causante48.

13. En el caso de marras, se advierte que los demandantes elevaron las
pretensiones “en calidad de Herederos Propietarios Pro Indiviso del Predio [sic]”,

46
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 14 de
marzo de 2018. Exp: 40175.
47
Ibidem.
48
Entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.
Sentencias de 10 de septiembre de 1998, exp: 12009; de 10 de marzo de 2005, exp: 16.346; de 26
de abril de 2006, exp: 14.908; de 23 de octubre de 2018, exp: 52874; y de 30 de mayo de 2019, exp:
44375.

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Radicación: 08001-23-33-000-2014-00658-01 (67.671)
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Asunto: Reparación Directa

como se desprende de la identificación del extremo activo, la pretensión primera, el
hecho primero y los fundamentos de derecho. Para esta Sala, esta formulación
implica una solicitud en condición de supuestos propietarios proindiviso del
inmueble, como si de la calidad de herederos se derivara, por ese solo hecho, su
titularidad sobre el predio.

Sobre este particular, la Sala puntualiza que la calidad de herederos, en sí misma,
no les permite denominarse propietarios de un bien, respecto del cual no se ha
finalizado el respectivo juicio de sucesión, en cuyo marco sí se determina el
adjudicatario del mismo y, por tanto, se define su titularidad. En otras palabras,
únicamente al finalizar el proceso sucesoral, puede tenerse la certeza respecto del
dominio del bien; hasta entonces, se reitera, el mismo pertenece a la masa.

Partiendo de estas consideraciones, se advierte que el eventual reconocimiento
indemnizatorio no podría hacerse a favor de la masa, como lo ha admitido la Sección
en anteriores oportunidades, en la medida en la que no fue éste el tenor del petitum,
motivo por el cual una decisión en este sentido violaría el principio de congruencia
(artículo 281 del CGP).

14. Ahora, se resalta que los bienes sobre los cuales recae la alegada ocupación 49
corresponden a los identificados con los números de matrícula inmobiliaria 040-
44164050, 040-44453251 y 040-44163952, que, de acuerdo con los certificados
aportados con la demanda, eran propiedad del señor Guillermo Cañas Gutiérrez.

15. En este punto, resulta pertinente advertir que, si bien las pretensiones de la
demanda se refirieron al predio 040-411639, lo cierto es que, en criterio de esta
Sala, se trató de un error de digitación, en la medida en la que se aportó, con la
demanda, el certificado de libertad y tradición del inmueble 040-441639, en el que
—se itera— funge como propietario el señor Guillermo Cañas, además de que
durante el proceso, en múltiples ocasiones, se hizo referencia al inmueble
identificado con la matrícula 040-441639.

49
Así lo determinan, entre otras, las pretensiones y el hecho primero de la demanda.
50
Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 2_ED_0012014006581C. Págs. 47 y 48.
51
Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 2_ED_0012014006581C. Págs. 49 y 50.
52
Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 2_ED_0012014006581C. Págs. 51 y 52.

23

Radicación: 08001-23-33-000-2014-00658-01 (67.671)
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Entre otras, se observa que en el auto de 12 de julio de 201753 se señaló que: “[e]l
predio objeto de estudio (…), según los certificados de tradición de matrícula
inmobiliaria No [sic] 040-441640, N° 040-441639 expedidos por la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla visible a folios 42-44 del
expediente, hasta la fecha del mes de diciembre de 2013, es el señor Guillermo
Cañas Gutiérrez el titular del bien” (negrillas fuera del texto original). Igualmente, en
la audiencia inicial celebrada el 26 de octubre de 201754 se determinó: “(…) como
quiera que hasta etapa lo único que se logra constatar con los certificados de
tradición de matrícula inmobiliaria N° 040-441640, N° 040-444532 y N° 040-441639,
visible a folios 42, 43 y 44 expedidos por la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Barranquilla, es que el titular del derecho real de dominio sobre el bien
inmueble hasta la fecha de diciembre del año 2013, es el señor Guillermo Cañas
Gutiérrez” (negrillas fuera del texto original).

Y, aun cuando en otras actuaciones se hizo referencia al otro número de matrícula
inmobiliaria, se resalta que los demandados nunca elevaron un cuestionamiento a
este respecto en el trámite de primera instancia, lo que le permite a esta Sala inferir
que para ellos también era diáfano que el litigio recaía sobre el predio respecto del
cual los demandantes tenían interés (040-441639).

Por lo anterior, el argumento de las impugnaciones del distrito de Barranquilla y
Edubar, según el cual el predio 040-411639 realmente pertenecía a Olga Isabel
Ayala Maldonado, no tiene asidero, por cuanto la controversia se refiere al 040-
441639, como era conocido por los demandados.

16. Por otro lado, está acreditado que el señor Guillermo Cañas Gutiérrez falleció el
17 de julio de 201055, y que, de conformidad con los registros civiles de nacimiento,
Beatriz Elena Cañas Calderín56, Bertilda Rosa Cañas Calderín57, Zoila Rosa Cañas
Calderín58, Jaime Antonio Cañas Carrillo59, María Elisa Cañas Carrillo60, Carmen

53
Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 4_ED_0032014006583CP. P. 53.
54
Acta de la audiencia. Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 4_ED_0032014006583CP. P.
90.
55
Registro de defunción. Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 2_ED_0012014006581C. P.
23.
56
Registro civil. Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 2_ED_0012014006581C. P. 25.
57
Registro civil. Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 2_ED_0012014006581C. P. 26.
58
Registro civil. Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 2_ED_0012014006581C. P. 27.
59
Registro civil. Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 2_ED_0012014006581C. P. 28.
60
Registro civil. Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 2_ED_0012014006581C. P. 29.

24

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Sofía Cañas Carrillo61, Guillermo Manuel Cañas Carrillo62 y Hernilda Cañas
Calderín63 eran hijos del causante.

Se recuerda que estas personas pidieron a nombre propio, en calidad de
propietarios, por virtud de ser herederos del señor Guillermo Cañas. Se destaca,
además, que al expediente no se allegó el resultado del trámite de sucesión que,
según lo advertido a lo largo de este proceso, cursaba ante el Juzgado Primero de
Familia de Barranquilla, bajo el radicado 2016-0053664, y cuya última actuación
conocida en este escenario fue el auto de 28 de junio de 2017, en el que el referido
despacho corrió traslado a todos los interesados del trabajo de partición y
adjudicación para que se presentaran las objeciones pertinentes65.

