Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03333-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03333-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03333-00
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
4 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2026 03333 00
Accionante: Elkin Palma Barahona
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Acción: Acción de tutela
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela por cumplir con
los requisitos generales de relevancia constitucional y
subsidiariedad
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela promovida por el señor Elkin Palma Barahona en contra
de la providencia proferida el 24 de septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado núm. 47001 33 33 004 2024 00084 00/01.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Elkin Palma Barahona, actuando por conducto de apoderado, promovió acción
de tutela en contra de la precitada providencia y para ello formuló las siguientes
pretensiones1:
1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA, en
sentencia del 24 de septiembre de 2025 proferida dentro del medio de control
identificado con No. 47001-33-33-004 2024-00084-01, transgredió los derechos
fundamentales al DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO PRO HOMINE del señor
ELKIN PALMA BARAHONA, toda vez que no se garantizó el principio de
congruencia.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA dejar sin efectos la providencia referida
en el numeral anterior y, se profiera una nueva decisión judicial que resuelva
concretamente los argumentos de disenso planteados por el extremo pasivo
dentro del proceso ordinario 2024-00084-01 y, en todo caso, se atienda el debate
conforme los hechos debidamente acreditados en el plenario. [Mayúscula del
escrito de tutela].
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante señaló que el 26 de mayo de 2022 solicitó el reconocimiento de sus
cesantías a través del Sistema Humano en Línea. Dicha petición fue resuelta
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 03333 00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 15 000 2026 03333 00
Accionante: Elkin Palma Barahona
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
favorablemente mediante la Resolución núm. PS-0928 del 22 de septiembre de 2022, y
el pago correspondiente se efectuó el 12 de octubre del mismo año.
Posteriormente, el 28 de diciembre de 2022, formuló reclamación con el fin de obtener el
reconocimiento y pago de la sanción por mora prevista en la Ley 1071 de 2006 y la Ley
1955 de 2019. No obstante, la administración omitió pronunciarse dentro del término
legal, lo que dio lugar a la configuración de un acto administrativo ficto negativo.
En virtud de lo anterior, el actor promovió medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), la Fiduprevisora S.A. y el distrito de
Santa Marta.
El proceso fue conocido por el Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Santa Marta
que, mediante sentencia del 4 de diciembre de 2024 declaró la nulidad del acto presunto
negativo configurado el 28 de marzo de 2023 y, en consecuencia, condenó al distrito de
Santa Marta a pagar la sanción moratoria correspondiente al periodo comprendido entre
el 17 de junio de 2022 y el 11 de octubre de 2022.
Inconforme con dicha decisión, el distrito de Santa Marta interpuso recurso de apelación
y el Tribunal Administrativo del Magdalena, en sentencia del 24 de septiembre de 2025,
la revocó. Si bien reconoció la configuración del silencio administrativo negativo frente a
la reclamación presentada el 28 de diciembre de 2022, concluyó que no se configuró
mora en el pago de las cesantías, por cuanto, aunque el acto de reconocimiento fue
expedido de manera extemporánea, el pago se realizó dentro del plazo previsto por la
normativa aplicable. En consecuencia, negó el reconocimiento de la sanción reclamada.
En relación con los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, el accionante sostuvo que existe relevancia constitucional, al considerar que
el Tribunal Administrativo del Magdalena desconoció el principio de congruencia. A su
juicio, la decisión de segunda instancia abordó aspectos que no fueron objeto del recurso
de apelación, lo que generó una afectación al debido proceso por tratarse de una decisión
sorpresiva.
Asimismo, alegó una vulneración directa de la Constitución, en tanto el Tribunal extendió
su análisis a cuestiones no controvertidas en la apelación, pese a que el fallo de primera
instancia había concluido la existencia de mora y ordenado el pago de la sanción
correspondiente.
De igual forma, afirmó la existencia de un defecto fáctico, al señalar que el Tribunal fijó
una fecha de inicio del trámite administrativo distinta a la acreditada en el expediente. En
particular, indicó que la solicitud de cesantías fue radicada el 26 de mayo de 2022,
conforme a la constancia generada por el Sistema Humano en Línea, mientras que la
autoridad judicial consideró, sin respaldo probatorio suficiente, que la documentación solo
se completó el 19 de agosto de 2022.
Según el accionante, esta conclusión carece de sustento, pues no se identificó
requerimiento alguno de subsanación ni prueba que desvirtúe la validez de la constancia
de radicación, la cual constituye un medio idóneo para acreditar el momento en que se
presentó de forma completa la solicitud. Además, advirtió que la entidad demandada no
aportó pruebas en la contestación de la demanda que acreditaran la supuesta
incompletitud de la solicitud inicial.
