Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02519-00
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-02519-00
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02519-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-02519-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
8 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., ocho (08) de mayo de dos mil veintiséis (2026).
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02519-00
Accionante: JOSÉ WILLIAM SÁNCHEZ PÁEZ
Accionado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN PRIMERA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela por mora judicial / Mora judicial justificada / Congestión
judicial / Ausencia de perjuicio irremediable / Se niega el amparo.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la acción de tutela promovida, el 6 de abril de 2026 1, por el señor
José William Sánchez Páez, quien actúa en nombre propio, contra la Sección
Primera del Consejo de Estado. A su juicio, dicha autoridad judicial vulneró sus
derechos fundamentales a la intimidad, salud y “tranquilidad”.
ANTECEDENTES
Hechos relevantes
1. El actor manifestó que interpuso medio de control de nulidad simple contra la
Resolución No. 160 del 2 de febrero de 2017, mediante la cual la Nación – Ministerio
de Transporte reglamentó el registro y la circulación de los vehículos automotores
tipo ciclomotor, tricimotos y cuatriciclos. Agregó que, en ese proceso, solicitó la
medida cautelar de suspensión provisional de dicho acto administrativo. La
Secretaría de esta Corporación repartió a la Sección Primera del Consejo de
Estado, bajo el radicado 11001-03-24-000-2023-00299-00.
2. El 6 de febrero de 20242, la parte tutelante solicitó, como medida cautelar de
urgencia, la suspensión provisional de los efectos del acto acusado, al considerar
que su no adopción podría generar mayores afectaciones económicas a quienes
adquieran ciclomotores —como tricimotos y cuadriciclos de combustión interna—.
Señaló que estos vehículos, promovidos por la Resolución 160 de 2017, son
adquiridos mediante endeudamiento o inversión bajo la expectativa de facilitar la
movilidad, sin que se ponderen adecuadamente sus efectos en términos de
contaminación auditiva y atmosférica.
1 Índice electrónico 01 de SAMAI. “REPARTO Y RADICACIÓN DEL PROCESO REALIZADAS EL
lunes, 6 de abril de 2026 con secuencia: 3922”.
2 Índice electrónico 011 de SAMAI. Solicitud Medida Cautelar de Urgencia(.pdf) NroActua 11.
1
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02519-00
Accionante: José William Sánchez Páez
Accionado: Consejo de Estado Sección Primera
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
3. Mediante auto del 16 de febrero de 20243, el magistrado Hernando Sánchez
Sánchez negó la solicitud de medida cautelar de urgencia y dispuso su trámite
conforme al artículo 233 de la Ley 14374. Lo anterior, al considerar que la solicitud
no se subsume en los supuestos del artículo 234 ibidem, por cuanto la parte
demandante se limitó a alegar una eventual afectación económica a futuros
adquirentes de ciclomotores, tricimotos y cuadriciclos de combustión interna, sin
acreditar circunstancias de urgencia. En consecuencia, se ordenó correr traslado de
la solicitud por el término de cinco (5) días, para que las partes se pronuncien, si a
bien lo tienen.
4. Mediante auto del 6 de diciembre de 20245, el magistrado Hernando Sánchez
Sánchez resolvió negar la solicitud de medidas cautelares presentada por la parte
demandante, consistente en: (i) la suspensión provisional de los efectos de los
artículos 1 a 8, 10 a 12 y 15 de la Resolución núm. 00160 del 2 de febrero de 2017,
expedida por el Ministerio de Transporte; y (ii) ordenar a dicha entidad informar a la
opinión pública sobre la existencia del proceso6.
5. La solicitud se sustentó en que el acto acusado sería inconstitucional por priorizar
la circulación de nuevos actores viales —como ciclomotores, tricimotos y
cuadriciclos de combustión interna— generadores de contaminación auditiva y
atmosférica, sin soporte técnico-ambiental suficiente, lo que, a juicio de la parte
actora, vulnera los artículos 1, 4, 6, 15, 79 y 83 de la Constitución Política y afecta
derechos como la vida, la salud, la intimidad y el ambiente sano.
6. No obstante, el despacho concluyó que, en esta etapa procesal, la confrontación
entre el acto acusado y las normas superiores invocadas no evidenciaba una
vulneración manifiesta que habilitara la suspensión provisional. Asimismo, advirtió
que la resolución fue expedida en ejercicio de competencias constitucionales y
legales, por lo que no se acreditaron los presupuestos del artículo 231 de la Ley
1437.
