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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-03318-00

Fecha
2 de julio de 2026
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-03318-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA 1. Amparar los derechos fundamentales de petición, de acceso a documentos públicos, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la señora Martha Lucía Ramírez Artunduaga, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En consecuencia, 2. Dejar sin efecto la providencia de 17 de abril de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C en el trámite del recurso de insistencia con radicado 25000-23-41-000-2026-00422-00. 3. Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C que, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la presente providencia, profiera una nueva decisión en la que tenga en cuenta lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia. 4. Declarar improcedentes las demás pretensiones de amparo. 5. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 6. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 7. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-03318-00

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

2 de julio de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03318-00
Demandante: Martha Lucía Ramírez Artunduaga

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., dos (2) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03318-00
Demandante: Martha Lucía Ramírez Artunduaga
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C

Tema: Tutela contra providencia judicial – recurso de insistencia. Defecto
sustantivo

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Martha Lucía Ramírez
Artunduaga contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 333 de
2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 29 de abril de 2026, la parte actora interpuso acción de tutela contra la citada
autoridad judicial, por estimar vulnerados los derechos fundamentales de petición, de
acceso a documentos públicos, al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

1.REVOCAR la sentencia No. 071 del 17 de abril de 2026, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección C, dentro del trámite
de recurso de insistencia bajo radicado 25000-23-41-000-2026-00422-00, mediante la
cual se declaró bien denegado el acceso al Formato Seguimiento Operacional y se
declaró improcedente el recurso de insistencia frente al numeral primero del
derecho de petición presentado el 2 de febrero de 2026.
2. ORDENAR que en su lugar se profiera decisión que declare MAL DENEGADA la
información solicitada, y se ordene a la Inspección General de la Fuerza Aeroespacial
Colombiana expedir:

(i) Comunicación oficial en lenguaje claro que informe cuáles fueron los fenómenos
naturales de condiciones meteorológicas advertidas durante el seguimiento
operacional de la misión entre las 15:20 horas del 28 de septiembre de 2024 y las
08:14 horas del 29 de septiembre de 2024, que se enuncian en la comunicación
oficial FAC-S-2024-200815-CI del 13 de octubre de 2024, suscrita por el Capitán
Luis Miguel Cruz Gómez.
(ii) Versión pública del Formato Seguimiento Operacional, Órdenes de Vuelo y
Requerimientos Aéreos y Espaciales, preservando únicamente lo estrictamente
indispensable conforme al artículo 21 de la Ley 1712 de 2014.

3. ADVERTIR a la Fuerza Aeroespacial Colombiana sobre la obligación de garantizar la
no repetición de la vulneración, ajustando su actuación a los principios de publicidad,
legalidad, transparencia y buena fe en la gestión pública.
4. FIJAR, DE SER NECESARIO, LÍNEA JURISPRUDENCIAL en materia de acceso a
información en casos sobre accidentes de aviación de Estado, precisando que los
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datos meteorológicos y técnicos recolectados sobre condiciones climáticas que
anteceden y rodean un accidente aéreo son de dominio público y no pueden ser
amparados bajo la reserva de defensa y seguridad nacionales, máxime cuando la propia
entidad ya los ha divulgado parcialmente en documentos oficiales.

2. Hechos

De la lectura del expediente de tutela, se advierten como hechos relevantes los
siguientes:

El 29 de septiembre de 2024, la tripulación del helicóptero FAC-4441 fue enviada para
realizar una misión humanitaria en el área rural de la inspección Guanape, lugar en el
que debían evacuar a una persona con herida abierta en el tórax y trasladarla a Puerto
Carreño. No obstante, la referida aeronave sufrió un accidente y toda la tripulación
falleció.

El 2 de febrero de 2026, la señora Martha Lucía Ramírez Artunduaga, actuando en
nombre propio, como madre de la Técnico Cuarto - María Angélica González Ramírez
(q.e.p.d.), quien falleció el 29 de septiembre de 2024 en el accidente del helicóptero
FAC-4441 radicó petición ante la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), con el fin
de obtener: (i) comunicación oficial sobre cuáles fueron las condiciones
meteorológicas advertidas en el seguimiento operacional de la misión que causaron
el siniestro y (ii) copia del «Formato Seguimiento Operacional, Órdenes de Vuelo y
Requerimientos Aéreos y Espaciales», elaborado como consecuencia de esa
operación aérea y en el que quedaron registrados los seguimientos y análisis de las
condiciones meteorológicas entre las 15:20 horas del 28 de septiembre y las 08:14
horas del 29 de septiembre de 2024, hora en la que se encontró la aeronave
siniestrada.

Por oficio de 20 de febrero de 2026, la FAC negó la petición al considerar que en
relación con la comunicación oficial ya había dado respuesta con el oficio FAC-S-
2026-006370-CE y, frente a la copia del formato, sostuvo que se trataba de
información con carácter reservado por su relación con la defensa y seguridad
nacional.

El 26 de febrero de 2026, la actora interpuso recurso de insistencia sustentado en que
los fenómenos naturales son de dominio público y no pueden comprometer la
seguridad nacional, entre otros argumentos.

El recurso lo tramitó en única instancia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C bajo el radicado 25000-23-41-000-2026-00422-00 y
profirió sentencia de 17 de abril de 2026 en la que declaró bien denegado el acceso a
los formatos de seguimiento operacional, órdenes de vuelo y requerimientos aéreos.
Lo anterior, porque las causales de reserva eran aplicables al caso concreto, bajo el
entendido de que podían contener referencias a procedimientos tácticos, evaluaciones
de autonomía de vuelo que podrían comprometer las estrategias del Estado en la
vigilancia y control del espacio aéreo.

En relación con la solicitud de una comunicación oficial sobre los fenómenos
meteorológicos advertidos durante la misión de la aeronave FAC-4441, el fallador
sostuvo que la FAC indicó que esa información ya se le había suministrado en oficio
anterior sin que la entidad invocara reserva legal o constitucional alguna para negarla.
En consecuencia, frente a esa comunicación el recurso de insistencia era
improcedente.

