Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-06699-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-06699-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-06699-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
17 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06699-00
Accionante: José William Sánchez Páez
Accionados: Consejo de Estado – Sección Primera
Tema: Derechos fundamentales a la intimidad, la salud, la tranquilidad, entre
otros. Presunta mora judicial en la resolución de solicitud de
medidas cautelares dentro de una nulidad simple. DECLARA
IMPROCEDENTE
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor José William Sánchez
Páez, en contra de la Sección Primera del Consejo de Estado.
ANTECEDENTES
El accionante pretende que se protejan sus derechos fundamentales a la intimidad,
la salud, la integridad física y mental, «la tranquilidad, la calidad de vida y el
bienestar», que considera vulnerados, por la presunta mora judicial en resolver la
solicitud de medidas cautelares presentada dentro del proceso de nulidad con
radicado 11001-03-24-000-2023-00299-00.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que el 21 de abril de 2025 presentó solicitud de medidas cautelares dentro del
proceso de nulidad con radicado 11001-03-24-000-2023-00299-00, promovido
contra la Resolución 160 de 2017 expedida por el Ministerio de Transporte, por
medio de la cual se reglamentó el registro y la circulación de vehículos automotores
tipo ciclomotor, tricimoto y cuadriciclo.
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Que en dicha solicitud pidió la suspensión provisional de múltiples expresiones
contenidas en varios artículos de la referida resolución y formuló otras solicitudes
relacionadas con estudios sobre emisiones de ruido y contaminantes.
Que el 10 de agosto de 2025 se profirió auto para que la parte demandada se
pronunciara sobre la solicitud de medidas cautelares y desde el 1 de septiembre de
2025 el cuaderno correspondiente a las medidas cautelares se encuentra al
despacho de la Sección Primera del Consejo de Estado, sin que a la fecha de
presentación de la tutela existiera providencia que resolviera dicha solicitud.
Que el 17 de febrero de 2026 presentó memorial con el propósito de impulsar el
proceso y el 17 de abril del mismo año, la Sección Primera del Consejo de Estado
se pronunció sobre la solicitud de impulso procesal, pero no resolvió la petición de
medidas cautelares.
Que la solicitud de medidas cautelares llevaba más de un año y cuatro meses sin
decisión y que le preocupa que dicha petición quede sometida a un sistema de
turnos dentro de los procesos pendientes de actuación de la autoridad judicial
accionada.
Que el 20 de mayo de 2026 la Sección Primera del Consejo de Estado profirió
sentencia dentro de otro proceso identificado con radicado
11001032400020170011000, mediante la cual negó las pretensiones de nulidad
formuladas contra la Resolución 160 de 2017.
Que dicho proceso versaba sobre la potestad reglamentaria, mientras que el
proceso 11001032400020230029900 se fundamenta en las afectaciones derivadas
del ruido y de la contaminación del aire producidos por ciclomotores, tricimotos y
cuadriciclos de combustión interna.
Que la demora en resolver las medidas cautelares permite el aumento y la
circulación de ciclomotores, tricimotos y cuadriciclos de combustión interna,
situación que considera lesiva para sus derechos fundamentales y que conforme al
artículo 233 de la Ley 1437 de 2011, el auto que decide las medidas cautelares debe
proferirse dentro de los diez días siguientes al vencimiento del término otorgado al
demandado para pronunciarse sobre ellas.
Que padece de tinnitus en el oído izquierdo y el ruido generado por el tráfico
vehicular y por los mencionados automotores agrava dicha condición; reside en un
apartamento ubicado en una esquina sobre dos vías de circulación vehicular y, debe
utilizar tapa oídos con frecuencia y mantener cerradas las ventanas para mitigar el
ruido proveniente del tráfico.
Que la falta de decisión sobre las medidas cautelares configura un defecto
procedimental absoluto y un defecto sustantivo o material.
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PRETENSIONES
Solicitó que se amparen los derechos invocados, y se ordene «a la Sección Primera
del Consejo de Estado para que en un tiempo razonable decida lo que en derecho
corresponde, sobre las Medidas Cautelares que están en el despacho desde el 1
de Septiembre de 2025 y no se someta Erradamente sin Fundamento en Derecho
al Sistema de Turnos.»
