Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03259-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03259-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-03259-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
6 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-03259-01
Accionante: NAPOLEÓN ÁLVAREZ LÓPEZ
Accionado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN SEGUNDA -
SUBSECCIÓN B
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. Se revoca el fallo
impugnado. Se declara improcedente el mecanismo de amparo por no
cumplir con el requisito general de relevancia constitucional.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia
de 25 de junio de 2026 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. Elseñor Napoleón Álvarez López, a través de apoderado judicial, solicitó la
protección de su derecho fundamental al debido proceso, cuya vulneración le
atribuyó a la providencia de 2 de octubre de 2025 proferida por la Subsección B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho identificado con número de radicación 70001-23-33-
000-2014-00237-02.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Expuso que promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, identificada con el número de radicación 70001-23-
33-000-2014-00237-00, contra el Ministerio de Justicia y del Derecho y la
Superintendencia de Notariado y Registro.
2.2. Precisó que dicha demanda tenía por objeto obtener la declaratoria de nulidad del
acto administrativo mediante el cual fue declarado insubsistente en el cargo de
Registrador Principal de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP) del
Círculo de Sincelejo y se nombró en propiedad a otra persona. A título de
restablecimiento, solicitó su reintegro al cargo, el pago de los salarios y prestaciones
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03259-01
Accionante: Napoleón Álvarez López
sociales dejados de percibir durante el tiempo en que permaneció desvinculado, así
como la indemnización de los perjuicios extrapatrimoniales que afirmó haber sufrido.
2.3. Mencionó que el conocimiento del proceso le correspondió al Tribunal
Administrativo de Sucre, autoridad judicial que, mediante sentencia de 30 de
noviembre de 2023, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
2.4. Señaló que las entidades demandadas interpusieron recursos de apelación contra
la anterior decisión y que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, a través de sentencia de 2 de octubre de 2025, revocó la decisión de primera
instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.
2.5. Consideró que la providencia mencionada vulneró su derecho fundamental
indicado supra por haber incurrido, presuntamente, en los defectos sustantivo,
fáctico y desconocimiento del precedente judicial.
2.6. Afirmó la existencia de un defecto sustantivo por cuanto, a su juicio, la autoridad
judicial realizó una interpretación restrictiva de la figura de la estabilidad laboral
reforzada, al desconocer que dicha garantía impone al Estado el deber de adoptar
medidas efectivas de protección antes de la desvinculación de una persona
prepensionada, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 2040 de 27 de julio de 20201,
con independencia de la naturaleza del empleo que desempeñe.
2.7. Respecto del defecto fáctico, sostuvo que la autoridad judicial omitió efectuar una
valoración razonada del material probatorio, en particular de los elementos que
acreditaban su condición de prepensionado y de aquellos que permitían comparar el
ingreso base de cotización que obtuvo con posterioridad a su desvinculación con el
que habría mantenido de haber permanecido vinculado al cargo. Afirmó que, aunque
finalmente accedió a la pensión de vejez, lo hizo en condiciones menos favorables
que las que habría tenido de no haberse producido su desvinculación.
2.8. Señaló que se incurrió en un desconocimiento del precedente al considerar que, si
bien la providencia cuestionada hizo referencia a los criterios aplicables en materia de
estabilidad laboral reforzada de las personas prepensionadas, omitió aplicarlos al
caso concreto. A su juicio, por su condición de sujeto de especial protección
constitucional, la autoridad judicial debió reconocer la obligación de adoptar medidas
alternativas a la desvinculación, tales como la reubicación laboral, entre otras.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] Origina esta acción la sentencia de fecha dos (2) de octubre de 2025,
notificada personalmente el día 11 de noviembre de 2025, proferida por el
Consejo de estado, Sección Segunda, Subsección B, mediante la cual revoco
(sic) en todas sus partes la sentencia de primera instancia de fecha treinta (30)
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"[…] Por medio de la cual se adoptan medidas para impulsar el trabajo para adultos mayores y se dictan otras disposiciones
[…]”.
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Accionante: Napoleón Álvarez López
de Noviembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, que
declaró la nulidad parcial del Decreto 336 de fecha 19 de febrero de 2014,
dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho promovido por
el señor NAPOLEÓN ÁLVAREZ LÓPEZ contra la Nación - Ministerio de Justicia
y del Derecho - Superintendencia de Notariado y Registro, con radicado No.
