Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03277-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03277-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-03277-01
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
3 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá, D.C., tres (03) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03277-01
Accionantes: Anyelí Ruiz Guerrero y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Asunto: Acción de tutela – Segunda instancia
Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales de
procedibilidad – relevancia constitucional. Decisión: Se confirma el fallo de primera instancia.
La Sala decide la impugnación1 presentada por Anyelí Ruiz Guerrero, Rubén Hernández
Anillo, Rubén Daniel Hernández Ruiz, Aquilino Rubén Hernández Barros y Martha Elena
Guerrero González en contra del fallo de tutela proferido el 28 de mayo de 2026 2 por la
Sección Quinta del Consejo de Estado.
I.- ANTECEDENTES
1.1.- La solicitud de amparo constitucional
Los accionantes radicaron tutela 3 en procura de la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, al mínimo
vital y a la dignidad humana, los que consideran vulnerados con el auto proferido el 23
de octubre de 2025 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante el cual se negó
la solicitud de aclaración y adición de la sentencia de reemplazo del 29 de septiembre de
2025 dictada dentro del proceso ejecutivo con radicado No.
08001333300120230012000/02.
1 Obra impugnación en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 31, con certificado 348CDF48832415B0
9649F1B146706E53 4CB227D483F94D3B BAAA751B942E7575.
2 Obra fallo en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 26, con certificado 52893FBD4BA25FE0
1CA2C9BD7858F8F1 D5BFF4E81CE9EAE3 C67EEDACD1C86ED1.
3 Obra escrito de tutela en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 7743242F79EBA016
42AAFF214BBD022A C585430692757BA9 F6A8636FA09172EB.
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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2026-03277-01
Accionantes: Anyelí Ruiz Guerrero y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
1.2.- Hechos
1.2.1.- Mediante sentencia del 28 de abril de 2014, dictada dentro del proceso de
reparación directa con radicado No. 08001233300120130012900, el Tribunal
Administrativo del Atlántico declaró administrativa y patrimonialmente responsable a
Caprecom por los perjuicios causados a los accionantes con la falla en la prestación del
servicio médico que produjo la muerte de Sol Anyelis Hernández Ruiz, y la condenó al
pago de una suma de dinero4.
1.2.2.- El 14 de julio de 2021 los accionantes suscribieron un contrato de transacción con
La Fiduprevisora S.A., en calidad de vocera y administradora del PAR Caprecom
Liquidado, para garantizar el pago de la condena. Posteriormente, con fundamento en
ese título promovieron proceso ejecutivo, que correspondió por reparto al Juzgado 1º
Administrativo de Barranquilla bajo el radicado No. 08001333300120230012000 y en el
que, por auto del 2 de febrero de 2024, se libró mandamiento de pago por
$248.387.766,455.
1.2.3.- Mediante sentencia del 3 de septiembre de 2024, el a quo descartó las
excepciones propuestas por la ejecutada, declaró probada de oficio la de pago total de la
obligación, conforme a lo pactado en la cláusula segunda del contrato de transacción y
dio por terminado el proceso6.
1.2.4.- Inconforme, la parte ejecutante apeló. El Tribunal Administrativo del Atlántico
resolvió el recurso mediante sentencia del 30 de enero de 2025, la cual fue dejada sin
efectos por el fallo de tutela del 21 de julio de 20257 de la Sección Segunda de esta
corporación, que también ordenó proferir una nueva decisión8. En cumplimiento de lo
anterior, el tribunal dictó sentencia de reemplazo el 29 de septiembre de 20259, en la que
revocó parcialmente la decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró probada de
manera parcial la excepción de pago, al establecer que la ejecutada constituyó depósitos
4 A folios 2-3 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 2341CC8626DE6F00
8C6F72D89603C931 2F741D70EADC18D0 0E8CAAB16F053634.
5 Ibidem.
6 Ibidem, a folio 6.
7 Rad. 11001031500020250211200/01.
8 A folio 7 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 2341CC8626DE6F00 8C6F72D89603C931
2F741D70EADC18D0 0E8CAAB16F053634.
