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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05311-00

Fecha
7 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05311-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Negar la solicitud de aclaración o adición del auto admisorio propuesta por el señor Edwin Rodrigo Villota Soriano, por los motivos expuestos en esta providencia. 2. Declarar la carencia de objeto por hecho superado de la acción de tutela interpuesta por el señor Edwin Rodrigo Villota Soriano, dadas las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. 3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 5. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-05311-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

7 de noviembre de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05311-00
Demandante: Edwin Rodrigo Villota Soriano

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05311-00
Demandante: EDWIN RODRIGO VILLOTA SORIANO
Demandada: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Temas: Acción de tutela. Derecho de petición. Estudio técnico
ordenado en Sentencia SU-122 de 2022.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por el señor Edwin Rodrigo Villota Soriano de conformidad con lo
dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 1 de octubre de 20241, el señor Edwin Rodrigo Villota Soriano interpuso acción
de tutela, en nombre propio, contra el Consejo Superior de la Judicatura, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, petición,
trabajo, acceso a cargos públicos e igualdad.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«a. PRETENSIONES PRINCIPALES. Se tutelen los derechos invocados y, en consecuencia:
1. Se ordene al accionado, Consejo Superior de la Judicatura, que en el término de 48 horas
siguientes al fallo de tutela, den respuesta; (i) clara, esto es, inteligible y contentiva de
argumentos de fácil comprensión; (ii) precisa, de manera que atienda directamente lo
pedido sin reparar en información impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o
elusivas; (iii) congruente, de suerte que abarque la materia objeto de la petición y sea
conforme con lo solicitado; y (iv) consecuente con el trámite que se ha surtido. En
consecuencia comparta el Estudio Técnico ordenado en la Sentencia SU-122 de 2022,
con el ánimo de dar claridad a los interrogantes planteados, en especial a lo que respecta
a los departamentos de Norte de Santander y Arauca.
b. PRETENSIÓN SUBSIDIARIA. Compartido el Estudio Técnico ordenado en la Sentencia
SU-122 de 2022, previniendo las posibles vulneraciones a los derechos: al Trabajo, a
Ocupar Cargos Públicos, los Derechos de Carrera Judicial, la Eficiente Administración de
Justicia, con base en el sistema de méritos, en Igualdad de Oportunidades, el Ingreso y
Ascenso en el Servicio de Funcionarios y Empleados con Estabilidad e Independencia,
cuando ya ha paso más de un (01) año desde la orden: “(…), deberán adoptar las
medidas necesarias para que a inicios de la próxima vigencia fiscal entren en
funcionamiento estos juzgados.”, contenida en el numeral decimosegundo del Resuelve,
en subsidiaridad, respetuosamente solicito;
2. Se tomen las medidas necesarias, para garantizar que conforme el resultado arrojado por
el Estudio Técnico ordenado en la Sentencia SU-122 de 2022, se creen los Juzgados de

1 Índice 2 en Samai.
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Demandante: Edwin Rodrigo Villota Soriano

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, necesarios y se oferten los cargos, durante
la vigencia de la lista de elegibles, para ocupar los cargos en los Juzgados de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad, en especial el cargo de Asistente Jurídico Grado 19,
conforme fueron concedidos los Juzgados desde su creación, mediante el ACUERDO
No. 14 “Por el cual se crean los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad”, del siete (7) de julio de mil novecientos noventa y tres (1993) y así evitar una
pérdida de oportunidad».

2. Hechos

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. En la Sentencia SU-122 de 2022, la Corte Constitucional analizó la situación
de personas privadas de la libertad en centros de detención transitorios como
estaciones y subestaciones de Policía y unidades de reacción inmediata (URI).
La Corte constató que la situación de hacinamiento de los establecimientos
penitenciarios y carcelarios es tan crítica que las personas que son capturadas
y cuya situación jurídica ya ha sido definida por un juez no pueden ser
trasladadas e ingresar formalmente al Sistema Penitenciario y Carcelario 2.

A su vez, la Corte consideró que en lo que respecta a las personas privadas
de la libertad en esos lugares transitorios existe un estado de cosas
inconstitucional. Por lo tanto, dispuso un plan de acción dividido en dos fases:
(i) una transitoria, compuesta por órdenes urgentes y de cumplimiento
inmediato; y (ii) una definitiva, conformada por órdenes complejas a mediano
y largo plazo.