70001-2333-000-2014-00237-02 (0029-2025), M.P. Jorge Edison Portocarrero
Banguera.
Se procura con esta acción, se ordene dejar sin efecto la sentencia proferida
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, de fecha dos (2)
de octubre de 2025, con radicado No. 70001-2333-000-2014-00237-02 (0029-
2025), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera, y, como consecuencia de ello
se profiera una nueva sentencia en los términos que corresponde, basada en
una valoración objetiva y adecuada de las pruebas existentes en el proceso,
con plena observancia de las normas legales vigentes para la época y del
precedente jurisprudencial aplicable al respecto. […]”.
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 5 de mayo de 2026, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso de la Sección Cuarta del Consejo de Estado admitió la presente acción
de tutela y vinculó en calidad de terceros con interés directo en el resultado del
proceso al Ministerio de Justicia y del Derecho, a la Superintendencia de Notariado
y Registro, al señor Rodolfo Machado Otalora, a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, al Ministerio Público, al Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República de Colombia, al Consejo Superior de la Carrera
Notarial y al Tribunal Administrativo de Sucre.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuada la notificación a la autoridad accionada y a los vinculados, se
allegaron los siguientes informes:
5.1. El señor Rodolfo Machado Otalora destacó que al momento de la expedición
del Decreto 336 de 19 de febrero de 2014, a través del cual se declaró la
insubsistencia del accionante, no se encontraba vigente la Ley 2040 de 2020.
Además, indicó que el Acuerdo 001 de 21 de febrero de 2013 convocó y fijó las
bases del concurso de méritos para provisión de cargos de registradores a nivel
nacional en el que se inscribió el accionante y no aprobó la prueba escrita de
conocimientos, razón por la cual estuvo en igualdad de condiciones para ocupar
dicho cargo.
5.2. El
Ministerio de Justicia y del Derecho señaló que se pretenden discutir
nuevamente argumentos que ya se dirimieron en el proceso ordinario, lo cual
desnaturaliza la acción de tutela. Por lo anterior, solicitó declarar la improcedencia
de este mecanismo por desconocer el requisito de relevancia constitucional
teniendo en cuenta que no se evidenció que la autoridad judicial haya incurrido en
alguna arbitrariedad ni que haya omitido la evaluación adecuada de las pruebas.
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Accionante: Napoleón Álvarez López
5.3. ElDepartamento Administrativo de la Presidencia de la República
manifestó que carece de legitimación en la causa por pasiva debido a que no le es
atribuible una vulneración de derechos fundamentales. Además, señaló que los
jueces cuentan con autonomía para proferir sus decisiones siempre que se
cumplan los preceptos legales y jurisprudenciales aplicables, lo cual ocurrió en este
caso.
5.4. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado señaló que
en la sentencia objeto de cuestionamiento se precisó que, según el criterio
jurisprudencial contenido en las sentencias SU-917 de 2010, SU-446 de 2011, T-
320 de 2016 y T-373 de 2017 proferidas por la Corte Constitucional y la sentencia
de 18 de noviembre de 2021 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado2, la estabilidad laboral relativa de las personas vinculadas
en provisionalidad cede frente al mejor derecho, de quienes superaron el
respectivo concurso para ocupar cargos de carrera. Agregó que la providencia se
encuentra sustentada en la regulación aplicable y el acervo probatorio aportado al
proceso.
5.5. El Tribunal Administrativo de Sucre adujo que no ha incurrido en violación
alguna de los derechos fundamentales de la parte actora y que se atiene a lo
demostrado en el trámite constitucional.
5.6. LaSuperintendencia de Notariado y Registro argumentó que no existe
ninguna afectación constitucional y que la providencia cuestionada se profirió con
el respaldo probatorio y jurisprudencial pertinente, por lo que la acción de tutela no
puede convertirse en una instancia adicional para reabrir debates ya resueltos.
VI. EL FALLO IMPUGNADO
6. Mediante sentencia de tutela de 25 de junio de 2026, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado negó la solicitud de desvinculación del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República y negó las pretensiones de la
demanda. Para tal efecto, consideró que el accionante no sustentó en debida forma
los presuntos defectos teniendo en cuenta que omitió señalar las normas
posiblemente desconocidas o indebidamente aplicadas.
