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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-03339-00

Fecha
28 de mayo de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-03339-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

R E S U E L V E PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado mediante la acción de tutela presentada por el señor Manuel Ricardo Rey Vélez, en nombre propio, contra la Sección Primera del Consejo de Estado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. TERCERO: De no ser impugnada, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-03339-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

28 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03339-00
Accionante: MANUEL RICARDO REY VÉLEZ
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN PRIMERA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA – Derechos fundamentales al debido proceso, al acceso
efectivo y eficaz a la administración de justicia, a obtener decisión judicial dentro de un plazo
razonable / MORA JUDICIAL – Circunstancias en las que se configura.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela1 instaurada
por el señor Manuel Ricardo Rey Vélez, en nombre propio, de conformidad con lo
consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política, en el artículo 29 del Decreto
2591 de 1991 y en el Decreto 333 de 2021.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 30 de abril de 2026, la parte accionante presentó acción de tutela contra la
Sección Primera del Consejo de Estado, por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso efectivo y eficaz a la
administración de justicia, a “obtener decisión judicial dentro de un plazo razonable”2
y a la igualdad procesal.

Hechos relevantes

2. El señor Manuel Ricardo Rey Vélez promovió demanda en ejercicio del medio de
control de pérdida de investidura contra el señor Héctor Fabio Vélez Bermúdez, en
su calidad de diputado de la Asamblea Departamental del Meta para el período
constitucional 2024-2027. Lo anterior, por considerar que el funcionario había
incurrido en la causal contemplada en el numeral 1.° del artículo 60 de la Ley 2200
de 2022, consistente en violación de régimen de conflicto de intereses.

3. Como fundamento de su acción, el demandante señaló que el señor Héctor Fabio
Vélez Bermúdez, como presidente de la Asamblea Departamental del Meta,
“suscribió el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS nro. 016, del 23 de
enero de 2025, con el Abogado JAIME ANDRÉS LÓPEZ GUTIERREZ, para que

1 Que ingresó al despacho para fallo el 13 de mayo de 2026.
2 Folio 1 del escrito de tutela.

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03339-00
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

prestara asesoría jurídica a la ASAMBLEA, sin declarar su impedimento, ya que
este lo apoderó en el proceso de PÉRDIDA DE INVESTIDURA
50001233300020250005600, y al mismo tiempo, es contratista de la ASAMBLEA
DEL META, autorizando el demandado VÉLEZ BERMÚDEZ, los pagos, aun
sabiendo que su apoderado tiene un interés particular, actual y directo”3.

4. El proceso fue radicado bajo el número 50001-23-33-000-2025-00202-00 y su
conocimiento correspondió al Tribunal Administrativo del Meta que, por medio de
auto del 26 de junio de 20254, admitió el medio de control de pérdida de investidura
y ordenó las notificaciones respectivas.

5. Encontrándose el expediente a despacho del Tribunal Administrativo del Meta
para proferir el auto de pruebas, la magistrada sustanciadora constató que el señor
José Edilson Chala Ortega también había interpuesto demanda de desinvestidura
contra el diputado Héctor Fabio Vélez Bermúdez, proceso que se encontraba en
curso, desde abril de 2025, ante la misma corporación judicial bajo el radicado núm.
50001-23-33-000-2025-00113-00.

6. Por lo anterior, la autoridad judicial accionada consideró que “tanto la imputación
jurídica y fáctica del presente asunto, se (sic) idéntica a la planteada en la demanda
del proceso de PÉRDIDA DE INVESTIDURA distinguido con el radicado nro.
50001233300020250011300, que actualmente cursa en el DESPACHO del
MAGISTRADO CARLOS ENRIQUE ARDILA OBANDO, siendo en ambos procesos,
el demandado, el DIPUTADO HÉCTOR FABIO VÉLEZ BERMUDEZ”.

7. En ese orden de ideas, a través de auto del 24 de julio de 2025 5, declaró el
agotamiento de jurisdicción respecto de la solicitud de pérdida de investidura
presentada por el señor Manuel Ricardo Rey Vélez y ordenó el archivo del proceso.

8. El 3 de septiembre de 2025, por conducto de la Secretaría del Tribunal
Administrativo del Meta, el asunto fue remitido al Consejo de Estado6.