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3. Argumentos de la acción de tutela

Resaltó que el artículo 74 constitucional garantiza el derecho de acceso a documentos
públicos y establece que sus excepciones deben ser fijadas por la ley y no por
reglamentos, circulares o por actos administrativos internos. En ese orden, sostuvo
que las Leyes 1755 de 2015 (que regula el derecho fundamental de petición) y 1712
de 2014 (que crea el régimen de transparencia y acceso a la información pública) son
las únicas fuentes legítimas para establecer restricciones al derecho de acceso a la
información pública y establecen con precisión cuáles son las causales de reserva,
que constituye una lista taxativa que no admite adiciones ni ampliaciones por vía
administrativa.

En este caso, resaltó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ignoró la
Constitución y la ley al avalar la reserva invocada por la FAC sobre las condiciones
meteorológicas y el formato de seguimiento operacional. Sobre el particular, precisó
que esa institución califica sus propios documentos como «público reservado» o
«público clasificado», con lo cual viola de manera directa el principio de jerarquía
normativa, pues permitir que una entidad clasifique como reservada cualquier
información mediante sus propios actos internos equivale a que sea ella quien fije los
límites del derecho de acceso, al punto de que todo documento en poder de la Fuerza
Pública quedaría amparado por la seguridad nacional.

En ese entendido, concluyó que los actos administrativos de clasificación interna con
los cuales la FAC califica sus propios archivos y formatos como reservados son
exactamente eso, es decir, actos administrativos que carecen de rango legal, pues no
fueron aprobados por el Congreso de la República ni sometidos al control previo de la
Corte Constitucional. Por tal razón, no pueden crear causales de reserva nuevas,
ampliar las causales ya previstas en la ley, endurecer los requisitos para acceder a la
información, ni agregar exigencias que el legislador no contempló.

Sostuvo que la decisión atacada incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente constitucional, en concreto de las sentencias T-1268 de 2001 y T-1102
de 2004 de la Corte Constitucional, referidas al acceso a la información sobre la
investigación de accidentes aéreos para efecto de las posibles demandas o
reclamaciones. Advirtió que el Tribunal no ponderó esos pronunciamientos, a pesar
de que prevalecen sobre la sentencia T-511 de 2010, relativa a la seguridad nacional.
Añadió que, por esa misma razón, el Tribunal aplicó de manera absoluta el artículo 18
de la Ley 1712 de 2014 y pasó por alto que, conforme con el bloque de
constitucionalidad, la seguridad nacional no es una figura jurídica para ocultar
información meteorológica ni de trazabilidad operativa en siniestros aéreos.

A ello agregó que, según su entender, el Tribunal se equivocó al no ordenar, como
mínimo, la entrega de una versión pública de los documentos como lo indica el artículo
21 ibídem, lo que sacrifica el derecho a la verdad y la justicia de las familias de los
tripulantes y pasajeros fallecidos bajo una premisa de reserva que la FAC nunca logró
individualizar ni probar.

Sobre ese punto, resaltó que la decisión cuestionada fue objeto de salvamento de voto
por el magistrado Fabio Iván Afanador García, quien consideró que sí era posible que
la FAC entregara una versión pública, en la que se restringiera la información sensible,
esto por cuanto la actora no requirió detalles técnicos, operacionales o de estrategia.

Ahora bien, en relación con la declaratoria de improcedencia de la insistencia del
primer numeral de la petición, advirtió que la autoridad judicial incurrió en un error de

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interpretación que vulnera el derecho de petición, puesto que la FAC dio una respuesta
evasiva.

En concreto, explicó que lo solicitado era específico, pues se limitó a pedir información
sobre cuáles fueron los fenómenos naturales advertidos entre las 15:20 del 28 y las
08:14 horas del 29 de septiembre de 2024, esto es, precipitaciones, visibilidad,
velocidad del viento, nubosidad, temperatura y presión atmosférica, datos que no
constan en el oficio FAC-S-2024-200815-CI. Al respecto, sostuvo que afirmar que «las
condiciones no eran viables» no equivale a informar que había niebla densa o
visibilidad reducida a determinada distancia, y que señalar que «las condiciones
meteorológicas no eran adecuadas» tampoco precisa si se presentó lluvia intensa,
vientos fuertes o cruzados. Asimismo, advirtió que la expresión «las condiciones
meteorológicas continuaban deterioradas y el porcentaje de iluminación lunar era 0…»
hace aún más necesario conocer la información climática concreta. Por ello, cuestionó
si existía una tormenta eléctrica y, si las condiciones eran tan adversas y la iluminación
lunar era nula, por qué se ordenó la salida del FAC-4441.

No obstante, insistió en que la decisión atacada validó que las condiciones
meteorológicas y el clima constituyen información reservada por razones de defensa
y seguridad nacional.

Anotó que el clima es un hecho de la naturaleza, máxime cuando se trata de
información pasada, así que convertirlo en «información reservada» solo porque
consta en un formato militar es una extensión irrazonable de la reserva. En ese
entendido, alegó que el Tribunal incurrió en defecto sustantivo al no diferenciar entre
(el formato) como soporte y su contenido (el clima), esto es una distorsión del régimen
de reserva que debe corregirse.

Aunado a lo anterior, indicó que se vulnera el derecho de acceso a la administración
de justicia, pues, al no conocer cuáles fueron los fenómenos meteorológicos concretos
que precedieron y acompañaron el accidente del FAC-4441, se le impide contar con
los elementos probatorios mínimos para presentar el medio de control de reparación
directa ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En esa línea, señaló que
las condiciones meteorológicas son un factor determinante en la responsabilidad del
Estado, pues permiten establecer si la aeronave despegó en condiciones de lluvia
intensa, niebla o visibilidad reducida que hacían inviable la misión.

De otra parte, resaltó que la FAC ya divulgó la información meteorológica en un
documento oficial, de modo que invocar reserva sobre lo que ya es público resulta
jurídicamente inadmisible. En efecto, anotó que en la comunicación oficial FAC-S-
2024-200815-CI del 13 de octubre de 2024, suscrita por el Capitán Cruz Gómez y
entregada como parte del Informe Administrativo por Muerte, la entidad reveló de
manera voluntaria que existía un seguimiento meteorológico de la misión consignado
en el Formato Seguimiento Operacional y describió las condiciones adversas que
precedieron al accidente, lo que convierte ese oficio en un documento relevante para
la causa del siniestro. Por tanto, al divulgar la existencia y el contenido general de esa
información, la FAC renunció tácitamente a la reserva sobre esa materia.

