RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-03301-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03301-00

Fecha
12 de junio de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03301-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el señor Edwin Rodrigo Villota Soriano, por las razones expuestas en esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-03301-00

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

12 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., doce (12) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001 03 15 000 2026 03301 00
Accionante: Edwin Rodrigo Villota Soriano
Accionados: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y
otro
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela, por cuanto se
dirige contra una sentencia de tutela y no se acreditó la
existencia de fraude que habilite de manera excepcional su
procedencia, conforme a los criterios fijados en la
Sentencia SU-627 de 2015.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela promovida por el señor Edwin Rodrigo Villota Soriano
en contra de las sentencias proferidas el 11 de agosto de 2025 por el Consejo de Estado
• Sección Segunda – Subsección B y el 20 de marzo de 2026 por el Consejo de Estado -
Sección Tercera – Subsección B, en la acción de tutela identificada con el radicado núm.
11001 03 15 000 2025 04155 00/01.

1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Edwin Rodrigo Villota Soriano, actuando en nombre propio, interpuso acción de
tutela en contra de las citadas providencias, y para ello formuló las siguientes
pretensiones1:

1. Amparar el derecho fundamental al debido proceso.

2. Dejar sin efectos la Sentencia del 20 de marzo de 2026.

3. Ordenar proferir una nueva decisión con análisis probatorio integral y motivación
suficiente, teniendo en cuenta su incidencia sobre la eficacia del fallo
Constitucional de la Sentencia SU-122 de 2022. Análisis material y efectivo, de la
orden dada en el numeral decimosegundo de la Sentencia SU 122 de 2022.
(Mayúsculas y negrillas originales del escrito tutela).

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El accionante relató que la Corte Constitucional, mediante la Sentencia SU-122 de 2022,
ordenó al Consejo Superior de la Judicatura elaborar un estudio técnico para determinar
el número de cargos de jueces de ejecución de penas necesarios para garantizar el

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado núm. 11001 0315000 2025 03301 00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2026 03301 00
Accionante: Edwin Rodrigo Villota Soriano
Accionados: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro

funcionamiento oportuno y eficiente de la administración de justicia, en el marco del
estado de cosas inconstitucional identificado por dicha corporación.

Explicó que dicha orden también vinculó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público en
el sentido de adoptar las medidas necesarias para que, a inicios de la siguiente vigencia
fiscal, entraran en funcionamiento los juzgados correspondientes. A su juicio, ello
implicaba que dichos despachos debían estar operando para el año 2023.

Señaló que es integrante de la lista de elegibles del concurso de méritos de empleados
de carrera de tribunales, juzgados y centros de servicios de los Distritos Judiciales de
Arauca, Cúcuta y Pamplona y administrativos de Norte de Santander y Arauca, para el
cargo de asistente jurídico de Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad,
grado 19, código 261803.

Indicó que, por esa razón, tenía un interés directo, legítimo y actual en el cumplimiento
material de la orden contenida en el numeral decimosegundo de la Sentencia SU-122 de
2022, pues la creación y puesta en funcionamiento de los juzgados de ejecución de penas
podía incidir en la provisión de cargos relacionados con la lista de elegibles de la cual
hace parte.

Manifestó que presentó acción de tutela en contra del Consejo Superior de la Judicatura
y otros, la cual correspondió en primera instancia a la Subsección B, Sección Segunda
del Consejo de Estado que, mediante sentencia del 11 de agosto de 2025, por una parte,
declaró improcedente la solicitud de amparo frente al Consejo Superior de la Judicatura
y, por otra, negó el amparo del derecho fundamental de petición respecto de la Corte
Constitucional.

Inconforme con dicha decisión, interpuso impugnación y la Subsección B, Sección
Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 20 de marzo de 2026 la modificó y, en
su lugar, declaró improcedente la acción de tutela al considerar que existía otro
mecanismo idóneo, frente a la presunta inobservancia de la sentencia de unificación y la
solicitud de desacato, y que se configuraba cosa juzgada constitucional frente al derecho
de petición.

Adujo que la lista de elegibles expiró en octubre de 2025, antes de que se profiriera el
citado fallo de segunda instancia, lo que, en su criterio, generó una pérdida real e
irreparable de oportunidades laborales derivada del cumplimiento tardío e insuficiente de
la orden impartida en la Sentencia SU-122 de 2022.

