RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-24-000-2017-00110-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2017-00110-00

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2017-00110-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. NEGAR las pretensiones de nulidad de la demanda, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. Sin condena en costas, en atención a lo señalado en precedencia. TERCERO. Una vez en firme esta decisión, procédase por Secretaría al archivo del expediente, dejando las constancias a que hubiere lugar.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2017-00110-00

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

14 de mayo de 2026

Radicado: 11001 03 24 000 2017 00110 00
Demandante: Manuel Barrero Montenegro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá, D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad
Radicación núm.: 11001 03 24 000 2017 00110 00
Actor: Manuel Barrero Montenegro
Demandados: Ministerio de Transporte
Tema: Potestad reglamentaria del Ministerio de Transporte en la
regulación de tipologías vehiculares no previstas
expresamente en la ley
Decisión: Niega las pretensiones de la demanda. Sin condena en costas

SENTENCIA NULIDAD – ÚNICA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la demanda instaurada en ejercicio del medio de control de
nulidad promovido por el señor Manuel Barrero Montenegro contra la Resolución núm.
160 de 2 de febrero de 2017, “Por la cual se reglamenta el registro y la circulación de los
vehículos automotores tipo ciclomotor, tricimoto y cuadriciclo y se dictan otras
disposiciones”, expedida por el Ministerio de Transporte.

I. LA DEMANDA

El 17 de marzo de 2017, la parte actora presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad previsto en el artículo 137 del CPACA, contra la Resolución núm. 160
de 2 de febrero de 2017, “Por la cual se reglamenta el registro y la circulación de los
vehículos automotores tipo ciclomotor, tricimoto y cuadriciclo y se dictan otras
disposiciones”, expedida por el Ministerio de Transporte, con el objeto de que se accedan
a las siguientes:

1.1. Pretensiones

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011 (Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) y de conformidad
con los fundamentos de hecho y derecho referidos en la presente demanda, solicito
respetuosamente a los Honorables Magistrados declarar la NULIDAD de la
Resolución número 160 del 2 de febrero de 2017, expedida por el señor Ministro de
Transporte, por quebrantar el ordenamiento jurídico al ser expedida sin tener las
competencias legales comoquiera que se atribuyó las competencias legislativas del
Congreso de la República1.

1.2. El acto demandado

RESOLUCIÓN 160 DE 2017
(febrero 02)

1 El expediente se encuentra digitalizado en el índice 105 del Sistema de Gestión Judicial Samai.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 24 000 2017 00110 00
Demandante: Manuel Barrero Montenegro

Por la cual se reglamenta el registro y la circulación de los vehículos automotores
tipo ciclomotor, tricimoto y cuadriciclo y se dictan otras disposiciones.

EL MINISTERIO DE TRANSPORTE,

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas
por los artículos 208 de la Constitución Política, 1 de la Ley 769 de 2002 modificado
por el artículo 1° de la Ley 1383 de 2010, 2 parágrafo de la Ley 1811 de 2016 y 6
numeral 6.2 del Decreto 087 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Constitución Política,
todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular
libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y
residenciarse en Colombia.

Que el artículo 1 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 1° de la Ley 1383
de 2010, señaló que le corresponde al Ministerio de Transporte como autoridad
suprema de tránsito definir, orientar, vigilar e inspeccionar la ejecución de la política
nacional en materia de tránsito.

Que el artículo 2° de la Ley ibidem define vehículo como “todo aparato montado sobre
ruedas que permite el transporte de personas, animales o cosas de un punto a otro
por vía terrestre pública o privada abierta al público”.

Que el artículo 8° del Código Nacional de Tránsito crea el Registro Único Nacional de
Tránsito (RUNT), dentro de cual se encuentra el Registro Nacional Automotor (RNA),
el cual constituye el conjunto de datos necesarios para determinar la propiedad,
características y situación jurídica de los vehículos automotores terrestres, en el cual
debe inscribirse todo acto, contrato, providencia judicial, administrativa o arbitral,
adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o
extinción del dominio u otro derecho real, principal o accesorio sobre vehículos
automotores terrestres para que surtan efectos ante las autoridades y ante terceros.

Que el artículo 28 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 8° de la Ley 1383
de 2010, establece que: “Para que un vehículo pueda transitar por el Territorio
Nacional, debe garantizar como mínimo un perfecto funcionamiento de frenos, del
sistema de dirección, del sistema de suspensión, del sistema de señales visuales y
audibles permitidas y del sistema de escape de gases; y demostrar un estado
adecuado de llantas, del conjunto de vidrios de seguridad y de los espejos y cumplir
con las normas de emisiones contaminantes que establezcan las autoridades
ambientales(...)”.

Que igualmente el artículo 34 de la Ley 769 de 2002 establece que en ningún caso
podrá circular un vehículo automotor sin portar la licencia de tránsito correspondiente.

Que a su turno los artículos 50 y 51 de la Ley 769 de 2002, modificados por los
artículos 10 de la Ley 1383 de 2010 y 201 del Decreto 019 de 2012, respectivamente
indican que por razones de seguridad vial y de protección al ambiente, el propietario
o tenedor del vehículo de placas nacionales o extranjeras, que transite por el territorio
nacional, tendrá la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas,
ambientales y de seguridad, en consecuencia todos los vehículos automotores, deben
someterse anualmente a revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes.

Que la Ley 1005 de 2006, en su artículo 10, literal A, numerales 9 y 10, establece:
“Artículo 10. Sujetos obligados a inscribirse y a reportar información. A. Es una
obligación de inscribir ante el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), la
información correspondiente a: (...) 9. Todos los importadores de vehículos,
2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 24 000 2017 00110 00
Demandante: Manuel Barrero Montenegro

maquinaria agrícola y de construcción autopropulsada y de motocicletas. 10. Todas
las ensambladoras de: Vehículos, maquinaria agrícola, motocicletas, remolques y
semirremolques que se produzcan en Colombia”.

Que la Resolución 5443 de 2009 “por la cual se adopta la parametrización y el
procedimiento para el registro de información al Registro Nacional Automotor del
Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT)” en su artículo 5° señala: “Artículo 5°.
Actualización tablas de parametrización. Cuando por cambios normativos, de
producción o importación de nuevos prototipos de vehículos, u otros factores técnicos
definidos por el Ministerio de Transporte, sea necesario actualizar o modificar las
tablas de parametrización anexas a la presente resolución, la Dirección de Transporte
y Tránsito del Ministerio de Transporte deberá autorizar e informar por escrito al
Concesionario del RUNT, para que este realice los correspondientes ajustes tanto de
las tablas como del manual (...)”.

Que el artículo 204 de la Ley 1753 de 2015, Plan Nacional de Desarrollo, establece
que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte, realizará acciones
tendientes a promover el uso de modos no motorizados y tecnologías limpias, tales
como bicicleta, tricimóviles y transporte peatonal en todo el territorio nacional.

Que la Ley 1811 de 2016 establece: “Artículo 2°. Beneficiarios. Los beneficiarios de
la presente ley serán peatones y ciclistas en los términos definidos por la Ley 769 de
2002. Parágrafo. Seis (6) meses después de promulgada esta ley, el Ministerio de
Transporte reglamentará las características necesarias para acceder a los beneficios
consagrados en esta ley en los casos que se usen bicicletas asistidas”.

Que el dinamismo de la producción y la venta de vehículos en los años recientes en
el país ha motivado el crecimiento del sector automotriz, el cual ha puesto en
circulación nuevas clases de vehículos automotores tales como ciclomotor, tricimoto
y cuadriciclo, los cuales por sus características técnicas, funcionales y ambientales
se configuran en una solución de transporte económica para los ciudadanos, y
favorable para la sostenibilidad ambiental, siendo necesario reglamentar su registro y
las condiciones de circulación.

Que en virtud de las buenas prácticas de comercio internacional, la necesidad de
adoptar medidas conducentes para el registro y circulación de vehículos automotores
tipo ciclomotor, tricimoto y cuadriciclo, y la creación de políticas en materia de
seguridad funcional y eficacia medioambiental, esta Cartera Ministerial ha realizado
un proceso de verificación de las normas técnicas nacionales (NTC 6109) e
internacionales (Reglamento UE número 168 del 15 de enero de 2013), con el fin de
adoptarlas y aplicarlas de manera armonizada.

Que el Ministro de Transporte, en su discurso en el Foro Nacional de la Bicicleta,
Ibagué 2016, se comprometió dentro de las principales acciones del sector transporte
y bajo la necesidad ejercer el control sobre los vehículos automotores de dos y tres
ruedas, a reglamentar la circulación y registro de los mismos como medida de
seguridad vial y de tránsito.

Que mediante Memorandos 20164000253093 y 20171120013653, la Directora de
Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte remitió el proyecto de resolución
por la cual se reglamenta el registro y la circulación de ciclomotor, tricimoto y
cuadriciclo.

Que el contenido de la presente resolución fue publicado en la página Web del
Ministerio de Transporte, en cumplimiento de lo determinado en el literal octavo (08)
del artículo ocho (08) de la Ley 1437 de 2011, desde el 25 al 31 de enero de 2017,
con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas.

Que en mérito de lo expuesto,
3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 24 000 2017 00110 00
Demandante: Manuel Barrero Montenegro

RESUELVE:

CAPÍTULO I

Objeto y alcance

Artículo 1°. Objeto. Determinar las condiciones para llevar a cabo el registro de los
vehículos automotores de tipo ciclomotor, tricimoto y cuadriciclo de combustión
interna, eléctricos y/o de cualquier otro tipo de generación de energía, ante los
organismos de tránsito en el país, así como reglamentar la revisión técnico-mecánica
ante los Centros de Diagnóstico Automotor y las condiciones para su circulación.

