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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03277-00

Fecha
28 de mayo de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03277-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y la Fiduciaria La Previsora S.A. SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela presentada por los señores Anyelí Ruiz Guerrero, Rubén Hernández Anillo, Rubén Daniel Hernández Ruiz, Aquilino Rubén Hernández Barros y Martha Elena Guerrero González contra el Tribunal Administrativo del Atlántico. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 18 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, reitera lo señalado en las providencias SU-573 de 2017 y C-590 de 2005. 14 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Anyelí Ruiz Guerrero y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico Radicado: 11001-03-15-000-2026-03277-00 CUARTO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03277-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

28 de mayo de 2026

Demandante: Anyelí Ruiz Guerrero y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03277-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03277-00
Demandantes: ANYELÍ RUIZ GUERRERO Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO

Temas: Tutela contra providencia judicial – proceso ejecutivo – declara
la improcedencia por falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la presente acción de tutela de conformidad con los Decretos 2591
de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 20191 de
la Sala Plena de esta Corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

Los señores Anyelí Ruiz Guerrero, Rubén Hernández Anillo, Rubén Daniel
Hernández Ruiz, Aquilino Rubén Hernández Barros y Martha Elena Guerrero
González, a través de apoderado judicial, presentaron acción de tutela2 contra el
Tribunal Administrativo del Atlántico, con el fin de que se amparen sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, al
mínimo vital y a la dignidad humana.

Las referidas garantías constitucionales las consideraron transgredidas con la
providencia de 23 de octubre de 2025 del Tribunal Administrativo del Atlántico que
negó las solicitudes de aclaración y adición de la sentencia de 29 de septiembre de
2025 dictada en el proceso ejecutivo3 que adelantaron contra la Fiduciaria La
Fiduprevisora S.A.; proceso que se identificó con el radicado 08001-33-33-001-
2023-00120-00.

1.2. Hechos

De la solicitud de tutela y las pruebas allegadas, se establecen los siguientes
supuestos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará
en este fallo:

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Con escrito presentado el 28 de abril de 2024, a través del aplicativo web de recepción de tutelas

y habeas corpus en línea y enviado el mismo día a la Secretaría General del Consejo de Estado.
3 Proceso que se inició para obtener el cumplimiento de la sentencia de 28 de abril de 2014, dictada

por el Tribunal Administrativo del Atlántico, en proceso de reparación directa que se identificó con el
radicado 08001-23-33-001-2013-00129-00.

1
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Demandante: Anyelí Ruiz Guerrero y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03277-00

Los señores Rubén Hernández Anillo, Anyelí Ruiz Guerrero, Rubén Daniel
Hernández Ruiz, Aquilino Rubén Hernández Barros, Verónica Oneida Anillo de
Hernández4, Hugo Alfonso Ruíz Castro5 y Martha Elena Guerrero González
presentaron una demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa
con el fin de que se declarara responsable al Estado por la falla médica presentada
en la prestación del servicio que conllevó a la muerte de Sol Anyelis Hernández
Ruíz.

El proceso correspondió por reparto al Tribunal Administrativo del Atlántico,
corporación que en sentencia de 28 de abril de 2014 declaró no probadas las
excepciones propuestas por la parte demandada y, en consecuencia, declaró
administrativa y patrimonialmente responsable a la Caja de Previsión Social de
Comunicaciones (en adelante CAPRECOM), por los perjuicios materiales y morales
causados a los demandantes y la condenó al pago de unas sumas de dinero.

En la audiencia de conciliación prevista en el artículo 4. ° del artículo 192 de la Ley
1437 de 2011 realizada el 22 de julio de 2014, el Tribunal Administrativo del Atlántico
declaró desierto el recurso de apelación presentado por CAPRECOM con ocasión
a su inasistencia y accedió a la solicitud de desistimiento del recurso presentado por
la parte demandante.

El 14 de julio de 2021 la parte actora suscribió un contrato de transacción con la
Fiduciaria La Fiduprevisora S.A., en calidad de vocera y administradora del PAR
CAPRECOM Liquidado.

Luego, los demandantes radicaron una demanda ejecutiva contra la Fiduciaria La
Fiduprevisora S.A., para hacer efectivas las obligaciones contenidas en el contrato
de transacción que se suscribió entre ellos. El proceso correspondió por reparto al
Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barranquilla bajo el
radicado 08001-33-33-001-2023-00120-00.

