Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02112-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02112-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-02112-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
19 de mayo de 2025
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, diecinueve (19) de mayo de dos mil veinticinco (2025).
Magistrado Ponente (E): FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-02112-00
Demandantes: RUBÉN HERNÁNDEZ ANILLO Y OTROS
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO Y OTRO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL
• AUSENCIA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL.
Síntesis del caso: los demandantes afirmaron que se vulneraron sus derechos constitucionales
fundamentales con ocasión de las sentencias que declararon probada la excepción de pago
total de la obligación en un proceso ejecutivo que promovieron para obtener el pago de un
contrato de transacción. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
La Sala decide la acción de tutela presentada por los señores Rubén Hernández Anillo
y Rubén Daniel Hernández Ruiz y las señoras Anyelí Ruiz Guerrero y Martha Elena
Guerrero González en contra del Tribunal Administrativo del Atlántico y el Juzgado
Primero Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla para la protección de sus
derechos constitucionales fundamentales del debido proceso y acceso a la
administración de justicia, consagrados en los artículos 29 y 229 de la Constitución
Política, en conexidad con las garantías al mínimo vital y la confianza legítima,
supuestamente vulnerados con ocasión de las sentencias proferidas el 3 de septiembre
de 2024 y 30 de enero de 2025, proferidas por las autoridades judiciales demandadas,
respectivamente, en el proceso ejecutivo con radicación 08001-33-33-001-2023-
00120-00/02.
I. ANTECEDENTES
1. Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente (índice 2 en SAMAI):
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-02112-00
Demandante: Rubén Hernández Anillo y otros
Acción de tutela
1) Por sentencia de 28 de abril de 2014, el Tribunal Administrativo del Atlántico condenó
a la Caja de Previsión Social de Comunicaciones (Caprecom) a indemnizar a los
demandantes por los perjuicios morales que sufrieron con ocasión de la falla médica
que produjo la muerte de Sol Anyelis Hernández Ruiz.
2) Los demandantes promovieron un proceso ejecutivo ante el Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla para obtener el pago de la condena
proferida en la sentencia de 28 de abril de 2014, el cual fue suspendido el 18 de abril
de 2017 porque la parte ejecutada entró en liquidación.
3) El 14 de julio de 2021, los demandantes y el patrimonio autónomo PAR Caprecom
Liquidado –administrado por la Fiduprevisora SA– celebraron un contrato de
transacción en el cual se consignó la obligación de pagar en favor de los primeros un
depósito judicial por doscientos cuarenta y ocho millones trescientos ochenta y siete
mil setecientos sesenta y seis pesos ($248.387.766) por la condena proferida en la
sentencia de 28 de abril de 2014. Para el pago del valor transado, se estipuló un plazo
de “15 días hábiles una vez se reciba respuesta de la DIAN y la totalidad de la
documentación”.
4) El 25 de mayo de 2022, los demandantes instauraron una acción de tutela en contra
del Tribunal Administrativo del Atlántico, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito
Judicial de Barranquilla y la Fiduprevisora SA para el amparo a sus derechos
fundamentales de la igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia,
que consideraron vulnerados por las dificultades para obtener el pago efectivo de la
condena proferida en la sentencia de 28 de abril de 2014; no obstante, la acción fue
declarada improcedente por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, quien consideró que los demandantes podían formular una demanda ejecutiva
para exigir la obligación pactada en el contrato de transacción.
5) Posteriormente, los demandantes promovieron un proceso ejecutivo (radicación:
08001-33-33-001-2023-00120-00) para obtener el pago del valor transado en el
contrato de transacción de 14 de julio de 2021.
6) Mediante sentencia del 3 de septiembre de 2024, el Juzgado Primero Administrativo
del Circuito Judicial de Barranquilla declaró probada la excepción de pago, tras
constatar que la Fiduprevisora SA, en condición de vocera y administradora del PAR
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Demandante: Rubén Hernández Anillo y otros
Acción de tutela
Caprecom Liquidado, constituyó tres depósitos judiciales a órdenes del Tribunal
Administrativo del Atlántico por un valor total de doscientos setenta y tres millones
cuatrocientos veintisiete mil quinientos veinticuatro pesos con dos centavos
($273.427.524,02).
7) Inconformes con la decisión, los demandantes instauraron recurso de apelación en
contra de la sentencia de primera instancia1.
8) Por sentencia de 30 de enero de 2025, el Tribunal Administrativo del Atlántico
confirmó el fallo apelado, pues consideró que los comprobantes de pago allegados al
plenario sumaron doscientos setenta y tres millones cuatrocientos veintisiete mil
quinientos veinticuatro pesos con dos centavos ($273.427.524,02), lo cual dio cuenta
del pago total de la obligación ejecutada.