Artículo 2°. Alcance y ámbito de aplicación. Las disposiciones establecidas en la
presente resolución rigen en todo el territorio nacional y son aplicables a los vehículos
automotores tipo ciclomotor, tricimoto y cuadriciclo de combustión interna, eléctricos
y/o de cualquier otro tipo de generación de energía, a partir de la entrada en vigencia
del presente acto administrativo.

Parágrafo. La presente resolución no será aplicable al siguiente tipo de vehículos:

a) Vehículos cuya velocidad máxima por construcción no supere los 6 km/h.

b) Vehículos destinados exclusivamente a ser utilizados por personas en situación de
discapacidad.

c) Vehículos destinados exclusivamente a la competición.

d) Vehículos agrícolas o forestales.

e) Vehículos destinados fundamentalmente al uso en todo terreno y concebidos para
circular en superficies no pavimentadas.

f) Vehículos que carecen de una plaza de asiento como mínimo

g) Vehículos auto equilibrados

h) Bicicleta y bicicleta con pedaleo asistido.

i) Vehículos diseñados y fabricados para ser utilizados por las fuerzas armadas, los
servicios de protección civil, los servicios de bomberos, las fuerzas responsables del
mantenimiento del orden público y los servicios médicos de urgencia.

Artículo 3°. Definiciones. Para la aplicación e interpretación de las disposiciones
contenidas en el presente acto, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

Bicicleta: vehículo no motorizado de dos (2) o más ruedas en línea, el cual se desplaza
por el esfuerzo de su conductor accionado por medio de pedales.

Bicicleta con pedaleo asistido: Bicicleta equipada con un motor auxiliar con potencia
nominal continua no superior a 0,35 kW, que actúa como apoyo al esfuerzo muscular
del conductor. Dicha potencia deberá disminuir progresivamente conforme se
aumente la velocidad del vehículo y se suspenderá cuando el conductor deje de
pedalear o el vehículo alcance una velocidad de 25 km/h, el peso nominal de una
bicicleta asistida no deberá superar los 35 kg.

Cuadriciclo: Vehículo automotor de cuatro ruedas, con estabilidad propia, cuya masa
en vacío sea inferior o igual a 450 kg para vehículos de transporte de personas o 600
kg para vehículos con posibilidad de transporte de mercancías dentro del chasis y
4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 24 000 2017 00110 00
Demandante: Manuel Barrero Montenegro

cuerpo del vehículo, sin incluir la masa de las baterías para los vehículos eléctricos,
y con un motor de cilindrada mayor a 50 cm3 o cuya potencia sea inferior o igual a 15
kW para los que cuentan con motor eléctrico.

Motociclo, ciclomotor o Moped: Vehículo automotor de dos (2) ruedas, provisto de un
motor de combustión interna, eléctrico y/o de cualquier otro tipo de generación de
energía, de cilindraje no superior a 50 cm3 si es de combustión interna ni potencia
nominal superior a 4 kW si es eléctrico.

Triciclo: Vehículo no motorizado de tres (3) ruedas, accionado con el esfuerzo del
conductor por medio de pedales.

Triciclo con pedaleo asistido: Triciclo equipado con un motor auxiliar con potencia
nominal continua no superior a 0,50 kW, que actúa como apoyo al esfuerzo muscular
del conductor. Dicha potencia deberá disminuir progresivamente conforme se
aumente la velocidad del vehículo y se suspenderá cuando el conductor deje de
pedalear o el vehículo alcance una velocidad de 25 km/h, el peso nominal de un
Triciclo asistido no deberá superar los 270 kg.

Tricimoto: vehículo automotor de tres ruedas, con estabilidad propia y chasis de
triciclo, provisto de un motor de combustión interna, eléctrico y/o de cualquier otro tipo
de generación de energía, de cilindraje no superior a 50 cm3, si es de combustión
interna, y de potencia nominal no superior a 4 kW, si es eléctrico, cuya masa no es
superior a 270 kg, y cuyo número máximo de acompañantes es igual a 3 incluido el
conductor.

Potencia nominal continua máxima: potencia máxima durante 30 minutos en el eje de
transmisión de un motor eléctrico.

Vehículo autoequilibrado: concepto de vehículo basado en un equilibrio inestable
inherente, que necesita un sistema auxiliar de control para mantener su equilibrio, y
que incluye vehículos de motor de una rueda, de dos ruedas o de dos orugas.

CAPÍTULO II

Registro

Artículo 4°. Obligatoriedad del registro en el sistema RUNT. De conformidad con lo
establecido en el artículo 37 de la Ley 769 de 2002, los fabricantes, importadores y/o
ensambladores de los vehículos automotores tipo ciclomotor, tricimoto y cuadriciclos,
de combustión interna, eléctricos y/o de cualquier otro tipo de generación de energía,
que ingresen al país o sean fabricados con posterioridad a la entrada en vigencia de
la presente resolución, deberán ser registrados en el Registro Nacional Automotor
(RNA) del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Parágrafo 1°. Para los trámites de tránsito, de los vehículos automotores tipo
ciclomotor, tricimoto y cuadriciclos, de combustión interna, eléctricos y/o de cualquier
otro tipo de generación de energía, se deberá acreditar el cumplimiento de los
requisitos y procedimientos establecidos en la Resolución 12379 de 2012, o la norma
que la modifique, adicione o la sustituya.

Parágrafo 2°. El registro de los vehículos automotores tipo ciclomotor, tricimoto y
cuadriciclo de combustión interna, eléctricos y/o de cualquier otro tipo de generación
de energía, que hayan ingresado al país o hayan sido fabricados con anterioridad a
la entrada en vigencia del presente acto administrativo, será voluntario y en todo caso
deberá realizarlo el propietario de dicho vehículo, aportando alguno de los
documentos que a continuación se relacionan:

• Manifiesto de importación del vehículo, y/o
5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 24 000 2017 00110 00
Demandante: Manuel Barrero Montenegro

• Copia de la factura de venta del vehículo.

Artículo 5°. Placas. Los vehículos automotores tipo ciclomotor y tricimoto llevaran una
sola placa reflectiva en el extremo trasero con base en las características y seriado
de las placas que para el efecto se expidan. Para efectos de la expedición de la placa,
el organismo de tránsito hará uso de los rangos otorgados para el registro de
motocicletas.

Los cuadriciclos, de combustión interna, eléctricos y/o de cualquier otro tipo de
generación de energía, llevarán dos placas reflectivas una en el extremo delantero y
la otra en el extremo trasero, con base en las características y seriado de las placas
que para el efecto se expidan. Para este efecto, el organismo de tránsito hará uso de
los rangos otorgados para el registro de automóviles.

En todo caso, el organismo de tránsito al momento del registro deberá dejar claro a
qué tipo de vehículo automotor pertenece.

CAPÍTULO III

Cargue de información al sistema RUNT

Artículo 6°. Cargue de la información. Los fabricantes, ensambladores e
importadores, deberán realizar previo al registro inicial de los vehículos automotores
tipo ciclomotor, tricimoto y cuadriciclo de combustión interna, eléctricos y/o de
cualquier otro tipo de generación de energía, el cargue de la información del detalle
de la clasificación de las tipologías vehiculares descritas en la presente resolución, al
sistema RUNT conforme a lo establecido en la Resolución 12379 de 2012 o la norma
que la adicione, modifique o sustituya.

Artículo 7°. Actualización tablas de parametrización RUNT. De conformidad con lo
establecido en el artículo 5° de la Resolución 5443 de 2009, la Dirección de
Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte deberá informar y autorizar por
escrito al Concesionario RUNT, para que realice las actualizaciones necesarias a las
tablas de parametrización, el manual y los campos de registros de potencia, de
manera que se puedan registrar de acuerdo a sus características técnicas y sin ningún
inconveniente, todos los vehículos automotores tipo ciclomotor, tricimoto y cuadriciclo
de combustión interna, eléctricos y/o de cualquier otro tipo de generación de energía.

CAPÍTULO IV

Condiciones de circulación

Artículo 8°. Tránsito. Sin perjuicio de las condiciones de circulación determinadas en
la Ley 769 de 2002 y la Ley 1811 de 2016, los vehículos automotores tipo ciclomotor,
tricimoto y cuadriciclo de combustión interna, eléctricos y/o de cualquier otro tipo de
generación de energía, solo podrán movilizarse por las vías terrestres de uso público
y privadas abiertas al público, cumpliendo con las condiciones aquí establecidas:

1. Deberán circular en óptimas condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad.
Lo cual incluye entre otros, dispositivos en la parte delantera que proyecten luz blanca
y en la parte trasera que reflecte luz roja, direccionales, espejos retrovisores, placa y
señal acústica.

2. Deben transitar por el centro del respectivo carril.

6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 24 000 2017 00110 00
Demandante: Manuel Barrero Montenegro

3. No podrán transitar sobre las aceras o andenes, ciclovías, ciclorrutas o cualquier
tipo de cicloinfraestructura y lugares destinados al tránsito exclusivo de peatones o
bicicletas, ni por aquellas vías en donde las autoridades competentes lo prohíban.

4. Los conductores y acompañantes deberán en todo caso transitar portando casco
conforme a la reglamentación existente en términos de calidad y durabilidad de
cascos para motociclistas.

5. Después de las 18:00 y antes de las 06:00 o cuando las condiciones de visibilidad
lo ameriten, los conductores y acompañantes deberán portar chaleco refractivo.