Mediante auto de 2 de febrero de 2024, la mencionada autoridad judicial libró
mandamiento de pago contra la Fiduciaria La Fiduprevisora S.A. por la suma de
$248.387.766,45.

En sentencia de 3 de septiembre de 2024 el Juzgado Primero Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Barranquilla resolvió:

PRIMERO: DECLÁRESE no probada la Excepciones propuestas por la parte
accionada, por no encontrarse enlistadas en las taxativas del articulo 442 del CGP,
de acuerdo a las razones expuestas.

SEGUNDO: DECLÁRESE DE OFICIO probada la excepción de pago total de la
obligación de acuerdo a lo pactado por las partes en la cláusula segunda del contrato
de transacción y a las demás razones expuestas por lo que deberá declarar
terminado el proceso.

TERCERO: RECHACESE, por improcedente la solicitud de conversión de titulo
ejecutivo de acuerdo a las razones expuestas6.

4 En el escrito de tutela el apoderado de los accionantes informó que la señora Verónica Oneida

Anillo de Hernández falleció.
5 De igual manera, en la demanda el apoderado de los actores informó que el señor Hugo Alfonso

Ruíz Castro falleció.
6 Transcripción literal del texto original con posibles errores.

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Esta decisión fue apelada y el trámite de la segunda instancia le correspondió al
Tribunal Administrativo del Atlántico que, en sentencia de 30 de abril de 2025,
confirmó el proveído de primer grado.

Sin embargo, los accionantes presentaron una acción de tutela con el fin de que se
dejara sin efectos el proveído de 30 de abril de 2025; proceso que fue tramitado en
primera instancia por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado7
y en segunda instancia por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado8, bajo el radicado 11001-03-15-000-2025-02112-00/01.

En sentencia de segundo grado de 21 de julio de 2025, el ad quem revocó la
providencia de 19 de mayo de 2025 del Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B y, en su lugar, amparó los derechos fundamentales al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia de los actores al considerar que se
incurrió en un defecto fáctico.

En consecuencia, dejó sin efectos la providencia de 30 de enero de 2025 del
Tribunal Administrativo de Atlántico, y le ordenó que emitiera un pronunciamiento
de reemplazo. Ello, bajo las siguientes consideraciones:

28. Dicho ello, la autoridad judicial demandada debió valorar la totalidad de las
pruebas debidamente aportadas y decretadas en el expediente, lo cual incluía las
certificaciones expedidas por la misma autoridad judicial, allegadas por la parte
demandante en respuesta a la prueba de oficio.

29. La Sala también observa que, en efecto, tal y como lo indicaron los demandantes,
no existe total claridad y/o certeza frente a todos los comprobantes aportados, pues,
respecto de algunos no es posible establecer ante quién se realizó la transacción, ni
a qué radicado corresponden.

Ahora, también es importante poner de presente los cargos probatorios traídos en el
escrito inicial y reiterados en el de impugnación relacionados con que: i) no se analizó
el tema de intereses moratorios; ii) existieron errores aritméticos que afectaron la
correcta liquidación de la obligación; iii) no se tuvo en cuenta las certificaciones
expedidas por el Tribunal Administrativo del Atlántico que denotaban incoherencias
en las cifras; y iv) no existió una entrega material de los valores consignados a los
demandantes.

31. Frente a este último punto, la Sala recuerda que, la jurisprudencia del Consejo
de Estado23 ha sido pacífica en establecer que para declarar la excepción de pago
se debe demostrar que efectivamente se realizó la entrega de los dineros al acreedor,
como se observa: […]

32. Es decir, para decretar el pago total de la obligación, ello debe estar debidamente
acreditado en el proceso. No obstante, en el caso bajo estudio no obra prueba de
que la parte demandante haya recibido dinero alguno por concepto del pluricitado
contrato, por el contrario, insistió en que no ha tenido acceso a estos. Ahora, sin
perjuicio de que la conversión del título se hubiese alegado o no, lo cierto es que el
proceso deja ver con claridad que existieron consignaciones ante el Tribunal
Administrativo del Atlántico provenientes de la entidad ejecutada, respecto de las
cuales, pese al tiempo transcurrido, los ejecutantes siguen a la espera de que puedan
disponer de estas.