2. Los fundamentos de la vulneración
Los demandantes adujeron que las sentencias proferidas el 3 de septiembre de 2024
y 30 de enero de 2025 por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de
Barranquilla y el Tribunal Administrativo del Atlántico, respectivamente, vulneraron sus
derechos constitucionales fundamentales del debido proceso y acceso a la
administración de justicia, en conexidad con las garantías al mínimo vital y la confianza
legítima (índice 2 en SAMAI).
En su criterio, las autoridades judiciales incurrieron en una vía de hecho al encontrar
probada la excepción de pago total, toda vez que la parte ejecutada aún adeuda una
suma con ocasión de la mora en el pago. Al efecto, señalaron que los intereses
moratorios comenzaron a correr a partir de la fecha de suscripción del contrato de
transacción (14 de julio de 2021) y hasta la fecha de la primera consignación en el
depósito judicial (18 de enero de 2022), de conformidad con el numeral 1 del artículo
1608 del Código Civil.
1 Para sustentar el recurso, argumentaron que i) el pago fue parcial, pues la parte ejecutada solo
consignó la suma de doscientos treinta y nueve millones novecientos ochenta y siete mil quinientos
veintiséis pesos con veintiséis centavos ($239.987.526,26), ii) no se tuvieron en cuenta los intereses
moratorios que corrieron desde la fecha de suscripción del contrato de transacción (14 de julio de 2021)
hasta la fecha de la primera consignación en el depósito judicial (18 de enero de 2022), de conformidad
con el numeral 1 del artículo 1608 del Código Civil y, iii) la decisión apelada resultó arbitraria,
manifiestamente ilícita y desconoció los artículos 4, 229 y 230 de la Constitución Política.
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Demandante: Rubén Hernández Anillo y otros
Acción de tutela
Asimismo, mencionaron que el yerro en la liquidación de la obligación les ha impedido
retirar los depósitos judiciales y satisfacer su acreencia, a pesar de que agotaron todos
los mecanismos judiciales a su alcance para ejecutar la transacción; por lo tanto,
alegaron que se debe surtir la conversión de los títulos a órdenes del Juzgado Primero
Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, incluyendo los intereses moratorios
que se causaron por el pago tardío.
3. Las pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó lo siguiente:
“1. TUTELAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES al debido proceso,
acceso a la administración de la justicia, mínimo vital y confianza legítima con
el fin detener la transgresión de estos derechos a mis poderdantes.
2. Como consecuencia de la vulneración de los derechos al mínimo vital, se
ordene a PRESIDENCIA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLANTICO
[sic], ponga a disposición del juzgado 01 administrativo de Barranquilla los
dineros que adeuda la demandada FIDUPREVISORA, en calidad de vocero
y administrador del PAR CAPRECOM LIQUIDADO en un término
improrrogable de 48 horas una vez ejecutoriada la sentencia de tutela.
3. Como consecuencia de la vulneración de los derechos se ordene al
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLANTICO, a través de su secretaria,
la devolución y pago de la totalidad de lo consignado el día 18 de enero de
2022 por la entidad PAR CAPRECOM, por concepto de pago de contrato de
transacción a los accionantes, ANYELI RUIZ GUERRERO, VERONICA
ONEIDA ANILLO BLANCO, MARTHA ELENA GUERRERO GONZALEZ a
través de su apoderado judicial ADOLFO ENRIQUE DIAZGRANADOS
MEJIA”. (mayúsculas del original - índice 2 en SAMAI)
4. La actuación procesal
Por auto de 11 de abril de 2025, se inadmitió la acción de tutela y se requirió al abogado
Adolfo Rafael Diazgranados Polanco para que aportara el poder especial conferido por
los demandantes (índice 4 en SAMAI).
En atención a que el abogado Adolfo Rafael Diazgranados Polanco allegó
oportunamente los poderes conferidos por los señores Rubén Hernández Anillo y
Rubén Daniel Hernández Ruiz y las señoras Anyelí Ruiz Guerrero y Martha Elena
Guerrero González (índice 8 en SAMAI), mediante auto de 30 de abril de 2025 se
admitió la acción de tutela, se ordenó notificar al presidente del Tribunal Administrativo
del Atlántico, los magistrados integrantes de la Subsección B del Tribunal
Administrativo del Atlántico y el titular del Juzgado Primero Administrativo del Circuito
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Demandante: Rubén Hernández Anillo y otros
Acción de tutela
Judicial de Barranquilla y se vinculó a la actuación como tercero interesado a la
Fiduprevisora SA (índice 10 en SAMAI).
5. Intervenciones de las autoridades demandadas y vinculadas
1) El magistrado ponente del Tribunal Administrativo del Atlántico afirmó que la acción
de tutela es improcedente por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional,
toda vez que los demandantes pretenden utilizar la solicitud de amparo como una
tercera instancia judicial para reanudar un debate que fue resuelto en el proceso
ordinario (índice 14 en SAMAI).
