Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03301-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03301-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-03301-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
30 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D. C., treinta (30) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03301-01
Demandante: EDWIN RODRIGO VILLOTA SORIANO
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN B Y OTRO
Tema: Tutela contra providencia judicial – confirma improcedencia de
la acción por cuestionar una decisión de la misma naturaleza.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida el 12 de junio de 2026 por el Consejo de Estado, Sección
Primera, a través de la cual se declaró improcedente la acción de tutela por tratarse
de una acción de la misma naturaleza.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo1
El señor Edwin Rodrigo Villota Soriano, actuando en nombre propio, promovió
acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, y
Sección Tercera, Subsección B, a efectos de que le sean amparados sus derechos
fundamentales al debido proceso, al trabajo, de acceso a cargos públicos, a la
carrera judicial, a la igualdad de oportunidades, «a la eficiente administración de
justicia con base en el sistema de méritos», así como la aplicación de los principios
de confianza legítima y seguridad jurídica.
La trasgresión a las citadas garantías constitucionales la atribuyó a las sentencias
proferidas el 11 de agosto de 2025 y 20 de marzo de 2026 por las autoridades
judiciales accionadas, respectivamente, al interior de la acción de tutela identificada
con el radicado 11001-03-15-000-2025-04155-00/01 que promovió el actor contra
el Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
la Corte Constitucional y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
1 Índice 002 de Samai. Tutela radicada el 29 de abril de 2026, a la que se le asignó la secuencia
interna número 5236.
1
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Demandante: Edwin Rodrigo Villota Soriano
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03301-01
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
[…]
1. Dejar sin efectos la Sentencia del 20 de marzo de 2026.
2. Ordenar proferir una nueva decisión con análisis probatorio integral y motivación
suficiente, teniendo en cuenta su incidencia sobre la eficacia del fallo Constitucional
de la Sentencia SU-122 de 2022. Análisis material y efectivo, de la orden dada en
el numeral decimosegundo de la Sentencia SU122 de 2022.
1.3. Hechos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:
La Corte Constitucional, mediante la sentencia SU-122 de 2022, ordenó al Consejo
Superior de la Judicatura elaborar un estudio técnico para determinar el número de
cargos de jueces de ejecución de penas necesarios para garantizar el
funcionamiento oportuno y eficiente de la administración de justicia, dada la
situación de hacinamiento de las personas privadas de la libertad en centros de
detención transitorios. Asimismo, dispuso que el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y el Consejo Superior de la Judicatura adoptarían las medidas necesarias
para hacer efectiva la orden.
El actor manifestó ser integrante de la lista de elegibles del concurso de méritos de
empleados de carrera de tribunales, juzgados y centros de servicios de los distritos
Judiciales de Arauca, Cúcuta y Pamplona y administrativos de Norte de Santander
y Arauca,2 para el cargo de asistente jurídico de juzgado de ejecución de penas y
medidas de seguridad, grado 19, código 261803, por lo que adujo tener un interés
legítimo en el cumplimiento de citada providencia.
Por lo anterior, promovió una acción de tutela contra el Consejo Superior de la
Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Corte Constitucional y
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin de que se ordenara la creación
de los referidos juzgados en cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia SU-122
de 2022. Además, inició un incidente de desacato ante la Corte Constitucional por
incumplimiento a la referida orden, frente a la cual no había obtenido una decisión.
En primera instancia el proceso se asignó al Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B3, que mediante sentencia del 11 de agosto de 2025 declaró
2 Convocados mediante los Acuerdos SJNS17 Nos. 395 de octubre 4, 396 de octubre 6, 411 de
octubre 19 y 418 de octubre 23 de 2017.