Sobre ese punto, indicó que la Corte Constitucional ha señalado que la reserva no
puede ser invocada sobre documentos cuya existencia y contenido ya han sido
revelados por la propia entidad (C-540 de 2012). Que ahora la FAC pretenda que el
detalle de esas mismas condiciones es secreto de Estado constituye una
contradicción con sus propios actos que no puede ser amparada judicialmente.
Sumado al hecho de que la FAC no demostró el daño real, actual y específico que
causaría la revelación y el Tribunal no ponderó los bienes en conflicto, sino que se
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limitó a constatar que se invocó la causal de reserva del artículo 24, numeral 1, de la
Ley 1755 de 2015 sin ningún análisis adicional.

4. Trámite procesal de la acción de tutela

En auto del 6 de mayo de 2026, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela,
ordenó notificar a la parte demandante, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C, en calidad de demandado y a la Inspección General
de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), en condición de tercero con interés.

5. Oposición

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C
advirtió que las razones de hecho y de derecho que motivaron la decisión, atacada en
sede de tutela, están contenidas en la sentencia de 17 de abril de 2026, dictada en el
proceso rad. 25000-23-41-000-2026-00422-00.

Alegó que la accionante pretende convertir la acción de tutela en una instancia
adicional para controvertir una decisión judicial desfavorable, lo que resulta
improcedente por tratarse de una providencia dictada en el marco de otro proceso
constitucional.

6. Intervención del tercero con interés

El jefe del Departamento Estratégico de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos
de la Fuerza Aeroespacial Colombiana pidió declarar improcedente la acción de
tutela y, subsidiariamente, negar en su totalidad el amparo solicitado al no
configurarse vulneración alguna de derechos fundamentales ni defecto judicial que
habilite la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial.

Aseguró que ha actuado en estricto cumplimiento de sus deberes constitucionales y
legales, dado que suministró a la actora la información pública que legalmente le
estaba permitido y explicó de manera consistente las razones jurídicas que impiden
divulgar documentación operacional y técnica sometida a reserva por motivos de
defensa y seguridad nacional.

Sobre la información requerida, sostuvo que no constituye simples datos
administrativos o aislados, sino documentación técnica, operacional y estratégica cuya
divulgación permitiría inferir capacidades institucionales, procedimientos
operacionales, análisis de riesgos, parámetros técnicos y demás elementos sensibles
relacionados con la seguridad y defensa nacional. Por ello, la reserva invocada no
responde a una decisión discrecional, caprichosa o arbitraria de la Fuerza
Aeroespacial Colombiana, sino al estricto cumplimiento de obligaciones
constitucionales y legales orientadas a la protección de intereses superiores del
Estado.

En relación con la decisión del 17 de abril de 2026, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, advirtió que se
ajusta plenamente al ordenamiento constitucional y legal al resolver de fondo el
recurso de insistencia promovido por la accionante. En esa providencia se efectuó un
análisis integral, razonado y motivado sobre la legalidad de la reserva invocada por la
Fuerza Aeroespacial Colombiana respecto de la documentación requerida dentro de
la Investigación de Seguridad Operacional.

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Por último, señaló que está dispuesta a atender, a la mayor brevedad, cualquier
requerimiento adicional que estime pertinente esta Corporación, así como a remitir la
información que sea solicitada directamente por la autoridad judicial competente
dentro de los escenarios procesales legalmente establecidos, y coadyuva de esta
manera con la adecuada administración de justicia.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1.º establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Problema jurídico

A la Sala le corresponde determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C, vulneró los derechos fundamentales de petición, de
acceso a documentos públicos, al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia con la expedición de la providencia de 17 de abril de 2026, dictada en única
instancia en el recurso de insistencia (rad. 25000-23-41-000-2026-00422-00), en la
que se declaró: (i) bien denegado el acceso a los formatos de seguimiento operacional
y órdenes de vuelo y requerimientos aéreos e (ii) improcedente el recurso de
insistencia frente al numeral primero de la petición de 2 de febrero de 2026,
presentada por la señora Martha Lucía Ramírez Artunduaga.

De acuerdo con lo anterior, la Sala deberá verificar el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial y, de ser
así, si se configura el defecto sustantivo alegado por la actora.

La Sala anticipa que amparará los derechos fundamentales invocados por encontrarse
acreditada la configuración del defecto sustantivo en la providencia de 17 de abril de
2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C.

Para resolver la controversia, la Sala abordará los siguientes temas: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales; (ii) el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela en el presente caso; (iii) el derecho de acceso a la
información y (iv) el defecto sustantivo en el caso concreto.

(i) Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos fundamentales.

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La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción de tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la «procedencia excepcional»1, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales2 y específicas3 de procedencia de la
acción de tutela.

(ii) Cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela en el presente caso

La acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional porque la parte
actora invoca la protección de derechos fundamentales de petición, de acceso a
documentos públicos, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia;
sustenta con suficiencia las razones por las que la decisión judicial cuestionada afecta
esos derechos y no se trata de un asunto de mera legalidad o económico.

Cabe señalar que la providencia cuestionada declaró bien denegado el acceso a unos
formatos de la FAC y la improcedencia del recurso de insistencia frente al numeral
primero de la petición elevada por la señora Martha Lucía Ramírez Artunduaga. De
este modo, en caso de que se configure alguno de los requisitos especiales de
procedencia de la tutela contra la providencia judicial cuestionada, ello impactaría
directamente los derechos fundamentales invocados, pues quedaría sin efecto la
providencia de única instancia.

Asimismo, conviene precisar que la acción de tutela no constituye una instancia
adicional para controvertir lo decidido por el Tribunal, según lo planteó la autoridad
demandada en su oposición, pues la decisión que resolvió el recurso de insistencia se
dictó en única instancia y contra ella no procede recurso u otro medio de defensa
judicial, de modo que la actora carece de una vía distinta para cuestionar esa
determinación.