7
Autoridad que dictó sentencia el 19 de mayo de 2025.
8 Profirió sentencia de segunda instancia el 21 de julio de 2025.

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Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
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33. En consecuencia y ante las particularidades del caso, no era admisible concluir
que operó la excepción de pago total de la obligación, cuando era evidente que
existía contradicción respecto del monto de las consignaciones realizadas por la
entidad ejecutada y si estas correspondían al valor transado, sin contar con que el
dinero no fue puesto a disposición de los ejecutantes. Supuestos fácticos que
debieron ser tenidos en cuenta por la corporación judicial demandada al momento de
decidir, pero no ocurrió.

En cumplimiento de lo anterior, el Tribunal Administrativo del Atlántico profirió la
sentencia de 29 de septiembre de 2025, a través de la cual dispuso:

Primero. - REVOCASE PARCIALMENTE la sentencia de excepciones de tres (3) de
septiembre de 2024, proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito
de Barranquilla, mediante la cual se declararon no probadas las excepciones
propuestas por la parte ejecutada, declarándose probada de oficio la de pago total
de la obligación de acuerdo a lo pactado por las partes en la cláusula segunda del
contrato de transacción, declarando terminado el proceso, y rechazando por
improcedente la solicitud de conversión de título ejecutivo; en su lugar:

DE OFICIO, DECLARASE PARCIALMENTE PROBADA la excepción de pago total
de la obligación, ORDENÁNDOSE seguir adelante con la ejecución por la suma de
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
DIECINUEVE PESOS M/CTE. ($8.443.319,00), exigibles a partir del 24 de abril de
2024, confirmándose en todo lo demás. Lo anterior, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. - ORDÉNESE la conversión de los títulos Nos. 416010004691467,
416010004691468, 416010004691469, 416010004691470, 416010005240408 y
416010005240416, con destino al Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito
de Barranquilla, dentro del proceso ejecutivo identificado con radicado No. 08-001-
33-33-001-2023-00120-00.

El apoderado de los actores presentó solicitud de aclaración y adición de la
sentencia, en el sentido de que se precisara: (i) la diferencia entre las certificaciones
de la contadora del Tribunal y las cifras utilizadas en la liquidación; (ii) por qué no
se tuvo en cuenta el auto de 3 de octubre de 2022 que ordenó la devolución de los
dineros consignados por la Fiduciaria La Fiduprevisora S.A. a la Secretaría del
tribunal; (iii) por qué a pesar de existir la orden de devolución de los dineros se sigue
teniendo como abono a la obligación; (iv) por qué no se contabilizó la mora en la
primera consignación de 18 de enero de 2022; (v) por qué se retuvo sin justificación
el pago de Rubén Daniel Hernández Ruiz; (vi) se adicione el cálculo de intereses
moratorios, (vii) el tratamiento de las sumas consignadas y las medidas necesarias
para su efectivo cobro, y (viii) cumplimiento de la orden de tutela.

A través de auto de 23 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo del Atlántico
negó las solicitudes de aclaración y adición del proveído de 29 de septiembre de
2025, al destacar que algunos de los argumentos de los demandantes ya habían
sido abordados en la providencia y que otros eran de resorte de otros procesos,
puesto que no fueron parte de la litis que se conoció esa instancia.

En consecuencia, concluyó que no se observaba «la existencia de frases dentro de
la providencia que ofrezcan duda, o contenga alguna ambigüedad susceptible de
ocasionar perplejidad en su intelección, así como tampoco la existencia de alguna
redacción ininteligible o poco clara acerca del alcance de un concepto o frase
incluido en la decisión» ni que se hubiera dejado de resolver algún extremo de la
litis.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03277-00

El apoderado de los accionantes presentó una solicitud para que se sancionara a la
autoridad judicial accionada por el presunto incumplimiento de las órdenes
impartidas en la acción de tutela 11001-03-15-000-2025-02112-00. No obstante,
mediante auto de 10 de febrero de 2026 el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B se abstuvo de abrir el incidente de desacato al considerar que se dio
cumplimiento a lo ordenado mediante sentencia del 21 de julio de 2025.

1.3. Pretensiones

Lo requerido en la demanda de tutela es lo siguiente:

1. TUTELAR los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, MÍNIMO VITAL y DIGNIDAD HUMANA
de los accionantes.

2. DEJAR SIN EFECTOS el auto del veintitrés (23) de octubre de dos mil
veinticinco (2025) proferido por el Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala
de Decisión Oral Sección B, y, como consecuencia, ordenar la REVOCATORIA
o anulación parcial de la sentencia del 29 de septiembre de 2025 del mismo
Tribunal en lo relativo a la liquidación de la obligación.

