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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03261-00

Fecha
21 de mayo de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03261-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela interpuesta por el señor Carlos Albeto Sánchez Silvestre. SEGUNDO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y TENER como tercero con interés a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03261-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

21 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D. C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03261-00
Accionante: CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ SILVESTRE
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS Y OTROS

Tema: Tutela contra providencia judicial — requisito de inmediatez.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra del Tribunal Administrativo de Caldas,
la Administradora Colombiana de Pensiones y el Instituto Nacional Penitenciario
y Carcelario. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591
de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los
decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 20191 de la
Sala Plena del Consejo de Estado.

Por auto del 30 de abril de 20262, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. El señor Carlos Alberto Sánchez Silvestre, por medio de apoderado
judicial, instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Caldas, la
Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante, Colpensiones) y el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (en adelante, INPEC). Con la
solicitud de amparo pretende la protección de los derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la
dignidad humana y a la seguridad social.

2. Las anteriores garantías las estimó vulneradas con ocasión de la sentencia
del 9 de junio de 2023, proferida por el tribunal accionado en el proceso de

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 4 Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como accionado al Tribunal

Administrativo de Caldas, a Colpensiones y al INPEC. Asimismo, se dispuso la vinculación del
Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Manizales y de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado en los términos del artículo 610 del Código General del Proceso.

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Accionante: Carlos Alberto Sánchez Silvestre
Accionados: Tribunal Administrativo de Caldas y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03261-00

nulidad y restablecimiento del derecho3 promovido contra Colpensiones.
Mediante dicho fallo, se confirmó la providencia del 21 de junio de 2021 proferida
por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Manizales que negó las
pretensiones de la demanda.

3. En concreto, la parte actora formuló la siguiente pretensión:

Se declare la nulidad de la Sentencia del Tribunal Administrativo del Quindío de
fecha 9/06/2023 por probarse falsa motivación, por basarse en normas infundada,
por error de apreciación normativa y falsa tesis al desconocer el Status Pensional
y el régimen especial del Personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia
Penitenciaria y Carcelaria Nacional que ingresaron antes de la vigencia del Dto.
2090/03, en consecuencia se orden una nueva sentencia en los mismos términos
y en la misma forma, por ser casos idénticos en fondo, forma y material, al caso
estudiado por la Corte Constitucional en Sentencia T-012/22 de la Sra. Cristina,
al estar en las mismas condiciones de derecho y situación laboral e idéntica
problemática pensional y de liquidación igualmente con la Sra. Ana Fabiola
Castro Morales Exp.: 50 001 33 33 008 2023 – 00287 01 del 14/08/2025 del
Tribunal del Meta y demás sentencia citadas en acápite de pruebas y se conceda
la reliquidación al Sr SANCHEZ SILVESTRE CARLOS ALBERTO, conforme a
derecho con todos los factores salariales de que trata el Art. 45 del Dto. 1045/78
inclusive devengados el último año de servicio.

1.2. Hechos

4. El señor Sánchez Silvestre estuvo vinculado al INPEC por un período de
22 años, 2 meses y 7 días y cumplió los 20 años de servicio el 24 de octubre de
2016.

5. Mediante la Resolución DIR 15868 del 18 de enero de 2018, Colpensiones
le reconoció la pensión de vejez al actor. Posteriormente, el 14 de noviembre del
mismo año, el actor solicitó ante la entidad la reliquidación de su pensión de vejez
con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de
servicio, consagrados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.

6. En dicha medida, mediante Resolución SUB 27566 del 30 de enero de
2019, Colpensiones negó la reliquidación pensional, decisión que fue confirmada
mediante resoluciones SUB 63049 del 13 de marzo de 2019 y DPE 3745 del 29
de mayo de 2019.

7. Inconforme con ello, el señor Sánchez Silvestre promovió medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que se declarara la nulidad
de dichos actos administrativos.

8. En esta medida, mediante sentencia del 29 de junio de 2021, el Juzgado
Cuarto Administrativo de Manizales negó las pretensiones de la demanda, al
concluir que para el cálculo del IBL en las pensiones de los servidores del INPEC,
es necesario acudir a las reglas establecidas por el numeral tercero del artículo

3 Proceso identificado con el número de radicado 17001-33-33-004-2019-00629-00/01/02/03.

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36 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo 21 de dicha
normatividad y los Decretos 691 y 1158 de 1994. En consecuencia, sostuvo que
para la liquidación del monto pensional debían ser incluidos los factores sobre los
cuales hubiere efectivamente cotizado.