7. De otra parte, negó la solicitud de ordenar la divulgación del proceso por parte
del Ministerio de Transporte, al verificar que, mediante auto previo del 16 de febrero
de 2024, ya se había dispuesto informar a la comunidad a través del sitio web del
Consejo de Estado.
8. El 21 de abril de 20257, el actor presentó memorial en el cual solicitó la adopción
de medidas cautelares frente a la Resolución 160 de 2017 del Ministerio de
Transporte8. En concreto, pidió la suspensión provisional de las expresiones “de
3Índice electrónico 015 de SAMAI.
16AUTOQUENIEGA202300299TRMCNIEGAURGENCIAV114DEFEBRERODE2024PDF(.pdf)
NroActua 15.
4 Se notificó el día 22 de febrero de 2024. Índice electrónico 018 de SAMAI. Soporte notificación
Auto que niega trámi(.pdf) NroActua 18.
5 Índice electrónico 041 de SAMAI. 40Autoqueresuel_PonenteORDaNUR202300(.pdf) NroActua 41.
6 Esta solicitud se realizó en el memorial inicial allegado el 6 de febrero de 2024.
7 Índice electrónico 086 de SAMAI. 77_Oficio_1124_Secretaria_General(.pdf) NroActua 86.
8 Índice electrónico 066 de SAMAI. Solicitud de Medidas Ca(.zip) NroActua 66.
2
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02519-00
Accionante: José William Sánchez Páez
Accionado: Consejo de Estado Sección Primera
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
combustión interna” y “y/o de cualquier otro tipo de generación de energía”, “y con
un motor de cilindrada mayor a 50 cm3 o”, “de combustión interna,”, “y/o de cualquier
otro tipo de generación de energía, de cilindraje” y “a 50 cm3 si es de combustión
interna ni potencia nominal superior”, “y de emisiones contaminantes” y “y del
sistema de escape de gases cuando aplique”, contenidas en los artículos 1, 2, inciso
4, 5 y 8 del artículo 3, inciso 1, 2, y 3 del artículo 4, inciso 2 del artículo 5, artículo 6,
artículo 7, inciso 1, 10 y 11 del artículo 8, inciso 1 y 2 del artículo 10, inciso 1, 2, 3,
4 y 5 del artículo 11, el artículo 12, inciso 2 y 3 del artículo 15 de dicha resolución.
9. Finalmente, el actor solicitó al Ministerio de Transporte informar a la opinión
pública sobre la existencia del presente proceso, ante el presunto incumplimiento
de lo dispuesto en el auto del 6 de diciembre de 2024 (índice 00041 de SAMAI); así
como disponer la práctica de un estudio técnico, a cargo del Ministerio de Ambiente
o de un tercero certificado, para evaluar las emisiones de ruido y contaminantes
generadas por ciclomotores, tricimotos y cuadriciclos, cuyos resultados deberán ser
allegados al despacho; y garantizar la participación de delegados de la Defensoría
del Pueblo, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, el Ministerio de
Transporte y la parte demandante en su realización, con el fin de asegurar la
transparencia y objetividad del mismo.
10. El accionante indicó que, mediante auto del 10 de agosto de 20259, el despacho
corrió traslado a la parte demandada para que se pronunciara sobre la solicitud de
medidas cautelares10. No obstante, afirmó que el Ministerio de Transporte no emitió
pronunciamiento alguno frente a dicha solicitud.
11. Manifestó que, desde el 1 de septiembre de 202511, la solicitud de medidas
cautelares se encuentra en el despacho de la Sección Primera del Consejo de
Estado sin que, a la fecha, se haya proferido decisión de fondo al respecto. Añadió
que el 17 de febrero de 202612 radicó memorial de impulso procesal, sin que ello
haya conllevado la emisión de la providencia correspondiente.
12. Finalmente, sostuvo que la ausencia de decisión durante más de siete meses
ha permitido el incremento en la circulación de los referidos vehículos, lo cual —en
su criterio— vulnera y amenaza sus derechos fundamentales a la intimidad, la salud
(integridad física y mental), la tranquilidad, la calidad de vida y el bienestar, debido
al alto nivel de ruido y a la contaminación del aire que estos generan. Concluyó que
la prolongada inactividad en el trámite de las medidas cautelares evidencia que el
mecanismo previsto en la Ley 1437 de 2011 no ha resultado eficaz ni expedito para
la protección de sus derechos, configurándose así un perjuicio irremediable.