3. ORDENAR al Tribunal Administrativo del Atlántico que, en el término
improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, emita una nueva providencia en
la que:

o Corrija el defecto fáctico aritmético: Ajuste las cifras de liquidación a las
certificaciones oficiales de la contadora del Tribunal, reconociendo el saldo
insoluto real que supera los $40 millones de pesos, excluyendo pagos
realizados a terceros ajenos a la transacción.
o Liquide íntegramente la mora: Contabilice los intereses moratorios causados
desde el 15 de julio de 2021 hasta la fecha del pago efectivo, conforme al
artículo 1608 del Código Civil y la cláusula duodécima del contrato de
transacción.
o Materialice el pago: Ordene a la Secretaría la conversión inmediata de los
títulos de depósito judicial y el giro efectivo a los accionantes, garantizando que
el dinero llegue a sus manos y no quede estancado en cuentas judiciales
inactivas.

4. REMITIR la presente actuación a la Honorable Corte Constitucional para su
eventual revisión y unificación de jurisprudencia sobre el desacato material de
sentencias de tutela por tribunales de instancia.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte actora consideró que la autoridad judicial accionada al proferir la
providencia de 23 de octubre de 2025 incurrió en los defectos fáctico,
desconocimiento del precedente y procedimental por exceso ritual manifiesto
al «negarse a aclarar y adicionar una sentencia de reemplazo que perpetúa errores
aritméticos manifiestos, ignora la mora jurídica indiscutible y desobedece el sentido
material de la orden previa impartida por esta misma Corporación en sede de tutela
el 21 de julio de 2025».

En primer lugar, puso de presente que la entidad deudora nunca ha liquidado los
intereses moratorios que le debe y que en su momento fueron pactados en la
cláusula duodécima del contrato de transacción; falencia que también ha sido
omitida por los jueces de instancia, comoquiera que se ignoró el contenido del
artículo 1608 del Código Civil, así como los 184 días de mora en el primer pago y
casi tres años, en el segundo.

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Indicó que la Fiduciaria La Fiduprevisora S.A. no realizó el pago directo a los
beneficiarios de las sumas de dinero adeudadas y que las consignó en la cuenta del
Tribunal Administrativo del Atlántico, razón por la cual mediante auto de 3 de octubre
de 2022 esa corporación ordenó la devolución inmediata de dichos títulos a los
accionantes. No obstante, alegó que esa orden ha sido desacatada por la
Secretaría, con lo cual se vulnera su derecho al mínimo vital.

Explicó que, pese a que existe una orden de tutela impartida por la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el Tribunal Administrativo del
Atlántico volvió a incurrir en los mismos yerros al dictar la sentencia de 29 de
septiembre de 2025, por las siguientes razones:

• Asumió una base de pago de $273.427.524,02, desconociendo que la contadora
certificó que solo $233.311.625,26 corresponden realmente a los actores.
• Omitió liquidar la mora desde el 2021, reconociendo intereses moratorios solo
desde el 24 de abril de 2024 sobre un saldo marginal de $8.443.319.
• Mantuvo la retención injustificada de pagos destinados a Rubén Daniel Hernández
Ruiz.

Dijo que, a pesar de lo anterior, con el auto de 23 de octubre de 2025 la autoridad
judicial se niega a corregir las discrepancias aritméticas que existen por un valor de
más de $40 millones de pesos, bajo una interpretación meramente formalista de los
artículos 285 y 286 del Código General del Proceso, lo cual equivale a privilegiar la
ritualidad sobre la garantía efectiva del derecho sustancial.

Expuso que con la providencia reprochada se constituye una nueva vía de hecho al
repetir los mismos esquemas de cálculo que se utilizaron en la primera sentencia
del ordinario, lo cual impide el cumplimiento del fallo de tutela que tiene a su favor y
configura un desacato a los dispuesto por el juez constitucional.

Así mismo, consideró que en el proveído enjuiciado no se aclaró por qué existe una
brecha de $40.115.898,76 entre lo que se dice que se pagó y lo que la contadora
del tribunal certifica como ingresado en favor de ellos, con lo cual se renunció a la
búsqueda de la verdad real y se vulneró el derecho a la reparación integral a las
víctimas.