Agregó que la expiración de la lista de elegibles constituyó un hecho nuevo y
sobreviniente, ocurrido con posterioridad a la radicación de la acción de tutela anterior y
antes de que se dictara el fallo cuestionado. Sostuvo que esa circunstancia no fue
valorada por la autoridad judicial accionada y que impedía predicar la existencia de cosa
juzgada constitucional.

Sobre la procedencia de la acción, afirmó que no cuenta con otro mecanismo judicial
eficaz para la protección de sus derechos fundamentales al trabajo, al acceso a cargos
públicos, a la carrera judicial, a la igualdad de oportunidades, a la estabilidad e
independencia derivadas del sistema de mérito, al debido proceso, a la seguridad jurídica
y a la primacía del derecho sustancial.

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2026 03301 00
Accionante: Edwin Rodrigo Villota Soriano
Accionados: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro

En cuanto a los defectos atribuidos a las providencias cuestionadas, alegó la
configuración de un defecto fáctico por indebida valoración probatoria, al considerar que
las autoridades judiciales omitieron analizar pruebas relevantes sobre el cumplimiento
material y efectivo de la Sentencia SU-122 de 2022.

En particular, sostuvo que no se examinó el contenido concreto del estudio técnico, ni si
este cumplía con los parámetros fijados por la Corte Constitucional. También afirmó que
no se valoró la ausencia de justificación técnica sobre la falta de creación de todos los
juzgados requeridos, la no provisión de cargos de asistente jurídico grado 19 y la
inexistencia de un estudio específico respecto del Circuito de Arauca.

Asimismo, cuestionó que se hubiera considerado idóneo el incidente de desacato, pues,
según explicó, dicho mecanismo fue negado sin un análisis material del cumplimiento de
la orden estructural. A su juicio, el desacato no podía sustituir el control constitucional
cuando subsistía el incumplimiento de una sentencia estructural.

También invocó el defecto de decisión sin motivación, porque, en su criterio, la
providencia cuestionada descartó la existencia de un perjuicio irremediable sin valorar las
pruebas relacionadas con la caducidad de la lista de elegibles, la pérdida definitiva de
oportunidades laborales y la irreversibilidad del daño alegado.

Alegó el desconocimiento del precedente constitucional sobre el cumplimiento material
de las sentencias estructurales y sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
en concursos de méritos. Al respecto, citó jurisprudencia de la Corte Constitucional
relacionada con la necesidad de verificar la superación real del estado de cosas
inconstitucional y no limitar el análisis a actuaciones formales.

En ese sentido, afirmó que la orden impartida en la Sentencia SU-122 de 2022 no se
agotaba con la elaboración del estudio técnico, pues este tenía carácter instrumental.
Expuso que el cumplimiento material exigía la creación y puesta en funcionamiento
oportuna de los cargos y despachos requeridos, dentro del plazo fijado por la Corte
Constitucional.

Precisó que la información aportada únicamente daba cuenta de una primera fase de
creación de despachos y de la identificación de la necesidad de crear 103 juzgados de
ejecución de penas. Sin embargo, sostuvo que no existía prueba sobre la fecha exacta
de entrada en funcionamiento de todos los cargos, la apropiación presupuestal
correspondiente, el acto administrativo definitivo ni el cronograma completo de
implementación.

Con fundamento en lo anterior, concluyó que las sentencias cuestionadas desconocieron
la naturaleza estructural, progresiva y verificable de la orden impartida por la Corte
Constitucional, así como el impacto que su cumplimiento tardío habría generado sobre
los derechos derivados del mérito y de la carrera judicial.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2026 03301 00
Accionante: Edwin Rodrigo Villota Soriano
Accionados: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro

3.1. La tutela fue radicada el 29 de abril de 20262 y correspondió por reparto a esta
Sección que, por auto del 5 de mayo de 20263 la admitió y dispuso notificar4 al Consejo
de Estado – Sección Segunda – Subsección B y al Consejo de Estado – Sección Tercera
– Subsección B, como partes accionadas; así como vincular5 al Consejo Superior de la
Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a la Corte Constitucional, al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Consejo de Estado – Sección Cuarta, al
Consejo de Estado - Sección Tercera – Subsección C y a los ciudadanos Ospino Reyes
María Teresa, Acevedo Puerto Jhon Jairo, López Contreras Adriana Katherine, Gazca
Pérez Haydee, Muñoz Pava Yizel Xiomara, Villamizar Vélez Ana Cecilia, Becerra Cañas
Jesús Elías, Taborda Leiva María Johana, Moreno Cárdenas Yant Karlo, Acevedo
Gorsira Fred Anderson, Orozco Navarro Olger Armando, Rico Fuentes Yineth Tatiana,
Martínez Martínez William Andrés, Gómez Villamizar Juan Camilo, Parada Latorre
Geraldine, Laguado Sepúlveda Phoenix, como terceros con interés directo en el resultado
del proceso.

De igual forma, se requirió a la Secretaría General del Consejo de Estado, para que
allegara copia digital o el hipervínculo de consulta del expediente correspondiente a la
acción de tutela identificada con el radicado núm. 11001 03 15 000 2025 04155 00/01.

3.2. El consejero de Estado Fredy Ibarra Martínez rindió informe6 en el que se opuso a
las pretensiones del accionante, al considerar que el trámite impartido a la acción de
tutela acusada no vulneró los derechos fundamentales del actor.

Señaló que la solicitud de amparo era improcedente, pues estaba dirigida contra una
sentencia proferida dentro de otro trámite de tutela y no cumplía los requisitos
excepcionales fijados en la Sentencia SU-627 de 2015. En particular, indicó que el
accionante no demostró ni alegó que la providencia cuestionada hubiera sido producto
de una situación de fraude.

Agregó que los argumentos del actor reflejaban su inconformidad con la valoración
probatoria, el análisis de subsidiariedad, la existencia de cosa juzgada constitucional y el
cumplimiento de la Sentencia SU-122 de 2022, asuntos que ya habían sido estudiados
por el juez constitucional competente.

Finalmente, advirtió que tampoco se cumplía el requisito de relevancia constitucional,
porque la acción pretendía reabrir un debate ya decidido. Por ello, solicitó declarar la
improcedencia de la tutela y, subsidiariamente, negar las pretensiones por falta de
sustento fáctico y jurídico.

3.3. La presidenta de la Corte Constitucional, Paola Andrea Meneses Mosquera, allegó
escrito7 en el que sostuvo que la entidad no estaba llamada a responder por la presunta
vulneración alegada, porque los hechos narrados no le eran imputables y ninguna

2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

0315000 2025 03301 00.
3 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

0315000 2025 03301 00.
4 Esta orden se cumplió el 7 de mayo de 2026. Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión

Judicial del proceso con radicado núm. 11001 0315000 2025 03301 00.
5 Ibidem.
6 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

0315000 2025 03301 00.
7 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

0315000 2025 03301 00.
4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2026 03301 00
Accionante: Edwin Rodrigo Villota Soriano
Accionados: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro

pretensión se dirigía contra esa corporación. Precisó que la mención de la Sentencia SU-
122 de 2022 solo servía como fundamento de la solicitud de amparo, sin que se
cuestionara la decisión adoptada por la Corte.

Con fundamento en lo anterior, concluyó que esa corporación no se encontraba
legitimada en la causa por pasiva y solicitó su desvinculación del trámite.

Finalmente, aclaró que ello no afectaba su competencia para adelantar el trámite de
eventual selección para revisión, conforme al numeral 9 del artículo 241 de la
Constitución, y agregó que el expediente de tutela núm. 11001 03 15 000 2025 04155 00
fue registrado ante la Corte el 30 de abril de 2026 y estaba pendiente de asignación de
número interno.

3.4. El Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
allegó escrito8 en el que solicitó su desvinculación del trámite tutelar o, en subsidio, negar
las pretensiones de la acción de tutela.

Sostuvo que no se encuentra legitimada en la causa por pasiva, debido a que no profirió
las decisiones cuestionadas ni tiene competencia para dejarlas sin efectos. Precisó que,
conforme a la Ley 270 de 1996, la entidad es un órgano técnico y administrativo de la
Rama Judicial, sin injerencia en las providencias adoptadas por jueces y magistrados.

Agregó que, en todo caso, la acción de tutela pretende reabrir un debate ya definido en
sede judicial y utilizar este mecanismo como una instancia adicional. Por ello, concluyó
que no se acreditó vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados.