9. Inconforme con esta decisión, el actor interpuso recurso de reposición. De
tal modo, mediante fallo del 9 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo de
Caldas confirmó la sentencia de primera instancia. Como fundamento, argumentó
que al señor Sánchez Silvestre no le asistía el derecho de acceder a la
reliquidación pensional reclamada, puesto que para la liquidación de su pensión
de jubilación únicamente podía tenerse en cuenta los factores contemplados en
el Decreto 1158 de 1994 sobre los cuales hubiere cotizado efectivamente.

10. Esta decisión fue notificada mediante estado fijado el 9 de junio de 2023 y
la presente acción de tutela se radicó el 28 de abril de 2026.

1.3. Sustento de la vulneración

11. En primer lugar, la parte actora señaló que la autoridad accionada incurrió
en defecto sustantivo ante la indebida aplicación de las normas que rigen el
asunto, en la medida en que desconoció que el régimen pensional de los
servidores del INPEC es especial y exceptuado. Por esta razón, argumentó que
no existía fundamento jurídico para que su pensión se liquidara según las
disposiciones que regulan el régimen general.

12. Por su parte, insistió en que se desconoció el precedente de la sentencia
T-022 de 2022, mediante la cual la Corte Constitucional decidió sobre un asunto
con presupuestos fácticos similares y accedió a la protección de los derechos
pensionales de una servidora de la misma institución en la que laboró. Asimismo,
puso de presente que este criterio jurisprudencial debe ser aplicado en su caso
pues, lo contrario implicaría una vulneración a su derecho fundamental a la
igualdad-

13. Con respecto al cumplimiento del requisito de inmediatez, sostuvo que
este no operaba «a la luz de la nueva jurisprudencia de la Corte Constitucional
T-022 de 2022».

1.4. Intervenciones

14. El Tribunal Administrativo de Caldas puso de presente que la acción de
tutela no cumplía con el requisito de procedibilidad de inmediatez, puesto que la
solicitud de tutela fue radicada por el actor dos años y medio después de que la
decisión cuestionada fuera proferida. De igual forma, afirmó que el fallo del 9 de
junio de 2023 se dictó en ejercicio de las atribuciones normativas
correspondientes, en virtud de las competencias que le otorga la ley y en el
marco de un proceso adelantado con la completa observancia de derechos y
garantías.

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15. Colpensiones solicitó que se declare la improcedencia de la acción ante
el incumplimiento de los requisitos de inmediatez, subsidiariedad y relevancia
constitucional, aunado a que no se acreditó que la entidad haya incurrido en
alguna vulneración de derechos fundamentales.

16. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Manizales manifestó
que lo expuesto por el actor obedecía a un desacuerdo con la interpretación
jurídica adoptada por los jueces de instancia y, por tanto, usar este mecanismo
como una tercera instancia. De igual forma, indicó que en el fallo de primera
instancia se valoró de manera integral la historia laboral del actor, los actos
administrativos demandados y el marco normativo aplicable al INPEC. En dicha
medida, agregó que no se evidenciaba arbitrariedad alguna por parte de las
autoridades judiciales que profirieron las decisiones cuestionadas.

17. El INPEC solicitó su desvinculación ante su falta de legitimación en la
causa por pasiva en el asunto.

II. CONSIDERACIONES

18. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela presentada por
el señor Carlos Alberto Sánchez Silvestre. En tal sentido, se demostrará que en
el asunto no se supera el requisito general de inmediatez

2.1. Caso concreto

2.1.1. La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales

19. El Consejo de Estado4 y la Corte Constitucional5, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales6 y a la configuración de algún
defecto especial7 en el que puede incurrir una autoridad judicial.

20. De no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se
declara improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del

4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de

2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
5 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;

SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
6 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii)subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v)

efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza.
7 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material

o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.

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asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se
configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial.

21. En el caso estudiado, esta Sección considera que la solicitud de amparo
no cumple con todos los requisitos generales de procedencia, como pasa a
exponerse.

22. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).