Sobre el defecto fáctico explicó que este se configuró, puesto que el Tribunal
Administrativo del Atlántico ignoró las certificaciones contables de «30 de
septiembre de 2022 y septiembre de 2024» que demuestran que la Fiduciaria La
Fiduprevisora S.A. incluyó pagos a terceros «para "completar" artificialmente» el
pago que les hizo a ellos.

Señaló que han esperado por más de una década para obtener una reparación,
puesto que existe una retención injustificada de los recursos que les permiten
proteger su mínimo vital.

En relación con el defecto por desconocimiento del precedente destacó que el
«Tribunal ignora la subregla de la sentencia T-1274/2005, según la cual la
terminación de procesos ejecutivos sin que medie un pago efectivo y real constituye
una vía de hecho. Aquí, no hay pago efectivo mientras los títulos no estén en manos
de los acreedores conforme al tenor de la obligación (Art. 1627 C.C.)».

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Finalmente, consideró que el asunto de la referencia reviste de relevancia
constitucional, dado que no «se trata de un mero desacuerdo patrimonial, sino de la
corrección de una vulneración sistemática y prolongada de derechos fundamentales
que compromete valores y principios constitucionales de la más alta jerarquía»,
máxime cuando se «trata de la reparación integral a víctimas directas de una grave
falla del servicio de salud estatal que causó la muerte de una menor de edad».

1.5. Trámite procesal de la acción

El 29 de abril de 2026, el magistrado ponente admitió la acción de tutela y ordenó
notificar a la parte actora, así como a los magistrados del Tribunal Administrativo
del Atlántico, como autoridades judiciales accionadas.

Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 2591
de 1991, se vinculó como terceros con interés al Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B [autoridad que profirió el fallo de tutela de 19 de mayo de 2025 con
radicado 11001-03-15-000-2025-02112-00/01], al Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B [autoridad que profirió el fallo de tutela de 21 de julio de 2025, con radicado 11001-
03-15-000-2025-02112-00/01], al Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Barranquilla [autoridad que conoció en primera instancia el proceso ejecutivo con
radicado 08001-33-33-001-2023-00120-01], a la Fiduciaria La Fiduprevisora S.A. [parte
accionada en el proceso ejecutivo con radicado 08001-33-33-001-2023-00120-01], al Juzgado
Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla9 [autoridad que en su momento
suspendió el proceso ejecutivo con radicado 08001-33-33-001-2023-00120-01], así como a las
demás partes, personas y/o entidades que hayan participado en la acción de tutela
identificada con el radicado 11001-03-15-000-2025-02112-00/01 y en el proceso
ejecutivo identificado con el radicado 08001-33-33-001-2023-00120-01.

De igual manera, se requirió al apoderado de los accionantes para que allegara los
poderes que lo facultaban para actuar.

También se requirió a las autoridades judiciales vinculadas para remitieran de
manera inmediata el expediente de tutela identificado con el radicado 11001-03-15-
000-2025-02112-00/01, así como el proceso ejecutivo identificado con el radicado
08001-33-33-001-2023-00120-01.

1.6. Intervenciones

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
contestaciones:

1.6.1. Sección Segunda del Consejo de Estado

La Secretaría de la sección remitió el enlace de consulta del proceso identificado
con el radicado 11001-03-15-000-2025-02112-01.

9 Notificado al correo adm05bqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co.

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1.6.2. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B

El consejero Diego Enrique Franco Victoria solicitó su desvinculación del presente
trámite constitucional, al considerar que la providencia reprochada por los actores
fue dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico.

Así mismo, puso de presente que tomó posesión como consejero de Estado el 1°
de septiembre de 2025, por lo que no fue el ponente de la providencia proferida el
21 de julio de 2025 dentro de la acción de tutela identificada con el radicado 11001-
03-15-000-2025- 02112-00/01.

Explicó que no puede proferir un pronunciamiento sobre la solicitud de amparo,
puesto que no conoció los supuestos fácticos y jurídicos que motivaron la
providencia emitida por el consejero Fredy Hernando Ibarra Martínez, en encargo.

1.6.3. Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Barranquilla

El titular del despacho solicitó que se niegue la pretensión de amparo constitucional
invocado por los accionantes.

En primer lugar, hizo un recuento de las actuaciones judiciales adelantadas al
interior del proceso ejecutivo que se identificó con el radicado 08-001-33-33-001-
2023-00120-00 y en la acción de tutela 11001-03-15-000-2025-02112-00/01.