9. Afirma la parte accionante que desde el 4 de septiembre de 2025 el expediente
del medio de control de pérdida de investidura se encuentra en la Sección Primera
del Consejo de Estado. Sostiene que dicha autoridad, a la fecha de presentación de
la acción de tutela de la referencia, no ha decidido el recurso de apelación en
mención ni se ha pronunciado al respecto.

Pretensiones

10. En el presente proceso de tutela, la parte accionante solicita lo siguiente (se
transcribe textualmente):

3 Folio 2. Auto del 25 del veinticuatro de julio de 2025, proferido por el Tribunal Administrativo del
Meta. Expediente 50001-23-33-000-2025-00202-00.
4 Obra en certificado B3CC904E30799C68 222A9EA869FDD9FF AC93DCD6324D222B
A4B6F381683FE274. Índice 4 de Samai. Expediente del proceso ordinario.
5 Obra en certificado D3D53292411A08AA 96F835ED27282713 8EC4477DF49127B4
CD0EBD2CE05A85E. índice 13 de Samai. Expediente del proceso ordinario.
6 Índice 31 de Samai. Expediente del proceso ordinario.

2

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03339-00
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

“(i) Que se AMPAREN mis derechos fundamentales al debido proceso sin
dilaciones injustificadas, al acceso efectivo y eficaz a la administración de
justicia, al plazo razonable y a la igualdad procesal.

(ii) Que se DECLARE que la Sección Primera del Consejo de Estado ha
incurrido en mora judicial constitucionalmente relevante dentro del trámite
de segunda instancia del proceso de pérdida de investidura radicado 50001-
23-33-000-2025-00202-00, al no decidir oportunamente el recurso de
apelación interpuesto contra el auto del 24 de julio de 2025.

(iii) Que se ORDENE a la Sección Primera del Consejo de Estado que,
dentro de un término máximo de tres (3) días hábiles contados a partir de la
notificación del fallo de tutela, profiera decisión de fondo sobre el recurso de
apelación interpuesto contra el auto del 24 de julio de 2025, sin que la orden
implique orientación alguna sobre el sentido de la decisión.

(iv) Subsidiariamente, si la Sección Primera considera que existe una razón
objetiva que impide decidir dentro del término anterior, que se le ORDENE
motivar de manera concreta, pública y verificable la causa de la demora, fijar
fecha cierta e improrrogable para la decisión del recurso y adoptar las
medidas institucionales necesarias para superar el obstáculo.

(v) Que se adopten las demás órdenes que el juez constitucional estime
necesarias para restablecer la efectividad de los derechos fundamentales
vulnerados”7.

Fundamentos de la demanda de tutela

11. La parte accionante sostiene que la Sección Primera del Consejo de Estado ha
incurrido en una mora judicial injustificada en el trámite de la segunda instancia del
medio de control de pérdida de investidura, la cual no recae sobre la sentencia
definitiva del proceso sino sobre el recurso de apelación que se interpuso contra un
auto que terminó anticipadamente la actuación. En ese sentido, aduce que el
supuesto descrito hace más grave la afectación de su derecho fundamental al
debido proceso, debido a que “la falta de decisión mantiene paralizado el proceso
desde una fase previa a la práctica de pruebas y a la sentencia de primera
instancia”8.

12. De igual modo, indica que “[s]i el Consejo de Estado revoca el auto apelado, el
proceso deberá reactivarse ante el Tribunal Administrativo del Meta para continuar
el trámite especial de pérdida de investidura. En ese escenario, aún faltarían
actuaciones procesales esenciales, como la definición probatoria, la audiencia
pública, la valoración del material probatorio y la sentencia correspondiente”9. Por
ello, señala que la demora en resolver una apelación de auto es “incluso más
problemática que la mora en decidir una apelación de sentencia. En la apelación de
sentencia, al menos el proceso ya culminó la primera instancia; aquí, en cambio, la
mora mantiene secuestrado el acceso mismo al trámite y congela la posibilidad de
que exista una decisión de fondo”10.