6. Licencia de Tránsito del vehículo.

7. Seguro obligatorio (SOAT).

8. Certificado de Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes.

Parágrafo 1: Los numerales 4 y 5 del presente artículo aplicarán exclusivamente para
los vehículos automotores tipo ciclomotor y tricimoto de combustión interna, eléctricos
y/o de cualquier otro tipo de generación de energía.

Parágrafo 2: Los numerales 6, 7 y 8 del presente artículo, aplicarán exclusivamente
para los vehículos automotores tipo ciclomotor, tricimoto y cuadriciclo de combustión
interna, eléctricos y/o de cualquier otro tipo de generación de energía, que ingresen
al país o que hayan sido fabricados en el país con posterioridad a la publicación de la
presente resolución.

Artículo 9. Derogado por el art. 9.2.1, Resolución 20223040045295 de 2022.

El texto derogado era el siguiente:

Artículo 9. Licencia de conducción. Los conductores de los vehículos tipo ciclomotor
o tricimoto deberán contar con licencia de conducción como mínimo de la categoría
Al, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 1500 de 2005 o la norma que la
modifique, derogue o sustituya.

Los conductores de los vehículos clase cuadriciclos que circulen por las vías públicas
deberán contar con licencia de conducción como mínimo de la categoría B1, de
conformidad con lo dispuesto en la Resolución 1500 de 2005 o la norma que la
modifique o sustituya.

Parágrafo: Los conductores de vehículos tipo ciclomotor, tricimoto y cuadriciclo,
tendrán un plazo no mayor a seis (6) meses contados a partir de la publicación de la
presente resolución, para obtener la licencia de conducción de que trata la presente
resolución.

Artículo 10. Licencia de tránsito. Para efectos de control en vía y sin perjuicio de lo
establecido en artículo 4° de la presente resolución, al momento de la expedición de
la licencia de tránsito de los vehículos automotores tipo ciclomotor, tricimoto y
cuadriciclo, de combustión interna, eléctricos y/o de cualquier otro tipo de generación
de energía, los organismos de tránsito deberán utilizar el formato de licencia de
tránsito adoptado por el Ministerio de Transporte.

Parágrafo. En el evento en que el vehículo automotor tipo ciclomotor o tricimoto y/o
cuadriciclo sea eléctrico y/o de cualquier otro tipo de generación de energía limpia, el
organismo de tránsito diligenciará el formato de licencia de tránsito que para tal efecto
adopte la Subdirección de Tránsito en un término no mayor a dos meses.

CAPÍTULO V
7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 24 000 2017 00110 00
Demandante: Manuel Barrero Montenegro

Revisión técnico-mecánica

Artículo 11. Revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes. La revisión
técnico-mecánica y de emisiones contaminantes de los vehículos automotores tipo
ciclomotor, tricimoto y cuadriciclo, de combustión interna, eléctricos y/o de cualquier
otro tipo de generación de energía se llevará a cabo por los centros de diagnóstico
automotor, una vez el Icontec emita la norma técnica o se adopten normas
internacionales por parte del Ministerio de Transporte, que establezcan los
parámetros, pruebas y requisitos para realizarla.

Parágrafo 1°. La revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes de que
trata el presente artículo, solo podrá ser realizada por los Centros de Diagnóstico
Automotor habilitados por el Ministerio de Transporte en la clase “B” y “D”.

Parágrafo 2°. Cuando el motor no emita gases contaminantes y hasta tanto no se
actualicen las tablas correspondientes en el Sistema RUNT, el Centro de Diagnóstico
Automotor deberá dejar constancia de dicha situación y la placa del vehículo en el
Sistema RUNT.

Parágrafo 3°. El RUNT deberá realizar los ajustes tecnológicos pertinentes, para que
los propietarios de los vehículos automotores descritos en la presente resolución,
puedan realizar los trámites de tránsito a través de su sistema, sin la validación de la
revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes, hasta tanto se adopte por
parte del Ministerio de Transporte la norma Técnica emitida por el Icontec.

Parágrafo transitorio. Hasta que el Icontec emita la norma técnica que establezca los
parámetros, pruebas y requisitos para realizar la revisión técnico-mecánica y de
emisiones contaminantes, los propietarios de los vehículos automotores descritos en
la presente resolución, deberán asegurar como mínimo el perfecto funcionamiento de
frenos, del sistema de dirección, del sistema de suspensión, del sistema de señales
visuales y audibles permitidas y del sistema de escape de gases cuando aplique, y
demostrar un estado adecuado de llantas y de los espejos.

Artículo 12. Periodicidad de la revisión. Los vehículos automotores descritos en la
presente resolución deberán realizar la revisión técnico-mecánica y de emisiones
contaminantes en los términos establecidos por la Ley 769 de 2002, o aquella que la
modifique, adicione o sustituya.

CAPÍTULO VI

Otras disposiciones

Artículo 13. Ambiental. En el caso de los vehículos eléctricos, las baterías deberán
disponerse según lo estipulado por las normas que para tal efecto emita el Ministerio
de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Artículo 14. Sanciones. Los conductores de los vehículos que no acaten las
condiciones previstas en la presente resolución serán objeto de las sanciones
señaladas en la Ley 769 de 2002 o la norma que la adicione, modifique, sustituya o
la reglamente.

Artículo 15. Tarifas. Hasta tanto los Organismos de Tránsito no tengan determinada
una tarifa específica para los derechos causados por los trámites asociados a los
vehículos automotores descritos en la presente resolución, estos deberán aplicar las
tarifas vigentes para los trámites de tránsito y las establecidas por el Ministerio de
Transporte para los trámites ante el RUNT, así:

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 24 000 2017 00110 00
Demandante: Manuel Barrero Montenegro

• Para vehículos automotores tipo ciclomotor o tricimoto sea de combustión interna,
eléctrico y/o de cualquier otro tipo de generación de energía: será el establecido para
las motocicletas del Registro Nacional Automotor.

• Para vehículos automotores tipo cuadriciclo sea de combustión interna, eléctrico y/o
de cualquier otro tipo de generación de energía: será el establecido para los
automóviles del Registro Nacional Automotor.

Artículo 16. Beneficios en el uso de bicicletas asistidas. Los beneficios de que trata la
Ley 1811 de 2016 serán aplicables a las bicicletas y bicicletas asistidas, siempre y
cuando cumplan con las características contenidas en el artículo 3° de la presente
resolución.

Parágrafo. Cada entidad del sector público deberá establecer las condiciones desde
el punto de vista jurídico, operativo y administrativo para que los funcionarios públicos
accedan a los beneficios de que trata la Ley 1811 de 2016.

Artículo 17. Prohibiciones. En ningún caso se podrá realizar la prestación del servicio
de transporte público de pasajeros en vehículos automotores tipo ciclomotor, tricimoto
y cuadriciclo de combustión interna, eléctricos y/o de cualquier otro tipo de generación
de energía, so pena de incurrir en las sanciones establecidas en la Ley 769 de 2002
o la norma que la adicione, modifique o sustituya.

Artículo 18. Uso del casco para usuarios de bicicleta y bicicleta asistida. Es de
carácter obligatorio seguir lo ordenado por el Código Nacional de Tránsito en cuanto
al uso del casco para usuarios de bicicletas y bicicletas asistidas. El Ministerio de
Transporte recomienda en cualquier caso el Uso del Casco.

Parágrafo 1°. En todo caso el casco deberá usarse obligatoriamente en los siguientes
eventos:

• Cuando el conductor sea un menor de edad.

• Cuando se trate de eventos deportivos, competitivos o en entrenamiento. Se
entiende como entrenamiento cualquier preparación o adiestramiento en vías de uso
público con el propósito de mejorar el rendimiento físico y técnico para el desarrollo
de las capacidades de un ciclista.

Parágrafo 2°. Las autoridades territoriales tendrán que incentivar el uso del casco a
través de campañas pedagógicas y determinar los casos en los que su uso, por
prudencia requiera su obligatoriedad en las áreas rurales y urbanas de sus
respectivos municipios considerando en todo caso conceptos como pacificación vial,
la salvaguarda de velocidades máximas de operación en las vías urbanas, la
adecuada señalización, la implementación de infraestructura que promueva el tránsito
calmado y el cumplimiento de las normas viales y de cultura ciudadana como medidas
más eficaces de protección de la integridad física de los ciclistas. La Agencia Nacional
de Seguridad Vial tendrá un plazo no mayor a 3 meses para iniciar una campaña que
permita estimular el uso del casco.

Parágrafo 3°. Hasta tanto el Gobierno nacional expida la reglamentación de las
características técnicas y los materiales de los cascos para ciclistas, se aceptará el
uso de cascos que cumplan las normas técnicas internacionales certificadas en el
país de origen.

Para estos efectos, el fabricante deberá contar con la certificación de primera parte,
la cual podrá ser exigida por el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de
Seguridad Vial o cualquier autoridad de control competente cuando lo considere
pertinente.

9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 24 000 2017 00110 00
Demandante: Manuel Barrero Montenegro

Artículo 19. Derogado por el art. 9.2.1, Resolución 20223040045295 de 2022.

El texto derogado era el siguiente:

Artículo 19. Transitoriedad. En un plazo no superior a seis (6) meses contados a partir
de la publicación de la presente resolución, el RUNT y los Centros de Diagnóstico
Automotor deberán actualizar, habilitar las tablas de parametrización, procedimientos
de ensayo y registro de la información de las nuevas tipologías vehiculares.

Artículo 20. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación
en el Diario Oficial y deroga la Resolución 3600 de 2004 y las demás que le sean
contrarias.2

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

La parte actora sostuvo que el acto administrativo demandado contradice los artículos
21, 24, 121, 122, 123, 150 (numeral 2º) y 208 de la Constitución Política; 59 y 61 de la
Ley 489 de 1998; 1º y 2º de la Ley 769 de 2002; y 2º del Decreto 087 de 2011.

