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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2014-00237-02

Fecha
2 de octubre de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2014-00237-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia del Treinta (30) de Noviembre de Dos Mil Veintidós (2022), proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre-Sala Cuarta de Decisión, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, conforme a lo expuesto en el presente proveído. TERCERO: Sin condena en costas en ambas instancias. CUARTO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. 24 Radicación: 0029-2025 Demandante: Napoleón Álvarez López. Demandado: Nación- Ministerio de Justicia y del Derecho Superintendencia de Notariado y Registro.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 70001-23-33-000-2014-00237-02

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

2 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera.

Bogotá D.C., Dos (02) de Octubre de Dos Mil Veinticinco (2025).

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación: 70-001-23-33-000-2014-00237-02 (0029-2025)1.
Demandante: Napoleón Álvarez López.
Vinculado: Rodolfo Machado Otálora.
Demandado: Nación- Ministerio de Justicia y del Derecho -
Superintendencia de Notariado y Registro.
Tema: Declaratoria de insubsistencia - Prepensionado - Reintegro.
Decisión: Sentencia de segunda instancia.

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las entidades
demandadas, contra la sentencia del Treinta (30) de Noviembre de Dos Mil
Veintidós (2022), proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre-Sala Cuarta de
Decisión2, que concedió parcialmente las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES.
1.1 La demanda3.

1.1.1 Pretensiones.

El señor Napoleón Álvarez López, actuando por conducto de apoderado judicial,
acudió a esta jurisdicción, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), y
formuló las siguientes pretensiones:

1
Expediente digital en Samai Y OneDrive 70001233300020140023700
2
Magistrados: Viviana Mercedes López Ramos, César Enrique Gómez Cárdenas Y Rufo Arturo Carvajal Argotty.
3
Expediente digital-Samai-Gestionar documentos-Descargar archivos-Documento PDF de nombre: 05Demanda. Folios 5 y
ss.

Radicación: 0029-2025
Demandante: Napoleón Álvarez López.
Demandado: Nación- Ministerio de Justicia y del Derecho Superintendencia de Notariado y
Registro.

« PRIMERA: Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el Decreto
No.336 de fecha diecinueve (19) de febrero de 2014, del cual tuvo conocimiento mi mandante
solo hasta el día tres (3) de marzo de 2014, "Por medio del cual se declara una insubsistencia
y se efectúa un nombramiento en propiedad", proferido por el Presidente de la Republica y
el señor Ministro de Justicia y del Derecho, por estar viciado de nulidad absoluta por
ILEGALIDAD, VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO, DESVIACIÓN DE PODER Y FALSA
MOTIVACIÓN.

SEGUNDA: Como consecuencia de la declaratoria de nulidad del acto administrativo antes
mencionado, se ordene a favor de mi mandante, a título de restablecimiento del derecho, el
reintegro al cargo de registrador principal de instrumentos públicos del círculo de Sincelejo
(Sucre), Código 0191, grado 19, u otro de mayor jerarquía, sin solución de continuidad, así
como el pago de los salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social, dejados
de percibir desde su retiro hasta la fecha en que efectivamente sea reintegrado.

TERCERA: Igualmente como restablecimiento del derecho la entidad demandada deberá
pagar al demandante todos los perjuicios extrapatrimoniales causados, en los siguientes
términos:

a) PERJUICIOS MORALES: Por este concepto la entidad demandada, deberá pagar a mi
mandante el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales, por todo el
sufrimiento que ha padecido a raíz de su desvinculación de la entidad de manera ilegal y
arbitraria.

b) PERJUICIOS A LA VIDA RELACION: Por este concepto se ordenará a pagar a favor de
mi mandante el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales, teniendo en
cuenta que sea el monto justo para la indemnización de este perjuicio.

CUARTO: Igualmente a título de restablecimiento la entidad citada, pagará las sumas de
dinero antes mencionadas debidamente indexadas, es decir, actualizadas conforme al índice
de precios al consumidor.

QUINTO: Condenar en costas a la entidad demandada.»

1.1.2 Hechos.

En la demanda se expuso que el señor Napoleón Álvarez López, fue nombrado en
interinidad, en el cargo de Registrador Principal de Instrumentos Públicos, del
Círculo de Sincelejo (Sucre), mediante Decreto 4121 del 10 de diciembre de 2004,
proferido por el Presidente de la República y el Ministro del Interior y de Justicia.

Se afirmó que, fue declarado insubsistente de su cargo, a través del Decreto 336
del 19 de febrero de 2014, “por medio del cual se declara una insubsistencia y se efectúa
un nombramiento en propiedad”. Indicó que, sólo tuvo conocimiento de dicho acto
administrativo, el 3 de marzo de 2014, y que, continuó laborando hasta el 20 del
mismo mes y año. Precisó que, la desvinculación obedeció al nombramiento en
propiedad del señor Rodolfo Machado Otálora, cargo que había sido ofertado dentro

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Radicación: 0029-2025
Demandante: Napoleón Álvarez López.
Demandado: Nación- Ministerio de Justicia y del Derecho Superintendencia de Notariado y
Registro.

del concurso de méritos, convocado por el Consejo Superior de la Carrera Registral,
mediante el Acuerdo 001 de 2011.

Se manifestó que, el actor adelantó diversas gestiones, con el fin de poner en
conocimiento del ministro de Justicia y del Derecho, del presidente de la República
y del Superintendente de Notariado y Registro, que ostentaba la condición de
prepensionado, por cuanto tenía 59 años y más de 20 años de servicios, lo que, a
su juicio, le hacía acreedor a la estabilidad laboral reforzada.

Añadió que, la Superintendencia de Notariado y Registro, mediante Oficio OAJ-
3695 del 27 de diciembre de 2013, dio respuesta, señalando que, al existir lista de
elegibles, resultaba un deber legal proveer los cargos, con quienes hubieran
obtenido los mejores resultados en el concurso público y abierto, y la figura del retén
social no le era aplicable, pues dicha protección especial, estaba condicionada al
retiro de funcionarios, en el marco del programa de renovación de la administración
pública, situación distinta a la remoción de un interino o provisional, derivada de un
concurso de méritos y del consecuente nombramiento en propiedad.

Sostuvo que, había prestado sus servicios al Estado durante más de 20 años,
desempeñándose en distintos cargos, entre ellos:

a) Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Sincelejo, en la
Superintendencia de Notariado y Registro, entre el 29 de diciembre de 2004
y el 20 de marzo de 2014 (9 años, 2 meses y 22 días);
b) Contralor Municipal de Sincelejo (Sucre), en la Contraloría Municipal, entre
el 10 de enero de 1998 y el 4 de enero de 2001 (2 años, 11 meses y 24
días);
c) Alcalde Municipal de Sincelejo, entre el 1º de junio de 1990 y el 29 de mayo
de 1992 (2 años) y,
d) Jefe de Sección – Nivel Ejecutivo, en la Contraloría General de la República,
entre el 22 de marzo de 1982 y el 18 de junio de 1987 (5 años, 4 meses y
26 días); y e) Ayudante del Auditor Fiscal ante el Instituto Politécnico
Apostolado y Ayudante de la Sección de Fenecimiento, entre el 6 de
noviembre de 1978 y el 31 de marzo de 1980 (1 año, 3 meses y 24 días).

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Radicación: 0029-2025
Demandante: Napoleón Álvarez López.
Demandado: Nación- Ministerio de Justicia y del Derecho Superintendencia de Notariado y
Registro.

