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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04155-01

Fecha
20 de marzo de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04155-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: Modificase la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela en relación con la creación de los juzgados y la negó frente al derecho de petición y, en su lugar, se dispone: 16 Expediente: 11001-03-15-000-2025-04155-01 Demandante: Edwin Rodrigo Villota Soriano Acción de tutela – Impugnación fallo 1º) Declárase improcedente el amparo solicitado por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad, frente a la presunta inobservancia de la sentencia de unificación y la solicitud de desacato, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. 2º) Declárase improcedente el amparo solicitado por la configuración de la cosa juzgada constitucional, frente al derecho de petición, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. 3º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-04155-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

20 de marzo de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Veinte (20) de marzo de dos mil veintiséis (2026).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04155-01
Demandante: EDWIN RODRIGO VILLOTA SORIANO
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: CREACIÓN DE JUZGADOS EN VIRTUD DE ESTUDIO
TÉCNICO ORDENADO EN SENTENCIA SU-122 DE 2022.
INCUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN.
RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN. COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL. FALTA DE SUBSIDIARIEDAD.

Síntesis del caso: el demandante consideró que las autoridades demandadas vulneraron sus
derechos constitucionales fundamentales, puesto que no se crearon todos los Juzgados de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, conforme el estudio técnico ordenado en la
sentencia SU-122 de 2022 y porque no se realizó ese estudio a fin de determinar la necesidad o
no de crear otros despachos judiciales de la misma categoría. La Sala modificará la sentencia
de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela en relación con la creación de
los juzgados y la negó frente al derecho de petición y, en su lugar, la declarará improcedente por
el incumplimiento del requisito de subsidiariedad frente al presunto incumplimiento de la
sentencia y la solicitud de desacato, y declarará la cosa juzgada constitucional, respecto de la
presunta falta de respuesta a un derecho de petición.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante en contra de la
sentencia de 11 de agosto de 2025 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado mediante la cual se dispuso:

“SEGUNDO. DECLARAR IMPROCEDENTE, en relación con el Consejo
Superior de la Judicatura, la acción de tutela de la referencia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.”. (archivo disponible en medio
magnético a través del aplicativo SAMAI, índice 30, primera instancia- negrillas
y mayúsculas del original).

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04155-01
Demandante: Edwin Rodrigo Villota Soriano
Acción de tutela – Impugnación fallo

I. ANTECEDENTES
1. La demanda

El 3 de julio de 20251, el señor Edwin Rodrigo Villota Soriano promovió proceso de acción
de tutela en contra del Consejo Superior de la Judicatura- Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, la Corte Constitucional y el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, con el fin de que se protegieran sus derechos constitucionales fundamentales
de petición, debido proceso, acceso a cargos públicos y acceso a la administración de
justicia y, por tanto, se accediera a las siguientes súplicas:

“En virtud de las razones de hecho y de derecho plasmadas en la presente
acción, me permito, Respetuosamente solicitar a su Honorable Despacho, las
siguientes pretensiones:

a. PRETENSIONES PRINCIPALES.

Se tutelen los derechos invocados y, en consecuencia:

1. Se ordene a los accionados, Consejo Superior de la Judicatura y
Ministerio de Hacienda y Crédito Público que, en el término de 48 horas
siguientes al fallo de tutela, creen todos los Juzgados de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad, que arrojo el Estudio técnico PLAN INTEGRAL DE
DESCONGESTIÓN PARA LA ESPECIALIDAD PENAL CUMPLIMIENTO A
LAS ÓRDENES DE LAS SENTENCIAS T-099 DE 2021 Y SU-122 DE 2022, se
necesitan; tres (03) Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas para Circuito
de Cúcuta y, un (01) Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
para el Circuito de Ocaña, para dar cumplimiento a lo ordenado en el numeral
decimosegundo de la Sentencia SU-122 de 2022.

2. Se creen los dos (02) cargos de Asistente Jurídico Grado 19, faltantes en los
Juzgados primero y segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
para el Circuito de Ocaña, como quiera que en aplicación del ACUERDO No.
14 “Por el cual se crean los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad”, desde el siete (7) de julio de mil novecientos noventa y tres (1993),
no fueron; suprimidos, fusionados o trasladados, de la planta de personal,
conforme se ordena en el artículo 85 numeral 13 de la Ley 270 de 1996.