Teniendo en consideración la falta de certeza acerca del estado de la sucesión, y
que los demandantes pidieron a nombre propio, la Sala destaca que los
pronunciamientos de la providencia, en caso de resultarles favorables, se sujetarán
a que los actores aporten la prueba idónea que conduzca a la convicción de su
propiedad sobre el bien inmueble. Es decir, únicamente podrá recibir la eventual
indemnización el demandante que demuestre ser el propietario.

En estos términos se abordan los cargos de las impugnaciones relacionados con el
embargo decretado sobre los bienes en litigio por el Juzgado Primero Oral de
Familia de Barranquilla66.

17. Se recuerda que los censores también pusieron de presente que los bienes
fueron embargados por la Fiscalía General de la Nación en el trámite 30282867, en
el que se debatían los derechos de dominio, situación que, en su criterio, implicaba

61
Registro civil. Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 2_ED_0012014006581C. P. 30.
62
Registro civil. Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 2_ED_0012014006581C. P. 31.
63
Registro civil. Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 2_ED_0012014006581C. P. 35.
64
Si bien en la demanda se refirió que el proceso de sucesión se adelantaba ante Juzgado Cuarto
de Familia de Barranquilla, bajo el radicado «00300/ 2013», debe ponerse de presente que dicho
Despacho certificó que se había decretado la terminación de ese proceso por desistimiento tácito
mediante auto de 6 de octubre de 2016 (índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo:
3_ED_0022014006582CP. P. 66), motivo por el cual los actores aportaron un memorial en el que
demostraron la apertura del proceso de sucesión con radicado 2016-00536, por medio del auto de
19 de enero de 2017, emitido por el Juzgado Primero de Familia de Barranquilla (índice SAMAI 2.
Expediente digital. Archivo: 3_ED_0022014006582CP. Págs. 148 a 150).
65
Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 4_ED_0032014006583CP. Págs. 103 y 104.
66
De lo que, en efecto, da cuenta el auto del 19 de enero de 2017. Índice SAMAI 2. Expediente
digital. Archivo: 4_ED_0032014006583CP. P. 107.
67
Evidenciado a través del oficio de embargo del 30 de julio de 2012 (índice SAMAI 2. Expediente
digital. Archivo: 3_ED_0022014006582CP. P. 141) y de los folios de matrícula inmobiliaria (archivo:
2_ED_0012014006581C. Págs. 47 a 52).

25

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la falta de certeza sobre la legitimidad de los demandantes para reclamar los daños
objeto del presente proceso.

Sobre este asunto, se destaca que la medida cautelar de embargo, en sí misma, no
tiene la vocación de mutar la titularidad de los bienes, lo que, en el sublite, se traduce
en que los predios siguen perteneciendo a la masa sucesoral, al margen del
gravamen impuesto —que tendrá implicaciones para quienes actúan en nombre de
la universalidad y, eventualmente, para quienes hereden los bienes— motivo por el
cual la legitimación de la que gozan los demandantes que demostraron tener
vocación herencial para reclamar en favor de la masa no se trastoca.

4.2. Por pasiva

18. Las entidades demandadas están legitimadas en la causa formalmente en la
medida en la que se les acusa de haber ocupado los predios en cuestión, sin
adelantar los procedimientos legales exigidos para el efecto. Lo atinente a la
legitimación material se analizará, de ser el caso, en el estudio de imputación del
daño.

II. Problema Jurídico

19. Corresponde a la Sala determinar si se acreditó la alegada ocupación sobre los
predios.

III. Análisis de la Sala

3.1. De la responsabilidad del Estado por ocupación temporal y
permanente de inmuebles

20. Conforme a lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, en concordancia
con el artículo 140 del CPACA, el Estado responderá patrimonialmente por los
daños antijurídicos que le sean imputables causados, entre otras, por la ocupación
temporal o permanente de un inmueble por trabajos públicos o cualquier otro motivo.

La jurisprudencia de esta Corporación ha definido que la responsabilidad, en estos
eventos, “[s]e configura con la prueba de que una parte o la totalidad de un bien

26

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inmueble respecto del cual se detenta el derecho de dominio, fue ocupado
permanentemente por la administración o por particulares que actuaron autorizados
por ella”68.

21. En esta línea, la prosperidad de las pretensiones exige la comprobación de la
ocupación —como hecho generador del daño—, causada por el Estado
directamente o a través de particulares autorizados69 —de lo que se deriva su
imputación— y de la lesión sufrida como consecuencia70. En los términos del
artículo 167 del CGP71, en casos como el presente, le corresponde al demandante
la carga de probar los elementos que estructuran la responsabilidad patrimonial del
Estado, como vienen de mencionarse.

Se ha precisado que el daño puede consistir, entre otros, en la afectación al derecho
de propiedad, en la limitación al ejercicio de las facultades propias de los derechos
reales y en el menoscabo del derecho de posesión que se ejerce respecto del predio
ocupado72, lesiones que —además de tenerse que acreditar plenamente en el
proceso— dependen de la naturaleza permanente o temporal de la ocupación, lo
que, a su vez, responde a las circunstancias fácticas que la rodean73. En efecto, en
palabras de esta Sección, “la ocupación permanente —y no así la temporal—
implica la exclusión definitiva en el tiempo del propietario o poseedor sobre la
disposición del inmueble”74.

En cuanto a la ocupación, que constituye el hecho generador del daño 75, debe
demostrarse la invasión —temporal o permanente— al predio sobre el cual se alega
el derecho vulnerado, y que ésta fue causada por el Estado76.

68
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 10 de
agosto de 2005. Exp: 15338. En dicha providencia se cita la sentencia de la misma Sala del 28 de
junio de 1994, exp: 6806.
69
Que incluye a los ejecutores de la obra bajo el principio ubi emolumentum ibi onus esse debet
(donde está la utilidad debe estar la carga). Ver, entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 11 de diciembre de 2024. Exp: 69.715
70
Entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.
Sentencia del 14 de septiembre de 2000. Exp: 11417.
71
“Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico
que ellas persiguen.”
72
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 10 de
agosto de 2005. Exp: 15338.
73
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 28 de
octubre de 2024. Exp: 68.581.
74
Ibídem.
75
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 7 de
mayo de 2008. Exp: 16922.
76
Entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.
Sentencia de 10 de mayo de 2001. Exp: 11783.

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Recientemente, esta Sección explicó que, si bien en estos eventos el título de
imputación era realmente el de falla en el servicio, la carga probatoria definida por
esta Sección se mantenía incólume77.