3 Mediante auto del 8 de julio de 2025 el juez constitucional de primera instancia decidió vincular
como terceros con interés a los señores Ospino Reyes María Teresa, Acevedo Puerto Jhon Jairo,
López Contreras Adriana Katherine, Gazca Pérez Haydee, Muñoz Pava Yizel Xiomara, Villamizar
2
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improcedente el amparo, al considerar que la creación de juzgados y cargos en la
Rama Judicial correspondía al Consejo Superior de la Judicatura, sin que el juez de
tutela pueda impartir ninguna orden al respecto, pues implicaría una intromisión en
la órbita de competencia de la referida autoridad. Agregó que, pese a que el
accionante persigue el cumplimiento de la sentencia SU-122 de 2022, ello está
sujeto a «sus capacidades institucionales y presupuestales y no un proceso de
inmediata ejecución como lo requiere el accionante».
Por su parte, la Corte Constitucional señaló que no dio apertura al trámite incidental
promovido por el actor para el cumplimiento de la sentencia de unificación, por no
encontrar fundamento suficiente para darle trámite comoquiera que la
administración está ejecutando las ordenes impartidas, de acuerdo con «la realidad
presupuestal y administrativa del país». Por lo que negó el amparo respecto de esta
Corporación.
Inconforme con esa decisión, el actor impugnó la decisión, y en segunda instancia,
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante sentencia del 20
de marzo de 2026 modificó la orden y en su lugar: (i) declaró improcedente el
amparo por no cumplir con el requisito de subsidiariedad frente a la inobservancia
de la sentencia SU-122 de 2022 pese a que ya presentó un incidente de desacato,
ello no le impide presentar uno nuevo; siendo ese el mecanismo idóneo y eficaz
para controvertir el presunto incumplimiento de lo ordenado en la sentencia de
unificación y (ii) declaró configurada la cosa juzgada constitucional frente a la
supuesta vulneración de su derecho de petición por parte del Consejo Superior de
la Judicatura, DEAJ, por cuanto este asunto se examinó en la acción de tutela
identificada con el radicado 11001-03-15-000-2024-05311-00/01 en la que se
declaró la carencia actual de objeto por hecho superado en dos instancias.
1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte actora sostuvo que las providencias cuestionadas incurrieron en los
siguientes defectos:
(i) Fáctico, al omitir el análisis de las pruebas relacionadas con el cumplimiento
material de la sentencia SU-122 de 2022, en particular, lo referente al estudio
Vélez Ana Cecilia, Becerra Cañas Jesús Elías, Taborda Leiva María Johana, Moreno Cárdenas Yant
Karlo, Acevedo Gorsira Fred Anderson, Orozco Navarro Olger Armando, Rico Fuentes Yineth
Tatiana, Martínez Martínez William Andrés, Gómez Villamizar Juan Camilo, Parada Latorre
Geraldine, Laguado Sepúlveda Phoenix, como integrantes de la lista de Elegibles en el concurso de
Méritos de Empleados de Carrera de Tribunales, Juzgados y Centro de Servicios de los Distritos
Judiciales de Arauca, Cúcuta y Pamplona y Administrativos de Norte de Santander y Arauca y al
Consejo de Estado, Sección Cuarta y Sección Tercera, Subsección C, quienes conocieron en
primera y segunda instancia, respectivamente, de la acción de tutela promovida por el señor Edwin
Rodrigo Villota Soriano en la que alegó la vulneración a su derecho de petición por no recibir
respuesta alguna frente a la solicitud elevada ante el Consejo Superior de la Judicatura, DEAJ,
dirigida a que le fuera enviado el estudio técnico ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia
SU-122 de 2022. En ambas instancias se declaró la carencia actual de objeto por hecho superado
comoquiera que antes de resolver la tutela, la entidad respondió la solicitud y le remitió el estudio
técnico requerido.
3
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técnico y la ausencia de justificación sobre la falta de creación de todos los juzgados
requeridos, la no provisión de los cargos de asistente jurídico grado 19 y la
inexistencia de un estudio específico respecto del circuito de Arauca.