3. Se realice el estudio técnico en el Circuito de Arauca a fin de determinar la
necesidad o no, de crear uno, o varios Juzgados de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad, conforme lo ordenado en el numeral decimosegundo de
la Sentencia SU-122 de 2022, con su debida sustentación.

4. Se de (sic) respuesta a la solicitud del tramite (sic) incidental, ante la Corte
Constitucional, auto de apertura, o no, debidamente sustentado.

b. PRETENSIÓN SUBSIDIARIA.

conforme el resultado del Estudio Técnico ordenado en la Sentencia SU-122
de 2022, “PLAN INTEGRAL DE DESCONGESTIÓN PARA LA
ESPECIALIDAD PENAL CUMPLIMIENTO A LAS ÓRDENES DE LAS
SENTENCIAS T-099 DE 2021 Y SU 122 DE 2022”, previniendo las posibles

1 Índice 1, Samai, primera instancia.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04155-01
Demandante: Edwin Rodrigo Villota Soriano
Acción de tutela – Impugnación fallo

vulneraciones a los derechos: al Trabajo, a Ocupar Cargos Públicos, los
Derechos de Carrera Judicial, la Eficiente Administración de Justicia, con base
en el sistema de méritos, en Igualdad de Oportunidades, el Ingreso y Ascenso
en el Servicio de Funcionarios y Empleados con Estabilidad e Independencia,
en confianza del cumplimiento de los fallos judiciales y la seguridad jurídica de
la Cosa Juzgada, el Espíritu de la Norma, en aplicación del Principio de Primacía
del Derecho Sustancial y cuando, ya ha paso más de un (01) año desde la
orden: “(…), deberán adoptar las medidas necesarias para que a inicios de la
próxima vigencia fiscal entren en funcionamiento estos juzgados.”, contenida en
el numeral decimosegundo del Resuelve de la Sentencia de Unificación, en
subsidiaridad respetuosamente solicito;

5. Se tomen las medidas necesarias, para garantizar que conforme el resultado
arrojado por el Estudio Técnico ordenado en la Sentencia SU-122 de 2022,
“PLAN INTEGRAL DE DESCONGESTIÓN PARA LA ESPECIALIDAD PENAL
CUMPLIMIENTO A LAS ÓRDENES DE LAS SENTENCIAS T-099 DE 2021 Y
SU-122 DE 2022”, se creen todos los Juzgados de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad, necesarios y se oferten los cargos, durante la vigencia
de la lista de elegibles, para ocupar los cargos en los Juzgados de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad, en especial el cargo de Asistente Jurídico
Grado 19, conforme fueron concedidos los Juzgados desde su creación,
mediante el ACUERDO No. 14 “Por el cual se crean los Juzgados de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad”, del siete (7) de julio de mil novecientos
noventa y tres (1993) y así evitar una pérdida de oportunidad.

En el caso que los tiempos no lo permita y en razón, al desconocimiento del
tiempo exacto de vigencia de la lista de elegibles, como quiera que la no
creación de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad,
arrojada del Estudio Técnico, ordenado en el numeral decimosegundo del
Resuelve de la Sentencia SU-122 de 2022, “PLAN INTEGRAL DE
DESCONGESTIÓN PARA LA ESPECIALIDAD PENAL CUMPLIMIENTO A
LAS ÓRDENES DE LAS SENTENCIAS T-099 DE 2021 Y SU-122 DE 2022”,
fue ajeno a la voluntad de los integrantes de la lista de elegibles, para esos
cargos;

6. Se mantenga la vigencia de la lista del Registros Seccionales de Elegibles
del Concurso de Méritos de Empleados de Carrera de Tribunales, Juzgados y
Centro de Servicios de los Distritos Judiciales de Arauca, Cúcuta y Pamplona y
Administrativos de Norte de Santander y Arauca, convocados mediante
Acuerdos Nos. SJNS17 Nos.395 de octubre 4, 396 de octubre 6, 411 de octubre
19 y 418 de octubre 23 de 2017, en especial para el Cargo de Asistente Jurídico
de Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, Grado 19, Código
del Cargo 261803, hasta que se creen y nombren en propiedad, la totalidad de
cargos en los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, que
arrojo el Estudio Técnico ordenado en la Sentencia SU-122 de 2022; “PLAN
INTEGRAL DE DESCONGESTIÓN PARA LA ESPECIALIDAD PENAL
CUMPLIMIENTO A LAS ÓRDENES DE LAS SENTENCIAS T-099 DE 2021 Y
SU-122 DE 2022”, el cual arrojo la obligación de crear cuatro (04) Juzgados de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, tres (03) Juzgados de Ejecución
de Penas y Medidas para Circuito de Cúcuta y, un (01) Juzgado de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad para el Circuito de Ocaña. No realizo o
sustento la necesidad en el Distrito judicial de Arauca.