3.2. Caso concreto

22. Se recuerda que, en el subjudice, se reclama la ocupación de los predios
identificados con las matrículas inmobiliarias 040-441640, 040-444532 y 040-
441639 por cuenta de la ampliación de la avenida circunvalar de Barranquilla.

De acuerdo con la sentencia de primera instancia, el dictamen pericial practicado,
además de que no había sido objetado, demostraba —fundamentada y
razonadamente— las medidas y linderos de los predios afectados, antes y después
de la ocupación, lo que, aunado al contrato AMB-LP-001-2012, daba cuenta de la
afectación que había generado la correspondiente obra en los bienes objeto de la
controversia.

Por su parte, los censores alegaron que, por el contrario, el dictamen sí había sido
objetado con base en que el perito no había certificado su idoneidad y experiencia;
adicionalmente, que en el peritaje no se había especificado a qué lotes —
identificados como A y B— correspondían las matrículas inmobiliarias objeto del
litigio; y finalmente que las conclusiones carecían de explicación sobre la
determinación del valor del metro cuadrado, o de la técnica o método empleado, a
lo que se sumó que la certeza del daño correspondiente a la minusvalía de la porción
del predio ocupado no había sido acreditada,.

3.2.1. Sobre la objeción del dictamen pericial

23. Sea lo primero precisar que, al tenor del CPACA —norma aplicable al caso en
comento—, el dictamen pericial puede ser aportado por las partes o solicitado por
las mismas, con el fin de que el juez decrete la prueba con base en la lista de
auxiliares de la justicia, tal como ocurría bajo la égida del CPC. Así lo consagra el
artículo 212 del CPACA:

77
Supra, Exp: 69.715. Criterio reiterado en sentencia de la Sección Tercera del 14 de julio de 2025,
Exp: 72124.

28

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“Las partes podrán presentar los dictámenes periciales necesarios para probar su
derecho, o podrán solicitar la designación de perito, en las oportunidades
probatorias anteriormente señaladas.”

En el evento en el que la prueba fuera solicitada por alguna de las partes, de
acuerdo con la jurisprudencia de esta Sección 78, la contradicción se surte en la
audiencia de pruebas, con fundamento en el artículo 220.3 ejusdem:

“3. Cuando la prueba pericial hubiese sido decretada por el Juez, se cumplirá
el debate de que trata el numeral anterior en la audiencia de pruebas79. En esa
misma audiencia, las partes podrán solicitar adiciones o aclaraciones verbales al
dictamen y formular objeción por error grave, sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 222 de este Código”.
(Negrillas fuera del texto original).

En este orden de ideas, es diáfano que la objeción por error grave a dictámenes
periciales solicitados por las partes y decretados por el juez debe formularse en la
audiencia de pruebas, además de que, según el artículo 220.1 del CPACA80, ésta
debe tener relación directa con la cuestión materia de la experticia, y debe
sustentarse en otro dictamen pericial o en la declaración de testigos técnicos.

De esta manera, las objeciones se encaminan a advertir su “falencia fáctica
intrínseca”81, de modo que:

“Para que prospere la objeción del dictamen pericial por error grave se requiere la
existencia de una equivocación de tal gravedad o una falla que tenga entidad de
conducir a conclusiones igualmente equivocadas. Así mismo, se ha dicho que éste
se contrapone a la verdad, es decir, cuando se presenta una inexactitud de
identidad entre la realidad del objeto sobre el que se rinda el dictamen y la

78
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 14 de
febrero de 2019. Exp: 58894.
79
El artículo 220.2 del CPACA dispone: “Durante la audiencia de pruebas se discutirán los
dictámenes periciales, para lo cual se llamará a los peritos, con el fin de que expresen la razón y las
conclusiones de su dictamen, así como la información que dio lugar al mismo y el origen de su
conocimiento. Los peritos tendrán la facultad de consultar documentos, notas escritas y
publicaciones y se pronunciarán sobre las peticiones de aclaración y adición, así como la objeción
formulada en contra de su dictamen. Si es necesario, se dará lectura de los dictámenes periciales. //
Al finalizar su relato, se permitirá que las partes formulen preguntas a los peritos, relacionadas
exclusivamente con su dictamen, quienes las responderán en ese mismo acto. El juez rechazará las
preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes. Luego el juez podrá interrogarlos.”.
80
“En la audiencia inicial se formularán las objeciones al dictamen y se solicitarán las aclaraciones y
adiciones, que deberán tener relación directa con la cuestión materia del dictamen. La objeción podrá
sustentarse con otro dictamen pericial de parte o solicitando la práctica de un nuevo dictamen, caso
en el cual la designación del perito se hará en el auto que abra a prueba el proceso. También podrá
sustentarse solicitando la declaración de testigos técnicos que, habiendo tenido participación en los
hechos materia del proceso, tengan conocimientos profesionales o especializados en la materia.”
81
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 23 de
noviembre de 2017. Exp: 36865.

29

Radicación: 08001-23-33-000-2014-00658-01 (67.671)
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representación mental que de él haga el perito. Sin embargo, se aclara que no
constituirán error grave en estos términos, las conclusiones o inferencias a que
lleguen los peritos, que bien pueden adolecer de otros defectos. En otros términos,
la objeción por error grave debe referirse al objeto de la peritación, y no a la
conclusión de los peritos”82.
(Negrillas por fuera del texto original).

24. Descendiendo al caso concreto, se advierte que en la oportunidad procesal
debida —específicamente, en la audiencia de pruebas en la que se surtió la
contradicción del dictamen83—, las demandadas no objetaron el dictamen por error
grave, tal como, por lo demás, lo señala explícitamente el juzgador en la respectiva
grabación:

“(…) vamos a dar, entonces, por finalizada la presentación del peritaje, en el cual se
hizo la aclaración, y no hay objeción grave (…)”84.

Sin embargo, la Sala no desconoce que, en efecto, en la audiencia de pruebas, las
demandadas sí advirtieron que el dictamen no cumplía con los requisitos del artículo
226 del CGP, en la medida en la que el perito no había acreditado su experiencia e
idoneidad:

“Apoderado de Área Metropolitana de Barranquilla: Quisiera manifestarle al
despacho que el dictamen pericial que rinde el ingeniero civil Absalón Prada Castillo
adolece de vicios de forma y de fondo. En primer lugar, tenemos que el artículo 226
CGP establece que, con el dictamen pericial, se deberá acompañar de los
documentos que sirven de fundamento y de aquellos que acrediten la idoneidad y
experiencia del perito.