(ii) Decisión sin motivación: por cuanto, a su juicio, la providencia descartó la
existencia de un perjuicio irremediable sin valorar las pruebas sobre la caducidad
de la lista de elegibles, la pérdida definitiva de oportunidades laborales y la
irreversibilidad del daño alegado.
(iii) Desconocimiento del precedente constitucional sobre el cumplimiento
material de las sentencias estructurales y sobre la procedencia excepcional de la
acción de tutela en materia de concursos de méritos. Precisó que la orden impartida
en la sentencia SU-122 de 2022 no se agotaba con la sola elaboración del estudio
técnico, sino que exigía la creación y puesta en funcionamiento oportuna de los
cargos y despachos requeridos.
Finalmente indicó que se dio un hecho nuevo y sobreviniente derivado de la pérdida
de vigencia de la lista de elegibles del cargo de asistente jurídico grado 19, lo cual
le causó un perjuicio actual, cierto e irreversible porque se impidió su ejercicio del
derecho de acceso a cargos públicos por mérito, como consecuencia directa del
incumplimiento de la sentencia de unificación de la Corte Constitucional.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Mediante auto del 5 de mayo de 2026, el consejero ponente del Consejo de Estado,
Sección Primera, admitió la solicitud de amparo y ordenó notificar al accionante4 y
como accionados, al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B 5, y
Sección Tercera, Subsección B6.
Asimismo, dispuso vincular como terceros con interés en el resultado del proceso al
Consejo Superior de la Judicatura7, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial8,
a la Corte Constitucional9, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público10, al Consejo
4 Índice 007 de Samai. Notificación enviada al correo: edwinrodrigovillotasoriano@gmail.com.
5 Índice 007 de Samai. Notificación enviada a los correos: notifjbedoya@consejodeestado.gov.co;
tutelasportocarrero@consejodeestado.gov.co; notifebecerra@consejodeestado.gov.co;
sjaimesv@consejodeestado.gov.co; javilas@consejodeestado.gov.co;
dcogolloj@consejodeestado.gov.co; ces2secr@consejodeestado.gov.co
6 Índice 007 de Samai. Notificación enviada a los correos:
despacho004s3@consejodeestado.gov.co; lsanchez@consejodeestado.gov.co;
lsierrae@consejodeestado.gov.co; notiffibarra@consejodeestado.gov.co;
jgarciab@consejodeestado.gov.co; notiftutelas3@consejodeestado.gov.co
7 Índice 007 de Samai. Notificación enviada al correo: mepjbogota@cendoj.ramajudicial.gov.co.
8 Índice 007 de Samai. Notificación enviada al correo: medeaj@cendoj.ramajudicial.gov.co.
9 Índice 007 de Samai. Notificación enviada a los correos:
notificacionesjudiciales@corteconstitucional.gov.co y presidencia@corteconstitucional.gov.co.
10 Índice 007 de Samai. Notificación enviada al correo: notificacionesjudiciales@minhacienda.gov.co.
4
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de Estado, Sección Cuarta11 y Sección Tercera, Subsección C12, y a los ciudadanos
María Teresa Ospino Reyes13, Jhon Jairo Acevedo Puerto14, Adriana Katherine
López Contreras15, Haydee Gazca Pérez16, Yizel Xiomara Muñoz Pava17, Ana
Cecilia Villamizar Vélez18, Jesús Elías Becerra Cañas19, María Johana Taborda
Leiva20, Yant Karlo Moreno Cárdenas21, Fred Anderson Acevedo Gorsira22, Olger
Armando Orozco Navarro23, Yineth Tatiana Rico Fuentes24, William Andrés Martínez
Martínez25, Juan Camilo Gómez Villamizar26, Geraldine Parada Latorre27 y Phoenix
Laguado Sepúlveda28 quienes integraron el trámite de la acción de tutela anterior.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
1.6.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B29
El magistrado ponente de la decisión cuestionada se opuso a las pretensiones y
solicitó declarar la improcedencia del amparo, por dirigirse contra una sentencia
proferida dentro de otro trámite de tutela, sin que se cumplieran los requisitos
excepcionales fijados en la Sentencia SU-627 de 2015, pues el accionante no
demostró ni alegó que la providencia hubiera sido producto de una situación de
fraude.