9 Obra sentencia en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 2341CC8626DE6F00
8C6F72D89603C931 2F741D70EADC18D0 0E8CAAB16F053634.
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judiciales por $233.311.626 y pagó embargos por terceros por $6.632.821, para un total
de $239.944.447, de modo que subsistía un saldo insoluto de $8.443.319; en
consecuencia, ordenó seguir adelante con la ejecución por esa suma, exigible a partir del
24 de abril de 2024.
1.2.5.- El 6 de octubre de 2025 la parte ejecutante solicitó la aclaración y adición de esa
providencia. Mediante el auto del 23 de octubre de 202510, la colegiatura negó la solicitud,
al considerar que los argumentos y peticiones allí planteados ya habían sido abordados
en la sentencia de reemplazo, que otros aspectos escapaban a su competencia funcional
como juez de segunda instancia y que no se configuraban los supuestos de los artículos
285 y 287 del Código General del Proceso.
1.3.- Fundamentos de la acción de tutela
Los accionantes argumentan que el auto censurado incurrió en un defecto fáctico por
falso juicio de existencia, pues sostuvo que la sentencia de reemplazo era clara cuando,
a su juicio, las cifras no concuerdan, y para ello prescindió de la certificación contable
expedida por la contadora del propio tribunal, que da cuenta de un faltante superior a
$40.000.000. Aducen, asimismo, un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto,
en tanto el magistrado acudió a una interpretación restrictiva de las normas sobre
aclaración y adición, previstas en los artículos 285 y 286 del CGP, para eludir la
corrección de un error material evidente, pese a que la sentencia de reemplazo se había
proferido precisamente para enmendarlo.
Los convocantes alegan, además, un defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente, pues el auto ignoró la subregla fijada por la Corte Constitucional en la
sentencia T-1274 de 2005, invocada expresamente en la solicitud de aclaración y adición,
según la cual la terminación de un proceso ejecutivo sin que medie un pago efectivo y
real constituye una vía de hecho. Sostienen que se pasó por alto que no hay pago efectivo
mientras los títulos no estén en manos de los acreedores, conforme al artículo 1627 del
Código Civil, y que precisamente por ello habían pedido adicionar la providencia con las
medidas de ejecución material que garantizaran ese pago. Afirman que la providencia
desobedeció materialmente la orden impartida en el fallo de tutela del 21 de julio de 2025
10Obra auto en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 9351B8777DE89C03
0CEEE4183E883640 AB98ED4F8B9F8947 FB981673FF995CF5.
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de la Sección Segunda del Consejo de Estado, y denuncian la mora judicial en el pago
de la indemnización reconocida.
1.4.- Pretensiones de la acción de tutela
En el escrito introductorio se solicitó (i) amparar los derechos fundamentales cuya
trasgresión se alega; (ii) dejar sin efectos el auto del 23 de octubre de 2025 y, en
consecuencia, revocar parcialmente la sentencia del 29 de septiembre de 2025, en lo
relativo a la liquidación de la obligación; (iii) ordenar al Tribunal Administrativo del
Atlántico proferir un nuevo pronunciamiento; y (iv) remitir la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
2.- Trámite de la acción de tutela en primera instancia
2.1.- Mediante auto del 29 de abril de 2026, el magistrado ponente de la Sección Quinta
del Consejo de Estado admitió la acción de tutela, vinculó a las autoridades y partes que
intervinieron en el proceso ejecutivo y en el trámite de tutela con radicado
11001031500020250211200/01, y requirió al apoderado de los accionantes para que
allegara el poder que lo facultaba para actuar, el cual fue remitido.