9 Se advierte que al revisar samai, el auto en mención figura con la fecha del 1° de agosto de 2025.
Ver índice 71 del proceso 11001032400020230029900.
10 Índice electrónico 071 de SAMAI del Consejo de Estado.
69Autoquecorre_20230029900ordenesas(.pdf) NroActua 71.
11 Índice electrónico 077 de SAMAI.
12 Índice electrónico 078 de SAMAI. ACUSE CORREO(.pdf) NroActua 78.
3
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02519-00
Accionante: José William Sánchez Páez
Accionado: Consejo de Estado Sección Primera
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Pretensiones
13. Conforme a lo dispuesto en el escrito de tutela, se formularon las siguientes
pretensiones (se transcribe con posibles errores):
“Se ordene a la Sección Primera del Consejo de Estado para que en un
tiempo razonable decida lo que en derecho corresponde, sobre las Medidas
Cautelares que están en el despacho desde el 1 de septiembre de 2025”13.
Fundamentos de la demanda de tutela
14. El accionante sostuvo que han transcurrido más de siete (7) meses sin que se
profiera decisión sobre la solicitud de medidas cautelares, en contravía de lo
previsto en el artículo 233 de la Ley 1437 de 2011. Indicó que esta inactividad judicial
ha permitido la intensificación del ruido derivado del tráfico vehicular, agravado por
la circulación permanente —incluso en horarios nocturnos, domingos y festivos—
de cuadriciclos, tricimotos y ciclomotores de combustión interna.
15. Afirmó que dicha situación vulnera y amenaza sus derechos fundamentales a la
intimidad, la tranquilidad y la salud, al someterlo a niveles constantes de
contaminación auditiva que afectan su descanso, concentración y calidad de vida,
y que pueden derivar en afectaciones físicas y mentales.
16. En respaldo de lo anterior, citó la Sentencia T-672 de 2014 de la Corte
Constitucional, en la cual se reconoce que la exposición prolongada a niveles
elevados de ruido puede constituir una intromisión indebida en la esfera privada y
generar impactos nocivos en la salud, tales como alteraciones del sueño,
afectaciones psicológicas y riesgos cardiovasculares.
17. Concluyó que la falta de decisión oportuna en el trámite de las medidas
cautelares torna ineficaz el medio de control ordinario para la protección de sus
derechos fundamentales, configurándose así un perjuicio irremediable.
Trámite en primera instancia
18. Mediante auto del 8 de abril de 202614, el despacho sustanciador admitió la
presente acción de tutela y, en consecuencia, ordenó notificar a la parte accionada
y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Asimismo, dispuso vincular
a la Nación – Ministerio de Transporte, al Ministerio Público y a los demás
intervinientes dentro del proceso de nulidad con suspensión provisional radicado
número 11001-03-24-000-2023-00299-00, en calidad de terceros con interés en las
resultas del proceso.
13 Índice electrónico 02 de SAMAI. 4ED_Demanda(.pdf) NroActua 2.
14 Índice electrónico 04 de SAMAI. 5Autoqueadmite_120260251900ADMITEJO(.pdf) NroActua 4.
4
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02519-00
Accionante: José William Sánchez Páez
Accionado: Consejo de Estado Sección Primera
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Intervenciones
19. El Ministerio de Transporte15 solicitó su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva, al considerar que los hechos y pretensiones de
la acción de tutela no guardan relación con sus competencias ni con actuaciones
atribuibles a la entidad. Señaló que no le corresponde pronunciarse sobre la validez
u oportunidad de providencias judiciales proferidas por el Consejo de Estado –
Sección Primera, ni ha intervenido en la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados.
20. Adicionalmente, pidió declarar improcedente la acción de tutela por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad, dado que el proceso ordinario se
encuentra en trámite y existen otros mecanismos judiciales idóneos. Asimismo,
alegó la falta de relevancia constitucional, en la medida en que el accionante
pretende sustituir la competencia del juez natural mediante el uso de la acción de
tutela.
21. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado16, el Consejo de
Estado Sección Primera17 y el Ministerio Público18 guardaron silencio a pesar de
haber sido notificados.
CONSIDERACIONES
Competencia
22. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de
201919.
Problema jurídico y metodología de la decisión
23. El señor José William Sánchez Páez instauró acción de tutela contra la Sección
Primera del Consejo de Estado. A su juicio, dicha autoridad judicial vulneró sus
derechos fundamentales a la intimidad, salud y “tranquilidad”. Sostuvo que dicha
vulneración se origina en la presunta mora judicial en la que, a su juicio, incurrió esa
autoridad dentro del trámite del proceso de nulidad con suspensión provisional
identificado con el radicado número 11001-03-24-000-2023-00299-00. En particular,
15 Índice electrónico 014 de SAMAI.14_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
20261320508171JOSE(.pdf) NroActua 14.
16 Se notificó al correo: notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co.
17Se notificó a los correos: notifpcordoba@consejodeestado.gov.co,
lbastidasg@consejodeestado.gov.co, notifcmantilla@consejodeestado.gov.co
lmartinezf@consejodeestado.gov.co, notifnpena@consejodeestado.gov.co,
dmontezumac@consejodeestado.gov.co, jfayadc@consejodeestado.gov.co,
mcrodriguezf@consejodeestado.gov.co, notifgosorio@consejodeestado.gov.co.
18 Se notificó al correo: procesosjudiciales@procuraduria.gov.co.
19 Reglamento interno de esta corporación, puntualmente el artículo 13- “Distribución de los procesos
entre las secciones”.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02519-00
Accionante: José William Sánchez Páez
Accionado: Consejo de Estado Sección Primera
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
indicó que han transcurrido más de siete (7) meses sin que se profiera decisión
sobre la solicitud de medidas cautelares, en relación con la Resolución No. 160 del
2 de febrero de 2017, mediante la cual la Nación – Ministerio de Transporte
reglamentó el registro y la circulación de los vehículos automotores tipo ciclomotor,
tricimotos y cuatriciclos.
24. En este contexto, corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si la acción
de tutela interpuesta cumple los requisitos formales de procedibilidad fijados por la
jurisprudencia constitucional para su estudio de mérito. En caso de superar dicho
examen preliminar, en segundo lugar, procederá a efectuar el análisis de fondo
encaminado a establecer si, en el caso concreto, la autoridad judicial accionada
trasgredió los derechos fundamentales invocados, en particular los relacionados
con la intimidad, salud y “tranquilidad” ante la presunta mora denunciada.
25. Con el objetivo de resolver el problema jurídico, la Subsección adoptará la
siguiente ruta de análisis: (i) reiteración de jurisprudencia constitucional respecto de
la mora judicial; (ii) estudio de los requisitos de procedencia formal para establecer
si existe mora judicial injustificada y; (iii) examen de fondo del caso en concreto.
Mora judicial
26. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha entendido la mora judicial como
un “fenómeno multicausal”, por lo general asociado a las deficiencias estructurales
del sistema judicial, los cuales limitan el goce efectivo del derecho al acceso a la
administración de justicia. Este fenómeno se materializa cuando la acumulación de
procesos excede la capacidad de los servidores judiciales responsables de su
resolución20.
27. Como lo indica el artículo 29 Superior, toda persona que interpone una acción o
ejerce un recurso dentro de un proceso judicial tiene el derecho a obtener una
respuesta dentro de los plazos previstos por la ley. No obstante, no todo retraso en
el pronunciamiento de una decisión judicial constituye automáticamente una
vulneración constitucional, en la medida en que es necesario demostrar que la
demora fue injustificada, atribuible a la falta de diligencia del funcionario judicial o
que el tiempo de duración del proceso resulte irrazonable21.
28. En ese sentido, corresponde al juez de tutela analizar, en cada caso en
concreto, si la conducta de los servidores o de la corporación judicial responde a
una actitud caprichosa o arbitraria o si, por el contrario, obedece a problemáticas
estructurales que dificultan el cumplimiento de los plazos procesales, como la
congestión judicial o la ausencia de condiciones mínimas de infraestructura en los
despachos. Este tipo de circunstancias, por su naturaleza, no pueden ser atribuidas
directamente a los servidores judiciales.