TRÁMITE PROCESAL
El 28 de agosto de 2026, se admitió la acción; se vinculó a la Nación – Ministerio de
Transporte, a la Procuraduría General de la Nación y a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, como terceros con interés, y se ordenó notificar a la
autoridad judicial accionada y a los vinculados.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
La Sección Primera del Consejo de Estado considera que no se configura la mora
judicial alegada, pues la tardanza en resolver la solicitud obedece al volumen de
procesos que se encuentran a despacho para sustanciación y a la situación de
congestión judicial que afecta la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Indicó
que la carga laboral asignada al despacho supera los 1.325 procesos.
Que la sola existencia de un lapso entre la presentación de una solicitud de medida
cautelar y su resolución no configura por sí misma una vulneración de derechos
fundamentales. Señaló que, para la configuración de una mora judicial contraria al
ordenamiento jurídico se requiere acreditar que la tardanza resulta injustificada y
atribuible a la autoridad judicial, circunstancia que no concurre en este caso.
Finalmente, solicitó negar el amparo por inexistencia de vulneración de los derechos
fundamentales invocados.
POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
El Ministerio de Transporte solicitó que se estudie la posible configuración de
temeridad por parte del accionante, al considerar que, ante la Sección Tercera,
Subsección A del Consejo de Estado cursó la acción de tutela con radicado
11001031500020260251900, respecto de la cual afirmó que existe identidad de
partes, hechos y pretensiones, y en la que se negó el amparo solicitado.
Señaló que el accionante no impugnó la decisión adoptada dentro de dicho trámite
y optó por presentar una nueva acción constitucional.
Adujo que los hechos y pretensiones de la tutela no guardan relación con las
competencias constitucionales y legales del Ministerio y afirmó que dicha entidad
no tiene facultades para revisar providencias judiciales, evaluar su validez o
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pronunciarse sobre la oportunidad de las decisiones adoptadas por la Sección
Primera del Consejo de Estado. En consecuencia, solicitó que se declare su falta
de legitimación en la causa por pasiva y se disponga su desvinculación del trámite.
La Procuraduría General de la Nación Informó que, luego de consultar sus
sistemas institucionales, no encontró peticiones, actuaciones administrativas,
trámites o antecedentes relacionados con los hechos objeto de la acción
constitucional. Indicó que tuvo conocimiento del asunto únicamente con ocasión de
la notificación del auto admisorio de la presente tutela.
Sostuvo que no existe actuación u omisión atribuible a esa entidad que pueda
considerarse vulneradora de los derechos fundamentales invocados por el
accionante, razón por la cual estimó improcedente el amparo respecto de la entidad
que representa.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado expuso la naturaleza
jurídica y las funciones asignadas por la Ley 1444 de 2011 y el Decreto Ley 4085
de 2011; para seguidamente, manifestar que carece de legitimación en la causa por
pasiva, al no haber participado en los hechos que motivaron la presentación de la
tutela y carecer de competencia para intervenir en las actuaciones jurisdiccionales
objeto de cuestionamiento. Solicitó en consecuencia, su desvinculación de la
presente acción constitucional.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidad de la acción de tutela; ii) la temeridad y la cosa juzgada en
la acción de tutela y iii) análisis del caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
La temeridad y la cosa juzgada en la acción de tutela
El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 establece lo siguiente frente a la
temeridad en la acción de tutela:
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«(…) ACTUACIÓN TEMERARIA. Cuando, sin motivo expresamente justificado,
la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su
representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán
desfavorablemente todas las solicitudes.
El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela
respecto de los mismos hechos y derechos, será sancionado con la suspensión
de la tarjeta profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le
cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que
haya lugar (…)».
Esta disposición normativa pretende proteger el principio de buena fe consagrado
constitucionalmente, que se ve perjudicado en el evento en que se presentan varias
acciones de amparo idénticas, sin motivo justo expresamente probado y sin que
medie un hecho nuevo que justifique acudir nuevamente a la administración de
justicia.
Así las cosas, en el trámite de una acción de tutela, la actuación temeraria se
concreta en la indebida utilización de este mecanismo de protección, y la
jurisprudencia constitucional ha determinado que, para que se configure una
actuación de este tipo deben concurrir los siguientes elementos: i) identidad fáctica
en relación con otra acción de tutela; ii) identidad de demandante, en cuanto la otra
acción de tutela se presenta por parte de la misma persona o su representante; iii)
identidad del sujeto demandado; y iv) falta de justificación para interponer la nueva
acción.
Por otro lado, ha dicho la Corte Constitucional que la presentación sucesiva o
múltiple de acciones de tutela puede configurar una actuación temeraria y, además,
comprometer el principio de cosa juzgada constitucional y que constituye un
ejercicio desleal y deshonesto de la acción, que compromete la capacidad judicial
del Estado como también los principios de economía procesal, eficiencia y eficacia.