2.2.- El Juzgado 1º Administrativo de Barranquilla pidió negar el amparo. Reseñó las
actuaciones surtidas en el proceso ejecutivo y en la acción de tutela previa, e informó que
mediante auto del 14 de enero de 2026 dispuso obedecer y cumplir lo ordenado por el
Tribunal Administrativo del Atlántico. Agregó que dio trámite a la recusación formulada
por la parte actora y remitió el proceso al Juzgado 2º Administrativo de Barranquilla, sin
que a la fecha se le hubiera notificado decisión alguna. Destacó que la providencia
censurada no fue proferida por ese despacho y que, en su criterio, los accionantes
pretenden obtener una decisión favorable a sus intereses.
2.3.- La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, autoridad que profirió
el fallo de tutela del 19 de mayo de 2025 dentro del expediente
11001031500020250211200, revocado por la Sección Segunda, Subsección B, mediante
la sentencia del 21 de julio de 2025, pidió su desvinculación, por cuanto la providencia
reprochada fue dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico.
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2.4.- La Fiduprevisora S.A. solicitó su desvinculación y la improcedencia del amparo, al
señalar que obra únicamente como vocera y administradora del PAR Caprecom
Liquidado y que no existe nexo de causalidad entre su actuación y la vulneración que se
alega.
2.5.- El Tribunal Administrativo del Atlántico solicitó declarar improcedente el amparo o,
en su defecto, negar las pretensiones. Adujo la carencia absoluta de poder del abogado,
dado que el mandato para promover la tutela debe ser especial y específico, y alegó una
actuación temeraria en los términos del artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, por haberse
promovido antes otra acción de tutela, para lo cual presentó un cuadro comparativo.
3.- Fallo de tutela de primera instancia
La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 28 de mayo de 2026,
declaró improcedente el amparo por falta de relevancia constitucional. Consideró que los
reproches giran en torno a un asunto puramente económico, que con ellos se pretende
crear una instancia adicional para reabrir cargos ya zanjados por los operadores judiciales
del ejecutivo, y que, frente al desconocimiento del precedente, no se indicó la regla
presuntamente omitida ni de qué manera su aplicación variaría la decisión, de suerte que
no se acreditaron los criterios fijados en la SU-215 de 2022. Agregó que, frente al
presunto incumplimiento del fallo de tutela del 21 de julio de 2025, el mecanismo idóneo
era el incidente de desacato, que ya fue ejercido y decidido.
4.- Razones de la impugnación
En contra de la providencia referida, la parte actora presentó impugnación. Afirmó que el
fallo incurrió en motivación aparente, porque transcribió los criterios de la SU-215 de 2022
pero los aplicó con afirmaciones genéricas, sin explicar por qué el incumplimiento material
de una orden de tutela de esta misma corporación carece de entidad constitucional, ni
contrastar el calificativo de “puramente económico” con hechos documentados como el
fallecimiento de dos beneficiarios sin haber recibido la indemnización. Reiteró un defecto
fáctico negativo, por el silencio sobre las certificaciones expedidas por la contadora del
tribunal, sobre el auto de devolución de títulos y sobre la discrepancia aritmética que
denuncia. Agregó el desconocimiento del precedente fijado por la Sección Segunda el 21
de julio de 2025, la interpretación irrazonable de la prohibición de convertir la tutela en
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una tercera instancia, pues, en su criterio, el auto del 23 de octubre de 2025 es una
providencia nueva y autónoma sobre la que no ha recaído control constitucional; también
censuró la omisión de analizar individualmente los defectos alegados.
II.- CONSIDERACIONES
1.- Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por Anyelí Ruiz
Guerrero y otros en contra del fallo de tutela proferido el 28 de mayo de 2026 por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido en los artículos
86 de la Constitución, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena del Consejo de Estado.
2.- Problema jurídico
En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos alegados.
3.- La acción de tutela en contra de providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 reconoció que la acción de tutela
en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos requisitos
de procedibilidad11 y de procedencia12 con el fin de determinar si se vulneraron o no los
derechos de orden superior.
11 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento
de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud
en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los
derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los
derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
12 Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental; defecto
fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto por
desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
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4.- El requisito de relevancia constitucional en el caso concreto
4.1.- Sobre el requisito de relevancia constitucional la Corte Constitucional ha señalado
que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones”13.