Precisó que, a la fecha de su desvinculación, contaba con 59 años de edad, por lo
que, le faltaban menos de tres (3) años, para reunir el requisito etario, a efectos de
acceder a la pensión de vejez, configurándose así, su condición de prepensionado,
y la protección especial reforzada.

1.1.3 Normas violadas y concepto de violación.

La Constitución Política de Colombia; del artículo 12 de la Ley 790 de 2002, relativo
a la protección especial; y del artículo 9 de la Ley 797 de 2003, que regula el derecho
a acceder a la pensión de vejez.

El concepto de violación se estructuró en los siguientes argumentos:

En primera medida se alegó que, el Decreto 336 del 19 de febrero de 2014, “por
medio del cual se declara una insubsistencia y se efectúa un nombramiento en
propiedad”, expedido por el presidente de la República y el ministro de Justicia y del
Derecho, se encontraba viciado de nulidad por desconocer los derechos y garantías
consagrados en los artículos 13, 42, 43, 44, 48 y 53 de la Constitución Política. Lo
anterior, por cuanto, el demandante ostentaba la condición de prepensionado,
situación que implicaba la necesidad de asegurarle la protección a la igualdad real
y efectiva, la garantía a la seguridad social, la adopción de medidas a favor de
grupos discriminados, especiales o marginados, así como la expectativa cierta de
acceder al reconocimiento y pago de la pensión legal.

De igual forma, se sostuvo que, el acto administrativo demandado, también se
encontraba viciado de ilegalidad, por desconocer las disposiciones contenidas en el
artículo 12 de la Ley 790 de 2002 y el artículo 9 de la Ley 797 de 2003. Señaló el
demandante que, al adoptarse la decisión de declarar la insubsistencia de su cargo,
se le restringió de manera injustificada, el acceso al derecho a la pensión de vejez,
desconociéndose la finalidad protectora de dichas normas.

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Radicación: 0029-2025
Demandante: Napoleón Álvarez López.
Demandado: Nación- Ministerio de Justicia y del Derecho Superintendencia de Notariado y
Registro.

Se indicó, también, que el acto administrativo acusado, vulneró el debido proceso,
toda vez que, el actor puso en conocimiento de las entidades demandadas, su
condición de prepensionado, en reiteradas oportunidades; sin embargo, estas
omitieron valorar dicha circunstancia y procedieron a declarar su insubsistencia, sin
que mediara un procedimiento ajustado a derecho. A juicio del demandante, las
pruebas allegadas no fueron examinadas y se desconoció el derecho a permanecer
en el cargo, en virtud de la protección especial de la que era beneficiario.

Finalmente, afirmó que, el acto administrativo impugnado, se encontraba viciado de
nulidad por falsa motivación, toda vez que, el Decreto 336 del 19 de febrero de 2014,
se profirió, sin un estudio cuidadoso de la condición alegada por el demandante. A
su juicio, si las entidades hubieran analizado adecuadamente los hechos y aplicado
de manera correcta la normativa vigente y la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, habrían extendido a su caso, la aplicación de la figura de la
protección laboral reforzada, consagrada en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002.

1.2 Contestaciones de la demanda.

1.2.1 La Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho se opuso a las
pretensiones de la demanda, alegando falta de legitimación en la causa por pasiva,
en tanto, no participó en los hechos objeto de la demanda ni ejerce representación
legal sobre la entidad involucrada. Indicó que, algunos hechos eran ciertos, otros
debían probarse y algunos no correspondían a la realidad.

Sostuvo que, conforme al artículo 159 del CPACA, corresponde a la
Superintendencia de Notariado y Registro, a través de su Oficina Asesora Jurídica,
ejercer la defensa del Consejo Superior de la Carrera Registral, autoridad
encargada de administrar los concursos. Recordó que, mediante Acuerdo 001 de
2013 se convocó a concurso de méritos, para proveer en propiedad los cargos de
registradores, y que la ministra de justicia, como presidenta del Consejo, delegó la
defensa en la Superintendencia.

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Radicación: 0029-2025
Demandante: Napoleón Álvarez López.
Demandado: Nación- Ministerio de Justicia y del Derecho Superintendencia de Notariado y
Registro.

Precisó que, el Consejo conformó la lista definitiva de elegibles y en aplicación de
dicha lista, el Gobierno nacional, procedió a nombrar en propiedad a los
registradores, lo que conllevó la insubsistencia de los nombramientos en interinidad.
En ese marco, se declaró la insubsistencia del demandante y se nombró al señor
Rodolfo Machado Otálora como Registrador Principal de Sincelejo, mediante
Decreto 336 de 2014.

Afirmó que, no existió vulneración de derechos fundamentales, pues el Gobierno
debía nombrar a quienes superaron el concurso, en respeto del artículo 95 de la
Constitución y de la jurisprudencia constitucional. Finalmente, señaló que, conforme
al Decreto 2897 de 2011, el Ministerio de Justicia y del Derecho no era la entidad
llamada a responder por los perjuicios reclamados.

1.2.2 Por su parte, el señor Rodolfo Machado Otalora, en su condición de tercero
vinculado, contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones. Argumentó que el
acto administrativo (Decreto 336 de 2014) que declaró insubsistente el
nombramiento del demandante, fue expedido conforme a la Constitución y la ley.

Sostuvo que, el demandante no acreditó derechos de carrera administrativa ni
cumplía requisitos para ser considerado prepensionado; porque, aunque participó
en el concurso público de méritos convocado en 2013, no superó las pruebas
exigidas, por lo cual, no acreditó mérito ni idoneidad para acceder al cargo en
propiedad. Además, el cargo fue provisto legítimamente con otro concursante, que
sí obtuvo los puntajes requeridos.

Como defensa, planteó las excepciones de inexistencia de agotamiento de requisito
de procedibilidad (falta de conciliación prejudicial), falta de legitimación en la causa
por activa y pasiva e inexistencia del derecho por errónea interpretación de la
norma.

1.2.2 A su vez, La Superintendencia de Notariado y Registro, en la contestación
de la demanda, se opuso a las pretensiones, señalando que Napoleón Álvarez
López no tenía derechos de carrera, pues su nombramiento era provisional y no
superó el concurso público de méritos de 2013, quedando fuera de la lista de
elegibles. Sostuvo que el “retén social” no le aplicaba y que no existe nexo causal
con los perjuicios alegados. Solicitó negar en su totalidad las pretensiones.

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Radicación: 0029-2025
Demandante: Napoleón Álvarez López.
Demandado: Nación- Ministerio de Justicia y del Derecho Superintendencia de Notariado y
Registro.

1.2.2 Finalmente, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República de Colombia se opuso a las pretensiones de Napoleón Álvarez López.
Alegó que, no tenía competencia directa en el nombramiento ni en la declaratoria
de insubsistencia, pues ello correspondía al Ministerio de Justicia y al Consejo
Superior de la Carrera Registral.

Sostuvo que, el demandante no acreditó derechos de carrera, ni la calidad de
prepensionado, ya que no superó el concurso público de méritos; y, planteó como
excepciones: la falta de agotamiento del requisito de conciliación prejudicial, la
caducidad de la acción y la falta de legitimación en la causa por pasiva.

Las excepciones previas planteadas en las contestaciones de la demanda fueron
resueltas en la audiencia inicial, celebrada el 22 de septiembre de 20154.