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Radicado: 11001 03 15 000 2026 03333 00
Accionante: Elkin Palma Barahona
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Finalmente, sostuvo que la providencia incurrió en defecto sustantivo, al interpretar de
manera errónea las normas aplicables. Al efecto, adujo que, de conformidad con el
artículo 4 de la Ley 1071 de 2006 y el artículo 2.4.4.2.3.2.22 del Decreto 1272 de 2018,
el término de 15 días hábiles para resolver la solicitud inicia desde la radicación completa
de la documentación por parte del interesado, esto es, desde el momento en que se carga
la información en el Sistema Humano en Línea, y no desde su validación por la
administración, la cual constituye una etapa posterior.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 30 de abril de 20262 y correspondió por reparto a esta
Sección que, por auto del 6 de mayo de 20263 la admitió y dispuso notificar4 al Tribunal
Administrativo del Magdalena como parte accionada, así como vincular5 al Juzgado Trece
Administrativo del Circuito de Santa Marta, a la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y al distrito
de Santa Marta, como terceros con interés en el resultado del proceso.
De igual forma, se requirió al Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Santa Marta y
al Tribunal Administrativo del Magdalena para que allegaran copia digital del expediente
correspondiente al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con
radicado núm. 47001 33 33 004 2024 00084 00/01, el cual fue remitido6.
3.2. El distrito de Santa Marta allegó escrito7 en el que solicitó a la Sala abstenerse de
proferir sentencia en contra del Alcalde Distrital, al considerar que no existió conducta
negligente, omisión injustificada, ni actuación caprichosa o arbitraria que permita concluir
la vulneración de los derechos fundamentales del accionante. En consecuencia, pidió su
desvinculación del trámite de tutela.
Asimismo, sostuvo que, conforme a los hechos y pretensiones de la demanda, el
accionante busca que, por vía de tutela, se modifiquen decisiones judiciales debidamente
motivadas, se reconozcan derechos que no le asisten y se ordene a la Fiduprevisora el
pago de conceptos que carecen de justificación.
3.3. El Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Santa Marta presentó escrito8 en el
que solicitó declarar improcedente la acción de tutela y su desvinculación, al no
evidenciarse acción u omisión alguna que vulnere derechos fundamentales del
accionante.
Indicó que la solicitud desconoce los principios de independencia, autonomía judicial y
seguridad jurídica que rigen las decisiones judiciales. En ese sentido, destacó que su
providencia estuvo debidamente motivada, fue parcialmente modificada por el Tribunal
2 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03333 00.
3 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03333 00.
4 Esta orden se cumplió el 8 de mayo de 2026. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 03333 00.
5 Ibidem
6 Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03333 00.
7
Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03333 00.
8
Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03333 00
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Radicado: 11001 03 15 000 2026 03333 00
Accionante: Elkin Palma Barahona
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Administrativo del Magdalena y se encuentra amparada por la cosa juzgada. Por lo
anterior, reiteró su petición de que se declare la improcedencia de la acción y su
desvinculación del proceso.
3.4. El Ministerio de Educación allegó escrito9 en el que solicitó declarar improcedente la
acción de tutela, al considerar que no se demostró una afectación grave a los derechos
fundamentales o garantías procesales invocados, ni un impacto que comprometa la
subsistencia del accionante o su acceso a la administración de justicia. De igual forma,
señaló que no se acreditó una vulneración indirecta de derechos fundamentales derivada
de la presunta demora en la respuesta a las solicitudes.
3.5. El Tribunal Administrativo del Magdalena.
4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 10 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,11 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 202112, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 201913, modificado por el Acuerdo núm. 434 del
10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula
la distribución de procesos entre las secciones.
4.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente14:
4.2.1. El señor Elkin Palma Barahona, por conducto de apoderado judicial, promovió
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación - Ministerio
de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG), la Fiduprevisora S.A. y el distrito de Santa Marta cuya pretensión principal fue
la declaratoria de nulidad del acto administrativo ficto de 28 de marzo de 2023, derivado
de la petición presentada el 28 de diciembre de 2022 ante dichas entidades en la que
solicitó el reconocimiento de la sanción moratoria conforme a las Leyes 1071 de 2006 y
1955 de 2019.
Como consecuencia y a título de restablecimiento del derecho, solicitó ordenar a las
entidades demandadas el reconocimiento y pago de la sanción por mora prevista en la
Ley 1071 de 2006.
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Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
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10 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
11 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece
las reglas de reparto de la acción de tutela.
12 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
13 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
14 Lo que se desprende del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con el radicado núm. 47001 33 33 004 2024 00084 00/01. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 03333 00.