Entre las órdenes de la fase transitoria incluyó una dirigida al Consejo Superior
de la Judicatura, consistente en la realización de un estudio técnico que
permita establecer el número de cargos de jueces de ejecución de penas
necesarios para garantizar oportunamente los derechos de las personas
privadas de la libertad en centros de detención transitorios. La orden impartida
fue la siguiente:
«Décimo segundo. ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura que elabore un estudio
técnico que determine el número de cargos de jueces de ejecución de penas que garanticen
el funcionamiento y la oportuna y eficiente administración de justicia, con el objetivo de atender
la problemática identificada por la Corte en el marco del estado de cosas inconstitucional. El
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Consejo Superior de la Judicatura, desde sus
respectivas competencias, deberán adoptar las medidas necesarias para que a inicios de la
próxima vigencia fiscal entren en funcionamiento estos juzgados».

2.2. El 30 de agosto de 2024, el señor Edwin Rodrigo Villota Soriano presentó
derecho de petición ante el Consejo Superior de la Judicatura, en el cual
solicitó se le remitiera el estudio técnico ordenado en la Sentencia SU-122 de
2022. Sostuvo que requería dicho documento con el fin de resolver los
siguientes interrogantes:
«1. Por qué se creó un solo juzgado en Cúcuta, Juzgado 007 de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Cúcuta, Acuerdo No. PCSJA23-12124 del 19 de diciembre de
2023, "Por medio del cual se crean unos despachos y cargos de carácter permanente en la
Jurisdicción Ordinaria a nivel nacional".
Cuando se requerirían por lo menos cinco (05) Juzgados más, teniendo en cuenta los
Juzgados Penales del Circuito Judicial de Cúcuta, Los Patios, Pamplona y Ocaña, dos
(02) en Cúcuta, uno (01) en Los Patios, uno (01) en Pamplona y uno (01) en Ocaña, por
lo menos.

2 Corte Constitucional. Sentencia SU-122 de 2022.
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2. Por qué no se crearon los cargos de Asistente Juridico Grado 19, en los dos Juzgados
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ocaña; Juzgado 001 de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Ocaña y Juzgado 002 de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Ocaña.
Cual fue el sustento para dejar sin Asistente Juridico Grado 19, cuando desde la creación
de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, ACUERDO No. 14 "Por
el cual se crean los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad", cuando desde el
siete (7) de julio de mil novecientos noventa y tres (1993), fueron concebidos con un
Asistente Jurídico Grado 19. Incluso los siete (07) Juzgados de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Cúcuta, cuentan con un Asistente Jurídico Grado 19 cada uno,
razón por la que no se explica ese trato discriminatorio, máxime cuanto el Municipio de
Ocaña Norte de Santander, no cuenta con un Centro de Servicios para los Juzgados
Penales, situación que obliga a consultar a los Jueces primero y segundo de los Juzgados
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ocaña, si con la creación de un cargo
de Asistente Jurídico Grado 19 para cada uno, pueden realizar su trabajo de forma más
eficiente, habida cuenta que "garanticen el funcionamiento y la oportuna y eficiente
administración de justicia", conforme ordena la Sentencia SU-122 de 2022, en el numeral
Decimosegundo del fallo, respecto del Honorable Consejo Superior de la Judicatura y la
Administración de Justicia.
3. Por qué no se crearon Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en
Arauca, conforme ordena la Sentencia SU-122 de 2022, en el dos mil veinte tres (2023).
siendo clara la orden; "(...), deberán adoptar las medidas necesarias para que a inicios de la
próxima vigencia fiscal entren en funcionamiento estos juzgados", entiéndase que la próxima
vigencia fiscal aplica a partir de enero de dos mil veinte tres (2023), toda vez que la
Sentencia SU-122 de 2022, está fechada en Bogotá D. C., el treinta y uno (31) de marzo
de dos mil veintidós (2022). Municipio que solo cuenta con un Juzgados de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad.
Cual fue el sustento para no crear por lo menos, dos (02) Juzgados de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad en Arauca, uno (01) en Arauca y uno (01) en Saravena,
que cuenten con un (01) Asistente Jurídico Grado 19 cada uno, conforme lo indica el
acuerdo que creo los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad,
ACUERDO No. 14 "Por el cual se crean los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad, al igual que los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
creados en Cúcuta, máxime teniendo en cuenta los Juzgados Penales del Circuito
Judicial de Arauca y Saravena
Solicitud respetuosa que se requiere para entender los sustentos de la creación de un
solo Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en Cúcuta, la no creación
de los cargos de Asistente Jurídico Grado 19, en los dos juzgados de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Ocaña, y por qué no se crearon juzgados de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad en Arauca, situación mas notoria y particular, cuando la
Sentencia SU-122 de 2022, en el fallo resalta los Municipios de Arauca y Cúcuta, lo que
se podría entender como zonas de particular importancia, a efectos de dar cumplimiento
con el fallo de la Sentencia SU-122 de 2022».(sic para toda la cita)