1.3 Sentencia de primera instancia5.

El Tribunal Administrativo de Sucre, en sentencia de primera instancia de fecha 30
de noviembre de 2023, concedió parcialmente las pretensiones de la demanda:

«PRIMERO: Declarar la nulidad parcial del Decreto 336 de fecha 19 de febrero de 2014, por
el cual se declara insubsistente el nombramiento en el cargo de Registrador de Instrumentos
Públicos del Círculo de Sincelejo, efectuado mediante el Decreto 4121 de 10 de diciembre
de 2004, al señor Napoleón Álvarez López, identificado con CC 4. 021.910 de Toluviejo;
proferido por el Ministerio de Justicia y del Derecho, conforme lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia, descontando de ese monto las sumas que por cualquier concepto
laboral, público o privado, dependiente o independiente, haya recibido el actor, sin que la
suma a pagar por indemnización sea inferior a seis (6) meses ni pueda exceder de
veinticuatro (24) meses de salario, de conformidad con lo establecido en la sentencia SU-
556-14 y de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

Las sumas que resulten a favor del actor se actualizarán en su valor, dando aplicación a la
siguiente fórmula:

R = Rh x Índice inicial
Índice inicial

Donde el valor presente (R), se determina multiplicando el valor histórico, que es lo dejado
de percibir por concepto de salarios y prestaciones sociales, por el guarismo que resulte de
dividir el índice final de precios al consumidor, certificado por el DANE, vigente a la fecha en
que se debió́ hacer el pago por el vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

4
36CdFolio456AudienciaInicial.mpg y 36CdFolio456AudienciaInicial.mpg
5
Samai-Primera instancia. Actuación índice 0075.

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Radicación: 0029-2025
Demandante: Napoleón Álvarez López.
Demandado: Nación- Ministerio de Justicia y del Derecho Superintendencia de Notariado y
Registro.

Es claro, que por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará separadamente,
mes por mes, para cada mesada salarial y para los demás emolumentos, teniendo en cuenta
que el índice inicial, es el vigente al momento de la causación de cada uno de ellos.

TERCERO: Negar las demás pretensiones de la demanda.»

La Sala constató que, para la fecha de la declaratoria de insubsistencia, el actor
tenía 59 años y 1.179 semanas cotizadas, de manera que, se encontraba a menos
de tres años de cumplir los requisitos de pensión. Así mismo, verificó que, en el año
2016, alcanzó la edad y las semanas exigidas, consolidando su estatus de
pensionado. Con base en la jurisprudencia constitucional, se concluyó que Álvarez
López sí ostentaba la calidad de prepensionado y, en consecuencia, debía gozar de
la estabilidad laboral reforzada, prevista en la Ley 790 de 2002.

El Tribunal advirtió que, el actor había puesto en conocimiento de las autoridades
su situación laboral, pensional y de salud, antes de la expedición del decreto
demandado, solicitando medidas alternativas para proteger sus derechos, no
obstante, la Superintendencia de Notariado y Registro negó la petición y no adoptó
medidas afirmativas, para garantizar la protección reforzada, limitándose a invocar
el principio de mérito, en el concurso de registradores.

En ese sentido, la Sala concluyó que, el Decreto 336 de 2014, estaba parcialmente
viciado de ilegalidad, por cuanto desconoció la condición de prepensionado del
demandante y se sustentó en una falsa motivación. Sin embargo, no se anuló el
nombramiento de Rodolfo Machado Otálora, dado que fue el resultado de un
concurso de méritos, que no fue objeto de debate en el proceso.

Como restablecimiento del derecho, se ordenó el pago de salarios, prestaciones
sociales y aportes al sistema de seguridad social dejados de percibir, desde la fecha
de retiro, hasta la inclusión del actor en nómina de pensionados, con la actualización
prevista en la providencia y dentro de un rango de seis a veinticuatro meses de
salario. Se negaron las pretensiones relacionadas con perjuicios morales y vida de
relación, por ausencia de prueba. Finalmente, no se impuso condena en costas, al
no encontrarse causadas.

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Radicación: 0029-2025
Demandante: Napoleón Álvarez López.
Demandado: Nación- Ministerio de Justicia y del Derecho Superintendencia de Notariado y
Registro.

1.4 Recursos de apelación6.

1.4.1 Superintendencia de Notariado y Registro.

La Superintendencia expresó su inconformidad, señalando que, la desvinculación
se fundó en una causal objetiva, esto es, la provisión del cargo en propiedad, por
quien ocupó el primer lugar en la lista de elegibles, conformada en el Concurso de
Méritos 001 de 2013. El señor Álvarez López ocupaba el cargo en interinidad y no
superó la prueba de conocimientos, por lo cual, no fue incluido en la lista de elegibles
y carecía de un derecho adquirido a permanecer en el empleo.

Sostuvo, además, que no existió afectación de derechos fundamentales ni
pensionales, pues el actor continuó vinculado laboralmente al Estado, en la
Personería de Sincelejo hasta 2016 y, desde enero de 2017, se encuentra incluido
en la nómina de pensionados de Colpensiones. En consecuencia, nunca estuvo en
riesgo su derecho al mínimo vital ni se frustró su expectativa pensional, de modo
que, no se configuró daño cierto ni real.

Se resaltó que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte
Constitucional, los nombramientos en interinidad o provisionalidad, generan una
estabilidad laboral relativa, lo que implica la posibilidad de ser removidos, cuando el
cargo se provea mediante concurso público de méritos. En ese contexto, la
condición de prepensionado, no confiere un derecho indefinido a permanecer en el
cargo, sino únicamente, un trato preferencial en caso de existir vacantes, lo cual no
aplicaba en este evento.

Finalmente, adujo que, la sentencia de primera instancia desconoció el precedente
del Consejo de Estado, que de manera reiterada ha sostenido que, la sola condición
de prepensionado no basta para declarar la nulidad de un acto de desvinculación,
cuando concurren causales objetivas y se garantiza el principio de mérito en el
acceso a cargos públicos. Con base en lo anterior, solicitó revocar la decisión del
Tribunal y negar en su totalidad las pretensiones de la demanda.

6
Expediente digital-Samai índice 00039 Primera Instancia.

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Radicación: 0029-2025
Demandante: Napoleón Álvarez López.
Demandado: Nación- Ministerio de Justicia y del Derecho Superintendencia de Notariado y
Registro.

1.4.1 Ministerio de Justicia y del Derecho.

El recurso de apelación se fundamentó, en primer lugar, en la falta de claridad de la
sentencia impugnada. El Ministerio de Justicia señaló que, la providencia no
determinó con precisión, en cabeza de qué entidad recaía la responsabilidad
patrimonial, derivada de la nulidad parcial del acto administrativo, lo cual genera
incertidumbre, si la condena corresponde a esa cartera ministerial, a la
Superintendencia de Notariado y Registro, o a ambas.

En segundo lugar, el apoderado reiteró la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva. Explicó que, los hechos y pretensiones de la demanda, están
directamente relacionados con decisiones adoptadas por el Consejo Superior de la
Carrera Registral, cuya representación judicial corresponde a la Superintendencia
de Notariado y Registro. En esa medida, el Ministerio no habría realizado la acción
u omisión, generadora de los presuntos daños reclamados, ni cuenta con
presupuesto destinado a responder por prestaciones laborales de los registradores.

Otro motivo de inconformidad se dirigió a cuestionar la interpretación del Tribunal,
en cuanto a la supuesta vulneración de derechos fundamentales. El Ministerio
sostuvo que, la insubsistencia del demandante obedeció al nombramiento en
propiedad de quien había superado un concurso público de méritos, lo que
constituye una causa objetiva y ajustada al principio constitucional del mérito. En
consecuencia, se trató de una decisión legal y necesaria para garantizar el acceso
a la carrera administrativa.