Se cumple con el (ii) Requisito general de subsidiariedad porque los argumentos
invocados no se enmarcan en algún otro medio de defensa idóneo para la defensa de
los derechos que invoca vulnerados. En igual sentido, el (iii) Requisito general de
inmediatez se satisface. El ejercicio de la presente acción de tutela resulta oportuno,
toda vez que la providencia atacada fue notificada el 22 de abril de 2026 y el ejercicio
de acción de tutela se dio el 29 de abril siguiente.

La Sala también encuentra que están satisfechos los demás requisitos generales de
procedencia, si se tiene en cuenta que la parte actora: alega una irregularidad que
genera un efecto determinante y afecta los derechos fundamentales invocados;
1
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
2
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
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identificó de manera razonable los hechos que generaron la vulneración y, no se
cuestionan sentencias de tutela.

Por lo que la Sala pasa a analizar si se configura el defecto sustantivo alegado.

(iii) Derecho de acceso a la información

El artículo 74 de la Constitución Política garantiza a toda persona el derecho de
acceder a los documentos públicos, salvo los casos que establezca la ley. Sobre el
derecho de acceso a la información pública, la Corte Constitucional ha considerado
que cumple tres funciones primordiales4: (i) garantizar la participación democrática y
el ejercicio de los derechos políticos; (ii) permitir el ejercicio de otros derechos
constitucionales y (iii) garantizar la transparencia de la gestión pública, al constituirse
en un mecanismo de control y veeduría ciudadana de la actividad estatal.

Por su parte, los artículos 24 y 25 de la Ley 1712 de 2014 disponen que «Toda persona
tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier sujeto obligado», así como
aquella información de naturaleza pública. Se entiende que la regla general es el
acceso a la información y la excepción es que exista reserva legal respecto de ciertos
documentos e información.

El artículo 19 ibídem, en concordancia con el artículo 24 del CPACA [sustituido por la
Ley 1755 de 2015], prevé como reservada, entre otra, aquella información o
documentación relacionada con la defensa o seguridad nacionales. Esa misma norma
exige que la decisión de negar o rechazar el acceso a la información pública reservada
debe ser motivada y por escrito.

Y el artículo 26 ibídem, exige que la respuesta dada a una petición de información
pública sea veraz, completa, motivada, actualizada y oportuna según los términos
dispuestos en el artículo 14 del CPACA.

Cuando se niega el acceso a una determinada información por reserva legal, la
autoridad debe indicar las razones y aportar las pruebas que fundamenten tal
negativa. En concreto, el artículo 28 ib, ordena que «el sujeto obligado debe demostrar
que la información debe relacionarse con un objetivo legítimo establecido legal o
constitucionalmente. Además, deberá establecer si se trata de una excepción
contenida en los artículos 18 y 19 de esta ley y si la revelación de la información
causaría un daño presente, probable y específico que excede el interés público que
representa el acceso a la información.»

Ante la negativa de entregar determinada información o documentación por reserva
legal, relacionada con asuntos de defensa y seguridad nacional, el artículo 27 ib.
dispone que el interesado puede interponer recurso de reposición y si este se niega
tendrá el recurso de insistencia que corresponderá conocer al tribunal o juzgado
administrativo, según sea el caso, y decidir si accede o niega total o parcialmente la
petición. Esa norma es concordante con el artículo 26 del CPACA.

Explicado lo anterior, es relevante también indicar en relación con la información
clasificada y reservada, que el artículo 20 de la Ley 1712 de 2014 ordena que debe
mantenerse un índice actualizado de los actos, documentos e informaciones
calificados de una u otra manera. Y el artículo 21 ibídem permite que se haga una
versión pública de cualquier documento que contenga información que no está

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Sentencia C-274 de 2013.
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protegida en su totalidad por reserva legal, de manera que se conserve únicamente
respecto de lo que no puede divulgarse. La citada norma dispone lo siguiente:

ARTÍCULO 21. DIVULGACIÓN PARCIAL Y OTRAS REGLAS. <Artículo corregido por
el artículo 3 del Decreto 1494 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> En aquellas
circunstancias en que la totalidad de la información contenida en un documento no esté
protegida por una excepción contenida en la presente ley, debe hacerse una versión
pública que mantenga la reserva únicamente de la parte indispensable. La información
pública que no cae en ningún supuesto de excepción deberá ser entregada a la parte
solicitante, así como ser de conocimiento público. La reserva de acceso a la información
opera respecto del contenido de un documento público pero no de su existencia.

<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> Ninguna autoridad pública puede
negarse a indicar si un documento obra o no en su poder o negar la divulgación de un
documento, salvo que el daño causado al interés protegido sea mayor al interés público
de obtener acceso a la información.

Las excepciones de acceso a la información contenidas en la presente ley no aplican en
casos de violación de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, y en todo caso
deberán protegerse los derechos de las víctimas de dichas violaciones.

En correspondencia con la anterior norma, el artículo 31 del Decreto 103 de 2015
contempla la posibilidad de divulgar parcialmente los datos contenidos en un acto o
documento que no están protegidos con reserva legal. La citada disposición en
concreto señala5:

Artículo 31. Existencia y divulgación integral o parcial de la información. Si un
mismo acto o documento contiene información que puede ser divulgada e información
clasificada o reservada, el sujeto obligado debe revelar los datos no protegidos y
presentar los fundamentos constitucionales y legales por los que retiene los datos que
no puede divulgar.

Los sujetos obligados podrán tachar los apartes clasificados o reservados del
documento, anonimizar, transliterar o editar el documento para suprimir la información
que no puede difundirse; abrir un nuevo expediente con la información pública que puede
ser divulgada; o acudir a las acciones que sean adecuadas para cumplir con su deber de
permitir el acceso a toda aquella información que no esté clasificada o reservada,
teniendo en cuenta el formato y medio de conservación de la información.

Significa que es posible acceder a la información pública siempre que no esté
restringida por la causal de reserva legal expresa.