2.3. Mediante Oficio UDAEO24-3229 de 30 de septiembre de 2024, el Consejo
Superior de la Judicatura emitió respuesta a la petición del señor Edwin
Rodrigo Villota Soriano. Le informó que en cumplimiento de la orden dispuesta
en la Sentencia SU-122 de 2022 expidió el Plan Integral de Descongestión
para la Especialidad Penal.

Seguido, prosiguió a emitir pronunciamiento sobre los interrogantes
planteados en la petición. Frente al primero, relacionado con los motivos por
los cuales únicamente se creó un solo juzgado de ejecución de penas y
medidas de seguridad en Cúcuta, la autoridad le informó que para la
asignación de partidas presupuestales se realiza un anteproyecto de
presupuesto que justifica los recursos solicitados, con base en las necesidades
identificadas en la Rama Judicial. Indicó que, pese a lo requerido, el Gobierno
Nacional no asigna la totalidad de partidas solicitadas. Le informó que en el

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link https://www.ramajudicial.gov.co/web/publicaciones/2023-2024j puede conocer
a más detalle aspectos relacionados con el presupuesto histórico asignado.

Seguido, le indicó que en los últimos años la asignación de recursos ha
permitido la creación de despachos judiciales, el fortalecimiento de la planta
de personal de algunos despachos y centros de servicios y la especialización
y ampliación en la cobertura del servicio de justicia. También sostuvo que ha
sido esencial establecer un orden de prioridad para abordar las diversas
necesidades de las jurisdicciones con el fin de no exceder el monto global
fijado en la ley de apropiaciones iniciales.

Dicho lo anterior, le informó que en los distritos judiciales de Cúcuta y
Pamplona, en la especialidad penal, se crearon dos juzgados de ejecución de
penas y medidas de seguridad en Cúcuta.

Por otro lado, respecto al interrogante sobre las razones por las cuales no se
crearon los cargos de asistente jurídico grado 19 en los dos Juzgados de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ocaña, el Consejo Superior
le informó que en el artículo 30 del Acuerdo PSAA15-10402 de 2015 se
estableció la planta tipo de los juzgados de ejecución de penas y medidas de
seguridad de la siguiente manera:
«ARTÍCULO 30.- Adopción de planta para el modelo de gestión de los Juzgados de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad: Adoptar la siguiente planta de personal para los Juzgados
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, salvo las estructuras particulares definidas
en acuerdos anteriores:
1. Donde existe Centro de Servicios Administrativos:
Un (1) cargo de Juez, un (1) cargo de Asistente Juridico grado 19, un (1) cargo de
Sustanciador y un (1) cargo de Asistente Administrativo grado 6.
2. Donde no existe Centro de Servicios Administrativos:
Un (1) cargo de Juez, un (1) Secretario, un (1) cargo Asistente Social grado 18, un (1)
cargo de Sustanciador, un (1) cargo de Asistente Administrativo grado 6 y un (1) cargo
de Citador».
Explicó que como Ocaña no cuenta con un centro de servicios administrativo,
la planta de personal para los juzgados de ejecución de penas y medidas de
seguridad de Ocaña está compuesta por un juez, un asistente social grado 18,
un sustanciador, un asistente administrativo grado 6 y un citador.

Por último, frente al interrogante de las razones por las cuales no se crearon
juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad en Arauca, el Consejo
Superior resaltó que la Sentencia SU-122 de 2022 no incluyó ninguna orden
expresa de crear ese tipo de juzgados en un municipio específico, como en
Arauca.