3.5. La consejera de Estado Myriam Stella Gutiérrez Argüello9 manifestó que el actor no
cuestionó providencias dictadas por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, pues la
presente acción se dirige contra la sentencia del 20 de marzo de 2026, proferida dentro
del proceso de tutela núm. 11001 03 15 000 2025 04155 01.

Indicó que la Sección Cuarta conoció previamente la tutela núm. 11001 03 15 000 2024
05311 00/01, en la que el actor solicitó la respuesta a una petición relacionada con el
estudio técnico ordenado en la Sentencia SU-122 de 2022. Precisó que, en ese asunto,
mediante sentencia del 7 de noviembre de 2024, se declaró la carencia actual de objeto
por hecho superado, decisión que fue confirmada el 7 de febrero de 2025.

Señaló que, aunque la Sección Cuarta fue vinculada como tercero con interés en la tutela
núm. 11001 03 15 000 2025 04155 00/01, los reproches actuales se dirigen contra la
decisión que declaró improcedente ese amparo, por la supuesta falta de valoración del
cumplimiento material de la Sentencia SU-122 de 2022 y del vencimiento de la lista de
elegibles del actor. Por lo anterior, sostuvo que no existe acción u omisión atribuible a la
Sección Cuarta.

Por último, agregó que no se cumplen los requisitos de procedencia excepcional de la
tutela contra tutela previstos en la Sentencia SU-627 de 2015, porque no se acreditó que
la decisión cuestionada fuera producto de fraude. En consecuencia, solicitó declarar la

8 Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

0315000 2025 03301 00.
9 Visto en el índice 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

0315000 2025 03301 00.
5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2026 03301 00
Accionante: Edwin Rodrigo Villota Soriano
Accionados: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro

improcedencia de la acción o, en subsidio, negar el amparo respecto de la Sección Cuarta
del Consejo de Estado.

3.6. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público allegó escrito10 en el que señaló que no
se encontraba legitimada en la causa por pasiva, porque no era la entidad responsable
de la presunta vulneración de los derechos invocados por el actor.

Indicó que sus funciones están delimitadas por la Constitución Política, la ley y el Decreto
4712 de 2008, y que no tiene competencia para asumir obligaciones de otras entidades
ni para intervenir en decisiones judiciales.

Agregó que no existía petición pendiente por resolver ante esa cartera y que la gestión,
priorización y ejecución del gasto corresponde a cada entidad, conforme a su autonomía
presupuestal. Por lo anterior, solicitó declarar la improcedencia de la acción frente al
Ministerio y ordenar su desvinculación del presente trámite tutelar.

3.7. El consejero de Estado Jorge Edison Portocarrero Banguera11 señaló que la acción
de tutela era improcedente, porque se dirige contra una sentencia proferida dentro de
otro trámite de la misma naturaleza.

Explicó que, conforme a la Sentencia SU-627 de 2015, la tutela contra fallos de tutela no
procede como regla general y solo es admisible, de manera excepcional, cuando se
acredita una situación de fraude que configure cosa juzgada fraudulenta.

Indicó que, en este caso, no se configura ninguno de los escenarios excepcionales
previstos por la jurisprudencia constitucional, pues el accionante pretende que se analice
nuevamente el presunto incumplimiento de la Sentencia SU-122 de 2022, asunto que ya
fue estudiado en dos instancias dentro de la acción de tutela cuestionada.

Por lo anterior, solicitó declarar improcedente la acción de tutela o, en su defecto, negar
el amparo, al no acreditarse los requisitos de procedencia ni la vulneración de los
derechos fundamentales invocados.

3.8. Los ciudadanos Ospino Reyes María Teresa, Acevedo Puerto Jhon Jairo, López
Contreras Adriana Katherine, Gazca Pérez Haydee, Muñoz Pava Yizel Xiomara,
Villamizar Vélez Ana Cecilia, Becerra Cañas Jesús Elías, Taborda Leiva María Johana,
Moreno Cárdenas Yant Karlo, Acevedo Gorsira Fred Anderson, Orozco Navarro Olger
Armando, Rico Fuentes Yineth Tatiana, Martínez Martínez William Andrés, Gómez
Villamizar Juan Camilo, Parada Latorre Geraldine, Laguado Sepúlveda Phoenix
guardaron silencio.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 12 y el artículo

10 Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

0315000 2025 03301 00.
11 Visto en el índice 20 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

0315000 2025 03301 00.
12 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”

6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2026 03301 00
Accionante: Edwin Rodrigo Villota Soriano
Accionados: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro

2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,13 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 202114, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 201915, modificado por el Acuerdo núm. 434 del
10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula
la distribución de procesos entre las secciones.