Falta de competencia

Explicó que con la expedición de la Resolución núm. 160 de 2017 el Ministerio de
Transporte “usurpó las funciones del Congreso al reformar el artículo 2 del Código
Nacional de Tránsito Terrestre estableciendo definiciones”.

En ese sentido, indicó que la entidad demandada, al reglamentar la circulación de los
vehículos automotores tipo ciclomotor, tricimoto y cuadriciclo, asumió funciones propias
del Congreso de la República, en desconocimiento de la competencia exclusiva de dicho
órgano, conforme a lo previsto en el artículo 1° de la Ley 769 de 2002.

Añadió que la expedición de la comentada regulación se realizó sin la participación de
otros ministerios que, dada la especificidad del asunto, debían concurrir, como el
Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Finalmente, afirmó que las definiciones contenidas en el acto controvertido constituyen,
en la práctica, una modificación del artículo 2º del Código Nacional de Tránsito Terrestre,
en tanto incorporan términos no previstos por el Congreso de la República al regular la
materia, estableciendo con ello una nueva clasificación de vehículos.

II. DECISIONES SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR

Mediante auto de 23 de agosto de 20183, el despacho ponente resolvió la solicitud de
medida cautelar presentada por la parte demandante en los siguientes términos:

DECRETAR la suspensión provisional de los artículos 4 a 7; numerales 6, 7 y 8, y el
parágrafo 2 del artículo 8; artículo 10; inciso primero y parágrafos 1, 2 y 3 del artículo
11; y artículo 15 de la Resolución núm. 160 del 2 de febrero de 2017, “Por la cual se
reglamenta el registro y la circulación de los vehículos automotores tipo ciclomotor,
tricimoto y cuadriciclo y se dictan otras disposiciones”, expedida por el Ministerio de
Transporte, de acuerdo a lo enunciado en la parte motiva de esta providencia. En lo
demás el acto administrativo demandando queda vigente.

2 Se realiza la transcripción con los probables errores de forma de la redacción original.
3 Folios 31 y siguientes del cuaderno de la medida cautelar.

10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 24 000 2017 00110 00
Demandante: Manuel Barrero Montenegro

Contra la anterior decisión la entidad demandada presentó recurso de súplica 4.

Por medio de providencia del 23 de abril de 20205, la Sección revocó la suspensión
provisional de los efectos de las disposiciones de la Resolución núm. 160 de 2017 sobre
las cuales se adoptó la medida cautelar.

Para resolver el recurso de súplica la Sección abordó el análisis del ejercicio de la
potestad reglamentaria atribuida al ministro a partir del marco normativo previsto en la
Ley 769 de 2002.

Luego advirtió la existencia de un conjunto de requisitos y obligaciones legales aplicables
a los vehículos automotores que transitan por el territorio nacional, orientados a garantizar
condiciones adecuadas de seguridad, identificación, control técnico y protección
ambiental.

Asimismo, destacó que, conforme al artículo 1º de la citada ley, el Ministerio de
Transporte ostentaba la calidad de autoridad suprema de tránsito, con funciones de
definición, orientación, vigilancia e inspección de la política pública en la materia, dentro
de cuyos principios rectores se encontraba la seguridad de los usuarios de las vías.

Con ese panorama, estudió el acto acusado y concluyó que este fue expedido en
desarrollo de las competencias legales del Ministerio de Transporte, con el propósito de
reglamentar el registro y la circulación de los vehículos tipo ciclomotor, tricimoto y
cuadriciclo, de conformidad con las exigencias previstas en el Código Nacional de
Tránsito.

De igual manera, la Sección señaló que la Ley 769 de 2002 no tenía por objeto establecer
una clasificación exhaustiva de las categorías de vehículos, sino fijar un marco jurídico
general que permitiera su circulación en condiciones técnicas, mecánicas y ambientales
adecuadas, en garantía del derecho a la vida, la seguridad vial y la prevalencia del interés
general.

Bajo esta premisa, entendió que los ciclomotores, tricimotos y cuadriciclos se
enmarcaban en la categoría de vehículos automotores y, por tanto, debían cumplir los
requisitos generales previstos en la ley, tales como su inscripción en el registro nacional
automotor, el porte de licencia de tránsito, la obtención de seguro obligatorio, la revisión
técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, así como la identificación mediante
placas.

En ese orden, la Sección juzgó que la resolución demandada no introducía una nueva
clasificación de vehículos ni modificaba, ampliaba o restringía las disposiciones del
Código Nacional de Tránsito, sino que se limitaba a desarrollar sus reglas y principios,
exigiendo que la circulación de los mencionados automotores se ajustara a los
parámetros legales vigentes.

Por consiguiente, estimó que el ejercicio de la potestad reglamentaria por parte del
ministro no configuraba una extralimitación de funciones ni una invasión de la órbita de
competencia del legislador, en tanto el acto acusado se orientaba a la adecuada
ejecución de la ley y a la protección del interés general.

4 Folios 50 y siguientes ibidem.
5 Folios 65 y siguientes ibidem.

11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 24 000 2017 00110 00
Demandante: Manuel Barrero Montenegro

III. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

El Ministerio de Transporte contestó la demanda para solicitar que se negaran las
pretensiones del libelo introductorio.

Señaló que el artículo 2° de la Ley 769 de 2002 define el concepto de vehículo como todo
aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de personas, animales o cosas
de un punto a otro por vías terrestres públicas o privadas abiertas al público, precisando
que, cuando estos se desplazan mediante motor, se denominan vehículos automotores.

Con fundamento en dicha definición, la entidad demandada comentó que los vehículos
tipo ciclomotor, tricimoto y cuadriciclo, que han incursionado en el mercado, se enmarcan
en la categoría de vehículos automotores y, en consecuencia, deben sujetarse a las
disposiciones que regulan su registro y circulación.

En tal sentido, les resultan exigibles las obligaciones generales previstas para todo
vehículo, tales como la matrícula, el porte de placas, la conducción por persona habilitada
con licencia, la adquisición del seguro obligatorio (SOAT), la certificación de revisión
técnico-mecánica y su inscripción en el Registro Nacional Automotor del Registro Único
Nacional de Tránsito (RUNT).

A partir de lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 769 de 2002,
según el cual todos los vehículos que circulen por el territorio nacional deben someterse
a las normas de tránsito y cumplir con los requisitos técnicos y mecánicos orientados a
garantizar la seguridad, la higiene y la comodidad, el Ministerio de Transporte concluyó
que la expedición de la Resolución núm. 160 de 2017 obedeció a la necesidad de
reglamentar el registro y la circulación de dichos vehículos.

En este contexto, afirmó que el ministro no incurrió en usurpación de funciones
constitucionales o legales al expedir la mencionada resolución, en la medida en que este
acto administrativo se limitó a desarrollar las disposiciones generales contenidas en el
Código Nacional de Tránsito, sin alterar su alcance ni modificar su contenido, con el
propósito de asegurar su adecuada aplicación.

Agregó que el artículo 2° de la Constitución Política, al establecer que las autoridades
están instituidas para proteger la vida, honra, bienes y derechos de las personas, así
como para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares, constituye el fundamento de las medidas adoptadas en el acto acusado,
particularmente en lo relativo a las condiciones de circulación de los vehículos tipo
ciclomotor, tricimoto y cuadriciclo, independientemente de su fuente de energía.

De igual manera, puso de presente que el artículo 24 Superior reconoce el derecho
fundamental a la libre circulación, pero advierte que este no es absoluto, en tanto puede
ser objeto de limitaciones legales razonables. En ese orden, indicó que el acto
demandado tiene como finalidad la protección del espacio público y la garantía de
derechos de mayor entidad, como la vida y la salud, los cuales podrían verse
comprometidos ante la ausencia de medidas de control sobre la circulación vehicular.

En consonancia con lo expuesto, destacó que los artículos 7° y 119 de la Ley 769 de
2002 atribuyen a las autoridades de tránsito funciones regulatorias y sancionatorias
orientadas a la protección de las personas y los bienes, así como la facultad de limitar o
restringir el tránsito en determinadas vías o espacios públicos, lo cual reforzaba la
competencia de la cartera ministerial para adoptar medidas como las contenidas en el
acto cuestionado.
12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 24 000 2017 00110 00
Demandante: Manuel Barrero Montenegro

Con todo, negó que el Ministerio de Transporte hubiese sustituido al legislador. Por el
contrario, expresó que actuó en ejercicio de las competencias conferidas por la
Constitución y la ley, en particular las previstas en la Ley 769 de 2002, el Decreto 087 de
2011 y demás disposiciones concordantes, en su calidad de autoridad suprema de
tránsito, encargada de definir, orientar, vigilar e inspeccionar la política pública en la
materia.

Así, afirmó que la finalidad de la Resolución núm. 160 de 2017 fue reglamentar el registro
y la circulación de una tipología de vehículos que, pese a encontrarse en el mercado y
circular en el territorio nacional, carecían de una regulación específica, aun cuando se
encontraban comprendidos de manera general en el Código Nacional de Tránsito.
Asimismo, resaltó que, por sus características técnicas, funcionales y ambientales, estos
vehículos constituyen alternativas de transporte más económicas y sostenibles, lo que
hacía imperativa su regulación.

Igualmente, destacó que, en el proceso de elaboración de la precitada resolución, el
Ministerio de Transporte garantizó los principios de participación y publicidad, mediante
la recepción de observaciones y comentarios de diversos actores del sector, así como la
realización de mesas de trabajo con fabricantes e importadores de estos vehículos.