3. Fundamentos de la acción

El accionante consideró vulnerado su derecho de petición presentado el 30 de
agosto de 2024, debido a que el Consejo Superior de la Judicatura no le remitió el
estudio técnico ordenado en la Sentencia SU-122 de 2022, ni ningún tipo de estudio.

Además, afirmó que en la respuesta dada tan solo se hizo mención a unos
supuestos estudios que no se compartieron y a unos acuerdos de medidas para la
prestación del servicio de justicia en los despachos judiciales y creación de
despachos judiciales, pero nada relacionado con el estudio técnico solicitado.
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Tampoco se indicó, por lo menos, la justificación y necesidad de crear o no de
juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad, en especial en los
departamentos de Norte de Santander y Arauca.

Aseguró que la autonomía del Consejo Superior de la Judicatura no es suficiente
para determinar en qué departamentos crear los juzgados de ejecución de penas y
medidas de seguridad. Justamente, por ese motivo la Corte Constitucional ordenó
la realización de un estudio técnico, pues lo pretendido es «Una justificación real y no
la simple manifestación de autonomía justificada con tecnicismos».

Indicó que al no existir tal estudio técnico surge una posible pérdida de oportunidad
para quienes, como él, están en la lista de elegibles vigente para ocupar el cargo de
asistente jurídico grado 19, en la medida en que estos juzgados no han entrado en
funcionamiento. Agregó que ha pasado más de un año desde que la Corte impartió
la orden, por lo que no hay excusa para que no esta no se haya materializado.

Censuró que, si bien el Consejo Superior realizó un Plan Integral de Descongestión
para la Especialidad Penal, lo cierto es que esto no fue lo ordenado por la Corte
Constitucional. Se preguntó «en qué parte o capítulo de ese Plan Integral de descongestión
para la especialidad penal, se estudió puntualmente el número de cargos de jueces de ejecución de
penas que garanticen el funcionamiento y la oportuna y eficiente administración de justicia, con el
objetivo de atender la problemática identificada por la Corte en el marco del estado de cosas
inconstitucional».
Finalmente, aclaró que en la petición no solicitó la creación de juzgados de
ejecución de penas y medidas de seguridad, ni la disponibilidad presupuestal para
la creación de estos, ni el nombramiento de personas integrantes de la lista de
elegibles. Subrayó que únicamente se pidió el estudio técnico ordenado por la Corte
Constitucional.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. En auto de 4 de octubre de 2024, se admitió la acción de tutela interpuesta por
el señor Edwin Rodrigo Villota Soriano contra el Consejo Superior de la
Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial; y se ordenó
efectuar las notificaciones correspondientes.

4.2. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial sostuvo que de
conformidad con el numeral 5 del artículo 85 de la Ley 270 de 1996 y el
numeral 2, artículo 36 del Acuerdo PCSJA23-12131 de 29 de diciembre de
2023, a la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de
la Judicatura le compete crear, ubicar, redistribuir, fusionar, trasladar,
transformar y suprimir tribunales y sus salas, juzgados y salas
desconcentradas en ciudades diferentes de las sedes de los distritos
judiciales.

En cambio indicó que, de acuerdo con el artículo 98 de la Ley 270 de 1996, su
objeto es fungir como «el órgano técnico y administrativo que tiene a su cargo la
ejecución de las actividades administrativas de la Rama Judicial, con sujeción a las
políticas y decisiones de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura».

Con base en lo anterior, manifestó que no es la competente para efectuar los
estudios técnicos sobre el número de cargos de jueces de ejecución de penas,
pues esto le corresponde a la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del
Consejo Superior de la Judicatura. En consecuencia, solicitó declarar su falta
de legitimación en la causa por pasiva y desvincularlo del trámite de tutela.
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4.3. El actor solicitó la aclaración o adición del auto admisorio, porque consideró
necesario vincular a la Sala Plena de la Corte Constitucional en cabeza de los
magistrados Diana Fajardo Rivera, Cristina Pardo Schlesinger y José
Fernando Reyes Cuartas, ponentes de la Sentencia de Unificación SU-122 de
2022 y quienes tienen la obligación de velar por el cumplimiento de lo
ordenado.

Asimismo, consideró que debía vincularse a los Juzgados Primero y Segundo
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ocaña, para que expongan
su afectación «sobre todo el hecho de no haberles creado un Asistente Jurídico Grado
19».