Finalmente, señaló que, no se vulneró el derecho a estabilidad laboral reforzada
como prepensionado. Afirmó que, el mínimo vital del señor Napoleón Álvarez nunca
estuvo comprometido, pues, tras su desvinculación, ejerció funciones en la
Personería de Sincelejo y posteriormente accedió a su pensión de vejez, sin quedar
en situación de desprotección. Por el contrario, proteger su permanencia en
provisionalidad, habría implicado desconocer el derecho de quienes superaron el
concurso.

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Radicación: 0029-2025
Demandante: Napoleón Álvarez López.
Demandado: Nación- Ministerio de Justicia y del Derecho Superintendencia de Notariado y
Registro.

Con base en lo anterior, el Ministerio solicitó revocar la sentencia de primera
instancia, declarar probadas las excepciones propuestas y negar en su totalidad las
pretensiones de la demanda.

1.5 Trámite del recurso de la Ley 2080 de 2021.

Con auto de 18 de junio de 20247, este Despacho admitió el recurso de apelación
conforme a lo previsto en el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo; sin embargo, por no existir pruebas que decretar
en segunda instancia, se prescindió del periodo para que las partes alegaran de
conclusión.

1.5.1 El Ministerio Público rindió concepto8 en el que solicitó confirmar la sentencia
de primera instancia, al considerar que el actor ostentaba la calidad de
prepensionado y, en consecuencia, gozaba de estabilidad laboral reforzada, la cual,
fue desconocida por las entidades demandadas al desvincularlo, sin adoptar medida
alguna, encaminada a su protección.
II. CONSIDERACIONES.

2.1 Competencia.

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso,
de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)9, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el
recurso de apelación.

7
Expediente digital SAMAI – índice 0004 de Segunda Instancia.
8
Índice 14 de Samai.
9
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El JUEZ de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia.»

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Radicación: 0029-2025
Demandante: Napoleón Álvarez López.
Demandado: Nación- Ministerio de Justicia y del Derecho Superintendencia de Notariado y
Registro.

2.2 Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si, la declaratoria de insubsistencia del
nombramiento en provisionalidad, del señor Napoleón Álvarez López como
Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Sincelejo, efectuada mediante el
Decreto 336 de 2014, vulneró su derecho a la estabilidad laboral reforzada, en
atención a su condición de prepensionado y a su situación de salud especial; o si,
por el contrario, dicho acto administrativo se encontraba justificado en el deber
constitucional y legal, de proveer el cargo, con quien superó el concurso de méritos,
en aplicación del principio de mérito y del régimen de carrera registral.

2.2.2 Del derecho a la estabilidad laboral reforzada de las personas próximas a
pensionarse (prepensionados).

Frente a la estabilidad laboral reforzada el Consejo de Estado ha sostenido que:

“La figura de la estabilidad laboral reforzada consiste en una protección
constitucional del derecho fundamental al trabajo que implica restricciones
superiores para variar las condiciones laborales o desvincular a las personas que
por encontrarse en una situación de debilidad manifiesta, requieren un tratamiento
a través de acciones afirmativas concretadas en prohibiciones para el empleador,
ello tendiente a garantizar la igualdad material de un sujeto vulnerable en términos
de permanencia del vínculo contractual de trabajo o de la relación legal y
reglamentaria según sea el caso”10.

Por su parte, la Corte Constitucional ha definido el derecho a la estabilidad laboral
reforzada como:

“El derecho a la estabilidad laboral reforzada consiste en: “(i) el derecho a conservar
el empleo; (ii) a no ser despedido en razón de la situación de vulnerabilidad; (iii) a
permanecer en el empleo hasta que se requiera y siempre que no se configure una
causal objetiva que conlleve la desvinculación del mismos…”11.

En esa dirección, debemos recordar entonces que, en el caso de los servidores
públicos nombrados en provisionalidad en cargos de carrera, tanto la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, como la de esta Colegiatura, han sostenido que, gozan
de una estabilidad laboral relativa o intermedia, lo que implica que su retiro debe

10
Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, 18 de noviembre de 2021. Rad
47001-23-33-000-2016-00019- 01(0850-17).
11
Sentencia T 320/ 16.

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Radicación: 0029-2025
Demandante: Napoleón Álvarez López.
Demandado: Nación- Ministerio de Justicia y del Derecho Superintendencia de Notariado y
Registro.

fundarse en una causa legal, la cual debe señalarse en el acto administrativo, es
decir, el acto de desvinculación debe ser motivado.

Con todo, una de las causas legales, es la provisión del cargo que ocupan, por el
nombramiento en período de prueba, de la persona que superó el concurso de
méritos y que se encuentra en la lista de elegibles, en este caso, la estabilidad del
funcionario en provisionalidad, cede al mejor derecho que tiene la persona que ganó
el concurso.

Empero, dentro de los servidores que ocupan provisionalmente un cargo de carrera,
pueden encontrarse personas protegidas constitucionalmente, por tener especial
condición, como la de prepensionado o padre cabeza de familia. Es decir, aunque
los servidores nombrados en provisionalidad gozan de una estabilidad relativa,
pueden ser retirados, para proveer el cargo, con una persona que concursó y obtuvo
el derecho a ser nombrado en periodo de prueba, sin perjuicio del derecho que
tienen a un “trato preferencial”, como medida de acción afirmativa, pero sin
desconocer los derechos fundamentales del funcionario de carrera.

Una de las condiciones que otorga la protección de la estabilidad laboral, es ostentar
la calidad de prepensionado, figura aplicable a “aquellos servidores que cumplan con
los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o de vejez dentro de los tres años
siguientes o, en otras palabras, aquellos a los que les falte tres años o menos para cumplir
los requisitos que les permitirían acceder a la pensión de jubilación o vejez” .

En tal sentido, la sentencia SU-446 de 2011 estudió diferentes demandas de tutela,
presentadas por varios inscritos, en uno de los concursos de la Fiscalía General de
la Nación y estableció que, la lista de elegibles, conformada como resultado de un
proceso de selección, durante su vigencia, podrá ser utilizada únicamente, para
proveer los cargos que fueron expresamente ofertados en la convocatoria. Sin
embargo, en la mencionada sentencia, la Corte Constitucional acepta que, tanto el
Legislador, cuando regula uno de los regímenes de carrera especial, o la “entidad
convocante”, pueden disponer la posibilidad que la lista de elegibles sea utilizada,
para proveer cargos que no hayan sido inicialmente ofertados en el concurso de
méritos, siempre que, estos sean de la misma naturaleza, perfil y denominación,
que los que fueron expresamente contemplados en la convocatoria.

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Radicación: 0029-2025
Demandante: Napoleón Álvarez López.
Demandado: Nación- Ministerio de Justicia y del Derecho Superintendencia de Notariado y
Registro.

Esta sentencia dispuso que, tendría efectos inter comunis, toda vez que, debía
cobijar, no solo a quienes interpusieron las tutelas, sino a todos aquellos que se
encuentren en situaciones jurídicas análogas a las que dieron origen a este fallo,
como una forma de proteger el derecho a la igualdad.

Consecuente con lo anterior, la Corte Constitucional señaló lo siguiente:

“10.1. En razón de la naturaleza global de la planta de personal de la Fiscalía, tal como la
definió el legislador, y el carácter provisional de la vinculación que ostentaban quienes hacen
parte de este grupo de accionantes, la Sala considera que el Fiscal General gozaba de
discrecionalidad para determinar los cargos que serían provistos por quienes superaron el
concurso; por tanto, no se podía afirmar la vulneración de los derechos a la igualdad y al
debido proceso de estos servidores, al no haberse previsto por parte de la entidad, unos
criterios para determinar qué cargos serían lo que expresamente se ocuparían con la lista
de elegibles.