7. Al igual que los que se puedan desprender por la falta de este Estudio Técnico
ordenado en la Sentencia SU-122 de 2022; “PLAN INTEGRAL DE
DESCONGESTIÓN PARA LA ESPECIALIDAD PENAL CUMPLIMIENTO A
LAS ÓRDENES DE LAS SENTENCIAS T-099 DE 2021 Y SU-122 DE 2022”,
como en el Circuito Judicial de Arauca por falta del estudio, y los cargos de
Asistente Jurídico Grado 19, para los Juzgados Primero y Segundo de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ocaña, como quiera que no

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04155-01
Demandante: Edwin Rodrigo Villota Soriano
Acción de tutela – Impugnación fallo

fueron suprimidos, fusionados o trasladados, según lo ordenado en el artículo
85 numeral 13 de la Ley 270 de 1996, conforme el ACUERDO No. 14 “Por el
cual se crean los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad”,
desde el siete (7) de julio de mil novecientos noventa y tres (1993).

8. Que se permita la postulación de una, dos o más sedes, conforme se vallan
creando, en cumplimiento del Estudio Técnico ordenado en la Sentencia SU
122 de 2022; “PLAN INTEGRAL DE DESCONGESTIÓN PARA LA
ESPECIALIDAD PENAL CUMPLIMIENTO A LAS ÓRDENES DE LAS
SENTENCIAS T-099 DE 2021 Y SU-122 DE 2022”, y los que se desprendan
de este por falta de estudio, o falta de sustentación de la supresión, fusión o
traslado de cargos, conforme se ordena en el artículo 85 numeral 13 de la Ley
270 de 1996, en aplicación del ACUERDO No. 14 “Por el cual se crean los
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad”, desde el siete (7)
de julio de mil novecientos noventa y tres (1993).

Como quiera que no fue por la negligencia o falta de interés de los integrantes
de la lista de elegibles, el acceder a estas plazas, que en aplicación del Principio
de Celeridad y Acceso a los Cargos Públicos, nombramiento, propiedad,
después de superar un concurso de méritos, es viable la inscripción a todas las
plazas que se oferten sin limitaciones.

Situación que se hace más gravosa, al observar que estos Juzgados,
debieron ser creados en el dos mil veintitrés (2023), estando ya a
mediados del dos mil veinticinco (2025), muy cerca de fenecer las listas
de elegibles para ocupar estos cargos.”. (archivo disponible en medio
magnético a través del aplicativo SAMAI, índice 2, primera instancia – negrillas
y mayúsculas del original).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1) Por medio de la sentencia SU-122 de 2022, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
en sesión del 31 de marzo del mismo año, ordenó al Consejo Superior de la Judicatura
que “[e]labore un estudio técnico que determine el número de cargos de jueces de
ejecución de penas que garanticen el funcionamiento y la oportuna y eficiente
administración de justicia, con el objetivo de atender la problemática identificada por la
Corte en el marco del estado de cosas inconstitucional”.

2) El 30 de agosto de 2024, el demandante presentó un derecho de petición ante el
Consejo Superior de la Judicatura, en el cual solicitó se le remitiera el referido estudio
técnico ordenado en la sentencia de unificación, con el fin de “[e]ntender los sustentos de
la creación de un solo Juzgad[o] de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en
Cúcuta, la no creación de los cargos de Asistente Jurídico Grado 19, en los dos juzgados
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ocaña, y por qué no se crearon

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04155-01
Demandante: Edwin Rodrigo Villota Soriano
Acción de tutela – Impugnación fallo

juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en Arauca, situación más
notoria y particular, (…).”.

3) Mediante Oficio UDAEO24-3229 de 30 de septiembre de 2024, el Consejo Superior de
la Judicatura le informó al demandante que, en cumplimiento de la orden dispuesta en la
sentencia, expidió el Plan Integral de Descongestión para la Especialidad Penal y
procedió a aclarar sus inconformidades.