Sobre el primero, agregó que mediante auto de 14 de enero de 2026 dispuso
obedecer y dar cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Administrativo del
Atlántico y requirió al secretario de la corporación para que pusiera a disposición de
ese juzgado los títulos judiciales. Además, instó a las partes a que presentaran sus
liquidaciones del crédito.

Igualmente, agregó que previo a continuar con la liquidación, procedió a dar trámite
a la solicitud de recusación presentada por la parte actora y remitió el proceso al
Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barranquilla para lo
de su competencia, sin que a la fecha se le haya notificado alguna decisión.

Por último, destacó que la providencia objeto de censura no fue proferida por ese
despacho. Sin embargo, aclaró que esta se produjo en cumplimiento del debido
proceso, por lo que en realidad lo que se observa es que los accionantes pretenden
convertir la acción la tutela en un mecanismo que les permita obtener una decisión
favorable a sus intereses.

1.6.4. Adolfo Enrique Díazgranados Mejía

El apoderado de los actores remitió los poderes requeridos a través del auto
admisorio de 29 de abril de 2026.

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Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03277-00

1.6.5. Fiduciaria La Previsora S.A.

El apoderado de la entidad10 pidió: (i) que se declare la inexistencia del nexo causal
entre la vulneración de los derechos invocados y el accionar de la entidad; (ii) se
declare su falta de legitimación en la causa por pasiva, puesto que la competente
para pronunciarse sobre las pretensiones de los actores es el Tribunal
Administrativo del Atlántico, y (iii) se le desvincule del trámite constitucional.

1.6.6. Tribunal Administrativo del Atlántico

El magistrado sustanciador de la providencia reprochada solicitó que se declare
improcedente la acción de amparo o que, en su defecto, se nieguen las pretensiones
de la demanda.

En primer lugar, alegó que el apoderado de los accionantes carece de poder para
representarlos en la acción constitucional.

De otro lado, puso de presente que el apoderado incurre en un actuar temerario,
toda vez que ya ejerció una primera acción de tutela que correspondió por reparto
en primera instancia a la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, bajo el radicado 11001-03-15-000-2025-02112-00, para lo cual hizo un
cuadro comparativo.

Al respecto, puso de presente lo siguiente:

En este punto se destaca que dentro de la acción de tutela identificada con radicado
No. 08-001-33-33-001-2023-00120-02, los aquí accionantes presentaron un
incidente de desacato, el cual fue decidido por el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera - Subsección B, Magistrado ponente:
Dr. Diego Enrique Franco Victoria, mediante providencia de 10 de febrero de 2026,
absteniéndose de darle apertura y ordenando el archivo del expediente, reiterando
que el Tribunal cumplió la orden dispuesta en la providencia proferida el 21 de julio
de 2025 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

Posteriormente, hizo un recuento de los argumentos analizados en el trámite del
proceso ejecutivo y concluyó que la providencia atacada no transgrede algún
precedente judicial y tampoco incurrió en alguno de los defectos de procedibilidad
de la acción de tutela contra sentencia judicial, ya sea las genéricas o las
específicas.

Lo anterior, teniendo en cuenta que en esta se dejó establecido que la solitud de
adición y aclaración traía a discusión argumentos y peticiones que, o bien habían
sido abordados en la providencia, o que eran de resorte de otro proceso, pues no
fueron parte de la litis de primera instancia y mucho menos alegados en el recurso
de apelación, lo que escapa del control de esa corporación.

10 En la contestación refirió que «es la sociedad fiduciaria que obra única y exclusivamente como

vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES -PAR CAPRECOM
LIQUIDADO-».

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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por los señores Anyelí Ruiz Guerrero, Rubén Hernández Anillo, Rubén
Daniel Hernández Ruiz, Aquilino Rubén Hernández Barros y Martha Elena Guerrero
González, de conformidad con lo establecido en los Decretos 1069 de 2015 y 333
de 2021, y en el Acuerdo 080 de 201911 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Cuestión previa

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y la Fiduciaria La Previsora
S.A. solicitaron su desvinculación al considerar que no tiene legitimación en la causa
por pasiva, toda vez que no es la autoridad que expidió las providencias enjuiciadas.
Sin embargo, esta petición será negada, puesto que su vinculación en esta instancia
se hizo en calidad de terceros con interés en las resultas del proceso y no como
parte demandada.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración a los derechos fundamentales advertidos por los accionantes, por parte
del Tribunal Administrativo del Atlántico, con ocasión de la providencia proferida el
23 de octubre de 2025.