La única limitación que tenía la Fiscalía General de la Nación era reemplazar a estos
provisionales con una persona que hubiere ganado el concurso y ocupado un lugar que le
permitiera acceder a una de las plazas ofertadas. En este caso, los provisionales no podían
alegar vulneración de derecho alguno al ser desvinculados de la entidad toda vez que lo
fueron para ser reemplazados por una persona que ganó el concurso.

Los servidores en provisionalidad, tal como reiteradamente lo ha expuesto esta
Corporación, gozan de una estabilidad relativa, en la medida en que sólo pueden ser
desvinculados para proveer el cargo que ocupan con una persona de carrera, tal como
ocurrió en el caso en estudio o por razones objetivas que deben ser claramente expuestas
en el acto de desvinculación. En consecuencia, la terminación de una vinculación en
provisionalidad porque la plaza respectiva debe ser provista con una persona que ganó el
concurso, no desconoce los derechos de esta clase de funcionarios, pues precisamente la
estabilidad relativa que se le ha reconocido a quienes están vinculados bajo esta modalidad,
cede frente al mejor derecho que tienen las personas que ganaron un concurso público de
méritos.

(…)

10.2. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación, pese a la discrecionalidad de la que
gozaba, sí tenía la obligación de dar un trato preferencial, como una medida de acción
afirmativa a: i) las madres y padres cabeza de familia; ii) las personas que estaban próximas
a pensionarse, entiéndase a quienes para el 24 de noviembre de 2008 -fecha en que se
expidió el Acuerdo 007 de 2008- les faltaren tres años o menos para cumplir los requisitos
para obtener la respectiva pensión; y iii) las personas en situación de discapacidad.

En estos tres eventos la Fiscalía General de la Nación ha debido prever mecanismos para
garantizar que las personas en las condiciones antedichas fueran las últimas en ser
desvinculadas, porque si bien una cualquiera de las situaciones descritas no otorga un
derecho indefinido a permanecer en un empleo de carrera, toda vez que prevalecen los
derechos de quienes ganan el concurso público de méritos. Como el ente fiscal no previó
dispositivo alguno para no lesionar los derechos de ese grupo de personas, estando obligado
a hacerlo, en los términos del artículo 13 de la Constitución, esta Corte le ordenará a la
entidad que dichas personas, de ser posible, sean nuevamente vinculadas en forma
provisional en cargos vacantes de la misma jerarquía de los que venían ocupando”.

En suma, indicó que, el retiro de los empleados provisionales procede, siempre y
cuando se motive. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que el

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Radicación: 0029-2025
Demandante: Napoleón Álvarez López.
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empleado provisional debe conocer las razones por las cuales se le desvincula, para
efectos que ejerzan su derecho de contradicción.

Así también, la sentencia SU-917 de 2010 respecto del retiro de los empleados
vinculados en provisionalidad, señala:

“En cuanto al retiro de servidores vinculados en provisionalidad, la Corte Constitucional ha
abordado en numerosas oportunidades el tema para señalar el inexcusable deber de
motivación de dichos actos. Así lo ha señalado desde hace más de una década de manera
uniforme y reiterada en los numerosos fallos en los que ha examinado esta problemática, a
tal punto que a la fecha se registra casi un centenar de sentencias en la misma dirección,
aunque con algunas variables respecto de las medidas de protección adoptadas. (…)

En síntesis, la Corte concluye que respecto del acto de retiro de un servidor público que
ejerce un cargo en provisionalidad no puede predicarse estabilidad laboral propia de los
derechos de carrera, pero en todo caso el nominador continúa con la obligación de motivarlo,
al tiempo que el administrado conserva incólume el derecho a saber de manera puntual
cuáles fueron las razones que motivaron esa decisión. (…)

En este orden de ideas, sólo es constitucionalmente admisible una motivación donde la
insubsistencia invoque argumentos puntuales como la provisión definitiva del cargo por
haberse realizado el concurso de méritos respectivo, la imposición de sanciones
disciplinarias, la calificación insatisfactoria u otra razón específica atinente al servicio que
está prestando y debería prestar el funcionario concreto.”

De igual manera la sentencia T-373-2017, dispuso:

“Si bien estas personas no tienen un derecho a permanecer de manera indefinida en el
cargo, pues este debe proveerse por medio de un concurso de méritos, sí debe otorgárseles
un trato preferencial como acción afirmativa, antes de efectuar el nombramiento de quienes
ocuparon los primeros puestos en la lista de elegibles del respectivo concurso de méritos,
con el fin de garantizar el goce efectivo de sus derechos fundamentales. Ello en virtud de los
mandatos contenidos en los incisos 2º y 3º del artículo 13 Superior, relativos a la adopción
de medidas de protección a favor de grupos vulnerables y personas en condición de
debilidad manifiesta, y en las cláusulas constitucionales que consagran una protección
reforzada para ciertos grupos sociales, tales como las madres cabeza de familia (art. 43 CP),
los niños (art. 44 CP), las personas de la tercera edad (art. 46 CP) y las personas con
discapacidad (art. 47 CP). (...)

(…) Sin embargo, esta Corte ha reconocido que dentro de las personas que ocupan en
provisionalidad cargos de carrera, pueden encontrarse sujetos de especial protección
constitucional, como las madres y padres cabeza de familia, quienes están próximos a
pensionarse y las personas en situación de discapacidad, a los que, si bien por esa sola
circunstancia no se les otorga un derecho indefinido a permanecer en ese tipo de vinculación
laboral, en virtud del derecho ostentado por las personas que acceden por concurso de
méritos, sí surge una obligación jurídico constitucional (art. 13) de propiciarse un trato
preferencial como medida de acción afirmativa.

Por lo anterior, antes de procederse al nombramiento de quienes superaron el concurso de
méritos, han de ser los últimos en removerse y en todo caso, en la medida de las
posibilidades, deben vincularse nuevamente en forma provisional en cargos vacantes de la
misma jerarquía o equivalencia de los que venían ocupando, siempre y cuando demuestren
una de esas condiciones especiales al momento de su desvinculación y al momento del
posible nombramiento. “La vinculación de estos servidores se prolongará hasta tanto los
cargos que lleguen a ocupar sean provistos en propiedad mediante el sistema de carrera o

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Radicación: 0029-2025
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su desvinculación cumpla los requisitos exigidos en la jurisprudencia constitucional,
contenidos, entre otras, en la sentencia SU-917 de 2010”.

En conclusión, siguiendo lo indicado por la Sala Plena de esta Corporación en la sentencia
de unificación de jurisprudencia SU-446 de 2011, cuando con fundamento en el principio del
mérito (art. 125 C.P.) surja en cabeza del nominador la obligación de nombrar de la lista de
elegibles a quien superó las etapas del concurso, en un cargo de carrera ocupado en
provisionalidad por un sujeto de especial protección como los padres o madres cabeza de
familia, limitados físicos, psíquicos o sensoriales y prepensionados, en aplicación de
medidas afirmativas dispuestas en la constitución (art. 13 numeral 3º), y en la materialización
del principio de solidaridad social (art. 95 ibídem), se debe proceder con especial cuidado
previendo dispositivos tendientes a no lesionar sus derechos y en caso de no adoptarse tales
medidas, de ser posible, han de ser vinculados de nuevo en provisionalidad en un cargo
similar o equivalente al que venían ocupando, de existir la vacante, siempre y cuando
demuestren una de esas condiciones, tanto para la época de su desvinculación, como en el
momento del posible nombramiento.”.