11 Índice 007 de Samai. Notificación enviada a los correos: lrodriguezm@consejodeestado.gov.co
lruizh@consejodeestado.gov.co; llopezr@consejodeestado.gov.co; freyc@consejodeestado.gov.co
notiflrodriguez@consejodeestado.gov.co; yacevedoa@consejodeestado.gov.co;
sladinoc@consejodeestado.gov.co; notifwramos@consejodeestado.gov.co.
12 Índice 007 de Samai. Notificación enviada a los correos: ncardenasa@consejodeestado.gov.co
notifapolidura@consejodeestado.gov.co; mcorredors@consejodeestado.gov.co;
ecarvajalg@consejodeestado.gov.co; sbedoya@consejodeestado.gov.co;
notiftutelas3@consejodeestado.gov.co; jcelyc@consejodeestado.gov.co;
wbarreram@consejodeestado.gov.co; mrodriguezd@consejodeestado.gov.co;
spcalderon@consejodeestado.gov.co; notifnyepes@consejodeestado.gov.co;
lfaciolinceb@consejodeestado.gov.co.
13 Índice 007 de Samai. Notificación enviada al correo: mospinorey@cendoj.ramajudicial.gov.co.
14 Índice 007 de Samai. Notificación enviada al correo: jacevedp@cendoj.ramajudicial.gov.co.
15 Índice 007 de Samai. Notificación enviada al correo: alopezc@cendoj.ramajudicial.gov.co.
16 Índice 007 de Samai. Notificación enviada al correo: haydee.gazca@fiscalia.gov.co.
17 Índice 007 de Samai. Notificación enviada al correo: ymunozp@cendoj.ramajudicial.gov.co.
18 Índice 007 de Samai. Notificación enviada al correo: avillamve@cendoj.ramajudicial.gov.co.
19 Índice 007 de Samai. Notificación enviada al correo: jebecas67@gmail.com.
20 Índice 007 de Samai. Notificación enviada al correo: mtabordl@cendoj.ramajudicial.gov.co.
21 Índice 007 de Samai. Notificación enviada al correo: ymorenoc@cendoj.ramajudicial.gov.co.
22 Índice 007 de Samai. Notificación enviada al correo: fred_acevedo_gorsira@outlook.com.
23 Índice 007 de Samai. Notificación enviada al correo: oorozcon@cendoj.ramajudicial.gov.co y
olgerorozco@hotmail.com.
24 Índice 007 de Samai. Notificación enviada al correo: yineth_10_20@hotmail.com.
25 Índice 007 de Samai. Notificación enviada al correo: wmartinma@cendoj.ramajudicial.gov.co.
26 Índice 007 de Samai. Notificación enviada al correo: jgomezv@cendoj.ramajudicial.gov.co.
27 Índice 007 de Samai. Notificación enviada al correo: gparadal@cendoj.ramajudicial.gov.co.
28 Índice 007 de Samai. Notificación enviada al correo: fenixares_10@hotmail.com.
29 Índice 011 de Samai.
5
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Agregó que los argumentos del actor reflejan su inconformidad con la valoración
probatoria, el análisis de subsidiariedad, la cosa juzgada constitucional y el
cumplimiento de la sentencia SU-122 de 2022, asuntos ya estudiados por el juez
constitucional competente.
Finalmente indicó que poco se acreditaba la relevancia constitucional del asunto por
cuanto el accionante pretende utilizar este mecanismo como una instancia adicional
para reabrir el debate jurídico ya resuelto en la sentencia de tutela del 20 de marzo
de 2026.