De igual manera, ha sostenido que se predica la existencia de la cosa juzgada
constitucional cuando se adelanta un nuevo proceso con posterioridad a la
ejecutoria de un fallo de tutela y, entre el nuevo proceso y el anterior, se presenta
identidad jurídica de partes, objeto y causa. Al efecto, un fallo de tutela queda
amparado por la figura de la cosa juzgada constitucional en los eventos en los que
la Corte Constitucional decide excluir de revisión un fallo o, si el mismo es
seleccionado, esta se configura cuando queda ejecutoriada la providencia que
expida este Tribunal.
Por otra parte, la Corte Constitucional considera que la actuación no es temeraria si
la acción se fundamenta: a) en la ignorancia o indefensión del actor; b) el
asesoramiento errado de los profesionales del derecho; c) por el sometimiento del
actor a un estado de indefensión, propio de aquellas situaciones en que los
individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un
derecho y no por mala fe; d) la consideración de eventos nuevos que aparecieron
con posterioridad a la interposición de la acción o que se omitieron en el trámite de
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la misma, o cualquier otra situación que no se haya tomado como base para decidir
la(s) tutela(s) anterior(es) que implique la necesidad de proteger los derechos
fundamentales del demandante; y e) se puede interponer una nueva acción de
amparo cuando la Corte Constitucional profiere una sentencia de unificación, cuyos
efectos son extensivos a un grupo de personas que se consideran en igualdad de
condiciones, incluso si con anterioridad a dicha sentencia presentaron acción de
tutela por los mismos hechos y con la misma pretensión1.
Análisis del caso concreto
El Ministerio de Transporte informó sobre la existencia de la acción de tutela2,
promovida por el mismo accionante contra la misma autoridad judicial y relacionada
con la presunta mora en resolver la solicitud de medida cautelar en el mismo
proceso. Se acreditó que en aquel trámite el amparo fue negado en ambas
instancias por el juez constitucional. La sentencia de segunda instancia fue
notificada el 27 de agosto de 2026, fecha para la cual el accionante ya había
radicado la presente solicitud de tutela.
La Sala reconoce que, tratándose de alegaciones relacionadas con mora judicial, el
simple hecho de existir una decisión previa no excluye automáticamente la
posibilidad de acudir nuevamente al mecanismo de amparo, pues el paso del tiempo
constituye un elemento relevante para determinar si una demora inicialmente
justificada puede llegar a adquirir relevancia constitucional. Sin embargo, dicha
circunstancia exige que entre la decisión constitucional precedente y la nueva
solicitud de tutela haya transcurrido un lapso adicional que permita valorar una
situación fáctica diferente a la ya examinada.
En el presente asunto ello no ocurrió, pues la nueva acción fue radicada el 24 de
agosto de 2026, cuando ya existía una decisión de segunda instancia que había
resuelto de manera definitiva la controversia planteada por el accionante. Aunque
la notificación de dicha providencia se surtió el 27 de agosto de 2026, lo cierto es
que entre el pronunciamiento del juez constitucional de segunda instancia y la
presentación de la presente acción no transcurrió un lapso temporal susceptible de
configurar una situación nueva o sustancialmente distinta de aquella que ya había
sido objeto de valoración.
Si bien la Sala comprende la preocupación del actor frente a la falta de decisión de
la solicitud cautelar y reconoce la importancia que tiene el factor temporal en los
asuntos relacionados con mora judicial, en las circunstancias particulares del caso
no resulta procedente realizar un nuevo examen constitucional sobre una situación
que acababa de ser estudiada y decidida por los jueces de tutela competentes.
1 Corte Constitucional, Sentencia SU 027 de 2021
2 Radicado 11001-03-15-000-2026-02519-00
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En consecuencia, la presente acción de tutela resulta improcedente, pues para la
fecha de su presentación no existía un escenario fáctico diferente al que ya había
sido analizado y resuelto por la jurisdicción constitucional dentro del trámite de tutela
promovido previamente por el mismo accionante respecto de la misma actuación
judicial.
No obstante, no se advierte una actuación temeraria por parte del accionante, pues
la nueva solicitud obedece al interés de obtener una pronta decisión de la medida
cautelar que considera urgente y a su desconocimiento sobre el manejo de los
medios jurídicos.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por el señor
José William Sánchez Páez.
Segundo. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el
expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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