Igualmente, consideró que debían ser vinculados los integrantes de la lista de
elegibles vigente, para ocupar los cargos en los juzgados de ejecución de
penas y medidas de seguridad, en especial del cargo de asistente jurídico
grado 19, debido a que ya ha pasado más de un año desde que se profirió la
orden. Por lo tanto, se podría estar causando un daño enorme a los integrantes
de la lista, por la pérdida de oportunidad, ya que las listas de elegibles están a
punto de vencer.

4.4. El Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Desarrollo y Análisis
Estadístico aseguró que se configuró la carencia actual de objeto, debido a
que mediante Oficio UDAEO24-3229 respondió de fondo la petición, notificado
al solicitante el 30 de septiembre de 2024. Además, indicó que mediante Oficio
UDAEO24-3466 de 10 de octubre de 2024 remitió al peticionario el documento
técnico CSJ-UDAE-DT22-DT19A denominado como Plan Integral de
Descongestión para la Especialidad Penal Cumplimiento a las Órdenes de las
Sentencias T- 099 de 2021 y SU-122 de 2022.

Por otra parte, manifestó que la pretensión subsidiaria, referente a crear unos
juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad con cargos de
asistente jurídico grado 19, es improcedente, conforme lo ha establecido la
Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado en su jurisprudencia.

4.5. El actor presentó memorial pronunciándose sobre el informe rendido por la
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la
Judicatura. Reconoció que efectivamente el 10 de octubre de 2024 tal
autoridad le remitió el Plan Integral de Descongestión para la Especialidad
Penal Cumplimiento a las Órdenes de las Sentencias T- 099 de 2021 y SU-
122 de 2022.

Sin embargo, reprochó que en el referido Plan no se hizo ningún tipo de
mención del departamento de Arauca, pese a que en la Sentencia de
Unificación SU-122 de 2022 sí se hizo referencia a este.

Asimismo, subrayó que en el mencionado Plan se dispuso que para Cúcuta se
requieren tres juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad y para
Ocaña uno. Censuró que en Cúcuta faltan dos por crear, conforme se
desprende del Acuerdo Nro. PCSJA23-12124 de 19 de diciembre de 2023,
mediante el cual solo se creó uno de estos.

Indicó que la accionada continúa sin dar respuesta de fondo y congruente con
lo solicitado ya que, a pesar de que se remitió el plan técnico, las preguntas

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formuladas en la petición no fueron contestadas. Al respecto, el actor
manifestó lo siguiente:
«✓ Respecto a la primera interrogante, faltan dos Juzgados de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad para el Circuito de Cúcuta.
✓ Respecto de la segunda interrogante, no hay explicación en derecho, ni un estudio serio,
real y objetivo, para no crear los dos (02) cargos de Asistente Jurídico Grado 19, faltantes
en los Juzgados primero y segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para
el Circuito de Ocaña. (…)
✓ Respecto de la tercera interrogante, aunque la Sentencia SU-122 de 2022, deja ver la
importancia del departamento de Arauca, lo que ameritaría la presentación de un estudio
serio y objetivo, por lo menos de los motivos y razones, para no crear Juzgados de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en Arauca. El allegado Plan Integral,
simplemente omite cualquier explicación de las razones para hacer o no hacer, solo se
limita en la página 114, ha incluir una tabla bajo el título “Tabla 46. Resumen propuesta
de creación de cargos de sustanciador y de asistente social para asignar a cada despacho
de EPMS”, donde incluye al Municipio de Arauca en la primera columna titulada “Distrito
judicial”, limitándose solo a señalar uno (01) en la fila titulada “Sustanciador para crear”,
paro (sic) no se observa ningún tipo de justificación para no crear los Juzgados de
Ejecución de panas y medidas de Seguridad».
(sic para toda la cita)
Finalmente, indicó que el Plan Integral de Descongestión allegado por el
Consejo Superior de la Judicatura evidencia la falta de creación de juzgados
de ejecución de penas y medidas de seguridad. Por ende, aseguró que se
justifica el temor por pérdida de oportunidad de quienes, como él, hacen parte
de la lista de elegibles para ocupar cargos en los dichos juzgados.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19913, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Planteamiento del problema jurídico

De acuerdo con los antecedentes expuestos, la Sala establecerá si se configura la
carencia actual de objeto por hecho superado, en razón a que en el curso de la
tutela se informó que al actor se le remitió el Plan Integral de Descongestión para la
Especialidad Penal Cumplimiento a las Órdenes de las Sentencias T- 099 de 2021
y SU-122 de 2022.