7. Manifestó que en la providencia cuestionada contiene un acápite específico sobre
la estabilidad laboral reforzada de las personas próximas a pensionarse, en el cual
se efectuó un amplio análisis jurisprudencial que condujo a concluir que, aun
cuando el actor ostentaba la condición de prepensionado, el principio del mérito
prevalecía en las circunstancias del caso.
2
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 18 de noviembre
de 2021, radicación núm. 47001-23-33-000-2016-00019-01, C.P. William Hernández Gómez.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03259-01
Accionante: Napoleón Álvarez López
8. Agregó que no era procedente alegar la inaplicación del artículo 8 de la Ley 2040
de 2020, toda vez que dicha disposición no se encontraba vigente al momento de
expedirse el acto administrativo que declaró la insubsistencia del accionante.
9. Añadió que la controversia no giraba en torno al reconocimiento de la condición
de prepensionado del actor ni a la necesidad de otorgarle una protección especial.
Explicó que el fundamento de la decisión consistió en la ausencia de prueba sobre
la existencia de vacantes en las cuales hubiera podido ser reubicado
transitoriamente mientras cumplía los requisitos para acceder a la pensión de vejez.
10. Encuanto al defecto fáctico, indicó que la parte accionante no identificó de
manera concreta las pruebas que presuntamente fueron omitidas o indebidamente
valoradas. Por el contrario, se limitó a reiterar que la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado desconoció su condición de prepensionado, pese
a que la razón determinante para negar las pretensiones fue la falta de acreditación
de vacantes que hicieran viable su eventual reubicación.
11. Sostuvo que el objeto del proceso ordinario no consistía en establecer si la
pensión reconocida al actor resultó menos favorable que aquella a la que habría
accedido de haber permanecido en el cargo de Registrador de Instrumentos
Públicos. En consecuencia, concluyó que el juez natural no estaba llamado a
efectuar un análisis comparativo sobre el ingreso base de liquidación de la
prestación pensional.
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
12. La parte accionante impugnó el fallo de primera instancia y solicitó que se
accediera a las pretensiones de la acción de tutela, al estimar que la presente
acción no pretende reabrir un debate jurídico resuelto en el proceso ordinario, sino
evaluar si la providencia incurrió en una afectación de derechos constitucionales, al
imponerle una carga probatoria imposible de satisfacer, consistente en demostrar
la existencia de vacantes disponibles para su eventual reubicación.
13. Destacó que la estabilidad laboral reforzada de las personas prepensionadas no
puede reducirse a una garantía meramente formal o ineficaz, por cuanto la
información relativa a la existencia de vacantes corresponde exclusivamente a la
Superintendencia de Notariado y Registro. En ese sentido, consideró que exigir al
demandante la demostración de ese hecho desconoce las reglas sobre distribución
de la carga de la prueba y vulnera su derecho al debido proceso.
14. Cuestionó la afirmación contenida en la sentencia de primera instancia según la
cual no existió afectación alguna, por haber continuado vinculado laboralmente
hasta cumplir los requisitos para acceder a la pensión. A su juicio, esa conclusión
carece de sustento, puesto que no se comparó el ingreso base de cotización
derivado del cargo que desempeñó con el que habría obtenido de haber
permanecido como Registrador de Instrumentos Públicos. En consecuencia,
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Accionante: Napoleón Álvarez López
sostuvo que la providencia incurrió en un defecto fáctico al omitir la valoración
integral del material probatorio relevante para resolver esa cuestión.
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
15. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19913, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20154, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20215 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20256, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20197, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 20248.
VIII.2. Problemas jurídicos
16. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado9, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá:
b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró el derecho fundamental
invocado por la parte accionante, al haber incurrido, presuntamente, en los
defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente judicial.
17. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, de acuerdo con los requisitos generales y especiales de procedibilidad;
para posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del
asunto, siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
18. LaSala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 201210, cambió su postura inicial y decidió asumir el
3
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.
4
“[…] Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho […]”.
5
“[…] Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela […]”.
6
“[…] Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho […]”.
7
“[…] Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado […]”.