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Radicado: 11001 03 15 000 2026 03333 00
Accionante: Elkin Palma Barahona
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
4.2.2. Por reparto, el conocimiento del proceso correspondió al Juzgado Trece
Administrativo del Circuito de Santa Marta, el cual, mediante sentencia del 4 de diciembre
de 2024, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
4.2.3. Inconforme con esta decisión, el distrito de Santa Marta interpuso recurso de
apelación y el Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante sentencia del 24 de
septiembre de 2025 la revocó y, en consecuencia, negó las pretensiones al concluir que
el demandante no logró demostrar que la solicitud hubiera sido resuelta dentro del plazo
de tres meses ni que se hubiera emitido respuesta antes de la notificación del auto
admisorio de la demanda.
4.3. CUESTIÓN PREVIA
Frente a las solicitudes de desvinculación presentadas por el distrito de Santa Marta y el
Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Santa Marta, la Sala advierte que no están
llamadas a prosperar comoquiera que, por una parte, el distrito de Santa Marta actuó
como parte demandada en el proceso ordinario identificado con el radicado núm. 47001
33 33 004 2024 00084 00/01, objeto de debate en esta acción constitucional; y por otra,
el Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Santa Marta profirió la decisión de primera
instancia de dicho proceso, por lo tanto, les asiste interés en el resultado de este trámite
tutelar.
4.4. ANÁLISIS DE LA SALA
Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.
El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe verificar es la
relevancia constitucional y, para ello, la Sala se detendrá en (i) los criterios que la
jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se
discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii)
caso concreto.
4.4.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que
[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […]15.
15 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
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Radicado: 11001 03 15 000 2026 03333 00
Accionante: Elkin Palma Barahona
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y en la sentencia SU –
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades16:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia 17. De manera
que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar la relevancia constitucional.
4.4.2. Caso concreto
Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.
Frente a los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, se tiene lo siguiente:
4.4.2.1. Frente a la relevancia constitucional
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, analizará el
segundo criterio que la compone, esto es, evitar que la acción de tutela se convierta en
una manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
Frente al segundo elemento, la Corte Constitucional ha dicho que18
[…] la controversia debe versar sobre un asunto constitucional, pero no meramente
legal y/o económico. Según la jurisprudencia constitucional, las discusiones de
orden legal, esto es, aquellas relativas a un derecho de índole económica, deben
ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite, dado
que “le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma imprudente en asuntos
16 Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de 2021 y SU 103 de 2022.
17 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del 29
de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente núm. 11001
0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
18
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
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Radicado: 11001 03 15 000 2026 03333 00
Accionante: Elkin Palma Barahona
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
de carácter netamente legal o reglamentario”, so pena de “involucrarse
en [cuestiones] que corresponde definir a otras jurisdicciones” […]. [Subrayado
fuera del texto].
En ese sentido, anotó que:19
[…] en tales términos, un asunto carece de relevancia constitucional, según lo ha
considerado la Corte, (i) cuando la discusión se limita a la mera determinación
de aspectos legales de un derecho, como la correcta interpretación o aplicación de
una norma “de rango reglamentario o legal”, salvo que de esta “se desprend[a]n
violaciones a los derechos y deberes constitucionales” o (ii) cuando sea evidente su
naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia estrictamente
monetaria con connotaciones particulares o privadas, “que no representen un
interés general. [Subrayado fuera del texto].
La Sala considera que, en este evento, no se cumple el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que el segundo elemento que la compone, esto es, preservar
la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la
constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos
de mera legalidad o de naturaleza económica, no está superado.
Lo anterior, debido a que la discusión planteada en la solicitud de amparo está
relacionada con el reconocimiento de la sanción moratoria en favor del señor ElkinPalma
Barahona, prevista en la Ley 1071 de 2006 y la Ley 1955 de 2019, lo que implica un
debate meramente legal y económico.
Al efecto, frente a la naturaleza de la sanción moratoria, la Corte Constitucional, en
sentencia T-599 de 2019, expuso que «(…) el caso sub judice carece de relevancia
constitucional, porque la acción de tutela (i) tiene como finalidad el reconocimiento de una
sanción económica, en lugar de la protección de un derecho fundamental, toda vez que
la accionante solicita únicamente el pago de la sanción moratoria, mas no la consignación
de las cesantías causadas por su trabajo (…)»20.
Por lo anterior, en el caso en cuestión, el segundo criterio de la relevancia constitucional
no se cumple.
4.4.2.2. Subsidiariedad
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela solo procede
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable21.
A su vez, el artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991 dispuso que “la acción de tutela no
procederá: cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante”.
19 Ibidem.
20 Corte Constitucional. Sentencia T – 555 del 20 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
21 Artículo 86 C.P.: “(…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable (…)”.
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Por lo tanto, esta acción tiene como característica la subsidiariedad, en la medida que
solo resulta procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable22.