Revisado el dictamen pericial que nos pone de presente el despacho y que hizo
entrega el señor perito, observamos que los documentos que acreditan su idoneidad
como perito no fueron anexados en el momento de la presentación del dictamen, y
es un requisito que exige el artículo 226.

En segundo lugar, establece q el señor se valió del apoyo de un señor topógrafo y
de un contador, y él plasma lo que él manifiesta que fue el informe que rindió el
contador y los peritos [sic], pero no aporta con la experticia el respectivo dictamen o
las observaciones que hizo el señor contador o el señor perito. Están debidamente
soportados los pagos, pero no los conceptos. (…) El dictamen no llena los requisitos
que establece el artículo 226 del CGP.

Apoderado de Edubar: Su señoría, (…) coadyuvamos lo solicitado por el colega,
complementado en que el apoyo de los dos peritos topógrafos y contador público
que hizo el perito ingeniero civil no fue puesto a disposición de solicitud del

82
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 26 de
noviembre de 2009. Exp: 25000232700020040204901.
83
Audiencias celebradas el 21 de agosto y 9 de octubre de 2018. Archivo: 4_ED_0032014006583CP.
Págs. 227 a 230 y 253 a 256.
84
Audiencia de pruebas del 9 de octubre de 2018. Minutos 13:01 a 13:12 aproximadamente de la
grabación. Índice Samai 60. Link de OneDrive de audiencias. Archivo: 09102018-D01-2014-00658-
AP-03.mpg.

30

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despacho. Desconocemos si esos son peritos también de la Rama Judicial, y
tampoco tenemos acreditada [sic] el profesionalismo o idoneidad de cada uno de
ellos”.85.

Sobre el particular, se resalta que tales manifestaciones no constituyen una objeción
grave en contra del dictamen, puesto que se centraron en el cuestionamiento de la
idoneidad y experiencia del perito, y no a un asunto propio de la materia del
dictamen.

25. No obstante, al haber sido parte de los recursos de apelación presentados en
contra de la primera instancia, la Sala se pronunciará sobre la valoración del
dictamen, en punto a la idoneidad del perito, sin que pueda erigirse —se reitera—
como una objeción por error grave.

En esta línea, se advierte que la prueba fue decretada por el despacho, por solicitud
del demandante, para lo cual nombró a un auxiliar de la justicia 86 —es decir, no se
trataba de un dictamen pericial de parte—, por manera que es posible entender que,
al estar incluido en la respectiva lista, el perito Absalón Prada Castillo —en calidad
de ingeniero civil— demostró ante la Rama Judicial contar con la idoneidad y
experiencia necesarias para elaborar el concepto solicitado. Igualmente, se observa
que al dictamen pericial se anexaron los documentos que dan cuenta de la
habilitación profesional del topógrafo y contador público que apoyaron al ingeniero
Prada en la realización de la experticia, en lo atinente a sus disciplinas87.

26. En este orden, teniendo en cuenta que los argumentos de los censores no
prosperarán, de conformidad con el artículo 232 del CGP88, se “apreciará el
dictamen de acuerdo con las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta la solidez,
claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos, la idoneidad del
perito y su comportamiento en la audiencia, y las demás pruebas que obren en el
proceso”.

85
Audiencia de pruebas del 21 de agosto de 2018. Minutos 33:45 a 36:45 aproximadamente de la
grabación. Índice Samai 60. Link de OneDrive de audiencias. Archivo: 21082018-D01-2014-00658-
AP.mpg.
86
Audiencia inicial del 30 de noviembre de 2017. Minutos 9:30 aproximadamente de la grabación.
Índice Samai 60. Link de OneDrive de audiencias. Archivo: 30112017-D01-2014-00658-AI.
87
Archivo: 4_ED_0032014006583CP. Págs. 133 y 134.
88
Se recuerda que el artículo 218 del CPACA consagra que: “[l]a prueba pericial se regirá por las
normas del Código de Procedimiento Civil, salvo en lo que de manera expresa disponga este Código
sobre la materia”. En virtud de que, en el CPACA no hay norma especial que se refiera a la valoración
de este medio probatorio, la remisión al CGP resulta aplicable.

31

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3.2.2. Sobre la demostración de la ocupación mediante el dictamen pericial

27. Despejado lo anterior, se analizará si —como lo concluyó el Tribunal de primera
instancia— el dictamen pericial demostró la ocupación sobre los predios objeto del
proceso. Así, debe partir de indicarse que la solicitud probatoria se ciñó a lo
siguiente (se transcribe de manera textual, incluso, con posibles errores):

“1. Solicito al Honorable Tribunal, se sirva nombrar un perito experto en la materia,
a fin que se cuantifique, determine y establezca el valor del metro Cuadrado, los
daños, perjuicios, valores actualizados del metro cuadrado, actualización de los
daños y perjuicios, el daño causado en la división del predio, la imposibilidad de
realizar obra civil en la franja ocupada, todas y cada uno de los daños y perjuicios
causados, los intereses que se han generado con el perjuicio, más los intereses
moratorios bancarios permitidos por la ley, desde la fecha de la ocupación hasta la
sentencia que resuelva este proceso o hasta se efectué el pago total de la misma y
deberá dar aplicación de la ley 56 de 1981 y decreto reglamentario 2085 De 1985 a
mi poderdante por parte del DISTRITO ESPÉCIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
DE BARRANQUILLA, AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA y EMPRESA
DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE —
EDUBAR S.A, por haberse ocupado De Forma Permanente Por Trabajos Públicos
un tramo de Terreno de Propiedad de Mis Poderdante, por parte de esta empresa
Distritales al realizar una Prolongación y ampliación de la Carretera de la Circunvalar
ocupación localizada entre Carrera 46 hacia el sur con los límites de Terreno de su
propiedad.

2.- El Perito experto cuantificar la ocupación permanentemente al inmueble por
trabajos públicos y en donde no se pueden hacer construcciones, ni edificaciones,
y el valor por concepto de indemnización de los perjuicios, indexación más los
intereses moratorios bancarios permitidos por la ley, desde la fecha de la ocupación
hasta la sentencia que resuelva este proceso o hasta se efectué el pago total de la
misma, y que Omisivamente no dado aplicación de la ley 56 de 1981 y decreto
reglamentario 2085 de 1985.