4) No obstante, el actor consideró que dicha respuesta no era suficiente ni estaba
completa, en la medida en que no se le remitió el estudio técnico ordenado en el fallo, lo
que, a su juicio, implicaba una pérdida de oportunidad para quienes, como él, estaban en
la lista de elegibles vigente para ocupar el cargo de asistente jurídico, grado 19, por lo
cual instauró una acción de tutela.

5) El asunto correspondió a la Sección Cuarta del Consejo de Estado2, autoridad judicial
que, el 7 de noviembre de 2024, declaró la carencia actual de objeto por hecho superado,
por cuanto, el Consejo Superior de la Judicatura adjuntó el estudio técnico requerido,
además, atendió cada uno de los interrogantes, decisión que fue confirmada el 7 de
febrero de 2025 por la Subsección C de la Sección Tercera de la misma Corporación.

3. El fundamento de la vulneración

La parte demandante señaló que se vulneraron sus derechos constitucionales
fundamentales de petición, acceso a cargos públicos y acceso a la administración de
justicia, puesto que no se crearon todos los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad, conforme con el estudio técnico ordenado en la sentencia SU-122 de 2022,
lo cual impidió que se garantizara su eventual nombramiento como integrante de la lista
de elegibles.

Las autoridades no han dado una respuesta clara, completa y de fondo a la solicitud que
elevó para conocer el estudio técnico ordenado en la sentencia de unificación SU-122 de
2022, el cual debía determinar la necesidad de crear nuevos juzgados de ejecución de
penas y medidas de seguridad con el fin de garantizar la adecuada administración de
justicia.

2 Proceso con radicación no. 11001-03 15-000-2024-05311-00/01.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04155-01
Demandante: Edwin Rodrigo Villota Soriano
Acción de tutela – Impugnación fallo

La respuesta recibida por parte del Consejo Superior de la Judicatura no resolvió los
interrogantes planteados, pues, no explicó de manera suficiente las razones por las
cuales solo se creó un juzgado adicional en Cúcuta, por qué no se crearon cargos de
asistente jurídico grado 19 en los juzgados de Ocaña ni por qué no se dispuso la creación
de nuevos juzgados en el departamento de Arauca, pese a lo ordenado por la Corte
Constitucional.

A su juicio, esta situación evidencia la ausencia de un estudio técnico serio y objetivo que
justifique tales decisiones administrativas y que permita verificar el cumplimiento real de
la sentencia de unificación.

El juez constitucional debe adoptar las medidas necesarias para garantizar el
cumplimiento efectivo de lo ordenado en la sentencia SU-122 de 2022, en particular, la
realización del estudio técnico y la eventual creación de los juzgados y cargos que de
este se deriven, con el objeto de evitar la pérdida de oportunidad para quienes integran
la lista de elegibles del concurso de méritos, entre ellos el propio demandante, y asegurar
que el acceso a los cargos judiciales se realice conforme a los principios de mérito,
igualdad de oportunidades y respeto por la carrera judicial.

Por último, solicitó que se de una respuesta de fondo a la solicitud que presentó ante la
Corte Constitucional, con el fin de que se diera apertura al incidente de desacato.

4. Actuación de primer grado

Mediante auto de 3 de julio de 20253, la Corte Suprema de Justicia remitió por
competencia el expediente a esta Corporación.

El 8 de julio de 20254, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
admitió el proceso de acción de tutela y notificó al Consejo Superior de la Judicatura -
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a la Corte Constitucional, al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, a la Subsección
C de la Sección Tercera del Consejo de Estado y a los señores Ospino Reyes María
Teresa, Acevedo Puerto Jhon Jairo, López Contreras Adriana Katherine, Gazca Pérez
Haydee, Muñoz Pava Yizel Xiomara, Villamizar Vélez Ana Cecilia, Becerra Cañas Jesús

3 Índice 2, samai, primera instancia.

4 Índice 4, samai, primera instancia.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04155-01
Demandante: Edwin Rodrigo Villota Soriano
Acción de tutela – Impugnación fallo

Elías, Taborda Leiva María Johana, Moreno Cárdenas Yant Karlo, Acevedo Gorsira Fred
Anderson, Orozco Navarro Olger Armando, Rico Fuentes Yineth Tatiana, Martínez
Martínez William Andrés, Gómez Villamizar Juan Camilo, Parada Latorre Geraldine,
Laguado Sepúlveda Phoenix, con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que
motivaron el ejercicio de la acción.

5. Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia de
11 de agosto de 20255, declaró improcedente el amparo invocado, por cuanto la creación
de juzgados o cargos en la Rama Judicial, correspondía exclusivamente al Consejo
Superior de la Judicatura, en ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 257
de la Constitución Política.

La determinación sobre la creación, supresión o modificación de despachos judiciales y
de los cargos que los integran debe sustentarse en estudios técnicos, administrativos y
presupuestales, así como en la disponibilidad de recursos dentro de la ley de
apropiaciones, aspectos que exceden el ámbito de competencia del juez de tutela.

Asimismo, advirtió que no se acreditó vulneración alguna de los derechos fundamentales
invocados por el actor, dado que las autoridades demandadas adelantaron las
actuaciones correspondientes para dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia SU-
122 de 2022 y suministraron respuesta a las solicitudes formuladas por el demandante.

La inconformidad planteada se relaciona con decisiones administrativas y de política
judicial sujetas a las capacidades institucionales y presupuestales de la Rama Judicial,
por lo que no es posible ampararlas a través del mecanismo excepcional de la acción de
tutela.

6. Impugnación

La parte demandante presentó impugnación contra el fallo de primera instancia,
concedida en auto del 17 de febrero de 20266.

5 Índice 30 Samai, primera instancia.

6 Índice 38 Samai, primera instancia.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04155-01
Demandante: Edwin Rodrigo Villota Soriano
Acción de tutela – Impugnación fallo

El fallo minimizó indebidamente el objeto de la tutela, pues interpretó que se pretendía la
creación de juzgados de ejecución de penas mediante la acción constitucional, cuando
lo que realmente solicitó fue el cumplimiento del numeral decimosegundo de la sentencia
SU-122 de 2022, que ordenó al Consejo Superior de la Judicatura elaborar un estudio
técnico y adoptar medidas para que, desde la siguiente vigencia fiscal, entraran en
funcionamiento nuevos juzgados de ejecución de penas.

El juez de primera instancia omitió analizar el contenido concreto de dicha orden y
concluyó erróneamente que se trataba de una pretensión de coadministración o creación
directa de despachos judiciales.

Las autoridades demandadas no demostraron haber cumplido plenamente la orden
contenida en la SU-122 de 2022, pues no aportaron actos administrativos claros que
acrediten la creación de los despachos requeridos ni justificaron la falta de provisión de
ciertos cargos judiciales derivados del estudio técnico; aunado a que las respuestas
dadas a sus solicitudes no satisfacen el contenido material del derecho de petición por
ser incompletas o meramente formales.

No se analizó el riesgo de un perjuicio irremediable, relacionado con la posible pérdida
de vigencia de las listas de elegibles para ocupar cargos judiciales derivados de la
creación de dichos juzgados.

Tampoco se examinó la solicitud de medidas provisionales y la petición de apertura de
incidente de desacato ante la Corte Constitucional, lo cual, a su juicio, evidencia una
motivación insuficiente de la sentencia.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04155-01
Demandante: Edwin Rodrigo Villota Soriano
Acción de tutela – Impugnación fallo

constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los
procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos precluidos o
acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.

2. Caso concreto

En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional al
Consejo Superior de la Judicatura- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a la
Corte Constitucional y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin de que se
protejan los derechos constitucionales fundamentales antes mencionados,
presuntamente vulnerados porque no se crearon todos los Juzgados de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad, conforme el estudio técnico ordenado en la sentencia
SU-122 de 2022; no se respondió de fondo y de forma completa la petición respecto de
la entrega del estudio técnico y la creación de unos juzgados, y, además, no se le ha
dado trámite al incidente de desacato que presentó ante la Corte Constitucional, por el
presunto incumplimiento del fallo de unificación.

En la sentencia de primera instancia, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, declaró improcedente el amparo invocado, por cuanto la creación de juzgados
o cargos en la Rama Judicial correspondía exclusivamente al Consejo Superior de la
Judicatura; además, porque las autoridades demandadas adelantaron las actuaciones
correspondientes para dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia SU-122 de 2022
y suministraron respuesta a las solicitudes formuladas por el demandante.