8
“[…] Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90 […]”.
9
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
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Accionante: Napoleón Álvarez López
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
19. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
20. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.
21. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial11, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución12.
22. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”13 que encaje en dichos
parámetros.
23. Setrata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
11
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
12
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
13
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
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instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
24. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VIII.4. El caso concreto
25. El señor Napoleón Álvarez López, a través de apoderado judicial, solicitó la
protección de su derecho fundamental al debido proceso, cuya vulneración le
atribuyó a la providencia de 2 de octubre de 2025 proferida por la Subsección B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho identificado con número de radicación 70001-23-33-
000-2014-00237-02.
26. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial, el requisito general de relevancia constitucional.
VIII.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
27. El requisito de procedencia de relevancia constitucional se entiende cumplido
cuando se acredita que el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún
derecho fundamental14 y no cuando guarda relación con asuntos de carácter
meramente legal o de contenido económico que deberán ser definidos por otras
jurisdicciones15.
28. En las acciones de tutela contra providencias judiciales16 el referido requisito se
cumple siempre que se evidencie la afectación o vulneración de las garantías
constitucionales o núcleo esencial de los derechos fundamentales y se descarte el
uso del mecanismo de amparo como una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces17.
29. En cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena del
Consejo de Estado, en sentencia de unificación18, sostuvo que:
“[…] La ‘relevancia constitucional’ es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
14
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
15
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
16
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
17
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
18
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03259-01
Accionante: Napoleón Álvarez López
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en
una tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de ‘relevancia constitucional’, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera de texto].
30. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202219 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, el accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
19
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
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Accionante: Napoleón Álvarez López
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
[…]
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto]
31. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202320.
32. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales21.
33. De acuerdo con la jurisprudencia, no basta con que la parte accionante invoque el
texto constitucional o la simple enunciación de la supuesta vulneración de uno o varios
derechos fundamentales por parte de la autoridad accionada; sino que dicho atentado
debe ser explicado y fundamentado desde la óptica de la protección que la
Constitución Política ofrece a estos bienes jurídicos superiores.
34. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante sostuvo que la autoridad accionada vulneró su derecho
fundamental indicado supra por haber incurrido, presuntamente, en los defectos
sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente judicial.
35. Afirmó la existencia de un defecto sustantivo por cuanto, a su juicio, la autoridad
judicial realizó una interpretación restrictiva de la figura de la estabilidad laboral
20
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
21
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.
11
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03259-01
Accionante: Napoleón Álvarez López
reforzada, al desconocer que dicha garantía impone al Estado el deber de adoptar
medidas efectivas de protección antes de la desvinculación de una persona
prepensionada, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 2040 de 27 de julio de 202022,
con independencia de la naturaleza del empleo que desempeñe.
36. Respecto del defecto fáctico, sostuvo que la autoridad judicial omitió efectuar una
valoración razonada del material probatorio, en particular de los elementos que
acreditaban su condición de prepensionado y de aquellos que permitían comparar
el ingreso base de cotización que obtuvo con posterioridad a su desvinculación con
el que habría mantenido de haber permanecido vinculado al cargo. Afirmó que,
aunque finalmente accedió a la pensión de vejez, lo hizo en condiciones menos
favorables que las que habría tenido de no haberse producido su desvinculación.
37. Señaló que el tribunal incurrió en un desconocimiento del precedente al
considerar que, si bien la providencia cuestionada hizo referencia a los criterios
aplicables en materia de estabilidad laboral reforzada de las personas
prepensionadas, omitió aplicarlos al caso concreto. A su juicio, por su condición de
sujeto de especial protección constitucional, la autoridad judicial debió reconocer la
obligación de adoptar medidas alternativas a la desvinculación, tales como la
reubicación laboral entre otras.
38. Precisados los argumentos que sustentan la acción de amparo, en criterio de
esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de relevancia constitucional
porque: i) el debate no se realiza desde una óptica constitucional, y ii) la parte
accionante pretende utilizar este mecanismo como una instancia adicional con lo
que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el juez natural del asunto.
39. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional.
Para ello es necesario que la parte accionante motive suficientemente las razones
por las que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.