Por último, reiteró que el acto discutido fue expedido por la autoridad competente y en
ejercicio de atribuciones constitucionales y legales, como respuesta a la necesidad de
reglamentar el registro y la circulación de los vehículos tipo ciclomotor, tricimoto y
cuadriciclo, con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito y proteger
la vida y la integridad de los ciudadanos.

IV. FIJACIÓN DEL LITIGIO

En la audiencia inicial6 del 2 de mayo de 2022 se fijó el litigio en los siguientes términos:

La causal de nulidad invocada fue la de falta de competencia. En consecuencia,
previa verificación del cumplimiento de la carga argumentativa y teniendo en cuenta
lo previsto en el artículo 187 del CPACA, en consonancia con lo dispuesto en el
artículo 281 del CGP, así como las excepciones que de oficio se encontraren
probadas, en los términos del artículo 282 del mismo Código, se deberá decidir:

7.1. Si la Resolución número 0000160 del 2 de febrero de 2017 fue expedida sin
competencia, desconociendo los artículos 21, 24, 121, 122, 123, 150 y 208 de la
Constitución; 59 y 61 de la Ley 489 de 1998; 1 y 2 de la Ley 769 de 2002 y 2 del
Decreto 087 de 2011.

7.1.1. De advertirse que la respuesta al anterior interrogante es afirmativa, se deberá
determinar si ello conduce a declarar su nulidad7.

6 La Sala considera pertinente mencionar que, antes de fijar el litigio, en la audiencia inicial adelantada el

27 de septiembre de 2019, el despacho ponente rechazó la intervención en el proceso de la Federación de
Movilidad Eléctrica de Colombia y negó la solicitud de coadyuvancia efectuada por la Asociación Nacional
de Alternativas Innovadoras para la Movilidad, al encontrar que no fueron arrimados al proceso los
certificados de existencia y representación legal respectivos. Además, se debe traer a colación que en la
misma diligencia se reconoció como coadyuvante de la parte demandante a la Asociación de
Electromóviles de Colombia. Sin embargo, en audiencia inicial del 19 de marzo de 2021, en la etapa de
saneamiento del proceso, el despacho ponente rechazó por extemporáneos los nuevos cargos
presentados por el tercero. Contra esa decisión se interpuso recurso de súplica que fue resuelto por la Sala
mediante proveído del 23 de septiembre de 2021, en el sentido de confirmarla.
7 Visible a índice 99 de Samai.

13

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 24 000 2017 00110 00
Demandante: Manuel Barrero Montenegro

V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

El Ministerio de Transporte descorrió el traslado para alegar de conclusión reiterando los
argumentos expuestos de forma previa en el proceso.

La parte actora no presentó memorial en esta etapa procesal.

VI. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Agente del Ministerio Público guardó silencio.

VII. DECISIÓN

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el
asunto sub-lite, previas las siguientes

VIII. CONSIDERACIONES

8.1. Competencia

De conformidad con lo expuesto en el artículo 149 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y del artículo 13 del Acuerdo núm. 080
de 2019 (modificado por el artículo 1º del Acuerdo núm. 434 de 2024), expedido por la
Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de Estado es
competente para conocer del asunto de la referencia en única instancia.

8.2. Planteamiento

De la demanda, la contestación y la fijación del litigio, la Sala advierte que la controversia
se concentra en determinar si el Ministerio de Transporte tenía competencia para expedir
la Resolución núm. 160 de 2017, mediante la cual se reglamentó el registro y la
circulación de los vehículos automotores tipo ciclomotor, tricimoto y cuadriciclo.

Para la parte actora, la Resolución núm. 160 de 2017 fue expedida sin competencia, en
la medida en que el Ministerio de Transporte excedió el ámbito propio de la función
reglamentaria y asumió atribuciones reservadas de manera exclusiva al Congreso de la
República. Lo anterior, comoquiera que el acto acusado introdujo una nueva clasificación
de vehículos al definir conceptos como ciclomotor, tricimoto y cuadriciclo, los cuales no
se encuentran expresamente previstos en el artículo 2º de la Ley 769 de 2002.

En criterio del demandante, tales definiciones comportaron una modificación material del
Código Nacional de Tránsito, que únicamente podía efectuar el Legislador, conforme al
numeral 2º del artículo 150 de la Constitución Política.

Desde esta perspectiva, la regulación del registro, las condiciones de circulación, los
requisitos técnicos, las obligaciones documentales y las prohibiciones aplicables a estas
tipologías vehiculares no constituyeron un mero desarrollo técnico o administrativo de la
ley, sino una regulación sustantiva del derecho a la libre circulación.

Adicionalmente, el señor Manuel Barrero Montenegro adujo que la complejidad técnica y
ambiental del asunto imponía la concurrencia de otras carteras ministeriales, como el
Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

14

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 24 000 2017 00110 00
Demandante: Manuel Barrero Montenegro

En oposición, la entidad demandada alegó que la Resolución núm. 160 de 2017 fue
expedida en ejercicio de competencias constitucionales y legales claras, en particular las
derivadas de su condición de autoridad suprema de tránsito, conforme a lo dispuesto en
el artículo 1º de la Ley 769 de 2002 y el Decreto 087 de 2011.

Desde esta óptica, defendió que el Código Nacional de Tránsito presentaba conceptos
amplios y abiertos de vehículo y de vehículo automotor, lo que permitía subsumir dentro
de dicha categoría a las tipologías de ciclomotor, tricimoto y cuadriciclo que han surgido
y se han masificado con posterioridad a la expedición de la ley. Motivo por el cual el no
habría creado nuevas categorías jurídicas, sino que habría precisado técnicamente las
existentes, con el fin de permitir la correcta aplicación del régimen legal vigente.

Así, el Ministerio de Transporte afirmó que el acto acusado se limitaba a reglamentar
aspectos operativos indispensables para hacer exigibles obligaciones ya previstas en la
ley para todo vehículo automotor, tales como el registro en el RUNT, la matrícula, el porte
de placas, el seguro obligatorio, la revisión técnico-mecánica y el cumplimiento de normas
de seguridad vial. En ese sentido, señaló que la resolución no alteraba el contenido
esencial del Código Nacional de Tránsito.

Del mismo modo, destacó que la regulación cuestionada encontraba sustento en la
finalidad constitucional de protección de la vida, la integridad personal y la seguridad vial,
y que las limitaciones al derecho a la libre circulación que se derivan del acto demandado
resultaban razonables, proporcionadas y enunciadas en la ley, la cual autorizaba
expresamente a la autoridad de tránsito a definir condiciones de circulación y control
sobre los vehículos que transitan por el territorio nacional.

Con ese panorama, se abordará el estudio del asunto.

8.3. Análisis de la Sala

8.3.1. La Sala deberá determinar si es nulo, por falta de competencia, el acto
administrativo por medio del cual el Ministerio de Transporte reglamentó el registro y la
circulación de los vehículos automotores tipo ciclomotor, tricimoto y cuadriciclo, si, en
criterio de la parte actora, al definir dichas tipologías vehiculares excedió la potestad
reglamentaria atribuida y efectuó una modificación material del Código Nacional de
Tránsito, competencia reservada de manera exclusiva al Congreso de la República.

8.3.1.1. Para responder al anterior interrogante es necesario traer a colación el
desarrollo sobre el ejercicio del poder regulador y la potestad reglamentaria.

Sobre el concepto de reglamento y su clasificación, resulta pertinente hacer referencia a
lo considerado por esta Corporación en la sentencia del 20 de octubre de 2014, radicado
número 11001032600020080008700, C.P. Enrique Gil Botero, en la que el análisis
discurrió en los siguientes términos:

el reglamento es una especie de acto administrativo, entendiendo por este una
declaración unilateral de voluntad, que proviene de la administración o de los
particulares en ejercicio de la función administrativa, y produce efectos jurídicos. El
reglamento tiene estos mismos elementos, porque entre ambos existe una relación
de género a especie, siendo género el acto administrativo y especie el reglamento,
como también son especies los actos administrativos generales, los particulares, los
reglados, los discrecionales, etc.

(…)

15

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 24 000 2017 00110 00
Demandante: Manuel Barrero Montenegro

b) Clases de reglamentos: Praeter legem y secundum legem

La clasificación más relevante de los reglamentos los identifica como praeter legem y
secundum legem, que atiende a la relación en que se encuentra dicha norma frente
a las de rango superior. Los secundum legem, como su nombre lo indica, son los que
se someten a la ley –“según la ley”-. No obstante, no todos desarrollan directamente
una Ley, porque pueden tener dicha relación con otras normas de inferior jerarquía,
como por ejemplo otros reglamentos; es el caso del que expide el alcalde para
desarrollar los acuerdos del Consejo (sic), en este evento aquél no se subordina a
una ley sino a un Acuerdo –cuando este a su vez contiene un reglamento-.

La otra clase de reglamentos son los praeter legem, cuya característica principal es
que no se subordinan a la ley, ni a otro reglamento, por lo que tienen mayor autonomía
para tratar la materia que tienen asignada; ya que a diferencia de los secundum legem
solo la Constitución los crea y justifica, otorgando directamente la potestad
reglamentaria a una autoridad, por lo que entre ellos no media una ley, así que
cuentan con la capacidad creadora propia del legislador.

En este sentido, el reglamento praeter legem o independiente no completa ni
desarrolla una ley previa, porque surge en virtud de la Constitución, que radica en él
la competencia para regular un asunto, lo que implica que tal espacio queda vedado
al legislador, quien debe respetar dicha reserva, so pena de violar la Constitución.