(iv) Defecto sustantivo6 en el caso concreto

La actora ejerce la acción de tutela con el fin de que se deje sin efecto la providencia
de 17 de abril de 2026 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C, por la cual declaró bien denegado el acceso al formato de seguimiento
operacional y órdenes de vuelo y requerimientos aéreos y declaró improcedente el

5
Esta norma quedó compilada en el artículo 2.1.1.4.3.2 del Decreto 1081 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto
Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República."
6 Como lo ha reiterado esta Sala, en los términos de la sentencia T – 1009 de 2000 de la Corte Constitucional, se presenta el denominado

defecto sustantivo cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea
porque perdió vigencia, porque su aplicación resulta del todo inconstitucional o, porque su contenido no guarda relación de conexidad
material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado. Sin embargo, para que se predique tal defecto es preciso tener en
cuenta que la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable interpretación de una norma legal o reglamentaria, en
razón de que los jueces son autónomos para escoger entre diversas interpretaciones de una disposición legal, la que consideren más
acorde con el ordenamiento jurídico (art. 230 de la Constitución Política).
Para la Corte Constitucional, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo cuando: (i) la norma aplicable al caso es claramente
inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador, (ii) a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las
autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra
legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y, finalmente, (iii)
cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva
(Sentencia T – 462 de 2003, Corte Constitucional).
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recurso de insistencia frente al numeral primero de la petición presentada el 2 de
febrero de 2026 por la señora Martha Lucía Ramírez Artunduaga (rad. 25000-23-41-
000-2026-00422-00).

Frente a la anterior decisión, la actora advierte que el Tribunal incurrió en defecto
sustantivo al no interpretar en debida forma las normas que regulan la reserva de la
información. Sostuvo que la autoridad judicial aplicó de manera absoluta el artículo 18
de la Ley 1712 de 2014 y no tuvo en cuenta el bloque de constitucionalidad, en
especial la jurisprudencia de la Corte Constitucional (T-1268 de 2001 y T-1102 de
2004) referida al acceso a la información relativa a la investigación de accidentes
aéreos, para efecto de las posibles demandas y/o reclamaciones. Sumado a que la
seguridad nacional no es una figura jurídica para ocultar información meteorológica y
de trazabilidad operativa en siniestros aéreos.

Agregó que la FAC en la comunicación oficial FAC-S-2024-200815-CI del 13 de
octubre de 2024, suscrita por el Capitán Cruz Gómez y entregada como parte del
Informe Administrativo por Muerte, reveló voluntariamente que existía un seguimiento
meteorológico de la misión consignado en el Formato Seguimiento Operacional, y
describió las condiciones adversas que precedieron al accidente. En esa línea,
sostiene que esa comunicación es un documento con información relevante para la
causa del siniestro. Al haber divulgado la existencia y el contenido general de esa
información, la FAC renunció tácitamente a la reserva sobre esa materia.

A juicio de la actora, lo que correspondía era ordenar, como mínimo, la entrega de una
versión pública de los documentos, como lo dispone el artículo 21 ibídem, y al no
hacerlo resultan sacrificados el derecho a la verdad y la justicia de las familias de los
tripulantes y pasajeros fallecidos bajo una premisa de reserva que la FAC nunca logró
individualizar ni probar.

Para resolver el presente caso, es relevante acudir al expediente administrativo y
posteriormente a la providencia judicial aquí cuestionada.

El 2 de febrero de 2026, la señora Martha Lucía Ramírez Artunduaga, en calidad de
madre de la Técnico Cuarto, María Angélica González Ramírez (q.e.p.d.), elevó
petición ante el comandante Grupo Aéreo del Oriente, en los siguientes términos:

1.Se expida comunicación oficial, por medio de la cual me informe de manera clara, y en
un lenguaje comprensible, cuáles fueron los fenómenos naturales de condiciones
meteorológicas, que fueron advertidas en el seguimiento operacional de la misión, a
partir de las 15:20 horas del 28 de septiembre de 2024 hasta las 08:14 horas del 29 de
septiembre de 2024, hora en que fue hallada siniestrada la aeronave.…

2.Se expida y me sea entregada copia del «Formato Seguimiento Operacional,
Ordenes de Vuelo y Requerimientos Aéreos y Espaciales» que fueron elaborados en
virtud dicha operación aérea y en el que quedaron registrados los seguimientos y análisis
de las «condiciones meteorológicas» a partir de las 15:20 horas del 28 de septiembre
de 2024 hasta las 08:14 horas del 29 de septiembre de 2024, hora en que fue hallada
siniestrada la aérea nave.

En Oficio FAC-S-2026-006370-CE del 19 de febrero de 2026 / MDN-COGFM-FAC-
COFAC-JEMFA-GAORI, suscrito por el comandante del Grupo Aéreo GAORI, dio
respuesta a la petición.

En relación con el primer numeral le indicó que esa unidad ya había emitido Oficio
FAC-S-2024- 200815-CI del 13 de octubre de 2024, en el cual se expusieron de
manera detallada los hechos ocurridos los días 28 y 29 de septiembre de 2024 y se

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incluyó el análisis y seguimiento de las condiciones meteorológicas evaluadas durante
la planeación y ejecución de la misión.

Además, precisó que ese oficio incluyó en los anexos del Informe Administrativo por
Muerte que le fue entregado. En ese entendido, concluyó que la información solicitada
en el numeral primero ya le había sido suministrada.

En relación con el segundo numeral, se indicó que la información solicitada tiene
reserva legal. En concreto, se sostuvo lo siguiente:

En cuanto a la presente solicitud, me permito informar que la información relacionada
con el planeamiento, desarrollo y evaluación de las operaciones militares aéreas goza
de reserva legal, toda vez que se califica como Pública Reservada y Pública Clasificada,
por motivos de Seguridad y Defensa de la Nación, así como por motivos relacionados
con los derechos de personas naturales. Lo anterior, de conformidad con lo establecido
en el artículo 74 Constitucional, los artículos 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, y el artículo
1 de la Ley 1755 de 2015, que sustituyó, entre otros, el artículo 24 de la Ley 1437 de
2011. En consecuencia, a la luz de la precitada normatividad, no resulta viable hacer
entrega de la documentación solicitada. En caso de ser requerida por alguna autoridad
judicial para el ejercicio de sus funciones, esta Fuerza dará respuesta directamente a la
autoridad solicitante, en virtud de lo consagrado en el artículo 27 de la Ley 1437 de 2011
(modificado por el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015).