3. El Perito Deberá Cuantificar y Calcular, como Daño Emergente por la Minusvalía
en el Predio identificado con Matricula Inmobiliaria N” 040-441640, 040- 444532 —
040 —- 411639, de la Oficina de instrumentos Públicos de Barranquilla, en una
extensión o superior a la contenida en metros cuadrados, en una longitud de 2.886
Mts de largo x 16 Mts de ancho = 46.176 Mts Cuadrados Afectados o lo determine
y establezca el estudio topográfico sobre la franja que se apropió por parte de estas
entidades municipales.

4.- El perito deberá calcular y cuantificar, por concepto de Perjuicios Morales
OBJETIVADOS y SUBJETIVADOS, los cuales deben ascender en la suma Superior
a los Quinientos (500) Salarios Mínimos Legales mensuales.”89.

De esta manera, Absalón Prada Castillo, quien refirió ser ingeniero civil, auxiliar de
la administración de justicia90 presentó el dictamen en el que expuso (se transcribe

89
Demanda. Archivo: 2_ED_0012014006581C. Págs. 12 y 13.
90
La designación del perito fue solicitada por el extremo activo (archivo: 2_ED_0012014006581C.
Págs. 12 y 13) y así decretada en la audiencia inicial del 30 de noviembre de 2017 (archivo:
4_ED_0032014006583CP. P. 95).

32

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de manera textual, incluso, con posibles errores):

“PRELIMINARES

MEDIDAS Y LINDEROS DESPUÉS DE LA OCUPACIÓN

Predios que denominaremos Lote A y Lote B cuyas especificaciones, medidas y
linderos son las siguientes:

Lote A: un predio rural como de forma triangular (irregular), con área
aproximadamente de 7.04 hectáreas; cuyas medidas y linderos son las siguientes:
Por el NORTE: mide en dos (2) segmentos así; 164.68 metros + 363.85 metros:
linda con predios que son o fueron de Guillermo Cañas
Por el SUR: mide en cuatro segmentos de 96.69 metros +1 25.99 + 142.33 metros
+ 101.11 metros; linda con la Avenida Circunvalar
Por el ESTE: en seis (6) segmentos 24.06 + 24.00 + 12.00 + 60.69 + 69.7 + 141.07
metros linda con el Bajo del Genovez
Por el OESTE: 164.68 metros y linda con cementos del caribe

Lote B: un predio rural como de forma rectangular (irregular) con un área de 10
hectáreas con 800 metros cuadrados; cuyas medidas y linderos son las siguientes:

Por el NORTE: mide en cuatro (4) segmentos así: 113.63 metros + 125.99 metros +
142.33 metros + 58.28 metros; con avenida circunvalar
Por el SUR: mide 470.00 metros, linda con predios que son o fueron de cementos
caribe
Por el ESTE: mide tres (3) segmentos así: 150.00 metros + 23.00 metros + 100.00
metros, linda con predios que son fueron [sic] de Cementos Caribe
Por el OESTE: mide 207.00 metros, linda con predios que son o fueron de Guillermo
Cañas.

MEDIDAS Y LINDEROS ANTES DE LA OCUPACIÓN

Lote A: un predio rural como de forma triangular (irregular), con área
aproximadamente de 7.04 hectáreas; cuyas medidas y linderos son las siguientes:

Por el NORTE: mide en dos (2) segmentos así; 164.68 metros + 363.85 metros:
linda con predios que son o fueron de Guillermo Cañas
Por el SUR: mide en cuatro segmentos de 97.80 metros + 261.53 + 75.11 metros +
52.24 metros; linda con lote B
Por el ESTE: en seis (6) segmentos 24.11 + 24.00 + 12.00 + 60.69 + 69.7 + 141.07
metros linda con el Bajo del Genovez
Por el OESTE: 183.89 metros y linda con cementos del caribe

Lote B: un predio rural como de forma rectangular (irregular) con un área de 10
hectáreas con 800 metros cuadrados; cuyas medidas y linderos son las siguientes:

Por el NORTE: mide en tres (4) [sic] segmentos así: 97.80 metros + 261.53 metros
+ 75.11 metros; con lote A
Por el SUR: mide 470.00 metros, linda con predios que son o fueron de cementos
caribe
Por el ESTE: mide tres (3) segmentos así: 150.00 metros +023.00 metros + 140.05
metros, linda con predios que son fueron [sic] de Cementos Caribe
Por el OESTE: mide 267.00 metros, linda con predios que son o fueron de Guillermo
Cañas.”91.

91
Archivo: 4_ED_0032014006583CP. Págs. 124 y 125.

33

Radicación: 08001-23-33-000-2014-00658-01 (67.671)
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En la audiencia de interrogatorio del perito, el ingeniero, refiriéndose a los predios
sobre los cuales realizó el dictamen, manifestó:

“(…) coincidía con la pregunta que se me hizo en el punto 3 (…) daño emergente
por la minusvalía en el predio identificado con la matrícula número 040-4416400,
040-444532 y 040-411539 [sic] fueron casualmente los certificados de tradición
que me sirvieron de base para yo hacer. O sea que no es invento mío, esos
estaban en el cuestionario. Yo siempre insisto, y perdonen que sea reiterativo, al
cuestionario… esas fueron las matrículas que me dieron, esos fueron las matrículas
que utilicé”92.
(Resaltados propios).

Por su parte, el cuestionario que fue puesto a disposición del perito para que lo
absolviera, se refería a:

“3. El Perito Deberá Cuantificar y Calcular, como Daño Emergente por la Minusvalía
en el Predio identificado con Matricula Inmobiliaria N° 040-441640, 040-444532 —
040 —- 411639, de la Oficina de instrumentos Públicos de Barranquilla (…)”93.

28. Para esta Sala, estas afirmaciones presentan una serie de dudas sobre la
certeza de las conclusiones del dictamen, y de su vocación demostrativa de la
ocupación, como se pasa a explicar.

En primer lugar, en el cuestionario se señaló el número de matrícula inmobiliaria
incorrecto —040-411539—, a pesar de lo cual el perito no lo advirtió ni manifestó
ninguna duda a este respecto y, por el contrario, indicó que su dictamen se había
fundamentado en esos registros de libertad y tradición.

Sin embargo, con base en las reglas de la experiencia, a esta Sala le resulta inusual
que el perito no hubiera avizorado tal yerro, en especial, al establecer la ubicación
del predio, máxime, teniendo en consideración que tenía a su disposición las otras
dos matrículas inmobiliarias con las que, en teoría, —las tres en conjunto— se
conformaba un predio de mayor extensión.