(…)

A modo de ejemplo de reglamentos praeter legem, la Constitución establece, en
varios artículos y a favor de diferentes órganos, la reserva de reglamento. De esta
manera establece en el artículo 355 que al Gobierno le corresponde reglamentar la
forma en la cual se podrán celebrar contratos en los niveles nacional, departamental,
distrital y municipal, con entidades privadas sin ánimo de lucro, con el fin de impulsar
programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los Planes
Seccionales de Desarrollo; el artículo 189.17 atribuye al presidente la república la
facultad para distribuir los negocios, según su naturaleza, entre Ministerios,
Departamentos Administrativos y Establecimientos Públicos; el artículo 131 inciso 3°
establece que le corresponde al Gobierno crear, suprimir y fusionar los círculos de
notariado y registro, así como determinar el número de notarios y oficinas de registro;
el artículo 268.12, faculta al Contralor General de la República para “Dictar normas
generales para armonizar los sistemas de control fiscal de todas las entidades
públicas del orden nacional y territorial”; los artículos 235.6, 237.6 y 241.11 facultan a
la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de Estado y a la Corte Constitucional,
respectivamente, para darse su propio reglamento.

Frente al ejercicio de la potestad reglamentaria, esta Sección, entre otras providencias,
en sentencia del 20 de noviembre de 20148, definió sus parámetros, así: (i) se trata de
una facultad constitucional atribuida permanentemente a ciertas autoridades para expedir
disposiciones jurídicas de carácter general y abstracto, a través de las cuales se
desarrollan reglas y principios fijados en la ley; (ii) su finalidad consiste en establecer
detalles y pormenores necesarios para la debida aplicación de las disposiciones legales;
(iii) en ningún caso puede modificar, ampliar o restringir su contenido material o alcance;
y (iv) su atribución corresponde principalmente al Presidente de la República, pero
también, de manera derivada, a otros órganos constitucionales dentro de la Rama
Ejecutiva, como a los ministerios, de acuerdo con lo señalado por el artículo 208 de la
Carta; y en la Rama Judicial a las altas cortes, como sucede según lo dispuesto así en
los artículos 241 para la Corte Constitucional, 237 para el Consejo de Estado y 235 para
la Corte Suprema de Justicia.

8 C.P.: Guillermo Vargas Ayala. Radicado número: 11001-03-24-000-2010-00119-00.

16

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 24 000 2017 00110 00
Demandante: Manuel Barrero Montenegro

En lo atinente a los límites de la potestad reglamentaria, esta Corporación también ha
dicho que, en el ejercicio del poder reglamentario, a las autoridades les compete
complementar la ley en la medida en que sea necesaria para lograr su cumplida
aplicación, pero no conlleva la interpretación de los contenidos legislativos, sino que debe
limitarse y subordinarse a su contenido9.

Ahora bien, como la Sala se encuentra frente al cargo de nulidad relacionado con el
presunto exceso de potestad reglamentaria, conviene aludir al concepto de reserva de
ley, comoquiera que esa noción sirve de ayuda para delimitar las competencias del
legislador y de la administración. Para ello, resulta particularmente ilustrativa la sentencia
C-507 de 2014, en la que se estudió la constitucionalidad del parágrafo del artículo 25 de
la Ley 1564 de 2012, por el cual se le asignaba al Consejo Superior de la Judicatura la
facultad para modificar las cuantías como factor de competencia. En esa oportunidad, la
Corte Constitucional indicó lo siguiente:

4.2.1. De manera reiterada la jurisprudencia constitucional ha señalado que en razón
de la cláusula general de competencia a que se refieren los numerales 1° y 2° del
artículo 150 de la Constitución Política, corresponde al Legislador regular los
procedimientos judiciales y administrativos, especialmente lo relacionado con la
competencia de los funcionarios, los recursos, los términos, el régimen probatorio, las
cuantías, entre otros.

4.2.2. En estos términos, la Corte ha señalado que en virtud de su potestad legislativa
en materia de procedimientos, el legislador puede “(…) regular y definir entre los
múltiples aspectos de su resorte legislativo, algunos de los siguientes elementos
procesales: (i) el establecimiento de los recursos y medios de defensa que pueden
intentar los administrados contra los actos que profieren las autoridades, -esto es, los
recursos de reposición, apelación, u otros -, así como los requisitos y las condiciones
de procedencia de los mismos. (ii) Las etapas procesales y los términos y
formalidades que se deben cumplir en cada uno de los procesos. (iii) La radicación
de competencias en una determinada autoridad judicial, siempre y cuando el
constituyente no se haya ocupado de asignarla de manera explícita en la Carta. (iv)
Los medios de prueba y (v) los deberes, obligaciones y cargas procesales de las
partes, del juez y aún de los terceros intervinientes, sea para asegurar la celeridad y
eficacia del trámite, o para proteger a las partes o intervinientes, o para prevenir daños
o perjuicios en unos u otros procesos”. Sin embargo, ha señalado esta Corporación
que dicha potestad no es absoluta, pues “[…] debe ser ejercida sin desconocer los
principios y valores constitucionales, la vigencia de los derechos fundamentales de
los ciudadanos, y los principios de razonabilidad, proporcionalidad y prevalencia del
derecho sustancial sobre lo adjetivo (Art. 228 C.P.), que se constituyen en límites al
ejercicio legítimo de tales competencias”.

4.2.3. Esta competencia, según lo ha señalado esta Corporación, “le permite al
legislador fijar las reglas a partir de las cuales se asegura la plena efectividad del
derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 C.P.), y del acceso efectivo a la
administración de justicia (artículo 229 C.P.). Además, son reglas que consolidan la
seguridad jurídica, la racionalidad, el equilibrio y finalidad de los procesos, y permiten
desarrollar el principio de legalidad propio del Estado Social de Derecho. Y […]
mientras el legislador, no ignore, obstruya o contraríe las garantías básicas previstas
por la Constitución, goza de discreción para establecer las formas propias de cada
juicio, entendidas éstas como ‘el conjunto de reglas señaladas en la ley que, según la
naturaleza del proceso, determinan los trámites que deben surtirse ante las diversas
instancias judiciales o administrativas’”.

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 6 de julio de

2017. C.P.: William Hernández Gómez, radicado número: 11001-03-24-000-2008-00390-00(0585-09).
17

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 24 000 2017 00110 00
Demandante: Manuel Barrero Montenegro

4.3.1. La cláusula de reserva de ley es una de las manifestaciones de los principios
democrático y de separación de poderes, que suponen que las normas que rigen la
vida en sociedad reflejen mínimos de legitimidad, al ser la expresión de la soberanía
popular, el resultado del procedimiento deliberativo en el proceso de formación de las
leyes y el reparto del ejercicio del poder normativo, que significa que el Legislador
debe adoptar las decisiones que el Constituyente le ha confiado, y que el instrumento
a través del cual estas se reglamentan no puede establecer disposiciones que sean
propias del ámbito del Legislador.

4.3.2. La reserva de ley exige que la regulación de ciertas materias solo pueda
adelantarse mediante ley, o cuando menos se funde en ella, en ciertos casos bajo el
concepto de ley en sentido formal, es decir, emanada directamente del Congreso de
la República, y denominada estricta reserva legal; y en otros bajo la noción de ley en
sentido material, permitiendo la intervención del ejecutivo como excepcionalmente
facultado para dictar normas con fuerza de ley (CP. art. 150.10). Lo anterior, significa
que el Legislador de ninguna manera puede despojarse de las funciones que la
Constitución le ha atribuido para delegarlas, sin más, en otra autoridad so pretexto de
su reglamentación.

Bajo estos parámetros, a manera de síntesis, se puede afirmar que, según lo dispuesto
en el artículo 150 (numeral 2°) de la Carta Política y la jurisprudencia, la regulación de los
aspectos procesales aplicables a los procedimientos judiciales y administrativos le
corresponde al legislador, y la potestad reglamentaria está reservada para complementar
la ley con el fin de garantizar su debida aplicación.

Es decir que cuando el legislador ejerce su competencia y expide la ley regulando el
tema, las autoridades revestidas de la potestad reglamentaria, llámese presidente de la
república o ministros podrán complementar la ley para su debida aplicación, atendiendo
criterios de necesidad, adecuación y suficiencia; pero en ningún caso podrán modificar,
ampliar, o restringir su contenido material o alcance, so pena de excederse en la potestad
reglamentaria, pues estaría usurpando una función constitucional de una de las ramas
del poder público.

En este punto, conviene resaltar que la extralimitación en la potestad reglamentaria, de
acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, podría configurarse en los siguientes
eventos. El primero de ellos es cuando el legislador no ha ejercido su función
constitucional, es decir, no ha expedido la ley, y la autoridad revestida de la potestad
reglamentaria lo hace en su lugar. El segundo escenario se presenta cuando, existiendo
la ley, la autoridad revestida de la potestad reglamentaria expide el acto y materialmente
no cumple con la finalidad de complementariedad, adoptando reglas que no son
necesarias o no son adecuadas y suficientes para alcanzar el propósito que la
reglamentación persigue, que es el cumplimiento de la ley que reglamenta. El tercer
supuesto se presenta siempre que, expedida la ley, la autoridad revestida de la potestad
reglamentaria modifica, amplía o restringe su contenido material o alcance; en este caso
desconoce la norma superior que reglamenta, lo que implica la nulidad de la
reglamentación, pero no precisamente por extralimitación en la competencia, sino por
infracción a norma superior10.

8.3.1.2. Aplicando el anterior marco jurisprudencial al asunto bajo examen, en
primer lugar, la Sala advierte que la Resolución núm. 160 de 2017 no constituye un
reglamento autónomo, en cuanto desarrolla y hace operativas disposiciones previamente
establecidas en la Ley 769 de 2002.