Previo a tal estudio la Sala resolverá la solicitud de aclaración o adición del auto
admisorio presentada por el actor, relativa a que se efectúen una serie de
vinculaciones.
3 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto».
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3. Cuestión previa. Solicitud de aclaración o adición del auto admisorio

3.1. Sobre la posibilidad de interponer recursos contra las providencias adoptadas
dentro de los procesos de acción de tutela, la Corte Constitucional ha
dispuesto que «las decisiones que se profieran en dicho procedimiento no pueden estar
sometidas a los mismos trámites señalados por el legislador para el ejercicio de las
funciones judiciales ordinarias»4.

Por esta razón, la Corte ha asegurado que no es admisible que, ante la falta
de norma expresa, se apliquen por analogía las ritualidades propias de los
procesos ordinarios, aún más si se considera que la acción de tutela se
caracteriza por ser un trámite informal y expedito que no tiene el mismo
tratamiento que un proceso ordinario. En consecuencia, los recursos no
contemplados en el Decreto 2591 de 1991 no son procedentes.

Sin embargo, las figuras de la aclaración y adición sí son aplicables al trámite
de tutela por remisión del artículo 41 del Decreto 306 de 1992. Estas se
encuentran reguladas en los artículos 285 y 287 del Código General del
Proceso, los siguientes términos:
«ARTÍCULO 285. ACLARACIÓN. La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que
la pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando
contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén
contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella.
En las mismas circunstancias procederá la aclaración de auto. La aclaración procederá de
oficio o a petición de parte formulada dentro del término de ejecutoria de la providencia.
La providencia que resuelva sobre la aclaración no admite recursos, pero dentro de su
ejecutoria podrán interponerse los que procedan contra la providencia objeto de aclaración».
«ARTÍCULO 287. ADICIÓN. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los
extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto
de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de
la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad.
El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la
parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de resolver la demanda de
reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá el expediente para que dicte
sentencia complementaria.
Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a solicitud
de parte presentada en el mismo término.
Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementación
podrá recurrirse también la providencia principal».

De las normas transcritas se desprende que es posible que el juez que profirió
la providencia pueda aclararla de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga
conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén
contenidos en la parte resolutiva de la providencia o influyan en ella. Asimismo,
es posible adicionar tanto la sentencia como los autos por medio de
providencia complementaria dentro del término de ejecutoria, cuando se omita
resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro
punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento.

3.2. En el caso el actor solicitó la aclaración o adición del auto admisorio, porque
consideró que era necesario vincular a la Sala Plena de la Corte
Constitucional, a los Juzgados Primero y Segundo de Ejecución de Penas y

4 Corte Constitucional. Auto A-228 de 2003.
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Medidas de Seguridad de Ocaña y a los integrantes de la lista de elegibles
vigente para ocupar los cargos en los juzgados de ejecución de penas y
medidas de seguridad, en especial del cargo de asistente jurídico grado 19.

En primer lugar, se encuentra acreditado que la solicitud de aclaración o
adición del auto admisorio se presentó oportunamente, pues el auto admisorio
controvertido se notificó el 8 de octubre de 2024 y el mismo día el actor formuló
la solicitud.

En segundo lugar, la Sala considera que no hay lugar a la vinculación solicitada
por el actor, debido a que el objeto de la tutela se circunscribe al derecho de
petición presentado por el tutelante. De ahí que no se advierta la necesidad de
llamar a la acción de tutela a autoridades a quienes no se les remitió la petición.

Por lo tanto, en la medida en que lo perseguido es que el Consejo Superior de
la Judicatura entregue el estudio técnico ordenado en la Sentencia SU-122 de
2022, no se considera necesario vincular a las partes solicitadas por el actor.
En consecuencia, se negará la solicitud de aclaración o adición del auto
admisorio propuesta por el accionante.

4. Carencia actual de objeto por hecho superado

La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata
de derechos fundamentales ante situaciones de amenaza o vulneración, por la
acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en casos
concretos y excepcionales. Su finalidad, entonces, es evitar que una amenaza a un
derecho fundamental se materialice, o una vez la vulneración ya se ha producido
hacer que cese. Por ende, cuando los hechos que motivaron la acción desaparecen
o cuando no hay forma de resarcir el daño ya producido, la tutela pierde su razón
de ser.