1.6.2. Corte Constitucional30
La presidenta de la Corte Constitucional sostuvo que la entidad no estaba llamada
a responder por la presunta vulneración alegada, dado que los hechos narrados no
le eran imputables y ninguna pretensión se dirigía contra esa corporación, por lo
que solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva.
Agregó que el cuestionamiento a sentencias dictadas en otro trámite de tutela solo
tiene cabida cuando busca proteger un derecho fundamental que el juez
constitucional ha lesionado mediante una conducta manifiestamente arbitraria,
siempre que concurran los requisitos ordinarios de procedencia de la tutela contra
otra sentencia de la misma naturaleza.
En el presente caso, no se presente ninguno de los escenarios excepcionales
descritos, ya que el accionante pretende es que se reexamine la cuestión relativa al
presunto incumplimiento de la sentencia SU-122 de 2022, asunto que ya fue objeto
de pronunciamiento en dos ocasiones dentro de la misma acción de tutela.
1.6.3. Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial31
La asistente legal de la entidad solicitó su desvinculación o, en subsidio, negar las
pretensiones, al considerar que no se encuentra legitimada en la causa por pasiva,
pues no profirió las decisiones cuestionadas ni tiene competencia para dejarlas sin
efectos. Precisó que, conforme a la Ley 270 de 1996, es un órgano técnico y
administrativo de la Rama Judicial, sin injerencia en las providencias adoptadas por
jueces y magistrados, y agregó que la acción pretende reabrir un debate ya definido
en sede judicial.
1.6.4. Consejo de Estado, Sección Cuarta32
La magistrada ponente de la sentencia de primer grado dentro del trámite de tutela
11001-03-15-000-2024-05311-00, explicó que el actor promovió ese mecanismo
30 Índice 012 de Samai.
31 Índice 015 de Samai.
32 Índice 017 de Samai.
6
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constitucional con el fin de obtener respuesta por parte del Consejo Superior de la
Judicatura, DEAJ a una petición relacionada con el estudio técnico ordenado en la
Sentencia SU-122 de 2022 por parte de la Corte Constitucional, asunto en el que,
mediante sentencia del 7 de noviembre de 2024, se declaró la carencia actual de
objeto por hecho superado comoquiera que antes de dictarse el fallo de tutela, la
entidad remitió al actor el documento técnico CSJ-UDAE-DT22-DT19A denominado
«Plan Integral de Descongestión para la Especialidad Penal», cumpliendo así las
órdenes de las sentencias T- 099 de 2021 y SU-122 de 2022 de la Corte
Constitucional.
La anterior decisión se confirmó por la Sección Tercera, Subsección C de la
Corporación mediante providencia del 7 de febrero de 2025, a su vez, la Corte
Constitucional excluyó el asunto del trámite de revisión eventual.
Finalmente sostuvo que no existe acción u omisión atribuible a ese despacho y que
no se cumplen los requisitos de la Sentencia SU-627 de 2015 para la procedencia
de este mecanismo constitucional contra una sentencia de la misma naturaleza,
dado que no se advierte una situación de fraude en la anterior tutela, por lo que pidió
que se declare improcedente o se niegue el amparo.
1.6.5. Ministerio de Hacienda y Crédito Público33
Esta cartera ministerial pidió negar el amparo, o en su defecto su desvinculación
porque carece de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no ha vulnerado
los derechos constitucionales invocados, ni es responsable de los trámites y/o
actuaciones reclamadas por la parte accionante, ni profirió las sentencias
cuestionadas.
1.6.6. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B34
El magistrado ponente de la sentencia proferida en primera instancia dentro de la
anterior tutela señaló que la acción es improcedente, por dirigirse contra una
sentencia proferida dentro de otro trámite de la misma naturaleza, y que, conforme
a la sentencia SU-627 de 2015, este mecanismo constitucional solo procede contra
fallos de la misma naturaleza de manera excepcional, cuando se acredita una
situación de fraude que configure cosa juzgada fraudulenta, escenario que en este
caso no se presenta.