20 Corte Constitucional, SU-179 de 2021.
21 Corte Constitucional, SU-333 de 2020.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02519-00
Accionante: José William Sánchez Páez
Accionado: Consejo de Estado Sección Primera
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
29. La Corte Constitucional ha establecido que la mora judicial puede estar
justificada cuando el incumplimiento de los términos procesales obedece a
situaciones estructurales, como la congestión judicial o la fuerza mayor. En estos
eventos, al tratarse de circunstancias ajenas al actuar de los encargados de
administrar justicia, no se configura una vulneración de los derechos fundamentales.
Por lo tanto, lo procedente es negar la existencia de la afectación alegada, y
disponer que el proceso continúe su curso conforme el turno asignado, siempre que
no se advierte la existencia de un perjuicio irremediable22.
30. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional23, para establecer
si existe mora judicial es necesario adelantar un análisis en dos etapas. La primera
corresponde al examen de procedibilidad formal, el cual se satisface cuando se
cumple entre otros los siguientes requisitos:
“(i)no se cuenta con un mecanismo judicial ordinario para impulsar el
proceso (como consecuencia de un estado de indefensión, entre otras
razones); (ii) el ciudadano se ha comportado activamente y ha
impulsado el avance del proceso, y (iii) la omisión judicial no se debe a
conductas dilatorias, o no es atribuible al incumplimiento de cargas
procesales”.
31. Una vez superado el análisis de procedibilidad formal, se pasa a la segunda
etapa del examen, correspondiente al análisis de fondo, en el que se debe
establecer si, en el caso concreto, se configura la mora judicial injustificada.
Conforme el precedente constitucional, ésta se presenta cuando se verifican los
siguientes elementos:
“(i) la demora obedece al incumplimiento de los términos previstos en la
ley para adelantar una actuación judicial; (ii) no existe una causa
razonable que justifique dicha dilación, como lo sería la congestión
judicial o la carga excesiva de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a
la omisión de la autoridad judicial en el cumplimiento de sus deberes
funcionales”.
32. En suma, la mora judicial constituye un problema estructural del sistema de
justicia, cuyo análisis exige valorar las circunstancias específicas de cada caso. No
todo retraso en la emisión de una providencia equivale a una vulneración
constitucional, pues solo adquiere relevancia cuando la demora carece de
justificación y es atribuible a la inactividad o negligencia del funcionario judicial. Si,
por el contrario, la tardanza obedece a causas estructurales como la congestión
judicial, la falta de personal o condiciones materiales deficientes no puede imputarse
responsabilidad al despacho. En consecuencia, únicamente cuando se demuestra
que el retardo es injustificado y afecta de manera directa el derecho al debido
proceso o al acceso a la administración de justicia, procede la intervención del juez
constitucional para ordenar las medidas correctivas necesarias.
22 Corte Constitucional, SU-179 de 2021.
23 Corte Constitucional, SU-333 de 2020.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02519-00
Accionante: José William Sánchez Páez
Accionado: Consejo de Estado Sección Primera
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Análisis del caso concreto
33. El señor José William Sánchez Páez promovió acción de tutela con el objetivo
de obtener la protección de sus derechos fundamentales, los cuales considera
vulnerados por la Sección Primera del Consejo de Estado, con ocasión de la
presunta mora en la resolución de la solicitud de medidas cautelares presentada
dentro del proceso. Al respecto, manifestó que han transcurrido más de siete (7)
meses sin que se haya proferido decisión alguna frente a dicha solicitud, lo que, en
su criterio, configura una dilación injustificada que afecta sus derechos.
34. En primer lugar, la Sala examinará la legitimación en la causa; en segundo lugar,
analizará los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela; en tercer lugar, en
caso de superar los estudios anteriores, se analizará el asunto de fondo.
Legitimación en la causa por activa y pasiva
35. José William Sánchez Páez cuenta con legitimación en la causa por activa, dado
que ostenta la titularidad de los derechos fundamentales cuya vulneración invoca.
En tal condición, actúa como la persona directamente afectada por la presunta mora
judicial.
36. De igual manera, se encuentra satisfecho el requisito de legitimación en la causa
por pasiva, en la medida en que la acción de tutela se dirigió contra la Sección
Primera del Consejo de Estado, autoridad judicial a la que se le atribuye la
transgresión de los derechos invocados en la presente acción de amparo
constitucional.