En el escrito de impugnación la parte demandante insistió en que las autoridades
demandadas no demostraron haber cumplido plenamente la orden contenida en la SU-
122 de 2022, pues, no se acreditó la creación de los despachos judiciales requeridos ni
justificaron la falta de provisión de ciertos cargos judiciales derivados del estudio técnico;
aunado a que la respuesta dada a su solicitud fue incompleta o meramente formal.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04155-01
Demandante: Edwin Rodrigo Villota Soriano
Acción de tutela – Impugnación fallo

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala modificará la sentencia
de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela en relación con la
creación de los juzgados y la negó frente al derecho de petición y, en su lugar, la declarará
improcedente por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad, frente al presunto
incumplimiento de la sentencia y la solicitud de desacato, y cosa juzgada constitucional,
respecto de la presunta falta de respuesta del derecho de petición, por las razones que
procederán a exponerse:

2.1 Caracterización del requisito de subsidiariedad

La acción de tutela es un mecanismo excepcional y extraordinario para acudir ante el juez
constitucional cuando el ordenamiento jurídico no prevea una herramienta jurisdiccional
idónea y eficaz para la protección de los derechos fundamentales, como se infiere del
texto del inciso 3 del artículo 86 de la Carta Política.

En desarrollo del precepto constitucional aludido, el numeral 1 del artículo 6 del Decreto
2591 de 1991 exige como presupuesto procesal de la acción de tutela que el demandante
no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La finalidad de este presupuesto de procedibilidad de la acción es que las personas
hagan uso de todos los mecanismos que el sistema judicial consagra para conjurar la
situación que amenaza o vulnera sus derechos fundamentales, de modo que se
restrinja el uso indiscriminado e indebido de este mecanismo constitucional como vía
preferente o instancia judicial alterna de protección para desplazar o reemplazar a las
herramientas judiciales que el legislador estableció para la protección de los derechos.

En esa medida, cuando se presenta la acción de tutela con el fin de obtener una decisión
más rápida, para burlar los procedimientos judiciales previamente estatuidos o para
proponer argumentos y planteamientos que no se propusieron ante el juez ordinario
habiendo tenido la oportunidad de hacerlo, se desconoce el carácter subsidiario y residual
de este mecanismo constitucional.

Ahora bien, como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional, el presupuesto de la
subsidiariedad debe ser estudiado en cada caso concreto y, por ende, aun en los eventos

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04155-01
Demandante: Edwin Rodrigo Villota Soriano
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en que existan otros medios de defensa judicial, existen dos excepciones que justifican
su procedibilidad, así:

(i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las
controversias no es idóneo y eficaz conforme a las especiales circunstancias del caso
estudiado, procede el amparo como mecanismo definitivo; y,

(ii) cuando, pese a existir un medio de defensa judicial idóneo, éste no impide la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual la acción de tutela procede
como mecanismo transitorio.

En suma, se condiciona el ejercicio de la acción de tutela a la inexistencia de otro medio
de defensa judicial, salvo que este no suponga un mecanismo idóneo y efectivo para
evitar la vulneración o amenaza del derecho fundamental o que se pretenda un amparo
transitorio para evitar la materialización de un perjuicio irremediable.

2.2 Verificación del cumplimiento del requisito de subsidiariedad en cuanto al
presunto incumplimiento de la sentencia unificación

1) En el presente asunto se advierte que la parte demandante señaló que se vulneraron
sus derechos constitucionales fundamentales, puesto que no se crearon todos los
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, conforme el estudio técnico
ordenado en la sentencia SU-122 de 2022, lo cual impidió que se garantizara su eventual
nombramiento como integrante de la lista de elegibles; además, porque no se ha dado
trámite al incidente de desacato que presentó para exigir que se verificara el cumplimiento
de lo ordenado en el fallo de unificación.

2) No obstante, de entrada, la Sala advierte que, revisada la solicitud de tutela objeto de
examen, la misma es improcedente en los términos previstos por el ordinal 1° del artículo
6 del Decreto 2591 de 1991, en razón a que, a pesar de que se invoca la vulneración de
derechos fundamentales, el demandante cuenta con el trámite incidental de desacato
para formular las mismas peticiones que pretende por esta vía, relacionadas con el
presunto incumplimiento de las autoridades demandadas en acatar lo dispuesto en la
sentencia de unificación.

3) Para la Sala resulta claro que, si bien el demandante ya hizo uso del incidente de
desacato, mecanismo que, por su naturaleza, resulta idóneo y eficaz para controvertir el
presunto incumplimiento de lo ordenado en la sentencia de unificación, dicha solicitud fue

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Acción de tutela – Impugnación fallo

resuelta de manera desfavorable por la autoridad competente, en este caso, la Corte
Constitucional, por no encontrar mérito para dar apertura al trámite incidental.