1.6.7. Los señores María Teresa Ospino Reyes, Jhon Jairo Acevedo Puerto, Adriana
Katherine López Contreras, Haydee Gazca Pérez, Yizel Xiomara Muñoz Pava, Ana
Cecilia Villamizar Vélez, Jesús Elías Becerra Cañas, María Johana Taborda Leiva,
Yant Karlo Moreno Cárdenas, Fred Anderson Acevedo Gorsira, Olger Armando
Orozco Navarro, Yineth Tatiana Rico Fuentes, William Andrés Martínez Martínez,
Juan Camilo Gómez Villamizar, Geraldine Parada Latorre y Phoenix Laguado
33 Índice 019 de Samai.
34 Índice 020 de Samai.
7
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Sepúlveda, pese a estar debidamente notificados del presente trámite, guardaron
silencio.
1.7. Sentencia de primera instancia35
El Consejo de Estado, Sección Primera, mediante providencia del 12 de junio de
2026, negó las solicitudes de desvinculación elevadas por la Corte Constitucional,
el Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. A su vez, declaró improcedente el
mecanismo constitucional de la referencia, por considerar que no se cumplieron los
requisitos para la procedencia excepcional de la tutela contra una providencia
dictada en otro proceso de la misma naturaleza.
En particular, estimó que el accionante no demostró la existencia de una actuación
engañosa, artificiosa o deliberadamente orientada a defraudar el ordenamiento
jurídico, ni que la providencia cuestionada se hubiera adoptado con base en hechos
falsos u ocultos, o mediante el uso abusivo de los mecanismos procesales. Por el
contrario, la decisión reprochada fue adoptada dentro de un trámite constitucional
regular y con fundamento en la valoración jurídica efectuada por el juez de tutela.
1.8. Impugnación36
La parte actora presentó escrito de impugnación en el que solicitó revocar el fallo
de primer grado y, en su lugar, conceder el amparo, con lo cual iteró que la decisión
cuestionada incurre en los yerros fáctico, decisión sin motivación y desconocimiento
del precedente constitucional.
Aunado a lo anterior, reiteró que la sentencia impugnada omitió analizar el hecho
nuevo y sobreviniente consistente en la expiración de la lista de elegibles en octubre
de 2025, que ocurrió antes del fallo de segunda instancia del 20 de marzo de 2026,
el cual, a su juicio, desvirtúa la improcedencia automática de la tutela contra tutela.
Añadió que el a quo constitucional se limitó a un juicio formal de improcedencia, sin
efectuar el control material del cumplimiento de la sentencia SU-122 de 2022 y sin
tener en cuenta que la orden debía acatarse en la vigencia fiscal del 2023, lo que
nunca se hizo.
Por lo expuesto, consideró que se vulneran sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia puesto que no se examinó que
lo acontecido impacta negativamente sus derechos de carrera judicial y mérito.
35 Índice 023 de Samai.
36 Índice 027 de Samai. La sentencia se notificó el 23 de junio de 2026 a través de correo electrónico
y el escrito contentivo de la impugnación fue radicado el día 26 del mismo mes y año, por lo que fue
oportuna su interposición. El recurso se concedió en auto del 7 de julio de 2026.
8
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II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para resolver la impugnación formulada por la parte
accionante, conforme lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el numeral 7° del
artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, y el Acuerdo 080 de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2.2. Problema jurídico
En este punto, la Sala precisa que, si bien el escrito inicial de este mecanismo está
dirigido contra lo decidido por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B y Sección Tercera, Subsección B, la Sala se enfocará solo en la sentencia de esa
última, por cuanto fue la que puso fin al proceso.
Conforme lo establecido en los antecedentes, las pretensiones invocadas por la
parte accionante, el material probatorio recaudado y la decisión emitida en primera
instancia, corresponde a la Sala definir si confirma, modifica o revoca la sentencia
proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, el 12 de junio de 2026. Para
lo cual, se deberán abordar los siguientes interrogantes:
● ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en
contra de providencias judiciales?