40. Además, no se está poniendo de presente que en la providencia censurada se
haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino que el argumento en el que
fundamenta su inconformidad se sustenta, básicamente, en que la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado revocó la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda, lo cual es contrario
a los intereses de la parte actora.
41. Se observa que la discusión expuesta en esta instancia constitucional fue
analizada por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en la
providencia cuestionada:
22
"[…] Por medio de la cual se adoptan medidas para impulsar el trabajo para adultos mayores y se dictan otras disposiciones
[…]”.
12
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Accionante: Napoleón Álvarez López
“[…] En el presente asunto, no se demostró por el demandante; quien de
conformidad con el artículo 103 de la Ley 1437 de 2011, tenía la carga de la
prueba, que, superado el concurso de méritos y expedida la lista de elegibles,
la administración contara con cargos vacantes de igual o superior jerarquía, en
los que pudiera ser reubicado.
La Corte Constitucional, en la Sentencia T-061 de 2025, reiteró que frente a
sujetos de especial protección —como los prepensionados— las entidades
deben valorar la posibilidad de reubicación “siempre que existan cargos
vacantes de igual o mejor jerarquía al que ocupaba y conforme a su
experiencia”. En ausencia de dicha prueba, no puede el operador judicial,
efectuar el análisis de protección requerido.
Adicionalmente, debe señalarse que, la condición de prepensionado no otorga
un derecho a la inamovilidad absoluta en el empleo, sino un trato preferencial
en la medida de lo posible. De manera concordante, la Corte Constitucional en
la Sentencia SU-917 de 2010 indicó que los provisionales gozan de estabilidad
relativa y pueden ser retirados cuando el cargo se provee con quien superó el
concurso, siempre que se observen las garantías de motivación y respeto al
debido proceso.
Tampoco probó la existencia de un perjuicio cierto y comprobable, derivado de
la decisión de insubsistencia; toda vez que, posterior a su desvinculación como
Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Sincelejo, se vinculó a la
Alcaldía de Sincelejo Sucre y continúo cotizando hasta alcanzar su estatus
pensional.
La sola expectativa de permanecer en el empleo, hasta alcanzar su estatus
pensional, en un cargo en provisionalidad, no constituye en sí mismo un
perjuicio, máxime cuando la desvinculación obedeció a una causal objetiva y
constitucionalmente legítima: la provisión del empleo mediante concurso de
méritos, en desarrollo del artículo 125 de la Constitución.
En el caso bajo examen, aun cuando el actor acreditaba la condición de
prepensionado y, por ende, era titular de una estabilidad laboral reforzada,
dicha garantía no comporta una inamovilidad absoluta en el cargo, pues debía
armonizarse con el principio de mérito y con la prevalencia de la carrera
administrativa. En tal sentido, la protección especial cedió frente al mejor
derecho de la persona que superó el concurso público de méritos y obtuvo
legítimamente el nombramiento en propiedad, en aplicación directa del artículo
125 de la Constitución.
En consecuencia, la Sala concluye que la desvinculación del actor se fundó en
una causal objetiva y válida, ajustada al principio del mérito y a la prevalencia
de la carrera administrativa. Al no haberse demostrado la existencia de cargos
vacantes susceptibles de permitir su reubicación, ni la configuración de un
perjuicio cierto y real, no procede la declaratoria de ilegalidad plena ni el
reconocimiento de indemnización adicional alguna» […]”.
42. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no
se observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o se hubiesen
desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del
proceso contencioso administrativo.
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Accionante: Napoleón Álvarez López
43. Eneste punto, resulta necesario resaltar que la simple enunciación de una
inconformidad respecto de la decisión adoptada no conduce a que el juez de tutela
pueda abordar el fondo del asunto, ya que esta autoridad no actúa como instancia
adicional o de revisión del proceso.
44. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”23.
45. Significalo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”24.
46. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”25.
47. Con fundamento en los anteriores razonamientos, esta Sección revocará lo
decidido en el fallo impugnado y, en su lugar, declarará improcedente por no
superar el requisito general de relevancia constitucional, como se dispondrá en la
parte resolutiva de esta decisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 25 de junio de 2026, proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado. En su lugar DECLARAR IMPROCEDENTE la
presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
23
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
24
Ibid.
25
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.
14
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03259-01
Accionante: Napoleón Álvarez López
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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