10 Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López. Sentencia del 13 de febrero de 2025. Radicación núm.:

11001 03 26 000 2015 00007 00. Actor: Antonio María Barrera Carbonell.
18

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 24 000 2017 00110 00
Demandante: Manuel Barrero Montenegro

En efecto, el artículo 1º de la Ley 769 de 2002 dispone que las normas de tránsito regulan
la circulación de los vehículos por las vías públicas y privadas abiertas al público, y que
el derecho a la libre circulación se encuentra sujeto a la intervención y reglamentación de
las autoridades, con el propósito de garantizar la seguridad, la protección del espacio
público y la preservación de un ambiente sano. Dicha disposición también reconoce al
Ministerio de Transporte la calidad de autoridad suprema de tránsito, encargada de
definir, orientar, vigilar e inspeccionar la política pública en la materia.

Este mandato se ve reforzado por lo previsto en el artículo 2º del Decreto 087 de 2011,
que asigna a dicha cartera la función de formular la regulación técnica en materia de
tránsito y transporte, así como por los artículos 59 y 61 de la Ley 489 de 1998, que
habilitan a los ministerios para expedir actos administrativos de carácter general en
desarrollo de la ley y de los decretos respectivos.

De lo anterior resulta claro que el Ministerio de Transporte contaba con competencia
suficiente para expedir disposiciones de carácter general orientadas a reglamentar
aspectos técnicos, operativos y administrativos relacionados con el registro y la
circulación de vehículos en el territorio nacional.

En segundo lugar, la Sala observa que el Código Nacional de Tránsito Terrestre define
de manera expresa el concepto de vehículo como “Todo aparato montado sobre ruedas
que permite el transporte de personas, animales o cosas de un punto a otro por vía
terrestre pública o privada abierta al público” y de forma tácita exhibe el significado de
vehículo automotor, con las demás definiciones11 que se encuentran en el texto de la
codificación, así como con la determinación de las obligaciones para su circulación (el
registro, la matrícula, el porte de placas, el seguro obligatorio y la revisión técnico-
mecánica).

De lo inmediatamente expuesto es razonable colegir que las definiciones incorporadas
en el artículo 3º del acto acusado no crean categorías jurídicas autónomas y
sustancialmente distintas a las previstas en el Código Nacional de Tránsito Terrestre. Por
el contrario, la Sala comprende que se tratan de conceptualizaciones técnicas que se
subsumen en la idea de vehículo y que al mismo tiempo permiten identificar subtipos de
vehículos automotores, con base en criterios objetivos como el número de ruedas, la
potencia del motor o el peso. Veamos:

11 “Bus: Vehículo automotor destinado al transporte colectivo de personas y sus equipajes, debidamente

registrado conforme a las normas y características especiales vigentes.
(…)
Camión: Vehículo automotor que por su tamaño y destinación se usa para transportar carga.
Camioneta picó: Vehículo automotor destinado al transporte de personas en la cabina y de carga en el
platón.
Camión tractor: Vehículo automotor destinado a arrastrar uno o varios semirremolques o remolques,
equipado con acople adecuado para tal fin.
(…)
Cuatrimoto: Vehículo automotor de cuatro (4) ruedas con componentes mecánicos de motocicleta, para
transporte de personas o mercancías con capacidad de carga de hasta setecientos setenta (770)
kilogramos.
Motocarro: Vehículo automotor de tres ruedas con estabilidad propia con componentes mecánicos de
motocicleta, para el transporte de personas o mercancías con capacidad útil hasta 770 kilogramos.
Motocicleta: Vehículo automotor de dos ruedas en línea, con capacidad para el conductor y un
acompañante.
Mototriciclo: Vehículo automotor de tres ruedas con estabilidad propia y capacidad para el conductor y
un acompañante del tipo SideCar y recreativo.
(…)
Taxi: Vehículo automotor destinado al servicio público individual de pasajeros.
Unidad tractora: Vehículo automotor destinado a arrastrar un remolque, un semirremolque, o una
combinación de ellos”. (Énfasis fuera del texto original).
19

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 24 000 2017 00110 00
Demandante: Manuel Barrero Montenegro

La resolución objeto del actual pronunciamiento define ciclomotor, tricimoto y cuadriciclo
de la siguiente forma:

Cuadriciclo: Vehículo automotor de cuatro ruedas, con estabilidad propia, cuya masa
en vacío sea inferior o igual a 450 kg para vehículos de transporte de personas o 600
kg para vehículos con posibilidad de transporte de mercancías dentro del chasis y
cuerpo del vehículo, sin incluir la masa de las baterías para los vehículos eléctricos,
y con un motor de cilindrada mayor a 50 cm3 o cuya potencia sea inferior o igual a 15
kW para los que cuentan con motor eléctrico.

Motociclo, ciclomotor o Moped: Vehículo automotor de dos (2) ruedas, provisto de un
motor de combustión interna, eléctrico y/o de cualquier otro tipo de generación de
energía, de cilindraje no superior a 50 cm3 si es de combustión interna ni potencia
nominal superior a 4 kW si es eléctrico.

Tricimoto: vehículo automotor de tres ruedas, con estabilidad propia y chasis de
triciclo, provisto de un motor de combustión interna, eléctrico y/o de cualquier otro tipo
de generación de energía, de cilindraje no superior a 50 cm3, si es de combustión
interna, y de potencia nominal no superior a 4 kW, si es eléctrico, cuya masa no es
superior a 270 kg, y cuyo número máximo de acompañantes es igual a 3 incluido el
conductor.

Ciertamente, una lectura cuidadosa de las anteriores definiciones permite advertir que
todas ellas comparten los elementos estructurales previstos en la noción legal de
vehículo, esto es: (i) la existencia de una estructura material apta para el desplazamiento;
(ii) su configuración sobre ruedas; y (iii) su destinación al transporte de personas o cosas
por vías terrestres. Las diferencias que introduce la resolución, relativas al número de
ruedas, la potencia del motor, el peso o la capacidad, constituyen criterios de
especificación técnica que permiten distinguir subcategorías.

En ese orden, la Sala infiere que los vehículos delimitados en la Resolución núm. 160 de
2017 se encuentran comprendidos dentro de las nociones generales de vehículo y de
vehículo automotor que determina la Ley 769 de 2002, en tanto son aparatos montados
sobre ruedas, destinados al transporte por vías terrestres y dotados de un motor que les
permite su desplazamiento. De ahí que los enunciados del acto demandado no
comporten una modificación del Código Nacional de Tránsito, sino que cumplen una
función instrumental orientada a facilitar la aplicación de sus disposiciones, en particular
en lo relativo a su identificación, registro y control.

Y ello es así, dado que las tipologías vehiculares legales no conforman un listado cerrado,
que impida su desarrollo por la administración para atender la evolución tecnológica y la
aparición de nuevos medios de transporte, pues la verdadera finalidad de la Ley 769 de
2002 es establecer un marco jurídico para que la circulación y tránsito de vehículos
automotores se desarrolle en condiciones mecánicas óptimas y de seguridad,
garantizando la protección del derecho a la vida de las personas y la prevalencia del
interés general.

En este punto es oportuno señalar que esta Sección12, en sentencia del 28 de mayo de
2012, al referirse sobre la facultad de los ministros de expedir reglamentaciones,
consideró:

12Sentencia de 29 de julio de 2010; C.P.: Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; radicado número:
110010324000200200249 01.
20

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 24 000 2017 00110 00
Demandante: Manuel Barrero Montenegro

A la anterior justificación jurídica, no está demás agregar las de tipo práctico, tales
como la necesidad de que quien tiene a su cargo la dirección de las actividades de
aplicación y cumplimiento de las normas aduaneras, pueda impartir las instrucciones
generales y las interpretaciones que las circunstancias requieran, con la oportunidad
y la agilidad que la situación lo amerite. Además, dada la inmediación y el dominio
técnico jurídico que de manera especial se presume de quienes tienen a cargo
el manejo directo de tales asuntos, se entiende que son las autoridades más
idóneas para impartir esas instrucciones. Se sale de los parámetros y principios
de la administración moderna y de la complejidad del Estado colombiano, pretender
que aún este tipo de reglamentación deba ser expedido por el Presidente de la
República, más cuando son tantas las materias y los niveles jerárquicos en que ello
se requiere, que generaría una concentración y dilación a todas luces contraria a los
principios de eficacia, economía y celeridad consagrados en el artículo 209 de la
Constitución Política, para cuyo cumplimiento, justamente, el mismo artículo prevé los
mecanismos de la descentralización, la delegación y la desconcentración de
funciones. (Énfasis fuera del texto original).

En ese mismo sentido, la Sección13 se refirió, en detalle, a la potestad reglamentaria del
Ministerio de Transporte, así:

Este reconocimiento de facultades normativas residuales y de carácter derivado y
secundario a entes administrativos como los Ministerios, busca hacer frente tanto a la
imposibilidad del Presidente de la República de agotar todo el desarrollo
reglamentario de una ley en ejercicio de su potestad reglamentaria (artículo 189.11
de la Constitución), como a la necesidad de implementar en la práctica un sistema de
construcción escalonada del ordenamiento jurídico, que haga posible, cuando sea el
caso, detallar y clarificar los contenidos normativos imponibles a sus destinatarios
conforme se acerca el órgano de producción normativa al destinatario final de la
norma. De este modo, allí donde el texto legal no ofrezca el detalle ni la precisión
necesaria para su aplicación cabal, el descenso gradual en los escalones del
ordenamiento jurídico (v. gr. de la ley al decreto reglamentario, y de éste a la
resolución ministerial) debe brindar tales elementos y suponer una ganancia en
términos de su claridad y especificidad con miras a asegurar su plena aplicabilidad en
condiciones de igualdad y seguridad jurídica. Esta potestad normativa residual,
secundaria y derivada “[…] se justifica en la medida en que es en los organismos
administrativos en donde reposa la información inmediatamente relacionada con el
funcionamiento práctico de las herramientas de creación legislativa. La inmediación
que se da entre dichos entes y los temas reales de implementación de la legislación
imponen que sean estos los que señalen la microregulación de la Ley. La
imposibilidad de previsión total por parte del órgano legislativo es -para
muchos- suficiente sustento de la necesidad de que sea una entidad técnica la
que produzca el reglamento correspondiente”14. (Énfasis fuera del texto original).