37. El Ministerio de Transporte solicitó ser desvinculado por falta de legitimación en
la causa por pasiva. Al respecto, la Sala no accederá a la desvinculación solicitada,
pues, si bien el Ministerio de Transporte no es la autoridad judicial accionada, sí
funge como parte demandada dentro del proceso ordinario de nulidad simple y, por
tanto, tiene interés directo en las resultas del presente trámite constitucional.
Estudio de procedibilidad de la mora judicial
38. A juicio de la Sala, cuando la acción de tutela se interpone con el propósito de
obtener la protección de derechos fundamentales presuntamente vulnerados por la
mora judicial, el análisis no debe limitarse a verificar si la autoridad judicial respetó
los plazos legales para adoptar una decisión. Lo verdaderamente relevante consiste
en establecer si la tardanza alegada carece de una justificación objetiva y
razonable24.
24 En Palabras de la Corte en la Sentencia T-186 de 2017: “el análisis para concluir si la mora era
justificada o no, implicaba una valoración crítica del cumplimiento de los deberes por parte del
funcionario judicial, entre los que se incluía la adopción de medidas tendentes a superar situaciones
de congestión, acudiendo a los superiores y autoridades competentes dentro de la organización de
la Rama Judicial, así como la información confiable y certera a los usuarios de la administración para
que estuvieran enterados de las razones por las cuales sus trámites no habían podido resolverse a
tiempo.”
8
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02519-00
Accionante: José William Sánchez Páez
Accionado: Consejo de Estado Sección Primera
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
39. En el caso bajo examen, la Sala constata que se cumplen los requisitos de
procedencia formal de la acción de tutela promovida por mora judicial.
40. Respecto del requisito de diligencia de la parte actora, se observa que el
accionante ha mantenido una actuación activa. En efecto, el 18 de febrero de 202625
presentó un memorial de impulso procesal con el fin de que la autoridad accionada
se pronunciara sobre la solicitud de medidas cautelares formulada respecto de la
Resolución No. 160, lo que evidencia su interés en la pronta resolución del asunto.
41. En cuanto al requisito de subsidiariedad, aunque el proceso judicial aún se
encuentra en trámite, la jurisprudencia constitucional ha establecido que, en los
casos de mora judicial, el ciudadano no está obligado a agotar otros mecanismos
procesales —como recursos o incidentes—, dado que su utilización solo prolongaría
la tardanza y profundizaría la vulneración de los derechos fundamentales. En ese
contexto, los accionantes se hallaban en una situación de indefensión, al carecer de
un medio judicial idóneo y eficaz que les garantizara una decisión oportuna.
42. Por último, en relación con el requisito de inmediatez, la acción de tutela se
interpuso dentro de un término razonable, toda vez que el proceso judicial continúa
abierto y la presunta afectación a los derechos fundamentales permanece vigente y
actual.
Estudio de procedencia de la acción de tutela
43. Una vez superado este análisis formal, la Sala entrará a analizar de fondo el
presente asunto. Así, para determinar la existencia de mora judicial injustificada, es
necesario realizar una valoración integral de las circunstancias que rodean la
demora, al considerar que cuenta con factores como la complejidad del asunto, la
existencia de motivos razonables que justifiquen la dilación, la conducta de los
interesados, y la diligencia del funcionario judicial. En ese sentido, el mero
incumplimiento de los plazos procesales no configura, por sí solo, una vulneración
constitucional, pues es indispensable analizar el contexto en el que se produjo el
retardo.
44. En el caso concreto, la parte accionante manifestó que promovió demanda de
nulidad con solicitud de suspensión provisional contra la Resolución No. 160, la cual
fue asignada a la Sección Primera del Consejo de Estado bajo el radicado 11001-
03-24-000-2023-00299-00. Indicó que el 21 de abril de 2025 radicó un memorial
mediante el cual solicitó la adopción de medidas cautelares respecto del referido
acto administrativo. No obstante, afirmó que, a la fecha, han transcurrido más de
siete (7) meses sin que se haya proferido decisión alguna sobre dicha solicitud,
circunstancia que, en su criterio, configura una dilación injustificada y vulnera sus
derechos fundamentales.