2) La presidente del Tribunal Administrativo del Atlántico informó que los títulos de
depósito judicial pretendidos por los demandantes aún reposan en la cuenta general
del tribunal (índice 16 en SAMAI).
3) El titular del Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla
solicitó negar el amparo porque la sentencia objeto de reproche fue debidamente
fundamentada y porque los demandantes reiteraron los mismos argumentos que
formularon en el recurso de apelación; en consecuencia, manifestó que no es admisible
que se reproche al funcionario judicial por omisiones en las cargas de las partes y de
sus apoderados (índice 15 en SAMAI).
4) La Fiduprevisora SA, en condición de vocera y administradora del patrimonio
autónomo PAR Caprecom Liquidado, manifestó que la acción de tutela es
improcedente, toda vez que no vulneró los derechos fundamentales de los
demandantes ni se encuentra legitimada para pronunciarse de fondo frente a las
pretensiones de la demanda (índice 20 en SAMAI).
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración
con el siguiente derrotero: i) finalidad de la acción de tutela, ii) delimitación del asunto
y iii) el caso concreto.
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Acción de tutela
1. La finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una
acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para
desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir
términos precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del
demandante.
2. Delimitación del asunto
La Sala aclara que, si bien la acción de tutela se dirigió en contra de las providencias
proferidas en las dos instancias del proceso ordinario, lo cierto es que los argumentos
de reproche de la parte actora se dirigieron a controvertir el contenido de la sentencia
de segunda instancia, siendo aquella la que definió el marco de decisión de la presente
providencia.
Lo anterior, aunado a que esa providencia fue la que finalizó el proceso y ante la
eventualidad de que deba accederse al amparo pretendido la autoridad judicial
encargada de cumplir la orden y dictar una providencia de reemplazo sería el Tribunal
Administrativo del Atlántico. En suma, el análisis de la Sala se circunscribirá a lo
decidido en segunda instancia.
3. El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo del Atlántico con el fin de que se protejan los derechos constitucionales
fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia,
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presuntamente vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 30 de enero de
2025, mediante la cual se confirmó la decisión que declaró probada la excepción de
pago total de la obligación.
En los términos en que fue propuesta la controversia la Sala declarará su
improcedencia por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, por las
razones que se exponen a continuación:
1) En el caso sub iudice, los demandantes alegaron que la autoridad judicial
demandada vulneró sus derechos constitucionales fundamentales porque la parte
ejecutada aún adeuda una suma con ocasión de la mora en el pago, motivo por el cual
no han podido satisfacer la totalidad de su acreencia, pese a que existe unos títulos
judiciales en el Tribunal Administrativo del Atlántico que contienen el valor de la
transacción.
2) La Sala advierte que la acción de tutela no supera el requisito de relevancia
constitucional, debido a que se dirige a reanudar una discusión que se agotó en el
proceso ordinario y que se resolvió en la providencia reprochada, aunado a que versa
sobre un asunto meramente patrimonial.
3) En efecto, se observa que los demandantes reiteraron los mismos argumentos que
plantearon en el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia,
en el cual controvirtieron la decisión porque consideraron que el pago de la obligación
fue parcial, pues la parte ejecutada solo consignó la suma de doscientos treinta y nueve
millones novecientos ochenta y siete mil quinientos veintiséis pesos con veintiséis
centavos ($239.987.526,26), al tiempo que desconoció el saldo pendiente por concepto
de intereses moratorios a partir de la fecha de suscripción del contrato de transacción,
de conformidad con el numeral 1 del artículo 1608 del Código Civil.
4) Para sustentar la vulneración de los derechos invocados en el mecanismo
constitucional, la parte demandante alegó que las autoridades judiciales incurrieron en
una vía de hecho al encontrar probada la excepción de pago total, toda vez que la parte
ejecutada aún adeuda una suma con ocasión de la mora en el pago que corrió a partir
de la fecha de suscripción del contrato de transacción (14 de julio de 2021) y hasta la
fecha de la primera consignación en el depósito judicial (18 de enero de 2022), de
conformidad con el numeral 1 del artículo 1608 del Código Civil.
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Acción de tutela
5) A su vez, estos planteamientos fueron objeto de estudio por parte del Tribunal
Administrativo del Atlántico en la sentencia de 30 de enero de 2025 con las
consideraciones que a continuación se transcriben:
“Los anteriores comprobantes de pago arrojan la suma de DOSCIENTOS
SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL
QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON DOS CENTAVOS
($273.427.524,02).