La jurisprudencia constitucional ha denominado tal fenómeno como carencia actual
de objeto y ha señalado que, generalmente, este se presenta por: (i) hecho
superado, (ii) daño consumado y (iii) situación sobreviniente.

Sobre esta clasificación, la Corte Constitucional en Sentencia T-280 de 2020
precisó:
«(…) la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia actual de objeto”
para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad material en la que se
encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que permita salvaguardar los intereses
jurídicos que le han sido encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye
en el género que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse a
través de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de aquella
que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de
una “situación sobreviniente”.
La primera de estas figuras, regulada en el artículo 26 del decreto 2591 de 1991, comprende
el supuesto de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda de amparo
y el fallo, se evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se eliminó la
vulneración a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada
(ya sea por acción o abstención) y, por tanto, (i) se superó la afectación y (ii) resulta inocua
cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protección de unos
derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer.
La segunda de las figuras referenciadas, consiste en que a partir de la vulneración
iusfundamental que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la
acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la

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vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela imparta
una orden al respecto.
Para finalizar, se ha empezado a diferenciar por la jurisprudencia una tercera modalidad de
eventos en los que la protección pretendida del juez de tutela termina por carecer por completo
de objeto y es en aquellos casos en que, como producto del acaecimiento de una “situación
sobreviniente” que no tiene origen en el obrar de la entidad accionada, la vulneración
predicada ya no tiene lugar, sea porque el actor mismo asumió una carga que no le
correspondía, o porque, a raíz de dicha situación, perdió interés en el resultado de la litis».

Específicamente, sobre el hecho superado, la Corte Constitucional ha señalado
algunos requisitos que se deben examinar en cada caso concreto:
«1. Que con anterioridad a la interposición de la acción exista un hecho o se carezca de una
determinada prestación que viole o amenace violar un derecho fundamental del accionante o
de aquél en cuyo favor se actúa. 2. Que durante el trámite de la acción de tutela el hecho que
dio origen a la acción que generó la vulneración o amenaza haya cesado».

Así pues, la carencia actual de objeto por hecho superado se configura en los casos
en que, en el lapso transcurrido entre la radicación de la acción de tutela y la
expedición de la sentencia, el demandado adelantó las acciones tendientes a cesar
la vulneración de los derechos fundamentales, lo que por sustracción de materia
hace inocuo cualquier pronunciamiento u orden del juez de tutela para lograr el
amparo de los derechos.
5. Análisis del caso
De entrada se precisa que para dar respuesta a la petición de 30 de agosto de 2024
presentada por el actor, el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Desarrollo
y Análisis Estadístico expidió dos oficios, uno previo a la presentación de la acción
de tutela y otro con posterioridad a esta. En el (i) Oficio UDAEO24-3229 de 30 de
septiembre de 2024, emitido antes de la presentación de la tutela, la autoridad
accionada se pronunció sobre los interrogantes planteados por el actor en la petición
de 30 de agosto de 2024.
Posteriormente, en el curso de la tutela la Unidad de Desarrollo y Análisis
Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura expidió el (ii) Oficio UDAEO24-
3466 de 10 de octubre de 2024, con el cual se le remitió al actor el estudio técnico
solicitado en la petición, tal como se aprecia en la siguiente imagen:

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Precisada la anterior circunstancia fáctica, se advierte que la parte actora alegó la
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, petición, trabajo,
acceso a cargos públicos e igualdad, pues para el 1 de octubre de 2024, día en que
se radicó la acción de tutela, aún no se le había remitido el estudio técnico ordenado
en la Sentencia de Unificación SU-122 de 2022. Precisó que, si bien mediante Oficio
UDAEO24-3229 de 30 de septiembre de 2024 se emitió una respuesta, lo cierto es
que no se le allegó el mencionado estudio.
Al respecto, la Sala encuentra que la acción de tutela interpuesta carece de objeto
porque el hecho que originó su interposición dejó de existir en el curso del presente
trámite. Esto se debe a que la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del
Consejo Superior de la Judicatura acreditó que el 10 de octubre de 2024 remitió al
peticionario el documento técnico CSJ-UDAE-DT22-DT19A denominado como Plan
Integral de Descongestión para la Especialidad Penal Cumplimiento a las Órdenes
de las Sentencias T- 099 de 2021 y SU-122 de 2022.
Así las cosas, se encuentra que en el curso de la acción de tutela el accionante
logró lo perseguido, que según lo indicó en el escrito de tutela era la remisión de
dicho estudio técnico. Así se desprende de la lectura de las pretensiones, en las
cuales solicitó se «comparta el Estudio Técnico ordenado en la Sentencia SU-122 de 2022,
con el ánimo de dar claridad a los interrogantes planteados» (Negrillas propias). En el mismo
sentido, en el escrito de tutela el actor afirmó lo siguiente:
«La solicitud respetuosa elevada al Honorable Consejo Superior de la Judicatura, no solicita la
creación de Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, no solicita la disponibilidad
presupuestal para la creación de Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, no
solicita nombramientos de personas integrantes de la lista de elegibles. Solo solicita el Estudio
Técnico - Ordenado en la Sentencia SU-122 de 2022».

Pese a lo anterior, durante el trámite de la acción el actor manifestó que, si bien con
posterioridad a la presentación de la tutela se le remitió el mencionado estudio
técnico, lo cierto es que a la luz de este último las preguntas formuladas en la
petición no fueron resueltas de fondo.
La Sala desestima tal cargo, pues encuentra que desde el Oficio UDAEO24-3229
de 30 de septiembre de 2024, expedido con anterioridad a la radicación de la acción
de tutela, el Consejo Superior de la Judicatura sí dio respuesta de fondo a los
cuestionamientos planteados.
El primero de los interrogantes formulados en la petición fue por qué solo se creó
un juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad en Cúcuta. Frente a este,
la autoridad accionada respondió que, «pese a lo requerido por la Corporación, el gobierno
nacional no asigna la totalidad de partidas solicitadas».

El segundo fue por qué no se crearon los cargos de asistente jurídico grado 19, en
los dos juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de Ocaña. Ante
este el Consejo Superior de la Judicatura respondió que «Comoquiera que en Ocaña no
existe un Centro de Servicios Administrativo, la planta de personal para los juzgados de ejecución
de penas y medidas de seguridad de Ocaña, según lo establecido en el numeral 2 del artículo 30 del
Acuerdo PSAA15-10402 de 2015, está compuesta por un juez, un asistente social grado 18, un
sustanciador, un asistente administrativo grado 6 y un citador».

La tercera pregunta consistió en que cuáles eran las razones por las que no se
crearon juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad en Arauca. La
autoridad accionada respondió que en la «sentencia SU-122 de 2022, la Honorable Corte
Constitucional no emitió una orden expresa de crear juzgados de ejecución de penas y medidas de
seguridad en un municipio específico, en este caso particular, Arauca. Si bien en la mencionada
providencia la Honorable Corte Constitucional hace alusión a los municipios de Arauca y Cúcuta, lo
anterior no significa sea obligatorio su fortalecimiento».
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Por consiguiente, se corrobora que los cuestionamientos formulados en la petición
sí fueron contestados de fondo con el Oficio UDAEO24-3229 de 30 de septiembre
de 2024, expedido con anterioridad a la radicación de la acción de tutela.
Sin embargo, como lo solicitado originalmente en la tutela era la remisión del estudio
técnico (no anexado por la autoridad accionada a esa primera respuesta), la Sala declarará la
carencia de objeto por hecho superado, pues tal estudio se obtuvo en el curso de la
tutela gracias a su interposición.
6. Conclusión
Con fundamento en lo expuesto, se negará la solicitud de aclaración o adición del
auto admisorio propuesta por el señor Edwin Rodrigo Villota Soriano, al no advertir
la necesidad de la vinculación solicitada.
Asimismo, se declarará la carencia de objeto por hecho superado de la acción de
tutela, en tanto que en el curso de esta el Consejo Superior de la Judicatura le
remitió al actor el estudio técnico ordenado en la Sentencia de Unificación SU-122
de 2022, solicitado en la petición.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Negar la solicitud de aclaración o adición del auto admisorio propuesta por el
señor Edwin Rodrigo Villota Soriano, por los motivos expuestos en esta
providencia.
2. Declarar la carencia de objeto por hecho superado de la acción de tutela
interpuesta por el señor Edwin Rodrigo Villota Soriano, dadas las razones
expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
5. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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