Emerge de tal recuento jurisprudencial, que los servidores públicos que ocupan en
provisionalidad un cargo de carrera, gozan de una estabilidad laboral relativa, lo que
implica que, únicamente pueden ser removidos por causas legales, que obran como
razones objetivas, que deben expresarse claramente en el acto de desvinculación,
dentro de las que se encuentra, la provisión del cargo que ocupaban, con una
persona de la lista de elegibles, conformada previo concurso de méritos. En esta
hipótesis, la estabilidad laboral relativa de las personas vinculadas en
provisionalidad cede frente al mejor derecho, de quienes superaron el respectivo
concurso.

De acuerdo con esto, se deben prever medidas para no lesionar sus derechos, y en
caso de no adoptarse, de ser posible, han de ser vinculados de nuevo en
provisionalidad en un cargo similar o equivalente al que venían ocupando, de existir
la vacante, demostrando su especial condición.

2.3 Hechos probados.

1. Se probó que, el señor Napoleón Álvarez López nació el 9 de noviembre de 195412
y ocupó los siguientes cargos públicos:

• Ayudante del auditor fiscal ante el Instituto Politécnico Apostolado de la máquina,
desde el 6 de noviembre de 1978 hasta el 31 de marzo de 198013.
• Jefe de sección ejecutivo grado 6 de la Contraloría General de la Republica
desde el 22 de marzo de 1982 hasta el 18 de junio de 198714.

12
Ver folios 250 a 252 que reposa de la contestación de la demanda que reposa en el archivo pdf de nombre
14ContestacionDemanda.pdf
13
Certificado que reposa de la contestación de la demanda que reposa en el archivo pdf de nombre “14ContestacionDemanda”
Folio 258.
14
Constancia de tiempo de servicio, que reposa de la contestación de la demanda que reposa en el archivo pdf de nombre
“14ContestacionDemanda” Folio 257.

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Registro.

• Alcalde elegido popularmente del municipio de Toluviejo Sucre, para el periodo
del 1 de junio de 1990 hasta el 28 de mayo de 199215.
• Contralor Municipal de Sincelejo Sucre, entre el 10 de enero de 1998 hasta el 4
de enero de 200116.
• Registrador principal de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Sincelejo Sucre, desde el 24 de diciembre de 2004 hasta el 19 de febrero de
201417.

2. Quedó acreditado que, el señor Napoleón Álvarez López fue nombrado en
interinidad, en el cargo de Registrador Principal de Instrumentos Públicos de
Sincelejo Sucre, por medio del Decreto No. 4121 del 10 de diciembre de 2004 y se
posesionó el 29 de diciembre de ese mismo año18.

3. Se probó que, El Consejo Superior de la Carrera Registral, mediante el Acuerdo 001
del 21 de febrero de 2013, convocó y fijó las bases del concurso de méritos para la
provisión de cargos de registradores de instrumentos públicos en propiedad e
ingreso a la carrera registral19 y se adelantó la siguiente convocatoria20:

ACTO
DECISIONES ADOPTADAS PRUEBA
ADMINISTRATIVO
Folios 35 a
127 de la
Por medio del cual el Consejo Superior de la Carrera
contestación
Acuerdo No. 002 del Registral aprobó la lista definitiva de admitidos al concurso
de la demanda
16 de agosto de de méritos para la provisión de cargos de registradores de
presentada
2013 Instrumentos públicos en propiedad e ingreso a la carrera
por Rodolfo
registral
Machado
Otalora.
Por medio del cual el Consejo Superior de la Carrera
Registral aprobó la lista preliminar de los puntajes de la
Acuerdo No. 003 del prueba escrita de conocimientos al concurso de méritos Folios 128 a
10 de julio de 2013 para la provisión de cargos de registradores de 164 ibidem.
Instrumentos públicos en propiedad e ingreso a la carrera
registral
Por medio del cual el Consejo Superior de la Carrera
Acuerdo No. 005 del Registral modificó el cronograma en el concurso de méritos
Folios 165 a
16 de agosto de para la provisión de cargos de registradores de
168 ibidem.
2013 Instrumentos públicos en propiedad e ingreso a la carrera
registral
Por medio del cual el Consejo Superior de la Carrera
Registral aprobó el resultado del puntaje definitivo de la
Acuerdo No. 006 del
Prueba Escrita de Conocimientos en el concurso de méritos Folios 169 a
9 de octubre de
para la provisión de cargos de registradores de 217 ibidem.
2013
Instrumentos públicos en propiedad e ingreso a la carrera
registral
Por medio del cual el Consejo Superior de la Carrera
Acuerdo No. 014 del Registral estableció el procedimiento para el agotamiento de
Folios 218 a
21 de noviembre de las listas de elegibles del concurso de méritos para la
222 ibidem.
2013 provisión de cargos de registradores de Instrumentos
públicos en propiedad e ingreso a la carrera registral

15
Ver certificación de fecha 6 de marzo de 2013 que reposa de la contestación de la demanda que reposa en el archivo pdf
de nombre “14ContestacionDemanda” Folio 255.
16
Ver certificación de fecha 28 de octubre de 2004 que reposa de la contestación de la demanda que reposa en el archivo
pdf de nombre “14ContestacionDemanda” Folio 256.
17
Ver constancia de vinculación laboral expedida por el Grupo de Administración del Talento Humano de fecha 5 de marzo
del 2014 y el acto administrativo de la declaratoria de insubsistencia del nombramiento del actor.
18
Folios 13 y 14 del escrito de la demanda que puede ser visto en el enlace que reposa en el índice 52 de Samai (Primera
Instancia).
19
Folios 13 a 34 de la contestación de la demanda que reposa en el archivo pdf de nombre “14ContestacionDemanda”
20
Folios 13 a 34 de la contestación de la demanda que reposa en el archivo pdf de nombre “14ContestacionDemanda”

17

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Registro.

Por medio del cual el Consejo Superior de la Carrera
Acuerdo No. 015 del Registral estableció el procedimiento para el agotamiento de
Folios 223 a
9 de diciembre de las listas de elegibles del concurso de méritos para la
240 ibidem.
2013 provisión de cargos de registradores de Instrumentos
públicos en propiedad e ingreso a la carrera registral
Para el agotamiento de las litas de elegibles del concurso de
méritos para la provisión de cargos de registradores de Folios 241 a
Audiencia pública.
instrumentos públicos en propiedad e ingreso a la carrera 249 ibidem.
registral.

4. Está probado que, el 2 de diciembre de 2013, el señor Napoleón Álvarez López, en
su condición de Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Sincelejo en
provisionalidad, elevó petición dirigida al Ministro de Justicia y del Derecho, al
Superintendente de Notariado y Registro y al Presidente de la República, solicitando
el reconocimiento de la garantía constitucional de estabilidad laboral reforzada, con
fundamento en su condición de prepensionado y de debilidad manifiesta, derivada
de la patología de diabetes, con complicaciones crónicas21.

5. Quedó demostrado que, la Superintendencia de Notariado y Registro, mediante
oficio del 27 de diciembre de 2013, dio respuesta a la petición elevada por el
demandante, en la que se precisó que, el acceso en propiedad al cargo solo procede
por concurso de méritos, conforme la Ley 1579 de 2012, y que las figuras de encargo
y provisionalidad son excepcionales y no otorgan estabilidad definitiva22.