En segundo lugar, el dictamen se refiere a dos predios —lote A y lote B—, aun
cuando, según lo ya señalado, el mismo perito refirió que lo había realizado con
base en las tres matrículas inmobiliarias provistas. Véase que, en realidad, la

92
Audiencia de pruebas del 9 de octubre de 2018. Minuto 11:00 aproximadamente de la grabación.
Índice Samai 60. Link de OneDrive de audiencias. Archivo: 09102018-D01-2014-00658-AP-03.mpg.
93
Archivo: 2_ED_0012014006581C. P. 13.

34

Radicación: 08001-23-33-000-2014-00658-01 (67.671)
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experticia no especifica qué lotes corresponden a qué matrículas, ni, en su defecto,
explica por qué el análisis se limita a dos predios cuando el objeto del estudio recaía
sobre tres.

29. Se observa que los inmuebles objeto de este proceso 040-441640, 040-444532
y 040-441639, de acuerdo con sus folios de matrícula inmobiliaria94, se derivaron de
un inmueble de mayor extensión, identificado con el registro 040-124827, que fue
dividido materialmente por medio de la escritura pública 1667 del 4 de junio de 2008
otorgada ante la Notaría Décima del Círculo de Barranquilla95.

Ahora, se destaca que la escritura pública 1667 dispone que el lote de mayor
extensión se dividió en dos predios denominados “LOTE ‘A’ y LOTE ‘B’”, sin hacer
referencia a un tercer inmueble.

De esta división, resultaron los folios de matrícula 040-441638, correspondiente al
lote A, y 040-441639, lote B. En efecto, el certificado de tradición del folio 040-
441639 establece:

“DESCRIPCIÓN: CABIDA Y LINDEROS
Contenidos en ESCRITURA Nro 1667 de fecha 04-06-2008 en NOTARIA 10 de
BARRANQUILLA LOTE ‘B’ (…)”96.

Y, con respecto al predio 040-441638 (que, así identificado, no hace parte de la
controversia), se allegó copia de la escritura pública 2877 del 15 de septiembre de
2008 otorgada ante la Notaría Décima del Círculo de Barranquilla 97, en la que se
señaló que ese inmueble se denominaba “LOTE A”98.

Igualmente, se resalta que, mediante este instrumento, el lote A se dividió en dos
predios que, a su vez, se designaron “LOTE # A-1”99 y “LOTE A-2”, y se enajenó el
lote A-2 a Inversiones Combgas S.A.100.

De acuerdo con el folio de matrícula 040-444532, este predio se deriva del inmueble

94
Archivo: 2_ED_0012014006581C. Págs. 47 a 52.
95
Archivo: 2_ED_0012014006581C. Págs. 62 a 71.
96
Archivo: 2_ED_0012014006581C. P. 51.
97
Archivo: 2_ED_0012014006581C. Págs. 72 a 88.
98
Archivo: 2_ED_0012014006581C. P. 73.
99
Archivo: 2_ED_0012014006581C. P. 79.
100
Cláusula tercera. Ibídem.

35

Radicación: 08001-23-33-000-2014-00658-01 (67.671)
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040-441638, y corresponde a aquel denominado lote A-1 contenido en la referida
escritura pública 2877101.

Por otra parte, se destaca que el certificado inmobiliario 040-441640 determina que
se trata del “LOTE ‘C’ TRAMO CIRCUNVALAR”, respecto del cual, se reitera, no
existe registro en la escritura pública 1667, en la que, se insiste, se dividió el predio
de mayor extensión únicamente en los lotes A y B.

Esta Sala hace hincapié en que, a pesar de que el perito expuso que se había
basado en los tres registros inmobiliarios señalados en el cuestionario, nada de lo
anterior fue objeto de su análisis, aun cuando era indispensable para establecer la
identificación y ubicación de los predios y, por ende, las áreas y proporciones sobre
las cuales —según se aseveró— se había generado la afectación con ocasión de la
obra.

30. Más aún, debe ponerse de presente que en el dictamen se determinó que, antes
de la ocupación, el lote A —allí referenciado— tenía una extensión de 7.04
hectáreas, cifra que coincide con aquella revelada en la escritura pública 1667
respecto del lote A (7.04 hectáreas). No obstante, la Sala destaca que dichas
extensiones no deberían concordar, puesto que el lote sobre el cual se presentó el
reclamo era, realmente, el denominado lote A-1, correspondiente al identificado con
matrícula inmobiliaria 040-444532, que es producto de la división del lote A, de
conformidad con la escritura pública 2877, y que, por tanto, tendría que ser de menor
extensión, toda vez que el lote A-2 fue vendido a Inversiones Combgas.

En otras palabras, el lote sobre el cual se pudo haber confirmado una ocupación
correspondería a aquel distinguido como A-1, cuya extensión, en teoría, debería
equivaler al área del lote A menos la dimensión del lote A-2. Se reitera que el
dictamen pericial nada explicó a este respecto.

31. Debe añadirse que el dictamen pericial no reveló, en ningún aparte, la existencia
de la ocupación y, simplemente, la adoptó como premisa para identificar los linderos
y cabidas de antes y después de la construcción de la obra, en orden a determinar
la extensión supuestamente afectada y, posteriormente, el valor del metro cuadrado.

101
Archivo: 2_ED_0012014006581C. P. 49.

36

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32. En efecto, se enfatiza que en la experticia se dispuso que: “después de llevar a
cabo el levantamiento topográfico de los lotes encontré que el área ocupada fue de:
Lote A: 9.555.28 m2 y Lote B: 15.750.57 m2 para un total de 25.305.85 M2 lo
anterior podemos observar en los planos que adjunto.”

Sin embargo, resulta menester poner de relieve que, tanto en el escrito del experto,
como en el plano adjunto, se determinó que, antes de la ocupación reclamada, el
lote A colindaba por el sur con el lote B, cuando lo cierto es que, de acuerdo con la
escritura pública 1667 de 2008 —que dividió los dos predios— la avenida
circunvalar estaba en medio de los dos inmuebles, como lo confirma la escritura
2877 de 2008.

Puede derivarse, entonces, que —contrario a lo indicado por el experto— la avenida
circunvalar dividía físicamente los dos predios desde antes de las obras de 2013
por cuya virtud se alega la ocupación, todo lo cual se soporta, además, en que —
de acuerdo con lo planteado en el proceso— la perturbación reclamada resultó de
la construcción de la ampliación de esta vía, y no así de su construcción. En este
sentido, el acervo probatorio da cuenta de que, en realidad, la avenida circunvalar
existía, a lo menos, desde el 2008, por lo cual el levantamiento topográfico
efectuado en el peritaje sobre los inmuebles “antes de la ocupación” no puede
reflejar los hechos con veracidad.