4.2. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente:

4.2.1. El 3 de julio de 2025, el señor Edwin Rodrigo Villota Soriano promovió acción de
tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, la Corte Constitucional y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin
de obtener la protección de sus derechos fundamentales de petición, debido proceso,
acceso a cargos públicos y acceso a la administración de justicia.

4.2.2. Mediante sentencia del 11 de agosto de 2025, la Sección Segunda, Subsección B,
del Consejo de Estado declaró improcedente el amparo, al considerar que la creación de
juzgados y cargos en la Rama Judicial correspondía al Consejo Superior de la Judicatura
y excedía el ámbito de competencia del juez de tutela. Asimismo, señaló que las
autoridades demandadas adelantaron actuaciones para dar cumplimiento a la Sentencia
SU-122 de 2022 y respondieron las solicitudes del actor.

4.2.3. Inconforme con la anterior decisión, el señor Edwin Rodrigo Villota Soriano
interpuso recurso de impugnación. Mediante sentencia del 20 de marzo de 2026, la
Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado modificó el fallo de primera
instancia y, en su lugar, declaró improcedente el amparo por incumplimiento del requisito
de subsidiariedad frente a la presunta inobservancia de la Sentencia SU-122 de 2022 y
la solicitud de desacato. Además, declaró improcedente el amparo por la configuración
de cosa juzgada constitucional frente al derecho de petición.

4.3. CUESTIÓN PREVIA

En relación con las solicitudes de desvinculación formuladas por la Corte Constitucional,
el Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Sala advierte que no hay lugar a acceder a
ellas, toda vez que dichas autoridades fueron vinculadas al presente trámite en calidad
de terceros con interés en el resultado del proceso, comoquiera que hicieron parte de la
acción de tutela en el que se profirieron las providencias judiciales acusadas.

4.4. ANÁLISIS DE SALA

En el caso bajo estudio, el señor Edwin Rodrigo Villota Soriano pretende que se deje sin
efectos la sentencia del 20 de marzo de 2026, proferida por la Sección Tercera,

13 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece

las reglas de reparto de la acción de tutela.
14 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
15 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de

abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2026 03301 00
Accionante: Edwin Rodrigo Villota Soriano
Accionados: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro

Subsección B, del Consejo de Estado, dentro de la acción de tutela identificada con el
radicado núm. 11001 03 15 000 2025 04155 00/01.

En dicha providencia se modificó la sentencia del 11 de agosto de 2025, proferida por la
Sección Segunda, Subsección B, de la misma corporación, que había declarado
improcedente el amparo en relación con la creación de juzgados y cargos en la Rama
Judicial, y negado la protección respecto del derecho de petición.

En ese sentido, la Sala advierte que la presente solicitud de amparo se promueve en
contra de una sentencia proferida en otra acción de tutela.

Al respecto, uno de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial que la Corte Constitucional ha establecido es que “no se trate de
sentencias de tutela”16; lo anterior, debido a que:

[…] conforme con el procedimiento establecido para adelantar este tipo de
procesos –artículo 86 de la Constitución Política y Decreto Estatutario 2591 de
1991− los errores en que incurren los jueces de instancia y que afectan el derecho
al debido proceso, pueden ser conocidos y corregidos por la Corte Constitucional
en sede de revisión […]17.

En ese sentido, se tiene que la regla general es que la acción de amparo es improcedente
para cuestionar un fallo de tutela; sin embargo, en la sentencia SU-627 de 2015, la Corte
Constitucional unificó jurisprudencia respecto “de la procedencia de la acción de tutela
contra sentencias de tutela y actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores
a la sentencia”. Al efecto, explicó lo siguiente:18

4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un
proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la
sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de
que no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido
proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas
de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de
dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la
República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando
exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta,
siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela
presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo
cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión
adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus
omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para
resolver la situación.