6. Se encuentra demostrado que, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante el
Decreto No. 336 del 19 de febrero de 2014, declaró insubsistente el nombramiento
del señor Napoleón Álvarez López, en el cargo de Registrador Principal de
Instrumentos Públicos del Círculo de Sincelejo, Sucre, el cual, había sido efectuado
mediante el Decreto No. 4121 del 10 de diciembre de 2003. En el mismo acto
administrativo, se dispuso el nombramiento en propiedad del señor Rodolfo
Machado Otálora, como Registrador Principal de Instrumentos Públicos, del referido
círculo registral23.

7. También quedó demostrado que el señor Napoleón Álvarez López, solicitó el 10 de
octubre de 2017 el reconocimiento y pago de una pensión mensual vitalicia de vejez
y la misma le fue concedida mediante la Resolución SUB294707 del 22 de diciembre
de 2017, con un valor de mesada de $3.761.928 a partir del 1 de enero de 201724.

2.4 Caso concreto.

El señor Napoleón Álvarez López, solicitó la nulidad del Decreto 336 de 2014,
expedido por el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante el cual, se declaró la
insubsistencia de su nombramiento en provisionalidad como Registrador Principal
de Instrumentos Públicos del círculo de Sincelejo, cargo que desempeñaba desde
el año 2004. Alegó el actor que, dicha decisión desconoció su derecho a la
estabilidad laboral reforzada, toda vez que, para la fecha de su desvinculación,

21
Folios 15 al 36 ibidem.
22
Folios 39 a 53 ibidem.
23
Folios 11 y 12 del escrito de la demanda que puede ser visto en el enlace que reposa en el índice 52 de Samai (Primera
Instancia).
24
73Memorial.pdf

18

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ostentaba la calidad de prepensionado y había informado a la administración, sobre
su situación de salud, solicitando medidas de protección, que no fueron atendidas.

El Tribunal Administrativo de Sucre, mediante sentencia de 30 de noviembre de
2023, accedió parcialmente a las pretensiones, declarando la nulidad parcial del
acto acusado y reconociendo a título de restablecimiento del derecho, el pago de
una indemnización correspondiente a los salarios y prestaciones dejados de
percibir. Consideró que, aunque la provisión del cargo en propiedad, con quien ganó
el concurso de méritos, constituía una causal objetiva de retiro, la administración
desconoció el deber de brindar trato preferente al actor, en su condición de
prepensionado.

Inconformes, las entidades demandadas interpusieron recurso de apelación,
correspondiendo a esta Corporación analizar la validez del acto acusado y la
procedencia de la estabilidad laboral reforzada en favor del demandante.

Las demandadas coincidieron en sostener que, la desvinculación se sustentó en
una causal objetiva, con lo cual, pretendieron justificar la legalidad del decreto y
desvirtuar la vulneración alegada.

En el presente asunto, la Sala observa que, el señor Napoleón Álvarez López se
encontraba vinculado en provisionalidad como Registrador Principal de
Instrumentos Públicos de Sincelejo, desde el año 2004, y mediante el Decreto 336
de 2014, el Ministerio de Justicia y del Derecho, declaró la insubsistencia de su
nombramiento, para proveer en propiedad dicho cargo, con un elegible, que había
superado el concurso de méritos, convocado por el Consejo Superior de la Carrera
Registral.

De acuerdo con el registro civil de nacimiento y la cédula de ciudadanía allegados
al proceso, se acreditó que, el demandante nació el 9 de noviembre de 1954. Al
verificar si era beneficiario del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993,
se estableció que no cumplía los requisitos exigidos, toda vez que, para el 1 de abril
de 1994, no alcanzaba la edad, ni el tiempo de servicios requeridos por la norma,
para acogerse a dicho régimen, por lo que le resultaba aplicable, el requisito exigido
en la Ley 100 para pensionarse, en edad y tiempo, 62 años y 1300 semanas.

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Demandante: Napoleón Álvarez López.
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Igualmente, según lo consignado en la Resolución No. SUB294707 del 22 de
diciembre de 2017, mediante la cual se le reconoció una pensión ordinaria de vejez,
se estableció que, el demandante consolidó su estatus pensional, el 16 de
noviembre de 2016; y que, para la fecha de su desvinculación, ocurrida el 19 de
febrero de 2014, el actor tenía 59 años de edad (59 años, 3 meses y 10 días) y
había acumulado un total de 1.217 semanas de cotización. En dicho acto
administrativo, se relacionaron los tiempos de servicio debidamente certificados, lo
que permitió concluir que, en efecto, al momento de su retiro, le restaban menos de
tres años, para cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos para acceder a su
derecho pensional.

En criterio de la Sala, resultó acreditado que, el actor, al momento de su
desvinculación, ostentaba la condición de prepensionado. Conviene recordar que la
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado que adquieren tal calidad «las
personas vinculadas laboralmente al sector público o privado que se encuentren
próximas —dentro de los tres años siguientes— a cumplir los dos requisitos
necesarios para acceder a la pensión de vejez: la edad y el número de semanas de
cotización o tiempo de servicio, exigido en el Régimen de Prima Media con
Prestación Definida, o el capital requerido en el Régimen de Ahorro Individual con
Solidaridad, y de esta manera consolidar su derecho pensional».

Así mismo, quedó demostrado que, en diciembre de 2013, una vez adoptada la lista
de elegibles, el actor informó a la administración su condición de prepensionado y
su estado de salud, solicitando de manera expresa, la aplicación de la garantía
constitucional de estabilidad laboral reforzada. Sin embargo, la Superintendencia de
Notariado y Registro negó tal petición, limitándose a invocar el principio de mérito,
sin adoptar a su favor, medidas adicionales de protección.

De conformidad con la jurisprudencia constitucional (SU-917 de 2010, SU-446 de
2011, T-373 de 2017, entre otras), si bien los servidores nombrados en
provisionalidad gozan de una estabilidad relativa, dicha condición se ve reforzada
cuando se trata de sujetos de especial protección constitucional, como los
prepensionados. En tales casos, el nominador está obligado a motivar
adecuadamente el acto de desvinculación y, además, a prever medidas de acción
afirmativa, que garanticen un trato preferencial, de manera que estos servidores,

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sean los últimos en ser retirados o, de ser posible, reubicados en otro cargo
equivalente, en provisionalidad.

Por su parte la Sentencia SU-003 de 2018, «la prepensión protege la expectativa del
trabajador de obtener su pensión de vejez, ante su posible frustración como consecuencia
de una pérdida intempestiva del empleo. Por tanto, ampara la estabilidad en el cargo y la
continuidad en la cotización efectiva al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones,
para consolidar los requisitos que le faltaren para acceder a su pensión de vejez».

Ahora bien, para la Sala, no le asiste razón a las entidades apelantes en su
argumento, según el cual, el demandante no gozaba de estabilidad laboral
reforzada, por no ostentar la condición de prepensionado, toda vez que, como se
precisó, al señor Álvarez López, le restaban menos de tres años para cumplir con
la edad y las semanas requeridas para consolidar su derecho pensional.

No obstante, la Constitución Política, en su artículo 125, consagra la carrera
administrativa como regla general para el acceso y permanencia en los empleos
públicos, salvo las excepciones expresamente previstas en la ley. De esta
disposición se deriva el principio de mérito como eje rector, el cual garantiza que los
cargos se provean con quienes acrediten idoneidad mediante concurso público. Así
lo ha precisado la Corte Constitucional en la sentencia C-431 de 2010, al sostener
que el retiro de un servidor en provisionalidad, únicamente es admisible, cuando el
cargo es provisto en propiedad mediante concurso de méritos o cuando existe una
razón objetiva y suficiente, vinculada a las necesidades del servicio, debidamente
motivada en el acto administrativo.