En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario examinar
dos elementos, a saber 14 : (i) que el actor cumpla su carga argumentativa, justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales,
ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que la acción de tutela
no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la
providencia acusada, puesto que este mecanismo especial constitucional está constituido
para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor
tenga frente a la decisión judicial.
Por su parte, la Corte Constitucional en la SU-215 de 202215, al pronunciarse sobre el
requisito sub judice, advirtió que era necesario verificar:
“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada
a derechos fundamentales”.
4.2.- En el caso concreto, los tutelantes cuestionan, en esencia, que el Tribunal
Administrativo del Atlántico (i) incurrió en un defecto fáctico por falso juicio de existencia,
al sostener que la sentencia de reemplazo era clara, a pesar de la certificación contable
que, a su juicio, acredita una base de liquidación distinta; (ii) incurrió en un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, pues aplicó de manera formalista los artículos
285 y 286 del CGP para eludir la corrección de ese yerro; (iii) desconoció el precedente
contenido en la sentencia T-1274 de 2005, según el cual la terminación de un proceso
ejecutivo sin que medie un pago efectivo y real constituye una vía de hecho; y (iv)
13 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
14 Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.
15 Sentencia del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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desobedeció materialmente la orden impartida en el fallo de tutela del 21 de julio de 2025
de la Sección Segunda, Subsección B, de esta corporación.
4.3.- Para la Sala, ab initio, se torna evidente que los cargos elevados por la parte actora
no satisfacen el requisito de relevancia constitucional, por cuanto, además de no estar
debidamente justificados, se advierten como un medio dirigido a revivir la discusión sobre
la liquidación del crédito adeudado, ya zanjada por el juez natural en el proceso ejecutivo
No. 08001333300120230012000/02, como si este mecanismo fuera una instancia
adicional a dicho trámite, según se explicará.
4.4.- Al verificar los argumentos contenidos en el auto del 23 de octubre de 2025 se
extraen los siguientes apartes:
“Luego del análisis normativo, factico y jurisprudencial necesario para resolver el problema
jurídico planteado, se concluyó que la entidad accionada constituyó los siguientes depósitos
judiciales, en los términos ordenados en la transacción, por la suma de DOSCIENTOS TREINTA
Y TRES MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE.
($233.311.626,oo), lo cual se corrobora conforme las certificaciones de depósitos judiciales del
30 de septiembre de 2022 y 2 de septiembre de 2024 expedidas por el Tribunal Administrativo
del Atlántico, las cuales fueron aportadas al expediente. (…)
Conforme lo anterior, se pudo establecer que la ejecutada procedió a dar cumplimiento a la
transacción motivo de recaudo, efectuando la constitución de títulos judiciales y pago de
embargos por terceros por la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVIECIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE.
($239.944.447,oo), presentándose un saldo insoluto de OCHO MILLONES CUATROCIENTOS
CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE. ($8.443.319,oo).
En cuanto a la pretensión de intereses moratorios por la supuesta mora en el cumplimiento del
contrato de transacción, se pudo establecer que el pago estaba condicionado al recibimiento de
una respuesta por parte de la DIAN y la totalidad de la documentación requerida para el pago; al
cumplimiento de esta condición, la entidad ejecutada, contaba con un término de quince (15) días
hábiles para realizar el pago, destacándose que la parte ejecutante no demostró en el plenario la
fecha en que se conjuraron las anteriores condiciones a efectos de establecer la presunta mora
alegada.
Lo que sí se pudo evidenciar es que la ejecutada, ante requerimiento efectuado por el Juez A
quo, conforme se ordenó en auto de 6 de mayo de 2024, señaló que (…) es decir, la ejecutada
manifiesta que con la constitución de los depósitos judiciales efectuada el 23 de abril de 2024,
dio cumplimiento total a la obligación, lo cual no es cierto, ya que, tal como quedó establecido,
hay un saldo insoluto de OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE. ($8.443.319,oo), sobre los cuales se generan
intereses moratorios a partir del último pago recibido – 23 de abril de 2024 –, conforme lo expuesto
en precedencia.