33. De acuerdo con todo lo anterior, se advierte que el dictamen, al comparar las
áreas de lo que —según señala— eran los predios antes y después de la alegada
ocupación, sin concluir de manera expresa, o soportar, la existencia de dicha
perturbación, y en conjunto con las otras pruebas practicadas en el proceso, adolece
de imprecisiones que impiden adoptar sus conclusiones.

Por esta virtud, esta Sala determina que este medio probatorio no tiene la vocación
de demostrar, con certeza, que los predios objeto del proceso hubieran sido
ocupados, a lo que se agrega que, en el expediente, no obra ninguna prueba
adicional que así lo evidencie.

Al efecto, se destaca que, junto con la demanda, se aportó un registro fotográfico
rotulado como: “ilustración No. [1 al 8], 22 de julio de 2014, trabajos de construcción
de la prolongación de la segunda calzada de la carretera de la circunvalar entre la

37

Radicación: 08001-23-33-000-2014-00658-01 (67.671)
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carrera 46 hasta la Hyundai”102, en el que únicamente se observan unas obras en
una vía, sin que sea posible establecer, a ciencia cierta, su origen, el lugar retratado,
ni la época en la que fueron tomadas, por lo que, al carecer de reconocimiento o
ratificación, no pueden ser tenidas en cuenta por este Despacho como una prueba,
en sí misma, de la ocupación. Así lo ha determinado la jurisprudencia constitucional:

“(…) las fotografías por si solas no acreditan que la imagen capturada corresponda
a los hechos que pretenden probarse a través de ellas. Debe tenerse certeza de la
fecha en la que se capturaron las imágenes y, para ello, corresponde al juez efectuar
un cotejo de las fotografías con testimonios, documentos u otros medios probatorios
(…).

3.7.3 En este orden de ideas, el valor probatorio de las fotografías no depende
únicamente de su autenticidad formal sino de la posibilidad de establecer si la
imagen representa los hechos que se le atribuyen, y no otros diferentes en
razón del tiempo, del lugar o del cambio de posición de los elementos dentro
de la escena capturada. Para ello, el juez debe valerse de otros medios
probatorios, apreciando razonablemente el conjunto.”103.
(Negrillas fuera del texto original).

34. Al no haberse probado la existencia de la ocupación, la sentencia de primera
instancia deberá revocarse para, en su lugar, negar las pretensiones.

35. Por último, debe señalarse que la falta de acreditación de la ocupación no
permite acceder, como lo hizo el a quo, a una condena en abstracto, puesto que la
deficiencia probatoria no recayó sobre la cuantía de los perjuicios, sino sobre un
elemento de la responsabilidad, lo que implicaría que en el respectivo trámite se
demostrara lo atinente, situación que resulta improcedente.

Esta Sala destaca que la sentencia de primera instancia erró al determinar que el
dictamen pericial había probado la ocupación sobre los bienes y, sobre esa base,
ordenar la condena en abstracto para que, en el respectivo trámite, se calculara el
valor del metro cuadrado, sin cerciorarse, como era debido, de que el supuesto
primario —ocupación— en realidad no había sido acreditado.

Igualmente, el a quo dispuso que, para la liquidación de dicha condena, debía

102
Archivo: 2_ED_0012014006581C. Págs. 53 a 60.
103
Corte Constitucional. Sentencia T-269 de 2012. Igualmente, la Sección Tercera se ha pronunciado
en este sentido, mediante sentencias del 10 de marzo de 2011, Exp: 18899; 13 de junio de 2013,
Exp: 27353; 20 de octubre de 2014, Exp: 52001-23-31-000-2001-01371-02(AG); 28 de agosto de
2014, de la Sala Plena, Exp: 28832; 13 de octubre de 2020, Exp: 47358; y 21 de abril de 2021, Exp:
55069. Estas dos últimas providencias se refieren a que el criterio es igualmente aplicable bajo la
vigencia del CGP.

38

Radicación: 08001-23-33-000-2014-00658-01 (67.671)
Demandante: Beatriz Helena Cañas Calderín y otros
Demandado: Área Metropolitana de Barranquilla y otros
Asunto: Reparación Directa

tenerse en cuenta el “valor del metro cuadrado del predio (…) que determinará el
valor del área total de ocupación y los intereses causados por el perjuicio e intereses
moratorios bancarios generados desde la fecha de la ocupación”, así como el “daño
emergente por la minusvalía del predio identificado con matrícula inmobiliaria 040-
441640, 040-444532, 040-411639”, a pesar de que, como lo puso de presente la
impugnación de Área Metropolitana de Barranquilla, este último daño no fue
acreditado en el proceso.

Véase que, de acuerdo con la subsanación de la demanda, el daño correspondiente
a la minusvalía del predio, se refería a:

“La afectación de esos metrajes perjudicó a su vez el resto de predio que es
propiedad de mis poderdantes, pues desvalorizó los terrenos contiguos y
frenó el crecimiento y desarrollo de los mismos predios. De igual forma Se
estimó que el daño asciende la suma de $4.500.000.000.00 por concepto al pago
de los diferentes emolumentos y pagos realizados como estudios de suelos,
ingenieros, planos, etc. encaminados a la empresa de construcción la cual no pudo
ser realizada.”104.
(Negrillas fuera del texto original).

Si bien el pedimento carece de claridad al reclamar, por el mismo concepto, la
desvalorización de los terrenos que no fueron objeto de ocupación y el pago de los
emolumentos encaminados a efectuar una frustrada construcción en el área, la Sala
—con el fin de desentrañar la intención del escrito introductorio— considera que la
solicitud se fundamentaba en que, las áreas de los bienes que no fueron —según
se alega— ocupadas por los trabajos públicos, sufrieron una desvalorización por las
mencionadas obras.

La anterior interpretación resulta, además, concordante con lo que esta Sección ha
establecido respecto de los daños que pueden causarse en eventos como los acá
estudiados, en tanto la lesión sufrida por el demandante, derivada de la ocupación
permanente, consiste en la “pérdida misma del inmueble, o su fracción, por lo cual
su indemnización equivale al valor del mismo y, de contera, resulta razonable que
la entidad pública, con la condena, ostente el derecho de convertirse en
propietario”105, situación que —esencialmente— excluye la posibilidad de que,
concomitantemente, sobre la franja ocupada, se pueda reconocer un lucro cesante

104
Archivo: 2_ED_0012014006581C. P. 145.
105
Supra, Exp: 68581.

39

Radicación: 08001-23-33-000-2014-00658-01 (67.671)
Demandante: Beatriz Helena Cañas Calderín y otros
Demandado: Área Metropolitana de Barranquilla y otros
Asunto: Reparación Directa

o minusvalía106.