16 Corte Constitucional. Sentencia C- 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
17 Corte Constitucional. T - 286 del 23 de julio de 2018. M.P.: José Fernando Reyes Cuartas.
18 Corte Constitucional. SU- 627 del 1 de octubre de 2015. M.P.: Mauricio González Cuervo.

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2026 03301 00
Accionante: Edwin Rodrigo Villota Soriano
Accionados: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro

Bajo dicho contexto, la Sala advierte que la petición de amparo deviene improcedente,
porque la parte actora está controvirtiendo las sentencias proferidas en otra acción de
tutela y no demuestra que estas hayan sido dictadas como producto de una situación de
fraude, es decir, de cosa juzgada fraudulenta, para cuya configuración “se requiere estar
en presencia de un proceso que formalmente ha cumplido con todos los requisitos
procesales, pero que materializa, en esencia, un negocio jurídico fraudulento a través de
medios procesales, e implica un perjuicio ilícito a terceros y a la comunidad”19.

Frente a la cosa juzgada fraudulenta, la Corte Constitucional también ha precisado que:

[…] no se configura únicamente en el evento en que se adopte una decisión
con fines ilegales ligados a una intención dolosa, sino que también se
materializa en aquellos eventos en los que el juez adopta una decisión
fundada en el fraude a la ley, derivada de una interpretación normativa
abiertamente contraria a los postulados constitucionales y a la buena fe
judicial […]20.

Bajo este marco, corresponde verificar si en el presente asunto se configura la excepción
jurisprudencial que habilita, de manera extraordinaria, la procedencia de la acción de
tutela contra sentencias de tutela.

Para que dicha excepción resulte procedente, no basta la mera inconformidad con el
sentido de las decisiones cuestionadas, sino que es necesario que la parte actora
acredite, de manera clara, específica y suficiente, que las providencias de tutela fueron
producto de una situación de fraude o de un fraude a la ley, en los términos definidos por
la jurisprudencia constitucional.

En el presente asunto, el señor Villota Soriano sostuvo que la sentencia del 20 de marzo
de 2026 incurrió en defecto fáctico, defecto de motivación y desconocimiento del
precedente constitucional, al considerar que no se valoraron las pruebas relacionadas
con el cumplimiento material de la Sentencia SU-122 de 2022 ni el perjuicio derivado del
vencimiento de la lista de elegibles de la cual hacía parte.

No obstante, del análisis del expediente no se advierte que el accionante haya
demostrado la existencia de una actuación engañosa, artificiosa o deliberadamente
orientada a defraudar el ordenamiento jurídico, ni que la providencia cuestionada se
hubiera adoptado con base en hechos falsos u ocultos, o mediante el uso abusivo de los
mecanismos procesales. Por el contrario, la decisión reprochada fue adoptada dentro de
un trámite constitucional regular y con fundamento en la valoración jurídica efectuada por
el juez de tutela.

A ello se suma que los reproches formulados por el actor se dirigen a cuestionar el
análisis realizado por el juez constitucional sobre la subsidiariedad, la cosa juzgada
constitucional, la valoración probatoria y el alcance del cumplimiento de la Sentencia SU-
122 de 2022; sin embargo, tales inconformidades no permiten, por sí solas, tener por
acreditada una situación de fraude ni habilitan la procedencia excepcional de una tutela
contra sentencia de tutela.

19 Corte Constitucional. Sentencia T-073 del 25 de febrero de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
20 Ibidem.

9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2026 03301 00
Accionante: Edwin Rodrigo Villota Soriano
Accionados: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro

Por lo anterior, la Sala no encuentra acreditada la existencia de una situación de fraude
ni de una irregularidad manifiesta o deliberada que permita predicar la configuración de
una cosa juzgada fraudulenta. Por el contrario, lo que se evidencia es la inconformidad
del accionante con el sentido de la decisión adoptada dentro del trámite de tutela,
circunstancia que resulta insuficiente para habilitar la procedencia excepcional de la
acción de tutela contra providencias de la misma naturaleza.

En consecuencia, sin ser necesario descender en otras consideraciones, la Sala
declarará improcedente la solicitud de amparo por tratarse de una tutela promovida en
contra de una acción de igual naturaleza.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,
FALLA:

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Corte
Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conforme lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el señor
Edwin Rodrigo Villota Soriano, por las razones expuestas en esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al
día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 12 de
junio de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.