Lo anterior, se debe a una decisión proporcional y razonada entre la ponderación al
derecho de acceder a la información, y los intereses públicos del Estado y a la Seguridad
y Defensa Nacional, así como a la posibilidad de comprometer la seguridad del personal
que interviene en las operaciones militares y de la población en general. En ese sentido,
se busca garantizar la realización de las operaciones militares futuras, la integridad
personal y la vida de nuestros hombres, de acuerdo con los límites y restricciones en los
derechos, con base en la prevalencia del interés general, la primacía del orden jurídico y
los factores de seguridad, que no pueden verse sacrificados en aras del ejercicio de
prerrogativas individuales.

La señora Martha Lucía Ramírez Artunduaga formuló recurso de insistencia para
precisar que la petición se limitaba exclusivamente a conocer cuáles fueron las
condiciones meteorológicas advertidas en el seguimiento operacional de la misión
humanitaria y los documentos en los que fueron consignados dichos datos. Por tanto,
esa solicitud no invadía la reserva de la seguridad operacional de la FAC ni
comprometía la seguridad o defensa nacional.

Advirtió que los registros del clima y las condiciones meteorológicas son datos
ambientales de acceso público que fueron conocidos y registrados por la FAC de
manera previa y en tiempo real al momento del accidente del helicóptero FAC 4441;
de manera que no es cierto que su conocimiento «ponga en riesgo la seguridad del
personal que interviene en las operaciones militares y de la población en general» ni
la realización de operaciones futuras.

También aclaró que no es verdad que a través de la comunicación oficial FAC-S-2024-
200815-CI del 13 de octubre de 2024 se le hubiera dado respuesta a lo solicitado
referido al análisis y seguimiento de las condiciones meteorológicas, puesto que en
ese oficio se mencionó de manera general que:

(…) las condiciones meteorológicas las cuales no eran viables para proceder al punto
(…)

(…) No obstante, las condiciones meteorológicas no eran adecuadas para ejecutar la
misión (…)

(…) las condiciones meteorológicas continuaban deterioradas y el porcentaje de
iluminación lunar era 0 (…)
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Ante la anterior imprecisión, afirmó que se impide ejercer un control ciudadano y
judicial efectivo, pues no permite identificar en realidad, qué factores climáticos
incidieron en la operación ni cómo fueron evaluados; en consecuencia, negar el
acceso a información detallada sobre fenómenos naturales ya ocurridos vulnera el
principio de máxima publicidad de la información pública.

Afirmó que en la comunicación FAC-S-2026-006370-CE no se expuso ninguna
motivación concreta ni se acreditó cómo comprometería la seguridad nacional la
entrega de información específicamente respecto de las condiciones meteorológicas
previas al accidente. Concluyó que la reserva invocada por la FAC carece de
motivación y de legalidad, pues no se cumple ninguna de las exigencias de la Ley
1712 de 2014 y la negativa en el acceso a la información no puede argumentarse de
manera genérica, especulativa o bajo suposiciones.

Consideró que debía hacerse un test de daño y un test de proporcionalidad, conforme
con los artículos 18, 19 y 21 ibídem y a las autoridades les corresponde entregar
versiones públicas de los documentos cuando resultan indispensables para esclarecer
hechos y garantizar el ejercicio de derechos fundamentales.

El recurso de insistencia lo resolvió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C, en decisión de 17 de abril de 2026, en la que decidió
lo siguiente:

PRIMERO: DECLARAR bien denegado el acceso a los Formato de Seguimiento
Operacional y Órdenes de Vuelo y Requerimientos Aéreos, por las razones expuestas.

SEGUNDO: DECLARAR improcedente el recurso de insistencia frente al numeral
primero del derecho de petición presentado el 2 de febrero de 2026 por Martha Lucía
Ramírez Artunduaga, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

La anterior providencia es la cuestionada en la solicitud de amparo, ahora estudiada.
Y las razones en las que se sustentó son las siguientes:

El Tribunal indicó que en virtud de lo dispuesto en los artículos 24 [1] de la Ley 1755
de 2015 y 19 [a] de la Ley 1712 de 2014, es posible restringir el acceso a la información
pública cuando su divulgación puede causar un daño a la defensa o seguridad.

Encontró que la información solicitada se refiere al «Formato Seguimiento
Operacional, Órdenes de Vuelo y Requerimientos Aéreos y Espaciales» de la
aeronave FAC-4441, el cual registra no solo datos meteorológicos, sino también la
asignación de tripulaciones, capacidades técnicas de la aeronave, protocolos de
comunicaciones, detalles logísticos de la operación aérea militar, procedimientos
tácticos, evaluaciones de autonomía de vuelo, sistemas de navegación empleados y
metodologías de reacción institucional ante contingencias.

En ese contexto, consideró que la divulgación de este tipo de información podría
comprometer las estrategias del Estado en la vigilancia y control del espacio aéreo,
revelar aspectos sensibles del funcionamiento de las aeronaves de combate o
transporte militar, y exponer vulnerabilidades operativas o patrones de vuelo que
podrían ser aprovechados para atacar o neutralizar la infraestructura aérea oficial.

En consecuencia, concluyó que «al estar la información estrechamente vinculada con las
funciones operativas, tácticas y estratégicas de la FAC en cumplimiento de su misión
constitucional, su divulgación podría comprometer intereses superiores asociados a la
defensa y seguridad nacional razón por la que la negativa al acceso a la información requerida
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en el punto 2 de la petición de la actora se encuentra debidamente sustentada y resulta
ajustada a derecho».

Y en lo que se refiere al primer numeral del derecho de petición, referido a la solicitud
de una comunicación oficial sobre los fenómenos meteorológicos advertidos durante
la misión de la aeronave FAC-4441, observó que la entidad no invocó reserva legal o
constitucional alguna para negar lo pedido, sino que la FAC indicó que dicha
información ya fue suministrada mediante el oficio No. FAC-S-2024-200815-CI del 13
de octubre de 2024, correspondiente al Informe Administrativo por Muerte.