En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:
● ¿El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, vulneró los derechos
fundamentales del accionante con ocasión de la sentencia dictada 20 de
marzo de 2026, al interior de la acción de tutela con radicado 11001-03-15-
000-2025-04155-00/01?
Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
asuntos: (i) el criterio de la Sección sobre procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva; y de superarse,
(iii) el caso concreto.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201237
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
37 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.
María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
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Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema38 y declaró su
procedencia39..
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Tutela contra decisión de tutela
La Corte Constitucional, en sentencia SU-627 del 1° de octubre de 2015, precisó la
improcedencia de la acción de tutela interpuesta contra decisiones de la misma
naturaleza por cuanto «la resolución del conflicto se prolongaría indefinidamente en
desmedro tanto de la seguridad jurídica como del goce efectivo de los derechos
fundamentales».
Por lo tanto, en los términos del referido precedente, al admitirse una nueva acción
de tutela se instituiría un recurso adicional para la insistencia en la revisión de un
proceso ya concluido, lo que es contrario a la Constitución y a las normas que
reglamentan la materia, ya que, una vez culminado el trámite procesal
correspondiente, opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.
38 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
39 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
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Sin embargo, en la misma providencia, la Corte Constitucional aclaró que,
excepcionalmente, procede la acción de tutela contra providencias proferidas en
ejercicio de la acción de amparo constitucional, bajo los siguientes parámetros:
[…] 4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata
de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra
la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a
ella.
4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la
de que no procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido
proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas
de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de
dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal
de la República, la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno
de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con
los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad
procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de
manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de
tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y
(iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la
situación.
4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela
diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad
o con posterioridad a la sentencia.
4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la
omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los
terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela
sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para
su revisión.
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de
lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción
de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho
fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato,
y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional40” (Negrillas fuera de texto).
Como se lee, el máximo órgano constitucional ha aceptado de manera excepcional
la procedencia de este mecanismo de amparo contra una providencia de tutela,
siempre que se compruebe de manera clara y suficiente que la sentencia acusada
fue producto de un fraude.
40 Corte Constitucional, Sentencia SU-627 de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo.
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Así, además de cumplirse con los demás requisitos previstos para la procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial, es necesario que el accionante
demuestre la configuración de una situación fraudulenta y que no exista otro medio
ordinario o extraordinario para resolver esa situación.
2.6. Caso concreto
Al respecto, la Sala advierte que la solicitud de amparo de la referencia no se
relaciona con una de aquellas hipótesis establecidas por la jurisprudencia
constitucional en las que, de manera excepcional, es procedente el mecanismo
constitucional contra una providencia de tutela; es decir, que con motivo de un
fraude se hubiere producido cosa juzgada fraudulenta, como pasa a explicarse:
En el caso bajo análisis, el actor sostiene que la vulneración de sus garantías
constitucionales se ocasionó porque el juez de tutela no valoró el cumplimiento
material de la sentencia SU-122 de 2022, ni el perjuicio derivado del vencimiento de
la lista de elegibles de la cual hacía parte.
La referida discrepancia fue planteada ante el ad quem constitucional, no obstante,
este decidió que el cumplimiento de las ordenes emitidas en la sentencia de
unificación debían ser vigiladas por la Corte Constitucional, por ser la que emitió el
fallo que se pretende hacer cumplir por esta vía. Al respecto, indicó:
1) En el presente asunto se advierte que la parte demandante señaló que se
vulneraron sus derechos constitucionales fundamentales, puesto que no se crearon
todos los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, conforme el
estudio técnico ordenado en la sentencia SU-122 de 2022, lo cual impidió que se
garantizara su eventual nombramiento como integrante de la lista de elegibles;
además, porque no se ha dado trámite al incidente de desacato que presentó para
exigir que se verificara el cumplimiento de lo ordenado en el fallo de unificación.