45. En primer lugar, la Sala advierte que las solicitudes de medidas cautelares
presentadas el 6 de febrero de 2024 y el 21 de abril de 2025 difieren tanto en su
25 Índice electrónico 079 de SAMAI de la Sección Primera del Consejo de Estado.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02519-00
Accionante: José William Sánchez Páez
Accionado: Consejo de Estado Sección Primera
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
objeto como en su alcance. La solicitud inicialmente presentada el 6 de febrero de
2024 fue planteada como medida cautelar de urgencia y luego tramitada por el
cauce ordinario. Esa solicitud, resuelta mediante auto del 6 de diciembre de 2024,
tenía un alcance amplio, pues pretendía la suspensión provisional de los efectos del
acto acusado —incluso de varios de sus artículos— y se fundamentó principalmente
en un eventual perjuicio económico para futuros adquirentes de ciclomotores,
tricimotos y cuadriciclos, derivado de decisiones de inversión o endeudamiento.
Asimismo, incluyó una pretensión adicional dirigida a que se ordenara informar a la
opinión pública sobre la existencia del proceso. En ese sentido, se trató de una
solicitud de naturaleza general, sustentada en consideraciones hipotéticas con un
planteamiento más general respecto de la constitucionalidad del acto acusado.
46. Por el contrario, la segunda solicitud presenta un enfoque distinto, caracterizado
por una especificidad, pues apunta a suspender determinados apartes normativos
concretos contenidos en varios artículos de la Resolución 160 de 2017. Esta petición
se dirige a excluir expresiones puntuales relacionadas con características técnicas
de los vehículos y con aspectos de generación de energía y emisiones, lo que
evidencia una delimitación más precisa del objeto de control y una orientación hacia
el impacto ambiental y regulatorio de dichas disposiciones. En consecuencia,
mientras la primera solicitud se caracteriza por su amplitud y por fundarse en un
eventual perjuicio económico, la segunda se distingue por su especificidad
normativa y por centrarse en cuestionamientos técnicos y ambientales respecto de
apartes concretos del acto administrativo. Esto implica que cuestionan enunciados
normativos diversos.
47. En consecuencia, dada la diferencia sustancial en su objeto, alcance y
fundamento, la Sala considera que la decisión de la Sección Primera del Consejo
de Estado que responde las medidas cautelares del 6 de febrero de 2024 no cobija
a la solicitud del 21 de abril de 2025, de modo que debe ser resuelta de manera
autónoma.
48. En segundo lugar, la dilación encuentra justificación en la situación de
congestión judicial y en el alto inventario de procesos a cargo del despacho
demandado. La Sección Primera del Consejo de Estado conoce asuntos de alta
complejidad, entre ellos procesos de nulidad contra actos administrativos de
alcance general, cuyo estudio exige una confrontación normativa rigurosa y, en
algunos casos, valoración técnica y constitucional del acto acusado. En particular,
la Sala observa que en la respuesta al impulso procesal la autoridad judicial
accionada señaló que tiene a su cargo un total de 1.322 procesos pendientes de
actuación, lo que evidencia una alta congestión que explica el retardo en la
resolución de la medida cautelar solicitada. En ese contexto, el vencimiento del
término legal de diez (10) días hábiles para resolver la postulación mencionada no
puede apreciarse de manera aislada, sino en atención a la carga real del despacho,
a la complejidad del asunto y a la necesidad de preservar el orden de turnos, salvo
que se demuestre una circunstancia excepcional que imponga alterar dicha
secuencia.
10
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02519-00
Accionante: José William Sánchez Páez
Accionado: Consejo de Estado Sección Primera
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
49. En tercer lugar, el expediente evidencia que el despacho accionado no ha
permanecido inactivo frente a las solicitudes cautelares formuladas por el actor en
el proceso de nulidad simple. En efecto, mediante auto del 16 de febrero de 2024,
la Sección Primera negó la solicitud de medida cautelar de urgencia y dispuso darle
el trámite ordinario previsto en el artículo 233 del CPACA; luego, mediante auto del
6 de diciembre de 2024, resolvió una solicitud amplia de medidas cautelares
relacionada con la Resolución 160 de 2017 y negó la suspensión provisional
pretendida. Estas actuaciones muestran que la autoridad judicial ha ejercido
dirección procesal y ha dado respuesta a solicitudes anteriores del demandante,
aun dentro de un contexto de alta carga laboral.