23. La Sala advierte que el señor Carlos Alberto Sánchez Silvestre está
legitimado en la causa por activa, en la medida en que conformó la parte
demandante en el proceso objeto de esta acción. A su vez, se evidencia que el
Tribunal Administrativo de Caldas está legitimado en la causa por pasiva al haber
proferido la providencia controvertida en este proceso.

24. Por su parte, el accionante dirigió el mecanismo de amparo contra el
INPEC y Colpensiones. En dicha medida, tomando en consideración que el
objeto de la presente acción constitucional se circunscribe exclusivamente a la
presunta vulneración de garantías constitucionales producto de una providencia
judicial, estas autoridades no están legitimadas en la causa por pasiva. No
obstante, se tendrá a Colpensiones como tercero con interés, al haber
conformado la parte pasiva del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho. A su vez, se declarará la falta de legitimación en la causa por pasiva del
INPEC, puesto que no tuvo ningún tipo de vínculo jurídico procesal con el trámite
judicial en cuestión.

25. Inmediatez. Frente a este requisito se ha insistido en que la acción de
tutela debe ejercerse en un plazo razonable8, el cual debe ser ponderado por el
juez en cada caso, pues de lo contrario se burlaría el alcance jurídico establecido
por el constituyente y se desvirtuaría su finalidad de ser un medio de protección
actual, inmediato y efectivo9.

26. De acuerdo con lo anterior, esta Sección10 ha considerado como plazo

8 Dicho criterio fue expuesto por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia
05.08.14, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01, Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios, M.P. Jorge Octavio Ramírez- Así mismo, reiterado entre otras en:
Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia 26.02.15, Rad. 11001-03-15-000-2015-00045-00,
M.P. Lucy Jeannette Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia 15.10.15, Rad.
11001-03-15-000- 2015-01605-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
9 Corte Constitucional, Sentencia T-290 de 2011.
10 Ver, entre otras, Sentencia 18.04.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01172-01, M.P. Susana

Buitrago Valencia; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01891-01, M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2013-00142-01, M.P. Alberto

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prudencial el de seis (6) meses desde la ocurrencia del hecho generador –el cual
es la ejecutoria de la providencia judicial cuestionada- que da lugar a la solicitud
de protección y la presentación de esta, y cuando este es excesivo se declara su
improcedencia.

27. No obstante, se analiza en cada caso concreto si median razones
suficientes que justifiquen el retardo, como para omitir su consideración y entrar
al fondo del debate jurídico planteado.

28. Se pone de presente que el actor considera que sus derechos
fundamentales fueron transgredidos con ocasión de la sentencia del 9 de junio
de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas y notificada mediante
auto fijado en la misma fecha.

29. En ese sentido, los seis meses con los que contaba la actora para formular
los reparos contra el fallo que finalizó el trámite de nulidad y restablecimiento del
derecho, concluyeron en diciembre de 2023. Dado que la acción de tutela se
radicó hasta el 28 de abril de 2026, la Sala considera que se promovió con
incumplimiento del plazo que se considera como razonable para solicitar la
protección de derechos fundamentales mediante este mecanismo.

30. Finalmente, se pone de presente que la parte actora no demostró ninguna
condición especial que pueda ser analizada por este juez de tutela para
establecer si es procedente flexibilizar el requisito de procedibilidad de la
inmediatez para superarlo y estudiar la presunta vulneración de sus garantías
fundamentales. Aunado a ello, no se acreditó que concurra alguna de las
circunstancias que justifiquen el retardo de los usuarios de la administración de
justicia para acudir a alegar en sede de acción de tutela la trasgresión de sus
garantías fundamentales, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional11.

31. Así las cosas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela
de la referencia por no superar el requisito de inmediatez.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

Yepes Barreiro; Sentencia 21.09.16, Rad. 11001-03-15-000-2016-01549-01, M.P. Rocío Araújo
Oñate.
11 La Corte Constitucional en sentencias como la T-256 de 2015 ha indicado que la acción de

tutela será procedente: «cuando fuere promovida en un extenso espacio entre el hecho que
generó la vulneración, siempre que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los
accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad,
incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados; o iv) cuando se
demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la
originó es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor
derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual».

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III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela interpuesta
por el señor Carlos Albeto Sánchez Silvestre.

SEGUNDO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR
PASIVA del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y TENER como tercero
con interés a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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