4) Sin embargo, dicha circunstancia no habilita per se la procedencia de la acción de
tutela, en la medida en que el ordenamiento jurídico prevé la posibilidad de acudir
nuevamente al incidente de desacato, siempre que se aleguen hechos nuevos o la
persistencia en el incumplimiento de la orden judicial.

5) En ese sentido, el demandante conserva la posibilidad de insistir en dicho mecanismo,
con el cual debe aportar los elementos que estime pertinentes para demostrar que las
autoridades obligadas continúan desatendiendo lo dispuesto en la sentencia SU-122 de
2022.

6) En consecuencia, la acción de tutela no puede erigirse en una vía alterna o paralela
para reabrir el debate propio del incidente de desacato ni para sustituir el análisis que
corresponde al juez natural del cumplimiento del fallo estructural, máxime cuando dicho
mecanismo ya fue activado por el actor y aún se encuentra disponible para su eventual
reiteración.

7) Por otra parte, para la Sala tampoco se evidencia la existencia de un perjuicio
irremediable que torne procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, pues,
a partir del análisis del acervo probatorio no es posible establecer que el demandante se
encuentre en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas
urgentes, impostergables, improrrogables e inmediatas para la protección de sus
derechos fundamentales.

8) Así las cosas, la Sala estima que la presente acción de tutela es improcedente, por el
incumplimiento del requisito de subsidiariedad.

2.3 Configuración de la cosa juzgada constitucional

1) La cosa juzgada constitucional ha sido definida por la Corte Constitucional como “una
institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una
sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y
definitivas. Los citados efectos se conciben por disposición expresa del ordenamiento

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jurídico para lograr la terminación definitiva de controversias y alcanzar un estado de
seguridad jurídica”7.

2) Una providencia pasa a ser cosa juzgada frente a otra si existe identidad de objeto 8,
de causa petendi9 y de partes10, siempre que cobre ejecutoria la sentencia emitida por la
Corte Constitucional, en atención a la revisión que esta realiza en virtud del artículo 33
del Decreto 2591 de 1991, o el auto por medio del cual esta autoridad judicial decide no
seleccionar para revisión el asunto.

3) De esta forma, si un expediente de tutela es excluido de selección, ello acarrea “(i) la
ejecutoria formal y material de la sentencia de segunda instancia; (ii) la configuración del
fenómeno de la cosa juzgada constitucional de las sentencias de instancia (ya sea la
única o segunda instancia), que hace la decisión inmutable e inmodificable11, salvo en la
eventualidad de que la sentencia sea anulada por parte de la misma Corte Constitucional
de conformidad con la ley; y (iii) la improcedencia de tutela contra tutela”12. Por el
contrario, cuando la tutela es seleccionada por la Corte, la cosa juzgada constitucional se
produce con la ejecutoria del fallo que se profiere en sede de revisión13.

4) No obstante lo anterior, la cosa juzgada constitucional puede desvirtuarse si la nueva
solicitud de amparo se fundamenta en hechos nuevos, que no habían sido analizados
previamente por el juez, o cuando al interponer la primera acción el peticionario no
conocía -y no podía conocer- nuevos elementos fácticos o jurídicos para sustentarla14.

7 Corte Constitucional, sentencia C-774 de 2001.

8 “(…) [E]s decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión material o inmaterial sobre la cual se

predica la cosa juzgada. Se presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado
o modificado sobre una o varias cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre
aquellos elementos consecuenciales de un derecho que no fueron declarados expresamente”. Sentencia
C-774 de 2001.
9 “(…) [E]s decir, la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos

fundamentos o hechos como sustento. Cuando además de los mismos hechos, la demanda presenta
nuevos elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos supuestos, caso en el cual, el juez puede
retomar los fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva causa.”
Sentencia C-774 de 2001.
10 “(…) [E]s decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron vinculadas

y obligadas por la decisión que constituye cosa juzgada. Cuando la cosa juzgada exige que se presente la
identidad de partes, no reclama la identidad física sino la identidad jurídica.” Sentencia C-774 de 2001.
11 Corte Constitucional, sentencia T-813 de 2010.
12 Corte Constitucional, sentencia T-053 de 2012.