Sobre ese punto en particular sostuvo que: «(…) al no aludir a reserva, el recurso de
insistencia resulta improcedente respecto a este punto específico. Lo anterior, por
cuanto la insistencia es una herramienta procesal diseñada para controvertir la
negativa de información basada en reserva, situación que no se configuró en este
acápite, toda vez que la entidad atendió el requerimiento de información climática en
la oportunidad procesal correspondiente, más allá de que a juicio de la peticionaria
dicha respuesta deba ser ampliada o complementada por otras vías.»

Expuestos como están los considerandos que sustentaron la providencia judicial
cuestionada en sede de tutela, la Sala estima que asiste razón a la actora, en el
entendido de que no bastaba referirse a las normas aplicables a la reserva de la
información en aquellos casos relacionados con la defensa y seguridad nacional, sino
que debía hacerse un estudio más a fondo que garantizara el derecho de acceso a la
información pública.

Cabe precisar que, en primer lugar, las consideraciones se referirán al numeral
primero de la providencia de 17 de abril de 2026 que declaró «bien denegado el
acceso al Formato de Seguimiento Operacional y Órdenes de Vuelo y Requerimientos
Aéreos» que corresponde en concreto al numeral 2º de la petición de 2 de febrero de
2026 con la que la actora busca que se le entregue copia de ese formato diligenciado
como consecuencia de la operación aérea y en el que, según su entender, quedaron
registrados los seguimientos y análisis de las condiciones meteorológicas, teniendo
en cuenta que fue respecto de esa petición que la FAC invoca la reserva legal al
considerar que esa información está relacionada con la defensa y seguridad
nacionales y en concreto advirtió que se califica como pública reservada y pública
clasificada porque se refiere al planeamiento, desarrollo y evaluación de las
operaciones militares aéreas y por motivos relacionados con los derechos de
personas naturales.

La anterior consideración fue compartida por el Tribunal accionado al estimar que la
información contenida en el «Formato Seguimiento Operacional, Ordenes de Vuelo y
Requerimientos Aéreos y Espaciales» estaba relacionada con las funciones
operativas, tácticas y estratégicas de la FAC en cumplimiento de su misión
constitucional y que su divulgación podría comprometer intereses superiores
asociados a la defensa y seguridad nacional.

La Sala encuentra que las razones expuestas para mantener la reserva, si bien
identifican el carácter sensible del «Formato Seguimiento Operacional, Ordenes de
Vuelo y Requerimientos Aéreos y Espaciales» considerado en su integridad porque
contiene datos sobre la asignación de tripulaciones, capacidades técnicas, protocolos
de comunicaciones, procedimientos tácticos y sistemas de navegación, entre otros,
ello por sí solo no es aceptable si se tiene en cuenta que en este caso la petición se
circunscribió a las condiciones meteorológicas que rodearon el siniestro y no a esos
contenidos tácticos. En esa medida, ni la FAC ni el Tribunal explicaron de qué forma
la entrega de ese dato concreto, ya descrito en términos generales en el oficio FAC-
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S-2024-200815-CI, comprometería la defensa y la seguridad nacional, ni por qué no
resultaba viable una versión pública en los términos del artículo 21 de la Ley 1712 de
2014.

Aunado a que la FAC no acreditó con pruebas que la información de las condiciones
meteorológicas presentadas en un siniestro aéreo está clasificada como reservada.
No basta con decir que se trata de información relacionada con la defensa y seguridad
nacional, sino que debió indicar en forma específica el daño que se causaría y que
excede el interés público que representa el derecho fundamental de acceder a la
información pública, tal como exige el artículo 28 de la Ley 1712 de 2014.

Tampoco se justificó por qué no procede la elaboración de una versión pública con la
que se mantenga la reserva únicamente de los datos que no pueden divulgarse, tal
como lo contempla el artículo 21 de la Ley 1712 de 2014. Sobre el particular nada dijo
el Tribunal al resolver el recurso de insistencia.

En ese orden de ideas, no está acreditado que la información sobre las condiciones
meteorológicas esté clasificada como reservada.

En ese contexto, puede concluirse que la confidencialidad de los informes sobre
accidentes aéreos no es absoluta y, entenderla así desconoce la naturaleza restrictiva
de la reserva legal, con la que se busca salvaguardar aquellos datos que
comprometen derechos fundamentales o bienes constitucionales, pero no toda la
información relacionada con el siniestro.

En esa línea, el juez o tribunal administrativo que conozca del recurso de insistencia
debe verificar si la información cuyo acceso se pide ante una autoridad pública es
considerada como reservada por una norma y si se cumplen los principios de
razonabilidad y proporcionalidad para considerar como legítima la restricción al
derecho de acceso a la información pública. Así lo consideró la Corte Constitucional
en la sentencia T-067 de 2025 al referirse al test del daño que debe realizarse para
llegar a la conclusión que determinada información debe permanecer en reserva. En
efecto, el alto tribunal constitucional sostuvo lo siguiente:

El test de daño

45. Ahora bien, respecto de las obligaciones de motivación que debe cumplir quien niega
el acceso a la información, la ley estatutaria contiene un artículo específico al que ya se
ha hecho referencia. El artículo 28 desarrolla lo que se conoce como el test del daño,
que busca equilibrar el derecho de acceso a la información pública y la protección de
ciertos intereses que se pueden ver afectados por la publicación de determinada
información. Para ello, la norma establece que el sujeto obligado que niegue el acceso a
determinada información pública alegando un daño a un interés particular o público debe
demostrar que:

a) la información está relacionada con un objetivo constitucional y legalmente legítimo;
b) se trata de una de las excepciones expresamente establecidas en los artículos 18 y
19 de la Ley 1712 de 2014;
c) la información causaría un daño presente, probable y específico sobre un bien o
interés constitucional;
d) dicho daño excede el interés público que representa el acceso a la información.

46. El Decreto 103 de 2015, que reglamentó la Ley 1712 de 2014, define en el artículo
34 las características del daño. Así, dicha disposición indica que el daño es presente
cuando no es remoto ni eventual; probable, cuando se demuestra que existen las
circunstancias que harían posible su materialización; y específico cuando puede
individualizarse de tal forma que no se trate de una afectación genérica.