En este orden de ideas, la Sala procedió a revocar parcialmente la sentencia de excepciones de
tres (3) de septiembre de 2024, proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito
de Barranquilla, mediante la cual se declararon no probadas las excepciones propuestas por la
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parte ejecutada, declarándose probada de oficio la de pago total de la obligación de acuerdo a lo
pactado por las partes en la cláusula segunda del contrato de transacción, declarando terminado
el proceso, y rechazando por improcedente la solicitud de conversión de título ejecutivo, aspecto
este último que no fue motivo de controversia por parte del apelante único; para en su lugar,
declarar probada de oficio parcialmente la excepción de pago de la obligación, ordenando seguir
adelante con la ejecución por la suma de OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y
TRES MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE. ($8.443.319,oo), exigibles a partir del
24 de abril de 2024.
En la solicitud de aclaración y adición de la sentencia la parte actora, trae al proceso una serie
de argumentos y peticiones que ya fueron abordadas en la providencia, tales como el
reconocimiento de intereses moratorios, la devolución de dineros, que no es otra cosa que la
orden de entrega de títulos creados en cumplimiento de la obligación cuya ejecución se pretende,
entre otros.
Así mismo, hay otros aspectos sobre los cuales se pide aclaración y adición de la providencia
que son del resorte de otro proceso, o que no fueron parte de la litis en la primera instancia, y
mucho menos alegados en el recurso de apelación, aspectos que escapan al control de esta
Corporación pues, conforme se expuso, la competencia funcional del juez de segunda instancia,
se encuentra limitada por las razones de inconformidad o juicios de reproche esbozados por el
recurrente en el escrito de sustentación del recurso de apelación (…).
El memorialista intenta convertir la figura de la aclaración y adición de la providencia en una
tercera instancia, y subsanar yerros cometidos en el tramite respectivo.
Así las cosas, se advierte que la aclaración y adición solicitada no es procedente, toda vez que
no se observa la existencia de frases dentro de la providencia que ofrezcan duda, o contenga
alguna ambigüedad susceptible de ocasionar perplejidad en su intelección, así como tampoco la
existencia de alguna redacción ininteligible o poco clara acerca del alcance de un concepto o
frase incluido en la decisión, de acuerdo a lo presupuestado en el artículo 285 del Código General
del Proceso. Así mismo, no se omitió en la providencia resolver los extremos de la Litis, o
cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, conforme
lo indica el artículo 287 ídem”16.
4.5.- En atención a lo anterior, se observa que el cuerpo colegiado examinó la solicitud
de aclaración y adición a la luz de los artículos 285 y 287 del CGP, y concluyó que la
providencia no contenía frases que ofrecieran duda o ambigüedad, ni había omitido
resolver los extremos de la litis. Para llegar a esa conclusión precisó, además, que los
puntos planteados ya habían sido abordados en la sentencia de reemplazo, en la que se
determinó el saldo insoluto de $8.443.319 y la fecha desde la cual resultaba exigible. De
ahí que advirtiera que, por esa vía, se pretendía convertir la aclaración en una tercera
instancia.
4.6.- Resulta claro, entonces, que la parte accionante pretende utilizar este mecanismo
constitucional como si se tratara de una instancia adicional, pues, como se vio, la
autoridad judicial expuso de manera motivada las razones por las cuales no se
16A folio 6-7 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 9351B8777DE89C03
0CEEE4183E883640 AB98ED4F8B9F8947 FB981673FF995CF5.
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configuraban los supuestos de la aclaración ni los de la adición. Por ende, los reproches
se contraen a controvertir la liquidación del crédito y la valoración que de ella hizo el juez
natural, con el fin de obtener el reconocimiento de una suma superior y de unos intereses
moratorios, materia que es de estricta legalidad y escapa al ámbito del juez constitucional.