13 Corte Constitucional, sentencia T-185 de 2013.

14 Corte Constitucional, sentencia T-560 de 2009.

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2.4 El análisis de la cosa juzgada en cuanto al derecho de petición

1) La parte demandante indicó que no se dio una respuesta clara, completa y de fondo a
la solicitud que elevó para conocer el estudio técnico ordenado en la sentencia de
unificación SU-122 de 2022, el cual debía determinar la necesidad de crear nuevos
juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad con el fin de garantizar la
adecuada administración de justicia.

2) La respuesta recibida por parte del Consejo Superior de la Judicatura no resolvió los
interrogantes planteados, pues, no explicó de manera suficiente las razones por las
cuales solo se creó un juzgado adicional en Cúcuta, por qué no se crearon cargos de
asistente jurídico grado 19 en los juzgados de Ocaña ni por qué no se dispuso la creación
de nuevos juzgados en el departamento de Arauca, pese a lo ordenado por la Corte
Constitucional.

3) No obstante, para la Sala es claro que se configura la cosa juzgada constitucional, en
atención a que el presente proceso guarda identidad de causa, de objeto y de partes con
el proceso de acción de tutela identificado con radicación no. 11001-03-15-000-2024-
05311-00/01, promovido por el mismo demandante en contra del Consejo Superior de la
Judicatura, en el cual el Consejo de Estado tuvo la oportunidad de pronunciarse acerca
de la presunta vulneración del derecho fundamental de petición derivada de la alegada
falta de respuesta o respuesta incompleta frente a la solicitud de remisión del estudio
técnico ordenado en la sentencia SU-122 de 2022, así como respecto de los
cuestionamientos relacionados con la creación de los juzgados de ejecución de penas y
medidas de seguridad.

4) En dicha oportunidad, la autoridad judicial concluyó que se configuraba una carencia
actual de objeto por hecho superado, pues, evidenció que la entidad accionada había
dado respuesta a la petición y había remitido el estudio técnico requerido durante el
trámite de la tutela, satisfaciendo así lo pretendido por el actor.

5) Este pronunciamiento no solo abordó de manera integral la controversia planteada,
sino que delimitó expresamente el alcance del derecho de petición invocado y descartó
la procedencia de nuevos cuestionamientos en sede de tutela sobre aspectos distintos o
posteriores.

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6) Así las cosas, se advierte una clara identidad de partes, en tanto el demandante y la
entidad demandada son los mismos; identidad de objeto, pues en ambas acciones se
pretende la protección del derecho de petición frente a la supuesta falta de entrega del
estudio técnico y de explicación sobre la creación de juzgados; e identidad de causa
petendi, dado que los hechos que sustentan la solicitud de amparo corresponden a la
misma petición elevada ante la administración y a la inconformidad con su respuesta.

7) Finalmente, no se evidencia la existencia de hechos nuevos, ni de elementos fácticos
o jurídicos sobrevinientes que permitan desvirtuar la cosa juzgada constitucional, en los
términos señalados por la jurisprudencia; por el contrario, la nueva acción reproduce
sustancialmente los mismos argumentos y pretensiones ya analizados y resueltos por el
juez constitucional, razón por la cual resulta improcedente reabrir el debate mediante un
nuevo trámite de tutela.

8) En consecuencia, por haber operado la cosa juzgada constitucional, la presente acción
de tutela deviene improcedente, en la medida en que pretende revivir una controversia
ya decidida de manera definitiva por la jurisdicción constitucional.

9) En ese orden de ideas, la Sala modificará la sentencia de primera instancia que
declaró improcedente la acción de tutela en relación con la creación de los juzgados y la
negó frente al derecho de petición y, en su lugar, la declarará improcedente por el
incumplimiento del requisito de subsidiariedad, frente al presunto incumplimiento de la
sentencia y la solicitud de desacato, y declarará la cosa juzgada constitucional, respecto
de la presunta falta de respuesta a un derecho de petición, por las razones hasta aquí
expuestas.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

Modificase la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de
tutela en relación con la creación de los juzgados y la negó frente al derecho de petición
y, en su lugar, se dispone:

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1º) Declárase improcedente el amparo solicitado por el incumplimiento del requisito de
subsidiariedad, frente a la presunta inobservancia de la sentencia de unificación y la
solicitud de desacato, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

2º) Declárase improcedente el amparo solicitado por la configuración de la cosa juzgada
constitucional, frente al derecho de petición, de conformidad con la parte motiva de esta
providencia.

3º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier medio expedito y eficaz.

4º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia
y remítasele copia del mismo.

5º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección Magistrado
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)

DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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