Con los anteriores criterios jurisprudenciales, la Sala concluye que el ejercicio de la
potestad reglamentaria por parte del Ministerio de Transporte responde a la lógica
conforme a la cual las autoridades administrativas especializadas están llamadas a
desarrollar, concretar y hacer operativas las disposiciones legales en aquellos ámbitos
que exigen un conocimiento técnico y una proximidad directa con la realidad regulada.

Así, la intervención normativa del Ministerio de Transporte encuentra justificación en su
condición de autoridad técnica y en la inmediación que posee respecto de los fenómenos
propios del tránsito y la circulación vehicular, lo cual le confiere una posición privilegiada
para identificar las necesidades regulatorias y adoptar medidas que aseguren la

13 Sentencia del 15 de diciembre de 2016, radicado número: 11001032400020140067100, C.P.: Guillermo

Vargas Ayala.
14 Sentencia del 18 de febrero de 2016, radicado número: 110011032400020130048100, C.P.: Guillermo

Vargas Ayala.
21

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 24 000 2017 00110 00
Demandante: Manuel Barrero Montenegro

adecuada implementación de la ley. Esta circunstancia refuerza la idoneidad de dicha
cartera para expedir regulaciones de carácter específico, orientadas a precisar y hacer
aplicables las disposiciones legales en contextos dinámicos y sujetos a constante
evolución.

Por lo tanto, la evidente imposibilidad del legislador de prever de manera exhaustiva todas
las situaciones derivadas de la realidad social y tecnológica impone la necesidad de que
existan instancias administrativas con capacidad de desarrollar la ley. Así, la potestad
reglamentaria de segundo grado no solo constituye un mecanismo de complemento
normativo, sino también una herramienta indispensable para garantizar la eficacia del
ordenamiento jurídico, en la medida en que permite ajustar sus contenidos a las
particularidades técnicas de cada sector.

De lo anterior se desprende que las definiciones incorporadas en la Resolución núm. 160
de 2017 se inscriben dentro de ese ámbito de desarrollo técnico y operativo de la ley, sin
que impliquen una alteración de su contenido material. Por el contrario, dichas
precisiones contribuyen a dotar de claridad, especificidad y aplicabilidad a las
disposiciones del Código Nacional de Tránsito Terrestre.

En tercer lugar, en cuanto a las obligaciones que contiene el acto controvertido relativas
al registro en el RUNT, la expedición de placas, la licencia de tránsito, el seguro
obligatorio, la revisión técnico-mecánica y las condiciones de circulación, la Sala entiende
que fijan los deberes ya establecidos en la Ley 769 de 2002 para los vehículos
automotores en general.

Esa lectura permite entender que el acto acusado se limita a hacer exigibles dichas
obligaciones respecto de las tipologías vehiculares allí reguladas, adecuando su
cumplimiento a las características técnicas de estos vehículos y articulándolos a los
sistemas existentes de información, control y vigilancia.

Incluso, la resolución cuestionada recurre de manera reiterada a la remisión a otras
normas legales y reglamentarias vigentes, lo cual pone de presente su carácter
subordinado y su naturaleza de reglamento que desarrolla el ordenamiento jurídico
superior. Por ejemplo, en el artículo 4 dispone:

Artículo 4°. Obligatoriedad del registro en el sistema RUNT. De conformidad con lo
establecido en el artículo 37 de la Ley 769 de 2002, los fabricantes, importadores
y/o ensambladores de los vehículos automotores tipo ciclomotor, tricimoto y
cuadriciclos, de combustión interna, eléctricos y/o de cualquier otro tipo de generación
de energía, que ingresen al país o sean fabricados con posterioridad a la entrada en
vigencia de la presente resolución, deberán ser registrados en el Registro Nacional
Automotor (RNA) del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Parágrafo 1°. Para los trámites de tránsito, de los vehículos automotores tipo
ciclomotor, tricimoto y cuadriciclos, de combustión interna, eléctricos y/o de cualquier
otro tipo de generación de energía, se deberá acreditar el cumplimiento de los
requisitos y procedimientos establecidos en la Resolución 12379 de 2012, o la
norma que la modifique, adicione o la sustituya. (Énfasis fuera del texto original).

Del mismo modo, los artículos 14 y 17 determinan las sanciones y prohibiciones,
respectivamente, con envío a las normas de la Ley

Artículo 14. Sanciones. Los conductores de los vehículos que no acaten las
condiciones previstas en la presente resolución serán objeto de las sanciones
señaladas en la Ley 769 de 2002 o la norma que la adicione, modifique, sustituya o
la reglamente.
22

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 24 000 2017 00110 00
Demandante: Manuel Barrero Montenegro

(…)

Artículo 17. Prohibiciones. En ningún caso se podrá realizar la prestación del servicio
de transporte público de pasajeros en vehículos automotores tipo ciclomotor, tricimoto
y cuadriciclo de combustión interna, eléctricos y/o de cualquier otro tipo de generación
de energía, so pena de incurrir en las sanciones establecidas en la Ley 769 de
2002 o la norma que la adicione, modifique o sustituya. (Énfasis fuera del texto
original).

En cuarto lugar, para la Sala no existe duda en que la Ley 769 de 2002 autoriza
expresamente la intervención de las autoridades de tránsito para reglamentar la
circulación de los vehículos, con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios de las
vías, la protección del espacio público y la preservación de un ambiente sano15.

Bajo ese derrotero, la Resolución núm. 160 de 2017 determinó el uso de elementos de
protección, el cumplimiento de requisitos técnicos y la sujeción a determinadas
restricciones de circulación que se orientan a la realización de dichos fines
constitucionalmente legítimos y que resultan acordes con los principios de razonabilidad
y proporcionalidad.

Por consiguiente, no se advierte que el acto acusado hubiese introducido limitaciones al
derecho a la libre circulación, puesto que se enmarca en el desarrollo de las
competencias legalmente atribuidas a la autoridad de tránsito.

En quinto y último lugar, en lo que concierne al argumento relativo a la supuesta
necesidad de intervención de otros ministerios, la Sala considera que no le asiste razón
a la parte actora toda vez que la regulación del tránsito y de las condiciones de circulación
de los vehículos corresponde, de manera principal, al Ministerio de Transporte, en su
calidad de autoridad suprema en la materia.

Aunque el acto acusado contempla aspectos relacionados con la protección ambiental,
estos se limitan a remitir a las normas expedidas por las autoridades competentes, sin
invadir su ámbito funcional.

Lo dicho se puede constatar con la simple lectura del artículo 13 del acto cuestionado,
que establece: “Artículo 13. Ambiental. En el caso de los vehículos eléctricos, las baterías
deberán disponerse según lo estipulado por las normas que para tal efecto emita el
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.”. (Énfasis fuera del texto
original).

15 Al respecto se puede consultar, entre otras, la sentencia del 20 de noviembre de 2014, radicación
número: 11001-03-24-000-2010-00119-00, C.P.: Guillermo Vargas Ayala, en la cual la Sección consideró:
“En este aspecto de la controversia es preciso recordar que aunque en desarrollo de lo dispuesto por el
artículo 24 de la Constitución Política todo colombiano tiene derecho a circular libremente por el territorio
nacional, el ejercicio de ese derecho está sujeto a la intervención y reglamentación de las autoridades
púbicas, en particular para garantía de la seguridad y comodidad de los habitantes (Ley 769 de 2002, art.
1º). Esa intervención estatal puede suponer, como en efecto lo hace, restricciones a la libertad de
locomoción y eventualmente a otros derechos; sin embargo, ella es legítima en tanto que persigue un fin
constitucionalmente importante, como es la protección de los derechos fundamentales de las personas que
transitan por las vías y la conservación del orden público vial. En este caso, el Ministerio de Transporte, en
cuanto expresión orgánica y funcional del Estado, intervino la actividad del tránsito de vehículos para
proteger tanto a los conductores de vehículos como a los peatones y demás usuarios de las vías.”.
23

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 24 000 2017 00110 00
Demandante: Manuel Barrero Montenegro

En todo caso, la eventual incidencia ambiental del acto no desplaza la competencia
principal en materia de tránsito, ni exige regulación conjunta cuando el contenido
normativo se mantiene dentro del ámbito funcional del Ministerio de Transporte.

En definitiva, dado que el cargo no prospera, la Sala negará las pretensiones de la
demanda.

Costas

Visto el artículo 188 del CPACA16, la Sala considera que no hay lugar a imponer condena
en costas teniendo en cuenta que el presente asunto fue promovido en ejercicio del medio
de control de nulidad, el cual tiene por objeto la protección del ordenamiento jurídico en
abstracto.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. NEGAR las pretensiones de nulidad de la demanda, de acuerdo con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Sin condena en costas, en atención a lo señalado en precedencia.

TERCERO. Una vez en firme esta decisión, procédase por Secretaría al archivo del
expediente, dejando las constancias a que hubiere lugar.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 14 de
mayo de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

16 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil.”.
24

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.