7 Folios 10 y 11 del escrito de tutela.
8 Folio 4 ibid.
9 Ibid.
10 Ibid.

3

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03339-00
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Trámite procesal

13. Por medio de auto del 4 de mayo de 2026, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela de la referencia y ordenó notificar a la Sección Primera del Consejo
de Estado como accionado y al Tribunal Administrativo del Meta, al señor Héctor
Fabio Vélez Bermúdez y a los demás intervinientes dentro del proceso de pérdida
de investidura radicado núm. 50001-23-33-000-2025-00202-00/01 como terceros
con interés en las resultas del proceso. De igual modo, se ordenó la vinculación de
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Intervenciones

14. La Sección Primera del Consejo de Estado, por intermedio del magistrado
Germán Eduardo Osorio Cifuentes, realizó un recuento de las actuaciones surtidas
en el curso de la segunda instancia del medio de control de pérdida de investidura
radicado núm. 50001-23-33-000-2025-00202-01 y señaló que “no ha transcurrido
un plazo irrazonable para la resolución del recurso de apelación y además debe
tenerse en cuenta las dinámicas propias de un cuerpo judicial de naturaleza
colegiada en el que deben surtirse las discusiones necesarias para las decisiones
judiciales correspondientes”11.

15. Pese a haber sido notificadas en debida forma, los sujetos procesales guardaron
silencio12.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Competencia

16. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.

Problemas jurídicos y metodología de la decisión

17. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder: (i) ¿si la tutela supera los elementos
formales de la mora judicial con el propósito de que sea estudiada de fondo?; y en
caso de que la respuesta a este interrogante sea afirmativa (ii) ¿si la Sección
Primera del Consejo de Estado incurrió en una mora judicial injustificada en el
trámite del medio de control de pérdida de investidura radicado núm. 50001-23-33-
000-2025-00202-01, y, por consiguiente, en la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso efectivo y eficaz a la administración de
justicia, a “obtener decisión judicial dentro de un plazo razonable” y a la igualdad
procesal de la parte accionante?

11 Folio 3. Archivo “011CONTESTACIONDE_InformedetutelaExp20”.
12 Ver Índice, Samai 7.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03339-00
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

18. Con el objetivo de resolver el problema jurídico, la Subsección adoptará la
siguiente ruta de análisis: (i) reiteración de jurisprudencia constitucional respecto de
la mora judicial; (ii) análisis de los requisitos de procedencia formal para establecer
si existe mora judicial injustificada y; (iii) examen de fondo del caso en concreto.

Mora judicial

19. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha entendido la mora judicial como
un “fenómeno multicausal”, por lo general asociado a las deficiencias estructurales
del sistema judicial, los cuales limitan el goce efectivo del derecho al acceso a la
administración de justicia. Este fenómeno se materializa cuando la acumulación de
procesos excede la capacidad de los servidores judiciales responsables de su
resolución13.

20. Como lo indica el artículo 29 Superior, toda persona que interpone una acción o
ejerce un recurso dentro de un proceso judicial tiene el derecho a obtener una
respuesta dentro de los plazos previstos por la ley. No obstante, no todo retraso en
el pronunciamiento de una decisión judicial constituye automáticamente una
vulneración constitucional, en la medida en que es necesario demostrar que la
demora fue injustificada, atribuible a la falta de diligencia del funcionamiento del
empleado judicial o que el tiempo de duración del proceso resulte irrazonable14.

21. En ese sentido, corresponde al juez de tutela analizar, en cada caso en
concreto, si la conducta de los servidores o de la corporación judicial responde a
una actitud caprichosa o arbitraria o si, por el contrario, obedece a problemáticas
estructurales que dificultan el cumplimiento de los plazos procesales, como la
congestión judicial o la ausencia de condiciones mínimas de infraestructura en los
despachos. Este tipo de circunstancias, por su naturaleza, no pueden ser atribuidas
directamente a los servidores judiciales.

22. La Corte Constitucional ha establecido que la mora judicial puede estar
justificada cuando el incumplimiento de los términos procesales obedece a
situaciones estructurales, como la congestión judicial o la fuerza mayor. En estos
eventos, al tratarse de circunstancias ajenas al actuar de los encargados de
administrar justicia, no se configura una vulneración de los derechos fundamentales.
Por lo tanto, lo procedente es negar la existencia de la afectación alegada, y
disponer que el proceso continúe su curso conforme el turno asignado, siempre que
no se advierta la existencia de un perjuicio irremediable15.

23. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional16, para establecer
si existe mora judicial es necesario adelantar un análisis en dos etapas: un examen
de procedibilidad formal y otro de fondo. Una vez superado el análisis de
procedibilidad formal, se pasa al correspondiente al análisis de fondo, en el que se
debe establecer si, en el caso concreto, se configura la mora judicial injustificada.

13 Corte Constitucional, SU-179 de 2021.
14 Corte Constitucional, SU-333 de 2020.
15 Corte Constitucional, SU-179 de 2021.
16 Corte Constitucional, SU-333 de 2020.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03339-00
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

24. Conforme el precedente constitucional, la mora judicial injustificada se presenta
cuando se verifican los siguientes elementos:

“(i) la demora obedece al incumplimiento de los términos previstos en la ley
para adelantar una actuación judicial; (ii) no existe una causa razonable que
justifique dicha dilación, como lo sería la congestión judicial o la carga
excesiva de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión de la
autoridad judicial en el cumplimiento de sus deberes funcionales”.

25. En suma, la mora judicial constituye un problema estructural del sistema de
justicia, cuyo análisis exige valorar las circunstancias específicas de cada caso. No
todo retraso en la emisión de una providencia equivale a una vulneración
constitucional, pues solo adquiere relevancia cuando la demora carece de
justificación y es atribuible a la inactividad o negligencia del funcionario judicial. Si,
por el contrario, la tardanza obedece a causas estructurales como la congestión
judicial, la falta de personal o condiciones materiales deficientes no puede imputarse
responsabilidad al despacho. En consecuencia, únicamente cuando se demuestra
que el retardo es injustificado y afecta de manera directa el derecho al debido
proceso o al acceso a la administración de justicia, procede la intervención del juez
constitucional para ordenar las medidas correctivas necesarias.

Análisis del caso en concreto

26. A juicio de la Sala, cuando la acción de tutela se interpone con el propósito de
obtener la protección de derechos fundamentales presuntamente vulnerados por la
mora judicial, el análisis no debe limitarse a verificar si la autoridad judicial respetó
los plazos legales para adoptar una decisión. Lo verdaderamente relevante consiste
en establecer si la tardanza alegada carece de una justificación objetiva y
razonable17.

Estudio de procedibilidad de la acción de tutela

27. En el caso bajo examen, esta Subsección constata que se cumplen los
requisitos de procedencia formal de la acción de tutela promovida por mora judicial.

28. Respecto del requisito de diligencia de la parte actora, se observa que la parte
accionante ha mantenido una actuación activa, constante y comprometida con la
defensa de sus derechos, lo que ha permitido que el proceso avance hasta su fase
final.

29. En cuanto al requisito de subsidiariedad, aunque el proceso judicial aún se
encuentra en trámite, la jurisprudencia constitucional ha establecido que, en los
casos de mora judicial, el ciudadano no está obligado a agotar otros mecanismos
procesales —como recursos o incidentes—, dado que su utilización solo prolongaría

17 En Palabras de la Corte en la Sentencia T-186 de 2017: “el análisis para concluir si la mora era
justificada o no, implicaba una valoración crítica del cumplimiento de los deberes por parte del
funcionario judicial, entre los que se incluía la adopción de medidas tendentes a superar situaciones
de congestión, acudiendo a los superiores y autoridades competentes dentro de la organización de
la Rama Judicial, así como la información confiable y certera a los usuarios de la administración para
que estuvieran enterados de las razones por las cuales sus trámites no habían podido resolverse a
tiempo.”

6

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03339-00
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

la tardanza y profundizaría la vulneración de los derechos fundamentales. En ese
contexto, el accionante se hallaba en una situación de indefensión, al carecer de un
medio judicial idóneo y eficaz que le garantizara una decisión oportuna.

30. Por último, en relación con el requisito de inmediatez, la acción de tutela se
interpuso dentro de un término razonable, toda vez que el proceso judicial continúa
abierto y la presunta afectación a los derechos fundamentales permanece vigente y
actual.