La Corte Constitucional ha explicado que el requisito general de subsidiariedad envuelve
tres eventos que conducen a la improcedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial23: (i) cuando el asunto está trámite; (ii) en el evento en que no se han agotado los
medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios, y (iii) si se usa para revivir etapas
procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento
jurídico.
En el asunto bajo examen, el señor Elkin Palma Barahona alegó que la providencia
cuestionada desconoció el principio de congruencia al abordar aspectos que no fueron
objeto del recurso de apelación, lo que generó una afectación al debido proceso por
tratarse de una decisión sorpresiva.
Bajo dicho contexto, la Sala estima que la acción de tutela deviene improcedente en los
términos en los que se formuló, comoquiera que en contra de la providencia acusada es
posible interponer el recurso extraordinario de revisión por la causal de nulidad originada
en la sentencia, en la medida que, los reproches expuestos en el escrito de tutela tienen
que ver con que la sentencia censurada transgrede el principio de congruencia.
Al efecto, esta Corporación ha puntualizado que la causal de revisión contenida en el
numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, esto es, la nulidad originada en la
sentencia, “(…) [s]e puede configurar cuando el fallo objeto de revisión ha
desatendido la congruencia interna y/o la externa, pues, en uno y otro caso, el
fallador incurre en una clara violación del debido proceso, artículo 29 constitucional,
dado que la providencia proferida en esos términos resulta contraria a las formas propias
de cada juicio, en específico, la falta de competencia del juez para abordar asuntos
frente a los cuales no se podía pronunciar (…)”24.
Así mismo, la Corporación ha explicado que la congruencia se entiende como el deber
legal que tienen los funcionarios judiciales al emitir sus decisiones de no incurrir en fallos
ultrapetita, extrapetita o minuspetita; además, la congruencia, se puede calificar en
congruencia externa, que implica que el fallo debe estar en armonía con lo pedido y
alegado tanto por la parte demandante como por la parte demandada, y en congruencia
interna, que es la coherencia que ha de existir entre lo dispuesto en la parte resolutiva y
lo argüido en la parte motiva de la providencia25.
22 La Corte Constitucional en la sentencia T-441 del 15 de julio de 2015. M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez, dijo que los criterios a partir de los cuales debe analizarse si, efectivamente, en un caso concreto,
se está ante la presencia de un perjuicio irremediable que habilite la procedencia transitoria del mecanismo
de amparo constitucional son (i) que el perjuicio se produce de manera cierta y evidente sobre un derecho
fundamental; (ii) que el daño es inminente; (iii) que de ocurrir no existiría forma de reparar el daño
producido; (iv) que resulta urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de
amenaza en la que se encuentra; y (v) que la gravedad de los hechos es de tal magnitud que hace evidente
la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales.
23 Corte Constitucional. Sentencia T – 396 del 26 de junio de 2014. M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio.
24 Sala Especial de Decisión 22, sentencia de 2 de febrero de 2016, proferida en el expediente con radicado
núm. 11001-03-15-000-2015-02342-00 (REV), C.P. Alberto Yepes Barreiro. También puede verse la
sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, el 19 de marzo de 2020, radicación número 11001-03-25-000-2013-00034-00 (0089-13),
C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
25 Ibidem.
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Radicado: 11001 03 15 000 2026 03333 00
Accionante: Elkin Palma Barahona
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
En suma, esta Corporación ha señalado que la nulidad originada en la sentencia se
configura, entre otros eventos, cuando, “(…) viii) la sentencia está afectada por falta de
congruencia interna o externa (…)”26.
De contera, como la parte actora reprocha que el tribunal accionado trasgredió el principio
de congruencia, la Sala considera que el interesado tiene a su alcance el recurso
extraordinario de revisión que constituye el mecanismo idóneo para ventilar este reproche
y, por lo tanto, la tutela deviene improcedente por no cumplir con el requisito general de
subsidiariedad.
No sobra señalar que en el escrito de tutela la accionante no aduce, ni se advierte prima
facie, la existencia de un perjuicio irremediable que permita la procedencia de la acción
de tutela como mecanismo transitorio.
En consecuencia, la Sala concluye que la acción de tutela es improcedente por cuanto
no cumple con los requisitos generales de relevancia constitucional y subsidiariedad.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el distrito de Santa
Marta y el Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Santa Marta, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el señor
Elkin Palma Barahona, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al
día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 4 de
junio de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia de 19 de marzo de 2020, radicación número 11001-03-25-000-2013-00034-00
(0089-13), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
9
Radicado: 11001 03 15 000 2026 03333 00
Accionante: Elkin Palma Barahona
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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