Sin embargo, no puede concluirse, ni sobre la base de esta hermenéutica, que esta
lesión se demostrara en el proceso, en la medida en la que el objeto del dictamen
—tal como se solicitó— ni siquiera se refería a este asunto. En efecto, se pone de
presente que la pregunta 3 del cuestionario, encaminada a que el perito
«cuantificara y calculara, como daño emergente, la minusvalía del predio», se
centraba en lo atinente a la indemnización por la pérdida del área ocupada, al punto
que se solicitó que se sustentara en la extensión que el estudio topográfico
estableciera de «la franja apropiada por las entidades municipales», sin que se
incluyeran aspectos relativos a la pretensión de minusvalía del área que no fue
objeto de —la supuesta— ocupación.

IV. Conclusión

36. En atención al problema jurídico plantado, esta Sala concluye que no se acreditó
que los inmuebles hubieran sido objeto de ocupación, por manera que debe
revocarse la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negarse las pretensiones.

V. Costas

37. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA, en la sentencia
se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirá por
el CGP, que, a su turno, en el numeral 4 de su artículo 365, establece que “cuando
la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida
será condenada a pagar las costas de ambas instancias”, y en su numeral 8 que
sólo se reconocerán “cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la
medida de su comprobación”.

38. De acuerdo con el artículo 361 ibídem, las costas “(…) están integradas por la
totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso de proceso y por las
agencias en derecho (…)”, estas últimas, vale aclarar, las determina el juez de cada
instancia por las tarifas que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de la

106
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 3 de
abril de 1997. Exp: 9718. Criterio reiterado en sentencias del 10 de mayo del 2001, Exp: 11783; del
10 de agosto de 2005, Exp: 15338; y del 11 de diciembre de 2024, Exp: 69715. Conclusión que
emanaba, en su momento, del artículo 220 del CCA y, actualmente, del artículo 190 del CPACA.

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Radicación: 08001-23-33-000-2014-00658-01 (67.671)
Demandante: Beatriz Helena Cañas Calderín y otros
Demandado: Área Metropolitana de Barranquilla y otros
Asunto: Reparación Directa

Judicatura. Las expensas y agencias se liquidan de manera concentrada por el juez
de primera instancia, según el artículo 366.

Como en el presente asunto se revocará la totalidad de la sentencia del Tribunal
Administrativo del Atlántico, en los términos de la ley, se condenará en costas en
las dos instancias a la parte vencida, que en este caso es el extremo activo.

En la fijación de las agencias, de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del
artículo 366 del mismo estatuto, en concordancia con el Acuerdo No. 1887 de 2003
del Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó la
demanda107, se tendrá en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión
realizada, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales si las hubiere.

De acuerdo con el numeral 3.1.2 del citado Acuerdo, en los procesos con cuantía y
que se adelantan ante esta jurisdicción, las agencias en derecho en primera
instancia se fijan hasta el 20% del valor de las pretensiones reconocidas o negadas
en la sentencia, mientras que, según el numeral 3.1.3, para la segunda instancia
se establece un tope de hasta el 5%.

Se observa que, en primera instancia, las entidades demandadas contestaron la
demanda, acudieron a la audiencia inicial108 y de práctica de pruebas del 21 de
agosto de 2018109, mientras que a la del 9 de octubre de 2018 únicamente asistió
Edubar110, quien, además, presentó alegatos de conclusión111, al igual que el distrito
de Barranquilla112, con lo cual se estima que todos los miembros del extremo pasivo
ejercieron una gestión diligente en el proceso. Y, en segunda instancia, se destaca
que todas las demandadas presentaron el recurso de apelación y los alegatos de
conclusión.

Por esta virtud, las agencias en derecho correspondientes a la primera instancia se
fijan en el equivalente a 1,5% de las pretensiones negadas, esto es por valor de

107
El Acuerdo 1887 de 2003 fue derogado por el Acuerdo 10554 de agosto 5 de 2016 y aplicó en los
procesos judiciales iniciados a partir de su publicación.
108
Archivo: 4_ED_0032014006583CP. Págs. 87 y 94.
109
Archivo: 4_ED_0032014006583CP. P. 227.
110
Archivo: 4_ED_0032014006583CP. P. 254.
111
Archivo: 4_ED_0032014006583CP. Págs. 278 a 286.
112
Archivo: 4_ED_0032014006583CP. Págs. 276 a 277.

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Radicación: 08001-23-33-000-2014-00658-01 (67.671)
Demandante: Beatriz Helena Cañas Calderín y otros
Demandado: Área Metropolitana de Barranquilla y otros
Asunto: Reparación Directa

$309’912.000113. Y las de segunda instancia, por 1% de las pretensiones negadas,
es decir, por $206’608.000.

De esta manera, el total de las costas corresponde a un valor de $516’520.000, que
deberán ser pagados por los demandantes a las demandadas en proporciones
iguales.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 5 de junio de 2020 proferida por la Sección
A del Tribunal Administrativo del Atlántico y, en su lugar, disponer:

“NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en esta
providencia”.

SEGUNDO: CONDENAR en costas en ambas instancias a la parte demandante en
favor de las demandadas. Para el efecto, se fijan las agencias en derecho de la
primera instancia en el 1,5% de las pretensiones negadas y de la segunda instancia
en el 1% de las pretensiones, que, en ambos casos, deberán ser pagadas en
proporciones iguales por los demandantes y a favor de las entidades demandadas.

TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
(Aclaración de voto)

113
Teniendo en consideración que la demanda pretendió, en total, la suma de $20.660’800.000, valor
que corresponde a la suma de los distintos perjuicios $13.852’800.000, $2.000’000.000,
$4.500’000.000 y $308’000.000, estos últimos que se refieren a los perjuicios morales equivalentes
a 500 salarios mínimos legales vigentes en 2014.

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Radicación: 08001-23-33-000-2014-00658-01 (67.671)
Demandante: Beatriz Helena Cañas Calderín y otros
Demandado: Área Metropolitana de Barranquilla y otros
Asunto: Reparación Directa

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE114
NICOLÁS YEPES CORRALES
(Aclaración de voto)

114
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
VF

43

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