50. En cuarto lugar, la demora alegada debe valorarse a partir del desarrollo integral
del trámite de nulidad simple, el cual no ha estado paralizado. Según el registro de
actuaciones establecido en SAMAI, luego de la nueva solicitud cautelar radicada el
21 de abril de 2025, el despacho corrió traslado a la parte demandada el 10 de
agosto de 2025; vencido ese traslado, la solicitud ingresó al despacho para decisión
el 1 de septiembre de 2025; y posteriormente el actor presentó memorial de impulso
procesal el 18 de febrero de 2026. De este modo, aunque para la fecha de
presentación de la tutela no se había emitido decisión sobre la última solicitud
cautelar, sí existieron actuaciones procesales encaminadas a tramitarla.
51. En ese contexto, la tardanza no evidencia abandono, desidia o paralización
absoluta del proceso, sino una demora que debe apreciarse a la luz de un trámite
activo, con solicitudes cautelares sucesivas, de contenido distinto, y dentro de un
despacho que informó tener un inventario de 1.322 procesos pendientes de
actuación. Por tanto, la superación del término legal para resolver la medida cautelar
no basta, por sí sola, para configurar mora judicial injustificada, pues existen
elementos objetivos que explican razonablemente la dilación.
52. En quinto lugar, la Sala no advierte la configuración de un perjuicio irremediable
que habilite la intervención del juez constitucional. Para que este se configure deben
concurrir los presupuestos de inminencia, gravedad, urgencia e impostergabilidad
de la protección. En el caso concreto, tales exigencias no se satisfacen, pues la
solicitud pendiente se enmarca en un medio de control de nulidad simple contra un
acto administrativo de carácter general —la Resolución 160 de 2017 del Ministerio
de Transporte—, de manera que el debate principal corresponde a un control
normativo objetivo y no a la definición directa de una situación jurídica individual del
accionante que amerite protección inmediata.
53. Tampoco se acredita la gravedad del perjuicio, por cuanto la afectación alegada
se circunscribe a la demora en la resolución de una solicitud procesal, sin que se
evidencie un detrimento sustancial de derechos fundamentales que trascienda las
cargas ordinarias derivadas de la administración de justicia. La solicitud pendiente
se enmarca en un medio de control de nulidad simple contra un acto administrativo
de carácter general —la Resolución 160 de 2017 del Ministerio de Transporte—, por
lo que el debate principal es de control normativo objetivo y no de definición directa
de una situación jurídica individual del actor. En efecto, no se demostró que dicha
dilación haya impactado de manera intensa o significativa la esfera jurídica del actor.
11
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02519-00
Accionante: José William Sánchez Páez
Accionado: Consejo de Estado Sección Primera
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
54. Por último, no se acredita la urgencia ni la impostergabilidad de la intervención
del juez constitucional, toda vez que no se evidencia la necesidad de adoptar
medidas inmediatas para evitar la consumación de un daño, ni la inexistencia de
mecanismos idóneos para su protección. Aunque el demandante afirma que la
circulación de ciclomotores, tricimotos y cuadriciclos afecta la intimidad, la salud y
la tranquilidad, tales alegaciones corresponden al debate general sobre la legalidad
y constitucionalidad del acto acusado, el cual puede ser resuelto por el juez natural
en el marco del proceso de nulidad, sin que se advierta una afectación individual,
cierta e impostergable que no pueda esperar la decisión ordinaria. Por el contrario,
la situación puede ser atendida por el juez natural dentro del trámite ordinario de
nulidad simple.
55. Por consiguiente, la Sala concluye que no se configuró mora judicial
injustificada. La tardanza alegada se explica por la congestión y el alto inventario
del despacho, la complejidad del asunto, la existencia de actuaciones previas sobre
solicitudes cautelares relacionadas con la misma resolución y la continuidad del
trámite procesal. En consecuencia, al no advertirse una conducta omisiva arbitraria
ni la existencia de un perjuicio irremediable, se negará el amparo de los derechos
fundamentales invocados.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la presente acción de tutela,
formulada por el Ministerio de Transporte, de acuerdo con la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: NEGAR el amparo los derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia a José William Sánchez Páez, por las razones
expuestas en la presente providencia.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
CUARTO: De no ser impugnada esta decisión, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
12
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02519-00
Accionante: José William Sánchez Páez
Accionado: Consejo de Estado Sección Primera
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
13
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.