Para el efecto se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) el análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad,
y (iii) el caso en concreto.

2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 2012 12
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema13.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales14.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».

11 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
12 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE

TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
13 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
14 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».

10
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Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201415, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Relevancia constitucional

Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta pertinente
recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022, en
cuanto a la procedencia de la acción de tutela de cara a este requisito, así:

[…] 40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez
de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para reabrir debates meramente legales. Para determinar si este
requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance
de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales […].

Por su parte, esta Sala ha dispuesto que el estudio de la relevancia constitucional
debe estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional en
la sentencia C-590 de 2005 y acogidos por esta corporación en sentencia de
unificación del 5 de agosto de 201416, que en concreto se refieren a:

i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo sólo está
instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que
el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no debe ser un debate
exclusivamente legal.

iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la
tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas
a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera instancia17.

15 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 29 de

septiembre de 2022, expediente N.º 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas
Gil.
17 Énfasis de la sala.

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Sobre el particular, se considera que este asunto no es relevante
constitucionalmente, como se pasará a explicar.

En primera medida se recuerda que, tanto en el recurso de apelación al interior del
proceso ejecutivo, como en el escrito de tutela, se indicó que la providencia
controvertida incurrió en unos errores al (i) existir discrepancias entre las
certificaciones de la contadora del Tribunal y las cifras utilizadas en la liquidación;
(ii) no contabilizar en debida forma los intereses moratorios, y (iii) no dar estricto
cumplimiento a la orden de tutela impartida por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B.

En esta oportunidad tales fundamentos se enmarcaron en la configuración de los
defectos fáctico, desconocimiento del precedente y procedimental absoluto por
exceso ritual manifiesto. Luego, es posible concluir que los argumentos expuestos
apuntan a convertir este mecanismo constitucional en una tercera instancia.

Sobre el punto, se itera que en materia de tutelas contra providencias judiciales le
está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de los
jueces naturales de la causa, por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente
en los argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por la parte actora dentro
del trámite de tutela, toda vez que si se analizaran solo los razonamientos de los
accionantes frente a la apreciación de las pruebas del proceso ejecutivo expuestos
en la solicitud de amparo, sin el debido contraste de un indebido e irracional estudio
por parte de la autoridad judicial, se atentaría contra el principio de autonomía
judicial y así, en últimas se convertiría el mecanismo constitucional en una tercera
instancia.

En este orden de ideas, para esta Sala los argumentos que se refieren a la indebida
valoración probatoria y en los errores en la liquidación de la mora no cuentan con la
carga argumentativa para ser estudiados, en el marco de la trasgresión de derechos
fundamentales, porque además de ser una reiteración de lo ya resuelto en sede del
proceso ejecutivo, no desvirtúan prima facie el análisis realizado por el tribunal.

Al respecto se destaca que el Tribunal Administrativo del Atlántico sustentó la
negativa de aclarar y adicionar la sentencia de 29 de septiembre de 2025 en el
hecho puntual de que los argumentos y peticiones elevados por los demandantes
fueron aspectos que ya habían sido abordados en la sentencia, que eran resorte de
otro proceso, que no fueron parte de la litis en la primera instancia o que no fueron
alegados en el recurso de apelación.

En consecuencia, la autoridad judicial accionada determinó que la aclaración y
adición solicitada no era procedente, toda vez que no observaba la existencia de
frases dentro de la providencia que ofrecieran duda o que contuvieran alguna
ambigüedad o una redacción ininteligible acerca del alcance de un concepto o frase
incluido en la decisión, y mucho menos que se hubiera omitido resolver los extremos
de la litis. Ello con fundamento en los artículos 285 y 287 del Código General del
Proceso.

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Ahora, como se mencionó previamente, en la presente acción constitucional los
accionantes alegaron que el tribunal incurrió en los defectos fáctico,
desconocimiento del precedente y procedimental absoluto al no liquidar
debidamente la mora en el proceso ejecutivo, desconocer las directrices dadas por
el Consejo de Estado en el trámite de una acción de tutela y valorar indebidamente
unas certificaciones que obraban en el expediente.

Sin embargo, la parte actora no expone por qué los argumentos dados por el
Tribunal Administrativo del Atlántico resultaban irrazonables al negar las solicitudes
de aclaración y adición.