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47. Para que el sujeto obligado se niegue a suministrar una determinada información
pública debe demostrar que el daño que podría producirse si se accediera a la petición
es sustancial, es decir, que excede el interés público de darla a conocer. Para la Corte,
“[l]a determinación de qué tan sustancial es un daño se determina al sopesar si el daño
causado al interés protegido es desproporcionado ante el beneficio que se obtendría por
garantizar el derecho a acceder a documentos públicos” 7. En consecuencia, en la
respuesta que niega el acceso a la información con base en las excepciones ya referidas,
el sujeto obligado debe realizar una ponderación entre los costos y beneficios de publicar
la información y explicar por qué considera que, a la luz de esa ponderación, el daño es
desproporcionado.

En este caso, valga advertir que la actora, en su calidad de madre de la Técnico Cuarto
• María Angélica González Ramírez, insiste en acceder a la información referida a las
condiciones meteorológicas que se presentaron durante las horas en las que la
tripulación del helicóptero FAC-4441 emprendió la misión humanitaria encomendada,
pero que no pudo culminar ante el accidente sufrido. Se observa que la peticionaria,
de manera clara y amplia expuso las razones de su insistencia, por lo que
correspondía al Tribunal Administrativo de Cundinamarca realizar un estudio juicioso
para determinar si procedía acceder a la información pedida o mantener la negativa
por reserva legal.

Como se verificó, en la providencia aquí cuestionada no se hizo un estudio de fondo
de las razones que sustentaron el recurso de insistencia, sino que se limitó a acoger
lo expuesto por la FAC al invocar la reserva de la información pedida sin acreditar que
las condiciones meteorológicas que rodean un accidente aéreo están clasificadas
como información reservada ni el posible daño que causaría su divulgación.

En los anteriores términos, resulta acreditado el defecto sustantivo, pues el Tribunal
aplicó de manera errada el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y omitió aplicar los
artículos 21 y 28 ibídem, expresamente invocados por la actora, en concordancia con
el artículo 31 del Decreto 103 de 2015.

Sobre el particular se reitera, el artículo 21 le imponía evaluar la entrega de una
versión pública cuando solo una parte de la información se encuentra sujeta a reserva,
y el artículo 28 exigía acreditar que la divulgación causaría un daño presente, probable
y específico que superara el interés público en el acceso. De modo que, la inaplicación
de esas normas condujo a mantener la reserva sin el juicio de proporcionalidad que el
ordenamiento exige y derivó en la vulneración de los derechos fundamentales de
petición, de acceso a documentos públicos, al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.

Así las cosas, se dejará sin efecto la providencia de 17 de abril de 2026, proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C en el
trámite del recurso de insistencia con radicado 25000-23-41-000-2026-00422-00 y se
le ordenará a dicho Tribunal que dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación
de la presente providencia, profiera una nueva decisión en la que se estudien en
debida forma los cargos del recurso de insistencia en relación con la petición del
numeral 2º y se verifiquen los criterios de proporcionalidad y razonabilidad para
efectos de decidir si la información sobre las condiciones meteorológicas que rodearon
el siniestro de la aeronave FAC-4441 contenida en el «Formato Seguimiento
Operacional, Ordenes de Vuelo y Requerimientos Aéreos y Espaciales» puede o no
ser divulgada, aunado a la posibilidad de proferir una versión pública con la que se
mantenga la reserva únicamente de los datos que no pueden publicarse, en los
términos de los artículos 21 de la Ley 1712 de 2014 y 31 del Decreto 103 de 2015.

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En segundo lugar, en lo atinente al numeral segundo de la decisión de 17 de abril de
2026, también cuestionado por la actora, el Tribunal declaró improcedente el recurso
de insistencia frente al numeral primero del derecho de petición de 2 de febrero de
2026. Ese numeral primero buscaba que la FAC expidiera una comunicación oficial
que informara, de manera clara y comprensible, cuáles fueron las condiciones
meteorológicas advertidas entre las 15:20 horas del 28 de septiembre de 2024 y las
08:14 horas del 29 de septiembre de 2024, hora en que se encontró la aeronave. En
su respuesta, la FAC sostuvo que ya había hecho referencia a esas condiciones,
evaluadas durante la planeación y ejecución de la misión, en el Oficio FAC-S-2024-
200815-CI del 13 de octubre de 2024. Frente a esa situación, el Tribunal consideró
que, como la FAC no invocó causal de reserva, lo procedente era declarar
improcedente la insistencia, pues conforme al artículo 26 del CPACA está solo
procede cuando la autoridad invoca reserva sobre la información o documentación
pedida.

Pues bien, la Sala precisa que los argumentos de la solicitud de amparo no atacan la
ratio decidendi de esa decisión. Sobre ese punto, el reproche de la actora consiste en
que la respuesta de la FAC fue evasiva, ya que se limitó a indicar que las condiciones
meteorológicas «no eran viables», «no eran adecuadas» o «no eran favorables» para
ejecutar la misión; no obstante, ese cuestionamiento recae sobre la respuesta de la
FAC y no sobre el fundamento por el cual el Tribunal rechazó la insistencia. Por tanto,
si la actora estima que tal respuesta fue incompleta o evasiva, la vía idónea es la
acción de tutela contra esa entidad o una nueva petición que así lo precise, y no el
cuestionamiento de la providencia, máxime cuando la solicitud de amparo se dirigió
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Amparar los derechos fundamentales de petición, de acceso a documentos
públicos, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la
señora Martha Lucía Ramírez Artunduaga, conforme con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia. En consecuencia,
2. Dejar sin efecto la providencia de 17 de abril de 2026, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C en el trámite
del recurso de insistencia con radicado 25000-23-41-000-2026-00422-00.
3. Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C que, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de
la presente providencia, profiera una nueva decisión en la que tenga en cuenta
lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia.
4. Declarar improcedentes las demás pretensiones de amparo.
5. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
6. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
7. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03318-00
Demandante: Martha Lucía Ramírez Artunduaga

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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