Estudio de procedencia de la acción de tutela

31. Una vez superado este análisis formal, la Sala entrará a analizar de fondo el
presente asunto. Así, para determinar la existencia de mora judicial injustificada, es
necesario realizar una valoración integral de las circunstancias que rodean la
demora, al considerar que cuenta con factores como la complejidad del asunto, la
existencia de motivos razonables que justifiquen la dilación, la conducta de los
interesados y la diligencia del funcionario judicial. En ese sentido, el mero
incumplimiento de los plazos procesales no configura, por sí solo, una vulneración
constitucional, pues es indispensable analizar el contexto en el que se produjo el
retardo.

32. En el caso concreto, el señor Manuel Ricardo Rey Vélez solicitó la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso efectivo y eficaz a la
administración de justicia, a “obtener decisión judicial dentro de un plazo razonable”
y a la igualdad procesal. Lo anterior, con ocasión de la presunta mora judicial
injustificada en que ha incurrido la Sección Primera del Consejo de Estado dentro
del trámite del proceso de pérdida de investidura radicado núm. 50001-23-33-000-
2025-00202-01.

33. Al respecto, de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, se
advierte que en dicho asunto la autoridad judicial accionada ha adelantado las
siguientes actuaciones:

̶ El 4 de septiembre de 202518, la Secretaría General de esta Corporación
remitió al despacho el recurso de apelación presentado por el señor Manuel
Ricardo Rey Vélez contra el auto del 24 de julio de 2025, proferido por el
Tribunal Administrativo del Meta.

̶ El 27 de enero de 2026, el consejero de Estado ponente registró proyecto de
auto19 para consideración de la Sala de la Sección Primera de esta
Corporación.

34. Ahora bien, en el escrito de contestación, el magistrado sustanciador de la
Sección Primera del Consejo de Estado señaló que el asunto en cuestión se tramita
dentro del turno ordinario para decisión, el cual, en las altas corporaciones, se ve
impactado por la carga estructural del servicio. En ese sentido, expuso que no ha

18 Índice 1 de Samai.
19 Índice 4 de Samai.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03339-00
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

transcurrido un plazo irrazonable para la resolución del recurso de apelación y
además deben tenerse en cuenta las dinámicas propias de un cuerpo judicial de
naturaleza colegiada en el que se surten las discusiones necesarias para las
decisiones judiciales correspondientes.

35. Al respecto, esta Sala reconoce que, si bien las actuaciones y decisiones dentro
de los procesos judiciales deben ajustarse a los términos establecidos en la Ley
1881 de 2018 para el trámite de pérdidas de investidura, no pueden ignorarse las
condiciones estructurales de congestión que afectan a la Rama Judicial y, en
particular, a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, las cuales, en cierta
medida, pueden impedir que situaciones como la presente se califiquen como mora
judicial injustificada.

36. Asimismo, conviene recordar que, según lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley
446 de 1998, los jueces están obligados a proferir las providencias respetando
estrictamente el orden en que los expedientes ingresan al despacho para ese
propósito, sin que sea posible modificarlo, excepto en los eventos de sentencia
anticipada o cuando exista prelación legal.

37. De conformidad con lo descrito, esta Subsección considera que las posibles
demoras son consecuencia de la carga laboral del despacho de conocimiento, el
cual ha adelantado los diferentes asuntos de conformidad con la naturaleza de los
expedientes que tiene a cargo y el orden de ingreso, lo que exige una celosa
atención por parte del funcionario judicial y su equipo de trabajo al tiempo que
dificulta la resolución de la litis dentro de lapsos cortos.

38. Por otro lado, respecto del sistema de turnos, la Corte Constitucional20 ha
señalado que las autoridades judiciales, en principio, deben procesar y resolver los
procesos en el orden cronológico en el cual se hayan promovido o iniciado. Frente
a ello, estableció que en la definición de criterios para fijar órdenes de atención de
los procesos judiciales, se debe evaluar que resulten razonables y respeten la
igualdad, a saber:

“[…] todas las personas tienen el mismo derecho a que sus conflictos sean
atendidos oportunamente por la administración de justicia. Dado el cúmulo
de procesos que ocupan a los juzgados, es entonces preciso establecer un
criterio para fijar el orden de atención a los mismos, criterio que debe ser
razonable y respetar el derecho de igualdad. La norma demandada
establece una pauta en ese sentido al determinar que los procesos serán
fallados de acuerdo con el orden de ingreso al despacho para sentencia.
Este criterio - conocido como el de la cola o el de la fila - respeta de manera
general el derecho de igualdad, en la medida en que determina que los
procesos serán fallados de acuerdo con el orden de ingreso, sin atender a
criterios de clasificación sospechosos - tales como la condición social de las
partes, la raza o el sexo de las mismas, etc. - o a favoritismos inaceptables
desde el punto de vista del derecho de igualdad. Asimismo, el criterio es
razonable porque fija como punto de partida para la elaboración del orden
en el que deben decidirse los casos el momento de ingreso de los mismos
al despacho para el fallo, es decir, el momento en el que ya todos los
procesos deben estar completos para proceder a dictar la sentencia. En ese
instante, los procesos deben contar con todos los elementos necesarios

20 Sentencia C-134 de 2023.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03339-00
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para la emisión de la providencia y se encuentran, entonces, en una
situación similar, si bien evidentemente algunas sentencias requerirán más
elaboración que otras21”.

39. En ese sentido, ha dicho la jurisprudencia constitucional22 que la tardanza en la
observancia de los términos judiciales constituye una mora judicial injustificada
cuando (i) se presenta un incumplimiento de los plazos señalados en la ley para
adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique
dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la
tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de
la autoridad judicial.

40. Sobre este punto, jurisprudencialmente23 se han establecido las circunstancias
que dan lugar a la dilación injustificada, exigiendo para ello lo siguiente:

i. El incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar
alguna actuación por parte del funcionario competente.
ii. La omisión en el cumplimiento de las obligaciones en el trámite de los
procesos a cargo de la autoridad judicial.
iii. La falta de motivo razonable y prueba de que la demora obedece a
circunstancias que no se pueden contrarrestar.

41. En este orden de ideas, si bien el medio de control de pérdida de investidura
exige ser tramitado con celeridad, la Sala advierte que en el presente asunto no se
configura una mora judicial injustificada atribuible a la Sección Primera del Consejo
de Estado. En efecto, se tiene que el expediente no ha permanecido inactivo desde
su reparto en segunda instancia, efectuado el 4 de septiembre de 2025, pues se
encuentra acreditado que el 27 de enero de 2026 fue registrado proyecto de auto
para consideración de la Sala. Tal circunstancia evidencia que el asunto ha
continuado su curso y que la autoridad judicial ha desplegado actuaciones
orientadas a la adopción de la decisión correspondiente.

42. Asimismo, debe tenerse en cuenta que el proyecto de auto está sometido a
discusión de una corporación colegiada, de manera que la adopción de la decisión
requiere un escenario de deliberación entre los magistrados que la integran. A ello
se suma la carga estructural que afronta la Sección Primera de esta Corporación,
respecto de la cual se ha informado en otros procesos que actualmente cuenta con
aproximadamente 120024 asuntos a su cargo, situación que necesariamente incide
en los tiempos de resolución y en la observancia del turno ordinario para fallo. En
ese contexto, no se acredita la existencia de actuaciones negligentes, arbitrarias o
caprichosas por parte de la autoridad judicial accionada.

43. De igual manera, la parte accionante no demostró la configuración de un
perjuicio irremediable que hiciera imperativo alterar el orden regular de decisión del

21 Sentencia C-248 de 1999.
22 Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A. Sentencia del 23 de agosto de 2018.
Radicación No: 11001-03-15-000-2018-02247-00.
23 Ibidem.
24 Al respecto, véase expediente radicado núm. 11001-03-15-000-2026-02519-00.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03339-00
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

proceso, ni acreditó que el tiempo transcurrido hasta ahora haya ocasionado una
afectación grave, actual e impostergable de sus derechos fundamentales. Así, al no
advertirse una paralización injustificada del expediente ni circunstancias
excepcionales que impongan un trato preferente, no resulta posible concluir la
existencia de una mora judicial contraria a la Constitución. Por consiguiente, se
negará el amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. R E S U E L V E

PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado mediante la acción de tutela presentada
por el señor Manuel Ricardo Rey Vélez, en nombre propio, contra la Sección
Primera del Consejo de Estado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

TERCERO: De no ser impugnada, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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