En ese sentido, la parte accionante busca en este escenario judicial que el juez
constitucional desplace al juez natural del asunto, para obtener la interpretación y
aplicación de las normas y principios, en la forma que le parece «correcta»,
comoquiera que, se reitera, lo que pretende es que se reconozca un saldo de más
de $ 40.000.000, así como unos intereses moratorios.

Lo anterior también deja ver a la Sala que los reproches de los actores giran en
torno a un asunto puramente económico, puesto que lo que pretenden es el
reconocimiento de una suma de dinero que, a juicio de ellos, fue liquidada de
manera errada.

En cuanto al defecto por desconocimiento del precedente, la Sala advierte que
tampoco cumple con la carga argumentativa para superar el requisito de la
relevancia constitucional, comoquiera que la parte actora no indicó la regla que
presuntamente fue omitida por la autoridad judicial accionada ni como su aplicación
al caso concreto variaría la decisión del caso.

Es decir, en otros términos, lo que buscan a través del mecanismo constitucional es
crear una instancia adicional, en la que se estudien nuevamente los cargos que ya
fueron zanjados por los operadores judiciales del ejecutivo y, además obtener una
decisión favorable a sus intereses al conseguir una valoración distinta a la que
asumió el Tribunal Administrativo del Atlántico.

En este orden de ideas, se considera que no se acreditaron los criterios fijados por
la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado este
presupuesto, en atención a que no se justificó la presencia de una posible
trasgresión de las garantías constitucionales de los tutelantes, sino que, por el
contrario, se advierten argumentos con el fin de intentar acreditar la indebida
liquidación del crédito adeudado a los demandantes por la Fiduciaria La Previsora
S.A., para a su vez, disentir del análisis efectuado por la autoridad judicial de
segundo grado demandada.

De manera que, al aplicar las consideraciones expuestas ut supra a la controversia
planteada por los accionantes, la Sala advierte que esta no se encuentra ligada a la
satisfacción de una garantía de naturaleza constitucional, máxime cuando sus
argumentos fueron resueltos por el juez natural de la causa, lo que implica que la
tutela se torne improcedente.

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En este sentido, para esta sección, resulta claro que este asunto se circunscribe a
una inconformidad de la parte tutelante, de modo que la situación descrita es «de
competencia exclusiva del juez ordinario»18 y por ello, al funcionario constitucional
no le corresponde dirimir aspectos de esta naturaleza.

Ahora bien, en relación con el presunto incumplimiento de las órdenes impartidas
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia
de 21 de julio de 2025 dictada en la acción de tutela identificada con el radicado
11001-03-15-000-2025-02112-00/01, la Sala encuentra que el mecanismo judicial
idóneo para obtener su acatamiento era el incidente de desacato, el cual ya fue
ejercido por la parte accionante, por lo que se advierte una vez más que lo que
pretenden los actores es conseguir un resultado diferente al que obtuvieron de
manera desfavorable en esa instancia.

Finalmente, sobre la presunta temeridad que puso de presente el Tribunal
Administrativo del Atlántico en su contestación, se advierte que esta no se encuentra
configurada, teniendo en cuenta que el objeto que se analizó en el proceso 11001-
03-15-000-2025-02112-00 fueron las sentencias proferidas el 3 de septiembre de
2024 y 30 de enero de 2025, mas no el auto de 23 de septiembre de 2025 que ahora
se reprocha. Es decir que, no se cumple con la triple identidad exigida por la
jurisprudencia constitucional para encontrar acreditada una acción temeraria.

2.6. Conclusión

Así las cosas, se declarará improcedente el mecanismo constitucional presentado
por los señores Anyelí Ruiz Guerrero, Rubén Hernández Anillo, Rubén Daniel
Hernández Ruiz, Aquilino Rubén Hernández Barros y Martha Elena Guerrero
González contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, por falta de relevancia
constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

3. FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B y la Fiduciaria La Previsora S.A.

SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela presentada por
los señores Anyelí Ruiz Guerrero, Rubén Hernández Anillo, Rubén Daniel
Hernández Ruiz, Aquilino Rubén Hernández Barros y Martha Elena Guerrero
González contra el Tribunal Administrativo del Atlántico.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

18 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, reitera lo señalado en las providencias SU-573

de 2017 y C-590 de 2005.

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Demandante: Anyelí Ruiz Guerrero y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03277-00

CUARTO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación,
REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de
radicación en el siguiente link https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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