Ahora bien, frente al defecto fáctico negativo que se endilga a la autoridad accionada al
resolver sobre la aclaración y la adición, esta Sala advierte que tal reproche tampoco
satisface el requisito sub examine. Las certificaciones contables, el auto de devolución
de títulos y la discrepancia aritmética que se invocan atañen, precisamente, a la
liquidación del crédito, materia reservada al juez natural, sobre la cual el auto censurado
sí se pronunció, pues allí se precisó que la suma de $233.311.626 se corroboró con las
certificaciones de depósitos judiciales del 30 de septiembre de 2022 y del 2 de septiembre
de 2024 expedidas por esa corporación, que la devolución de dineros, esto es, la entrega
de los títulos constituidos, y el reconocimiento de intereses moratorios ya habían sido
abordados en la sentencia de reemplazo, y que los demás puntos escapaban a su
competencia funcional como juez de segunda instancia, de suerte que la insistencia en
esa discusión ante el juez constitucional se traduce en el reclamo de una instancia
adicional.
Igualmente, en lo relativo al desconocimiento del precedente, se debe destacar que el
cuerpo colegiado descartó ese planteamiento, pues indicó que el reparo atinente a la
devolución de los dineros consignados en acatamiento del fallo de tutela había sido
abordado en la sentencia de reemplazo, y ubicó los restantes aspectos cuestionados
fuera de su competencia funcional como juez de segunda instancia. En todo caso, la
subregla que se dice desconocida carece de entidad constitucional autónoma en este
escenario, pues se refiere al cumplimiento de una orden de tutela anterior, cuyo trámite
propio es el previsto en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, al que los accionantes
ya acudieron.
A su vez, se destaca que las razones de la impugnación no desvirtúan el criterio de
autoridad atacada. En cuanto a la alegada motivación aparente, se observa que el a quo
constitucional no se limitó a enunciar los criterios de la SU-215 de 2022, sino que los
aplicó al caso al precisar que lo pretendido era el reconocimiento de un saldo y de unos
intereses moratorios, esto es, una controversia de contenido económico ya definida por
el juez del ejecutivo. Que tal conclusión no se comparta no la convierte en una motivación
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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2026-03277-01
Accionantes: Anyelí Ruiz Guerrero y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
aparente. Finalmente, tampoco resulta de recibo el argumento según el cual el auto del
23 de octubre de 2025 es una providencia nueva y autónoma sobre la que no ha recaído
control constitucional. Si bien es cierto que se trata de una decisión posterior, esa
novedad no releva a la parte actora de acreditar la relevancia constitucional de sus
cargos, que es justamente lo que no ocurrió.
4.7.- En este orden de ideas y en atención a la autonomía judicial y al carácter
excepcionalísimo que reviste la tutela, se debe acotar que no basta con manifestar
inconformidades respecto a las decisiones judiciales objeto de censura o alegar la
configuración de los requisitos especiales de procedencia, ya que, de esa forma, la
discusión queda restringida a asuntos de mera legalidad que no trascienden al plano
constitucional.
4.8.- Al respecto, se insiste en que la procedencia de la acción de tutela en contra de
decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer la
autonomía e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica,
en razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un “juicio de
corrección” de la decisión cuestionada17, lo que se opone a que se use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatorio o de
interpretación del derecho que se resolvieron previamente por el juez de la causa18.
5.- En consecuencia, la Sala concluye que ninguno de los cargos formulados en la
solicitud de amparo satisface el requisito general de relevancia constitucional, razón por
la cual la acción de tutela resulta improcedente. En ese orden, se confirmará la sentencia
impugnada.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
17 Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.
18 Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018.
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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2026-03277-01
Accionantes: Anyelí Ruiz Guerrero y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
III.- RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 28 de mayo de 2026 por la Sección Quinta
del Consejo de Estado, de conformidad con las razones ut supra.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados
por el medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Consejero de Estado
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado
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