2) No obstante, de entrada, la Sala advierte que, revisada la solicitud de tutela objeto
de examen, la misma es improcedente en los términos previstos por el ordinal 1° del
artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, en razón a que, a pesar de que se invoca la
vulneración de derechos fundamentales, el demandante cuenta con el trámite
incidental de desacato para formular las mismas peticiones que pretende por esta
vía, relacionadas con el presunto incumplimiento de las autoridades demandadas
en acatar lo dispuesto en la sentencia de unificación.
3) Para la Sala resulta claro que, si bien el demandante ya hizo uso del incidente de
desacato, mecanismo que, por su naturaleza, resulta idóneo y eficaz para
controvertir el presunto incumplimiento de lo ordenado en la sentencia de
unificación, dicha solicitud fue resuelta de manera desfavorable por la autoridad
competente, en este caso, la Corte Constitucional, por no encontrar mérito para dar
apertura al trámite incidental.
[…]
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No obstante, y pese a que el accionante es reiterativo en señalar que, la referida
providencia vulnera sus derechos fundamentales, se evidencia que este no precisó
ningún hecho que constituya fraude, pues tanto en el escrito de amparo como en la
impugnación formulada la parte actora se limitó a cuestionar la valoración probatoria
y el análisis de subsidiariedad efectuados por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, por no compartir el razonamiento del fallador constitucional.
Sin que de ello se derive una conducta fraudulenta.
Ello, en cumplimiento de lo advertido por la Corte Constitucional en sentencia SU-
627 de 2015 con ponencia del magistrado Mauricio González Cuervo, en la cual se
indicó que «la cosa juzgada debe ceder cuando se encuentra plenamente probada
la ilegalidad de una decisión por parte de las autoridades competentes, como el
fraude a la ley o un fraude procesal».
Sobre la configuración del fraude, el máximo tribunal constitucional, en la sentencia
antes mencionada, reconoció que aquel puede ser cometido, por una parte, por
ambas o por el juez que conoce el asunto, por lo que amerita la intervención del
juez constitucional para evitar que una orden fraudulenta se materialice. Dicha
actuación debe predicarse de los sujetos procesales al interior de la acción
constitucional.
En este punto, la Sala considera importante señalar que, en el sustento de las
providencias proferidas por las autoridades judiciales accionadas no se encuentra
vicio alguno producto de una situación fraudulenta; además, la parte actora no
aporta prueba de la existencia de dicha situación, para que proceda el principio fraus
omnia corrumpit.
Ahora bien, el accionante insiste en que la expiración de la lista de elegibles en
octubre de 2025 constituye un hecho sobreviniente que rompe la identidad de cosa
juzgada y desvirtúa la improcedencia de la tutela contra tutela. Sin embargo, la Sala
advierte que dicho argumento se orienta igualmente a controvertir el análisis
efectuado por el juez constitucional en el trámite de tutela anterior, sin que ello
habilite por sí solo, la procedencia excepcional que aquí se estudia, pues el estándar
exigido por la Sentencia SU-627 de 2015 no es la existencia de un hecho nuevo,
sino la demostración clara y suficiente de una situación de fraude o de un fraude a
la ley, la cual no se acreditó en el presente asunto.
En consecuencia, se confirmará la decisión de primera instancia adoptada por el
Consejo de Estado, Sección Primera, que declaró improcedente este mecanismo
por no superar el requisito general de procedibilidad concerniente a que no se trate
de una tutela contra una sentencia de la misma naturaleza, ni haberse cumplido con
los requisitos exigidos por la Corte Constitucional para flexibilizar tal exigencia.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
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FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 12 de junio de 2026 por el
Consejo de Estado, Sección Primera, en cuanto declaró improcedente el presente
mecanismo, de acuerdo con los argumentos desplegados en la parte considerativa.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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