«El precepto previsto en el artículo 44 de la Ley 909 de 2004 no trae como
consecuencia la desprotección de los empleados públicos que ejercen de manera
provisional un cargo de carrera. Esta acusación carece de sustento, pues, como se
vio, dichos servidores no se encuentran en la misma situación en la que se hallan
los empleados públicos inscritos en el régimen de carrera. No obstante, la Corte
Constitucional les ha conferido una protección intermedia que consiste en que su
retiro solo puede darse: (i) porque el cargo se proveerá mediante el sistema de
méritos o (ii) por la existencia de una razón suficiente desde la perspectiva del
servicio debidamente motivada.»

Ahora bien, en lo que respecta a los servidores designados en provisionalidad, la
jurisprudencia ha sido uniforme en reconocer que gozan de una estabilidad laboral
relativa. En palabras de la Corte Constitucional, la desvinculación de un provisional

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debe estar precedida de una motivación razonable y verificable, que permita al
afectado conocer las causas de la decisión y ejercer su derecho de defensa:

«Mediante sentencia de unificación SU-556 de 2014, la Sala Plena de la Corte
Constitucional unificó jurisprudencia respecto de la desvinculación motivada de los
empleados en cargos de provisionalidad, para ello, hizo una recopilación de las
sentencias proferidas por esta Corporación respecto del tema llegando a las
conclusiones que se expondrán a continuación:

En la sentencia SU-250 de 1998, la Corte interpretó el artículo 209[46] de la
Constitución Política de 1991, estableciendo que, acorde con los fines de la función
pública, los actos administrativos de desvinculación deben ser motivados, ya que
con ello se busca: 1) evitar arbitrariedades, dando información del por qué se produjo
el acto y permitiendo interponer los recursos correspondientes; y 2) permitir un
control efectivo, como extensión del principio de publicidad. Así las cosas, solo los
actos administrativos exceptuados por la Constitución y la Ley no deben ser
motivados.»25

No obstante, dicha estabilidad cede frente al derecho preferente de quien supera
el concurso y obtiene un lugar en la lista de elegibles, pues prevalece el principio
de mérito y el acceso igualitario a la función pública SU-446 de 2011:

«Los servidores en provisionalidad, tal como reiteradamente lo ha expuesto esta
Corporación, gozan de una estabilidad relativa, en la medida en que sólo pueden
ser desvinculados para proveer el cargo que ocupan con una persona de carrera,
tal como ocurrió en el caso en estudio o por razones objetivas que deben ser
claramente expuestas en el acto de desvinculación. En consecuencia, la terminación
de una vinculación en provisionalidad porque la plaza respectiva debe ser provista
con una persona que ganó el concurso, no desconoce los derechos de esta clase
de funcionarios, pues precisamente la estabilidad relativa que se le ha reconocido a
quienes están vinculados bajo esta modalidad, cede frente al mejor derecho que
tienen las personas que ganaron un concurso público de méritos.»

En el presente asunto, no se demostró por el demandante; quien de conformidad
con el artículo 103 de la Ley 1437 de 2011, tenía la carga de la prueba, que,
superado el concurso de méritos y expedida la lista de elegibles, la administración
contara con cargos vacantes de igual o superior jerarquía, en los que pudiera ser
reubicado.

La Corte Constitucional, en la Sentencia T-061 de 2025, reiteró que frente a sujetos
de especial protección —como los prepensionados— las entidades deben valorar
la posibilidad de reubicación “siempre que existan cargos vacantes de igual o mejor

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Corte Constitucional. Sentencia T-360 de 2015.

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Radicación: 0029-2025
Demandante: Napoleón Álvarez López.
Demandado: Nación- Ministerio de Justicia y del Derecho Superintendencia de Notariado y
Registro.

jerarquía al que ocupaba y conforme a su experiencia”. En ausencia de dicha
prueba, no puede el operador judicial, efectuar el análisis de protección requerido.

Adicionalmente, debe señalarse que, la condición de prepensionado no otorga un
derecho a la inamovilidad absoluta en el empleo, sino un trato preferencial en la
medida de lo posible. De manera concordante, la Corte Constitucional en la
Sentencia SU-917 de 2010 indicó que los provisionales gozan de estabilidad relativa
y pueden ser retirados cuando el cargo se provee con quien superó el concurso,
siempre que se observen las garantías de motivación y respeto al debido proceso.

Tampoco probó la existencia de un perjuicio cierto y comprobable, derivado de la
decisión de insubsistencia; toda vez que, posterior a su desvinculación como
Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Sincelejo, se vinculó a la Alcaldía
de Sincelejo Sucre y continúo cotizando hasta alcanzar su estatus pensional.

La sola expectativa de permanecer en el empleo, hasta alcanzar su estatus
pensional, en un cargo en provisionalidad, no constituye en sí mismo un perjuicio,
máxime cuando la desvinculación obedeció a una causal objetiva y
constitucionalmente legítima: la provisión del empleo mediante concurso de méritos,
en desarrollo del artículo 125 de la Constitución.

En el caso bajo examen, aun cuando el actor acreditaba la condición de
prepensionado y, por ende, era titular de una estabilidad laboral reforzada, dicha
garantía no comporta una inamovilidad absoluta en el cargo, pues debía
armonizarse con el principio de mérito y con la prevalencia de la carrera
administrativa. En tal sentido, la protección especial cedió frente al mejor derecho
de la persona que superó el concurso público de méritos y obtuvo legítimamente el
nombramiento en propiedad, en aplicación directa del artículo 125 de la
Constitución.

En consecuencia, la Sala concluye que la desvinculación del actor se fundó en una
causal objetiva y válida, ajustada al principio del mérito y a la prevalencia de la
carrera administrativa. Al no haberse demostrado la existencia de cargos vacantes
susceptibles de permitir su reubicación, ni la configuración de un perjuicio cierto y
real, no procede la declaratoria de ilegalidad plena ni el reconocimiento de
indemnización adicional alguna.

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Radicación: 0029-2025
Demandante: Napoleón Álvarez López.
Demandado: Nación- Ministerio de Justicia y del Derecho Superintendencia de Notariado y
Registro.

El análisis precedente releva a la Sala de pronunciarse respecto del segundo
argumento de apelación formulado por el Ministerio de Justicia, orientado a que se
precisara en cabeza de qué entidad recaía la condena impuesta por el Tribunal. En
efecto, al no prosperar las pretensiones principales de la demanda, pierde objeto
cualquier discusión sobre la distribución de dicha carga, por lo cual resulta
innecesario un pronunciamiento adicional al respecto.

Vistas así las cosas, la Sala revocará la sentencia de primera instancia y negará las
pretensiones de la demanda, por cuanto el acto de desvinculación del demandante
mantiene incólume su presunción de legalidad, la cual no fue desvirtuada en el
proceso, al haberse expedido con fundamento en una causal objetiva de retiro,
ajustada a derecho y al principio constitucional del mérito.

2.5 Condena en costas.

Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es decir, no se
cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del Treinta (30) de Noviembre de Dos Mil
Veintidós (2022), proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre-Sala Cuarta de
Decisión, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, conforme a lo expuesto en el
presente proveído.

TERCERO: Sin condena en costas en ambas instancias.

CUARTO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

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Radicación: 0029-2025
Demandante: Napoleón Álvarez López.
Demandado: Nación- Ministerio de Justicia y del Derecho Superintendencia de Notariado y
Registro.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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