En este punto es menester precisar que los comprobantes de pago a favor
de la Alcaldía Distrital de Barranquilla se produjeron ante la existencia de
unos embargos por parte del ente territorial contra los señores Rubén De
Jesús Hernández Anillo y Aquilino Rubén Hernández, beneficiarios de la
sentencia, razón por la cual, la ejecutada procedió a constituir dichos
depósitos judiciales al momento de realizarse el pago.
Aclarado lo anterior, se recuerda que la carga probatoria para acreditar el
cumplimiento de la obligación recae exclusivamente en la parte ejecutada,
pues los artículos 103 del CPACA y 167 del Código General del Proceso,
establecen que «[q]uien acuda ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, en cumplimiento del deber constitucional obligación de
cumplir con las cargas procesales y probatorias previstas en este Código» y,
también que «incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen».
Asimismo, la doctrina ha señalado que, en los procesos ejecutivos, «[a]l
demandado le corresponde la carga de probar los hechos que sirven de
supuesto a las normas legales en que fundamenta sus excepciones»,
consideración que encuentra razón, precisamente, en el artículo 1757 del
Código Civil, conforme con el cual «[i]ncumbe probar las obligaciones o su
extinción al que alega aquellas o ésta», presupuestos estos con los que
cumplió cabalmente la parte ejecutada acreditando el cumplimiento de la
obligación en las condiciones y términos establecidos en el titulo [sic] de
recaudo.
Las anteriores pruebas no fueron refutadas por la parte ejecutante, quien solo
se limita a señalar que la ejecutada solo consignó la suma de
$239.987.526,26, presentándose un faltante respecto de lo acordado en el
contrato de transacción, por la suma de $8.012.474,26, generándose
intereses de mora, pero sin preocuparse por desacreditar los pagos alegados
por la ejecutada anteriormente descritos.
Conforme las anteriores consideraciones, procederá la Sala a confirmar la
sentencia de excepciones de tres (3) de septiembre de 2024, proferida por el
Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, mediante la
cual se declararon no probadas las excepciones propuestas por la parte
ejecutada, declarándose probada de oficio la de pago total de la obligación
de acuerdo a lo pactado por las partes en la cláusula segunda del contrato de
transacción, declarando terminado el proceso, y rechazando por
improcedente la solicitud de conversión de título ejecutivo, aspecto esta
último que no fue motivo de controversia por parte del apelante único”
(mayúsculas del original, índice 12 en SAMAI del proceso con radicación
08001-33-33-001-2023-00120-00).
6) Como viene de leerse, la autoridad judicial resolvió el reproche relacionado con un
supuesto yerro en la liquidación de la obligación, pues explicó que las pruebas
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Demandante: Rubén Hernández Anillo y otros
Acción de tutela
allegadas al proceso daban cuenta que la parte ejecutada consignó un total de
doscientos setenta y tres millones cuatrocientos veintisiete mil quinientos veinticuatro
pesos con dos centavos ($273.427.524,02) a órdenes del tribunal; además, advirtió que
los demandantes no aportaron ningún elemento de convicción para controvertir los
comprobantes de pago y demostrar que la consignación fue inferior a dicha cifra.
7) Si bien la parte demandante pretende darle el cariz de vicio o defecto a dicha
situación, es evidente que los fundamentos que soportan la interposición de la acción
de tutela son una reproducción de los argumentos que fueron planteados en el recurso
de apelación, los cuales se dirigieron de manera exclusiva a reanudar un debate que
fue estudiado y resuelto al interior del proceso ejecutivo.
8) Así entonces, para la Sala es claro que el único interés de los demandantes es
mostrar su desacuerdo con la providencia objeto de tutela simplemente porque les fue
desfavorable a sus intereses, sin que en dicha discusión se haya planteado un asunto
de una genuina importancia desde el punto de vista constitucional.
9) Adicionalmente, se observa que los demandantes pretenden obtener el pago
efectivo del valor transado más los intereses moratorios que –en su criterio– aún les
son adeudados; no obstante, ello no revela una evidente trascendencia ius fundamental
ni comporta un “debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de algún
derecho fundamental”2, sino que, por el contrario, consiste en un asunto meramente
patrimonial que no es susceptible de ser ventilado a través de la acción de tutela.
10) La Sala reitera que el presente mecanismo constitucional no está instituido como
una instancia adicional a aquellas establecidas en el ordenamiento jurídico y al juez
constitucional le está vedado pronunciarse sobre materias que desbordan su
competencia o interferir con el ejercicio de la autonomía judicial del juez natural, motivo
por el cual se declarará la improcedencia de la acción de tutela
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
2 Corte Constitucional, sentencia SU-387 de 2022.
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Demandante: Rubén Hernández Anillo y otros
Acción de tutela
FALLA:
1º) Declárase improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional.
2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
3º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado (E) Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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